Revista catalana d’història 15 (2022), 232-256

Los orígenes de Minas de Río Tinto Sociedad Anónima Laboral (1993-1995)

Alejandro Santos Silva

Universidad de Sevilla (España)

ale.sansil@yahoo.es

https://orcid.org/0000-0003-4020-1272

Resumen

Las minas de Riotinto, una referencia de la minería metálica en el Estado español, sufrió desde la década de 1980 un proceso de cierre paulatino. En 1993 la multinacional estadounidense Freeport McMoran anunció el cierre definitivo de las minas para 1996. La respuesta sindical fue la defensa de una alternativa para el mantenimiento del empleo y la actividad minera, que desembocó en un acuerdo por el que los trabajadores se hacían cargo de la propiedad de las instalaciones y constituían Minas de Río Tinto Sociedad Anónima Laboral, convirtiéndose así en la mayor sociedad laboral a nivel estatal en su periodo de existencia (1995-2001).

Palabras clave: Riotinto, minería, cobre, movimiento obrero, Sociedad Anónima Laboral.

Resum

Els orígens de Mines de Rio Tinto Societat Anònima Laboral (1993-1995)

Les mines de Riotinto, una referència de la mineria metàl·lica a l’Estat espanyol, va patir des de la dècada del 1980 un procés de tancament gradual. El 1993 la multinacional nord-americana Freeport McMoran va anunciar el tancament definitiu de les mines per al 1996. La resposta sindical va ser la defensa d’una alternativa per al manteniment de l’ocupació i l’activitat minera, que va desembocar en un acord pel qual els treballadors es feien càrrec de la propietat de les instal·lacions i constituïen Mines de Riu Tinto Societat Anònima Laboral, convertint-se així en la major societat laboral a nivell estatal en el seu període d’existència (1995-2001).

Paraules clau: Riotinto, mineria, coure, moviment obrer, Societat Anònima Laboral.

Abstract

The origins of Minas de Río Tinto Sociedad Anónima Laboral (1993-1995)

The Rio Tinto mines, a reference for metal mining in the Spanish state, underwent a process of gradual closure since the 1980s. In 1993, the U.S. multinational Freeport McMoran announced the definitive closure of the mines for 1996. The union response was to defend an alternative for maintaining employment and mining activity, which led to an agreement whereby the workers took charge of ownership of the facilities and constituted Minas de Río Tinto Sociedad Anónima Laboral, thus becoming the largest labor management company at the state level in its period of existence (1995-2001).

Keywords: Riotinto, mining, copper, labor movement.

§

1. Introducción

Las minas de Riotinto han constituido una explotación de referencia en la minería metálica española desde que en 1873 se formase la británica Rio Tinto Company Limited, que dio a la minería del suroeste peninsular, fundamentalmente de cobre y pirita, una enorme capacidad de impacto.¹ La dominación británica sobre Riotinto concluyó en 1954 y la actividad extractiva siguió desarrollándose. No obstante, durante la década de 1980, bajo la propiedad de Río Tinto Minera (RTM) se produjo un proceso de desactivación minera explicado por varios factores: unos bajos precios del cobre que se habían iniciado en la década anterior por una reducción de la demanda industrial mundial; un aumento progresivo de los costes de extracción en Riotinto por ser cada vez peor la calidad del mineral y una gran deuda financiera de la empresa agravada por unos altos tipos de interés.²

Multitud de explotaciones de cobre cerraron en todo el mundo durante esa década. En 1986 RTM cerró la línea del cobre, y la minería en Riotinto se sostuvo únicamente en el aprovechamiento de las escasas reservas que quedaban de gossan –del que se extraía posteriormente oro y plata-, por lo que la perspectiva de un cierre definitivo de la minería se preveía relativamente

cercana. El cierre del cobre motivó importantes movilizaciones. La Cuenca Minera de Riotinto llevaba más de un siglo nucleada en torno a la mina, por lo que la Junta de Andalucía, la empresa y UGT alcanzaron en 1987 un acuerdo con el que pretendían impulsar la diversificación económica de la zona y tratar de evitar que se produjeran unas altísimas tasas de paro. CCOO, sindicato mayoritario en la mina, no firmó ese acuerdo pues se negaba a aceptar el cierre de la línea del cobre, que consideraba evitable y entendía como catastrófico para la comarca.

A comienzos de la década de 1990, RTM era propiedad de Ercros –entonces controlada por el fondo soberano kuwaití KIO-, si bien fue vendida posteriormente a Freeport McMoran, multinacional estadounidense con sede en Nueva Orleans, presidida y dirigida por James R. Moffett y que en ese momento tenía como negocio principal la explotación del gigantesco yacimiento de cobre y oro de Grasberg, en Papúa Occidental (Indonesia). Cuando la empresa anunció en 1993 que la mina cerraría en 1996, los trabajadores se opusieron y plantearon una alternativa. Consecuencia de un proceso de presión y negociación durante más de un año y medio, a mediados de 1995, Freeport McMoran traspasó a los trabajadores la propiedad de la mina y se formó Minas de Río Tinto Sociedad Anónima Laboral (MRT SAL),³ convirtiéndose en la mayor sociedad laboral de las existentes en ese momento en España.⁴

El marco cronológico del artículo –parte de una investigación mayor en curso- es el periodo entre 1993 y 1995, por lo que no examina el desarrollo como empresa de MRT SAL, que permaneció activa hasta que la caída mundial de los precios del cobre provocó el fin de la sociedad laboral en 2001.

El contexto económico definido por el precio del cobre en los mercados internacionales se caracterizó entre finales de 1987 y finales de 1997 por unos valores superiores a los 2.000 dólares por tonelada, que contrastaban favorablemente con los periodos inmediatamente anteriores y posteriores a esas fechas. Por su parte, la situación política andaluza en el periodo estudiado está marcada por una hegemonía del PSOE, si bien en las elecciones de 1994 se pasó de una mayoría absoluta a una pérdida de esta.

El objetivo de este trabajo es explicar el proceso de confrontación entre los planes de la empresa (Plan Albor) y el de los trabajadores (Plan Esquila), que desemboca en la creación de MRT SAL, en un marco en el que la Junta de Andalucía actúa a veces como árbitro y en ocasiones como espectador. La hipótesis de este artículo es que los trabajadores que formaron MRT SAL lo hicieron con el mantenimiento de los puestos de trabajo como objetivo y la idea de la rentabilidad de la minería del cobre como soporte principal, sin que existiera una intención prefigurada de que la empresa acabase conformándose como SAL.

En el apartado 2 se aborda la adquisición de las minas por Freeport McMoran, las bases de su Plan Albor para paliar las consecuencias del cierre minero que plantea y los aspectos

fundamentales del Plan Esquila que esgrimen los sindicatos para defender la continuidad de la actividad minera en Riotinto. En el apartado 3 se detalla la forma en que ambos planes se dieron a conocer en otoño de 1993 y cómo los trabajadores llevaron a cabo movilizaciones contra las primeras consecuencias del anuncio de cierre. En el apartado 4 se explica principalmente el conjunto de reuniones que, a lo largo de 1994, se produjeron entre la empresa, los sindicatos y la Junta de Andalucía, intentando los dos primeros que la administración autonómica asumiera sus respectivas propuestas para el desarrollo futuro de la Cuenca Minera. En el apartado 5 se expone la creación y rápida desaparición de un grupo español interesado en adquirir las minas, con el mismo planteamiento técnico del Plan Esquila pero sin contar con los trabajadores para el accionariado de la futura empresa. El apartado 6 presenta la decisión final de Freeport McMoran, en la que acepta dejar la propiedad de las minas en manos de sus trabajadores, acordándose entre abril y julio de 1995 las bases de la Sociedad Anónima Laboral. Por último, el apartado 7 recoge las conclusiones en torno al papel de los diferentes actores y una periodización del proceso.

Este texto tiene tres tipos de fuentes: hemerográficas, documentales y orales. Se ha realizado una revisión sistemática de las cabeceras Huelva Información, La Voz de Huelva y la edición sevillana de ABC. En cuanto a documentación, se ha accedido a la depositada en el Archivo del Comité de Empresa de MRT SAL, habiéndose recibido también aportaciones por parte de algunos protagonistas. Respecto a los testimonios, son citadas 10 entrevistas, que apuntalan aspectos concretos de este trabajo, si bien se han efectuado un número bastante mayor que, pese a no estar citadas, han aportado una valiosa información general del contexto social y laboral de esta experiencia.

2. La llegada de Freeport McMoran y los planes Albor y Esquila

Las preocupaciones en Ercros a inicios de 1993 pasaban por culminar las negociaciones con la estadounidense Freeport McMoran para la venta de RTM. Mediante un acuerdo a finales de enero, Freeport McMoran compraba el 65% de las acciones de RTM por 6.000 millones de pesetas, en la que suponía la mayor inversión de la compañía en Europa.⁵

Teniendo en cuenta la negativa situación de Ercros, el Comité de Empresa de Riotinto no recibió mal el acuerdo de compra. Desde finales de 1992 existían problemas en el cobro de las nóminas, por lo que el Comité esperaba que los nuevos propietarios regularizasen la situación.⁶ Sin embargo, pronto se comprobó que Riotinto no ocupaba ningún papel en el esquema de negocio de la compañía estadounidense. En la década de 1990, la fase de mundialización del capital, con una importancia pequeña de los gastos de transporte, hacía que las compañías mineras buscaran en cualquier extremo del mundo lugares donde convergieran las riquezas mineras, la mano de obra barata y las menores exigencias posibles de las legislaciones.⁷ Free

port poseía la mina de Grasberg, en territorio bajo control indonesio en Papúa Occidental, explotándola desde 1989.⁸ Su interés en la compra de RTM era disponer de las instalaciones de la fundición de Huelva, en las que desarrollar la actividad metalúrgica a partir del concentrado extraído a 15.000 kilómetros de distancia. Para ampliar la capacidad de dicha fundición, Freeport aprobó en 1994 una inversión de 30.000 millones de pesetas.⁹

En los primeros meses bajo la propiedad de Freeport no hubo cambios en la situación de Riotinto. La inquietud en la plantilla a causa de la incertidumbre proseguía y los problemas con el cobro regular de las nóminas continuaron, lo que motivó protestas en forma de paros parciales en el mes de junio.¹⁰ El ambiente estaba marcado por los ajustes de plantilla que, en función de los graves problemas de la empresa, habían sido acordados en septiembre de 1992 por RTM, el Comité y la Junta de Andalucía: un expediente de regulación temporal de empleo que afectaba a 120 trabajadores desde octubre de 1992 y la jubilación anticipada de 95 trabajadores mayores de 55 años.¹¹ En medio de ese contexto, los directivos de Freeport James R. Moffett y Henry Kissinger visitaron sus propiedades andaluzas a mediados de septiembre de 1993, entrevistándose con el presidente andaluz Manuel Chaves y el consejero de Economía Jaime Montaner.¹²

Las visiones y los intereses de la empresa, por un lado, y de los trabajadores, por el otro, cristalizaron en dos planes para el presente y el futuro inmediato de la Cuenca Minera presentados en otoño de 1993. El plan de la empresa no fue algo improvisado, ni realizado exclusivamente en los meses que RTM llevaba bajo control de Freeport McMoran. Al contrario, el Plan Albor de RTM tiene su origen en un documento anterior titulado “Plan de Promoción Económica de Ercros. Proyecto Albor-Andalucía”, elaborado en 1991 pero que nunca vio la luz, manejándose exclusivamente por el cuerpo directivo.¹³ El Plan Albor contemplaba el cierre de la mina por el agotamiento del gossan para comienzos de 1996. Su objetivo era minimizar los efectos del cierre promocionando económicamente la zona. Pretendían que parte de la plantilla quedase cubierta mediante jubilaciones anticipadas, bajas incentivadas y traslados a las instalaciones metalúrgicas de Huelva. Pero el meollo del Plan era impulsar el desarrollo económico comarcal con un tejido industrial alternativo a la minería, es decir, continuar los intentos de diversificación económica realizados tras el cierre de la línea del cobre en 1987. El coste del Plan Albor era estimado en 13.413 millones de pesetas, de los cuales el 67% era destinado al apartado de diversificación económica. En cuanto a la plantilla, lo fundamental del Plan Albor es que para unos 317 trabajadores habría alguna vía de solución pactada, mientras que 395 quedaban como personal excedente pendientes de la posibilidad de recolocación en los proyectos de diversificación que debían crear 600 empleos.¹⁴

Que 1996 era la fecha de agotamiento del gossan era algo conocido antes de presentarse el Plan Albor. Esto causaba un ambiente de desánimo en la plantilla que se propagaba por la comarca,¹⁵ sumándose a los problemas de regularidad en el cobro del salario. En este contexto, el presidente del Comité de Empresa, Ricardo Gallego, comenzó a estudiar qué salidas permitirían mantener los puestos de trabajo una vez se agotasen las reservas de gossan.¹⁶ Una idea subyacente de CCOO era que la minería del cobre podía ser rentable, y que si estaba cerrada desde 1986-87 era porque deudas y gastos financieros lastraron la rentabilidad de la empresa.¹⁷

Con este planteamiento general sobre la rentabilidad del cobre, Gallego expuso a algunos miembros de la sección sindical de CCOO la idea de elaborar una propuesta sólida para evitar el cierre de la mina. Para ello contactó con Fernando Plá Ortiz de Urbina, catedrático de Laboreo de Minas en la Universidad Politécnica de Madrid y con amplia experiencia en Riotinto.¹⁸ Gallego consideraba que Plá, por su apego a la minería en Riotinto, era la persona adecuada para colaborar con el Comité.¹⁹ Para conformar un equipo, Plá contactó con Carlos Estévez Ruiz de Castañeda, ingeniero de minas, quien había sido director de minas en la Junta Preautonómica de Andalucía en representación del PCE; director de empresas como la asturiana Fluoruros SAL, así como presidente de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) a comienzos de los 90.²⁰ Cuando recibió el ofrecimiento, Estévez le planteó la idea a Eduardo Díaz Nogueira, doctor en Ciencias Químicas, que había sido responsable de la investigación sobre los sulfuros polimetálicos en la empresa Técnicas Reunidas.²¹ Los tres conformarían el equipo redactor del Plan Esquila.

El objetivo expreso del Plan Esquila era ofrecer una alternativa al Plan Albor basada en la continuidad de la minería. Para ello preveía ralentizar la extracción del gossan para mantener la producción de oro y plata un año más de lo planificado por RTM, pero las apuestas fundamentales eran reabrir de la línea del cobre y más adelante explotar los sulfuros complejos polimetálicos mediante tratamiento hidrometalúrgico. El Plan Esquila, sin negar la diversificación económica, la veía como complementaria a la actividad minera. Así, contemplaba muchas actuaciones de dinamización económica, pero asignándole un presupuesto muy inferior al del Plan Albor, consignándose un cambio evidente de prioridad. Para el desarrollo del Plan se proponía crear una nueva empresa, que se llamaría Nuevo Riotinto, a la que fueran transferidos los activos de RTM en la comarca. Ni la forma jurídica ni el reparto accionarial de Nuevo Riotinto se explicaban expresamente, pero teniendo en cuenta las diferentes cantidades de aporte de capital que se proponían, la empresa sería una Sociedad Anónima donde los trabajadores, que aportarían la totalidad de sus indemnizaciones por despido, tendrían un 47,6% de las acciones; RTM y entidades financieras un 28,6%; la Junta de Andalucía un 14,3% y la Fundación Río Tinto –que se integraría en la nueva empresa- y pequeños accionistas de la comarca un 9,5%. El coste del desarrollo completo del Plan Esquila era de 21.650 millones de pesetas. Su

ponía una apuesta a largo plazo por el tratamiento hidrometalúrgico de los polimetálicos, que daría trabajo durante varias décadas, por lo que la inversión para la construcción de una Planta Hidrometalúrgica ocupaba el 65% del Plan, para lo que se pretendía un apoyo muy importante de subvenciones públicas.²²

En lo que se refiere a la diversificación, se incluían dos instalaciones que podrían ser controvertidas socialmente (tratamiento de residuos industriales y centros penitenciarios juveniles). No obstante, los sindicatos nunca llegaron a considerar la posibilidad de que pudiera ocasionar malestar o protestas ciudadanas. Por el contrario, una iniciativa de los redactores que aparecía en los primeros borradores, pero que nunca llegó a ver la luz, era la propuesta de construir una central nuclear a pesar de la moratoria aprobada en 1984. La sección sindical de CCOO la eliminó al considerarla incompatible con el consenso social y el apoyo que se buscaba de las administraciones.²³

Los trabajadores sabían que proponer el Plan Esquila no era un “paso diáfano”.²⁴ Si las dudas en torno al Plan Albor estaban en los precedentes relativamente fracasados de intentos de diversificación, en el Plan Esquila las incógnitas estribaban en que las técnicas hidrometalúrgicas eran un proceso experimental, además del factor oscilante de la cotización del cobre.

El acceso de los trabajadores a la propiedad del 47,6% era algo que en el Plan Esquila no se planteaba como positivo en sí mismo, sino como un ejercicio de responsabilidad. Por otra parte, en el apartado referido a diversificación, la apelación a la iniciativa personal y a la promoción de emprendedores estaba más presente aún que en el Plan Albor, evidenciando la influencia de las ideas que incorporaba Estévez a raíz de su experiencia en ENISA.²⁵ De esta forma, el Plan Esquila, que tenía un fondo transformador de las relaciones sociales de la comarca en favor de los trabajadores, se presentaba parcialmente con algunos elementos del lenguaje económico neoliberal que progresivamente se iría haciendo hegemónico en la esfera pública española. Esto no supuso ninguna contradicción práctica inmediata, pues en ese momento esas argumentaciones eran consideradas como funcionales en la defensa ante las administraciones de lo esencial para el Comité de Empresa: la actividad minera y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

3. Rio Tinto minera anuncia el cierre y los trabajadores responden

El deterioro de la situación en RTM dio paso en otoño de 1993 a un escenario nuevo: la presentación pública de las diferentes alternativas para la comarca. El 29 de septiembre, RTM citó en Sevilla al presidente del Comité y los delegados sindicales de CCOO y UGT. El consejero delegado de RTM, Javier Targhetta, les anunció el cierre de la actividad minera del gossan en 1996 y la voluntad de la empresa de que fuera lo menos traumático posible mediante un programa para la comarca –todavía no denominado Plan Albor- que pretendían presentar en octubre, y para el que esperaba el apoyo del Comité. Asimismo, notificó que no había trabajo

en la empresa para los empleados sometidos al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) firmado en octubre del año anterior y que ahora debían reincorporarse, por lo que habían solicitado un nuevo ERTE para 94 de ellos. En esa reunión el Comité solicitó que no se aplicara un nuevo ERTE, y que se les diera trabajo efectivo a los empleados, para tranquilizar a la plantilla y poder abordar la problemática general del cierre de la minería.²⁶

Al día siguiente, en una asamblea de CCOO, afiliados de base propusieron crear una cooperativa, “hacernos cargo de la producción”, a lo que la dirección de la sección sindical respondió que se estaba trabajando en una alternativa de futuro, sin dar muchos detalles.²⁷ El 11 de octubre se reunieron miembros del Comité, de ambos sindicatos, con los alcaldes de la zona –todos del PSOE- para exponerles la información sobre el ERTE, confirmarles que la empresa cerraría la mina en 1996 y pedirles que trabajaran juntos para impedirlo. Alcaldes y sindicatos acordaron actuar conjuntamente para defender la continuidad de la minería.²⁸

El 28 de octubre la sección sindical de CCOO aprobó el Plan de Futuro –todavía sin la denominación de Esquila-, que tendría que ser presentado una vez fueran conocidos los detalles del plan de RTM. Se aprobó con 13 votos a favor y 1 en contra, el del vicepresidente del Comité Francisco José Álvarez, quien tenía muchas dudas sobre la propuesta.²⁹

RTM presentó el Plan Albor al Comité de Empresa en la mañana del 3 de noviembre y en la tarde a los alcaldes. Los trabajadores reunidos en asamblea rechazaron por unanimidad el ERTE, y aprobaron el calendario de movilizaciones propuesto por el Comité, que consistía en paros parciales diarios desembocando en una huelga general comarcal el 25 de noviembre. Dicha huelga se hacía coincidir con la fecha programada para las movilizaciones de CCOO y UGT, en las capitales de provincia de toda España, contra las medidas del Gobierno de Felipe González de recorte de los sistemas de protección social y cambios en la contratación y el despido.³⁰ Ricardo Gallego enfatizaba que, aunque el gossan se acabara, la minería no tenía por qué finalizar: “tenemos que presentar batalla para dejar patente que nosotros somos mineros, que queremos seguir siendo mineros y que pretendemos vivir y trabajar siempre en la Cuenca Minera”.³¹

Un día después de recibir el Plan Albor, la asamblea de afiliados de CCOO dio luz verde para promover la alternativa con la máxima difusión posible. El 17 de noviembre se dio el paso de hablar con UGT. En la reunión estuvieron Ricardo Gallego, Juan Macías y Joaquín Santos, por CCOO; y Miguel Romero, Justo Verdugo, Manuel Chaves y José Antonio Muñoz Pedrero, por UGT. Muñoz Pedrero, referencia de UGT a nivel técnico, fue quien aun exponiendo sus dudas tuvo un papel fundamental en el respaldo de UGT al Plan Esquila. Esa reunión fue la primera en la que se habló del Plan con dicho nombre en lugar de “Plan de Futuro” o “nuestra alternativa”.³²

Al día siguiente se reunieron RTM, los sindicatos y la delegación de Trabajo de la Junta. El Comité propuso un encuentro con la alta dirección de RTM para entregarles el Plan Esquila, y le dio una copia al delegado de Trabajo. RTM insistió en que lo primero era el ERTE, y después se discutiría entre el Plan Albor y el que propusieran los trabajadores. El delegado de Trabajo proponía la aceptación del ERTE, y que la empresa garantizase que los trabajadores regulados no vieran reducidos sus ingresos mediante los complementos que fueran necesarios a la prestación por desempleo. La empresa, que en anteriores reuniones se había negado a un acuerdo de ese tipo, mostró su disposición a aceptarlo al comprobar la actitud del delegado favorable al mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores.³³

El 20 de noviembre el Plan Esquila fue presentado al conjunto de los trabajadores en asamblea. Gallego defendió el Plan como un proyecto para dar continuidad a la minería entendiendo la rentabilidad como la forma de mantener el empleo y el salario. Explicó que el nombre de Esquila –profundamente vinculado a Riotinto-³⁴ provenía de la campana que servía antiguamente para llamar a los vecinos ante un peligro externo, “porque estamos claramente ante una agresión del exterior, y ante la cual hay que defenderse”.³⁵

El Comité se reunió con los alcaldes de la comarca, que les transmitieron su apoyo al Plan Esquila. El 22 de noviembre, en la sede de CCOO en Huelva comparecieron en rueda de prensa los alcaldes de Nerva y de Riotinto, José Villalba y Emilio Marín, junto a Ricardo Gallego y otros miembros de CCOO, para presentar a la prensa el Plan Esquila. Villalba expresó que la Junta de Andalucía debía desarrollar acciones de choque contra el paro, dado que los planes de diversificación desde 1987 no habían dado los resultados esperados. Asimismo los alcaldes expresaron su apoyo a la huelga general del 25 de noviembre.³⁶

El paro comarcal, que afectaba a 20.000 personas, fue un éxito. Todo cerró, salvo las gasolineras y el Hospital de Riotinto, cuyos trabajadores se concentraron a las puertas del centro para expresar su apoyo. La concentración general, a la que acudieron entre 1.500 y 2.000 personas, se celebró en Riotinto y en ella además de Ricardo Gallego como presidente del Comité, tomaron la palabra José Lagares y Francisco Orta, secretarios provinciales de CCOO y UGT respectivamente, así como Cándido Méndez, secretario general de UGT de Andalucía.³⁷

Al día siguiente, el delegado Justo Mañas transmitió a los sindicatos que RTM aceptaba formalmente su propuesta de pagar el equivalente a la prestación por desempleo durante dos años después de la extinción de contrato, con lo que se equiparaba la situación de los regulados en el ERTE con la del resto de la plantilla. Tras constatar la disposición del delegado a aceptar el ERTE, los representantes sindicales aceptaron aquella propuesta como pre-acuerdo para someterlo a la decisión de los trabajadores, que finalmente lo aprobaron.³⁸

A finales de noviembre representantes del Comité acudieron a Madrid para presentar formalmente el Plan Esquila a la dirección de RTM. La dirección ya lo conocía, por lo que co

menzó a la ofensiva, planteando que RTM “no entraría nunca en un plan tan ruinoso como es arrancar la línea del cobre”.³⁹

El acuerdo sobre el ERTE había sido una forma de solventar transitoriamente la situación de casi cien trabajadores, con el objetivo de posibilitar una discusión más pausada sobre la disyuntiva entre Plan Albor y Plan Esquila. Pese al acuerdo, la preocupación sobre el futuro de la comarca era muy alta, como muestra el escrito pastoral que los párrocos de la Cuenca Minera leyeron el domingo 5 de diciembre en las misas llamando a “vencer el derrotismo, la insolidaridad y la desesperanza y no quedarse cruzado de brazos”.⁴⁰ A nivel sindical, las federaciones de Minería y del Metal de CCOO de Andalucía realizaron su Consejo Extraordinario de Fusión el 10 de diciembre en Riotinto para apoyar a los mineros de RTM y al Plan Esquila.⁴¹

Además de la actividad de movilización y negociación en torno al ERTE, desde el Comité se desarrolló una campaña de presentación del Plan Esquila a cuantas autoridades tuvieran que tomar decisiones al respecto o pudieran influir en el posicionamiento de las administraciones. Con la Junta de Andalucía, el encuentro de mayor nivel programado era con Jaime Montaner, consejero de Economía y Hacienda, previsto para el 15 de diciembre, que finalmente no llegó a producirse.⁴² En el caso de Julio Alba, director general de minas de la Junta, únicamente se consiguió dejar el Plan a su secretaria. Pero entre finales de noviembre y finales de diciembre el Comité pudo reunirse con el viceconsejero de Trabajo, Ramón Marrero; con el director general de minas del Gobierno central, Alberto Carbajo Sosa; con el gobernador civil y los directores provinciales de Trabajo e Industria, así como con el presidente de la Diputación de Huelva.⁴³

4. Reuniones y encierros

La Junta de Andalucía a mediados de enero de 1994 solicitó al Comité de Empresa datos de carácter técnico y económico acerca de su propuesta, dando lugar a un Estudio de Previabilidad elaborado por los técnicos del Plan Esquila que costó a los trabajadores 1.840.000 pesetas, sufragándose con aportaciones individuales de 3.000 pesetas en una recogida de fondos desarrollada entre mayo y octubre de 1994.⁴⁴

En el ámbito político, a iniciativa de Izquierda Unida, la situación de la minería en Riotinto se discutió en el Parlamento andaluz. El consejero Montaner evitó valorar tanto el Plan Esquila como el Plan Albor, señalando que ambos estaban en manos de técnicos independientes, mientras que el parlamentario de IU, Diego Valderas, apoyó el Plan Esquila como una alternativa de minería rentable socialmente. Por su parte, el PP rechazó ambos planes, definiéndolos como “películas surrealistas”, aunque sostenía que el Plan Esquila podía servir como puente

mientras se buscaban soluciones definitivas.⁴⁵ El consejero de Trabajo, Francisco Oliva, dijo que la Junta estaba estudiando la realización de un documento de síntesis entre ambos planes.

Entre finales de febrero y finales de abril la dirección de RTM y el Comité de Empresa se reunieron en cinco ocasiones para intentar acercar posturas, sin que se consiguiera ningún avance de importancia.⁴⁶ En dichas reuniones, el Comité mostró su escepticismo ante la posibilidad de que las medidas presentadas por la empresa para la diversificación económica supusieran una solución para el conjunto de los trabajadores de la mina.⁴⁷ Mientras se desarrollaban estas reuniones, Ricardo Gallego comentaba a la prensa que tenía la impresión de que la labor de presentación del Plan Esquila había conseguido neutralizar el trabajo de RTM ante las administraciones respecto al cierre.⁴⁸ La valoración realizada por Gallego coincidía con las sensaciones internas de la propia RTM, que en un principio había considerado que la Junta de Andalucía era favorable al Plan Albor, pero que desde marzo comenzó a pensar que el Gobierno andaluz no lo apoyaría sin la existencia de un consenso con los trabajadores. No obstante, una buena noticia para RTM en la primavera de 1994 fue el paulatino distanciamiento que comenzó a detectar en los alcaldes de la comarca respecto del apoyo inicial brindado al Plan Esquila.⁴⁹

En esta tesitura la Junta convocó al Comité de Empresa a una reunión con el secretario de Economía Francisco Ferraro, donde éste expuso un informe que habían encargado a la consultora Adaro, dependiente del Instituto Nacional de Industria (INI), acerca del Plan Albor y el Plan Esquila. El informe consideraba inviable el Plan Esquila, puesto que juzgaba que las inversiones a realizar habían sido minusvaloradas y que la planta hidrometalúrgica no era rentable. Aun así, Ferraro no consideraba definitivas sus conclusiones por lo que anunció reuniones entre la Junta, la empresa y los sindicatos.⁵⁰

El 12 de junio se celebraron las elecciones al Parlamento andaluz que por primera vez supusieron la pérdida de la mayoría absoluta para el PSOE. En ese mismo mes, la dirección de RTM planteó que el desmantelamiento –y consiguiente inundación- del Pozo Alfredo era necesario para explotar el gossan de esa zona y proseguir los planes extractivos hasta el cierre de 1996, si bien esta operación necesitaba la autorización de la Junta de Andalucía. Con el fin de impedirlo, ocho miembros del Comité de Empresa se encerraron en el Pozo. Julio Alba afirmó que el encierro era poco racional, señalando que la pretensión de los trabajadores era la nacionalización de las minas. Ricardo Gallego respondió que ellos nunca habían “pedido nada parecido, sino todo lo contrario, que los trabajadores se hagan cargo de la empresa con los fondos obtenidos por las indemnizaciones”.⁵¹ Una respuesta muy significativa porque el Plan Esquila sí contemplaba la participación de la Junta de Andalucía en el accionariado de la nueva empresa con un 14,3%. Es decir, la contestación a la invectiva de Julio Alba refleja que, ya en ese momento, en el Comité habían tomado nota de la actitud reticente del Gobierno andaluz y de la propuesta inicial del Plan Esquila de una empresa con participación accionarial

de trabajadores, RTM, Junta de Andalucía, Fundación Río Tinto y pequeños accionistas comarcales, se estaba pasando a plantear una empresa exclusivamente propiedad de sus trabajadores, sin que este cambio de perspectiva fuese anunciado expresamente.

Tras un encuentro de los mineros con la Junta, el Comité de Empresa dio por concluido el encierro con un acuerdo que implicaba un aplazamiento por parte del Gobierno andaluz de la decisión sobre Pozo Alfredo y la petición de un segundo informe a otra consultora acerca de los planes Esquila y Albor, que debía incluir un apartado específico acerca de la inundación del citado Pozo Alfredo. De esta forma, la tarde del 27 de junio, los ocho trabajadores salían del encierro. El Comité se felicitó por haber conseguido paralizar la inundación momentáneamente, si bien consideraba que el apoyo a la acción en la comarca –fuera de la plantilla- había sido menor del esperado.⁵²

La postura de la Junta de Andalucía de aplazar su decisión sobre Pozo Alfredo y la petición del nuevo informe no satisfizo a todos. El redactor-jefe de la edición sevillana de ABC, Álvaro Ybarra, se lamentaba de que RTM no pudiera poner en marcha de inmediato su Plan Albor, y así comenzó el principal alineamiento editorial de un medio de comunicación junto a RTM para presionar a la Junta.⁵³ Mientras el Gobierno andaluz era interino, Ybarra trasladó a la opinión pública la “honda preocupación” de la clase empresarial por la influencia que pudiera tener Izquierda Unida en la formación del nuevo Gobierno, y en este contexto situaba el encargo por la Junta del nuevo informe, decisión que entendía “inspirada seguramente por Izquierda Unida”.⁵⁴

En estos momentos Río Tinto Minera (RTM) se constituye como una sociedad holding, procediendo a la separación formal de sus diferentes actividades en varias empresas –principalmente Río Tinto Metal, para la fundición de Huelva, y Minas de Río Tinto SA.⁵⁵ La separación formal de la mina y la fundición, por primera vez en la historia de Riotinto, era la constatación jurídica de la voluntad de Freeport de orientar su negocio en España a la metalurgia, planificando el cierre minero.

En el terreno político, el 29 de julio Manuel Chaves volvía a ser investido presidente de la Junta, constituyendo un gobierno en minoría, del que ya no formaría parte el consejero de Economía, Jaime Montaner, que anunció su retirada de la política.⁵⁶ El Comité de Empresa, a través de su presidente, mostró su esperanza de encontrar más receptividad en el nuevo Gobierno, señalando que Montaner se había acercado siempre a los planteamientos de la empresa.⁵⁷

El nuevo consejero de Trabajo, Ramón Marrero, tuvo en Sevilla un encuentro con representantes del Comité, quedando con ellos en que pronto tendría lugar una reunión tripartita con presencia de la empresa.⁵⁸ Con este gesto, Marrero marcaba una diferencia con anteriores consejeros que siempre habían dejado la gestión del tema de Riotinto en manos de los segundos escalafones. Poco después, Ricardo Gallego y Miguel Romero dieron a conocer un

informe elaborado en 1981 a instancias de RTM que respaldaba la construcción de una planta hidrometalúrgica. Ybarra, principal valedor mediático de los intereses empresariales de RTM, negaba toda relevancia al documento y acusaba al Comité de tener la “aspiración oculta” de que fuera la Administración quien sostuviera económicamente la mina abierta.⁵⁹

El 13 de octubre el Gobierno andaluz expuso a RTM y al Comité de Empresa los resultados del informe de la consultora británica International Mining Consulting que desaconsejaba tanto el proyecto de planta hidrometalúrgica como el desmantelamiento e inundación del Pozo Alfredo.⁶⁰ Acorde con sus conclusiones, el consejero de Industria, Antonio Pascual, anunció que la Junta no autorizaría la inundación del Pozo Alfredo y que estaban buscando soluciones técnicas para que se pudiera explotar el gossan de sus inmediaciones sin tener que inundarlo.⁶¹ Para la dirección de RTM esta decisión supuso un gran golpe, ya que trastornaba por completo su previsión de operación minera. Sin trasladarlo a la opinión pública, RTM consideró esta decisión una muestra determinante de falta de apoyo de la Junta de Andalucía hacia sus propósitos.⁶²

La Junta acordó a finales de octubre que RTM y trabajadores, debían presentar propuestas por escrito sobre las que negociar en reuniones tripartitas. El Comité de Empresa aprobó su documento con acuerdo de CCOO y UGT.⁶³ En él defendían la cesión a los trabajadores de todos los activos de RTM en la comarca, y el establecimiento de una “economía de supervivencia”, reduciendo a la mínima expresión los costes no operativos. La propuesta difería notablemente del Plan Esquila original dado que no se planteaba la creación de una Sociedad Anónima con participación de RTM, Junta, etc. –que la habían rechazado contundentemente-, ni se mencionaba la hidrometalurgia ni los esfuerzos en diversificación. Así, después de un año desde la presentación de los planes Albor y Esquila, la realidad práctica de las reuniones tripartitas era que la dirección de RTM no mantenía las altas expectativas del Plan Albor en cuanto a diversificación y creación de empleo, lo que facilitaba que también los trabajadores hiciesen lo propio.

A finales de noviembre, la dirección de la empresa hizo un movimiento sorpresivo iniciando el trámite para el despido de 67 trabajadores que finalizaban el ERTE –iniciado en 1992 y prorrogado en 1993- y que debían incorporarse al trabajo en diciembre. La explicación de RTM fue escueta: no había trabajo para ellos. Los trabajadores organizaron una acción doble de protesta: un encierro simultáneo en las oficinas centrales de RTM en Madrid y en las dependencias del Comité de Empresa, en Riotinto. El 28 de noviembre ocho miembros del Comité, encabezados por Ricardo Gallego y Miguel Romero, entraban en la sede madrileña de RTM y anunciaban su intención de encerrarse, ante la incredulidad y la sorpresa de los directivos.⁶⁴ La medida de presión posibilitó que los encerrados se reunieran con el director financiero José Luis Gómez Quílez para analizar la situación. La dirección de la empresa pasó del estupor inicial por el encierro a un trato excepcionalmente bueno.⁶⁵ En Riotinto, más de un centenar

de trabajadores se concentraron a las puertas de la dirección.⁶⁶ Las conversaciones en Madrid dieron lugar a un preacuerdo que suponía la suspensión de los despidos y de las movilizaciones, mientras se debía iniciar un proceso de negociación más intenso. Los trabajadores aprobaron en asamblea el pre-acuerdo con un 92% de respaldo.⁶⁷

El mismo día en que se produjo el preacuerdo compareció el consejero Antonio Pascual en el Parlamento donde mantuvo “ni el Plan Albor, ni el Plan Esquila: lo mejor de ambos planes”, pero calificando de “sorpresa desagradable” los despidos que había querido efectuar RTM, y mostrándose orgulloso por haber impedido la inundación de Pozo Alfredo.⁶⁸

En lo referente a las conversaciones entre el Comité y la dirección de RTM, el último contacto de 1994 fue el 19 de diciembre. La representación del Comité volvió a insistir en que los planteamientos de la empresa no suponían una solución para el conjunto de la plantilla, y se reafirmaban en que la negociación debía hacerse sobre la base de su propuesta de que los trabajadores se hicieran cargo de la empresa. Por primera vez, la dirección de RTM manifestó que trasladarían la posición de los trabajadores a la alta dirección de Freeport McMoran, y que serían ellos en Estados Unidos quienes decidirían acerca de emprender o no una negociación que pudiera desembocar en la cesión de la mina a los trabajadores.⁶⁹

5. Operación de los seis

En enero de 1995, el director de diversificación de RTM, Rafael Salgueiro, dio una conferencia en Nerva donde defendió el Plan Albor con los argumentos habituales de la empresa, y enfatizó que desde el punto de vista de RTM se trataba de “afrontar el final de la minería de forma digna y honrosa, y no acogerse solamente a lo que diga la ley laboral”.⁷⁰ Por entonces Freeport McMoran seguía valorando qué hacer, ya que en la segunda mitad de 1994 el precio del cobre había experimentado una gran subida. RTM era firme en sus intenciones de no reabrir la minería del cobre en Riotinto, pero el aumento de los precios hizo que varias compañías se interesaran por los yacimientos. En el marco de la tendencia alcista del cobre, según el testimonio de Carlos Estévez, a finales de 1994 se rumoreaba en los círculos empresariales mineros que RTM estaba buscando vender las minas, y que como primera opción contemplaba una operación MBO (Management Buy Out), es decir, la venta a los propios directivos de la compañía en España, que estarían encabezados por Augusto Martínez.⁷¹

Con la intención de presentar una contra-oferta, a iniciativa principalmente de Carlos Estévez, se formó un grupo de seis personas, constituido por los técnicos del Plan Esquila –Plá, Estévez y Díaz Nogueira-, y otras tres personalidades: Luis Solana, miembro del PSOE, ex-presidente de Telefónica y ex-director general de RTVE; Jaime López-Quesada, directivo de Finanzauto, y uno de los antiguos propietarios de la extinta Banca López Quesada; y Pedro Bores,

empresario sevillano relacionado con Marc Rich.⁷² Con las tres personalidades citadas se pretendía mostrar solidez financiera y buenos contactos con las administraciones.⁷³

La creación de este grupo se hizo sin conocimiento de los trabajadores y de sus representantes sindicales, si bien los planteamientos técnicos eran exactamente los mismos que los del Plan Esquila: arranque de la minería del cobre y apuesta por la hidrometalurgia. Una vez ya estaba formado el grupo, Estévez informó al presidente del Comité de Empresa de la existencia de esta operación, tratándole de persuadir de que era la mejor opción para la continuidad de la minería en Riotinto, si bien Ricardo Gallego rechazó la iniciativa, manteniéndose en la línea de la propuesta del Comité referente a la mina como propiedad de sus trabajadores.⁷⁴

Estévez aprovechó un viaje a Estados Unidos para contactar con la dirección de Freeport McMoran y hacerles ver que dejarle la mina a sus directivos en España no suponía ninguna solución para Freeport, al no existir una desvinculación auténtica, por lo que cualquier problema sería achacado por los trabajadores a la propia Freeport.⁷⁵

El 10 de marzo ABC publicaba unas declaraciones de Targhetta según las cuales RTM no obstaculizaría “proyectos razonables y con posibilidades de viabilidad” en las minas de Riotinto. El periódico señalaba que la empresa negociaba con la “sociedad minera murciana La Unión”, un grupo canadiense que no identificaba y los propios trabajadores de Riotinto.⁷⁶ Esta mención es muy significativa, ya que por primera vez se exponía en la prensa que RTM contempla como opción real traspasar la mina a los trabajadores. Días más tarde el mismo periódico anunciaba que un “grupo de accionistas de la empresa Técnicas Reunidas encabezado por Fernando Plá” había retirado su propuesta de adquirir las minas. Esta nomenclatura confusa hace referencia al grupo de los seis. La información acerca de la retirada de la oferta fue confirmada por Ramón Lillo, secretario del Comité de Empresa, quien dijo que la decisión estaba motivada por la falta de acuerdo económico con RTM.⁷⁷ Tras esto, el grupo de los seis se deshizo: Solana, López-Quesada y Bores descartaban cualquier implicación en la iniciativa sindical, mientras que los técnicos del Plan Esquila estaban dispuestos a seguir colaborando con los trabajadores.⁷⁸

En términos de imagen pública, RTM no veía con buenos ojos la opción del grupo de los seis. Dejar las minas a este grupo recién creado era una solución que se correspondía muy poco con una salida de RTM de la comarca de la forma “digna y honrosa” que había defendido Rafael Salgueiro en la conferencia de Nerva.⁷⁹

6. Negociación final: rumbo hacia la sal

Una vez desechada la oferta de los seis, para la dirección de RTM la opción de traspasar la mina a los trabajadores quedó como línea de trabajo principal. Desde que la Junta decidió impedir la inundación del Pozo Alfredo, en Freeport McMoran habían interpretado que carecían de la comprensión de la administración andaluza para el desarrollo del Plan Albor y paulatinamente se había ido abriendo paso la idea de que lo mejor era negociar la propuesta sindical, teniendo en cuenta que la apuesta de los trabajadores era firme y sostenida en el tiempo, y que la situación podía derivar en unas movilizaciones duras si se materializaba el cierre.

El 4 de abril la empresa y el Comité avanzaron en la negociación en torno a las condiciones de los traslados de personal a la fundición de Huelva y las prejubilaciones, a la espera de que el acuerdo sobre la venta de la empresa se produjera en un periodo de un mes. El Comité destacó la “notable sensibilidad” que estaba teniendo la dirección de la empresa.⁸⁰ Llegados a este punto, las negociaciones se desarrollaron en Madrid entre Javier Targhetta y Ricardo Gallego, en un clima de confianza mutua.⁸¹

El 25 de abril eran las elecciones sindicales en MRT,⁸² al cumplirse un mandato que había comenzado en 1990. Ante la convocatoria electoral, la posición de UGT con respecto a la situación de la empresa era más compleja que la de CCOO. El sindicato ugetista no había participado en la génesis del Plan Esquila, que se les presentó una vez estaba diseñado, lo cual hacía que su vínculo con el Plan fuera más laxo que el de CCOO. La sección sindical de UGT hubiera preferido entrar a negociar el Plan Albor, lo que era coherente con su planteamiento sindical desde finales de los 80 de apostar fuertemente por la diversificación económica de la comarca, asumiendo el fin de la minería del cobre. Pero dada su condición de minoría en la plantilla, UGT consideró que no tenía mejor opción que respaldar el Plan Esquila. Por ello, pese a las dudas de muchos de sus componentes, UGT defendía la unidad sindical y la propuesta en favor de la propiedad de los trabajadores sobre las minas.⁸³ Con una alta participación, situada en el 85% de los trabajadores, CCOO obtuvo un 61,3% de los votos y 11 representantes, y UGT el 35,1% y 6 representantes. La nueva victoria de CCOO suponía un refuerzo a la línea que se estaba desarrollando desde el Comité de Empresa.

El 27 de abril Targhetta y Gallego alcanzaron en Madrid un preacuerdo para la compraventa de Minas de Río Tinto Sociedad Anónima que llamaron “documento de intenciones” o “documento de entendimiento”. Dos días después, el preacuerdo se presentó en una conferencia en el Club Antares de Sevilla por parte de Javier Targhetta, Ricardo Gallego, Miguel Romero y Juan Macías. Gallego anunció que, casi con total seguridad, la forma jurídica de la nueva empresa de los trabajadores sería la Sociedad Anónima Laboral. También se hizo público que

un equipo profesional externo se haría cargo de la gestión, estándose en conversaciones para ello con Plá, Estévez y Díaz Nogueira.⁸⁴

El preacuerdo permitiría el traspaso de MRT a sus trabajadores al precio simbólico de una peseta por acción, pero antes RTM fortalecería financieramente la empresa con una ampliación de capital de 3.300 millones de pesetas y el pago de las deudas aplazadas con Hacienda y la Seguridad Social, por valor de 2.411 millones. Asimismo, la empresa debería reducirse desde 620 a 390 trabajadores, mediante el traslado a la fundición de Huelva de entre 50 y 60 y la aplicación de un plan de prejubilaciones para unos 170 trabajadores. En caso de que en el momento del traspaso efectivo de las acciones a los trabajadores este plan de prejubilaciones no se hubiera efectuado, RTM se comprometía a aportar 1.000 millones para su financiación, entendiendo que era factible llegar a un entendimiento con la Junta de Andalucía para que ésta aportara otros 1.000 millones para el plan de prejubilaciones.⁸⁵

El “documento de entendimiento” contemplaba que entre la nueva MRT y Río Tinto Metal -la filial de RTM correspondiente a la fundición de Huelva- existiría un vínculo comercial por una triple vía: la compra por parte de Río Tinto Metal de la producción de cobre de Riotinto, el tratamiento por MRT de las escorias de la fundición, así como la recepción de ácidos débiles y electrolitos útiles para la obtención de cáscara de cobre.⁸⁶

Reunidos en asamblea con el único punto en el orden del día de decidir sobre la aprobación del “documento de intenciones”, una amplia mayoría de los trabajadores respaldaron la propuesta de convertirse en propietarios de las minas.⁸⁷

Cuadro 1. Votación sobre la adquisición de la mina por los trabajadores en la asamblea del 5 de mayo de 1995

Algunos alcaldes, que tenían reticencias con el traspaso de la mina a sus trabajadores, solicitaron una reunión al presidente del Gobierno, que les fue concedida y tuvo lugar el 17 de mayo. En las declaraciones públicas sobre el encuentro con Felipe González, el alcalde de Nerva se cuidó de no confrontar duramente con el preacuerdo alcanzado entre RTM y el Comité, pero sí manifestó un evidente distanciamiento al abogar por “ser cautos para no precipitarnos y no poner a los empleados en una tesitura de donde va a ser difícil retroceder”.⁸⁸ El senador Antonio García Correa, natural de la comarca, afirmó que los trabajadores no habían negociado con

los gobiernos la compra de las minas, señalando que la Administración ni conocía el proyecto ni las garantías del acuerdo, pero “si se producen problemas, será a la Administración a la que pidan dinero”.⁸⁹

En ese contexto, se hicieron evidentes dentro de la Junta de Andalucía diferentes visiones acerca del preacuerdo de trabajadores y empresa. El delegado en Huelva de Trabajo y Asuntos Sociales, Justo Mañas, afirmó que la Junta apoyaría la decisión de los trabajadores de adquirir la empresa siempre que se hiciera desde el acuerdo mutuo y para garantizar el mayor número posible de empleos, manifestando tranquilidad por la gran cantidad de asesores de todo tipo⁹⁰ que estaban trabajando en las negociaciones.⁹¹ Por el contrario, el consejero de Industria, Antonio Pascual, dijo que sólo conocía el preacuerdo por los medios de comunicación, pero que podía mejorarse, ya que no mencionaba el medio ambiente y las prejubilaciones estaban valoradas “a la baja”.⁹² Ninguna de las partes implicadas llamó la atención sobre este desacuerdo, pero era patente que en la Junta de Andalucía no había unidad de criterio.

Las elecciones municipales del 28 de mayo de 1995 se celebraron en un contexto de expectación y cambio. La coincidencia temporal del proceso electoral y la transición hacia la nueva empresa de los trabajadores hacía que la dinámica electoral se viera influenciada por lo que estaba sucediendo en el ámbito minero, principalmente en el caso de Nerva, donde el presidente del Comité de Empresa de MRT era el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía. Más allá de la tradicional vinculación de CCOO con IU/PCE y de UGT con el PSOE, la diferencia entre PSOE e IU respecto al tratamiento de la minería en Riotinto quedó reflejada en los programas electorales de Nerva, la localidad más poblada de la comarca. El PSOE contenía un escueto e impreciso “apoyo a la continuidad de la minería en aquellos proyectos que por su rentabilidad económica y/o social, resulten viables”, siendo la diversificación la propuesta fundamental. Por su parte, IU hablaba de “puerta de esperanza por la vía de la minería”, calificando el proyecto de los trabajadores de “enorme oportunidad [que] podemos perderla por la ambición de poder de algunos y el deseo de que fracase de otros”.⁹³

Izquierda Unida –fundamentalmente en Nerva- trató de situar la cuestión de la minería como un tema central de la campaña electoral, y situar la transmisión de la empresa a los trabajadores como un eje sobre el que propiciar un cambio político general en la comarca, pero este intento se saldó con una derrota. A pesar de la victoria de IU en El Campillo, el PSOE se mantenía como el partido hegemónico en la comarca, con mayorías absolutas en Nerva y Zalamea la Real, y mayoría relativa en Minas de Riotinto.

A principios de junio hubo una asamblea de trabajadores de MRT donde se expuso por parte de Fernando Plá una versión renovada del Plan Esquila, que en amplitud de objetivos era un documento intermedio entre el Plan Esquila original y la propuesta de mínimos de noviembre

de 1994.⁹⁴ El tono general de la exposición de Fernando Plá fue exageradamente optimista,⁹⁵ y contrastó con la siguiente asamblea, del 27 de junio, en la que el acento era diferente. Si en la primera Plá había focalizado la atención en la parte técnica de la explotación minera, ahora los miembros del Comité propusieron las medidas de ajuste interno para conseguir reducir costes. Estas medidas eran el incremento de dos días de trabajo al mes; la revisión trimestral del salario en función de la cotización del cobre y de los objetivos de producción alcanzados; la supresión de los autobuses; instauración de la polivalencia, es decir, la ejecución por parte de los trabajadores de tareas diferentes a las de su categoría profesional; eliminación de las ayudas escolares y subvenciones para actividades culturales y deportivas; y supresión de los ingresos que solo recibían anteriormente los técnicos superiores denominados tradicionalmente en Riotinto como “la primera nómina” y caracterizados por quedar fuera de la aplicación de los convenios colectivos (subvención para el Club Inglés de Bellavista, gastos médicos…).⁹⁶

También se abordó en la asamblea el reparto de las acciones de la empresa y la composición del Consejo de Administración. Los trabajadores en activo tendrían el 73,5% de las acciones repartidas a partes iguales; el 6,5% para trabajadores prejubilados; el 5% para los gestores; y el 15% para autocartera de la empresa, con objeto de dar acciones a los trabajadores que se pudieran incorporar en posibles ampliaciones de plantilla. Además de la decisión colectiva, que ya estaba tomada, cada minero debía decidir si asumía las acciones adquiriendo la condición de socio-trabajador.⁹⁷

En cuanto al Consejo de Administración, se fijó en 23 miembros: los 17 trabajadores del Comité de Empresa; Fernando Plá, como presidente; Carlos Estévez y Eduardo Díaz Nogueira, como gestores; Juan Macías, como representante de los prejubilados; el alcalde de Riotinto; y José Rodríguez de la Borbolla, como presidente de la Fundación Río Tinto.⁹⁸ La inclusión en el Consejo de Administración del presidente de la Fundación y del alcalde de Riotinto se planteaba públicamente como una forma de dar representación a la sociedad de la comarca, pero en realidad provenía del interés del Comité de Empresa de que hubiera una presencia directa de miembros del PSOE con la intención de que comprobaran desde dentro -y así lo trasladaran a la administración andaluza-, que la pretensión de los impulsores de la Sociedad Anónima Laboral era mantener la minería y los puestos de trabajo, y no formar una empresa con un ánimo sociopolítico de carácter “revolucionario”.⁹⁹

La fase final de la negociación no estuvo exenta de tensiones, pero se superaron y el 22 de julio se firmó en Madrid el contrato de compraventa de las acciones de Minas de Río Tinto SA. Posteriormente, más de 500 trabajadores acudieron a las oficinas de la empresa en Riotinto para rubricar el poder notarial que legitimaba la firma de sus representantes en la compraventa.¹⁰⁰ El contrato modificaba varios aspectos del preacuerdo alcanzado el 27 de abril, pero la diferencia fundamental estribaba en el aumento de la aportación de RTM en 1.000 millones,

habiendo aceptado Targhetta una petición del Comité realizada a instancias de Estévez.¹⁰¹ Así, el saneamiento de la empresa por parte de RTM ascendió a 8.000 millones -5.000 a entregar en ese momento y 3.000 en los dos próximos años-. Lo único que quedaba para cerrar la operación era el acto de transmisión efectiva de las acciones.¹⁰²

El 31 de julio, en la Casa Consejo del barrio inglés de Bellavista, se produjo el acto de transmisión. Las 657.000 acciones que en ese momento tenía MRT fueron traspasadas por una peseta cada acción. Al contrario de la firma del contrato que había sido un acto privado, este fue una proyección pública del traspaso de la mina a sus trabajadores. Junto a los mineros y colaboradores, estuvieron algunas autoridades como el gobernador civil de Huelva; sin embargo no acudió ningún alto cargo en activo de la Junta de Andalucía.¹⁰³

“Hecho histórico”, esa era la expresión más repetida ante la prensa por quienes hicieron declaraciones. Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Fundación Río Tinto, dijo que percibía en los trabajadores una ilusión renovada, recalcando que en una Cuenca Minera “explotada por gente de fuera, que extraía el beneficio y lo trasladaba a otras tierras […], después de siglos esta actividad pasa a ser controlada por los habitantes de la zona”. Por su parte, Ricardo Gallego expresó que el objetivo de los mineros era “ganar el futuro” asumiendo el liderazgo socio-económico de la comarca.¹⁰⁴

En agosto de 1995 comenzaba el camino de la sociedad laboral, cuyas expectativas no se vieron cumplidas en los años posteriores por la grave caída de los precios del cobre desatada a partir del último trimestre de 1997, cuando la crisis económica en el Sudeste Asiático redujo la demanda mundial de cobre. Los bajos precios llevaron al cierre de minas de cobre en todo el mundo a finales de la década de 1990 y comienzos de la de 2000, incluyendo a todas las de la Faja Pirítica Ibérica. La andadura de Minas de Río Tinto Sociedad Anónima Laboral finalizó en 2001 cuando la empresa dejó de estar controlada por los trabajadores convirtiéndose en Sociedad Anónima. En 2003 se produjo el cierre, que entonces se preveía definitivo, de las minas de Riotinto.

7. Conclusiones

En un contexto de regresión de la minería, y frente al planteamiento empresarial de cierre, los trabajadores de las minas de Riotinto articularon una propuesta en defensa de la continuidad de la actividad minera sobre la base de una concepción de la rentabilidad de la minería del cobre que estuviera focalizada en mantener el empleo y no en conseguir amplias ganancias. La sección sindical de CCOO, mayoritaria en el Comité de Empresa, actuó como motor de las iniciativas que los trabajadores sostuvieron entre 1993 y 1995. Si bien en la sección de UGT existía una menor identificación con el proyecto, se desarrolló una unidad de acción sindical, que permitió a la plantilla afrontar esos casi dos años de incertidumbre en mejores condiciones y ante un estado de movilización general de la comarca menos consistente que el que los sindicatos pretendían.

El Plan Esquila original, que proponían los trabajadores, preveía que estos fueran dueños de menos del 50% de las acciones de la nueva empresa planteando la mayoría para Río Tinto Minera (propiedad de Freeport McMoran), entidades financieras, Junta de Andalucía y otros accionistas menores. Una vez que Río Tinto Minera y la Junta de Andalucía expresaron con claridad su negativa a entrar como accionistas en la empresa propuesta por los trabajadores, estos pasaron a defender que debían hacerse cargo en solitario de la propiedad de la mina. Así, la Sociedad Anónima Laboral que acabó formándose en 1995 fue el resultado de la reorientación del Comité de Empresa ante la negativa de RTM y la administración andaluza de participar según los términos de la propuesta obrera original.

Con respecto a Riotinto, el propósito de Freeport McMoran tras adquirir RTM era poner fin a la minería implementando proyectos de diversificación económica (Plan Albor), y salir de la comarca en los términos más consensuados posibles tanto con los trabajadores, como con los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Las razones de Freeport McMoran para abandonar su proyecto y avenirse a negociar con los trabajadores en 1995 la cesión de las instalaciones mineras y la formación de la Sociedad Anónima Laboral, están en su percepción de que la Junta de Andalucía no les había ofrecido el apoyo que ellos esperaban para sus tesis, así como en su voluntad de evitar un conflicto laboral importante a solo 80 kilómetros de distancia de la fundición de Huelva, centro neurálgico de su interés inversor en Europa. .

La posición de la Junta de Andalucía permaneció formalmente equidistante entre el Plan Esquila de los trabajadores y el Plan Albor de RTM. No obstante, mientras Jaime Montaner fue consejero de Economía podía apreciarse de fondo una mayor cercanía a las tesis de la empresa y una práctica tendente a convencer al Comité de Empresa de la inviabilidad de sus planes. El inicio de la IV Legislatura a mediados de 1994 y la salida de Montaner del gabinete supusieron un cambio que equilibró el posicionamiento de un Gobierno andaluz que tenía diferencias internas, como se comprobó en las distintas opiniones de las consejerías ante los acuerdos finales entre empresa y trabajadores.

El único precedente historiográfico que aborda el proceso que desemboca en la formación de la Sociedad Anónima Laboral es el valioso artículo de Arenas Posadas. El hecho de que su estudio abarque un periodo amplio de medio siglo, hace que algunas cuestiones queden distorsionadas, como que presente el Plan Esquila como respaldado exclusivamente por CCOO, o que soslaye que el Plan Esquila original no contemplaba que los trabajadores fueran propietarios de la mayoría de las acciones de la empresa. No obstante, lo más relevante de las diferencias con el presente artículo es que Arenas Posadas, al centrarse en el acuerdo final que se consigue en 1995 entre Freeport McMoran y los trabajadores, traslada una idea del proceso mucho menos conflictiva de lo que reflejan las fuentes a lo largo del final de 1993 y todo el año 1994, momentos en los que Freeport McMoran defendió decididamente su Plan Albor ante la administración y los trabajadores¹⁰⁵.

Desde que RTM anunció a los trabajadores el fin de la actividad minera hasta la formación de MRT SAL, se puede realizar la siguiente periodización: una primera fase, en el último trimestre de 1993, caracterizada por la presentación de la disyuntiva en torno a los planes de empresa y trabajadores, así como por la movilización y posterior acuerdo sobre el ERTE planteado por

RTM; una segunda fase mucho más larga, que abarca hasta diciembre de 1994, en la que cada parte sostuvo sus posiciones, con la Junta de Andalucía con un rol activo como árbitro; una tercera fase, desde diciembre de 1994 a marzo de 1995, definida por la valoración de la situación por parte de la dirección de Freeport McMoran y su apertura a considerar la opción de ceder la empresa a los trabajadores en el marco de la aparición de otras posibilidades; y una cuarta fase final, entre abril y julio de 1995, marcada por la negociación directa entre empresa y trabajadores de cara a que estos se hicieran cargo de la explotación minera. En las dos últimas fases, la Junta de Andalucía tuvo un papel pasivo y expectante.

En definitiva, la perseverancia de los trabajadores de las minas de Riotinto –mostrada en reuniones y en encierros- a favor de su propuesta de un proyecto minero con rentabilidad social, el hecho de que la administración andaluza no apoyase de forma irrestricta los planteamientos de la compañía estadounidense y la voluntad de esta de salir de la comarca de una manera consensuada y no conflictiva, crearon una coyuntura que, amparada en la subida del precio del cobre producido en 1994, permitió la creación de Minas de Río Tinto Sociedad Anónima Laboral como la mayor sociedad laboral española que existió durante la segunda mitad de la década de 1990.

Fuentes

Archivo del Comité de Empresa de Minas de Río Tinto SAL (ACEMRT)

Archivo personal de Joaquín Santos Romero

Archivo personal de Rafael Salgueiro López

Archivo de la Asamblea Local de Izquierda Unida de Nerva

ABC de Sevilla

Huelva Información

La Voz de Huelva

El País

Entrevistas realizadas por el autor a Ricardo Gallego Pajares (Nerva, 24-7-2019 y 30-7-2019), Fernando Plá Ortiz de Urbina (Madrid, 18-2-2020), Carlos Estévez Ruiz de Castañeda (Madrid, 21-2-2020), Joaquín Santos Romero (Nerva, 26-2-2019), Rafael Salgueiro López (Sevilla, 5-3-2020), Manuel Santos Romero (Nerva, 7-7-2019), José Macías González (Minas de Riotinto, 3-12-2019), Miguel Ángel Rodríguez García (El Campillo, 2-2-2020), Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias Bohorques (Madrid, 17-2-2020) y Rafael Varea Nieto (Sevilla, 15-1-2020).

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Referencias

Arenas Posadas, C., 2000. Empresa, mercados, mina y mineros. Río Tinto (1873-1936). Universidad de Huelva, Huelva.

~ , 2017. “Riotinto: el declive de un mito minero (1954-2003)”, Revista de historia industrial (69), pp. 109-142.

Avery, D., 1985. Nunca en el cumpleaños de la reina Victoria: historia de las minas de Río Tinto. Labor, Barcelona.

Baena Sánchez, F., 2011. Una revolución de papel. Prensa y cultura obrera en la colonia británica de las minas de Riotinto (1913-1920). Centro de Estudios Andaluces, Sevilla.

Collado Aguilar, M.A., 2018. La Guerra Civil y la represión franquista en la Cuenca Minera de Riotinto, Tesis doctoral. Universidad de Huelva.

Colomer, A., 2018. “SALTUV: la primera Sociedad Anónima Laboral”, en Fajardo García, G. (dir.): Participación de los trabajadores en la empresa y sociedades laborales. Tirant lo Blanch.

Escalera, J. y Ruiz Ballesteros, E., 1997. “Minería, democracia industrial, poder político y desarrollo local en Riotinto”, Antropología: revista de pensamiento antropológico y estudios etnográficos (13), pp. 77-102.

~ , 2002. “Antropologia i relacions sociolaborals. IAP per al canvi cultural en una empresa d’economia social: Minas de Río Tinto SAL”, Revista d’etnologia de Catalunya (20), pp. 82-91.

Escalera, J., Valcuende, J.M. y Ruiz Ballesteros, E., 1995. Poner fin a la historia: desactivación de la minería y crisis social en la cuenca minera de Riotinto. Instituto de Desarrollo Regional, Sevilla.

Ferrero Blanco, M.D., 1994. Capitalismo minero y resistencia rural en el suroeste andaluz: Río Tinto 1873-1900. Diputación de Huelva, Huelva.

~ , 2000. Un modelo de minería contemporánea: Huelva, del colonialismo a la mundialización. Universidad de Huelva, Huelva.

Galán García, A., 2006. “Siniestralidad laboral en Río Tinto, 1913-1954” en Pérez de Perceval Verde, M.A., López-Morell, M.A. y Sánchez Rodríguez, A. (eds.): Minería y desarrollo económico en España. Síntesis, Madrid.

Gallego Pajares, R. y Ruiz Ballesteros E., 1996. “Minas de Río Tinto Sociedad Anónima Laboral: un modelo alternativo para la reactivación de la minería onubense”, Trabajo: revista andaluza de relaciones laborales (1), pp. 35-45.

Gómez Mendoza, A., 1994. El “Gibraltar económico”: Franco y Riotinto 1936-1954. Río Tinto Minera, Madrid.

Leith, D., 2003. The politics of power: Freeport in Suharto’s Indonesia. University of Hawaii, Honolulu.

Orza Linares, R., 2010. “Los gobiernos del PSOE (1982-1996): la consolidación de UGT Andalucía” en Olarte Encabo, S. (dir.): La movilización como instrumento sindical para el cambio. Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, Córdoba.

Ruiz Ballesteros, E., 1998. Minería y poder: antropología política en Riotinto. Diputación de Huelva, Huelva.

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Alejandro Santos Silva. Licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, realizó el Master de Estudios Históricos Comparados en la misma universidad. Publicó el artículo “El papel del Partido del Trabajo de España en la lucha por la autonomía de Andalucía” -resultante de su trabajo fin de master-, y ha realizado sendas comunicaciones a congresos sobre la política municipal de la Organización Revolucionaria de Trabajadores y sobre el proceso de gestación de las manifestaciones andaluzas por la autonomía del 4 de diciembre de 1977, esta última junto al antropólogo Ernesto Martínez Fernández. Ha contado con una beca de la Diputación Provincial de Cádiz para el estudio de la represión franquista en Vejer de la Frontera y actualmente realiza una tesis doctoral sobre la minería en Riotinto en la década entre 1993 y 2003.

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Fecha de recepción: 28/04/2022

Fecha de aceptación: 28/10/2022

ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2022.15.12

ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2022.15.12

Revista catalana d’història 15 (2022), 232-256

ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2022.15.12

Revista catalana d’història 15 (2022), 232-256

ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2022.15.12

Revista catalana d’història 15 (2022), 232-256

ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2022.15.12

Revista catalana d’història 15 (2022), 232-256

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A favor	272	83,4%
En contra	34	10,4%
En blanco	20	6,1%
Fuente: La Voz de Huelva, 6-5-1995

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Plan Albor (1993)	Plan Esquila (1993)	Propuestas de mínimos del Comité de Empresa (1994)	Propuesta del grupo de los seis (1994- 1995)	Versión renovada del Plan Esquila (1995)
Cierre de mina	✓
Reapertura de la explotación del cobre	✓	✓	✓	✓
Hidrometalurgia para complejos polimetálicos	✓	✓	✓
Desarrollo alternativo a la minería. Diversificación económica.	✓
Diversificación económica complementaria a la minería	✓
Traspaso a una nueva empresa formada por trabajadores. RTM. entidades finacieras, Junta de Andalucía y otros accionistas	✓
Traspaso a los trabajadores	✓	✓
Traspaso a grupo de empresarios españoles y técnicos del Plan Esquila	✓
Elaboración propia

Cuadro 2. Resumen de los distintos planes e iniciativas

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