Revista catalana d’història 17 (2024), 211-238

Presiones, intereses y principios: la diplomacia chilena ante la intervención de Estados Unidos en República Dominicana de 1965.

Una historia desde las fuentes oficiales¹

Hugo Harvey-Valdés, Álvaro Sierra Rivas

Universidad de Las Américas (Santiago, Chile)

hharvey@udla.cl

https://orcid.org/0000-0002-7184-1670

Álvaro Sierra Rivas

Universidad Católica de la Santísima Concepción (Concepción, Chile)

asierra@historia.ucsc.cl

https://orcid.org/0000-0003-4924-2695

Resumen

Este artículo examina la posición de Chile ante la intervención de Estados Unidos en República Dominicana en 1965, a través del análisis de documentos desclasificados de fuentes oficiales de Chile y Estados Unidos. La acción unilateral estadounidense representó un desafío para la coherencia latinoamericana en la Guerra Fría, generando tensiones en las relaciones interamericanas y en el sistema internacional. La investigación resalta la determinación de Chile en preservar su independencia, enfrentando la presión estadounidense incluso a costa de programas de asistencia económica. Se revelan las complejidades de las tensiones diplomáticas y las contradicciones internas, incluidos malentendidos entre la Delegación de Chile en la OEA y la Cancillería. Además, se explora el papel desestabilizador del embajador estadounidense en Chile, quien durante toda la crisis desinformó a las autoridades chilenas en cuanto al proceso de toma de decisiones. En última instancia, la posición de Chile emerge como un hito paradigmático del respeto del principio de no intervención y de autonomía ante los intereses estadounidenses.

Palabras clave: diplomacia chilena, Guerra Fría, democracia cristiana, intervención de Estados Unidos, crisis en República Dominicana

Resum

Pressions, interessos i principis: la diplomàcia xilena davant la intervenció dels Estats Units a República Dominicana de 1965. Una història des de les fonts oficials

Aquest article examina la posició de Xile davant de la intervenció dels Estats Units a la República Dominicana el 1965, mitjançant l’anàlisi de documents desclassificats de fonts oficials de Xile i dels Estats Units. L’acció unilateral nord-americana va representar un desafiament a la coherència llatinoamericana durant la Guerra Freda, generant tensions en les relacions interamericanes i en el sistema internacional. La recerca destaca la determinació de Xile de preservar la seva independència, enfrontant-se a la pressió nord-americana fins i tot a costa dels programes d’assistència econòmica. Es revelen les complexitats de les tensions diplomàtiques i les contradiccions internes, inclosos malentesos entre la Delegació de Xile a l’OEA i la Cancelleria. A més, s’avalua el paper desestabilitzador de l’ambaixador nord-americà a Xile, qui durant tota la crisi va desinformar les autoritats xilenes pel que fa al procés de presa de decisions. En última instància, la posició de Xile emergeix com una fita paradigmàtica del respecte pel principi de no-intervenció i d’autonomia davant dels interessos nord-americans.

Paraules clau: diplomàcia xilena, Guerra Freda, democràcia cristiana, intervenció dels Estats Units, crisi a la República Dominicana

Abstract

Coercion, interests and principles: Chilean diplomacy in the face of the 1965 United States intervention in the Dominican Republic. A history from official sources

This article examines Chile’s posture regarding the United States intervention in the Dominican Republic in 1965 through the analysis of declassified documents from official sources in Chile and the United States. The unilateral American action challenged Latin American coherence during the Cold War, creating tensions in inter-American relations and the international system. The research highlights Chile’s determination to preserve its independence, facing American coercion even at the cost of economic assistance programs. The complexities of diplomatic tensions and internal contradictions are unveiled, including misunderstandings between the Chilean Delegation at the OAS and the Foreign Ministry. The destabilizing role of the U.S. ambassador in Chile is also explored, as he consistently misinformed Chilean authorities during the decision-making process throughout the crisis. Ultimately, Chile’s position emerges as a paradigmatic milestone in respecting the principle of non-intervention and autonomy against U.S. interests.

Keywords: Chilean diplomacy, Cold War, Christian Democracy, U.S. intervention, crisis in the Dominican Republic

§

1. Introducción

Hasta el año 1965, República Dominicana se encontraba gobernada por un triunvirato, instalado luego de un golpe de Estado pro-Trujillo en contra del presidente Juan Bosch.² Su carácter represivo y escasa base sociopolítica aumentarían el descontento de oficiales militares autodenominados “constitucionalistas”. Así, el 24 de abril de aquel año, ejecutaron un contragolpe destinado a restituir a Bosch en el poder. Las fuerzas armadas dominicanas se fragmentaron en dos bandos, desatándose una guerra civil.

Ante tal vorágine revolucionaria, Estados Unidos invadió República Dominicana el 28 de abril de 1965, con el argumento de salvaguardar la vida de sus compatriotas residentes en el país.³ Posteriormente, el 2 de mayo incrementó el contingente militar, denunciando que elementos comunistas habían capturado el movimiento “constitucionalista”.⁴ Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de presiones norteamericanas, legitimó la invasión, creando la Fuerza Interamericana de la Paz (FIP), que básicamente complementaba las tropas interventoras con fuerzas de Brasil y exiguas representaciones de otros países de la región.⁵

Como se expondrá posteriormente, estos hechos representaron un punto de inflexión en las alicaídas relaciones interamericanas, constituyendo además un foco de tensión para el multilateralismo y el sistema internacional. Por tanto, resulta paradójico que esta crisis, sus complejidades y diversas aristas se mantengan vagamente exploradas desde la Historia y las Relaciones Internacionales, reflejando vacíos historiográficos y analíticos necesarios de subsanar.⁶ En tal sentido, la academia latinoamericana, a pesar del despertar historiográfico desarrollado desde la desclasificación de documentos oficiales de las superpotencias, tampoco ha mostrado interés por las políticas exteriores de sus estados, en términos de apoyar o condenar el accionar estadounidense en un escenario de complejidad como lo fue la Guerra Fría.

Dentro de esa categoría se sitúa el caso de Chile. A pesar de la notable independencia y antagonismo que caracterizó a su política exterior durante la crisis en cuestión, dicha postura ha sido sistemáticamente marginada⁷ o subestimada⁸ en los análisis históricos centrados en el

periodo de la Guerra Fría. Esta brecha disciplinar resulta aún más contradictoria al considerar que se ha mantenido inmutable luego del término de la Guerra Fría.⁹

En efecto, el Gobierno de Chile se hallaba en una coyuntura de intensa tensión. Desde Washington, se desplegaban iniciativas de asistencia económica dirigidas a las naciones latinoamericanas, como la Alianza para el Progreso (ALPRO),¹⁰ junto con programas de cooperación militar,¹¹ donde Chile se ubicaba dentro de los principales beneficiarios.¹² En este contexto, la actitud crítica de Frei cobra valor, por cuanto, arriesgando unos planes de ayuda financiera cruciales para su agenda reformista, se interpuso a la principal potencia económica, política y militar de Occidente, que transgredía los principios de no intervención y autodeterminación.

Atendiendo las consideraciones previas, el presente artículo se propone abordar y suplir el vacío historiográfico existente, rescatando un episodio trascendental en la historia de las relaciones internacionales de Chile. La relevancia de indagar este acontecimiento desde la óptica de la política exterior y la historia diplomática radica en discernir y documentar el inicio del distanciamiento entre Chile y la Administración estadounidense.

Con este propósito, se llevó a cabo una exhaustiva investigación multiarchivística física y digital, mediante un análisis hermenéutico a documentos desclasificados e inexplorados, abarcando repositorios ubicados en Estados Unidos, Chile y organismos internacionales. Dentro de los principales se encuentra el Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (AGHMINREL), de donde se obtuvieron los documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (MINREL), la Delegación de Chile en la OEA (DELCHILE-OEA) y la Embajada de Chile en Washington (EMBACHILE), así como el archivo del Departamento de Estado estadounidense, que concedió documentación diplomática, entre la Embajada en Santo Domingo y la capital norteamericana, e informes de inteligencia.

Adicionalmente, se recurrió a fuentes hemerográficas internacionales para reconstruir el contexto político y social del periodo estudiado. Asimismo, se empleó literatura secundaria y contextual canónica que proporciona una comprensión profunda de la política exterior estadounidense en América Latina durante la Guerra Fría y sus repercusiones en la región.

El acceso y análisis de estas diversas fuentes permitió reconstruir el panorama complejo que vivió la política exterior chilena, marcado por presiones estadounidenses en diversos frentes —Santiago, Washington y la OEA—, supeditando la continuación de la ALPRO para Chile, y también el papel perturbador del embajador estadounidense en Chile, Ralph Dungan, quien “acompañó” el proceso de toma de decisiones, desinformando al presidente Frei y al canciller Valdés durante la crisis, provocando vacilaciones y descoordinaciones; manifestándose constan

tes confusiones y malentendidos entre el representante chileno ante el organismo interamericano y el canciller, generando un quiebre de confianzas y el actuar autónomo del primero.

Finalmente, este artículo postula que la política exterior de Chile mantuvo una coherencia rigurosa respecto al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, frente a la intervención estadounidense en República Dominicana y la legitimación de la OEA, a pesar del ambiente de la Guerra Fría y las presiones emanadas desde Estados Unidos. Un recorrido marcado por tensiones y contradicciones entre los actores involucrados, originadas a partir de una interacción compleja de factores externos, motivaciones internas y visiones individuales. Con este panorama contextualizado, se busca profundizar en los detalles y matices de esta dinámica, ofreciendo una perspectiva que contribuye a enriquecer la comprensión de las relaciones internacionales del Chile de la década de 1960.

2. La llegada de Frei al poder y las bases de su política exterior

En el análisis de la trayectoria diplomática chilena durante el periodo de la crisis dominicana, es imperativo situar el ascenso al poder del presidente Eduardo Frei Montalva en noviembre de 1964 como un punto cardinal. La victoria electoral de Frei sobre el candidato socialista, Salvador Allende, adquirió relevancia trascendental no solo en el contexto interno de Chile, sino también en el escenario global marcado por las tensiones de la Guerra Fría. La atención mediática internacional estuvo concentrada desde las elecciones en la figura de Frei. El periódico ABC, en su portada del 5 de septiembre de 1964, informaba con beneplácito del inminente triunfo por mayoría absoluta de Frei,¹³ confirmándolo al día siguiente, logrando las primeras declaraciones del ganador.¹⁴ Asimismo, se destacaron sus características personales,¹⁵ junto con notas sobre los efectos del triunfo en Argentina, haciendo hincapié en la “repulsa al filocomunismo de Allende”¹⁶ y la “estabilidad y continuidad” que significaba para Alemania.¹⁷

Dichos comicios fueron de gran consideración para las potencias mundiales, especialmente para Estados Unidos, que, a través de la ALPRO y la CIA, entre 1962 y 1964 envió tres millones de dólares para apoyar a partidos políticos anticomunistas de Chile y a la candidatura de Frei.¹⁸ Si bien la asistencia estadounidense no se erigió como el determinante principal de su triunfo electoral, sí que constituye un elemento relevante para comprender la política exterior del Gobierno recién electo y las dinámicas de su relación con la Administración Johnson.

En tal sentido, la política exterior del Gobierno de Frei se fundaba en los conceptos de “asociación digna” con Estados Unidos, en críticas al sistema interamericano y en la integración social y económica de América Latina.¹⁹ Fue así como, recién iniciado el mandato, se dirigió a las autoridades de organismos vinculados al desarrollo regional²⁰ y a todos los jefes de Estado

de la región, solicitando contribuciones sobre la formación de un Mercado Común Latinoamericano.²¹ Respecto a las relaciones con Estados Unidos, el canciller Valdés, al presentar los lineamientos internacionales del Gobierno entrante al Congreso, cuestionó los diagnósticos norteamericanos hacia la región, denunciando su “vieja política [y al] panamericanismo [que] ha trabajado más en beneficio del país del norte”, debido a “la incapacidad [de sus] círculos directivos […] para entender el mundo ideológico latinoamericano”, por lo cual el Gobierno se empeñaría en “aumentar la influencia […] en el cuadro general de la convivencia interamericana y en el ámbito más específico de sus relaciones con Estados Unidos”.²² Sin embargo, al mismo tiempo, no escatimó en múltiples alabanzas hacia la ALPRO, considerándola “la más grandiosa empresa para nuestra América [que permitirá] que los términos de la relación norte a sur, lleguen a tener otro signo”²³ y como un “gesto grandioso [que podría significar] la estructuración de un nuevo orden que permita un desarrollo acelerado”.²⁴

Ahora bien, a pesar del carácter anticomunista del Gobierno democratacristiano, como una muestra de una política exterior autónoma y de apertura, cabe destacar la reanudación de relaciones diplomáticas, inicialmente con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y luego con la República Popular de Polonia, la República Socialista de Checoslovaquia, la República Popular de Hungría y la República Socialista de Rumania.²⁵

En síntesis, los inicios de la trayectoria diplomática de Chile bajo Frei Montalva reflejan sus planes de generar contrapesos a la hegemonía estadounidense en la región, mediante la integración latinoamericana y reformas al sistema interamericano, junto con contradicciones entre recibir el apoyo político y económico de Estados Unidos y la búsqueda de una agenda internacional no alineada; demostrando los delicados equilibrios de la Guerra Fría que conformaron el telón de fondo del manejo durante la crisis dominicana.

3. La crisis dominicana y la intervención de Estados Unidos

Para abordar la intervención de Estados Unidos en República Dominicana, es crucial reconocer que dicho país ya estaba en el horizonte político estadounidense desde la era del presidente Kennedy. Durante su mandato, se adoptaron medidas con el objetivo de promover la salida del poder de Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernaba desde 1930.²⁶ A raíz de esta situación, República Dominicana no fue incorporada como beneficiaria de la ALPRO, dado que la presencia de una democracia representativa se consideraba un criterio esencial para su participación.²⁷ Esta exclusión dejó a Trujillo sin el respaldo político y económico de Estados Unidos, lo cual propició diversas conspiraciones en su contra. Estas iniciativas surgieron tanto

desde facciones opositoras como de individuos allegados al régimen,²⁸ algunos de los cuales recibieron respaldo de la inteligencia estadounidense, aunque no contaran con la aprobación del Departamento de Estado.²⁹ Como resultado, el 30 de mayo de 1961, Trujillo fue víctima de un ataque en una emboscada mientras se trasladaba a su residencia de descanso.³⁰

La desaparición física de Trujillo no representó un giro drástico, puesto que su vicepresidente, Joaquín Balaguer, asumió formalmente la primera magistratura, aunque acompañado por Ramfis Trujillo, quien detentaba el poder real. En medio de las tensiones y discrepancias entre ambos, Estados Unidos mostró un respaldo considerable hacia Balaguer, percibido como un interlocutor más moderado y afín a sus intereses.³¹ De todas formas, el escenario reinante haría despertar las energías sociales y políticas contenidas desde 1931, las que otorgaron el triunfo a Juan Bosch en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, coronando su investidura el 27 de febrero de 1963.³²

Sin embargo, la crisis política y las discordias institucionales persistieron y aumentaron. Un sector de la sociedad consideró “refundacionales” las reformas sociales, económicas y valóricas iniciadas por Bosch, argumentando que afectaban a los intereses nacionales e internacionales.³³ En medio de esa volatilidad, el 26 de septiembre de 1963, una facción militar afín a Trujillo, encabezada por el coronel Wessin y Wessin, depuso al presidente Bosch, instaurando un régimen de facto. Estos eventos suscitaron una creciente inquietud en el presidente Kennedy, quien ordenó planificar urgentemente y “con la máxima prioridad” una incursión militar en territorio dominicano en los plazos de “12-24-36-48 horas”.³⁴

El recién instaurado Gobierno, liderado por Donald Reid Cabral, carecía de respaldo popular y, paradójicamente, no demostraba avances significativos en la restauración de las libertades políticas o en la implementación de reformas socioeconómicas. Esta situación engendró un clima de inestabilidad, ampliando el espacio para posibles disturbios y movimientos insurgentes.³⁵ Los partidarios de Balaguer señalaron la presencia de elementos trujillistas más radicales en el entorno de Reid,³⁶ y se identificaron focos subversivos opositores infiltrados dentro de las filas militares.³⁷ Por tales motivos, Estados Unidos diseñó planes de asistencia económica con el propósito de respaldar a Reid, pese a lo cual estos esfuerzos se veían constantemente frustrados por su “ineptitud, desconfianza y autosuficiencia”.³⁸ Además, los asesores militares estadounidenses reportaron no solo rumores de descontento, sino también signos claros de divisiones internas entre las fuerzas armadas dominicanas.³⁹

Ante el tumultuoso panorama político y social, el 24 de abril de 1965, un conjunto de oficiales subalternos del Ejército, autodenominados “constitucionalistas”, valiéndose de su sólido ascendiente de mando sobre suboficiales y soldados,⁴⁰ materializó un contragolpe para restituir a Juan Bosch, quien se encontraba relegado en Puerto Rico. A su motivación primaria se unía un descontento hacia la estructura del alto mando militar, que perpetuaba a oficiales incompetentes y corruptos.⁴¹ En este contexto de divisiones y fragmentación, la nación se precipitó hacia una guerra civil, en que la superioridad no estaba claramente definida.⁴²

Enfrentado a estos aires revolucionarios, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, decidió intervenir militarmente en la crisis. El 27 de abril de 1965, una patrulla de infantería de marina desembarcó en Santo Domingo con la misión de evacuar a alrededor de mil compatriotas en posible peligro.⁴³ Al día siguiente, las tropas aumentaron a cuatrocientos infantes de marina, a raíz de los continuos informes del embajador estadounidense, que manifestaban un caos total.⁴⁴ Luego, el 1 de mayo, ante ataques a la Embajada estadounidense y la posible infiltración comunista en los “constitucionalistas”,⁴⁵ Johnson ordenó refuerzos de marines, más la 82.ª División Aerotransportada, con las misiones de separar los bandos en combate, proteger las vidas de sus compatriotas e impedir otra Cuba y un nuevo Vietnam.⁴⁶

4. Reacciones internacionales a la intervención estadounidense

La intervención en República Dominicana resonó ampliamente en el ámbito internacional, capturando la atención de los medios de comunicación globales. En España, el diario ABC, si bien reflejaba la perspectiva norteamericana, lo hacía con cierto grado de cautela, dando prominencia al desembarco de tropas y citando la justificación oficial de proteger a ciudadanos estadounidenses en suelo dominicano.⁴⁷ Por otro lado, en Chile, la cobertura mediática reflejó claramente las tensiones ideológicas características de la Guerra Fría, evidenciando las distintas posturas y percepciones en juego. Mientras que El Siglo, vitrina del pensamiento comunista, tituló “Masacre yanqui en Santo Domingo”;⁴⁸ El Mercurio, identificado con la derecha liberal, adoptó un tono más moderado al expresar: “Confusa situación dominicana; Se pide reunión de emergencia en la OEA; Desembarcan en Santo Domingo 400 infantes de marina de Estados Unidos”.⁴⁹

En las principales ciudades latinoamericanas se produjeron violentos disturbios, coincidentes algunos con el Día Internacional del Trabajador.⁵⁰ En Argentina, organizaciones anticomunistas vitorearon el desembarco, enfrentándose con protestas de agrupaciones estudiantiles de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires.⁵¹ Uruguay no fue la excepción, y el Comité de Juventud del Movimiento Popular Divisa Blanca tomó las calles para expresar su solidaridad con la causa dominicana, acusando a Estados Unidos de transgredir las normativas americanas.⁵² En Chile, por su parte, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile lideró las protestas, congregando a un grupo significativo frente al consulado estadounidense para condenar la intervención.⁵³

El impacto de la intervención en República Dominicana trascendió las fronteras regionales y adquirió una dimensión global que tensionó el sistema internacional, por cuanto representaba la primera acción militar directa y abierta en Latinoamérica desde el inicio de la Guerra Fría.⁵⁴ Sus repercusiones alcanzaron al Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas (ONU), el cual dedicó 28 reuniones para deliberar sobre esta crisis, sin llegar a consenso o solución efectiva. El representante de la URSS, Nikolái Fedorenko, acusó a Estados Unidos de transgredir el derecho internacional y demandó la retirada inmediata de sus fuerzas de República Dominicana.⁵⁵

Igualmente, la articulación de los instrumentos del sistema interamericano para los fines estadounidenses marcó un punto de inflexión continental.⁵⁶ A su vez, desencadenó divergencias significativas entre la OEA y la ONU, especialmente respecto a las facultades de los organismos internacionales bajo el artículo 52 de la Carta. Aunque se reconoció la tesis estadounidense sobre la primacía de la OEA en asuntos regionales, la ONU quiso limitar su margen de maniobra, estableciendo una misión especial para informar al Consejo de Seguridad sobre la situación en República Dominicana.⁵⁷

5. Primeras reacciones y contradicciones de la política exterior de Chile

La intervención estadounidense en República Dominicana fue un tema de inmediata atención y preocupación para las naciones latinoamericanas. La DELCHILE-OEA fue informada sobre esta operación a través de un discurso televisado del presidente Johnson el 28 de abril.⁵⁸ En respuesta a estos eventos, el embajador chileno en la OEA, Alejandro Magnet, y el segundo

secretario, Mario Artaza, tomaron contacto telefónico con el canciller chileno, Gabriel Valdés, proponiendo la convocatoria del Órgano de Consulta en virtud del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Esta propuesta fue rápidamente respaldada desde Santiago.⁵⁹

Durante esa noche, estos representantes diplomáticos elaboraron la declaración oficial de Chile respecto a la crisis en República Dominicana, fundamentando su postura en el marco del TIAR y delineando los puntos clave de la posición chilena ante la situación:

Primero: el Gobierno y el pueblo de Chile deploran profundos sangrientos trastornos República Dominicana. Experiencia histórica de nuestro continente nos muestra que consecuencias finales son casi invariable los trastornos políticos que significan ruptura del orden de derecho y sistema democrático de gobierno.

Segundo: solo vigencia de este y no solo medidas puramente militares pueden asegurar tranquilidad y seguridad públicas. Gobierno chileno formula deseo que autoridades legalmente elegidas asuman la dirección del país.

Tercero: para salvaguardar la vida de extranjeros era necesaria alguna forma de intervención, el Gobierno de Chile decididamente habría preferido fruto de una decisión colectiva y no de una acción unilateral. Estas son siempre controvertidas y no pueden mantenerse sin graves riesgos, más aún cuando una organización internacional hace posible una acción colectiva.

Por tanto, conforme a artículo sexto del TIAR, pido que el Consejo se constituya en Órgano de Consulta y se designe inmediatamente una comisión investigadora que se traslade a República Dominicana para que prepare su informe a la brevedad posible.⁶⁰

El borrador inicial de la declaración chilena expresaba una condena contundente hacia la intervención estadounidense, subrayando que tal acción comprometía la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de un país americano. Además, rechazaba la justificación basada en la protección de ciudadanos estadounidenses y demandaba medidas en apoyo del Estado afectado. No obstante, tras una revisión por parte de la Cancillería chilena, se ajustaron los términos de la declaración. La nueva versión adoptó un tono más moderado, enfatizando la necesidad de actuar dentro de los marcos establecidos por el sistema interamericano y promoviendo una respuesta colectiva y adecuada sin especificar los mecanismos exactos.⁶¹ Esto se debió en parte a la consideración de que la activación del TIAR podría resultar en sanciones contra Estados Unidos.⁶²

Consecuentemente, la posición oficial inicial del Gobierno chileno respecto a la crisis dominicana quedó formulada en los siguientes términos:

Primero: El Gobierno y el pueblo de Chile deploran profundamente los sangrientos trastornos ocurridos en la República Dominicana.

Segundo: Solo la plena vigencia de los valores democráticos, y no las medidas de orden militar, pueden asegurar la tranquilidad y la seguridad pública. El Gobierno de Chile expresa su deseo de que autoridades legalmente elegidas por el pueblo dominicano asuman cuanto antes la dirección del país.

Tercero: Este es un caso en donde se pone a prueba la eficacia de la organización y la validez de los principios tan reiterados de no intervención, respeto a los derechos humanos y democracia representativa.

Cuarto: El Gobierno de Chile reclama una acción inmediata y colectiva de la organización, en lugar de la intervención unilateral.

Quinto: Por lo tanto, se solicita el urgente envío a la República Dominicana de una comisión encargada de obtener el restablecimiento de la normalidad y la protección de la vida y los derechos humanos.⁶³

La respuesta de Chile ante la intervención estadounidense en República Dominicana reveló una cuidadosa adaptación a las circunstancias diplomáticas y políticas. Aunque hubo una distinción evidente en el tono entre las comunicaciones de la DELCHILE-OEA y la declaración oficial de Santiago, este cambio reflejó primordialmente la necesidad de mantener relaciones estables con Estados Unidos.

El hecho de que Chile optara por no activar el TIAR señaló su interés en preservar las relaciones bilaterales con Washington. La comunicación emitida desde Santiago se mostró menos confrontacional, evitando críticas directas a los intereses norteamericanos, dejando de lado referencias a intervenciones previas en la región, suprimiendo la inconsistencia de salvaguardar la vida de connacionales y modificando las funciones de comisión. Estas acciones indican una voluntad de evitar tensiones diplomáticas y de mantener canales abiertos de diálogo con la Administración estadounidense. Adicionalmente, consecuente con los objetivos del Gobierno, se visualiza que Chile aprovechó la situación para reforzar los cuestionamientos al papel de la OEA y exigirle independencia en el respeto a los principios de no intervención, los derechos humanos y la democracia representativa.

La modificación de la declaración por parte de la Cancillería chilena también permite evidenciar las tensiones internas en el Gobierno respecto a equilibrar los principios históricos de su política exterior con la necesidad de no condenar a Estados Unidos. Estas se manifestaron claramente durante una reunión, en lo que hoy se denominaría “comité de crisis”, entre el presidente Frei, el canciller Valdés y el embajador chileno en Washington, Radomiro Tomic, quien estaba de visita en Santiago en ese momento,⁶⁴ más la presencia e influencia del embajador estadounidense en Santiago, Ralph Dungan, una situación que se extendió durante toda la crisis, añadiendo una capa adicional de presión que complicó aún más la posición de Chile en este delicado equilibrio diplomático.⁶⁵

En última instancia, estas desavenencias y la contraposición de visiones sobre la crisis terminarían irradiando de manera negativa la posición de Chile en el organismo interamericano y, paradójicamente, también complicaron las relaciones con Estados Unidos.

6. Primera reunión de emergencia del consejo de la OEA: Estados Unidos justifica la intervención

Al día siguiente del desembarco, Estados Unidos realizó una convocatoria para una reunión urgente del Consejo de la OEA, instancia en la cual la DELCHILE-OEA expresó de forma activa la posición del Gobierno mediante la lectura de la declaración oficial recibida desde Santiago, lo que desde una mirada autosuficiente destacó a Chile “como el principal defensor de los principios de la libre determinación de los pueblos y de la no intervención”.⁶⁶

Sin embargo, el enfoque de Estados Unidos en justificar su intervención sin una consulta previa se hizo evidente a través de la presentación del representante norteamericano, el embajador Ellsworth Bunker, quien informó de manera ambigua sobre el desembarco y las reales intenciones de la operación, enfatizando la posible captura comunista del movimiento constitucionalista.

La DELCHILE-OEA informó a la Cancillería sobre el apoyo recibido de naciones como México, Colombia y Venezuela, destacando una preocupación compartida sobre la acción unilateral estadounidense y el interés en convocar una Reunión de Consulta conforme al artículo 39. Ante ello, el embajador chileno aprovechó para solicitar nuevamente medidas contrapuestas a los intereses norteamericanos, en términos de convocar una Reunión de Consulta según los artículos 39 y 42 de la Carta de la OEA, con el temario de “Grave situación por la lucha armada en República Dominicana y desembarco de tropas de Estados Unidos en dicho país”.

De igual manera, comunicó sobre la formación de una comisión destinada a misiones pacificadoras en República Dominicana y solicitó permiso para participar en ella. Sin embargo, enfrentó una situación delicada cuando Bunker le mostró un cable de su homólogo en Chile, el embajador Dungan, donde informaba que la posición chilena era favorable a la intervención norteamericana, lo que parecía contradecir la posición chilena en la OEA. Esta discrepancia llevó a Magnet a solicitar instrucciones urgentes desde Santiago.⁶⁷

El canciller chileno, posteriormente, respondió al embajador Magnet, aunque sin abordar sus inquietudes por las supuestas comunicaciones de Dungan, dejando un ambiente de incertidumbre y mostrando la desconexión entre los actores clave de la política exterior chilena. A pesar de esto, Valdés autorizó la Reunión de Consulta solicitada por la DELCHILE-OEA, con modificaciones en el temario, eliminando la mención sobre el desembarco de tropas de Estados Unidos, como sigue:

1. Autorizada reunión inmediata conforme artículos 39 primera parte y 42.

Temario sería: “Grave situación por la lucha armada en República Dominicana”.

2. Igualmente autorizado para insistir fuerzas desembarque queden bajo jurisdicción del Consejo de la OEA y pueda US formar parte de Comisión que se designe para viajar República Dominicana o con otros fines.⁶⁸

Estas discrepancias permiten identificar ciertos aspectos que delinean el intrincado escenario que enfrentaba el Gobierno de Chile. En primer lugar, emergen enfoques divergentes para enfrentar la intervención unilateral de Estados Unidos. Mientras que la DELCHILE-OEA persistía en su rechazo frontal a la acción estadounidense, desde la Cancillería se optaba por una postura más matizada.

En segundo lugar, resulta notable la omisión en la documentación proveniente de Santiago respecto a las preocupaciones expresadas por el embajador Magnet. A pesar de su solicitud de orientaciones inmediatas, consideradas vitales desde su perspectiva, estas inquietudes no se reflejaron en la comunicación oficial. Esta discrepancia plantea interrogantes sobre la falta de claridad entre los mensajes transmitidos al embajador Dungan en Chile y las posturas manifestadas ante la OEA.

Luego de una larga jornada de trabajo, se acordó realizar una segunda reunión a las 22.00 horas de ese mismo 29 de abril. Antes de su inicio, el representante de Chile observó diversas acciones de su par estadounidense para justificar la intervención, intensificar un ambiente de inestabilidad y agravar las condiciones de seguridad en República Dominicana. Ante esta situación, el representante chileno solicitó instrucciones inmediatas. Así también, durante ese receso, Magnet trabajó activamente para concitar apoyos en favor de convocar una Reunión de Consulta, lo que dio frutos cuando Costa Rica ofreció presentar el proyecto de resolución propuesto por la DELCHILE-OEA.⁶⁹

7. Segunda reunión de emergencia del Consejo de la OEA: un éxito diplomático para Chile y una oportunidad perdida

Iniciada la segunda reunión, se presentó el proyecto de resolución propuesto por Chile y patrocinado por Costa Rica, logrando su aprobación con dieciocho votos a favor. Uruguay votó en contra, mientras que República Dominicana se abstuvo. De este modo, se lograba un triunfo diplomático al ser reconocido como el Estado impulsor de la Décima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA.⁷⁰

Por otra parte, el embajador Bunker informó que las tropas estadounidenses permanecerían en República Dominicana, aduciendo que aún persistía la necesidad de proteger a sus ciudadanos presentes en el país. A pesar de asegurar que EE. UU. no interferiría en los asuntos internos dominicanos, simultáneamente anunció un aumento en las tropas de desembarco.

Bunker, además, consiguió la aprobación de un nuevo llamado de cese del fuego y la instauración de una Zona Neutral Internacional en Santo Domingo. Sin embargo, Chile, junto con Uruguay, Venezuela y México, respaldó únicamente la propuesta del cese del fuego. Estos países argumentaron que las otras iniciativas otorgaban al Consejo atribuciones políticas no estipuladas en la Carta de la OEA. Además, el representante de Chile evidenciaba cómo la polí

tica exterior de Estados Unidos aumentaba sus presiones por una intervención coordinada de la OEA para atenuar las repercusiones a nivel tanto local como regional.

Con todo, Magnet también puso de manifiesto que las resoluciones de la Cancillería estaban fundamentadas en datos parciales o sesgados sobre la situación en República Dominicana, posiblemente influenciados por informaciones provenientes de Dungan. Ante ello, enfatizó la importancia de obtener información más precisa, sugiriendo la necesidad de consultar directamente al encargado de negocios en Santo Domingo, Carlos Souper, para tener una comprensión situacional más completa, especialmente en relación con la estabilidad del Gobierno dominicano.

En este contexto complejo, el representante chileno nuevamente instó al canciller a autorizarlo para adoptar una postura más enérgica, enfatizando la coherencia que debía observar Chile con respecto al derecho internacional y reiterando el liderazgo regional que pretendía el presidente Frei:

[...] sin perjuicio prudencia y espíritu constructivo me permito sugerir a US me permita recalcar en posición chilena firmeza en principio no intervención y necesidad de que cese a brevedad posible acción unilateral norteamericana. Según informes, Marines estarían favoreciendo Junta Militar en desacuerdo con declaraciones de que Estados Unidos no interviene en asuntos internos dominicanos. Creo que es necesario mantener liderato democrático y de respeto a derecho que se espera de Chile.⁷¹

En este punto se hacía patente la incapacidad de Chile para consolidar el logro que significó el respaldo a su convocatoria a Reunión de Consulta, resaltando las contradicciones de su política exterior en un momento crucial para la política hemisférica. En este sentido, continúan confirmándose las divergencias entre la postura contundente y sancionatoria de la DELCHILE-OEA hacia Estados Unidos y sus tentativas por concienciar a Santiago, al comprobar la articulación del organismo interamericano en beneficio de evadir las responsabilidades estadounidenses, en contraste con el enfoque más conciliador de la Cancillería, reflejando una estrategia cautelosa e influida por la falta de información de calidad y la presencia del embajador norteamericano en Chile.

A su vez, es necesario señalar que, durante esta sesión, el embajador Bunker se acercó nuevamente a dialogar con el representante chileno, quien percibió una actitud positiva hacia la pronta acción de Chile, la cual facilitaría una intervención ágil por parte de la OEA; mostrándose de acuerdo con que una comisión supervisara las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, ante dificultades técnicas planteadas por Bunker para subordinar tropas de su país, Magnet propuso la creación de un contingente interamericano con funciones policiales. El embajador chileno también destacó haber sostenido un contacto con el Departamento de Estado, en el cual se manifestó el interés de contar con Carabineros de Chile en la Fuerza Interamericana, siempre bajo el control y dirección de la OEA.⁷²

Concluida la sesión, el representante chileno solicitó una serie de instrucciones, en atención a las breves horas que restaban para el inicio de la reunión preliminar que daría inicio a la Décima Reunión de Consulta de la OEA. La primera tenía relación con la autorización para

formar parte de la Comisión que se dirigiría a República Dominicana, ya que en “varias listas figura Chile como miembro”, lo que se sumaba a las exigencias de exiliados dominicanos en el mismo sentido. A su vez, solicitaba pronunciamiento respecto al voto que debería emitir al momento de nombrar al presidente de la conferencia, informando que el representante de Nicaragua, el embajador Sevilla Sacasa, figuraba dentro de los favoritos. Por otra parte, previendo un pronunciamiento de la Reunión, solicitó estudiar la posición chilena sobre la personería del embajador dominicano, quien ya no representaba al Triunvirato, sino a la Junta Militar recién constituida.⁷³

8. Actividades preparatorias de la Décima Reunión de Consulta

De esa forma, el canciller proporcionó al embajador de Chile las credenciales oficiales que lo acreditaban como su representante, reafirmando su designación para integrar la comisión que posiblemente sería nombrada. Adicionalmente, se instruyó trabajar en pro del establecimiento de una Zona Neutral en Santo Domingo, la cual estaría bajo la supervisión y control de la OEA. En relación con la situación del encargado de negocios de Chile en República Dominicana, la Cancillería reconoció no contar con informes directos desde el 28 de abril.

Ahora bien, respecto a la posible participación de Carabineros de Chile en una misión interamericana, la respuesta fue negativa, debido a consideraciones geográficas y otros factores, principalmente de política interna.

No obstante, el núcleo central del mensaje de la Cancillería delineaba tres conceptos fundamentales que la DELCHILE-OEA debería enfatizar durante la Reunión e incluir en el proyecto de resolución. En caso de no ser aceptados, era imperativo que Magnet los presentara de manera explícita y contundente durante su intervención:

a) Reiterar principio no intervención como fundamento esencial convivencia interamericana.

b) Que, como consecuencia, no son aceptables acciones unilaterales, y que las fuerzas de desembarco que han actuado debieran quedar de inmediato bajo jurisdicción colectiva de OEA.

c) Que cualquiera clase de fuerzas que actúen durante emergencia deben hacerlo claramente bajo mandato colectivo de OEA y dar seguridad no están interviniendo ni intervendrán en lucha interna [que] se desarrolla en Rep. Dominicana. Su papel debe limitarse [a la] acción policial [de] resguardo, cooperación humanitaria y elemento seguridad Comisión OEA.⁷⁴

Respecto a estas actividades previas, cabe reflexionar sobre unas sutiles inconsistencias, en esta ocasión también por parte de la DELCHILE-OEA. Posiblemente producto del agotamiento y del juego diplomático estadounidense, el embajador Magnet, a pesar de sus previas críticas hacia Estados Unidos y sugerencias de un actuar más severo al canciller, terminó proponiendo convertir las tropas estadounidenses en un contingente interamericano con funciones policiales. Por su parte, la Cancillería le orientó favorecer una Zona Neutral, fortaleciendo los intereses de Estados

Unidos y limitando la soberanía dominicana en esa área, junto con aceptar una intervención bajo la justificación de acción humanitaria. Finalmente, tanto Magnet como Valdés pasaron por alto la significativa “dificultad técnica” que implicaba la subordinación de fuerzas estadounidenses a una comisión de la OEA, un escenario que hasta ese momento nunca se había dado.

9. Primera sesión de la Décima Reunión de Consulta: Chile endurece su posición y comienza su aislamiento

Aunque no se puede determinar con certeza el grado en que las recomendaciones reiteradas de la DELCHILE-OEA hicieron eco en Santiago, es indiscutible que el 30 de abril de 1965 marcó un cambio significativo en la Cancillería chilena. En esta fecha, por primera vez, el Gobierno de Chile expresó abiertamente su desaprobación hacia las acciones de Estados Unidos, en lo que se conocería posteriormente como “la declaración oficial”. Esta comunicación, enviada por la Cancillería, fue presentada como “nuevas instrucciones”,⁷⁵ disponiendo su lectura al comienzo de la sesión plenaria inaugural de la Reunión de Consulta:

El Gobierno de Chile está profundamente alarmado por el desarrollo de los acontecimientos de la República Dominicana.

Con firmeza solicitamos de la OEA el rechazo de la intervención unilateral, la adopción de las medidas conducentes al cese de la lucha y al respeto por la libre determinación del pueblo dominicano.

La lentitud del procedimiento que, a pesar de nuestros esfuerzos, ha demostrado la Organización de los Estados Americanos permite que se mantenga una situación que los pueblos de América no pueden aceptar.

El Gobierno de Chile considera la presencia de fuerzas militares norteamericanas en la República Dominicana, aun si se trata de proteger a sus connacionales, como contraria a la Carta de la OEA y a claros principios del derecho internacional, y pide su retiro, habilitando así al Consejo de la OEA para adoptar las medidas colectivas que sean procedentes según la Carta.⁷⁶

En consecuencia, al inicio de la sesión pública inaugural, Chile delineó claramente su postura, destacando la delicada situación de la Reunión y la imperante necesidad de respetar el principio de no intervención y la Carta de la OEA. La declaración oficial del Gobierno de Chile fue presentada íntegramente por el representante Magnet al concluir su intervención.⁷⁷

Además, Venezuela, Colombia, Costa Rica, México y Perú enfatizaron con vehemencia la necesidad de respetar el principio de no intervención. Venezuela fue especialmente contundente al declarar que la presencia militar estadounidense en territorio dominicano constituía una “intervención unilateral y violatoria de los artículos 15, 16 y 17 de la Carta de la OEA”. Frente a estas observaciones, el embajador de Estados Unidos reiteró que su país no estaba interviniendo y que su acción tenía objetivos puramente humanitarios.

Al concluir la primera sesión, Magnet se comunicó telefónicamente con Valdés para buscar precisión en sus instrucciones y sobre los proyectos de resolución que propondría Chile, con el respaldo comprometido de los países mencionados. Esto porque el embajador chileno, en reuniones informales con varios delegados, había logrado percibir falta de convicción en las posiciones, como antesala de futuros eventos. Por tanto, al no contar con los apoyos necesarios en cuestiones fundamentales, se vio obligado a proceder de manera aislada en la comisión general. La DELCHILE-OEA presentó dos proyectos; el primero proponía principalmente poner fin a la acción estadounidense una vez terminada su misión humanitaria, y el segundo designaba una comisión investigadora. En consecuencia, Chile, en una de sus mociones, suscribía la justificación norteamericana para intervenir, sin exigir el retiro de fuerzas, retrocediendo respecto a la declaración oficial recién expuesta al plenario.

Aún más, Chile volvió a verse aislado ante la presentación de otro proyecto de resolución por parte de México y Perú, con los apoyos de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Guatemala, más la aprobación sin patrocinio de Venezuela; en él se conformaba una comisión investigadora, aunque sin alusiones al principio de no intervención ni cese de la acción unilateral norteamericana, por lo que Chile se abstuvo, permitiendo su aprobación por unanimidad.⁷⁸ En la misma línea, a proposición de Perú, se designaron los integrantes de la comisión investigadora y pacificadora, entre los cuales no fue considerado Chile, quedando compuesta por Argentina, Brasil, Guatemala, Colombia y Panamá.⁷⁹

El desenlace de esta primera sesión demanda una breve reflexión. En primer lugar, evidencia que la Cancillería chilena carecía de información consistente para apoyar su toma de decisiones, lo que resultó en acciones cambiantes y descoordinadas. Esta falta de claridad se manifestó no solo en la interacción con otros países, sino también en las propias declaraciones de Chile, oscilando entre posturas divergentes y, en ocasiones, alineándose con los argumentos estadounidenses previamente descartados. En segundo término, los constantes giros, las decisiones contradictorias y la falta de coherencia en su posición diplomática fueron erosionando el prestigio internacional de Chile, generando su aislamiento y la disminución de su influencia y peso en el Consejo. Finalmente, quizá más preocupante, estos vaivenes generaron desconfianzas entre los actores clave, impulsando a Magnet a tomar medidas extraordinarias, como documentar todas las instrucciones telefónicas y remitirlas a Santiago, en un intento de establecer un registro claro y verificable de las comunicaciones.

10. Segunda sesión de la Décima Reunión de Consulta: Magnet actúa de manera autónoma

Ante la percepción de falta de dirección clara desde la Cancillería, o bien debido al aumento en la frecuencia y duración de las sesiones, los hechos demuestran que desde el 1 de mayo el embajador Magnet comenzó a interactuar proactivamente y sin la autorización previa de las instancias superiores, incidiendo en las decisiones de política exterior de Chile.

En la segunda sesión plenaria, la votación previamente establecida fue confirmada. Sin embargo, los representantes de Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y Venezuela compar

tieron con Magnet, de manera confidencial, su intención de reconsiderar la posición de “no intervención” en futuras sesiones, una acción que parecía más un gesto hacia Magnet en particular que un respaldo a Chile. Con todo, para el representante chileno, Estados Unidos había logrado una victoria diplomática al mantener el control de sus fuerzas, que aumentaban mientras disminuía el número de personas por evacuar. A pesar de ello, el embajador chileno, actuando por iniciativa propia, justificó su abstención, haciendo hincapié en su papel en la convocatoria de la reunión de consulta:

Para Chile se presentó problema debo plantear con entera franqueza y sin animosidad para nadie. Había, por un lado, necesidad constituir Comisión viajara R.D. y contribuyera, como deseamos sinceramente, a restablecer paz y seguridad, así como condiciones instauración régimen democrático y respeto derechos humanos. Pero, por otro lado, existía y existe para nosotros una cuestión de principios extremadamente grave, constitución Comisión como la propuesta significa acción colectiva OEA en R.D., mientras subsiste acción unilateral, esta acción no necesita ser investigada por ninguna comisión: es un hecho público. Y a juicio del Gobierno Chileno ella contraria los principios Carta Constitucional Interamericana. Según nuestra opinión, establecimiento y entrada en acción esta Comisión, mientras simultáneamente se lleva a cabo acción unilateral, significa aceptación y legalización de estado de cosas no podemos aceptar, pues no se dan a esta Reunión Cancilleres seguridades que, junto con entrada acción Comisión, ha de cesar acción unilateral actualmente en desarrollo. Por tanto, para salvar esta cuestión principio que afecta gravemente prestigio y eficacia misma Organización, y para no obstruir nombramiento Comisión, representación Chilena se ha abstenido votarla.⁸⁰

Tras la intervención de Magnet, Santiago pareció haber recibido comentarios favorables, gatillando una reacción exageradamente triunfalista por parte de Valdés, desalineada con el sinsabor del embajador. Sorprendentemente, el canciller cambió su postura restrictiva anterior, elogiando efusivamente al delegado chileno por su defensa de los principios fundamentales de Chile. Aunque reconoció el apartamiento diplomático del país, insistió en que la actuación aislada de Chile reforzaría su prestigio y revitalizaría la Organización, disponiendo difundir profusamente su discurso a todas las agencias de noticias. Sin embargo, demostrando desconocimiento sobre las dinámicas del consejo de la OEA, Valdés sugirió que se hiciese referencia a la posición de EE.UU. en la ONU, citando episodios históricos descontextualizados como Hungría en 1956 y la intervención en Suez.⁸¹

Luego de los constantes desencuentros entre la Cancillería y la DELCHILE-OEA, pareciera que el canciller, con la aprobación de la abstención y el respaldo ferviente al discurso no consensuado de Magnet, terminó alineándose con sus propuestas. No obstante, una interpretación alternativa podría sugerir que el interés del canciller en promover la declaración de Magnet no era simplemente una concesión, sino más bien una estrategia para amortiguar críticas a nivel tanto nacional como internacional. Esto, en un intento de mitigar las objeciones de diversos partidos políticos en el Congreso chileno respecto a la supuesta debilidad de la política exterior de Frei.

11. Segunda fase de la intervención: Estados Unidos reconoce su real objetivo y aumenta su contingente

Reanudadas las sesiones del Consejo, el 3 de mayo, el representante chileno informó haberse reunido con su homólogo estadounidense, quien le adelantó que presentaría un proyecto insistiendo en la solicitud de tropas militares y policiales a los gobiernos latinoamericanos para apoyar a la comisión de la OEA, lo que Argentina y Brasil se manifestaban dispuestos a ejecutar. Asimismo, llamaba la atención que la resolución que creaba dicha comitiva había obviado su labor de investigar, manteniendo únicamente la misión pacificadora. Además, después de veinticuatro horas en el área de conflicto, la delegación no había remitido informe alguno a la Reunión de Consulta, mientras surgían noticias de violaciones al cese del fuego, escasez de alimentos, creciente inseguridad y el respaldo evidente de las tropas norteamericanas a la facción de Wessin. Con todo, para el embajador Magnet no quedaban dudas de que Estados Unidos pretendía obtener la creación de una fuerza multinacional.

Finalmente, el jefe de la DELCHILE-OEA transmitió a Santiago su opinión sobre las declaraciones del presidente Johnson del 2 de mayo, indicando que el foco en ese momento no estaba primordialmente en la evacuación de ciudadanos estadounidenses. Además, señaló que las fuerzas militares estadounidenses habían aumentado a 14.000 hombres y que Estados Unidos estaba contemplando expandir su presencia militar a áreas fuera de la capital.⁸²

Ante lo informado por la DELCHILE-OEA, el Gobierno se mantuvo en los términos de la declaración oficial del 30 de abril, en términos de mantener invariable el principio de no intervención, retirar fuerzas extranjeras y restablecer la libre determinación del pueblo dominicano. Además, se reforzaron las críticas a la OEA, señalando que toda la estructura del sistema interamericano estaba quebrada, que se requería comprobar sus reglas y verificar la voluntad de respetarlas. Sin embargo, nuevamente la Cancillería remitió instrucciones contradictorias. Por un lado, perdía la imparcialidad, dejando entrever una afinidad hacia la causa constitucionalista dominicana, al sostener que la única solución era restablecer a Bosch u otro civil cuyo poder emanara de la Constitución de 1963, mientras por otro señalaba que Chile podría estudiar la opción de enviar tropas a la zona, si un Gobierno civil lo requería para garantizar la realización de elecciones libres.⁸³

12. Llamado de atención a Magnet: la incómoda influencia del embajador estadounidense en Santiago

Al día siguiente, la DELCHILE-OEA continuó informando las dinámicas de la Reunión de Consulta, aunque en esta instancia, posiblemente incentivado por las últimas directrices de la Cancillería, Magnet sintió cierta libertad para expresar su creciente inclinación hacia la causa “constitucionalista” dominicana. En ese contexto, señaló que Juan Bosch había expresado su respaldo público al coronel Caamaño, a quien el Congreso dominicano había nombrado presidente. Posteriormente, buscó establecer un vínculo entre el líder militar dominicano y el Gobierno chileno de Frei, argumentando que las dos facciones del PDC (PRSC)⁸⁴ se habían

fusionado al movimiento “Constitucionalista”, lo que desmentía las afirmaciones del presidente Johnson sobre su primacía comunista, sugiriendo reconocer la legitimidad del nuevo Gobierno dominicano.⁸⁵

Tras esta información, emergieron nuevamente tensiones entre la DELCHILE-OEA y la Cancillería. Valdés, a modo de llamado de atención, reiteró por escrito las instrucciones impartidas previamente vía telefónica, en el sentido de concentrarse en la posición fundamental de Chile de no intervención y la petición del retiro de fuerzas extranjeras, al tiempo que subrayaba la importancia de buscar una solución política que afianzara un Gobierno legítimo en República Dominicana. Aún más, le exigió aclaraciones respecto a un cable que le atribuía haber declarado que “Estados Unidos había violado la Carta y merecía ser castigado”, solicitándole identificar la fuente de esa información. Luego, le indicó que tal afirmación no representaba la posición oficial de Chile y que se mantuviera en terreno objetivo y estrictamente jurídico.⁸⁶

La respuesta del embajador Magnet no se hizo esperar, enfatizando que, conforme a las directrices del canciller, había sido “enérgico y prudente al calificar la acción unilateral norteamericana” y desacreditó la veracidad del cable en cuestión, solicitando el nombre de la agencia que lo había emitido.⁸⁷ Al respecto, el canciller Valdés admitió que la información le había sido suministrada por el embajador de Estados Unidos en Santiago, proveniente del Departamento de Estado, asegurando haber transmitido su desmentido, e instó a comunicarlo de inmediato a Washington.⁸⁸

13. La oposición de Chile a la Fuerza Interamericana de la Paz

En la segunda sesión plenaria de la Reunión de Consulta, se presentó un informe enviado desde Santo Domingo por la comisión investigadora, que recomendaba la formación de una Fuerza Interamericana, destacando el progreso de sus esfuerzos de pacificación y conciliación. Este reporte intensificó las dos posturas opuestas sobre el futuro de las tropas estadounidenses, resultando en un punto muerto del cónclave. Chile, México, Uruguay, Perú, Ecuador y Venezuela mantuvieron su exigencia conjunta de retirar las tropas estadounidenses, ya fuera alineándose con la propuesta chilena o el proyecto mexicano. Por otro lado, Estados Unidos persistió en su intento de obtener apoyo para establecer una fuerza de varios países que complementara sus tropas. En este contexto, el embajador Bunker vio una oportunidad y se acercó al delegado chileno, expresando su disposición a flexibilizar su postura con el objetivo de ganar el respaldo de Chile. Respondiendo a esto, Magnet formuló una solución intermedia, que recomendaba exhortar a los dominicanos a la formación de un Gobierno provisional conforme a la Constitución vigente, que posteriormente solicitara la intervención de una Fuerza Interamericana. Al presentar su propuesta al canciller, Magnet enfatizó que se alineaba “estrictamente con sus disposiciones”.⁸⁹ En respuesta, el canciller Valdés dio su aprobación, estableciendo así la nueva postura oficial del Gobierno chileno.⁹⁰

Cabe destacar que la aceptación de la solución intermedia de Magnet y el hecho de comenzar a considerarla como la posición oficial del Gobierno de Chile, respecto a la crisis y la creación de una fuerza combinada, muestran la consolidación de la influencia de Magnet en la toma de decisiones de la Cancillería, haciendo prevalecer su perspectiva hacia la causa “constitucionalista”.

Volviendo a la Reunión de Consulta, durante la tercera sesión plenaria, celebrada el 6 de mayo, se terminó aprobando con un ajustado margen la resolución que propiciaba la creación de la FIP. Este proyecto fue respaldado por las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica y Venezuela, y fue aprobado por catorce votos a favor y cinco en contra. Específicamente, México, Uruguay, Ecuador, Perú y Chile se opusieron, mientras que Venezuela optó por la abstención.⁹¹

Un aspecto de particular relevancia en esta votación, que pudo haber sido impugnado en su momento, fue el voto favorable del embajador Bonilla Atiles. Inicialmente, este diplomático representó al Triunvirato de Reid Cabral, posteriormente anunció su representación en nombre de la Junta del general Benoit y, finalmente, afirmó actuar en representación de la Junta de Imbert.

Es esencial subrayar la trascendencia de la creación de la FIP, ya que esta decisión implicó un compromiso contundente del organismo internacional con los intereses estadounidenses. Esta acción otorgó una legitimidad formal a la intervención de Estados Unidos en República Dominicana, confirmando el propósito que estuvo presente desde el inicio de la presencia militar en Santo Domingo. Desde la perspectiva de la DELCHILE-OEA, entidad que había convocado a la Décima Reunión de Consulta de la OEA, los resultados obtenidos constituyeron una derrota diplomática, dada la no aprobación de su propuesta para abordar la crisis.

14. Presiones y amenazas estadounidenses en otros frentes

Hasta el momento, se han delineado las complejas interacciones que tuvo la Delegación de Chile en la OEA durante la crisis, cuyas experiencias han representado la fuente principal y el hilo conductor del relato, derivado del exhaustivo análisis del flujo documental surgido de la intervención estadounidense. En este escenario, el embajador Magnet emergió como una figura central, no solo al denunciar la injerencia y oponerse a la creación de la FIP, sino también al plantear cuestionamientos a la Cancillería respecto a sus acciones.

A su vez, se ha demostrado el rol controversial del embajador estadounidense en Santiago, Ralph Dungan, en el proceso de toma de decisiones de la Cancillería. Su estrategia política, caracterizada por la desinformación y la transmisión de rumores a las autoridades chilenas, generó confusiones, tensiones y discrepancias entre las partes, llevando a reprimendas hacia Magnet.

Sin embargo, el alcance coercitivo de la diplomacia estadounidense no se limitó a estas acciones, sino que se desplegó en otros frentes. La posición y el rango de los funcionarios involucrados indican que el respaldo del Gobierno de Frei no era meramente simbólico en el contexto de la creación de la FIP. Esto arroja luz sobre cómo las posturas cambiantes y, a veces,

contradictorias de Chile convirtieron la intervención en República Dominicana en un punto de fricción, elevándola a una crisis bilateral de proporciones significativas.

En tal sentido, descontando lo ocurrido en la OEA, las presiones más explícitas se vivieron en la Embajada de Chile en Washington, mediante dos visitas que recibió el embajador, Radomiro Tomic,⁹² cuyo relato permite comprender de mejor forma la conducción de la política exterior chilena durante la crisis.

En medio del complejo escenario relatado en líneas anteriores, los apremios diplomáticos estadounidenses comenzaron a desplegarse con el arribo a la embajada del encargado de Chile en el Departamento de Estado, William Dentzer, en la tarde del miércoles 5 de mayo. El enviado estadounidense tenía la clara misión de lograr el voto favorable de la DELCHILE-OEA para aprobar la FIP. Según el reporte de Tomic, Dentzer le señaló “ayúdennos a que no cometamos un error todavía más grande, esta vez con Chile”, en referencia a la continuidad de los planes de ayuda proporcionados por Estados Unidos, ante lo cual el embajador chileno respondió que no existía “base para creer que podrían producirse torpes represalias porque Chile haya ejercitado no solamente su derecho a emitir una opinión en un asunto vital para la Carta de la OEA, sino su deber de hacerlo”. Según el análisis de Tomic, las palabras de Dentzer reflejaban un genuino sentimiento de preocupación más que una táctica de amenaza velada, por cuanto intentaba transmitir su inquietud sobre la posibilidad de que el generoso programa de asistencia enfrentara obstáculos, como consecuencia de la reticencia de sectores influyentes en Estados Unidos a causa del rechazo chileno a respaldar la intervención estadounidense.⁹³

Paralelamente, el Gobierno de Johnson comisionó a Averell Harriman como Ambassador at Large con la misión de dirigirse a Chile y explicar los motivos de la intervención norteamericana en el conflicto dominicano. Fue así como aterrizó en Santiago el 6 de mayo, para luego reunirse en el Palacio de Gobierno con el presidente Frei, el canciller Valdés y el embajador Dungan. De acuerdo con el remitido, Harriman presentó la incursión armada norteamericana desde una perspectiva centrada en la amenaza de la subversión comunista, considerándola como la principal agresión que el hemisferio debía combatir. Además, destacó las posturas de Brasil y Argentina, quienes enfatizaban la imperativa necesidad de fortalecer de forma permanente la capacidad de la OEA para responder rápidamente en misiones de mantenimiento de la paz. Esta propuesta buscaba prevenir que el presidente se viera obligado a tomar medidas unilaterales en futuras crisis, promoviendo así una respuesta colectiva y coordinada en el ámbito interamericano.

Asimismo, Harriman manifestó a Frei la expectativa de Estados Unidos de recibir su respaldo una vez que tuvieran todos los antecedentes. Sin embargo, en lo inmediato, el enfoque primordial residía en la petición estadounidense, canalizada a través de la OEA, centrada en la estabilidad política y en el mantenimiento de la paz. Se percibía un consenso unánime sobre la necesidad de establecer las condiciones para que el pueblo dominicano pudiera elegir libremente su gobierno, ante lo cual le solicitó la plena colaboración para lograr este objetivo.

Adicionalmente, el enviado especial informó sobre las razones esgrimidas por el presidente Frei para denegar su apoyo político y material. Estas razones se relacionaban con el contexto

interno, específicamente con la creciente influencia del Partido Comunista chileno. En este contexto, señaló que, aunque Frei mantenía políticas proestadounidenses y había sido elegido sobre esa base, existía en Chile un temor generalizado tanto a la dictadura como a la intervención militar, equiparables a la inquietud por la subversión comunista. Destacó que Frei no podía arriesgar su liderazgo y el del PDC comprometiéndose en una intervención militar en República Dominicana. Por lo tanto, no podía respaldar la resolución de la OEA y el envío de tropas, ya que su propuesta no sería aprobada por el Congreso y podría disminuir su influencia política.

Concluyendo la reunión, Harriman instó a Frei a designar un representante de su confianza para mantenerse informado sobre la situación en Santo Domingo. Frei, expresando falta de confianza en su encargado de negocios, le dispuso al canciller Valdés designar a alguien a la brevedad.⁹⁴

En consecuencia, al día siguiente, 7 de mayo de 1965, el canciller Valdés dispuso al embajador Magnet dirigirse a la isla “en cuanto le sea posible, por mínimo tiempo necesario a fin de obtener en forma amplia y directa informaciones sobre situación interna [de] República Dominicana y poder así contar con mejores elementos de juicio”.⁹⁵

No obstante, ante los infructuosos esfuerzos de Dentzer y Harriman, en Washington y Santiago respectivamente, el Departamento de Estado intensificó sus acciones, esta vez mediante el propio jefe de la cartera, Dean Rusk. El mismo 6 de mayo, en los instantes en que se deliberaba en la OEA la conformación de la FIP, la Embajada de Chile recibió la visita del secretario de Estado.

En la conversación sostenida, Tomic le expresó la posición del Gobierno chileno, expresando el firme desacuerdo con respecto a la intervención unilateral y la adhesión inquebrantable al principio de no intervención, piedra angular del sistema interamericano; enfatizó que las reservas chilenas no derivaban únicamente de la violación de la Carta de la OEA, sino que más bien lo hacían de las graves implicaciones políticas que surgían al ignorarla. También expresó a Rusk, no obstante, el genuino interés en abordar la situación desde una perspectiva constructiva, buscando soluciones políticas en lo que podría considerarse una segunda etapa de la crisis en República Dominicana, lo que incluía abordar el tema de la permanencia de tropas extranjeras en el país caribeño.

En ese orden de ideas, el embajador chileno expresó que el Gobierno de su país estaba interesado en proponer una resolución a la Reunión de Consulta, describiendo la proposición de Magnet en términos de permitir la continuidad constitucional dominicana, para que una autoridad amparada bajo ese marco, sin proponer nombres, solicitara a la OEA la presencia de una fuerza multinacional.

Posteriormente, Tomic le ofreció a Rusk patrocinar dicha resolución en conjunto, asegurándole que, en caso de ser aceptada, Chile participaría en la fuerza multilateral y que, en lugar de los quince votos que necesitaba en la OEA, la fórmula propuesta por Chile tendría veinte. Consecuentemente, el embajador chileno solicitó al secretario de Estado comunicarse con Bunker, para que intentara postergar la votación en el organismo. Sin embargo, Rusk le manifestó que ya era demasiado tarde para modificar instrucciones, expresándole que ante este escenario sería muy complejo aprobar en el Congreso estadounidense el programa masivo de asistencia a Chile.

En su análisis final, Tomic mostró un escepticismo palpable respecto a las amenazas provenientes de Estados Unidos, dudando de que llegaran a concretarse efectivamente, por cuanto percibió:

La sincera disposición del Gobierno norteamericano de continuar considerando al nuevo Gobierno chileno como una experiencia cuyo éxito es fundamental para los intereses generales de la democracia en el continente y para los Estados Unidos en cuanto a nación.⁹⁶

Un análisis conciso de la información presentada por el embajador Tomic revela ciertas conclusiones clave. En primer término, que desatendió las advertencias formuladas por las autoridades del Departamento de Estado, basándose en su incredulidad sobre su eventual cumplimiento y en una sobreestimación de la relevancia que la Administración Johnson asignaba al proyecto político del PDC. Esta perspectiva se evidencia claramente en el lapso temporal entre la visita de Dean Rusk y el momento en que Tomic remitió su informe a la Cancillería. Además, resulta evidente que Tomic asumió una postura que excedía sus capacidades de negociación: primero, al asegurar unanimidad en la OEA frente a un potencial proyecto de resolución en conjunto, mostrando desconexión con las dinámicas de la Reunión de Consulta y el creciente aislamiento que experimentaba Chile, y, segundo, al ofrecer la concurrencia de fuerzas chilenas, estaba comprometiendo algo que no estaba en posición de garantizar, dada la realidad de las tensiones y diferencias políticas internas en Chile.

En cualquier caso, ya sea por malentendidos o por convicción, la política exterior de Chile se mantuvo firme ante las diversas presiones y amenazas estadounidenses, las cuales cuestionaban la continuidad de los planes de ayuda financiera y el respaldo político al Gobierno de Frei. A pesar de terminar actuando de manera aislada, Chile no se dejó influenciar por las tácticas diplomáticas estadounidenses, manteniendo su postura tradicional e histórica en defensa del principio de no intervención. Este país sudamericano comenzó expresando su preocupación por los acontecimientos en la crisis dominicana y terminó condenando la intervención de Estados Unidos, lo que se refleja claramente en su voto negativo ante el proyecto de creación de la FIP.

15. Conclusiones

La intervención de Estados Unidos en República Dominicana en 1965 y su legitimación a través de la creación de la Fuerza Interamericana de la Paz (FIP) por parte de la OEA constituyeron un episodio crucial en las relaciones internacionales y un reto para el sistema internacional durante la Guerra Fría. Estos eventos representaron un verdadero desafío para los países de la región, ya que no todos lograron sortearlo de manera digna, marcando un quiebre en la coherencia latinoamericana frente a la hegemonía de Estados Unidos y representando un punto de inflexión en el sistema interamericano.

El minucioso escrutinio de los documentos desclasificados, su análisis hermenéutico y la detallada reconstrucción de los eventos revelan un panorama complejo en el cual Chile logró mantener con firmeza su independencia y autonomía, incluso en medio de la intensa presión ejercida por Estados Unidos. La política exterior chilena, bajo el liderazgo del presidente Eduardo Frei Montalva, cobra especial relevancia al evidenciar su resistencia a las tácticas diplomáticas estadounidenses, incluso cuando se planteaba la amenaza de discontinuar programas de asistencia económica como la Alianza para el Progreso.

La firme postura de Chile frente a la intervención en República Dominicana puso de manifiesto su rechazo a la imposición unilateral de soluciones en la región, actuando en línea con su compromiso de una “asociación digna” hacia Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos por preservar las relaciones bilaterales y evitar activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), los continuos aumentos de tropas interventoras y la arbitrariedad en el conflicto interno dominicano llevaron a Chile a condenar la invasión y rechazar la creación de la FIP, desencadenando así una crisis bilateral con Estados Unidos. Aunque esta posición representó una derrota diplomática y aislamiento en la OEA, reflejó la preocupación de Chile por la preservación de los valores y principios del sistema interamericano.

Sin embargo, el trayecto para mantener las convicciones democráticas se vio obstaculizado por amargas contrariedades. Las experiencias vividas por la Delegación de Chile en la OEA reflejan la escasa coordinación entre la Cancillería chilena y sus pares latinoamericanos en la misión de concretar los apoyos ofrecidos a la posición de Chile, evidenciando, además, una desconexión con las complejas dinámicas del Consejo de la OEA. Esta situación generó tensiones entre la Delegación de Chile en la OEA y la Cancillería chilena, así como constantes confusiones y malentendidos entre el representante Magnet y el canciller Valdés, contribuyendo al quiebre de confianzas entre estos actores fundamentales. Estos desaciertos propiciaron el actuar autónomo del embajador chileno ante la OEA, quien se vio compelido a tomar decisiones de manera independiente debido a la falta de claridad en las instrucciones provenientes de Santiago.

En el mismo orden de ideas, el accionar del embajador Radomiro Tomic permite comprender el impacto del pensamiento de la cúpula democratacristiana en la política exterior de Chile, especialmente en términos de la sobreestimación de la relevancia que la Administración Johnson asignaba a su proyecto político. Esto llevó a Tomic a desestimar las advertencias estadounidenses y asumir una postura que excedía sus capacidades de negociación, ofreciendo a las autoridades estadounidenses compromisos que resultaban imposibles de concretar.

En medio de este enmarañado contexto, el incómodo papel desestabilizador desempeñado por el embajador estadounidense en Chile, Ralph Dungan, constituyó un factor adicional de perturbación. Este actor clave “acompañó” todo el proceso de manejo de la crisis, interviniendo constantemente y desinformando tanto al presidente Frei como al canciller Valdés. Sus actuaciones generaron incertidumbre y descoordinación en el seno del Gobierno chileno, redundando en vacilaciones y descoordinaciones que afectaron a la toma de decisiones en momentos cruciales.

En última instancia, este episodio histórico subraya la imperiosa necesidad de apreciar las dinámicas regionales y globales que configuraron las intrincadas decisiones de los estados durante la Guerra Fría. La política exterior de Chile en 1965, frente a la intervención en República Dominicana, no solo constituyó un acto de coherencia sino también un capítulo fundamental, digno de ser rescatado y enaltecido, para enriquecer la narrativa diplomática del país. Este episodio contribuye significativamente a la comprensión más profunda de las complejidades inherentes a las relaciones internacionales de la época. En resumen, la postura de Chile durante la crisis dominicana no solo representó un hito en su búsqueda de autonomía y coherencia en el escenario internacional, sino que se erige como un acto paradigmático en su historia internacional, destinado a iluminar la práctica diplomática y política en general.

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Fecha de recepción: 16/09/2023

Fecha de aceptación: 16/04/2024

ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.10

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Revista catalana d’història 17 (2024), 211-238

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Hugo Harvey-Valdés es Oficial del Ejército de Chile en retiro; Doctor en Estudios Americanos, mención Estudios Internacionales, Universidad de Santiago, Chile; magíster y licenciado en Ciencias Militares, profesor de Geopolítica Academia de Guerra del Ejército de Chile; licenciado en Educación, Universidad Católica del Norte, Chile. Se desempeña como profesor titular e investigador en la Universidad de Las Américas, Santiago de Chile. Su principal línea de investigación se basa en las relaciones interamericanas durante la Guerra Fría. Sus trabajos más recientes son: “Allies, Partners, or Puppets? Professional Exchanges between the Armies of the United States and Chile, 1961–69”, The U.S. Army War College Quarterly - Parameters (2024); “El pensamiento político internacional del embajador Alejandro Magnet y la crisis dominicana de 1965: una Nueva Historia Diplomática desde Chile”, Izquierdas (2024); “Alianza para el Progreso como moneda de cambio: la experiencia chilena, 1961-1965”, Tzintzun. Revista de Estudios Históricos (2025).

Álvaro Sierra Rivas es licenciado y profesor de Historia y Geografía por la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC). Actualmente cursa el Magíster en Historia en la UCSC. Su línea de investigación gira en torno a la Nueva Historia Diplomática de Chile, en la cual ha publicado como coautor artículos académicos como "Una vida internacional marcada por y para la diplomacia. James Holger Blair un coetáneo de los grandes procesos de Chile y el mundo (1928-2014)", Revista de Historia (2021); "El pensamiento político internacional del embajador Alejandro Magnet y la crisis dominicana de 1965: una Nueva Historia Diplomática desde Chile", Izquierdas (2024). También ha participado como coautor en capítulos de libros como "El refugio chileno a Eric Honecker 1991-1994" y "Nueva Historia Diplomática. Hitos chilenos de los siglos XIX y XX".

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ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.10

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