Revista catalana d’història 17 (2024), 317-320

Enrique González de Andrés, 1976, el año que vivimos peligrosamente. Las instituciones provinciales franquistas y la conflictividad sociolaboral, Postmetropolis editorial, Madrid, 2021, 480 pp.

Durante los dos primeros decenios de este siglo XXI registramos un creciente interés historiográfico por el período histórico que abarca los últimos años del Franquismo, la denominada Transición política y los primeros años de la democracia en España. Sin duda alguna, y como siempre sucede con la historiografía, nuestro interés por el pasado se fundamenta en nuestras preocupaciones del presente y nuestros interrogantes sobre el futuro. En cualquier caso, cabe felicitarse por el interés creciente de la historiografía española e internacional por el período 1968-1982, ya que ello permitirá complementar las visiones que hasta ahora nos han proporcionado, básicamente, el periodismo, la sociología y la ciencia política.

Las investigaciones del historiador Enrique González de Andrés son una muestra de este interés creciente por el estudio de estos años. González de Andrés ha publicado diversos libros sobre el período que incluyen el análisis del régimen, como La economía franquista y su evolución (2015); sobre los modelos de transición, como Las transiciones políticas. Enfoque ideológico y discurso académico. Una mirada crítica (2016); y sobre el principal partido de la oposición, el Partido Comunista de España (PCE): ¿Reforma o Ruptura? Sobre las políticas del pce entre 1973 y 1977 (2017), donde se analiza el papel desempeñado por el PCE, a partir de los años sesenta del siglo pasado y hasta la implantación de la democracia en España, combinando el análisis de los discursos teóricos con el análisis de las acciones políticas.

Y ahora, Enrique González de Andrés ha publicado 1976, el año que vivimos peligrosamente, en el que se analiza cómo se vivió desde dentro del régimen franquista este año crucial de la transición a la democracia en España. Un año que, desde el punto de vista político, se inició con la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975, y que se cerró con el asesinato de los abogados de Atocha en enero de 1977. Durante este “largo año” político, se sucedieron acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales, como la caída del gobierno de Arias Navarro y su sustitución por Adolfo Suárez, la aprobación de la Ley para la reforma política, la profundización de la crisis económica y la oleada de huelgas obreras en diversos puntos del país, entre otros.

Y es precisamente de este último tema: “la conflictividad laboral” y de como lo vivieron las instituciones provinciales franquistas, de lo que trata este libro. Un tema a menudo olvidado, pero que fue decisivo para hacer fracasar cualquier intento de bunquerización del régimen franquista y dar un impulso decisivo al cambio político fundamentado en la libertad y la democracia. En este libro, y a partir de una exhaustiva investigación documental en diversos archivos provinciales y de una amplia consulta bibliográfica, se recogen de forma amplia y detallada las luchas y movilizaciones obreras que se produjeron por toda la geografía española y provincia a provincia. Los datos recogidos por las instituciones provinciales franquistas muestran claramente que durante este año se produjeron miles de huelgas que contaron con la participación de millones de trabajadores.

La paciente y exhaustiva investigación realizada por González de Andrés en los fondos documentales de los Gobernadores civiles y los Delegados provinciales de la Organización Sindical Española, le permiten detallar las movilizaciones, las protestas y las huelgas obreras desarrolladas en el interior de los centros de trabajo y en las calles durante 1976. Movilizaciones a las que el régimen intento responder, una vez más, mediante la represión que tiene en el 3 de marzo en Vitoria un horrible ejemplo con el asesinato de cinco trabajadores y heridas de bala a 150 por disparos de la policía. Pero tenemos otros ejemplos de represión contra los trabajadores este año: el 24 de febrero en Alicante un manifestante era asesinado por disparos de la policía; el mes de marzo morían dos trabajadores en Tarragona y Basauri a causa de la represión. Una violencia policial y parapolicial que se cobró más víctimas este año: el 9 de mayo en un acto carlista en Montejurra hubo muertos y heridos; el 8 de julio era asesinada una joven en Santurce por elementos parapoliciales; y el 14 de agosto en Almería, el estudiante Javier Verdejo era asesinado por un miembro de la Guardia Civil mientras realizaba una pintada pidiendo “trabajo y libertad”. ETA, por su parte, también contribuía a ese clima de violencia con un asesinato por mes.

Según los datos que se nos ofrecen en este libro, extraídos del Ministerio de Trabajo, 1976 fue un año que rompió radicalmente con los años anteriores, tanto por lo que hace al número de huelguistas, que pasó de 650.000 en 1974-1975 a 2.555.000 en 1976; como al número de jornadas de trabajo “perdidas”, que pasó de 1.770.000 en 1974-1975 a 12.592.700 en 1976 (pp. 14-15). No es nada extraño que la mayoría de las autoridades provinciales coincidieran en calificar este año como “histórico” en cuanto a conflictividad sociolaboral y que marcaría un antes y un después en la mayoría de las provincias españolas. Lo explicitaba así el gobernador civil de Girona al comentar que en 1976 habían aumentado “las manifestaciones de cada grupo político, la aparición de numerosos partidos políticos y una relativa actividad de los mismos en actos públicos y conferencias” y todo ello vinculado a “las huelgas provocadas por ciertos líderes sindicales.” (p.198).

1976, el año que vivimos peligrosamente se estructura en cuatro capítulos y unas conclusiones. En el capítulo 1 (pp. 25-35) se nos ofrece una visión general de la conflictividad laboral que permite al autor dividir las provincias españolas en tres grupos: “No conflictivas” un total de 13 provincias en que no se registra ningún conflicto; “Poco conflictivas” un total de 28 que registran entre 1 y 50 conflictos; y “Conflictivas”, un total de 11 provincias que registran más de 50 conflictos (p. 33). En los tres capítulos siguientes y que conforman la parte más extensa del libro (pp. 37-432) se analizan los tres grupos provinciales señalados.

En el capítulo 2 dedicado a «Las instituciones franquistas en las provincias con nula conflictividad», se analizan las valoraciones de las autoridades provinciales de estas provincias, la mayoría de ellas del interior peninsular (Castilla-León y Castilla-La Mancha). Valoraciones que reflejan cierta inquietud de las autoridades provinciales a pesar de la usencia de conflictos, como las de Albacete ante la creciente influencia de las ideas obreristas: “algunos grupos situados en la oposición sindical tratan de aprovechar la situación para alertar a nuestra clase trabajadora en demanda de pretensiones que ni siquiera ellos conocen” (p.60).

El capítulo 3, dedicado al análisis de las provincias con escasa conflictividad, destacan los casos de las provincias de Albacete, Valencia, Cádiz, La Coruña, Valladolid y Tarragona. Se trata de provincias situadas, mayoritariamente en el litoral español y que cuentan ya con una “tradición” de conflictividad laboral durante el período 1971-1975. Una constante en los informes de las autoridades de estas provincias era la creciente “politización” de las movilizaciones obreras. Así, el delegado de la Organización Sindical de Tarragona constataba que “la constante común entre la masa trabajadora es la de la desorientación y el confusionismo, existiendo serias dudas sobre el futuro de los trabajadores que no desean afiliarse”, ya que los trabajadores actuaban “posponiendo y dejando en segundo término el grave problema de la inflación y la carestía de la vida.” (p.87).

En el capítulo 4, el más amplio (pp. 225-447), se analizan las 11 provincias con más conflictividad: Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya, Asturias, Madrid, Navarra, Sevilla, Pontevedra, Zaragoza, La Coruña y Valladolid. Destacando la gran conflictividad sociolaboral en las provincias de Barcelona y Asturias, ambas con una larga “tradición” de conflictividad laboral. A las que siguen las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid y Navarra, donde también se había registrado una alta conflictividad laboral en la primera mitad de los setenta del siglo XX. El caso asturiano muestra claramente la imbricación de las reivindicaciones y movilizaciones sociolaborales propias de cada empresa y/o sector y las movilizaciones de solidaridad y/o de carácter más político. Por su parte, la amplia movilización sociolaboral en la provincia de Barcelona, obligó al sector más “moderno” del empresariado a buscar soluciones a los conflictos laborales fuera del sistema oficial, creando “instituciones representativas para dialogar sobre los problemas, establecer pactos y evitar los conflictos” (p. 348). Finalizaban 37 años de “vacaciones pagadas” para el empresariado español porque el régimen franquista que había garantizado orden, disciplina y represión entre los trabajadores, ahora se mostraba incapaz de hacer frente a la oleada de protestas sociolaborales y a su politización.

El libro se cierra con unas «Concusiones» entre las que destacan, por una parte, que “la mayoría de los delegados sindicales y gobernadores civiles, […], coincidieron en que 1976 fue un año especial, tanto en comparación numérica con periodos pretéritos, como en la inusual implicación, intensa y extensa, de la clase trabajadora”, tanto en provincias con larga tradición conflictiva, como en otras que hasta ese momento no la habían registrado (p.434). Por otra parte, se concluye que muchas protestas “cuyo origen y composición estaban alejadas de los cánones tradicionales de lucha del movimiento obrero”, facilitaron la integración de nuevos sectores (aprendices, jóvenes, mujeres, trabajadores de las PYMES, clases medias) en el movimiento obrero y en la lucha antifranquista, ya que era difícil discernir entre ambas. Como señala González de Andrés, para el Bajo Llobregat: “en simbiosis con las experiencias que asimilaban núcleos amplios de trabajadores, es inteligible que el despido por falta de respeto de un operario en Laforsa pudiera desencadenar tamaño conflicto [una huelga general]” (p. 436-437).

González de Andrés destaca que la “necesidad de luchar para lograr lo que se creía justo, tuviera un componente salarial o no, estaba tan asumida que llego a formar parte del ADN de amplios colectivos obreros en aquellos instantes” (p.444). Y esa praxis, “contribuía a la construcción de una consciencia de clase cada vez más acusada, a la par que aumentaba el sentimiento de pertenencia a la misma” (p. 446). De alguna manera, el movimiento obrero y las fuerzas democráticas, mayoritariamente situadas a la izquierda y a la izquierda de la izquierda, habían conseguido, siguiendo a Antonio Gramsci, una cierta “hegemonía cultural”. Finaliza el autor con la consideración que la documentación consultada cuestiona la “supuesta fuerza de la Dictadura, ni la extrema debilidad del antifranquismo, ni tampoco la escasa participación obrera” (p. 447).

Ramon Arnabat Mata

Grupo de investigación ISOCAC de la Universitat Rovira i Virgili (España)

ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.19

Revista catalana d’història 17 (2024), 317-320

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