Julián Sanz Hoya Universitat de València Julian.Sanz@uv.es
https://orcid.org/0000-0002-9027-5862
Resumen
Los gobiernos civiles constituyeron la principal institución de la dictadura fran- quista para asegurar el control social y desplegar sus políticas en las provincias, y el Gobierno Civil de Barcelona fue, sin duda, el de mayor relevancia. Por ello la historiografía ha dedicado una especial atención a la significación y la gestión de los gobernadores-jefes provinciales, que gozaban de extensas competencias y una amplia discrecionalidad. Sin embargo, no conocemos mucho sobre cómo se pro- ducían los ceses y, sobre todo, los nombramientos de los gobernadores, cómo y quiénes seleccionaban a los posibles candidatos y qué factores se valoraban en este tipo de decisiones.
Con el objetivo de atender estas cuestiones, este artículo se centra en los proce- sos de relevo y nombramiento de gobernadores de Barcelona que se gestaron du- rante los años iniciales e intermedios de la década de 1960, usando para ello docu- mentación inédita de archivo procedente del Ministerio de la Gobernación. Con ello, se pretende conocer mejor estos procesos, las relaciones entre Gobernación y la dirección del partido único (fet-jons), a los candidatos valorados y los motivos para todo ello. Los resultados pueden contribuir a entender mejor el funcionami- ento de las lógicas internas de poder en la dictadura, atendiendo a las pugnas y las interrelaciones entre proyectos y culturas políticas, instituciones y clientelas.
Palabras clave: franquismo, gobernadores civiles, Falange, Estado, Barcelona
* Este trabajo se ha desarrollado como parte del proyecto de i+d+i “Derechas y nación en época contemporánea. Una pers- pectiva transnacional” (dynectrans pgc2018-099956-b-i00), financiado por mci/aei/10.13039/501100011033 y feder Una manera de hacer Europa, así como del grupo de investigación gehtid (proyecto gvprometeo/2020/050).
Fecha de recepción: 08/02/2023 Fecha de aceptación: 10/03/2023
ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2023.16.3
Resum
Els homes de Franco a Barcelona.
Els processos de selecció de governadors civils a la dictadura franquista (1960-1966)
Els governs civils van constituir la principal institució de la dictadura franquista per a assegurar el control social i desenvolupar les seues polítiques a les províncies. El Govern Civil de Barcelona va ser, sens dubte, el de major rellevància. Per això la historiografia ha dedicat una especial atenció a la significació i la gestió dels governadors-caps provincials, que gaudien d’extenses competències i una àmplia discrecionalitat. No obstant això, no coneixem molt sobre com es produïen els cessaments i, sobretot, els nomenaments dels governadors, com i qui seleccionava els possibles candidats i quins factors es valoraven en aquesta mena de decisions.
Amb l’objectiu de atendre aquestes qüestions, aquest article se centra en els processos de relleu i nomenament de governadors de Barcelona que es van gestar durant els anys inicials i intermedis de la dècada de 1960, fent servir documentació inèdita d’arxiu procedent del Ministerio de la Gobernación. Es pretén així conèi- xer millor aquests processos, les relacions entre Governació i la direcció del partit únic (fet-jons), els candidats valorats i els motius per a tot això. Els resultats poden contribuir a entendre millor el funcionament de les lògiques internes de poder a la dictadura, ateses les pugnes i les interrelacions entre projectes i cultures polítiques, institucions i clienteles.
Paraules clau: franquisme, governadors civils, Falange, Estat, Barcelona
Abstract
Franco’s men in Barcelona.
The selection of civil governors in the Franco dictatorship (1960-1966)
The civil governments were the main institution of the Franco dictatorship to ensure social control and deploy its policies in the provinces. The Gobierno Civil de Barcelona was, without a doubt, the most relevant. This is why historiography has paid special attention to the profile and policies developed by the governors, who had extensive powers and wide discretion. However, we do not know much about the way the dismissals and the appointments of the governors occurred, how the possible candidates were selected and who selected them, and what factors were valued in this kind of decision.
This paper focuses on the processes for the replacement and appointment of governors for Barcelona that took place during the early and middle years of the 1960s, using previously unpublished archival sources from the Ministerio de la Gobernación (Ministry of Interior). In this sense, we intend to better understand these processes, the relations between the Ministry of Interior and the leadership of the single party (fet-jons), the valued candidates and the reasons for all this. The results can contribute to better understand the internal logics of power in the dictatorship, attending to the struggles and interrelationships between projects and political cultures, institutions and patronage networks.
Keywords: Francoism, Civil Governors, Falange, State, Barcelona
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Introducción
Los dietarios y libros de memorias de políticos y periodistas constituyen una fuente de gran utilidad para acercarnos a la historia, en especial a momentos y asuntos sobre los que la prensa no podía informar libremente y en que resulta difícil la localización de fuentes de archivo. Así, las memorias del periodista catalán José Iglesias-Tarín permiten hacerse una idea aproxima- da de la expectación que se generaba en la Barcelona del franquismo en los casos en que se preveía o se sospechaba que iba a producirse el cese de un gobernador y el nombramiento de otro.1 En aquel momento, en los círculos próximos al poder surgían rápidamente todo tipo de rumores sobre el asunto, que incluían el nombre de los candidatos que se pensaba que el Gobierno estaba valorando.
En muchas ocasiones los historiadores solo hemos podido contar con este tipo de materia- les, que tienen interés para describir el ambiente y a veces aciertan al identificar a personalida- des en las que se pensó para el cargo, pero que otras veces introducen equívocos y nos suelen ofrecer una información muy limitada. Como resultado, la historiografía no ha desvelado gran cosa sobre los procesos que estuvieron detrás del nombramiento de las personas encargadas de desempeñar los gobiernos civiles, y casi todo lo que se ha publicado sobre los ceses, las desig- naciones, las instancias implicadas, los candidatos valorados o los motivos para ello procedía de este tipo de menciones en libros de memorias. Por ello, es preciso trabajar con las fuentes de archivo existentes, que, si bien resultan un tanto dispersas y ofrecen información parcial, nos pueden proporcionar mucha información útil para acercarnos a la cuestión.2
Con el objetivo de conocer mejor cómo se produjeron estas decisiones, este artículo se cen- tra en los procesos de relevo y nombramiento de gobernadores de Barcelona que se gestaron durante los años iniciales e intermedios de la década de 1960. Para ello se usa documentación localizada en el Archivo del Ministerio del Interior, procedente de la Dirección General de Política Interior, y complementada con otras fuentes archivísticas y memorialísticas. A partir del análisis de estas, se pretende reconstruir estos procesos, analizando las instancias y los actores políticos que intervenían en la toma de estas decisiones; los nombres, los perfiles y la significa- ción de los candidatos valorados; los motivos de los desenlaces producidos; así como, más am- pliamente, el funcionamiento de las lógicas de poder internas en el franquismo. En este sentido, como se tratará de explicar, será necesario atender a las pugnas e interrelaciones entre culturas políticas, instituciones y clientelas, con frecuencia más entretejidas de lo que podría pensarse.
El interés del asunto es indudable, toda vez que la extensa historiografía sobre el funciona- miento de la dictadura en diferentes territorios ha coincidido en la decisiva relevancia de los gobiernos civiles. En efecto, estos fueron la institución nodal en la relación entre los poderes centrales del Estado y las instituciones provinciales y locales, resultando extraordinariamen-
1 Tarín-Iglesias, J. (1983). Vivir para contar. Planeta. Este periodista católico fue redactor de El Correo Catalán, secretario particu- lar del alcalde José M.ª de Porcioles y director del Diario de Barcelona, por lo que tuvo acceso a mucha de la información que circulaba en los entornos cercanos al poder.
2 Este texto se inserta en una investigación más amplia, basada en abundante documentación archivística, hemerográfica y bi- bliográfica. En todo caso, las limitaciones de espacio de un artículo impiden en muchos casos detallar todas las contribuciones y consideraciones que explican cada caracterización, reflexión o inferencia. Asimismo, se ha beneficiado de la colaboración desarrollada con Julio Ponce y Martí Marín, a quienes agradezco su generosidad, uno de cuyos resultados más útiles es la base de datos sobre gobernadores descargable en https://grupo.us.es/estadoypoder/base-de-datos-de-gobernadores-civiles/.
te reforzados en sus competencias (orden público, control de la política provincial, fomento, prensa, etc.), su autoritarismo y el grado de poder discrecional alcanzado por los gobernadores.3
La cuestión de los nombramientos y la Barcelona de los sesenta
Dentro del conjunto de gobiernos civiles, sin duda alguna el de Barcelona constituía el más importante de España.4 Contribuían a ello varios factores, además de tratarse de la provincia más poblada y que aportaba mayor producción industrial. Estaba la significación de Barcelona como núcleo decisivo del movimiento obrero y del republicanismo y como capital de Catalu- ña, con su arraigado sentimiento nacional —o como mínimo regional—, destinado a chocar con el exacerbado nacionalismo español de la dictadura. Para un régimen obsesionado con el estricto control del orden público, social y político, que implicaba aplastar todo vestigio de lucha de clases y democracia, Barcelona constituyó desde el principio un reto notable, confi- gurándose como el mayor quebradero de cabeza y el principal epicentro de la movilización antifranquista. Cabe señalar, además, una gran diferencia con el Gobierno Civil de Madrid, pues este estaba limitado en sus competencias y políticamente oscurecido al quedar a la sombra de las instituciones centrales del Estado. En cambio, el Gobierno Civil de Barcelona ejercía como principal representación estatal en la provincia, con amplísimas competencias y capaci- dad discrecional, apenas limitadas por el poder castrense representado por la Capitanía General de la IV Región Militar.
De este modo, la designación del gobernador de Barcelona era siempre un asunto impor- tante para el régimen, dada la dificultad que implicaba realizar una buena gestión. De hecho, casi todos los gobernadores destinados en la capital catalana fueron destituidos o relevados a raíz de serios problemas de orden público o bien por choques con otras autoridades (casos que serían aplicables a González Oliveros, Correa, Barba, Baeza,Vega o Ibáñez Freire, así como a la dimisión de Acedo). Este factor complicaba a su vez las designaciones, pues imponía cierta urgencia en la búsqueda del sustituto. En efecto, si bien el Gobierno procuraba evitar los ceses súbitos para no dar la imagen de una desautorización pública del cesado, no era posible dejar a Barcelona sin su máxima autoridad provincial o con esta pendiente de un hilo, dado que la proximidad de un cambio o la existencia de ceses aún no publicitados se convertían rápida- mente en vox populi.
¿Cómo se decidía la designación de un nuevo gobernador y se valoraban los posibles candi- datos? Durante años una parte de la literatura existente, académica o no, ha tendido a asignar en exclusiva al Ministerio de la Gobernación esta competencia, pero resulta claro a la luz de las fuentes, memorialísticas y de archivo, que la elección del gobernador civil-jefe provincial de fet-jons requería de un acuerdo entre las dos instancias implicadas, esto es, Gobernación
3 Algunas referencias destacadas, entre las numerosas existentes, son Sanz Alberola, D. (1999). La implantación del franquismo en Ali- cante: El papel del Gobierno Civil (1939-1946). Universidad de Alicante; Ponce, J. (Coord.). (2008). Guerra, franquismo y Transición: Los gobernadores civiles en Andalucía (1936-1979). Centro de Estudios Andaluces;Tébar, J., Risques, M., Marín, M. y Casanellas, P. (2015). Gobernadores: Barcelona en la España franquista (1939-1977). Comares; Sanz Hoya, J. (2015). El asalto falangista a los gobiernos civiles. La política de unión de los cargos de gobernador y jefe provincial de fet-jons (1938-1945), Alcores (18), 193-212.
4 Sobre el caso barcelonés: Risques, M. (2012). L’Estat a Barcelona: Ordre públic i governadors civils. Base; Tébar, J. et al. (2015).
Gobernadores… Op. cit.
y la Secretaría General del Movimiento.5 De hecho, la dirección del partido desempeñaba un papel muy relevante en la selección, el nombramiento y la supervisión de tales cargos, tanto por ser jefes provinciales de Falange como porque el propio Franco consideraba que “la mayor parte de la política debe llevarla la Secretaría General del Movimiento”.6 Estas fuentes apun- tan incluso a una clara preeminencia del Movimiento en la selección de gobernadores civiles hasta 1957, año a partir del cual se hicieron más difíciles los acuerdos, pues el Ministerio de la Gobernación pugnó con éxito por incrementar su peso en la cuestión.7 Indican también otro hecho ya conocido: la intervención directa de Franco en los nombramientos y relevos de los gobernadores de Barcelona, pues, dada la especial relevancia del puesto, ambos ministros siem- pre trataban con el dictador las posibilidades valoradas, siendo decisivo el parecer del Caudillo. Las crecientes dificultades para acordar designaciones entre Gobernación y Movimiento a partir de 1957 están directamente relacionadas con los cambios producidos en la política espa- ñola a partir de ese año. La extensa “crisis de gobierno” de febrero de 1957 implicó una alte- ración notable de los equilibrios políticos, con un retroceso del falangismo y la aparición de los llamados “tecnócratas”, técnicos reaccionarios herederos de la tradición de Acción Española y promocionados por Luis Carrero Blanco. Este no es el lugar para analizar este cambio, pero sí parece conveniente evitar los estereotipos sobre los “tecnócratas del Opus”, que no eran un grupo compacto, o sobre el supuesto declive del poder del Movimiento, aún muy importante. En todo caso, la transformación fue innegable y se abrió una nueva etapa en la dictadura, mar- cada por una significativa renovación generacional de su élite dirigente, por el “desarrollismo económico” y por los esfuerzos de institucionalización. Como resultado, uno de los ejes sobre los que basculó grosso modo la política del periodo 1957-1969 fue el enfrentamiento en torno a proyectos políticos y parcelas de poder entre los sectores monárquicos “tecnocráticos”, apoya-
dos en Carrero, y los hombres del Movimiento, con José Solís como jefe de filas.8
El cambio alcanzó a los ministros de Gobernación y del Movimiento, lo que afectó direc- tamente a las relaciones entre ambas casas, comenzando por la cuestión de los gobernadores. En el primer caso, tras quince años de desempeño del falangista Blas Pérez se hizo cargo del ministerio el general Camilo Alonso Vega (1957-1969), exdirector de la Guardia Civil, amigo personal de Franco y hombre de un perfil expeditivo muy apropiado para la represión, además de monárquico y cercano a la influencia de Carrero. Sin embargo, Alonso Vega se vio obligado a heredar parte del equipo de Pérez, en especial al subsecretario Luis Rodríguez de Miguel (1956-1969), un camisa vieja comprometido con el partido que tuvo un notable poder en el
5 La aportación de las memorialísticas, en Marín, M. (2021). Ejército y Partido. Los militares en el Ministerio de la Goberna- ción en el primer franquismo, 1936-1951. Revista Universitaria de Historia Militar (20), 229-230. Sobre el asunto pueden seguirse los trabajos de Marín, así como Sanz Hoya, J. (2015). El asalto falangista… Op. cit.
6 López Rodó, L. (1990). Memorias (Vol. I). Plaza & Janés, 508. La cita procede de un despacho del ministro de Gobernación AlonsoVega con Franco, en el que el dictador le reclamó que se pusiera de acuerdo con el secretario general del Movimiento para proponer gobernadores. En la misma línea, Franco Salgado-Araujo, F. (1976). Mis conversaciones privadas con Franco. Planeta, 310.
7 Este peso creciente puede verse en las obras citadas de López Rodó y Franco Salgado-Araujo, así como en la documenta-
ción de archivo. Las mayores tensiones entre Gobernación y Movimiento, en Morán, G. (1979). Adolfo Suárez: Historia de una ambición. Planeta, o Romero, E. (1985). Tragicomedia de España. Planeta, 168.
8 Para la política del periodo: Molinero, C. e Ysàs, P. (2008). La anatomía del franquismo. Crítica; Saz, I. (2007). Mucho más que dos crisis políticas: El agotamiento de dos proyectos enfrentados, Ayer (68), 137-163; Hispán, P. (2006). La política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969: Proyectos, conflictos y luchas por el poder. cepc; Hofmann, A.C. (2023). Una modernidad autoritaria. El de- sarrollismo en la España de Franco (1956-1973). puv. El estudio de esta última autora matiza la visión de dos proyectos nítidamente definidos y enfrentados, atendiendo a las relaciones existentes entre ambos.
ministerio.9 Otro puesto decisivo en relación con los gobernadores era la Dirección General de Política Interior, en la que Alonso Vega colocó en 1958 a Manuel Chacón Secos (1958- 1963), un monárquico procedente del equipo de Presidencia. Un perfil similar tenía el nuevo encargado de la Dirección General de Administración Local, José Luis Moris Marrodán (1957- 1968), muy cercano a López Rodó y miembro del Opus Dei.
En la Secretaría General del Movimiento, José Solís (1957-1969) inauguró una etapa de ag- giornamento falangista, que incluyó un notable recambio del personal político y una moderni- zación del léxico y las propuestas del partido.10 Solís delegó el trabajo relacionado con los jefes provinciales y la espinosa relación con Gobernación en Fernando Herrero Tejedor (delegado de Provincias, 1957-1961, y vicesecretario general del Movimiento, 1961-1965), miembro de la generación que no había llegado a combatir en la guerra y exponente de un falangismo renovado, templado y católico (pertenecía al Opus Dei, aunque estuvo netamente alineado con el falangismo en las disputas internas del régimen). También tuvo un notable peso en la cuestión el sucesor de Herrero en Provincias, José Luis Taboada, destacado representante de la vieja guardia gallega y hombre muy fiel a Solís.11
Estos fueron los hombres que tuvieron que ver en la política de nombramientos de gober- nadores civiles al inicio de los años sesenta, lo que en el caso barcelonés significaba más bien la selección de nombres apropiados para proponer a Franco. En todo caso, en una cuestión tan relevante podían intervenir asimismo otros ministros o cargos influyentes del régimen (caso de López Rodó), que en ocasiones proponían o recomendaban a posibles candidatos.
Como es lógico, la decisión también debía tener en cuenta las circunstancias concretas de Barcelona y las ideas sobre cómo afrontar la política catalana del régimen.12 En aquellos años se hacía cada vez más evidente la preocupación de este sobre Cataluña, vinculada a los proble- mas de orden público y al estrechamiento de la base social de la dictadura, al tiempo que se desarrollaba un activo antifranquismo, cuya mayor fuerza radicaba en el movimiento obrero, pero que también se expresaba pujante en el catalanismo y la universidad. Desde el poder se ensayaban algunas respuestas como la denominada “Operación Cataluña”, con la visita de Franco a Barcelona en 1960, el protagonismo de algunos políticos de origen catalán (Gual Villalbí, López Rodó) y el avance del programa tímidamente “regionalista” impulsado por el alcalde Josep Maria de Porcioles. En todo caso, la principal actitud de la dictadura continuó basándose en la represión de la disidencia, tanto obrera como estudiantil o catalanista, y en la obsesión por el orden público.
9 Rodríguez de Miguel operó con bastante autonomía con respecto a su ministro, con quien no mantenía una estrecha re- lación; en cambio, tenía una excelente sintonía con Fernando Herrero y estaba claramente alineado con el Movimiento en su pugna con los sectores “tecnócratas”. Por ello, resulta plausible pensar que su continuidad se debió al respaldo de Franco, quien —como ya se ha citado— siempre consideró que la parte más política de Gobernación correspondía a los falangistas y debía estar en sintonía con fet-jons.
10 Solís era delegado nacional de Sindicatos desde 1951, cargo que compartió con el de secretario general de fet-jons hasta 1969, duplicidad que le dio un poder extraordinario. Su biografía y su proyecto político carecen de un estudio en profundidad, pero son útiles Molinero, C. e Ysàs, P., (2008). La anatomía del franquismo, op. cit., y Amaya, À. (2013). El acelerón sindicalista: El aparato de propaganda de la Organización Sindical Española entre 1957 y 1969. cepc.
11 Sobre estas cuestiones es de interés Morán, G. (1979). Adolfo Suárez… Op. cit. Algunas fuentes señalan a Taboada como miembro del Opus, pero parece indudable su fidelidad a Solís y la lejanía respecto a López Rodó (ibid., 131). El vicesecretario Jiménez Millas (1957-1961) no parece que desempeñara un papel significativo en relación con los gobernadores.
12 Para estas cuestiones véanse Molinero, C. e Ysàs, P. (1999). Catalunya durant el franquisme. Empúries; Marín, M. (2019). ¡Ha llegado España!: La política del franquisme a Catalunya (1938-1977). Eumo. Las preocupaciones de los políticos franquistas sobre Cataluña pueden seguirse en Santacana, C. (2000). El franquisme i els catalans: Els informes del Consejo Nacional del Movimiento (1961-1971). Afers.
Por último, antes de entrar en la cuestión de los nombramientos, es preciso plantear algunas variables relacionadas con la influencia de los juegos de poder internos y las adscripciones políticas o clientelares que operaban en estos. Para tratar de encuadrar la identidad o la signi- ficación política de los diferentes actores implicados, a lo largo del artículo se usan categorías habituales al referirse a las “familias del régimen”: falangistas,13 tradicionalistas o carlistas, cató- licos,14 monárquicos o juanistas, tecnócratas.15 Estas identidades, en muchos casos de origen, en otros de trayectoria y adscripción reconocidas, remiten a culturas políticas (falangismo, carlis- mo, catolicismo político, nacionalismo reaccionario) y a determinados proyectos políticos en un momento dado. En ese sentido, debemos ser conscientes del carácter dinámico y variable de las identidades políticas, de sus fronteras con frecuencia porosas, de sus matices internos, de la posibilidad de tener vínculos con una o más de estas familias, sin olvidar la existencia de perfiles intermedios o difícilmente identificables con las citadas etiquetas.16
El juego clientelar, las relaciones de poder o los cálculos sobre equilibrios internos son también factores a tener en cuenta. Por decirlo con claridad, un político de notable pasado falangista podía ser patrocinado por López Rodó o por Carrero, del mismo modo que cabía que Solís o Herrero propusieran a un carlista o a un juanista. En estos casos, podían operar fac- tores diversos: a) el interés en cooptar fidelidades o neutralizar oposiciones, dentro de la lógica de un cierto reparto de funciones y puestos entre diferentes sensibilidades; b) las amistades, fidelidades personales, recomendaciones o favores debidos; c) la valoración positiva de la capa- cidad o de la conveniencia de determinado nombramiento o perfil, etc. Del mismo modo, un cuadro del régimen podía reunir padrinos o apoyos en diferentes sectores o núcleos de poder, del mismo modo que podían darse alianzas cambiantes o la existencia o no de relaciones más o menos fluidas para buscar acuerdos.
Un relevo urgente: la dimisión de Felipe Acedo y la opción de Matías Vega
La nueva situación iniciada en 1957 dejó en una débil posición al gobernador Acedo, que anteriormente había contado con una relación relativamente buena con Blas Pérez y otros mi- nistros falangistas, pero que, en cambio, no tenía la confianza de Alonso Vega. Además, mantenía una mala relación con el alcalde Porcioles, quien puenteaba al gobernador a través de su estrecha relación con López Rodó e impulsaba una política que Acedo consideraba “excesivamente ca- talanista”. Por ello, a finales de los años cincuenta parecía evidente que convenía proceder a un
13 Utilizo también azules y “hombres del Movimiento”, corrientes en la época para referirse a cuadros de fet-jons. Se indica también en muchas ocasiones la condición de camisa vieja o “vieja guardia” (falangistas desde antes de la guerra), por ser un rasgo destacado en términos de identidad y mérito político, además de identificarse habitualmente con el falangismo más ortodoxo. 14 Se usa el término para los vinculados al catolicismo político, en muchos casos integrantes de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (acndp), aunque la adscripción a esta podía perfectamente combinarse con la cercanía a otras familias o culturas políticas.
15 Uso el calificativo de época “tecnócratas”, sin olvidar por ello su condición de herederos de Acción Española (Saz, I. (2007). Mucho más que dos crisis… Op. cit.), y por tanto monárquicos reaccionarios, pero sin pretender con ello que existiera un grupo homogéneo y estructurado de “tecnócratas del Opus”, como les definían sus adversarios (véase Hofmann, A.C. (2023). Una modernidad autoritaria… Op. cit.).
16 Sanz Hoya, J. (2022). España en camisa azul: Falange, culturas políticas y poderes locales. Comares.
relevo en el Gobierno Civil de Barcelona, algo que se vería agravado por el caso Galinsoga en 1959 y por los fets del Palau, de mayo de 1960, y la posterior dimisión del gobernador.17
De hecho, que en Madrid se consideraba conveniente la sustitución de Acedo desde al menos el inicio de 1960 se pone de manifiesto en la documentación existente sobre la gestación de la combinación de gobernadores de marzo de ese año.18 Un informe del director general de Polí- tica Interior, Manuel Chacón, daba cuenta de las conversaciones mantenidas con la Delegación Nacional de Provincias, indicando el común acuerdo para llevar a cabo ciertas renovaciones y la “posibilidad de sustitución” en varias más, incluyendo en estas últimas a Barcelona. Para ello, se había pactado un plantel de candidatos con los que fueron barajándose diversas combinaciones, hasta convenirse una extensa renovación que, sin embargo, no alcanzó a Barcelona.19 En cambio, uno de los acuerdos más sencillos fue el nombramiento de Antonio Ibáñez Freire como gober- nador y jefe provincial de Santander, que cabe subrayar como el inicio de una destacada carrera política que unos años después le llevaría asimismo a la Ciudad Condal.
Como venimos diciendo, la selección de un gobernador para Barcelona era un asunto de Estado, lo que tendía a complicar la decisión. Pero en el verano de 1960 esta se convirtió en urgente, pues Acedo presentó su dimisión al ministro Alonso Vega y este la aceptó.20 Esto ex- plica que se activase en Gobernación la búsqueda urgente de gobernador, según podemos se- guir en los papeles elaborados por el director general de Política Interior, Manuel Chacón. En concreto, durante el mes de agosto este envió varias cartas a Alonso Vega, quien se encontraba en plenas vacaciones estivales, recomendando o mencionando un variado elenco de candidatos para la capital catalana.21
Un análisis de dicha lista denota la abundancia de abogados del Estado y la presencia de cierto número de representantes de la administración local, ámbitos ambos bien conocidos por Chacón a raíz de su profesión y su cargo, así como un perfil definido por las inclinaciones mo- nárquicas o católicas, mientras que llama poderosamente la atención la ausencia total de gober- nadores y la escasez de falangistas. Así, a lo largo de las listas encontramos a dos tradicionalistas muy significados, ahora en las filas del franquismo juanista, Luis Arellano y José María Oriol, a los también monárquicos Alfonso Bardají y Luis Villacieros, al general José Cuesta Monereo, al falangista Marcelo Catalá, a hombres del entorno católico (Alfredo López Martínez, Juan Anto- nio Ollero de la Rosa, Félix Bragado o Alfonso Osorio, de quien añadía que “este muchacho
17 Sobre el contexto de los últimos años de Acedo y estos problemas: Marín, M. (2015). El decenio bisagra (1951-1960). En Té- bar, J. et al. Gobernadores… Op. cit., 176-184; Risques, M. (2012). L’Estat a Barcelona… Op. cit., 223-226, y referencias en Franco Salgado-Araujo, F. (1976). Mis conversaciones… Op. cit., 253-254, 187-292 y 296-298.Tarín-Iglesias, J. (1983). Vivir para contar. Op. cit., 146 y ss., señala que Acedo tampoco mantenía una buena relación con el delegado nacional de Provincias de fet-jons, Fernando Herrero, pero sí que contaba con el importante apoyo del subsecretario de Gobernación, Rodríguez de Miguel. Para Porcioles, Marín, M. (2005). Josep Maria de Porcioles: Catalanisme, clientelisme i franquisme, Editorial Base.
18 Archivo General del Ministerio del Interior (agmi), Dirección General de Política Interior (dgpi), sig. 3353/18. La combina- ción venía negociándose desde el año anterior, tal vez desde el verano, en que se frustró un recambio de gobernadores (véase también Hispán, P. (2006). La política en el régimen… Op. cit., 160).
19 agmi, dgpi, sig. 3353/18, documento sin título.
20 No sabemos en qué momento exacto se produjo la dimisión, pero fue sin duda posterior a los fets del Palau del 19 de mayo de 1960. Franco Salgado-Araujo, F. (1976). Mis conversaciones… Op. cit., 298, indica la extrañeza del dictador y su ayudante por que el ministro hubiera aceptado la dimisión de forma precipitada,“sin tener elegido un sustituto”, indicando asimismo que Acedo llevaba tiempo manifestando “su deseo de marcharse”.
21 agmi, dgpi, sig. 3353/21, Diversos nombres para…, s. f.; Carta a Camilo Alonso Vega y Otro nombre, 10 de agosto de 1960; Carta a Camilo Alonso Vega, 17 de agosto de 1960. Aunque no aparecen firmadas, el estilo, la tipología y la ubicación docu- mental indican la autoría de Chacón, quien en la primera carta dice que añade “varios nombres a aquéllos que ya le he dado”, lo que indica la existencia de alguna lista o carta previa, probablemente la titulada Diversos nombres para…, pues esta última recoge nombres que no aparecen en la del 10 de agosto.
es el yerno de Iturmendi”) o a hombres con experiencia en administraciones territoriales, como el presidente del cabildo grancanario, Matías Vega, el presidente de la diputación cordo- besa, Rafael Cabello de Alba, o los exalcaldes Joaquín González Barba (de Huelva) y Gonzalo Lacalle Leloup (de Vitoria), además del magistrado del Tribunal Supremo Carlos Leguina.
En todo caso, el día 17 de agosto Chacón acabó por concretar una selección de siete nom- bres, seis elegidos de entre los anteriores y uno nuevo. La lista la abría el general José Cuesta Monereo, de quien destacaba los cargos castrenses desempeñados y su “categoría intelectual y condiciones de mando, don de gentes” —condiciones que, señalaba, Alonso Vega conocía bien—, aunque indicando la probabilidad de que no aceptara o de que hubiera “muchas difi- cultades con el Ministerio del Ejército” por ser jefe del Alto Estado Mayor Central. Incluía a un único falangista, el camisa vieja Marcelo Catalá, de quien destacaba su buena gestión como delegado de Trabajo en Barcelona y como director general de Trabajo, subrayando su cono- cimiento de las cuestiones laborales y sociales y que “para la época que se avecina de difícil reactivación no puede ser más adecuado”. Seguían dos representantes de la alta burguesía: Joa- quín González Barba,“figura destacadísima en el mundo de la industria y de los negocios”, y Alfonso Bardají,“de posición económica exorbitante […] conocidísimo en el mundo agrícola y ganadero”, de quien indicaba “sus ideas, coincidentes en absoluto con las nuestras”.
Citaba asimismo a Matías Vega y Rafael Cabello de Alba, ambos conocidos por Alonso Vega por sus cargos y a quienes en una primera lista Chacón había consignado como sus dos preferidos. Ya entonces había apuntado que Vega “sería ideal para aquello que nos propone- mos”, considerándolo “inteligentísimo, enérgico, comprensivo”.22 De Cabello de Alba, candi- dato muy valorado por Gobernación, indicaba: “Número 1 de su promoción, con dotes de capacidad, comprensión y carácter excelente”, además de desechar que su juventud (treinta y cinco años) supusiera un obstáculo. Por último, añadía el nombre de Alfredo López Martínez, antiguo compañero universitario, “actualmente procurador en Cortes por elección del Cau- dillo y Secretario General de Gas Butano”, destacando que había sido el sucesor de Martín Artajo al frente de Acción Católica, su “talla mental y moral” y su significación en el entorno de Editorial Católica.“Le doy a Vd. su nombre —concluía— porque es de calidad excepcional y porque entraña una significación destacada y distinta de los anteriores”.
En suma, ello permitía a Chacón ofrecer al ministro un variado plantel de candidatos, repre- sentantes de las diferentes familias del régimen, aunque con predominio de figuras afines a los entornos más conservadores y monárquicos. Para el informante, con cualquiera de ellos “está garantizado el éxito de la designación […] así como igualmente garantizada la certeza de su adhesión al Movimiento y al Caudillo”.
Por último, entre esta documentación aparecían unas anotaciones que planteaban una serie de cuestiones a tener en cuenta a la hora de relevar al gobernador civil. El contexto de la Bar- celona de 1960 estaba muy presente:
Pueden algunos pensar, de momento, que se sustituye a quien representa a una postura anticatalanista a ultranza; y que ello es síntoma de debilidad tras el cese de Galinsoga.
22 Chacón también alude vagamente a la existencia de críticas en su contra, al indicar primero que “dentro del mismo Minis- terio, tiene amigos y enemigos encarnizados” y luego que “no creo ‘lo malo’ que se dice”.
Aún cuando en todo caso se trataría de apreciaciones muy subjetivas, la persona- lidad y significación de quien se designe contribuirán a desvanecer tales estima- ciones.Y asimismo el hecho de que el primer nombramiento que se haga por el nuevo G. c. sea el de un Jefe Superior de Policía que ha de tener reconocidas dotes de autoridad y energía.
Puede asimismo considerarse la oportunidad de insistir en las gestiones sobre la remoción del Abad de Montserrat, y, en todo caso, sujetar las explotaciones ajenas [sic, por “anejas”] a lo que es propiamente el Santuario a la vigente legislación fiscal y laboral, mediante las oportunas inspecciones.
Señalaban a continuación algunos de los objetivos de gestión apuntados, pues “el nuevo Jefe ha de responsabilizarse plenamente en la implantación del Régimen Especial otorgado al Ayunta- miento de Barcelona”, lo que implicaba fijar los nuevos distritos electorales, preparar las elecciones municipales y nombrar un alcalde. Se añadía asimismo que el nuevo gobernador y el Gobierno “se apuntarían un indudable tanto político” si conseguían “desconcentrar” en la ciudad “determinadas facultades ministeriales, especialmente de los Departamentos de Industria, Comercio y Agricultu- ra”, a fin de agilizar gestiones administrativas y ahorrar desplazamientos a Madrid.23
Volviendo a la búsqueda de un relevo para Acedo, es evidente el carácter atípico de la lista barajada por Chacón, que no incluía —como solía hacerse— a gobernadores en activo. Care- cemos de documentación sobre los nombres ofrecidos desde Alcalá, 44, pero es probable que entre ellos hubiera varios de los que sonaron, como los falangistas José Manuel Pardo de San- tayana (gobernador de Zaragoza), José Luis Taboada (de Salamanca), Antonio García Rodrí- guez-Acosta (de Málaga), el citado Marcelo Catalá (hombre procedente del aparato sindical de Solís) o Diego Salas. Unos meses después, a principios de octubre, Franco señalaba a su primo Franco Salgado-Araujo las dificultades existentes:24
o se ha nombrado porque no me he decidido por ninguno de los más calificados para serlo y de los que puede esperar una gestión fecunda el ministro de la Gober- nación. Hay generales que reúnen condiciones para ello, como el teniente general Cuesta Monereo, pero éste, a quien se ha ofrecido el cargo, no lo quiere por pre- ferir continuar en el servicio del Ejército mientras siga en situación activa, tal vez sea más conveniente un general de visión para que sea de inferior categoría que el capitán general de la región. Entre los hombres civiles cuyas cualidades se han examinado tampoco hemos encontrado quien reúna méritos indiscutibles para el cargo. Se pensó en el señor Basanta,25 pero como tiene muchos cargos particulares y es secretario del Banco de Crédito Local, lo cual es incompatible con el cargo de gobernador, se le dijo que tendría que renunciar al mismo, y el señor Basanta con- testó que no deseaba renunciar.Tal vez el señor Matías Vega, jefe del cabildo insular de Gran Canaria, haga un buen gobernador. El de Zaragoza, Pardo de Santallana [sic], no creo que lo hiciese mal; el de Salamanca igual, y así otros, pero todavía no nos hemos decidido por ninguno.
23 agmi, dgpi, sig. 3353/21, Barcelona.
24 Franco Salgado-Araujo, F. (1976). Mis conversaciones… Op. cit., 296.
25 Santiago Basanta y Silva, abogado del Estado, contaba con una larga trayectoria en altos cargos en la administración, desta- cando la subsecretaría de Hacienda (1951-1957) con Gómez Llano. Era secretario del Banco de Crédito Local y asesor jurídico del Ministerio de la Vivienda, al que se había incorporado al asumir este ministerio José Luis de Arrese en 1957. Esto último parece reforzar la apreciación de Marín cuando señala que Basanta tenía “buena sintonía con fet-jons” (Marín, M. (2015). El decenio bisagra (1951-1960). Op. cit., 200), lo que permite pensar que tal vez su nombre fuese una propuesta de consenso. Tarín-Iglesias, J. (1983). Vivir para contar. Op. cit., 150, también cita el ofrecimiento del cargo a Basanta.
Su interlocutor planteaba asimismo los nombres de García Rodríguez-Acosta, gobernador de Málaga muy elogiado por el dictador, y de Diego Salas, con amplia experiencia como go- bernador y exvicesecretario general del Movimiento, descartados ambos por Franco al señalar que convenía mantener al primero en su cargo y que Salas se vería perjudicado, al haber abier- to un bufete de abogados en Madrid.
Por tanto, varios de los candidatos más firmes no se mostraron disponibles, mientras que otros probablemente no obtuvieron el aval de alguno de los ministerios implicados o no convencían a Franco. No he localizado más documentación interna sobre la cuestión, pero la solución finalmente alcanzada podría indicar la presencia de algunos vetos cruzados: los perfi- les monárquicos y católicos planteados en Gobernación difícilmente podían ser aceptados por Falange, mientras que los candidatos netamente falangistas pudieron haber sido rechazados por Alonso Vega. Todo ello acabó por abrir el camino al canario Matías Vega, quien —según las memorias de Tarín-Iglesias— fue “un candidato intermedio” propuesto por el subsecreta- rio de Gobernación, Luis Rodríguez de Miguel, si bien ya hemos visto que tenía también el respaldo de Chacón.26
Matías Vega representó, sin duda, un perfil un tanto excéntrico en el seno del cuerpo de go- bernadores civiles franquistas.27 Se trataba de un abogado grancanario, vinculado a la burguesía de Las Palmas y con orígenes políticos en el liberalismo conservador. Durante la guerra se unió a Falange y se desempeñó como jurídico militar, lo que le permitió convertirse en un hombre de confianza para el régimen y ser nombrado en 1945 presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, cargo en el que permanecería quince años, con el respaldo del ministro Blas Pérez, también canario. Sin duda, este largo mandato le permitió convertirse en un político valorado tanto en Gobernación y en Secretaría General como incluso en El Pardo (¿tal vez Franco le conocía de su paso por Las Palmas en 1936?), facilitando así su designación.
De nuevo, una sustitución urgente:
el nombramiento de Antonio Ibáñez Freire
En todo caso, la gestión de Vega se prolongó apenas dos años, pues en el otoño de 1962 se produjo su destitución debido a la mala gestión de las inundaciones que afectaron a importan- tes poblaciones del Vallès Occidental a finales de septiembre.28 Los papeles conservados en el Archivo de Interior permiten comprobar que durante ese otoño se venía gestando una amplia combinación de gobernadores, sobre la que se sobrepuso la urgencia sobrevenida de proveer los gobiernos civiles vacantes de Barcelona y Lugo.29
26 Tarín-Iglesias, J. (1983). Vivir para contar. Op. cit., 150, indica: “Desde un principio se dijo que había sido un candidato in- termedio, propuesto por Rodríguez Miguel, pensando que Franco no pondría ningún obstáculo, y que a don Camilo le iría bien”. Ese carácter intermedio puede referirse a las dos instancias implicadas, Gobernación y Movimiento, contando por tanto también con el visto bueno de Solís. Por su parte,Taboada fue promocionado unos meses después por Solís y Herrero al cargo de delegado nacional de Provincias.
27 Sobre su figura, Alcaraz, J. (1994). Matías Vega Guerra (posguerra y franquismo en Canarias). Benchomo; Marín, M. (2015). Una década de estabilidad relativa (1960-1969). En Tébar, J. et al. Gobernadores… Op. cit., 190-204.
28 El asunto lo explica Marín en Gobernadores, op. cit., 239-250, recogiendo que a mediados de noviembre de 1962 ya era co- nocida la destitución, aunque “a Vega Guerra solo le salvó de una destitución inmediata la necesidad de decidir un sustituto y de encontrar el momento oportuno para el relevo” (ibid., 245).
29 La documentación en agmi, dgpi, sig. 3353/21 y 22.
En el caso de Barcelona, el más preocupante para el régimen, fueron varias las opciones plan- teadas antes de llegar a un acuerdo en la persona de Ibáñez Freire. Desde la Dirección General de Política Interior se elaboró una detallada y extensa lista previa de candidatos,30 con cinco gobernadores en ejercicio (José Manuel Pardo de Santayana, Jesús Aramburu, Antonio Ibáñez Freire, José Antonio Vaca de Osma y Enrique Otero), varios exgobernadores (José Antonio Gar- cía Noblejas, Tomás de la Plaza, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, Francisco Abella y José M.ª del Moral), otros cargos de la dictadura (Blas Piñar, Javier Martín Artajo, Alfredo López Martí- nez, Adolfo Díaz Ambrona, Antonio Pedrosa) y un grupo denominado de “personas destacadas fuera de la política”, casi todas abogados del Estado (Carlos Leguina, José M.ª Arauz de Robles, Federico Silva, Gabriel del Valle, José Antonio Ollero de la Rosa, Luis Gómez Sanz y Francisco Guijarro, además del fiscal Antonio Cantos). Se trataba de un elenco amplio y variado, que in- cluía a personalidades conocidas, bastantes de ellas muy significadas en su falangismo (Pardo, Aramburu, Rodríguez de Valcárcel, García Noblejas, Abella, Ibáñez, Moral, Pedrosa…) y otras vinculadas al integrismo ultra (Piñar), al tradicionalismo juanista (Arauz) o al catolicismo político (Martín Artajo, López, Guijarro y el futuro ministro Silva).Varios de los citados debían tener un apoyo específico en Gobernación, caso deVaca de Osma (ya propuesto para gobernador de Sevi- lla) y de otros candidatos planteados previamente por Chacón o bien relacionados con él (Otero, Leguina, Ollero o Arauz). La importante presencia falangista indica que la lista podría haberse elaborado tras algunas conversaciones previas con Fernando Herrero y José Luis Taboada.
Esta nómina se acompañaba de un informe sobre las características de cada uno, que iba más allá del clásico resumen apretado de profesión y méritos políticos y militares. En algunos casos prácticamente se descartaba al candidato por su poca experiencia o por la probabilidad de que no aceptase el encargo. En otros abundaban los elogios, con frecuencia centrados en sus virtu- des personales, caso del exdiputado cedista, consejero de la Editorial Católica y procurador en Cortes Javier Martín Artajo, el también procurador —por designación directa de Franco— y “ferviente propagandista de Acción Católica” Alfredo López Martínez, el falangista y exdi- rector general de Archivos José Antonio García Noblejas, el magistrado del Tribunal Supremo Carlos Leguina o el letrado del Consejo de Estado Federico Silva (“hombre joven, trabajador, con vocación política y formación espléndida”).31
Con todo, las consideraciones más positivas apuntaban claramente hacia las candidaturas de José Manuel Pardo de Santayana, Antonio Ibáñez Freire —“de todos los Gobernadores actuales que podrían ir a Barcelona, Ibáñez y Pardo, son los más indicados para ello”— y Blas Piñar. So- bre Pardo se indicaba su larga experiencia en el cargo, con buen conocimiento del oficio, y que era “persona seria, con fama de carácter violento”, “recto en la administración de los fondos, sin alegrías de las llamadas políticas, ni desmedidas inversiones protocolarias”, apuntando su “gran ilusión por ir a Barcelona”.32 En cuanto al notario madrileño Piñar, exdirector del Instituto de Cultura Hispánica, apuntaba que “se trata de una persona excepcional […] brillante, acaso el
30 agmi, dgpi, sig. 3352/22, Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Política Interior, Nombres que se proponen para cubrir el Gobierno Civil de Barcelona, s. f., y Nombres que se proponen para cubrir el Gobierno Civil de Barcelona y algunas consideraciones sobre ellos, s. f. Ambas listas se estructuran en tres categorías:“Entre los Gobernadores actuales”,“De personas que han desempeñado otros cargos, incluso el de Gobernador civil” y “Personas destacadas fuera de la política”.
31 Ibidem, Nombres que se proponen… y algunas consideraciones sobre ellos.
32 Ibidem. Un informe de fet-jons, de 1956, apuntaba también su “excesivo autoritarismo“ y “destemplanza”, pero dentro de una valoración general positiva, al ser “inteligente y preparado […] de gran acometividad y espíritu”: Archivo General de la Universidad de Navarra (agun), Diego Salas Pombo, 92/16.
mejor orador de estos tiempos”,“excelente católico y hombre bondadoso; podía, por tanto, hacer un Gobernador brillante al que Barcelona querría y admiraría. Sin embargo es de notar que se trata de un hombre apasionado y dable, por tanto, de incurrir en algún error del que otra persona más cauta pueda preservarse, pero acaso vale la pena correr el albur”.33
Tiene especial relevancia la positiva valoración de Ibáñez: “Es un gobernador excelente y hasta ahora sólo ha dado pruebas de capacidad y ponderación”; además, con sus dotes cabía esperar que cumpliera con la “faceta exterior y representativa que Barcelona necesita”, es decir, discursos y actuaciones que pudieran generar apoyos al Gobierno. Como único inconveniente se indicaba que podían surgir “comentarios […] que vieran en su rápida carrera la protección ministerial” y, sobre todo, se cuestionaba “si en estos momentos debe salir de Bilbao”. Consi- deraba, al respecto, que “el problema político de esta población […] es mayor que el de Bar- celona, que en este sentido casi no lo tiene. El separatismo vasco es más venenoso […] que el catalán. Solamente los problemas sociales que en el futuro puedan presentarse, tendrían mayor volumen en Barcelona que en Bilbao”.34
Las fuentes indican que la elección estuvo bastante abierta hasta el último momento. Así, unas anotaciones remitidas desde Gobernación a la Comisión Delegada del Consejo de Mi- nistros el 14 de diciembre —una semana antes del nombramiento— señalaban:
[…] preocupa pensar que la designación prevista para Barcelona pueda recaer en quien se ha significado especialmente en cuestiones de tipo social, sin haber des- plegado actividades que le den especiales relieves de orden político.
La combinación tendría mayor signo desfavorable, si el General Candón sale de Barcelona; porque entonces el nuevo Gobernador Civil de dicha capital, quedaría tan implicado en cuestiones policiales como ha ocurrido, cuando el Jefe Superior de Barcelona no es de tan cabales condiciones como el actual.35
Debieron de ser este tipo de consideraciones sobre la pericia política y el manejo del orden público las que llevaron finalmente a que la elección fuera entre Pardo de Santayana e Ibáñez Freire. Con ello se optaba por un perfil bien definido: un gobernador que aunase capacidad política y represiva, como lo había hecho Correa. Después de este, sin embargo, las designa- ciones habían ido alternando entre militares sin experiencia previa en gobiernos civiles y sin apenas lazos con el partido (Barba, 1945-1947; Acedo, 1951-1960) y políticos experimentados en la administración y, sobre todo el primero, en fet-jons (Baeza, 1947-1951;Vega, 1960-1963). Ello comportaba algunos problemas, pues Franco consideraba que los militares carecían a veces de la necesaria flexibilidad que requería este cargo, mientras que, por otro lado, tanto Baeza como Vega fueron acusados de debilidad.36 Frente a ello, posiblemente se pensó que una
33 Ibidem. No sabemos dónde se frenó la candidatura de Piñar, pero su nombre volvió a manejarse en Gobernación como posible go- bernador de Barcelona dos años después, por lo que cabe aventurar que no convenciese a Solís o a Franco (Carrero lo propuso como ministro de Justicia en 1965 y el dictador le respondió que era “un exaltado”: López Rodó, L. (1990). Memorias (Vol. I). Op. cit., 532).
34 Ibidem. Poco antes se había valorado así su posible designación para Valencia: “Su capacidad está fuera de duda, lo viene acreditando enVizcaya, pero comprendo que en las actuales circunstancias quizá no convenga moverlo de Bilbao“ (agmi, dgpi, sig. 3353/18, Nota sobre posibles nombramientos de gobernadores).
35 agmi, dgpi, sig. 3353/22, Combinación de gobernadores. El general era Guillermo Candón Calatayud, entonces jefe superior de Policía de Barcelona, al que se estaba valorando como candidato a gobernador para alguna provincia conflictiva (Asturias o, como finalmente ocurrió,Vizcaya).
36 Para estos gobernadores remito a Tébar, J. et al. (2015). Gobernadores… Op. cit., y Franco Salgado-Araujo, F. (1976). Mis con- versaciones… Op. cit., 160.
provincia difícil como Barcelona, donde el gobernador se enfrentaba tanto a una contestación social importante como a la necesidad de gestionar unos apoyos sociales variados y complejos, precisaba combinar experiencia, carácter expeditivo y capacidad política.
José Manuel Pardo de Santayana tenía, en este sentido, una buena hoja de servicios. Acumu- laba una dilatada experiencia como gobernador de Lérida (1943-1945), Baleares (1945-1951), La Coruña (1951-1953) y Zaragoza (desde 1953), a plena satisfacción tanto de Gobernación como de la Secretaría General. No era militar de carrera, sino ingeniero agrónomo, pero había finalizado la guerra como capitán de complemento y había demostrado una sobrada capacidad represiva, unida a un temperamento bronco, a tenor de los informes internos. Se trataba asimis- mo de un falangista ortodoxo: camisa vieja, había sido en la posguerra jefe del seu de Badajoz y Valladolid y delegado de Sindicatos en la provincia pacense; en 1969 dimitió como goberna- dor de Madrid al oponerse a la sucesión de Juan Carlos de Borbón. En suma, un fascista a la antigua usanza, de quien Franco tenía una opinión positiva, que ya había sido valorado como posible gobernador de Barcelona dos años antes y que no ocultaba su deseo de promocionar al mando de la capital catalana.37
Antonio Ibáñez Freire ofrecía unas características similares, aunque con una carrera políti- ca más corta, pues solo había desempeñado los gobiernos civiles de Santander (1960-1961) y Vizcaya (1961-1963). Contaba con una notable carrera militar: la había iniciado como teniente de infantería en 1934, la había continuado durante la guerra (que comenzó sumándose a la insurrección de 1936 enVitoria, a las órdenes de AlonsoVega, y acabó como comandante habi- litado), la había reforzado con su enrolamiento voluntario en la División Azul, en la que había obtenido la Cruz de Hierro, y con su posterior formación diplomándose para Estado Mayor, y en 1957 había ascendido a teniente coronel. Inequívocamente falangista, era militante del partido desde la guerra y en 1958 había sido elegido consejero nacional por Álava. Sabemos que contaba con el doble apoyo de Gobernación y de Falange, que habían coincidido en su nombramiento para Santander y Vizcaya. Es decir, se trataba de otro hombre “de la línea dura”
—como indicó Fraga—, dispuesto a reprimir sin contemplaciones cualquier atisbo de disiden- cia, con una agresividad que demostró en Barcelona y en su carrera posterior.38
No es posible saber cómo se inclinó la balanza en favor de Ibáñez. Cabe especular con que la imagen de falangista intransigente de Pardo causara rechazo, fuese por parte de Alonso Vega, de Carrero (ambos podían ver con preocupación su inclinación antimonárquica) o incluso de Solís (dada la tendencia de la vieja guardia a criticar su flexibilidad política). En todo caso, la documentación de Gobernación pasa en un momento dado de considerar ambas posibilidades
—con las correspondientes variantes en otras provincias— a señalar el acuerdo con fet-jons
respecto al nombramiento del teniente coronel Ibáñez Freire.
En principio, estaba previsto que la combinación de finales de 1962 se extendiese a doce o trece provincias. Finalmente, los desacuerdos entre Gobernación y Movimiento impidieron llevar a cabo entonces una modificación tan amplia. Así, en vísperas de los nombramientos, el subsecretario Rodríguez de Miguel escribió a Alonso Vega que, visto que no parecía “ofrecer duda alguna […] la provisión de Barcelona, Bilbao [sic] y Lugo”, la resolución de “todo lo demás pudiera aplazarse para el próximo Consejo”. Otro tanto repetía Chacón en una nota
37 agmi, dgpi, sig. 3353/22, Nombres que se proponen para cubrir el Gobierno Civil de Barcelona y algunas consideraciones sobre ellos.
38 Ibidem, Nombres que se proponen…; Marín, M. (2015). Una década de estabilidad relativa (1960-1969). Op. cit., 250-251.
al ministro, en la que instaba a consolidar los acuerdos “en que media absoluta conformidad”: Barcelona,Vizcaya, Lugo y Cuenca.39 Esto fue lo que se hizo, de modo que el Consejo de Mi- nistros del 21 de diciembre aprobó estos cuatro nombramientos y el 3 de enero Franco firmó el decreto que designaba a los nuevos gobernadores y jefes provinciales.
Un ascenso frustrado por falta de sustituto
En los primeros meses de 1965 se plantearon nombramientos importantes en el Ministerio de Gobernación, conectados con algunos relevos previstos o posibles en el Ayuntamiento de Madrid y los gobiernos civiles de Madrid y Barcelona. A comienzos de febrero, el conde de Mayalde abandonó la alcaldía madrileña, siendo sustituido por Carlos Arias Navarro, quien cesó por tanto como director general de Seguridad. Ello implicaba la necesidad de cubrir este importante puesto, además de su homólogo en Política Interior, que llevaba nada menos que medio año vacante.40 Para ambos se pensó en gobernadores en activo, en concreto en Anto- nio Ibáñez para Seguridad y Jesús Aramburu para Interior. Dos posibilidades que, además del respaldo de Gobernación, probablemente fueran bien acogidas por fet-jons. Como en otros casos, el cambio previsto se aprovecharía para una combinación de gobernadores de mayor amplitud, sobre cuya gestación no he localizado documentación.
Conocemos algunos entresijos sobre el proyectado nombramiento de Ibáñez, mencionado tanto por testimonios indirectos de Franco como por papeles de Interior. El 4 de marzo, el subsecretario Rodríguez de Miguel habló telefónicamente con el entonces gobernador de Barcelona para sondear si este expresaba alguna contrariedad a su posible designación al frente de la Dirección General de Seguridad (dgs). Lejos de ello, el afectado señaló su disposición a “ejercer el cargo con plena satisfacción, convencido de su relieve e importancia para el Minis- terio y para el Régimen”.41 Sin duda se trataba de una comprobación previa antes de que el ministro le planteara la cuestión a Franco, según nos indica López Rodó:
El 4 de marzo, don Camilo Alonso Vega despachó con Franco sobre el nombrami- ento de nuevo Gobernador de Barcelona. Le propuso una terna en la que figuraban Enrique García Ramal, Federico Silva Muñoz y Alfredo Jiménez Millas. Acerca de Silva dijo Franco:“Ha de madurar.” Le indicó también a don Camilo que se pusiera de acuerdo con Solís para buscar nombres.“Aunque el Ministerio de la Goberna- ción es político —afirmó— la mayor parte de la política debe llevarla la Secretaría General del Movimiento”.42
39 agmi, dgpi, sig. 3353/20, Carta de Rodríguez de Miguel a Alonso Vega, 21 de diciembre de 1962; ibidem, Señor ministro.
40 En noviembre de 1963 había cesado Chacón, sustituido en febrero de 1964 por Marcos Peña, hasta entonces gobernador de Oviedo, que a su vez falleció en el mes de agosto. Esta vacante debió de reforzar el peso del subsecretario Rodríguez de Miguel en lo tocante a los gobiernos civiles.
41 agmi, dgpi, sig. 3353/6, Conversación celebrada a las 9.30 horas de la mañana de hoy con el gobernador civil de Barcelona, 4 de marzo de 1965. La fecha y la hora indican que Rodríguez de Miguel telefoneó para poder ofrecer a Alonso Vega la con- formidad de Ibáñez antes de que el ministro tratara la cuestión con Franco.
42 López Rodó, L. (1990). Memorias (Vol. I). Op. cit., 508. Silva ya había sido barajado como posible gobernador de Sevilla y de Barcelona en 1962; es curiosa la afirmación de Franco, pues cuatro meses después le nombró ministro de Trabajo. Por otro lado, resulta significativo que la terna incluyera a dos camisas viejas, uno del ala dura (Jiménez Millas, exvicesecretario general con Solís, aunque alejado de este) y otro más flexible (García Ramal, destacado falangista catalán y empresario, más adelante ministro de Relaciones Laborales).
Por tanto, era preciso un acuerdo entre Solís y Alonso Vega que fuera al tiempo capaz de ofrecer a Franco nombres convincentes para sustituir a Ibáñez Freire en Barcelona. Como expresa un revelador informe de Gobernación a finales de marzo:
La deseable designación de D. Antonio Ibáñez Freire para la Dirección General de Seguridad sólo puede verse estorbada por la falta de nombres aceptables por Su Excelencia el Jefe del Estado para el Gobierno Civil de Barcelona.
Como se estima, sin lugar a dudas que la persona más idónea para Seguridad es D. Antonio Ibáñez Freire, parece lógico que se agoten primero las posibilidades de encontrar sustituto para el Gobierno Civil de Barcelona.
Se acompaña la nota que con carácter muy reservado recoge las ideas del Sr. Mi- nistro del pasado día 20.
Así, si no cuajara la propuesta del Sr. Utrera para Barcelona, se estima que cubriría bien aquel cargo D. Luis Valero Bermejo.
Si el Sr. Ministro celebrara una ámplia [sic] conversación con el Sr. Pardo de San- tayana, es posible que obtendría [sic] mayores elementos de juicio para llegar a una calificación inequívoca.
El Sr. Ministro es amante de la justicia y antes de descalificar definitivamente al Sr. Pardo, parece aconsejable que tuviera lugar tal conversación, en la que abiertamen- te se le plantearan los hechos que de su actuación han llegado a conocimiento del Sr. Ministro y del diálogo que en consecuencia se produjera, podría la experiencia del Sr. Ministro obtener conclusiones seguras.
También cabría considerar como posibles Gobernadores de Barcelona a dos nom- bres que estaban incluídos en alguna de las listas que obraban en poder del Sr. Mi- nistro, cual son D. Gonzalo Lacalle Leloup y D. Francisco Jimenes [Giménez] Torres.
Es cierto que se encuentran actualmente en cargos de naturaleza muy distinta a la de Gobernador Civil; pero ambos son personas de indudable vocación política, que han demostrado criterios firmes en los cargos que desempeñaron y que tienen una formación económica que sería también útil en el Gobierno Civil de aquella ciudad catalana.
Si, no obstante los nombres referidos, siguiera S. E. el Jefe del Estado con el criterio de mantener a Ibáñez en Barcelona habría entonces de pensarse en quien habría de ser nombrado para la Dirección General de Seguridad; pues lo que es evidente es que no debe pasar el próximo Consejo de Ministros sin que tal cargo sea provisto, por la sensación que en altas esferas políticas produce que se mantenga sin titular aquella Dirección General.
Alguno de los nombres que se dan para Barcelona, previos los diálogos que el Sr. Ministro juzgue oportunos, pueden también servir para la Dirección General de Seguridad. Concretamente D. Luis Valero Bermejo y Pardo Santayana.
Otros nombres que pudieran también utilizarse, si fallara la designación del Sr. Ibáñez, podían ser el de José Luis Torroba y los Generales del Cuerpo Jurídico Militar Srs. Aguirre y Cuervo.43
43 agmi, sig. 3353/6, Provisión de vacantes para altos cargos, s. f. (1965). Desafortunadamente, entre la documentación obtenida no aparece la nota con las ideas de Alonso Vega, ni tampoco sabemos qué hechos o rumores generaban su prevención hacia Pardo.
El contenido de este informe y otros documentos parecen indicar que se trataba de nom- bres ya hablados con Alcalá, 44. Asimismo, contamos con dos listas tituladas “Posibles nombres para Barcelona”, que incluyen propuestas que podrían ser resultado de conversaciones previas entre Herrero, Taboada y Rodríguez Miguel. Ambas listas, casi idénticas, recogen un elenco de significados políticos de la dictadura, en su mayoría falangistas, destacando entre estos la nutrida presencia de gobernadores (José Manuel Pardo, Jesús López Cancio, José Utrera, San- tiago Guillén,Víctor Hellín, Jesús Posada) y exgobernadores (Luis Valero, Diego Salas, Tomás Romojaro, Carlos Ruiz, Rodrigo Vivar). Aparecen también otros significados azules (Antonio Tena, Miguel Vizcaíno, Antonio Pedrosa, Enrique García del Ramal, Manuel Sola o Adolfo Díaz-Ambrona, quien en unos meses pasó a ser ministro de Agricultura), además de católicos (Javier Martín Artajo, Luis Coronel de Palma), tradicionalistas unificados (José María Codón, José Ramón Herrero) y conocidas personalidades del régimen como Blas Piñar, el vicealmi- rante Jesús Fontán (supernumerario del Opus Dei y muy próximo a Franco) o el general Luis Azcárraga Pérez-Caballero.44
Este conjunto llama la atención por dos razones. La primera es la fuerte representación del
falangismo más neto, a través de la vieja guardia, el aparato de jefes provinciales o el sindica- lismo vertical, con personajes muy vinculados al pasado del régimen, incluidos tres antiguos vicesecretarios del partido. La segunda es la reiteración de nombres que ya habían sido valo- rados para ese cargo dos años atrás, cuando se designó a Ibáñez (Pardo, Piñar, Martín Artajo, Díaz-Ambrona o Pedrosa).
En todo caso, de esta larga lista solo pasaron a la propuesta del informe antes citado tres sig- nificados falangistas con experiencia en el cargo: José Utrera, LuisValero y José Manuel Pardo.45 A ellos se sumaron dos hombres procedentes del Banco de España, dependiente del ministro de Hacienda Mariano Navarro: el exalcalde de Vitoria Gonzalo Lacalle y el falangista católico Francisco Giménez, antiguo número dos de Solís en la Organización Sindical.46
Por su parte, el testimonio de Franco Salgado-Araujo recoge asimismo que a finales de mar- zo el dictador estaba de acuerdo en el nombramiento de Ibáñez Freire como director general de Seguridad e indicaba que “ahora estamos estudiando a quien enviamos de gobernador civil a Barcelona”.47
Se trataba de una decisión que debía tomarse con urgencia. En vísperas del Consejo de Ministros del 2 de abril, donde se pretendía resolver la cuestión, en Gobernación se indica- ba la existencia de malestar ante la vacante en la dgs, que “dá pábulo, en sectores de acusada
44 agmi, sig. 3353/6. Todos los citados figuraban en ambas listas, y la única diferencia era la presencia en la segunda de Luis Ameijide, gobernador de León. Muchos de los nombrados, en especial entre los no gobernadores, aparecen entre los nombres barajados a finales de los años sesenta en López Rodó, L. (1993). Memorias: Claves de la Transición (Vol. IV). Plaza & Janés, passim.
45 Utrera había sido gobernador de Ciudad Real y Burgos y lo era desde hacía muy poco de Sevilla, cargo para el que había sido
nombrado tras un fuerte pulso entre la Secretaría General del Movimiento, donde tenía gran respaldo, y Gobernación, donde no contaba con la consideración de Alonso Vega; era además un jerarca muy bien valorado por Franco (véase Utrera, J. (2020). Memorias de un gobernador civil, eus). Pardo, con más de veinte años de experiencia al frente de gobiernos civiles, seguía en el de Zaragoza y, como hemos visto, era un habitual entre los candidatos para Barcelona.Valero había sido gobernador de Ávila y Nava- rra y director del inv, y unos meses más tarde fue nombrado subsecretario del Ministerio de Hacienda con Juan José Espinosa (lo que puede indicar una buena relación con sectores tecnócratas); más adelante fue un destacado exponente del búnker falangista.
46 Lacalle, abogado del Estado, excombatiente requeté y próximo a los “tecnócratas”, era subgobernador primero del banco
y en ese momento ejercía como gobernador en funciones; ya hemos visto su nombre presente en propuestas previas de la dgpi. Giménez Torres tenía una larga trayectoria en el sindicalismo oficial, había sido secretario general de la ose y era en ese momento subgobernador tercero del Banco de España (Amaya, À. (2013). El acelerón sindicalista… Op. cit., 216-217).
47 Franco Salgado-Araujo, F. (1976). Mis conversaciones… Op. cit., 446-447 (29 de marzo de 1965). Por su parte, Salgado-Araujo se mostraba partidario de mantener a Ibáñez en Barcelona.
sensibilidad política, para considerar inestable la posición del Gobierno”. Se insistía, en esta nota al ministro, en “las distintas sugerencias —alguna de ellas frustradas— sobre las personas que pudieran sustituir al Gobernador Civil de Barcelona”. Al mismo tiempo, se señalaba una segunda opción: la continuidad de Ibáñez en la Ciudad Condal y el nombramiento de otro director general. En ese caso, se sugería que el subdirector José de Diego, entonces director en funciones, podría incorporarse a las propuestas, reforzado por el teniente coronel Blanco como subdirector.48
Finalmente, la combinación se resolvió el 9 de abril sin afectar a Barcelona, lo cual proba- blemente indica que las propuestas planteadas no convencieron a Franco, aunque tampoco es descartable el desacuerdo entre los dos ministros implicados.49 Para encabezar la dgs, Alonso Vega optó por el coronel Mariano Tortosa, quien ocupó el cargo apenas unos meses, pues en noviembre fue sustituido por el coronel Eduardo Blanco, un militar falangista que desde 1962 era jefe del Servicio de Información de la dgs. Como director de Política Interior fue nom- brado el camisa vieja Jesús Aramburu, gobernador de Madrid, probablemente por sugerencia del subsecretario Rodríguez de Miguel. Con ello, el falangismo mantenía una presencia firme en Gobernación, algo con lo que Alonso Vega debió transigir.
Unos meses después, en octubre, el vicesecretario general del Movimiento Fernando He- rrero fue nombrado fiscal general del Estado y sustituido por el camisa vieja burgalés Alejandro Rodríguez de Valcárcel. De este modo, el contacto directo con los gobernadores y la elabora- ción de propuestas de nombramiento quedaron en manos de cuatro hombres de perfil muy similar: Rodríguez de Miguel y Aramburu por Gobernación, y Rodríguez de Valcárcel y Taboada por el Movimiento, todos ellos falangistas de la vieja guardia y antiguos gobernadores en los años cuarenta o cincuenta.
La designación de Tomás Garicano Goñi
Un año después se hizo una vez más necesario cubrir el Gobierno Civil de Barcelona. La Caputxinada, en el mes de marzo, y posteriormente la represión por parte de la policía de una concentración de sacerdotes, el 11 de mayo, precipitaron la marcha del gobernador. Unos me- ses más tarde, Ibáñez fue ascendido a la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo, a las órdenes del ministro falangista Jesús Romeo Gorría.
Como era habitual durante la dictadura, el cambio del gobernador se demoró unos meses, una práctica con la que se pretendía evitar que el cese pareciera una desautorización a la vez que se ganaba tiempo para la búsqueda de un sustituto. Por ello, enseguida comenzó a pensarse en la designación de un nuevo hombre fuerte para Barcelona, proceso sobre el cual solo conta- mos con los testimonios de López Rodó e Iglesias-Tarín. El primero asegura que Alonso Vega ofreció el cargo a su subsecretario Luis Rodríguez de Miguel, a otros altos cargos falangistas, como Antonio Tena Artigas y José García Hernández, y al hasta poco antes subsecretario de Hacienda, Juan Sánchez-Cortés, además de proponer a Santiago Udina Martorell, subsecreta-
48 agmi, dgpi, sig. 3353/6, Provisión de cargos vacantes y problemas universitarios.
49 La renovación de gobernadores realizada a la par afectó a ocho provincias. Para cubrir Madrid fue designado Pardo de Santayana, cambiando finalmente el ansiado destino barcelonés por otro cargo de primera relevancia y confirmando el largo dominio de la vieja guardia en la Jefatura Provincial de la capital.
rio de Obras Públicas. Desconocemos hasta qué punto tales nombres se habían hablado con Alcalá, 44 o eran simplemente propuestas de Gobernación. En todo caso, según esta versión ninguno de los cuatro primeros aceptó y Udina fue descartado por Franco.50
Revisando los nombres citados,51 solo dos contaban con experiencia previa como goberna- dores, así como en los despachos del ministerio (García Hernández y Rodríguez de Miguel). Tena ya había sido incluido en una lista de posibles gobernadores para Barcelona el año ante- rior, había sido delegado nacional de Educación y Cultura de fet-jons y era secretario general técnico del Ministerio de Educación desde 1956. García Hernández había sido presidente de la Diputación de Guadalajara, gobernador de Lugo y Las Palmas, y director general de Admi- nistración Local (1951-1957), y a mediados de los años sesenta era asesor jurídico del Minis- terio de Información y Turismo, que regía Fraga.52 Sánchez-Cortés, miembro de la acndp y subsecretario de Hacienda (con Mariano Navarro) entre 1957 y 1965, parecía más próximo al catolicismo tecnocrático impulsado por Carrero. Udina respondía a un perfil similar, por su pasado en Acción Católica y por haber sido secretario general técnico del Plan de Desarrollo (1962-1965), con López Rodó, antes de pasar a la Subsecretaría de Obras Públicas, de la mano de Federico Silva, con quien mantendría una estrecha relación política. El caso de Rodríguez de Miguel es interesante, porque la propuesta de Alonso Vega bien pudo ser un intento de quitarse de en medio al subsecretario. Sin embargo, el veterano falangista prefirió mantenerse en su decisivo puesto en Gobernación, más cómodo que una plaza tan difícil como la catalana, pensando tal vez en el ascenso hacia un ministerio.
Según Iglesias-Tarín, fue precisamente Rodríguez de Miguel quien propuso al hombre final- mente elegido: Tomás Garicano Goñi. Era un general del Cuerpo Jurídico del Aire que tenía en su haber una relevante participación en el golpe de julio de 1936 en la VIII Región Militar, un largo periodo como secretario nacional de Justicia y Derecho de fet-jons (1942-1951) y ex- periencia previa en el cargo, pues había sido gobernador y jefe provincial de Guipúzcoa (1951- 1956); además, desde 1965 era representante estatal en el Canal de Isabel II. No tenemos ninguna evidencia firme sobre cómo se llegó al nombramiento de Garicano, pero su perfil permite plan- tear que pudo haber concitado apoyos muy diversos. Estaban su militancia falangista y su pasado estrechamente vinculado al aparato del partido, que le habían valido su primer destino como go- bernador y que pudieron facilitar ahora el refrendo de Secretaría General. Su condición militar, sus méritos en la sublevación y factores de conocimiento personal previo lo convertían también en un buen candidato ante Alonso Vega y, sobre todo, ante Franco.53 Próximo a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, se ha señalado su cercanía al sector católico encabezado por
50 López Rodó, L. (1991), Memorias: Años decisivos (Vol. II). Plaza & Janés, 56. Ante la propuesta de Udina, Franco aseguró que “es mejor que los catalanes vengan a Madrid”, lo que resultaría congruente con la política habitual de no designar como gobernado- res a hombres procedentes de la provincia o vinculados a ella. Según Iglesias-Tarín, J. (1983). Vivir para contar. Op. cit., 178, fue Ro- dríguez de Miguel quien bloqueó la candidatura de Udina, lo que en todo caso confirmaría que su nombre sonó para el cargo.
51 Un análisis más detallado lo ofrece Marín en Una década de estabilidad relativa (1960-1969), op. cit., 255-258, de donde proceden algunos datos.
52 Por tanto, era un hombre con experiencia en el cargo y buen conocedor del ministerio y de los entresijos de la adminis- tración provincial; de hecho, fue ministro de la Gobernación y vicepresidente con Arias Navarro (1974-1975). Además, podía contar con el apoyo de Solís (véase Hispán, P. (2006). La política en el régimen… Op. cit., 467).
53 El papel de Rodríguez de Miguel, en Iglesias-Tarín, J. (1983). Vivir para contar. Op. cit., 178. Garicano indica que Alonso Vega, “por vieja relación en Asturias en 1934 y en el Cuerpo de Ejército de Navarra durante la guerra, me trató siempre con
mucho cariño” y que su mandato como gobernador en Guipúzcoa le permitió tener bastante contacto con Franco durante sus veraneos donostiarras: Bayod, Á. (1981). Franco visto por sus ministros. Planeta, 194. Con todo, años después Alonso Vega criticó su nombramiento para Gobernación: López Rodó, L. (1992). Memorias: El principio del fin (Vol. III). Plaza & Janés, 110.
el ministro Federico Silva.54 También se ha indicado su conexión con Carrero Blanco y López Rodó, si bien esta pudo ser posterior.55 En suma, con un contorno intermedio entre falangista y católico, reunía méritos y vínculos que debieron de facilitar el acuerdo entre Gobernación y Movimiento, así como el imprescindible plácet de Franco.
Visión de conjunto y conclusiones
Garicano tuvo más fortuna que sus predecesores en Barcelona, todos los cuales fueron desti- tuidos o dimitieron del cargo debido a problemas de orden público o de otra índole, casi siem- pre —salvo Ibáñez— sin conseguir una promoción política posterior. Garicano, en cambio, saltó de la capital catalana al puesto de ministro de la Gobernación, desde el cual tuvo mucho que decir en los nombramientos de gobernadores, comenzando por el de su sucesor en el Palau de la Duana, el falangista Tomás Pelayo Ros (1969-1974). Más adelante, Rodolfo Martín Villa, último representante de Franco en Barcelona (1974-1975), pasó también directamente de dicho cargo a ser ministro de Relaciones Laborales. Unos y otros casos ponen de manifiesto tanto la dificultad de gestionar el gobierno de la provincia barcelonesa como la proyección y las posibilidades que un éxito en semejante tarea podían comportar.
Por todo ello, los relevos al frente del Gobierno Civil de Barcelona resultaban decisiones complejas.Ya se ha explicado que el proceso implicaba la participación de diferentes instancias en el Ministerio de la Gobernación y la Secretaría General del Movimiento, con el fin de ofre- cer a Franco un candidato convincente. La documentación analizada permite ampliar y mati- zar nuestro conocimiento sobre la cuestión, en especial respecto de la búsqueda de candidatos. Así, la primera fase del procedimiento pasaba por la elaboración de listas y consideraciones sobre la cuestión en la Dirección General de Política Interior, en paralelo a las gestiones simila- res que realizaba la Delegación Nacional de Provincias de Falange. En esta fase de preselección intervenían en mayor o menor medida el subsecretario de Gobernación (Luis Rodríguez de Miguel) y el vicesecretario general del Movimiento (Fernando Herrero, 1961-1965; Alejandro Rodríguez de Valcárcel, 1965-1969), quienes también participaban en las conversaciones entre ambas casas. A partir de ahí venían los ofrecimientos de nombres a los dos ministros y de estos a Franco. Había mucho en juego en cuanto a los equilibrios de poder internos, lo cual difi- cultaba que progresaran candidatos exclusivamente de una parte, Gobernación o Movimiento, que no contasen con respaldos en la otra.
El repaso de los nombres demuestra la amplitud de perfiles y nombres que podían valorar- se: se han citado hasta 64 candidatos, que no agotan todos los que pudieron considerarse, en especial por fet-jons. Pese a esta limitación, es posible bosquejar una visión global, tanto del conjunto como de los hombres que tuvieron mayor apoyo, es decir, que fueron seriamente ponderados para el cargo. En términos generacionales, eran hombres nacidos entre 1895 y 1926, rango que vale igualmente para los candidatos con mayor peso, desde Cuesta Monereo
54 Silva le había nombrado el año anterior representante en el Canal de Isabel II y hay indicios de que le consideraba uno de los “hombres leales” a finales de los años sesenta (López Rodó, L. (1991). Memorias… (Vol. II). Op. cit., 309 y 521). En todo caso, su incorporación a la acndp había sido tardía y probablemente se ha minusvalorado la relevancia de su origen falangista, equivocando con frecuencia su cargo en fet-jons con el de secretario general del Ministerio de Justicia.
55 Marín, M. (2015). Una década de estabilidad relativa (1960-1969). Op. cit., 258-261. El mismo autor señala, en todo caso, su relación conflictiva con el hombre de ambos en Barcelona, el alcalde Porcioles.
(1895) o Basanta (1899) hasta Silva (1923) o Utrera (1926), con edades comprendidas entre los 39 y los 65 años. En todo caso, el grupo mayoritario lo constituían los nacidos en 1910-1919 (51,5%), seguidos de los de 1900-1909 (23,4%), 1920-1926 (14%) y 1895-1899 (6,2%).56 Ello
evidenciaba el peso de quienes se habían politizado sobre todo en los años treinta y habían participado como combatientes en la guerra, incluida una nutrida representación de la Falange y el seu de preguerra. La generación de los adolescentes de posguerra estaba, en cambio, muy poco representada, pero era evidente la proyección política de los hombres más jóvenes, varios de los cuales llegarían a ser ministros (Silva, Cabello de Alba, Osorio y Utrera).
Desde el punto de vista social, la mayoría de los nombres pertenecían a la clase media-alta de profesionales y altos cargos, además de algunos exponentes de la alta burguesía. Dominaban los formados en Derecho, una parte significativa de los cuales habían ejercido o ejercían como abogados del Estado o jurídicos militares. En todo caso, se pueden diferenciar dos grupos: quienes tenían un extenso cursus honorum político, incluidos muchos gobernadores o exgo- bernadores, además de algunos subsecretarios y cargos provinciales o de fet-jons, y aquellos significados por su carrera profesional, fuese en puestos jurídicos o en otros.
Políticamente, al menos la mitad eran falangistas, a los que se sumaban un número relevante de católicos (en torno al 20% tenían lazos con la acndp), algunos tecnócratas y, claro está, hom- bres sin una significación tan definida; en cambio, es casi anecdótica la presencia de monár- quicos a la antigua usanza o tradicionalistas. De hecho, si se fija la lente en los candidatos con mayores posibilidades, más del 60% eran azules, parte de ellos de la vieja guardia, junto con varios católicos, alguna figura de corte tecnocrático o militar y el integrista Piñar. Casi todos los falangistas estaban vinculados a la política como principal ocupación, mientras que entre los sectores católicos o menos definidos era más fácil encontrar a personas sin cargos o con una implicación menos relevante. Entre los azules se advierte también una diversidad de ma- tices, pues estaban tanto los que eran más pragmáticos (García-Ramal) o próximos al ámbito católico (Giménez Torres, Catalá, Tena, Garicano) como otros conocidos por un acentuado nacionalsindicalismo (Salas, Utrera, Pardo,Valero, Ruiz García, Jiménez Millas). Puede llamar la atención que se pensara en perfiles tan nítidamente fascistas —o tan extremistas como Piñar— para la Barcelona de los años sesenta, pero varios de ellos fueron muy tenidos en cuenta y, a la postre, resultó nombrado un hombre de la línea dura como Ibáñez.
Por tanto, puede decirse que el régimen seguía mirando sobre todo a su principal cantera de gobernadores, la compuesta por falangistas y excombatientes integrados en fet-jons, pero también sopesaba el posible recurso a los propagandistas católicos y a figuras de otras ten- dencias. Ahora bien, la orientación de las propuestas dependía del proponente y, aunque no sepamos con certeza de dónde partieron una parte de esas, tenemos elementos suficientes para responder de forma aproximada. Es plausible inferir que Alcalá, 44 proponía casi en exclusiva a jerarcas falangistas, que muchas veces eran también respaldados desde Gobernación gracias al protagonismo de hombres del partido en ese ministerio —destacadamente, Rodríguez de Miguel— y a que el ministro podía apoyar a algunos de ellos, en especial si aseguraban mano dura. En todo caso, Alonso Vega y sobre todo Chacón tendían a buscar también otros perfiles,
56 Conocemos el año de nacimiento de 61 de ellos, aunque indicamos los porcentajes sobre el total, siendo por tanto suscep- tibles de ser ligeramente superiores.
incluyendo en las listas a católicos, monárquicos y tecnócratas procedentes de los ministerios, las administraciones territoriales o el mundo profesional.
¿Cómo se llegaba a decidir un nombre? La necesidad de alcanzar acuerdos, o al menos de evitar vetos, favorecía a los candidatos que, además de contar con apoyos firmes, no genera- sen excesiva oposición y pudieran ofrecer ciertas garantías a las partes. Aquí podía influir la capacidad de intermediación entre los dos ministerios, una posición que se ha atribuido a Rodríguez de Miguel, si bien el factor clave era siempre, por supuesto, la opinión de Franco. Significativamente, pese a que casi todos los candidatos eran civiles, al final fueron designados tres gobernadores con vínculos castrenses: un teniente coronel de infantería (Ibáñez), un au- ditor general del ejército (Garicano) y otro que se había desempeñado como jurídico militar durante la guerra (Vega). Debieron de influir en ello la preocupación primordial por el orden público y la percepción positiva tanto de Alonso Vega como de Franco. Por último, los tres nombrados contaban con experiencia en la administración territorial, los dos primeros como gobernadores y el tercero en la presidencia del cabildo grancanario, y eran militantes del par- tido, con mayores credenciales falangistas en los casos de Ibáñez y Garicano. En este sentido, las instancias implicadas prefirieron decantarse por la experiencia en la gestión política y la capacidad de reprimir a la disidencia, desechando a los candidatos con un perfil más vinculado al mundo profesional o ajenos a fet-jons, una tendencia que se mantuvo en el Gobierno Civil de Barcelona hasta la muerte del dictador.
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Julián Sanz Hoya es doctor en Historia por la Universidad de Cantabria y profesor titular de Historia Contemporánea en la Universitat de València. Su principal línea de investigación ha girado en torno a la evolución de la derecha española y la articulación de la dictadura franquista, estudiando las culturas políticas derechistas, el papel de fet-jons y los gobernadores civiles, así como la historia comparada entre los regímenes de Franco y Mussolini. Ha publi- cado numerosos trabajos en ámbitos científicos nacionales e internacionales, destacando entre los más recientes España en camisa azul: Falange, cultura política y poderes locales (Comares, 2022) y, como coeditor y coautor, The Right and the Nation:Transnational Perspectives (Routledge, 2023).
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