Ana Carol Solis
CIFFyH-UNC
Córdoba, Argentina carol.solis@unc.edu.ar https://orcid.org/0009-0000-9916-1864
Resumen
A más de cuatro décadas del inicio, en 1976, de la última dictadura y a dos de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina, la disponibili- dad creciente de archivos de la represión permite cotejar los propios modos en que se informaba la denominada “lucha contra la subversión”. Esta exploración parte de la consulta de los archivos resguardados en el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, bajo la serie Memorándums de la delegación local de la Policía Fe- deral Argentina. El artículo se interroga por cómo se informaba puertas adentro la lucha antisubversiva, cuáles eran los tópicos, modalidades, frecuencias y contenidos de la acción informada por la inteligencia federal y sus aportes a la historia de la represión, a partir de los Memorandos Reservados producidos entre septiembre de 1975 y diciembre de 1976. El artículo demuestra que la fuente aporta a identificar temporalidades y modalidades de la represión, avanzar en una caracterización del proceso de conversión de un/a detenido/a en subversivo/a, establecer las recur- rencias en el perfilado de los denominados “subversivos” y caracterizar la propia lectura y valoración que de acontecimientos clave tenía la fuerza.
Palabras clave: Policía Federal, memorandos, dictadura, historia de la represión, Argentina
Fecha de recepción: 23/06/2023 Fecha de aceptación: 19/09/2023
ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2023.16.7
Resum
Passo a informar. Història de la repressió des dels Memoràndums de la Policía Federal, Delegación Córdoba en dictadura i la seva avantsala. (l'Argentina, 1975-1976)
A més de quatre dècades de l’inici, el 1976, de l’última dictadura i a dues de la reobertura dels judicis per delictes de lesa humanitat a l’Argentina, la disponibilitat creixent d’arxius de la repressió permet acarar les pròpies maneres en què s’infor- mava de l’anomenada “lluita contra la subversió”. Aquesta exploració parteix de la consulta dels arxius de l’Arxiu Provincial de la Memòria de Córdoba, sota la sèrie Memoràndums de la delegació local de la Policia Federal Argentina. L’article es planteja com s’informava portes endins de la lluita antisubversiva, quins eren els tòpics, modalitats, freqüències i continguts de l’acció de la qual informava la intel·ligència federal i les seves aportacions a la història de la repressió, a partir dels Memoràndums Reservats produïts entre setembre de 1975 i desembre de 1976. L’article demostra que la font permet identificar temporalitats i modalitats de la re- pressió, avançar en una caracterització del procés de conversió d’un/a detingut/da en subversiu/va, establir les recurrències en el perfilat dels anomenats “subversius” i caracteritzar la pròpia lectura i valoració que d’esdeveniments clau tenia la força. Paraules clau: Policia Federal, memoràndums, dictadura, història de la repressió,
Argentina
Abstract
Here is my report. History of repression from the Memorandums written by the Federal Police Córdoba Delegation during the dictatorship and its prelude. (Argentina, 1975-1976) More than four decades after the beginning of the last dictatorship, which star-
ted in 1976, and two after the reopening of trials for crimes against humanity in Argentina, the increasing availability of files on the repression makes it possible to collate the very ways in which the so-called “fight against subversion” made their own reports.This investigation starts from searching in the files stored in the Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, in the series Memorandums of the local delegation of the Argentine Federal Police. The paper enquires about how the anti-subversive struggle was internally reported, characteristics, topics, moda- lity, frequency and contents of the action reported by federal intelligence and its contributions to the history of repression, based on the Reserved Memorandums written between September 1975 and December 1976. The paper shows how the source contributes to identify temporalities and modalities of repression, to cha- racterize the process of converting a detainee into a subversive, to establish recur- rences in the profiling of the so-called “subversivos”, and to characterize the own perception and assessment of events to force had.
Keywords: Federal Police, memorandums, dictatorship, history of repression, Ar- gentina
§
Introducción
¿Cómo se informaba “puertas adentro” la lucha contra la subversión? ¿Cuáles eran los tópicos, modalidades, frecuencias y contenidos de la acción que informaba la inteligencia de la Po- licía Federal Argentina desde su Delegación Córdoba? ¿Que nos dice sobre la marcha de la represión y las resistencias? Además de informar, ¿qué rol le cupo a esta fuerza en particular en el esquema represivo? El artículo presenta resultados de una investigación mayor basada en la exploración con archivos de la represión resguardados en el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba1 (Argentina), en particular de la serie Memorándums de la Dirección General de Informaciones de la Policía Federal Argentina, Delegación Córdoba (en adelante pf-dc), que forma parte del corpus documental de esa fuerza en poder de la Justicia Federal y que fue- ron digitalizados para su resguardo.2 A más de cuatro décadas del inicio de la última dictadura militar en 1976 y a casi dos de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina, la disponibilidad creciente de estos archivos producto de la institucionalización de las políticas de memoria nos permite conocer los propios modos en los que se informaba la denominada “lucha contra la subversión”. En primer lugar, es preciso aclarar que otras investi- gaciones de colegas se han centrado en la historia de la represión interrogándose por el lugar de la policía provincial3 o incluso de revisar estos mismos documentos desde una preocupa- ción diferente.4 En nuestro caso, al historizar la cuestión de los derechos humanos y sostener que esta se vincula directamente con el ciclo de politización y radicalización previo, así como con la historia de la represión local y regional, esta documentación nos lleva a preguntarnos por cómo informaban, en su propia matriz de justificación ideológica y de legitimación, de la marcha de la denominada “lucha antisubversiva”.
Los avances producidos desde la historia reciente argentina5 tienen en la temática específica de la historia de la represión una de las líneas más vigorosas.6 Numerosas obras de síntesis han avanzado en caracterizar la represión, inscribirla en un continuum más amplio, identificar las diferentes agencias y su vertebración dentro de un plan sistemático de represión política, a la vez que han contribuido a especificar el accionar represivo en diferentes zonas del país. Sin embargo, es llamativa la escasa producción de la provincia de Córdoba en términos compara- tivos con otras localizaciones argentinas, incluso su menor presencia en obras de síntesis. Los trabajos que abordan la última dictadura militar a escala local, si bien se han producido avances relevantes —principalmente de estudios renovados en historia—,7 son notables por su menor
1 Un agradecimiento especial a la licenciada Victoria Chabrando por posibilitar el trabajo con las fuentes en el apm.
2 Una versión preliminar se expuso en el V Coloquio Internacional Lenguajes de la Memoria y el IV Congreso de Literatu- ra y Derechos Humanos, unc, 2022. La investigación se financia con un subsidio de secyt unc a equipos de investigación.
3 Paiaro, M. (2016). Exhibir el terror. El Comando Libertadores de América: Entre el asesinato político y la restauración de la honra. En Solis, A.C. y Ponza, P. (Comps.). (2016). Córdoba a 40 años del golpe: Estudios de la dictadura en clave local. Editorial de la Secretaría de Ciencia y Técnica, Facultad de Filosofía y Humanidades (unc), 107-124.
4 Ortiz analiza memorandos y radiogramas para referir la inclusión de la temática fabril y obrera en las actuaciones de la Comunidad Informativa entre 1976 y 1982. Ortiz, L. (2022). Entre la resistencia a la dictadura y la normalización sindical. El terrorismo de Estado en fiat Argentina. En Crenzel, E. y Robertini, C. (Eds.). Historia y memoria de la represión contra los traba- jadores en Argentina: Consentimiento, oposición y vida cotidiana (1974-1983). Peter Lang.
5 Águila, G. et al. (Comps.). (2018). La historia reciente en Argentina: Balances de una historiografía pionera en América Latina. Imago Mundi.
6 Águila, G. y Alonso, L. (Coords.). (2013). Procesos represivos y actitudes sociales: Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur. Prometeo Libro; Águila, G., Garaño, S. y Scatizza, P. (Coords.). (2020). La represión como política de Estado: Estudios sobre la violencia estatal en el siglo xx. Imago Mundi;Águila, G. (2023). Historia de la última dictadura militar:Argentina, 1976-1983. Siglo xxi.
7 Investigaciones individuales y resultados colectivos en: Philp, M. (2009). Memoria y política en la historia argentina reciente: Una lectura desde Córdoba. Publicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba; Romano, S. (Comp.). (2013). Historias recientes de Córdoba: Política y derechos humanos en la segunda mitad del siglo xx. Editorial Filosofía y Humanidades (unc); Paiaro, M. (2013).
densidad, la relativa fragmentación de los objetos o referencias a la represión dentro de otros objetos principales, y quizás por cierta falta de sistematización de las investigaciones locales en relación con lo conocido y disponible respecto de otros espacios y circuitos represivos a escala nacional.8 De igual modo, ello contrasta con la consolidación de políticas de la memoria loca- les que, al menos desde 2006 con la sanción de la Ley de Memoria Provincial,9 ha cristalizado en la creación de la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria (en adelante apm), el reconocimiento de excentros clandestinos como Espacios de Memoria y la conformación de redes intraprovinciales, entre otros logros que se suman a la sustanciación de trece juicios ya concluidos por delitos de lesa humanidad en la Justicia Federal de Córdoba. Pese a una apuesta fuerte por la renovación temática, los estudios locales siguen concentrando mayores esfuerzos en las décadas anteriores y posteriores a la última dictadura, siendo los años setenta y ochenta más densamente abarcados que los años dictatoriales. En algún momento, esta desigualdad se ligó con la falta o fragmentariedad de las fuentes disponibles, además de una por entonces muy incipiente tradición a historiar con fuentes orales y fuentes no oficiales como los archivos personales. En contraposición a ese momento, en la actualidad hay una abundancia de fuentes, con colecciones completas o parciales, resguardadas principalmente en el apm pero también en organizaciones intermedias, colecciones personales y fondos administrativos institucionales que requieren de mayor exploración y análisis. Además de las condiciones para la investiga- ción académica es de resaltar que, junto con el desarrollo de la historia reciente, la concreción de los juicios10 y la consolidación de las políticas de la memoria11 han permitido avanzar, con distintos ritmos, en el conocimiento de la estructura represiva y de las responsabilidades para sancionar los castigos y acometer las reparaciones. En ese proceso histórico, el involucramiento de las organizaciones del Movimiento de Derechos Humanos12 que han permanecido con
La forma legal de lo ilegal: La legislación represiva nacional y su incidencia en la provincia de Córdoba (1973-1976). PolHis. Revista de Historia Política (12), 99-117. En la producción de nuestro equipo de investigación: Solis, A.C. y Ponza, P. (Comps.). (2016). Córdoba a 40 años del golpe: Estudios de la dictadura en clave local. Editorial Secretaría de Ciencia y Técnica, Facultad de Filosofía y Humanidades (unc); Inchauspe, L. y Solis, A.C. (2019). Los estudiantes comprendieron la misión de la Universidad: el docente, de enseñar, ellos de aprender. La unc de la intervención a la dictadura: políticas de ingreso y disciplinamiento. En Abratte, J.P. y Roitenburg, S. (Comps.). Hacia los 100 años de la Reforma de 18: Discursos y efectos del reformismo en la historia de la educación, la cultura y la política argentina. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, 143-180; Solis, A.C. (2020). La Perla y la historia reciente de Córdoba. Huellas, fragmentos y acciones para hacer visible lo oculto. En Nanni, S. (Coord.). Memoria y Derechos Humanos: El desafío pedagógico: Miradas desde la sociología, la historia reciente y la literatura infantojuvenil. Nova Delphi Libri; Solis, A.C. (Comp.). (2021). Palimpsesto: Militancias, dictaduras y derechos humanos. Colecciones del ciffyh, Facultad de Filosofía y Humanidades (unc). Se referencian solo los trabajos historiográficos, dejando de lado otras producciones como las propias del campo antropológico local o periodístico, entre las más abundantes.
8 La excepción proviene del campo de la antropología local con los estudios de Lucía Ríos referidos a las prácticas en torno a la muerte de enemigos subversivos. Ríos, L. (2018). Esbozo etnográfico en torno a la escritura sobre cadáveres en 1975-1976. Avá (32), 153-170.
9 El 22 de marzo de 2006 la Legislatura Provincial de Córdoba aprobó por unanimidad la Ley de la Memoria, que estableció la
creación y funcionamiento de la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria en el edificio donde funcionó el Departamento de Informaciones 2 dependiente de la Policía de Córdoba. La Ley Provincial n.º 9286 se puso en vigencia el 21 de abril de 2006.
10 Luego de una breve etapa transicional que juzgó a los excomandantes en jefe integrantes de las Juntas Militares dictatoriales en 1985, diversas leyes limitaron el camino de la justicia en Argentina. Recién a comienzos del siglo xxi se retomaron los juicios con condena, una vez desmontadas las denominadas “leyes de impunidad” y los indultos otorgados por el expresidente Carlos Menem.
11 En sentido general, con “políticas de memoria” se refiere a las políticas públicas orientadas al tratamiento institucional de las demandas de memoria, verdad y justicia. Dentro de ellas se incluyen el juzgamiento a los responsables, las políticas de re- paración, la conversión de excentros clandestinos de detención en Espacios para la Memoria, así como las labores destinadas a la consolidación del Nunca Más y a la formación intergeneracional en valores democráticos y derechos humanos, entre otras.
12 Sobre la historia de las organizaciones que conformaron el movimiento de derechos humanos en Córdoba, véase Solis,
A.C. (2014). De las comisiones a los organismos en Córdoba: Derechos humanos, dictadura y democratización. En Kotler, R. (Coord.). En el país del sí me acuerdo: Los orígenes nacionales y transnacionales del movimiento de derechos humanos en Argentina, de la dictadura a la transición. Imago Mundi y Red Latinoamericana de Historia Oral, 129-156; Solis, A.C. (2012). La cuestión de los derechos humanos: De la posdictadura a la democracia excluyente (Córdoba, 1989-2002). En Gordillo, M., Arriaga, A.E.,
mayor durabilidad en la provincia fue conformando una red de actores viejos y nuevos en el sostenimiento de ese proceso entrelazado de memoria, verdad y justicia que, en las últimas dé- cadas, implicó asumir el desafío de ser parte de la institucionalidad estatal al diseñar y ejecutar políticas públicas.
Ahora bien, ¿por qué centrar en Córdoba esta reflexión? La provincia de Córdoba es una de las más importantes de Argentina. Una provincia mediterránea, tradicionalmente estratégica en la conexión interna entre la sección más litoral o atlántica del país y la región norte y oeste, tuvo en la segunda mitad del siglo xx un rápido crecimiento en su ciudad capital, también llamada Córdoba, que se caracterizó por un rápido proceso de industrialización y un aumento considerable de su matrícula universitaria. Fue por ello una provincia protagónica en el ciclo de radicalización política y de movilización social que caracterizó a los años de la década de 1960 y primeros de la siguiente, siendo particularmente relevante la acción de su sindicalismo combativo y del clasismo, más la fuerte presencia y desarrollo temprano de organizaciones político-militares, junto con diversas formas de radicalización obrera, religiosa, estudiantil y barrial que tuvieron, además, un importante protagonismo de mujeres. Con una fuerte partici- pación en el ciclo de protesta de entre décadas y conocida por acciones significativas de lucha como el Cordobazo de 1969 y el Viborazo de 1971, Córdoba ciudad fue también escenario anticipado de la represión. Desde el aumento de la prisión política para modelar el conflicto sociopolítico hasta los consejos de guerra a dirigentes sindicales destacados, ya en tiempos de la autodenominada Revolución Argentina iniciada con el golpe de Estado de 1966 la ciudad sufrió los intentos de desarticulación de sus sectores más radicalizados y movilizados. En 1973 se produjo la llegada del peronismo al poder provincial, en sintonía con lo ocurrido a escala nacional, una vez levantada la proscripción de su partido, que se había mantenido desde el golpe de 1955. Lo distintivo a escala provincial fue que en 1974, y producto de la disputa en- tre diferentes sectores al interior del peronismo, un golpe policial destituyó a las autoridades provinciales constitucionales, hecho que se conoció como el Navarrazo,13 y desde entonces se mantuvo intervenido el Poder Ejecutivo provincial, hasta el momento de un nuevo golpe de Estado, producido el 24 de marzo de 1976. Esta breve historización es precisa para situar las características del adelantamiento represivo que se vivió en la provincia y en la ciudad, hecho que fue favorecido por la territorialidad de las fuerzas represivas, con un creciente protagonis- mo del Ejército en articulación con otras fuerzas armadas y de seguridad. Ese adelantamiento represivo incluyó diferentes modalidades legales e ilegales, una progresiva militarización y un fuerte disciplinamiento laboral, en particular en esferas estatales de gestión provincial o nacio- nal. Lo ocurrido no fue exclusivo de esta provincia, y se corresponde con la noción de ciertas continuidades represivas, al igual que otros estudios que indagaron la reformulación de las políticas bajo otros momentos, incluso en el tercer gobierno peronista, marcado por cambios en la legislación, el aumento de penas o la especificación de delitos,14 además de una creciente denuncia pública del avance desmovilizador.
Franco, M.J., Medina, L., Natalucci, A., Solis, A.C. La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo. Ferreyra Editor, 307-352.
13 Golpe policial contra las autoridades del Gobierno provincial elegidas constitucionalmente en 1973. Se denomina Navar- razo por referencia al apellido del jefe policial, Navarro.
14 Franco, M. (2012). Un enemigo para la Nación: Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976. Fondo de Cultura Económica.
Respecto de su problematización, es preciso iniciar este derrotero desde la pregunta por el papel de las policías en la represión dictatorial argentina. Como señala Águila, haciendo un balance en 2018 de las producción sobre el tema:
En esta dirección, los balances o estados de la cuestión disponibles abundan sobre el impacto del terrorismo de Estado sobre las fuerzas de seguridad y las policías, señalan la centralidad de la problemática en las políticas estatales y en los estudios académicos a partir de la transición democrática, exploran las continuidades y la persistencia hasta la actualidad de dispositivos y prácticas instalados en los años dictatoriales y en la militarización de las fuerzas de seguridad, sin dar cuenta de que carecemos de estudios en profundidad sobre las policías en el período que se extiende entre fines de los años 60 y principios de los 80.15
Esa constatación de la historiadora es aún mayor en ciertas provincias, donde los estudios de la represión son todavía incipientes. Para Águila, la dominancia en la agenda sobre la repre- sión dictatorial de los estudios abocados a la centralidad de las Fuerzas Armadas ha limitado conocer el rol que asumieron las policías en varios aspectos que hacen desde lo normativo, ideológico, modalidades y tipos de involucramiento con otras agencias. Plantea, por lo anterior, cuatro cuestiones a tener en cuenta a la hora de estudiar policías: 1) el problema de la militari- zación, 2) la articulación entre rutina y novedad en el ejercicio de la represión, 3) el modo en que la policía se implicó en la “lucha antisubversiva” y 4) el problema de la territorialidad de la represión.16 Tomando esta agenda como desafío, el presente artículo procura contribuir en estas líneas de entrada, al especificar las potencialidades de esta fuente para dilucidar algunas de estas cuatro relevantes cuestiones, en particular el rol de esta policía en la represión y los aportes de sus memorandos a la historia de la represión. A su vez, coincidimos con las postulaciones que, si bien reconocen la excepcionalidad de la represión dictatorial, la inscriben en prácticas de larga data mostrando, por ejemplo, que la calificación de “enemigo interno” se fue conno- tando de diversos modos y que, para ciertos sujetos, la exposición a la violencia represiva ha sido una constante.17 En este sentido, el estado de la cuestión realizado por Agustina Kresic18 es por demás relevante, pues incluye las actuaciones policiales dentro de una periodización más larga, atravesando diferentes regímenes políticos y distinguiendo —de manera acertada— el involucramiento institucional de las fuerzas policiales en otras acciones en las que se partici- pó de modo no institucional, como fue la integración de algunos de sus miembros a grupos paraestatales, particularmente en la antesala del golpe de 1976. De igual modo, veremos que ambas dimensiones de actuación suelen estar presentes en los análisis.
15 Águila, G. (2018). Policías, represión y “lucha antisubversiva”: Exploraciones sobre el rol de las policías en el accionar represi- vo de los años 70 en Argentina. Folia Histórica del Nordeste (32), 124.
16 Ibid.
17 Lvovich, D. (2020). La violencia dictatorial y la violencia estatal de largo plazo en el Cono Sur de América Latina: Entre lo excepcional y lo habitual. História: Questões & Debates (68:1), 85-108.
18 Kresic, A. (2020). El aparato represivo en su capilaridad: las policías. Balance crítico y aportes desde la historia reciente.
Historia Regional (42), 1-12.
La Policía Federal en la historia de la represión
Definida en la actualidad como una fuerza de seguridad del Estado y como auxiliar de la justicia, dependiente del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal es de larga data en la Ar- gentina y su denominación se impuso a la anterior Policía del Estado en 1945, dando cuenta de su alcance territorial nacional. Por ello, una parte de su acción se liga con los denominados “territorios nacionales”, aquellos de más reciente apropiación en la consolidación del Estado Nacional que cristalizaron una jurisdiccionalidad anterior a su provincialización, ocurrida con el peronismo histórico. Respecto de antecedentes directamente vinculados a la actuación de la Policía Federal, la tesis doctoral de Ariel Eidelman19 historiza las agencias represivas del Estado; su primer capítulo es minucioso en la conformación de la Policía de Ciudad —luego devenida en Policía Federal— y sus transformaciones, dentro de una meticulosa reconstrucción de las agencias represivas y de inteligencia militar y del Estado, en una mirada de mediana duración de las acciones, fundamentos doctrinarios y lógicas organizacionales que cubren desde inici- os del siglo xx hasta los primeros años sesenta. Más recientemente, hay investigaciones que han contribuido a especificar su compromiso y responsabilidad con la denominada “lucha antisubversiva”. De las investigaciones que constituyen antecedentes específicos, recuperamos el trabajo de Pablo Scatizza en el que aborda la Delegación Neuquén de la Policía Federal Argentina desde “la tensión entre la sistematicidad que caracterizó al dispositivo represor du- rante la última dictadura militar y sus años previos, y los diferentes niveles de autonomía que adquirieron determinadas agencias represivas que lo constituyeron”.20 Con un minucioso tra- bajo de fuentes, el historiador demuestra cómo desde 1975 se fue configurando un entramado represivo en torno a las tareas de inteligencia, donde la Delegación de la Policía Federal fue central al articularse con otros componentes del dispositivo represor. Asimismo, entiende que la autonomía relativa de esta fuerza policial respecto de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, se expresó en las tareas propias de inteligencia que realizaba antes y después del golpe, las vinculaciones con fuerzas de represión legales y paralegales y en su tradición jurisdicción sobre ciertos delitos federales ligados a juventud, drogas y subversión. Con su trabajo como disparador, surge el interrogante respecto de otros espacios donde no había el antecedente histórico del rol de esta fuerza en los denominados “territorios nacionales” se desarrolló un sentido de autonomía similar al planteado por Scatizza para Neuquén, y en particular para Córdoba, donde tradicionalmente el Ejército ha tenido un peso territorial mayor. ¿Cuánto de sistematicidad y autonomía hubo en Córdoba en las diferentes fuerzas represivas articuladas? El interrogante excede los objetivos del artículo pero no deja de ser sugerente. Por su parte, Eva Muzzopapa analiza las transformaciones de las policías provinciales, e historiza algunas deconstrucciones, dando cuenta de los vínculos que en los diferentes territorios tuvieron con otras fuerzas de seguridad o armadas.21
Desde una preocupación diferente, anclada en la construcción sociohistórica del problema de la seguridad, según Hathazy una primera transformación se dio hacia 1978 —que podría- mos referenciar aún con la pretensión refundacional de la dictadura—, pero será recién hacia 1981-1982 que se advierte un cambio institucional de envergadura respecto de cómo se en-
19 Eidelman, A. (2010). El desarrollo de los aparatos represivos durante la “Revolución Argentina”, 1966-1973. [Tesis de docto- rado, uba]. http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1412.
20 Scatizza, P. (2017).Autonomía y sistematicidad del dispositivo represor. La Policía Federal en Neuquén (1975-1978). Páginas (21), 155.
21 Muzzopapa, E. (2017). Militarización sin militares. Cuadernos de Marte. Revista Latinoamericana de Sociología de la Guerra (13), 55-86.
tendía la seguridad fuera de la dimensión represiva ligada a la lucha antisubversiva. De todos modos, para nuestro trabajo, nos interesa su caracterización del momento anterior, el propia- mente dictatorial:
[...] durante la dictadura la noción de “seguridad interior” se enmarcaba en la lucha contra la “subversión” y la violencia política liderada por militares.A nivel adminis- trativo y político, desde 1978, todavía bajo un régimen de secreto, en el Ministerio del Interior, se crea en la Secretaría del Interior la “Dirección General de Segu- ridad Interior” —que reemplaza a la de “Asuntos Policiales”— a cargo de dirigir, coordinar, armar, reglamentar y formar a la Policía Federal, policías provinciales y territoriales, además de entender en “los derechos individuales de personas afecta- das por la lucha contra subversión”,“la seguridad física y jurídica de las personas”, “en personas por Estado de Sitio”, en “redes de comunicaciones” y “asesorar en cuestiones orgánico funcionales de las policías” (Decreto “S” 325, 14 de febrero de 1978, Anexo II, pp. 18-19).22
Esa nueva inscripción institucional ocurrió después de los años que trabajamos. Para 1975 y 1976, en los documentos producidos por la pf-dc, el destinatario de sus informes propios o pedidos es la Dirección de Interior (en la figura de su director), que, entendemos, era de quien dependía. Pese a estos antecedentes reseñados, en los estudios desde Córdoba, la delegación de la Policía Federal Argentina no se ha constituido aún en objeto de estudio en ninguno de sus periodos de actuación.
Córdoba en la historia de la represión
Dentro de la historia argentina, si bien ocurrió un adelantamiento represivo en Córdoba desde el Navarrazo, recién en el último tercio de 1975 y comienzos de 1976 hubo claros signos de cambio en el patrón represivo. En la provincia de Córdoba funcionaba la sede del Comando del III Cuerpo de Ejército, que controló la represión en diez provincias argentinas del centro y nororeste, a cargo del general Menéndez desde septiembre de 1975. La red represiva montada, que adquirió toda su sistematicidad y coherencia después del golpe ocurrido el 24 de marzo de 1976, tuvo como epicentro al Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren, que concentraba toda la información, procesaba el trabajo de inteligencia y participaba en la co- ordinación de las acciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la llamada “Comunidad Informativa de Inteligencia”. La red articulaba los centros clandestinos La Perla con Campo de La Ribera, el D2, dependencias policiales, militares, penitenciarias y de gobierno.23 En concre- to, en la ciudad de Córdoba y su inmediato hinterland, donde se ubicó La Perla, encontramos los siguientes puntos y funciones en la red y trama represiva.A partir de la tarea realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la información disponible en el Registro Úni-
22 Hathazy, P. (2021). Las emergencias de la seguridad democrática en Argentina. Problematizaciones públicas y políticas de seguridad en la posdictadura (1982-1992). Desarrollo Económico (vol. 61, n.º 234), 177. https://ojs.ides.org.ar/index.php/desar- rollo-economico/article/view/168/57.
23 Información disponible en el sitio oficial de los espacios de Córdoba, http://www.apm.gov.ar/?q=lp/1-la-perla-centro-clandesti- no-de-detenci%C3%B3n-tortura-y-exterminio (consulta: 2-9-2019).
co de Víctimas del Terrorismo de Estado (en adelante ruvte)24 existe una sistematización para mapear la represión. Dicha sistematización producida distingue entre Centros Clandestinos de Detención (ccd) y Puntos de Apoyo (pa). Dentro de los centros clandestinos principales, en la ciudad de Córdoba funcionaron Campo de la Ribera25 y el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D-2),26 convertidos hoy en sendos espacios de memoria. El primero estaba bajo autoridad del Ejército y con funcionalidad previa de prisión militar; el segundo de- pendió de la órbita de la policía provincial. La importancia de la policía en la represión local se afirma por integrarse al registro de ccd y pa a la Jefatura Policial,27 la Alcaldía de Córdoba, seis comisarías, la delegación Córdoba de la Policía Federal y la Guardia de Infantería de la Policía provincial.28 Junto con esta red territorial policial se encuentran los sitios dependientes de las fuerzas armadas: además de Campo La Ribera, el Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren, dependiente del Ejército,29 el Comando de Brigada de Infantería Aerotransportada IV30 (en una localidad aledaña, camino a La Calera) y la Escuela de Aviación Militar dependi- ente de la Fuerza Aérea.31 Junto con estas dependencias, en la ciudad funcionaron otros lugares de detención clandestina, aunque con menor envergadura, en agencias estatales como la Mu- nicipalidad, algunas escuelas o sedes ministeriales. A ello se sumó una red de puntos de apoyo en la que destacan los puntos sanitarios, que incluyeron al Hospital Militar Córdoba y Sanidad Policial. El primero de ellos ha sido señalado, además, como lugar de partos clandestinos.
La red represiva se completó con el lugar de las cárceles locales en el dispositivo represivo, que en la época eran tres: Unidad Penal 1 o Penitenciaria de Barrio San Martín, la Unidad Penal 2 o Cárcel de Encausados y la Unidad Penal 5 del Buen Pastor, que era un penal de mujeres.32 Ahora bien, el esquema represivo excedió la ciudad capital, siendo particularmente importante la zona aledaña que se extiende por el oeste y el norte. De este hinterland destaca el predio de La Perla. Ubicado sobre la Ruta Nacional n.º 20 en el ejido de la localidad de Malagueño del departamento Santa María, este excentro de detención clandestina, tortura y exterminio (cdctye) fue conocido también como la Universidad o “Arriba”, por su funci- onamiento integrado a un predio menor denominado La Perla Chica, La Perlita, Escuelita, Perla Vieja o Malagueño, ubicado del otro lado de la ruta mencionada.33 La Perla dependió del Ejército y allí funcionaron luego las dependencias del Arma Brigada de Caballería Aerotrans- portada.34 En el momento de su mayor producción represiva, este sitio y la vasta red descripta estuvieron bajo la autoridad militar del Comando del III Cuerpo de Ejército.
24 La versión consultada es la que estuvo disponible hasta el final del gobierno de C. Kirchner en la página de la sdh Nación. Consta de dos tomos, ordenados alfabéticamente.
25 En la zona ribereña del río Suquía, al este de la ciudad.
26 Ubicado en el centro, en proximidades de la plaza San Martín, que es la principal del casco histórico urbano. Con posterio- ridad esta agencia represiva fue trasladada a cercanías de la plaza Colón y luego a barrio Güemes.
27 Se indica como locación el periodo en que esta funcionó en las instalaciones del Cabildo, en plaza San Martín.
28 Emplazada en el centro de la ciudad.
29 En el parque Sarmiento, hoy sede de la Universidad Provincial. Fue señalizado en el año 2014.
30 Ubicado en zona oeste, camino a la localidad de La Calera. Allí funcionaba una Unidad de Comando, Área 311.
31 Al oeste capitalino, camino a Carlos Paz.
32 Ninguno de los tres penales funciona como tal en la actualidad. Desde la llegada del peronismo al poder de la provincia en 1999, las cárceles de la ciudad fueron trasladadas fuera del ejido capitalino y se crearon nuevos penales en el interior provincial.
33 Este sitio se habría encontrado en la entrada de la mencionada localidad y funcionó en momentos articulado con La Perla.
34 La Perla fue señalizada en el año 2007 según la Ley n.º 26691 de Sitios de Memoria y abierta al público el 10 de diciembre de 2009. Hoy es un Espacio de Memoria y promoción a los derechos humanos.
La Policía Federal en Córdoba
¿Cuál fue el rol de la Policía Federal en un espacio que no había sido un territorio nacional previamente? ¿Cómo participó en la represión dictatorial y en la previa a esta? Hasta ahora la referencia más difundida han sido las menciones a esta fuerza policial federal en las sentencias de los juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados en la Justicia Federal de Córdoba en el presente siglo. En los juicios se han usado los memorandos para dar cuenta de lo informado en las reuniones de la Comunidad Informativa, con el propósito de demostrar la coordinación de las diferentes agencias represivas en el territorio, aunque también algunos debates o puntos de fricción entre fuerzas. En segundo lugar, se han usado estos memos para demostrar el arma- do de versiones oficiales de ciertos hechos represivos. En particular, las muertes en enfrentami- entos que luego se demostró que fueron fraguados, ejemplificadas en imputaciones relativas al accionar del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia. Otras referencias puntu- ales se encuentran en fallos relativos a los asesinatos de presas y presos políticos, en su mayoría detenidos con anterioridad al golpe, que fueron presentados oficialmente como víctimas de enfrentamientos (que resultaron fraguados) o de (falsos) intentos de fuga. En estos últimos casos, la justicia ha demostrado que tales asesinatos ocurrieron con la modalidad de “operati- vos ventilador”, es decir, acciones represivas en que los/as prisionero/as fueron sacados/as del penal, ejecutados/as y comunicados/as como muertes producidas en respuesta a su accionar subversivo, mediante la difusión pública de comunicados oficiales que construían una versión falsa de la causa y condiciones de sus muertes. Una tercera mención a esta policía se encuentra en una causa juzgada con anterioridad a este ciclo de justicia, contra la reconocida integrante de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba, Sonia Torres.35 En efecto, en 1998 una nota perio- dística publicada en el diario La Voz del Interior a la abuela Sonia sobre la desaparición de su hija
—que había sido estudiante de la Escuela Manuel Belgrano— motivó la denuncia por injurias del propio Tránsito Rigatuso, conocido implicado en la formulación de listas de estudiantes en la antesala del golpe. En dicha sentencia, absolutoria para la querellada, quedó demostrado que la Policía Federal intervino en varias ocasiones citando a estudiantes y a padres para incidir correctivamente en el supuesto proceso de indisciplina que vivía el colegio preuniversitario. Estas citaciones incluyeron amedrentamientos explícitos. Si bien el eje del debate judicial giró en torno a las menciones a la participación de Rigatuso en la confección o distribución de listas de estudiantes que luego fueron desaparecida/os, las recurrencias a la mención de esta fuerza sugiere que la injerencia de la Policía Federal puede asociarse con la jurisdicción nacional del colegio preuniversitario, pues incluso después del golpe hay territorios y agencias similares donde intervino esta policía. En síntesis, este rastreo por su uso judicial demuestra su inclusión en las tareas represivas pre y posgolpe, aunque son aún huellas fragmentarias.
A diferencia del uso judicial, el artículo se basa en la consulta y sistematización parcial (1975- 1976) de los Memorandos Reservados de la dgi de la pf-dc. Junto con los memorandos deno- minados “radiogramas”,36 ambos son parte de la colección Policía Federal del apm. Los memo-
35 Juzgado Correccional de 3.ª nominación de Córdoba sentencia número: veintiocho Córdoba, trece de agosto de dos mil dos “torres sonia o torres de parodi sonia p.s.a. de Injurias y Calumnias” (Causa Letra “T”, n.º 7/99). En dicho juicio los que- rellantes fueron el doctor Tránsito Rigatuso y su apoderado, doctor Mariano Arbonés. Esta sentencia fue publicada en la prensa e incluida en la obra de 2004 Los niños desaparecidos y la Justicia: Algunos fallos y resoluciones (tomo III). Abuelas de Plaza de Mayo. 36 Tecnología para enviar información. El radiograma es un documento en el que se asienta el comunicado enviado por radio (o eventualmente por teléfono).
randos reservados (conservados en biblioratos con orden cronológico descendiente) incluyen informaciones propias y otras que llegaban al servicio, siendo la más frecuente el levantamiento de información producida en radiogramas o la síntesis de reuniones en las que la pf participaba. En efecto, los Memorandos Reservados contienen más que la información resumida de los radiogramas, pues pareciera tratarse de un subconjunto de comunicación institucional donde se contestan pedidos, se elevan informes y se intercambia o se recepta información de otras agencias o niveles. Estos memorandos son de carácter reservado, es decir, destinados a circular internamente en la fuerza o entre fuerzas, y en su mayoría son de elevación a las autoridades propias de las que dependía el servicio a escala nacional. En algunos casos puntuales los memo- randos llevan un sello superior de secreto, anticipando la confidencialidad del asunto tratado.37 Dentro de esta carpeta se incluyen los memorandos de las reuniones de la denominada Comu- nidad Informativa,38 y datos que confirman la socialización en estas reuniones de los informes por zona y subzona,39 algunas informaciones coyunturales de probables hipótesis de conflicto o de información diagnóstica en lo referido al ámbito subversivo, gremial, estudiantil y econó- mico, y llamativamente menos en lo político partidario o religioso; lo que hace presumir que no eran visibilizados como ámbitos especialmente conflictivos. En total, para la confección de este artículo se relevaron cerca de seiscientos folios digitalizados que van desde septiembre de 1975 hasta diciembre de 1976.40 Con respecto al tratamiento discursivo, se aclara que los térmi- nos incluidos corresponden a los usos dados en los documentos; palabras como “subversivos”, “delincuentes”, “detenidos”, entre otras, surgen todas ellas de la propia documentación y se consignan de ese modo sin utilizar encomillados textuales en cada caso a fin de resguardar la inteligibilidad del artículo.
El rol de la Policía Federal Delegación Córdoba
En base a los memorandos reservados producidos desde septiembre de 1975 hasta fines de 1976, la fuente no permite por sí misma hacer una historia de esta policía en represión, aunque sí reconstruir indicios de algunas de las tareas que desempeñó. En primer lugar, la pf-dc parti- cipó sistemática y activamente en las reuniones de la Comunidad Informativa. Generalmente desarrolladas en el predio militar del comando del III Cuerpo, las presidía un alto mando del Ejército e incluyeron en calidad de miembros fijos a representantes —en su mayoría los titu- lares— de: Servicio de Inteligencia de la Aeronáutica (sia), Servicio de Inteligencia del Estado (side), Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia (D2), el jefe de Inteligen- cia de la Agrupación Escuela de Aviación, Destacamento de Inteligencia del Batallón 141 del Ejército, Secretaría de Seguridad de la Provincia de Córdoba y el representante de la oficina
37 Contienen desde informaciones descriptivas —informes de autoridades provinciales, respuestas a solicitudes de datos sobre personas específicas o copias de la solicitud de pase a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a determinados presos y pres- as— hasta el detalle del seguimiento de la visita de los delegados de Amnesty que llegaron a la ciudad en noviembre de 1976.
38 De este subconjunto lo preservado es igualmente dispar; en ocasiones, la toma de notas es breve y formal, y en otras es más desplegado, incluyendo informes parciales. No se encontró hasta el momento referencias escritas directas a la metodología clandestina de la represión ni mención de los centros clandestinos.
39 En principio había reuniones con los titulares, y más ocasionalmente estas incluyeron a los referentes de las subzonas que traían novedades del interior provincial, una vez consumado el golpe de Estado, como demostraremos.
40 En cuanto al estado de la colección, en general las digitalizaciones son visibles, pero el estado original de los documentos no siempre es óptimo; en ocasiones tiene líneas o bordes cortados, pueden faltar folios o la copia resguardada no resulta legible.
técnica de la pf-dc.41 Es decir, que participó de la articulación represiva en la centralización de información. Su actuación no era solo de articulación informativa sino también en términos operacionales. En efecto, la segunda huella es la conformación de un Grupo Interrogador de Detenidos que actuaría en la Penitenciaría de Encausados (Penal de Barrio San Martín) bajo la dependencia de la Jefatura del Área 311 del Ejército; además de interrogar, al parecer este grupo se encargaría de centralizar la totalidad de los procedimientos “antisubversivos” y analizar la información disponible. En esa ocasión, y dado el previsible cúmulo de trabajo que tendrían, se instó a la colaboración de las fuerzas, constando que la pf-dc aportaría los suboficiales.42 En tercer lugar, hacia mediados de 1976, a través de un memo de la reunión de la Comunidad Informativa, y con motivo de deliberar sobre una posible acción subversiva en gestación, se informaba que dentro de las medidas a tomar se incrementarían a) las tareas de identificación de activistas y de centralización de la información de inteligencia y b) las tareas de vigilancia en los establecimientos educativos a fin de evitar la infiltración en las casas de estudio.43 Aquí sur- gieron algunas novedades. La primera fue que la Policía Federal asumió su responsabilidad en “la detección de activistas en los organismos nacionales” asentados en la provincia. La segunda fue que se destinó a soldados conscriptos, a quienes se les daría la baja adelantada, para actuar como infiltrados en la universidad, a razón de dos por cada facultad, con el objetivo de evitar la captación de estudiantes por parte de las organizaciones. Asimismo, se solicitaba apoyo a la Fuerza Aérea para realizar igual tarea en las fábricas, sin mayores precisiones sobre la modalidad o cantidad de personal afectado.
Estos primeros indicios muestran que la articulación de inteligencia y operativa implicó en la provincia la dirección del Comando del III Cuerpo del Ejército, con un rol igualmente destacado de la Jefatura de la IV Brigada de Infantería, y con la participación activa de las fuerzas armadas y de seguridad con presencia territorial, entre ellas la Policía Federal Delega- ción Córdoba. Se incluyó además, en la Comunidad Informativa, a un funcionario del área de seguridad del Gobierno provincial, único ámbito de gestión estatal que no era una fuerza. En base a lo anterior, las fuentes documentales contienen mayor información sobre la por ellos denominada “lucha contra la subversión” que sobre la actuación especial de la pf. La primera utilidad de los memorandos es que permiten adelantar una primera periodización, que, si bien coincide con cortes institucionales, esclarece las tareas que se realizaron en la etapa pregolpe de las que se realizaron después del 24 de marzo de 1976.
41 En varias reuniones, cuando se indica quién participa de la pf-dc se menciona “y un representante por la Oficina Técnica”. Según Scatizza (2017), esta oficina se ocupaba de la Inteligencia.
42 Archivo Provincial de la Memoria. Córdoba. Fondo: Policía Federal Argentina. Delegación Córdoba. Serie: Memorandos. Carpeta: Memorandos reservados (en adelante citado como Memorandos). Memorandos, dgi, cd.“r”, 10 y 12 de diciembre de 1975. Las tareas consistían en organizar la recepción, clasificación, identificación, interrogatorio y explotación de documentos. En la sentencia de la causa Videla, que trató sobre los presos y presas políticas asesinadas de la Unidad Penitenciaria 1, se toma la conformación de este primer grupo interrogador como un hito en el proceso de construcción de una modalidad represiva que combinaba elementos legales e ilegales, entre otras, por la conformación heterogénea de sus integrantes.Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º 1 de Córdoba (2010). “videla Jorge Rafael y otros, p.ss.aa Imposición de tormentos agravados, Ho- micidio calificado, Imposición de tormentos seguidos de muerte, Encubrimiento” (Expte. n.º 172/09) y “menéndez, Luciano Benjamín y otros p.ss.aa. Privación ilegítima de la libertad agravada, Imposición de tormentos agravados” (Expte. M-13/09), protocolizado n.º 63/2010 [Jaime Díaz Gavier (presidente), Carlos Lascano; José Pérez Villalobo y Carlos Ochoa], 357 y ss.
43 Memorandos, dgi, cd.“r”, n.º 107, del 22 de junio de 1976.
La marcha de la represión. Ordenando la llegada
Es conocido que, en la historia de la represión local, el año 1974 constituye un hito porque, una vez producido el Navarrazo y hasta el golpe, el ritmo y la intensidad de la represión se re- crudecieron. Ello ocurrió de la mano de la acción estatal de la Policía provincial, pero también de la violencia paralegal y paraestatal que podía o no contener esa fuerza, y que sumaba otros actores en el proceso de persecución y ataque a los sectores combativos, fueran estos de la iz- quierda peronista o marxista y de otros grupos radicalizados. Paiaro identificó ese cambio con la combinación de formas de represión legales e ilegales, además de analizar que algunas accio- nes tuvieron un claro sentido pedagógico de disciplinamiento mediante la difusión del terror al conjunto de la sociedad.44 En nuestros estudios previos, vimos cómo entonces comienzan a modificarse la represión y las respuestas sociales a la violencia estatal y paraestatal, lo que se intensificará en el segundo semestre de 1975. Esto ha sido luego ratificado por los juicios por delitos de lesa humanidad realizados en Córdoba, donde en varios de ellos se han incorporado casos del periodo predictatorial, desde 1974 hasta la antesala del golpe.
Por otra parte, en el debate general, cada vez hay más consenso en tomar el año 1975 como hito demarcatorio en el inicio de un cambio significativo en la política represiva, principal- mente porque entonces se fijó la estrategia de exterminio clandestino que luego se aplicaría de modo generalizado y sistemático una vez consumado el golpe de Estado. En Córdoba, a las detenciones y allanamientos se agregaron los secuestros, las desapariciones transitorias y las permanentes, la aparición de personas asesinadas y el incremento de las denuncias públicas sobre la escalada represiva.
Ahora bien, ¿cómo se lee en la fuente consultada este cambio en el patrón represivo, que es deudor de la progresiva centralización y hegemonía del actor militar en coordinación con las otras fuerzas que operaban en el territorio? Entre septiembre y diciembre de 1975, la dinámica principal observable en los memorándums es la que denominamos “de un apresurado ordena- miento”, en particular de la situación de los numerosos presos y presas que se encontraban en diferentes situaciones legales y alojados en lugares diversos. Es clara cierta urgencia por dejar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (en adelante pen) a quienes se consideró “peligrosos” y no tenían procesamiento judicial. Este apresuramiento reconocía de manera explícita como causa la preocupación manifestada en reuniones de la Comunidad Informativa respecto a que varios presos políticos que eran “subversivos” no se encontraban aún a disposición del pen, por lo que podían ser puestos en libertad por la acción de la justicia.45 Ello no es menor: la diferencia entre la represión pre y posgolpe muestra la importancia de controlar el Estado en todos sus niveles y poderes, y a la vez que en la etapa anterior todavía había alguna autonomía o al menos no coordinación entre diferentes poderes del Estado.
Al mismo tiempo, dentro de este ordenamiento de las tareas burocratizadas de tratamiento a los prisioneros se produjo una regularización de las reuniones de la Comunidad Informativa desde septiembre y una sistemática tarea de informar a los superiores respecto de lo aconte- cido en materia de lucha contra la subversión en Córdoba, al menos desde la pf-dc. En las reuniones de la Comunidad se delineaba la ejecución de las acciones generales pero también se analizaron caso por caso la situación de los presos a disposición del pen, lo que llevó en oc-
44 Paiaro, M. (2016). Exhibir el terror… Op. cit., 107-124.
45 Memorando, dgi, cd. del 10 de diciembre de 1975 informando la reunión de la Comunidad Informativa.
tubre a plantear la necesidad de reuniones semanales, los días miércoles a las diez de la mañana. Esa tarea de centralización explica, además, la conformación del primer grupo interrogador mencionado en el punto anterior.
Desde una mirada de síntesis, se observan las siguientes tendencias entre septiembre y di- ciembre de 1975:
Estandarización progresiva de las prácticas represivas, que incluía la elevación semanal de resúmenes de los procedimientos realizados mediante la confección de un cuadro de síntesis con el siguiente formato, aunque no se encuentran todas las fichas, en ocasiones solo la nota de alzada.46
Elevación de listados de personas detenidas de las que se pide o se informa su pase a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (pen). En la mayoría de los casos estas listas incluyen el nombre de la persona completo, datos de su ocupación, mención a poseer antecedentes, adscripción política atribuida, hechos endilgados y alguna caracterización sobre peligrosidad, vínculo comprobado o probable con otras personas u organizaciones, aclaraciones de otras acciones en las que habría participado, etc.
Elevación de listados de personas detenidas informando la situación procesal, causa y juez interviniente. En ellos, junto con la filiación se refieren las leyes o ilícitos que ha- bría cometido, el juzgado donde está radicada la causa, la adscripción política atribuida y otras informaciones, como una descripción de quién lo detuvo o dónde se encuentra apresado/a, y ocasionalmente los vínculos familiares o políticos con otras personas. En varios casos hemos observado que las personas que están en la lista de Procesados apare- cen luego en el listado de personas que pasan a disposición del pen.
Esta caracterización sumaria de los contenidos observables nos permite visualizar el afán por sistematizar información y la situación procesal de las personas detenidas legalmente. Cabe recor- dar que en Córdoba, hacia fines de diciembre de 1975, ya se habría establecido el funcionamien- to de La Ribera como centro clandestino dependiente del Ejército, en el predio de la antigua prisión militar. De todos modos, la utilización de la sede policial provincial del D2 como lugar legal e ilegal de detención o secuestro, y muchas veces antesala de su pase a una prisión legal, también ha sido comprobada por la justicia para la etapa pregolpe. En síntesis, entendemos que la información resguardada en los memorandos para esta etapa muestra la aún escasa centralización de información y la multiplicidad de agencias represivas que actuaron en el territorio, al igual que la significativa importancia que la centralización de facto operada por la militarización de la represión produjo, con la consecuente sistematización de sus modalidades.
A inicios de 1976, en las reuniones de la Comunidad Informativa se incluyeron balances diagnósticos y se fue estandarizando la referencia a diferentes ámbitos: fabril, estudiantil, polí- tico, gremial y subversivo. Se destaca que los ámbitos político y religioso, a veces incorporados, no resultan los más frecuentes, mostrando que ambos no constituían una real amenaza para las fuerzas represivas. De igual modo, es posible advertir cierta obsesión con epec47 por la im- portancia de su gremio y quizás por su rol estratégico. Asimismo, la relevancia dada al campo
46 Los cuadros de doble entrada sistematizan, de manera cuantitativa, las siguientes categorías de relevamiento: Procedimientos, total, resultados positivos y negativos; Detenidos, totales, por identificar, procesados y prófugos; Secuestro de armas, largas y cortas, explosivos y mechas, municiones, y Secuestro de panfletos, bibliografía, prendas militares, planos y documentación.
47 Empresa Provincial de Energía de Córdoba, conocida por el liderazgo combativo de su sindicato Luz y Fuerza, con refe- rentes como Agustín Tosco, uno de los protagonistas del Cordobazo.
gremial obedece a que era factible ser “captada por la subversión” junto con la relevancia del campo intelectual “y Tercer Mundo”.48
En enero de 1976, coincidente con el Operativo Moncholos,49 se respondieron informes solicitados a la fuerza sobre las diferentes vertientes y ámbitos de actuación del peronismo. La pf-dc elevó informes de los denominados Partidos Neoperonistas en Córdoba.50 De igual modo, se informaron listados de autoridades del secretariado de la cgt Regional Córdoba y de las 62 organizaciones peronistas, respondiendo a una solicitud.51 Como se observa, el foco de interés operaba no solo sobre el peronismo más radicalizado, sino también sobre sus conduc- ciones sindicales más relevantes, aunque a esa altura ya estaban en manos de los sectores más ortodoxos de dicha fuerza política.
Ese mismo mes, y como consecuencia de la ola de secuestros causada por el operativo repre- sivo clandestino, los memorandos contienen un informe de panorama actual con especifica- ciones sobre las acciones de repudio generadas por el aumento de los secuestros. Es interesante notar que, además de informar algunas disidencias internas en el Gobierno de la intervención federal de la provincia, se señala que desde el mismo Gobierno se habría promovido una marcha del silencio en solidaridad con los familiares de los desaparecidos, pero que luego fue desautorizada al conocerse la adhesión a ella de sectores de extrema izquierda, por lo cual el Gobierno la reemplazó por una reunión multisectorial con invitaciones especiales.52
Luego de este convulsionado mes de enero las informaciones son menores. Como datos importantes se informa la asunción del entonces coronel Juan Bautista Sasiaiñ al Comando de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, del Ejército, quien tendría muchas veces el lugar de presidir las reuniones de la Comunidad Informativa en los meses posteriores. La segunda noticia destacable es el informe de una nota periodística aparecida en un diario local, Los Prin- cipios, sobre las causas de la exoneración del extitular de la pf-dc. En el informe se especifica que la nota relata la exoneración del extitular Carlos Luis Granatta por dar documentación a personas implicadas en la subversión, junto con otro subcomisario exonerado por no denun- ciar la irregularidad y la cesantía a dos principales; denuncia esta que se basó en declaraciones de un expolicía federal dado de baja en 1973. El informe no desmiente ni discute lo publicado, simplemente informa que no van a contestar para no abrir un diálogo inconveniente y que se trató del diario de menor tirada, con solo diez mil ejemplares.53 La respuesta es propia de una organización que hace del secreto su poder fundamental; el hecho de ser expuesta públi- camente la fuerza policial como colaboradora con el enemigo es ignorado para minimizar su efecto.
48 Denominación utilizada para referir a los militantes y religiosos enrolados en el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo. Expresiones de Menéndez en reunión de Comunidad Informativa. Memorandos, dgi, cd. n.º 1,“r”, 4 de enero de 1976.
49 Operativo represivo clandestino contra más de cuarenta víctimas, principalmente del peronismo revolucionario. Moncho- los fue un apodo para referir a los militantes de la organización Montoneros. Se realizaron tandas de secuestros diarios con modalidades comunes, que fueron tapa de los principales diarios; el operativo, cuya autoría se desconocía, generó una ola de repudios y movilizaciones que fueron prohibidas por el Gobierno de la intervención.
50 Se informó que en 1975 se había formado el Partido Peronista Auténtico y su titular. Se detalla que la fuerza partidaria había sido proscripta y que en Córdoba actuaban el Peronismo de Base, Descamisados y el Frente Revolucionario Peronista, que no poseían reconocimiento partidario, además de elevar la integración de las fuerzas locales componentes del frejuli.
51 Memorandos, dgi, cd. n.º 4 “r”, 10 de enero de 1976, y dgi, cd. n.º 5 “r”, 19 de enero de 1976 .
52 El documento está inconcluso, falta un folio. Estimamos que se trata de un memorando fechado el 23 de enero de 1976 por su crítica documental interna y que responde a un pedido de información.
53 Memorandos, dgi, cd. n.º 18 “r”, 23 de febrero de 1976.
En resumen, en la etapa pregolpe se evidencia el avance en una sistematización de la situa- ción legal de los detenidos y en una mayor coordinación y subordinación progresiva de las fuerzas represivas bajo el liderazgo del Ejército, aunque aún con una fuerte carga de ensayo y error. En efecto, el enorme repudio social que generó la ola de secuestros de enero de 1976, en lugar de disciplinar y amedrentar, hizo estallar la escasa legitimidad de un Gobierno de intervención que se mostraba inoperante y subsumido al creciente poder de facto de las fuerzas represivas y en particular del poder militar local. Las reacciones fueron tan masivas y hetero- géneas ante la ola de secuestros que hasta una parte del centro comercial hizo una protesta con cierre de negocios por el secuestro de dos hermanas, hijas de una reconocida familia de comerciantes de la plaza cordobesa. Incluso se conformó y comenzó a actuar públicamente una Comisión Provisoria de Familiares de Secuestrados que exigía la aparición con vida de las personas secuestradas y convocó a una infructuosa marcha del silencio.
En busca de la normalidad perdida
¿Qué cambió en 1976, después del golpe del 24 de marzo? En marzo, en la inmediata an- tesala del golpe, hay pocas novedades en las informaciones salvo el recambio de la autoridad policial. En efecto, se produjeron la renuncia del jefe de Policía, su reemplazo transitorio por el subjefe y, una semana después, la asunción del teniente coronel Benjamín Adolfo Rivas Sanabria como jefe de la Policía de la provincia de Córdoba. Lo llamativo es que, al mismo tiempo, se lo nombró secretario de Seguridad de la provincia, apenas días antes del golpe.54
Es notable que en los Memorandos reservados de la Policía Federal no se informó del golpe de Estado, como si fuese una noticia que no revistió de novedad. Las informaciones alusivas a esta nueva ruptura del orden constitucional se limitaron a elevar la nómina de las nuevas auto- ridades provinciales55 y a sopesar las reacciones en la sociedad cordobesa. Un informe reservado de fines de marzo de 1976 trasunta una lectura de bastante normalidad; solo se mencionaron unos volantes del Partido Comunista Marxista Leninista llamando a una huelga general contra la dictadura y a la resistencia popular, leído este como “el primer síntoma de resistencia”. Se incluyeron informaciones sobre la Mesa de Gremios en Lucha y sectores combativos gremia- les, así como listados de personas detenidas y sus lugares de alojamiento, todas ellas en las cinco cárceles legales distribuidas entre la capital y dos localidades del interior provincial.56 Dentro de las deudas, se informó que aún no se habían podido establecer las identidades de personajes políticos de renombre nacional que hubieran incurrido en delitos económicos o ideológicos, ni identificar a quienes pasaron a la clandestinidad o buscaban fugarse.57
Abril es el mes de mayores novedades; entre ellas, la primera reunión de la Comunidad In- formativa después del golpe. Esta se centró en las futuras actividades de inteligencia del Área 311 y de la subárea 3111, que incluía la ciudad capital y sus alrededores. Allí se informó que las
54 Memorandos, dgi, cd. n.º 19 y 20 “r”, 10 de marzo de 1976 y 16 de marzo de 1976, respectivamente.
55 Se lista al interventor militar en reemplazo del gobernador, tres ministros (de Economía, Gobierno y Bienestar Social), cinco secretarios (de Coordinación y Programación,Técnico de Estado; Privado del Interventor, de Estado de Seguridad y de Estado Institucional, más el Comisionado Municipal de la Ciudad de Córdoba). Estas autoridades asumieron el mismo 24 de marzo.
56 La lista pareciera contener a personas detenidas desde el día del golpe.
57 Memorandos, dgi, cd. n.º 4 “r”, 30 de marzo de 1976. A los pocos días se eleva otro informe respecto a los antecedentes de cinco sacerdotes de orientación tercermundista, muy conocidos en la plaza cordobesa.
tareas de inteligencia tendrían un planeamiento centralizado y una ejecución descentraliza- da, dosificando los esfuerzos de reunión y de las actividades, diagnosticando la necesidad de acrecentar los recursos para estas tareas que se consideraban aún precarios. Se destacan las de- finiciones respecto de los “blancos”, como se designó a los destinatarios de la acción represiva; incluyeron las reuniones periódicas, el procesamiento de los blancos y su selección, la eleva- ción de los blancos seleccionados a la central de inteligencia, los mecanismos de detención y la realización de la inteligencia primaria sobre los blancos detenidos. El lenguaje eufemístico utilizado no da cuenta de que la mayor parte de la acción represiva era clandestina e ilegal, por ejemplo que las detenciones eran en su mayoría secuestros realizados por patotas, como se llamó a los grupos de tareas, y que la información primaria se conseguía en general mediante la tortura y los apremios ilegales. El informe de esta reunión orientada a acordar la implementa- ción del plan represivo en la faceta de inteligencia contiene despliegues puntuales sobre cómo circularía la información internamente entre las diferentes agencias, la modalidad y frecuencia de las reuniones de los encargados de inteligencia,58 la prioridad del acopio de información para la “debida” inteligencia, así como el tratamiento urgente para la selección y procesamien- to de los blancos. En relación con las actuaciones, es decir, el paso a la acción de apresar a los blancos identificados, se definió realizar la consulta previa al Comando del Área, y si no se trataba de casos de urgencia “los blancos deben ser reservados” hasta su debido tratamiento en la reunión semanal. Se insiste en no operar sin el chequeo previo con los demás organismos y en que los blancos deberán “ser concretados operativamente” por elementos ociosos de las Fuerzas Armadas. ¿A qué se llamó “elementos ociosos”? No lo sabemos, pero claramente mos- traba una jerarquización de las tareas entre los integrantes de las diferentes agencias represivas. Es notable que junto a esas definiciones de orden práctico se incluyó una argumentación explícita respecto de la causa por la que no se publicarían listas de detenidos “a consideración de” (o “en poder de”, deberíamos leer) las Fuerzas Armadas. El argumento fue igualmente operativo; se señaló que, una vez considerada cada situación personal en la reunión de la Co- munidad Informativa, algunas personas podrían recuperar la libertad. Sobre el destino de los que no tuvieran esa salida, se indicó la posible organización de consejos de guerra y el some- timiento a juicio de los detenidos, su inclusión a disposición del pen o la determinación del confinamiento en un lugar específico del país; un periplo incompleto sin ninguna mención a los centros clandestinos ni a la muerte clandestina, principal destino de las/los secuestradas/os en dictadura. Se discutió, además, cómo resolver las responsabilidades según las posibilidades de cada fuerza (ámbito, jurisdicción) y se adelantó el temario de las siguientes reuniones respec- to de la fijación del enemigo, la valoración de su capacidad y vulnerabilidad en relación con blancos pertenecientes a Montoneros, erp/prt, Poder Obrero, Juventud Guevarista y ciertas actividades gremiales, estudiantiles y área de gobierno, mostrando en quiénes corporizó la in-
teligencia a sus enemigos principales.59
Lo anterior viene a confirmar que, una vez tomado el poder, el diseño operativo y la cen- tralización de la represión adquirieron carácter sistemático, y si bien ello no es novedad en el concierto de los estudios nacionales, aporta a distinguir las especificidades que tomó en una provincia con una alta proporción obrera, estudiantil y de militancias revolucionarias en la eta-
58 Semanales dentro del Área 311 y quincenales con el resto de las subáreas.
59 Memorandos, dgi, cd. n.º 34 “r”, 7 de abril de 1976.
pa previa. Esa centralización, dirigida por el Ejército, operó igualmente desde el comando de la zona hacia las subzonas, con una determinante prioridad del espacio capitalino y su hinterland, en correspondencia con la distribución espacial de los potenciales enemigos.
Una de las cuestiones que también permitió el control posgolpe tiene que ver con otro tipo de capilaridad del poder, referida a las actitudes sociales de colaboración. En la reunión semanal siguiente se volvieron a acordar pautas de funcionamiento y especificaciones sobre el enemigo subversivo. Dentro de las primeras se advierte la importancia dada a los colaboradores u hombres propios en quienes “confiar”. En relación con este punto se tematizó el problema de la pérdida de hombres ubicados en el aparato administrativo, haciendo referencia a la im- portancia de consultar debidamente antes de la aplicación de la ley de prescindibilidad60 en la esfera pública provincial. Sea que se trató de colaboradores civiles o de miembros de fuerzas in- filtrados, el tema muestra la capilaridad de personas que trabajaban informando a los servicios. En igual sentido, mostrando su férreo interés en controlar a los agentes públicos, se establecíó someter los nombres de futuros designados a la Comunidad Informativa y se compartieron listas de gente “en quien confiar” que no están incluidas en el informe secreto.61 Respecto de la identificación y procesamientos de los blancos represivos, se estableció que los blancos recibidos serían retenidos hasta la reunión semanal y la necesidad de chequearlos; si se debía actuar de inmediato, debía consultarse a nivel horizontal con dos o tres organismos y proceder a ordenar la captura si había certeza. Por lo que vemos, como en la reunión anterior, pareciera haber necesidad de controlar la acción represiva, quizás para contrarrestar alguna tendencia a la acción descoordinada propia de la competencia entre fuerzas o más llanamente por falta de profesionalismo. Respecto del universo de los blancos, en base a un informe del Destacamento de Inteligencia 14162 se ratificó su equivalencia con integrantes de Montoneros, erp-prt, Poder Obrero, Juventud Guevarista y activistas estudiantiles, gremiales y de gobierno. Esto se rela- ciona con un pedido de mayores datos de inteligencia para detectar a los activistas, motivado por el gran número de personas detenidas de las que no se poseía información suficiente. Si bien no se identifica si se trata de detenidos legales o de personas secuestradas, el dato indicaría que, de muchas personas, no tenían certeza respecto de su compromiso político con algunas de las identidades que corporizaban al enemigo subversivo. Sobre las actuaciones, los blancos serían provistos por distintos organismos debiendo informar prontamente su trabajo. Los blan- cos ya suministrados fueron puestos a disposición del Comando de Operaciones del Área 311 a cargo del coronel Sasiaiñ, quien, por órdenes del entonces general Menéndez, procedería en lo inmediato a iniciar las operaciones en las subáreas de la provincia. El rol represivo de las subáreas que corresponden al interior provincial fue considerado clave, por cuanto se estimó que los subversivos podían encontrarse con cobertura en la zona serrana de turismo a la espera de accionar.63 Por último, en la reunión se estableció la orden de no actuar por izquierda hasta nuevo aviso e incluso que todos los casos, por izquierda o por derecha, debían ser informados al Comando de Operaciones ya citado, quien como excepción podría autorizar una acción por izquierda. Nuevamente, la insistencia en coordinar y jerarquizar la toma de decisiones es notable.
60 La ley de prescindibilidad fue uno de los mecanismos utilizados para depurar al propio Estado y dar de baja a su personal.
61 Memorandos, dgi, cd. n.º 40 “r”, 13 de abril de 1976.
62 Dependiente del Ejército.
63 En efecto, la zona serrana es de gravitación turística en la provincia.
La extensión de la capilaridad territorial del poder represivo a la provincia se especificó en la reunión siguiente de la Comunidad Informativa, ampliada con los representantes de las subáreas; una reunión regional con el objetivo expreso de intercambiar información, mejorar la producción de inteligencia y obtener mayor eficacia en su uso, además de hacer que se co- nocieran todos los organismos de inteligencia pertenecientes al Área 311, con el fin de evitar los vacíos de inteligencia propios de un “centralismo estático”, promoviendo así una mayor articulación vertical y horizontal entre los organismos integrantes.64 Dentro de este propósito, el temario incluyó la continuidad de reunión de blancos en cada subzona y la explotación de la documentación secuestrada, y se definió que el tratamiento dependía exclusivamente de los medios de reunión disponibles. Se realizaron además exposiciones por subáreas, tópico que sería recurrente en este tipo de encuentros regionales. Se incluyó la discusión de las conve- niencias de dividir por subáreas, por enemigo u otras entre diferentes servicios de inteligencia. Ello nos permite ver que a la Policía Federal y el side les correspondía hacer inteligencia sobre los organismos nacionales radicados en Córdoba, mientras que la Policía provincial lo haría sobre los organismos provinciales. Como tema de formación se expuso sobre Escuela de Cuadros, Movimiento Sindical de Base y Juventud Guevarista. Por último, en la coordinación del tratamiento a los blancos se estableció distinguir entre tres vías, A, B y C, siendo la primera equivalente a actuar por izquierda, la segunda a actuar por derecha y la tercera a verificar.65
En la siguiente reunión de inteligencia local se trató especialmente el tema de los medios de comunicación, definiendo el control de la radio y la televisión y la situación de la Escuela de Ciencias de la Información de la unc, en la que se estimó que su primera cohorte de egre- sados era de “casi todos elementos marxistas”, lo que derivó en controlar estrictamente su no ingreso laboral en la plaza local, además de definirse el cierre del mencionado establecimiento educativo.66
Con una mirada más integral, una vez superado este momento inicial, en los meses posterio- res al golpe de Estado se advierte un esfuerzo marcado por ordenar y establecer ciertas rutinas en el trabajo represivo. Las reuniones de Comunidad Informativa, elevadas mediante memo- randos reservados desde la pf-dc al director de Interior, se enumeraban y además se especifica- ba su carácter, distinguiendo entre reuniones de la Comunidad Informativa de la Inteligencia Local o de la Inteligencia Regional (en las primeras no se incluyó a los representantes de las subzonas del interior). Junto con estas reuniones sistemáticas, eventualmente se incorporaron informes de inteligencia compartidos, realizados por el Comando de la IV Brigada de Ejército, y en particular por el Destacamento de Inteligencia 141, pero no de manera regular; algunos de ellos versaron sobre temas específicos.67
En las reuniones de Inteligencia, en el mes de mayo se informaron las respectivas subzonas, incluyendo las áreas comprendidas en cada una y bajo las órdenes de qué institución estaban. En todos los casos, se trataba de agencias estatales de seguridad (de las Fuerzas Armadas o la Gendarmería) o de empresas estatales de seguridad, como las fábricas militares.68 Ese mismo
64 Memorandos, dgi, cd. n.º 47 “r”, 21 de abril de 1976.
65 En los juicios de lesa humanidad de Córdoba se ha identificado a este tratamiento por izquierda con la derivación hacia los centros clandestinos. Este punto merece mayor análisis a futuro.
66 Memorandos, dgi, cd. n.º 50 “r”, 27 de abril de 1976.
67 En estos resúmenes semanales, que son discontinuos, se plantean acciones contra la subversión realizadas, algunas detencio- nes, con un volumen relativamente pequeño.
68 Memorandos, dgi, cd. n.º 72 “r”, 14 de mayo de 1976.
mes, en los repasos habituales por ámbito, se destacan 267 cesantías producidas en la unc como novedad en el ámbito “educacional” entre profesores y no docentes.69 Un elemento novedoso que aparece registrado es que, al inicio,“comunismo” es el primer ámbito a informar, seguido de “subversión”, mostrando la preocupación que el primero representaba para el Comando del III Cuerpo. Incluso, en una de las reuniones, se informó que el general Menéndez había via- jado a Capital Federal y pediría declarar ilegal al Partido Comunista, preocupación que luego decreció y dejó de informarse como ámbito específico. Al mismo tiempo, en estas reuniones se siguió especificando la adjudicación de responsabilidades sobre ámbitos o jurisdicciones, comprometiendo al conjunto de los organismos en la denominada “lucha antisubversiva” y a la vez distribuyendo los recursos para lograr mayor eficacia.
Más allá de lo dicho sobre las reuniones de la Comunidad Informativa, en el segundo se- mestre el tipo de informaciones disponibles es diferente, sea porque los documentos que nos han llegado son parciales o porque se informaba sobre otro perfil de acciones, dado el funcio- namiento en pleno del circuito represivo clandestino. Se continúan las reuniones de Comu- nidad Informativa, y en ellas se informan balances diagnósticos, en la mayoría de los cuales se acentúa la normalidad como dato regular; igualmente se anticipan posibles acciones o escenarios de conflicto (como una posible acción guerrillera del erp, o una reunión plenaria clandestina del gremio de Luz y Fuerza), aunque no hay luego información disponible para valorar su veracidad. Respecto de la marcha de la denominada “lucha antisubversiva”, en varias reuniones fueron sopesadas las capacidades de acción de las organizaciones armadas, mostrando el co- nocimiento que decían poseer sobre su capacidad operativa. Además, los memorandos arrojan pistas de las acciones que consideraron de envergadura, por ejemplo la referida a la detección y allanamiento de la imprenta del prt en Barrio Observatorio, en septiembre de 1976. Los documentos disponibles registran otras huellas, como la realización de ciclos de formación de las fuerzas, uno sobre armas y otro de los fundamentos filosóficos de la subversión marxista a cargo de Alberto Caturelli, docente de la Escuela de Filosofía de la ffyh-unc.
Respecto de los diagnósticos por ámbito, se confirma en los documentos del segundo se- mestre que el ámbito partidario local no presentaba aristas de conflicto y se informaron accio- nes de la ucr en una reunión en el interior provincial en la que se habría impulsado sostener las estructuras de cara a un accionar futuro. Para el ámbito religioso, se destacaron las buenas relaciones del Gobierno nacional con la Iglesia y se solicitaba obrar con prudencia en los datos de casos en que estuviesen imputados miembros del clero.70 Lo que parece más novedoso es que en julio se informa la constitución de una Comunidad de Acción Psicológica (cas) en la que concurren los titulares de las dependencias que integran la Comunidad de Inteligencia lo- cal, más un representante del Gobierno de la provincia de Córdoba. El memorando reservado permite conocer los temas tratados, pero no los contenidos. A saber, se habló de su finalidad, de la necesidad de formación de dicha comunidad, de los objetivos y aspectos doctrinarios más relevantes, y se informó como primera acción la conmemoración del 9 de julio.71
En octubre se informó una inminente baja de personal en diferentes dependencias de la provincia de Córdoba, mencionando especialmente a los ministerios de Bienestar Social y de Educación y Cultura. Estas bajas se producirían por la aplicación de las leyes 5911 y 5913. Si
69 Memorandos, dgi, cd. n.º 79 “r”, 18 de mayo de 1976.
70 Memorandos, dgi, cd. n.º 167 “r”, 1 de septiembre de 1976.
71 Memorandos, dgi, cd. n.º 124 “r”, julio de 1976.
bien la comunicación señala que se adjuntan las 89 hojas con la información de los listados, estas no se han preservado.72 En noviembre de 1976 lo más relevante es el informe de inteligen- cia producido por los agentes encargados de espiar a los delegados de Amnistía Internacional que visitaron la ciudad de Córdoba y que de manera infructuosa intentaron recibir denuncias locales. Dicho informe muestra el afán en amedrentar y obstaculizar la tarea de los delegados, llegando a frustrar la visita y anticipando su salida de Córdoba, producto de la inviabilidad de su tarea; el mismo celo puesto en controlar capilarmente la no activación de resistencias fue puesto para evitar que las denuncias llegaran a la comitiva internacional.73
En síntesis, el contenido de los memorandos reservados muestra de manera diáfana cómo se operó desde el momento del golpe, y lo que ello implicó respecto de lo noticiable en las reuniones de la Comunidad Informativa de Inteligencia, a medida que la represión capilar y el cercenamiento del espacio público se convirtieron en dominantes.
La construcción del enemigo subversivo
La tercera contribución de este artículo surge de focalizar el análisis en la información disponible a fines de 1975, donde los procedimientos se informan con mayor detalle y ve- mos algunas regularidades. La indagación permite conocer algunos aspectos de lo que podría denominarse el “proceso de construcción del enemigo subversivo”, a partir del análisis de las recurrencias en los modos de inscribir la prisión política. Una de las particularidades de Córdoba fue que ese adelantamiento represivo se correspondió con un aumento de la prisión política. El análisis del relevamiento parcial de las listas de procesados y de detenidos/as de los que se informa o se solicita su pase a disposición del pen, arroja tendencias interesantes, por un lado, del proceso de estandarización o burocratización que revelan los papeles y, por otro, de ciertos tópicos recurrentes en los modos de construirlos como enemigos subversivos. Entre septiembre y diciembre de 1975 estas listas fueron frecuentes; algunas incluyen reiteraciones de personas, pero de forma minoritaria.
Según el análisis de estas listas, la composición de género indica que eran más varones que mu- jeres, en una proporción bastante alta en favor de los primeros. Respecto de las adscripciones políticas que se incluyen en estos listados —que son integradas en la mayoría de los nombres, pero no en todos—, es generalizada la identificación con alguna de las organizaciones político-mi- litares más relevantes, sea esta erp o Montoneros, y en proporciones bastante homogéneas entre ambas, a diferencia de lo que el sentido común suele asignar. Otras identidades políticas son escasas, casi excepcionales, así como identificaciones de sectores legales del peronismo o las menciones al propio prt. ¿Significa esto que las personas apresadas adscribieran en efecto a esas organizaciones? No es algo que pueda colegirse con total certeza de la documentación de este fondo; sí se puede, en cambio, que estas aparecen como las identificaciones mayoritariamente asignadas por quienes producían listas de personas. En tercer lugar, se consignaron datos no siempre homogéneos, por ejemplo respecto de la actividad que realizaban, es decir, que había datos incompletos en los listados. En cuarto lugar, es notorio que un número importante de
72 Memorandos, dgi, cd. n.º 201 “r”, 1 de octubre de 1976.
73 Memorando, dgi, cd. n.º 232 “r”, 16 de noviembre de 1976 y ss.
personas no registraban antecedentes previos, entendemos que en actividades consideradas delictivas. En quinto lugar, que los procesamientos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional se aceleraron a fines de 1975, buscando evitar la libertad de los prisioneros por vía judicial. En sexto lugar, si nos concentramos en otro tipo de listados elevados desde la pf-dc con la situ- ación de las y los presos procesados, la gran mayoría lo estaba por cargos de asociación ilícita y/o por incumplimiento de la ley 20.840.74 Había algunos casos de tenencia de armas y robo, y solo uno de asesinato.
Una vez producido el golpe de Estado, la recurrencia a nombrar a las personas implicadas en actividades supuestamente subversivas se modifica. Si bien en un primer momento se elevan listados de personas detenidas en las cárceles legales, pero sin el tratamiento de las anteriores, en lo sucesivo las identidades son producto de acciones puntualmente informadas (por ejemplo, operativos con diversos resultados, enfrentamientos con “abatidos”) o pedidos de solicitud de antecedentes, ya fueran locales, entre distintas fuerzas, o provenientes de otras provincias. En julio de 1976 se elevó un listado con algo más de doscientos nombres, en su mayoría varones, de personas “detenidas por autoridades militares y fuerzas de seguridad”. En ella se reconoce a varios funcionarios del Gobierno provincial peronista depuesto y dirigentes gremiales de di- ferentes vertientes. Se los califica como detenidos subversivos y delincuentes económicos cuya situación estaba en tratamiento de la Comunidad Informativa.75 Otro modo de aparición de identidades es en el informe de las versiones oficiales de la violencia represiva. Si en los listados analizados (de presos pen o de procesados) pudimos inferir las recurrencias en los modos de nombrar sus adscripciones políticas, caracterizar las causas y antecedentes más usuales, así como reparar en la magnitud entre varones y mujeres, en los memorandos posteriores al golpe del 24 de marzo se advierte otro elemento central del dispositivo represivo local: la construcción de versiones oficiales falsas sobre el asesinato de presos políticos y la recurrencia a justificar esas muertes como ocurridas en enfrentamientos. Por ejemplo, al detallar intentos de fuga en tras- lados de presos legales, en que se identifica a delincuentes abatidos, se comunican fugados sin identificar y no se informan bajas propias. En los juicios posteriores, estos memorandos fueron utilizados como prueba para contrastar con los testimonios de sobrevivientes, familiares y alle- gados de las víctimas producidos en el marco de los juicios orales de Córdoba. Estas informa- ciones (de operativos, supuestas fugas o enfrentamientos) fueron abundantes en los primeros meses después del golpe, detallando acciones y resultados en la sección informada de ámbito subversivo dentro de las reuniones de la denominada Comunidad Informativa o en informes
74 Ley n.º 20.840 de Seguridad Nacional, aprobada en septiembre de 1974. Establecía un conjunto de acciones prohibidas y las penalidades específicas para cada tipo de delito contra la seguridad. Estas acciones se encuadran del siguiente modo:“Artículo
1.º — Será reprimido con prisión de tres a ocho años, siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente pe- nado, el que para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos, intente o preconice por cualquier medio, alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación, por vías no establecidas por la Constitución Nacional y las disposiciones legales que organizan la vida política, económica y social de la Nación”. Ley n.º 20.840. Disponible en línea: https://www. argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20840-73268/texto. En noviembre de 1976 esta norma fue modificada, elevando penas, mediante la Ley n.º 21.459. La reforma parcial sustituyó ese artículo por el siguiente: “Artículo 1.º — Será reprimido con prisión de tres (3) a ocho (8) años, siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado, el que para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos, intente o preconice por cualquier medio, alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación, por vías no establecidas por las disposiciones normativas que organizan la vida política, económica y social de la Nación”. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-21459-73269/texto. En este acto estaba readecuando la norma al Estatuto y Actas que la propia dictadura puso por encima de la Constitución Nacional.
75 Memorando, dgi, cd. n.º 229-333 “r”, 7 de julio de 1976.
específicos, aunque sospechamos que tampoco fueron todas las realizadas, pues el número de acciones resulta pequeño comparado con el universo conocido de víctimas.
En resumen, este último aporte muestra las recurrencias en los modos de tratamiento docu- mental y burocrático a los denominados “enemigos subversivos”, así como la cada vez mayor proporción de las novedades sobre muertes a medida que avanzó el golpe, al tiempo que no hay en los memorandos referencias directas a la desaparición como tecnología represiva que ya era dominante.
Conclusiones
Este artículo exploró los memorandos reservados de la delegación local de la Policía Federal Argentina resguardados en el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, entre septiembre de 1975 y diciembre de 1976, periodo caracterizado por los cambios en la represión produci- dos por su centralización bajo autoridad militar. A partir de esa exploración documental sobre la base de más de seiscientos folios digitalizados, el artículo se interrogó por cómo se informa- ba puertas adentro —dado el carácter reservado de los memorandos— la lucha antisubversiva, cuáles eran los tópicos, modalidades, frecuencias y contenidos de la acción informada por la inteligencia federal y sus aportes a la historia de la represión. El artículo demuestra que la fuen- te aportó en un doble sentido. Por un lado, a situar la agencia represiva de la Policía Federal en Córdoba, dentro de una trama mayor, y, por otro, a exponer determinadas características de la represión desplegada.
En particular, se logró identificar temporalidades y modalidades de la represión, avanzar en una caracterización del proceso de conversión de un/a detenido/a en subversivo/a, establecer las recurrencias en el perfilado de los denominados “subversivos” y caracterizar la propia lectura y valoración que de acontecimientos clave tenía la fuerza. Sobre las temporalidades, si bien la etapa final de 1975 mostró la premura por definir las condiciones legales de apresamiento de detenidos alojados en cárceles legales, se observa aún cierta autonomía o —al menos— menor coordinación entre fuerzas. En paralelo, se estableció una progresiva centralización motivada en la coordinación entre fuerzas bajo la conducción de las agencias militares, en particular del Ejército, bajo la figura de la Comandancia del III Cuerpo, en la que desempeñó un papel destacado la coordinación de inteligencia que operó con la regularización de las reuniones de la Comunidad Informativa, sobre todo desde abril de 1976. Respecto de las modalidades, quedó demostrado cómo se definieron los blancos represivos, el modo de operar, la articulación en toda la provincia de las agencias de inteligencia y la importancia que a esta tarea se otorgó. De igual modo, se ob- servó que por momentos el ritmo de apresamiento era mayor al de información de inteligencia disponible sobre esas personas, en particular después del golpe de Estado. Asimismo, se observó la importancia dada a la centralización de las decisiones y a los diferentes tratamientos que las personas podían recibir. No se encontraron menciones más explícitas a las condiciones clan- destinas —núcleo fundamental del dispositivo represivo, ni referencias a los centros clandestinos vigentes para esa época—. Por otro lado, fue posible conocer las materias sobre las que versaron las reuniones de la Comunidad Informativa, así como las valoraciones diagnósticas de la situación provincial. Además, se ofreció una primera caracterización del proceso de conversión de un/a
detenido/da en subversivo, es decir, en peligroso, y por lo tanto de justificación de su encierro y/o procesamiento penal —algo así como la burocratización de dicho proceso—. En esa línea, cuando la información de los memorandos lo permitió, se analizaron las recurrencias en el per- filado de los denominados “subversivos”, las identificaciones producidas sobre las adscripciones políticas reales o asignadas, las dominancias en ese proceso, las simplificaciones y las omisiones. Por fin, el trabajo integró en diversos apartados y momentos reflexiones sobre el corpus, sus características y posibilidades como fuente histórica en un doble sentido: como vía de acceso a la propia historia de esta policía en las tareas represivas y como puerta de ingreso a la historia de la represión en Córdoba, desde las informaciones producidas y circuladas de manera reservada sobre la marcha de la denominada “lucha contra la subversión”.
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Archivo Provincial de la Memoria, Córdoba. Fondo: Policía Federal Argentina. Delegación Córdoba. Serie: Memorandos, carpeta Memorandos reservados.
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ANA CAROL SOLIS es profesora y licenciada en Historia, Magister en Partidos Políticos y Doctora en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba, Ar- gentina. Es investigadora del Centro de Investigaciones de FFyH y profesora adjunta de His- toria Argentina II. Investiga la cuestión de los derechos humanos, las transformaciones de las militancias y la historia de la represión en períodos democráticos y dictatoriales. Ha publicado como autora La cuestión de los derechos humanos (2023) y compiladora los libros Palimpsesto. Militancias, dictaduras y derechos humanos (2021) y Córdoba a 40 años del golpe (2016). Fue Directora del Programa de Derechos Humanos de la FFyH UNC.
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