El 16 de febrero, un día que amaneció con el eco de la historia y la memoria, nos dejó Susanna Tavera. Como si el tiempo hubiera querido detenerse un instante para honrar su legado, su voz crítica y su pasión inagotable por el conocimiento siguen resonando en quienes la conocimos. Nos duele despedir a una historiadora, feminista y militante incansable, cuya vida estuvo marcada por una pasión imparable por el saber y un firme compromiso con la lucha por la justicia social. Su compromiso con la universidad fue igualmente palpable. En su lucha constante por una educación inclusiva y accesible, Susanna también defendió la universidad pública, entendida como un espacio de conocimiento libre y democrático, abierto a todas las voces y capaz de ofrecer un entorno donde la crítica y la reflexión fueran herramientas para el cambio social. Su trayectoria es la de una mujer que supo transformar su dedicación por la historia en una poderosa herramienta de cambio, de reivindicación y de construcción de una genealogía feminista imprescindible, que seguirá iluminando el camino de futuras generaciones.
A lo largo de su vida, Susanna desarrolló su intensa labor investigadora y docente en la Universidad de Barcelona, un espacio académico donde dejó una huella profunda. Allí, no solo impartió conoci- miento, sino que también formó una comunidad de pensamiento crítico y feminista. En sus aulas y seminarios, Susanna Tavera ha sido fundamental en la recuperación y análisis de la historia de la prensa anarquista y la radio en España, especialmente en el contexto del siglo XX, como un medio de lucha política y social. A través de sus investigaciones y análisis, ha desentrañado cómo estas publicaciones se configuraron como espacios de resistencia y cómo contribuyeron a la articulación de los ideales anarquistas, así como a la difusión de pensamientos de autodeterminación, igualdad y justicia social en la sociedad española. Su trabajo no solo se centra en la difusión de ideas a través de estos medios, sino también en el estudio y la preservación de las narrativas de los movimientos anarquistas y de la resis- tencia durante períodos de represión. En 2002 dirigió en la revista Ayer el monográfico El anarquismo español y en 2016 coordinó Las Mujeres y la Radio en la revista Arenal. Historia de las Mujeres.
Asimismo, ha sido una de las voces más relevantes en el cultivo de la historia de las mujeres como una disciplina central, esencial para entender la sociedad en su totalidad. Su esfuerzo por visibilizar a las mu- jeres en la historia se materializó en una de sus obras más emblemáticas, Federica Montseny. La Indomable (2005), un estudio riguroso sobre una de las figuras más significativas del anarquismo español. A través
ISSN: 1889-1152.
de esta y otras muchas publicaciones, así como su participación en congresos, seminarios y proyectos colectivos, Susanna dejó una huella indeleble en la historiografía feminista, como lo reflejan obras como Mujeres en la Gran Guerra: imagen y realidad (2022), Sufragisme i sufragistes: reivindicant la ciutadania política de les dones (2019) y L’escola de la Dona: 125 anys construint un camí cap a la igualtat, 1883-2008(2009).
Pero más allá de su sobresaliente labor investigadora, Susanna fue una compañera generosa y una incansable defensora de la acción concreta. Impulsó y dirigió proyectos que hoy son pilares fundamen- tales en el estudio de la historia de las mujeres. Su papel en la institucionalización de los estudios de género en España fue crucial, siendo directora del Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere hasta su jubilación en 2015, y una de las principales impulsoras de la creación de la Asociación Española para la Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM) y la prestigiosa y mencionada revista Arenal.Tam- bién formó parte de la Junta Directiva de la Asociación de Historia Contemporánea, siendo su implicación esencial para el desarrollo y consolidación de los estudios históricos contemporáneos. Su participación, tanto en la toma de decisiones clave como en la organización de actividades y congresos, fue siempre un ejemplo de rigor académico y de compromiso con la historia.
Desde la docencia, la investigación y la escritura, Susanna tejió una red sólida de compañeras, com- pañeros, discípulas y discípulos, cuyo trabajo sigue alimentando su legado. Su compromiso con la historia no solo se reflejaba en su producción académica, sino también en su empeño por trasladar el conocimiento más allá del ámbito universitario, insertando su lucha en el espacio público. Esta trayec- toria también se entrelaza con su labor en la recuperación de la memoria histórica, especialmente en lo que respecta a la resistencia antifranquista y el papel de las mujeres en las luchas por la democracia. En tiempos en los que la igualdad y la memoria democrática se tambalean ante los ataques de los populismos de extrema derecha y los discursos negacionistas, la figura de Susanna se vuelve aún más imprescindible. Su trabajo y compromiso nos recuerdan que la lucha por la verdad histórica y los de- rechos de las mujeres no es solo una cuestión académica, sino una necesidad urgente frente a quienes intentan borrar los avances logrados. Sus estudios y su militancia nos dejan herramientas valiosas para resistir estos embates y seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria.
Quienes tuvimos la fortuna de conocerla y aprender de ella sabemos que su ausencia deja un vacío inmenso. Sin embargo, también sabemos que su pensamiento y su ejemplo continúan vivos en todas las que seguimos creyendo en la necesidad de una historia comprometida, crítica y transformadora. En febrero de 2025, la historia del feminismo y de las mujeres en España pierde a una de sus grandes referentes, pero su memoria perdurará en los caminos que ella misma ayudó a forjar.
Junto a ella, caminamos muchas, aprendimos de su saber y de su entrega, y construimos juntas un espacio de amistad y compromiso. Susanna fue parte de un grupo de walkirias feministas que compartieron con ella no solo el conocimiento, sino también la determinación de cambiar el mundo. Su legado continuará vivo en todas nosotras, en cada investigación, en cada enseñanza y en cada lucha por la igualdad.
Teresa María Ortega López
Catedrática de Historia Contemporánea
Universidad de Granada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
ISSN: 1889-1152.
Revista catalana d’història 17 (2024), 1-2
Aurora Bosch Universitat de València aurora.bosch@uv.es
https://orcid.org/0000-0001-6271-8577
Resumen
A través de la figura de Ida B. Wells, feminista y líder en el movimiento por los derechos civiles, el artículo analiza el activismo de la primera generación de afro- americanas que creció en libertad y accedió a la educación superior y al mundo profesional en medio de la primera oleada de feminismo y del peor momento de las relaciones raciales en Estados Unidos. Basándose principalmente en los folletos, los diarios personales y la autobiografía de Wells, el artículo se detiene en su experi- encia y su denuncia de la segregación cotidiana y, muy especialmente, en su sub- versivo análisis de los linchamientos como una forma de terror para la mantener la supremacía blanca.Al mismo tiempo, Ida Wells compaginaba el compromiso con el “progreso de la raza” y los derechos de la mujer, que distinguía al feminismo negro, cofundando The National Association of Colored Women Clubs (1896), mientras que en la fundación de The Alpha Suffrage Club (1913) Wells reivindicaba el valor del voto femenino afroamericano en la política electoral estadounidense.
Palabras clave: Estados Unidos, derechos civiles, feminismo negro, segregación, linchamientos
Resum
Drets civils, feminisme i política: Ida B.Wells, 1890-1930
A través de la figura d’Ida B. Wells, feminista i líder en el moviment pels drets civils, l’article analitza l’activisme de la primera generació d’afroamericanes que va créixer en llibertat i va accedir a l’educació superior i al món professional enmig de la primera onada de feminisme i del pitjor moment de les relacions racials als Estats Units. Basant-se principalment en els fullets, els diaris personals i l’autobiografia de Wells, l’article s’atura en la seva experiència i denúncia de la segregació quotidiana
Fecha de recepción: 12/04/2024 Fecha de aceptación: 08/07/2024
ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.1
i, molt especialment, en la seva anàlisi subversiva dels linxaments com una forma de terror per a mantenir la supremacia blanca. Alhora, Ida Wells compaginava el compromís amb el “progrés de la raça” i els drets de la dona, que distingia el femi- nisme negre, cofundant The National Association of Colored Women Clubs (1896), mentre que amb la fundació de The Alpha Suffrage Club (1913) Wells reivindicava el valor del vot femení afroamericà en la política electoral nord-americana.
Paraules clau: Estats Units, drets civils, feminisme negre, segregació, linxaments
Abstract
Civil Rights, feminism, and politics: Ida B.Wells, 1890-1930
Through the figure of Ida B. Wells, feminist and leader in the civil rights move- ment, the article analyzes the activism of the first generation of African American women who grew up in freedom and had access to higher education and the professional world in the midst of the first wave of feminism, and in the nadir of race relations in the United States. Based mainly on Wells’ pamphlets, personal diaries, and an autobiography, the article explores his experience and denunci- ation of everyday segregation and, mostly, his subversive analysis of lynching as a form of terror to maintain white supremacy. At the same time, Ida Wells com- bined a commitment to “the progress of the race” and women’s rights, which distinguished black feminism, by cofounding The National Association of Colored Women Clubs (1896), while the founding of the Alpha Suffrage Club (1913) shows how Wells valued the impact of african-american women vote in the American electoral politics.
Keywords: United States, civil rights, black feminism, segregation, lynching
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Introducción
Desde la década de 1990 la investigación histórica ha comenzado a revelar la decisiva parti- cipación de las mujeres en el movimiento de los derechos civiles en las décadas centrales del siglo XX. De momento, los resultados obtenidos indican una participación femenina muy superior a la masculina, que resultó esencial tanto en la organización como en el liderazgo comunitario del movimiento.1 Como diría Stokely Carmichael, destacado dirigente del Black Power, “las que llegaron primero al movimiento fueron las mujeres […]. De hecho, como so- líamos decir,‘una vez que tienes a las mujeres, los hombres les siguen’”.2
Anteriormente, desde el feminismo negro, Angela Davis y Alice Walker ya habían resaltado que, desde la esclavitud, la mujer afroamericana había jugado un papel destacado tanto en la lucha por la liberación de los esclavos como en la liberación femenina, al denunciar su triple
1 Esta investigación se enmarca en el Grup d’Excel·lencia Prometeo, GVPROMETEO2020-050, del que la autora forma parte. Houck, D.W. y Dixon, D.E. (2009). Women and the Civil Rights Movement, 1954-1965. University Press of Mississippi, XIII-XIV; Robnett, B. (1997). How Long? How Long?:African-American Women in the Struggle for Civil Rights. Oxford University Press, 156; Collier-Thomas, B. y Franklin,V.P. (2001). Sisters in the Struggle:African American Women in the Civil Rights-Black Power Movement. New York University Press, 1-9.
2 Citado por Olson, L. (2001). Freedom’s Daughters:The Unsung Heroines of the Civil Rights Movement from 1830 to 1970. Simon & Schuster, 15.
opresión de género, raza y clase, mientras reivindicaban otra forma de ser mujer.3 Una mujer que, como indicó la esclavizada y abolicionista Sojouner Truth en la Convención de Derechos de la Mujer de 1851, desde la esclavitud había trabajado forzosamente como un hombre, soportado latigazos, parido trece hijos que fueron vendidos como esclavos; una mujer “¡a la que nunca nadie me ha ayudado a subir a las carretas o a saltar charcos de lodo o me ha dado el mejor puesto! Y ¿acaso no soy una mujer?”, preguntaba Truth al auditorio.4
Esta reivindicación de la interseccionalidad entre raza, género y clase, presente desde el abo- licionismo y los comienzos del movimiento feminista en Estados Unidos, se mantuvo en los inicios de la lucha organizada de minoría negra a finales del siglo XIX y principios del XX, diferenciando el feminismo negro desde la primera oleada del feminismo. El presente artículo analiza ese momento de autoorganización de la minoría negra a través de la figura de Ida Wells, representante del activismo de la primera generación de mujeres afroamericanas que creció en libertad, accedió a la educación y ascendió a la clase media. Desde que se publicó por primera vez la autobiografía de Wells en 1970, su figura ha sido estudiada en Estados Unidos tanto desde las distintas perspectivas de su actividad pública —reformista, activista de los derechos civiles, oradora, periodista, agitadora política— como de su pensamiento en torno a la raza, la cons- trucción de la identidad, la ciudadanía5 y la ética femenina negra,6 constituyendo así un referente tanto del feminismo negro actual7 como de las reivindicaciones más recientes del movimiento negro estadounidense.8 En España, un interesante libro editado por Mercedes Jabardo en 2012, Feminismos negros: Una antología, nos introduce en el papel de Ida Wells como pionera del fe- minismo negro, y traduce al castellano uno de sus principales escritos sobre los linchamientos.
A través principalmente de los escritos, los diarios y la autobiografía de Wells, el objetivo
de este artículo, situado en el contexto histórico del retroceso de derechos e intensa violencia contra los afroamericanos del periodo posterior a la Reconstrucción y la promesa de “la era de las mujeres”, es analizar el protagonismo femenino en el origen de la movilización de la minoría negra, a través de la experiencia y singular respuesta de Wells a esta realidad. Como otras mujeres que nacieron esclavas, la militancia de Wells en la lucha por los derechos civiles presuponía su compromiso con el progreso de las mujeres afroamericanas. De esta forma, el ar- tículo analiza sus denuncias de la segregación y, muy especialmente, su cruzada contra los lin- chamientos, así como su papel en la organización cívica y política de las mujeres afroamericanas.
De la esclavitud al progreso de la “raza”. La primera generación libre de afroamericanas
Ida Wells nació esclava en 1862, unos meses antes de que el presidente Lincoln proclamara la emancipación provisional de los esclavos de los territorios rebeldes, que se convertiría en la Proclamación de Emancipación definitiva el 1 de enero de 1863. La familia vivía en Holly
3 Jabardo, M. (Ed.). (2012). Feminismos negros: Una antología.Traficantes de Sueños, 27-31.
4 Truth, S. Ain’t I a Woman? Speech Delivered in the 1851 Women’s Rights Convention, Old Stone Church, Akron, Ohio. National Park Service, disponible en https://www.nps.gov/articles/sojourner-truth.htm (consulta, 10-12-2023).
5 Davidson, J.W. (2007). They Say: Ida B.Wells and the Reconstruction of Race. Oxford University Press.
6 Sims, A.D. (2010). Ethical Complications of Lynching: Ida B.Wells’s Interrogation of American Terror. Palgrave Macmillan.
7 La influencia es notoria en el pensamiento de bell hooks.Véase hooks, b. (2020). ¿Acaso no soy yo una mujer?: Mujeres negras y feminismo. Consonni.
8 En concreto, el tema de la reparación política por la esclavitud y el sistema de Jim Crow.Véase Balfour, L. (2015). Ida B.Wells and “color line justice”: Rethinking reparations in feminist terms. Perspectives on Politics (13:3), 682-686.
Springs, Mississippi, una pequeña ciudad del Sur profundo, con cierto desarrollo económico más allá del cultivo de algodón, gracias a su fundición de hierro y al ferrocarril, que cambió de manos varias veces durante la guerra.9 Los padres de Ida, aunque esclavos, tuvieron ciertas ventajas que les permitieron ascender a la clase media tras la Emancipación y la victoria del Norte en 1865.
El padre, hijo de su amo y una esclava, era fruto de la cotidianidad del abuso sexual de las mujeres negras por sus amos blancos durante la esclavitud y, por lo tanto, de la doble opresión de raza y sexo que sufrían las mujeres afroamericanas esclavizadas.10 Sin embargo, el hecho de que el matrimonio de sus amos no tuviera hijos permitió a Jim Wells acceder a cierta instruc- ción y aprender el oficio de carpintero, imprescindible este último en la reconstrucción de los edificios del Sur al acabar la guerra. En cuanto a su madre, desde su condición más ventajosa de esclava doméstica en una ciudad, se había convertido en una famosa cocinera, aunque no es- capó al analfabetismo forzado, inherente a la condición de esclavo en el sur de Estados Unidos.
Estas circunstancias familiares, unidas a los avances jurídicos, cívicos, políticos y materiales que la Reconstrucción proporcionó a los libertos, permitieron a la familia de Ida Wells pros- perar y convertirse en miembros de la primera clase media negra del Sur. En efecto, como otros hombres y mujeres afroamericanos del Sur, la familia Wells se benefició de la aprobación de las enmiendas 13.ª, 14.ª y 15.ª a la Constitución de Estados Unidos, que consecutivamente abolieron la esclavitud en todo el territorio nacional (1865), garantizaron la igualdad civil a los libertos (1866) y les concedieron el derecho al voto (1870). También contaron con la ayuda federal a través de la Oficina de Libertos (1864), y con las políticas de los gobiernos estatales reconstruidos tras la ocupación militar del Sur por parte del Norte. Igualmente, las iglesias y asociaciones cívicas del Norte contribuyeron con dinero, voluntarios e iniciativas diversas a la promoción de los libertos.Todo ello en un ambiente en que los antiguos esclavos se enrolaron en gran número en las Ligas de la Libertad, en el Partido Republicano y en asociaciones de ayuda mutua,11 y abrazaron con entusiasmo la educación como el primer paso para su progre- so.12
De esta forma, los padres de Ida Wells pudieron independizarse y comprar una casa en Holly Springs, en la que vivieron con sus ocho hijos. Ambos eran metodistas y estaban comprome- tidos con la educación de sus vástagos y el progreso de la comunidad negra. Jim Wells, aparte de llevar su negocio de carpintería, ser maestro masón e interesarse en la política, era patrono de la Shaw University, después llamada Rust College, fundada por el Freedmen Aid Society (FAS) en 1866, institución en la que se educó Ida, y a la que asistía también Lizzy Wells con sus hijos hasta que aprendió a leer la Biblia. Como en los otros quinientos colleges fundados por la American Missionary Association (AMA) en el Sur después de la guerra para educar a los libertos, la FAS se encargaba de enrolar a los maestros del Norte y buscarles alojamiento,
9 Duster, A.M. (2020). Introduction. En Wells, I.B. Crusade for Justice:The Autobiography of Ida B.Wells. The University of Chi- cago Press, XV.
10 Jacobs, H. (1992). Memorias de una esclava. Grijalbo Mondadori, 94.
11 Foner, E. (1989). Reconstruction: America’s Unifinished Revolution, 1863-1867. Harper & Row, 77-123.
12 Cien mil libertos estaban escolarizados en 1867 y, según W. E. B. Du Bois, un millón y medio en 1900. McCluskey, A.T. (2014). A Forgotten Sisterhood: Pioneering Black Women Educators and Activists in the Jim Crow South. Rowman & Littlefield Pub- lishers, 4.
contando en el caso del Rust College con la ayuda económica de la parte ilustrada de la co- munidad blanca de Holly Springs.13
La poca educación formal recibida por Ida B. Wells en el Rust College, pues dejó la insti- tución de forma abrupta por un incidente traumático,14 y su deseo de mejorarla continuando su formación, le permitieron encontrar un trabajo como maestra rural en Mississippi a los dieciséis años, cuando a la muerte de sus padres por fiebre amarilla decidió hacerse cargo de los seis hermanos restantes para mantener unida a la familia, bajo la tutela de los masones.15 Como otras jóvenes de la nueva clase media negra, la enseñanza era casi el único trabajo que podían encontrar que no fuera manual, además de ser una profesión segura y respetada, que les ofrecía la oportunidad de mostrar su compromiso con el “progreso de la raza”.16 Así, siguiendo una pauta anterior a la Emancipación, según la cual las mujeres esclavizadas equiparaban edu- cación a libertad, las maestras afroamericanas constituyeron el 70% de los maestros negros que salieron de las escuelas y universidades de la AMA después de la Emancipación. Su objetivo, en medio de la violencia y el racismo del Sur posterior a la Reconstrucción, era contrarrestar los estereotipos blancos sobre la inferioridad de la raza y defender los derechos adquiridos. Las maestras negras pusieron especial énfasis en la educación de las mujeres y crearon, en muchos casos, escuelas específicas para ellas, en las que insistían en el decoro y la conducta apropiada siguiendo los dictados victorianos de la pureza femenina y la domesticidad, pero también las preparaban para luchar contra la opresión e injusticia que sufría su pueblo.17
De esta forma, las experiencias de Wells como maestra rural en Mississippi y Tennessee desde 1878 hasta 1884, sus siete años posteriores como maestra en la ciudad de Memphis y la breve experiencia de enseñar fuera del Sur, en California, la enfrentaron con la realidad sureña después de la Reconstrucción, y supusieron el comienzo de su compromiso en la lucha de la minoría negra por sus derechos civiles y políticos.
Experiencia y denuncia de la segregación
Su primer destino como maestra rural en Mississippi supuso para Wells la experiencia de enseñar en una escuela para negros de una sola aula, en la que se mezclaban edades y grados, con escasa dotación, hasta el punto de no tener aceite para las lámparas ni velas sobrantes para poder leer en cuanto oscurecía. Como contrapartida Wells encontraba el apoyo de una comunidad amable, empática y generosa, que le proporcionaba “huevos y mantequilla para su familia”. Al ser la cabeza de familia y única proveedora, Wells adoptó desde muy joven un rol femenino no convencional que, por otro lado, la enfrentaba a los problemas de conciliación de las madres trabajadoras. Así, al trabajar fuera toda la semana, tenía que buscar ayuda externa para cuidar a sus hermanos, y experimentaba la doble carga de trabajo que suponía trabajar en la escuela rural durante la semana y “lavar, planchar y cocinar” el sábado y domingo.18 Am-
13 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 8-9.
14 Al visitar la institución posteriormente, el 29 de diciembre de 1885, se refiere en su diario a “[…] seeing old enemies, visiting old scenes, recalling the most painful memories of my life, talking them over with those who were prominent actors during my darkest days […]. Decosta-Willis, M. (Ed.). (1995). The Memphis Diary of Ida B.Wells. Beacon Press, 24.
15 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 11-15.
16 McCluskey, A.T. (2014). A Forgotten Sisterhood… Op. cit., 7.
17 Ibid., 3 y 5-7.
18 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 3.
bos motivos la llevaron a aceptar la ayuda de una tía viuda y trasladarse a Memphis, donde encontró un trabajo mejor pagado en una escuela rural a pocas millas de la ciudad, mientras preparaba su examen para acceder al sistema público de la localidad.
El traslado a Memphis sería decisivo en la formación de una joven decidida, inteligente, am- biciosa y poco convencional como Ida Wells, que, aunque no desdeñaba la compañía mascu- lina, estaba centrada en su formación y progreso. A principios de la década de 1880, Memphis era una próspera ciudad en rápido crecimiento, al ser un enclave comercial neurálgico por su situación en el Mississippi, en medio de una región productora de algodón, así como la co- nexión ferroviaria más importante del Sur. La ciudad, que llegaría casi a los 70.000 habitantes en 1890, tenía también una intensa vida política, cultural y asociativa, a la que contribuía una comunidad negra que había llegado a los 30.000 miembros.
Aparte de las oportunidades económicas de Memphis y el condado de Shelby, los afroame- ricanos pudieron votar libremente durante la década de 1880, así como tener representantes en las juntas escolares y de obras públicas de la ciudad, factores que atrajeron a una comunidad afroamericana que estableció iglesias, escuelas, colleges, negocios, asociaciones de ayuda mutua y periódicos. La comunidad contaba con una pequeña clase media de empresarios, profesio- nales y educadores, muy activa y consciente de sus derechos, en la que se insertó Ida Wells.19 Aparte de las reuniones literarias de los viernes con otros maestros en el Liceo —“los ejercicios literarios consistían en recitados, ensayos y debates intercalados con música. Era un soplo de vida para mí”—20 y la pronta relación profesional con editores de periódicos, Wells entró en contacto con pastores protestantes, médicos, abogados, empresarios, amas de casa y dueños de pensiones, con los que socializaba en pícnics, ferias de la iglesia, recepciones, paseos y otros “entretenimientos para señoritas”.21
La necesidad de desplazarse diariamente al lugar de trabajo en el ferrocarril, durante sus primeros cuatro años en Memphis, enfrentó a Wells con la cotidianidad de los conflictos por la segregación en el transporte de masas, uno de los pocos espacios públicos —como el trabajo, los espacios políticos o los comercios— donde no se podía evitar el contacto entre razas.
En 1884, a la edad de veintiún años, Ida Wells compró un billete de primera para desplazarse diez millas, desde su destino en la escuela rural de Woodstock a Memphis. Un año antes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en The Civil Right Cases, abría la puerta a la segregación al indicar que la 13.ª y la 14.ª enmiendas a la Constitución no daban poder al Congreso para prohibir la discriminación racial por parte de individuos o empresas privadas. Era un retroceso respecto a la Ley de Derechos Civiles de 1875, que independientemente del color o la raza garantizaba el acceso igualitario a todos los espacios públicos.
Desde entonces, los conflictos se multiplicaron en los vagones ferroviarios de primera, a los que accedía una clase media negra con estudios, dispuesta a defender sus derechos.22 Fue así como Ida Wells se encaminó al vagón de primera, reservado de forma oficiosa por la compañía para mujeres blancas y sus acompañantes, y, ante la insistencia del revisor, rehusó desplazarse al vagón de fumadores y viajeros de color —alegando que había personas fumando— y se negó
19 Schechter, P.A. (2001). Ida B. Wells-Barnett and American Reform, 1880-1930. The University of North Carolina Press, 39-41; Decosta-Willis, M. (Ed). (1995). The Memphis Diary… Op. cit., 19.
20 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 3 y 21.
21 Decosta-Willis, M. (Ed). (1995). The Memphis Diary… Op. cit., 6-19.
22 Ayers, E.A. (1995). Southern Crossing: A History of the American South 1877-1906. Oxford University Press, 96-100.
a entregarle el billete. Según su relato, la sacaron a la fuerza del tren en la primera estación ante la actitud entusiasta de los pasajeros blancos —“algunos se levantaron de sus asientos para presen- ciarlo mejor y continuaron aplaudiendo al revisor por su valiente postura”—,23 pero ella con- trató al que fuera el primer abogado afroamericano de Memphis y demandó a la Chesapeake & Ohio & Southwestern Railroad Company. El juez del Tribunal de Condado, un antiguo oficial unionista, condenó a la compañía a pagarle 500 dólares por perjuicios, resolución que tuvo un notable eco en la prensa afroamericana de la época.24
Sin embargo, la compañía ferroviaria recurrió la sentencia en el Tribunal Supremo de Ten- nessee, que valoró los hechos de otra forma. Como otros estados del Sur ante incidentes simi- lares, la Asamblea de Tennessee había decidido en 1881, sin sancionar la segregación ni urgir a la integración, que los ferrocarriles debían disponer de vagones separados de primera clase o áreas dentro de los vagones de la primera clase en los que “ todos los pasajeros de color que hubieran pagado la tarifa de primera clase pudieran tener el privilegios de entrar”.25 Así, la sen- tencia del tribunal establecía que la compañía seguía la normativa de la Asamblea de Tennessee, pues el tren tenía dos vagones de primera, uno para señoras y sus acompañantes —que estaba lleno— y otro para fumadores. El tribunal dudaba de la palabra de Wells, pues, en contra de su testimonio, constataba que no había nadie fumando en el otro vagón, por lo que consideraba que la demandante había actuado de “mala fe” para “acosar con vistas a este pleito” y “obte- ner un asiento cómodo para un trayecto corto”.26 Motivos todos ellos por los que el Tribunal Supremo de Tennessee falló en favor de la compañía y obligó a Wells a pagar 200 dólares por las costas.
Después de lo que parecía un primer triunfo legal contra la segregación —“el éxito de mi caso habría sentado un precedente que otros indudablemente hubieran seguido”—, Wells se sintió decepcionada, pues había pensado que la ley ya estaba del lado de los afroamericanos.27 Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo de Tennessee y, posteriormente, de otros tri- bunales estatales del Sur respecto a que podía haber vagones separados de blancos y negros, siempre que fueran iguales en comodidad y la separación se hubiera hecho pública, inspiró las leyes de segregación en los estados del Sur a partir de finales de la década de 1880; leyes que las clases medias negras combatieron, al alegar que violaban la 13.ª y 14.ª enmiendas, y provoca- ron, en 1892, el célebre caso Plessy vs. Ferguson en Luisiana,28 sobre el que el Tribunal Supremo sentenció en 1896 la doctrina de “separados pero iguales”, que declaraba así constitucional la segregación.29
23 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 17-18.
24 El titular del Memphis Daily Appeal del jueves 25 de diciembre de 1884 indicaba: “A Darkly Damsel Obtains a Veredict for Damages against the Chesapeake Railroad—What It Cost to Put a Colored School Teacher in a Smoking Car—Verdict for
$500”. University of Chicago Library, Special Collections, Research Center, disponible en https://blackwomenssuffrage.dp.la/ collections/ida-b-wells/ibwells-0008-011-01 (consulta, 9-9-2024).
25 Ely, J.W. Jr. (Ed). (2002). The Tennessee Supreme Court, 1886-1910. En A History of the Tennessee Supreme Court. The Uni- versity of Tennessee Press, 177.
26 TennesseeVirtual Archive, Chesapeake, Ohio & Southwestern Railroad Company v.Wells, Jackson,April 5th, 1887, 614, disponible en https://teva.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15138coll18/id/176/ (consulta, 14-2-2024).
27 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 18.
28 El caso fue impulsado por un grupo de afroamericanos reunidos en “the Citizens’ Committee to Test the Constitutionality of the Separate Car Law”.
29 “[…] If the civil and political rights of both races be equal, one cannot be inferior to the other civilly or politically. If one race be inferior to the other socially, the Constitution of the United States cannot put them upon the same plane […]”. National Archives (Washington), Records of the Supreme Court of the United States, Record Group 267, Plessy v. Ferguson,
Sus siguientes experiencias y denuncias de la segregación fueron, una vez más, en el sistema escolar. Primero fue su breve desempeño como maestra fuera del Sur, en la pequeña ciudad de Visalia, en el valle de San Joaquín, en California. Allí, donde no había un sistema de se- gregación escolar estatal, los niños afroamericanos, en minoría frente a una población blanca, americana nativa y mexicana, “a petición de la propia población de color”, estaban separados en una escuela de una sola aula con las peores condiciones, mientras que el resto de los estu- diantes “blancos, indios y mestizos mexicanos” tenían la escuela en un confortable edificio.30 “Decir que queremos estar separados es un reconocimiento tácito de la inferioridad que ellos [los blancos] dan por supuesto”,31 reflexionaba críticamente Wells sobre su experiencia en California.
Posteriormente, ya como maestra en el sistema público de Memphis, denunció, en el perió- dico afroamericano The Free Speech and Headlight, los edificios inadecuados en los que enseña- ban a los estudiantes de color, y acusó a la junta escolar de asignarles los peores maestros, tanto por aptitudes intelectuales como por cualidades morales, pues sugería que algunos habían conseguido el puesto de maestro por “amistad ilícita” con miembros de la junta escolar.32 Estas acusaciones directas le valieron ser despedida del sistema público por la Junta de Educación de Memphis, sin encontrar ningún apoyo en los padres de los niños que apreciaban su trabajo. Al contrario, le recriminaban haber publicado el artículo que provocó su despido. Fue una experiencia amarga, a partir de la cual entendió que en su lucha decidida por los derechos de la minoría negra no iba necesariamente a tener el apoyo de esta última.33 Tiempo atrás, Wells había expresado la misma frustración en relación con su desafío a la segregación en el ferrocarril: “Nadie de mi gente ha sentido que esto era un tema de raza y que ellos deberían ayudarme a luchar”.34
Periodismo de investigación y “cruzada contra los linchamientos”
Afortunadamente, al ser despedida como maestra, Ida Wells pudo afrontar el pago de las cos- tas del pleito con la Chesapeake & Ohio & Southwestern Railroad Company y mantener a su familia gracias a su colaboración en los periódicos afroamericanos, un trabajo que consideraba más satisfactorio y mejor pagado que la enseñanza.35 Relatando su primer incidente en el fe- rrocarril,Wells había comenzado a colaborar en 1883 en el periódico de su iglesia, The Living Way, bajo el seudónimo de Iola, pues usar uno era algo común entre las jóvenes periodistas afroamericanas, especialmente si eran solteras.36 En unos años era conocida fuera del Sur, al
163, #15248, Plessy vs. Ferguson, Judgement, Decided May 18, 1896, disponible en https://www.archives.gov/milestone-documents/
plessy-v-ferguson (consulta, 14-2-2024).
30 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 24.
31 Iola on Discrimination. New York Freeman, January 15, 1887; reprinted from The American Baptist, Memphis, Tenn., Dec. 28, 1886. En Decosta-Willis, M. (Ed.). (1995). The Memphis Diary… Op. cit., 186-187.
32 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 29.
33 Ibid., 34.
34 Ibid., 20.
35 Sus problemas económicos continuaron en sus años de maestra en Memphis, donde cambiaba frecuentemente de una casa de huéspedes a otra, sin tener un hogar propio, y siempre tenía deudas que saldar. Por otro lado, Ida Wells se quejaba frecuen- temente de las insatisfactorias condiciones de trabajo en Memphis, pues los maestros trabajaban ocho meses con un pago irregular y la contratación no se anunciaba hasta casi el comienzo del curso. Decosta-Willis. M. (Ed). (1995). The Memphis Diary… Op cit., 26-27, 33-34 y 95.
36 Schechter, P.A. (2001). Ida B.Wells-Barnett and American Reform… Op. cit., 17.
reproducirse sus artículos en los principales periódicos afroamericanos del país, y en 1889 fue nombrada representante de la Iglesia baptista en el Congreso de la Prensa Afroamericana cele- brado en Washington. Allí conoció a Frederick Douglass, al que le uniría una buena amistad y sintonía en el activismo civil hasta la muerte de este, en 1895, y el congreso la eligió secretaria de la National Afro-American Press Association. Por entonces, colaboraba con el Free Speech and Headlight de Memphis, del que era ya editora y pronto sería copropietaria, al invertir sus ahorros en la cabecera.
Wells asumía que “no tenía ningún talento literario”, pero por su experiencia de maestra en las escuelas rurales y en las de las iglesias sentía que “la gente que no ha podido ir mucho a la escuela debe poder recibir en sus casas semanalmente una información que trate de sus pro- blemas de una forma simple y provechosa”. Así,“en cartas semanales en Living Way escribo de una forma sencilla, del sentido común de las cosas que preocupan a nuestro pueblo”,37 indicaba Wells sobre sus comienzos como periodista.
Desde su posición de editora y propietaria de un periódico en el Sur a principios de la déca- da de 1890,Wells representaba a toda esa clase media ascendente que se enfrentaba al retroceso imparable de los derechos de los afroamericanos. A partir del Compromiso de 1877, que puso fin a la presencia militar del Norte en el Sur, la antigua élite demócrata había ido recuperan- do el poder en los estados del Sur, mientras la memoria reconciliadora de la guerra civil, que asumía la representación de la Confederación como una noble “causa perdida”, se imponía a la memoria emancipadora de la guerra en el relato nacional.38 Así, desde esos gobiernos estata- les demócratas, en un país que buscaba la reconciliación de los blancos del Norte y el Sur, las legislaturas del Sur ya habían institucionalizado la segregación de todos los espacios públicos, y en 1890 comenzó el asalto a los derechos políticos de los libertos. Ese año, Mississippi aprobó una legislación electoral cuyos requisitos para registrarse con vistas a votar eliminaban de he- cho el voto negro.39 El proceso se extendió a otros estados del Sur en la década de 1890, hasta completarse en torno a 1914, en medio de una enorme violencia contra los afroamericanos, cuya máxima expresión fue el aumento de los linchamientos, aspecto que centró el activismo de Wells en los años siguientes.
Entre 1882 y 1900, más de mil afroamericanos fueron linchados en el Sur, alcanzando un pico en 1892.40 Tennessee, con 28 linchamientos ese año, quedaba segundo en el ranking na- cional.41 Desde finales de la década de 1880, mientras en los condados rurales el descontento social de agricultores pobres y aparceros lo lideraban los populistas, la numerosa comunidad afroamericana de la ciudad de Memphis experimentaba el retroceso de sus derechos civiles y políticos, en un clima de tensión racial que culminó en el triple linchamiento de tres empresarios negros —el primero tras la guerra civil—, que cambió el destino de Wells.42
En 1889, tres jóvenes afroamericanos, uno de ellos (Thomas Moss) buen amigo de Wells, in- virtieron sus ahorros en abrir una tienda de ultramarinos en un populoso barrio mayoritaria- mente afroamericano. El People’s Cooperative Grocery Store compitió con éxito con la tienda
37 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 22.
38 Blight, D.W. (2001). Race and Reunion:The Civil War in American Memory. Harvard University Press, 266-271 y 290-291.
39 Ayers, E.A. (1995). Southern Crossing… Op. cit., 71-87.
40 Hodes, M. (1999). White Women, Black Men: Illicit Sex in the Nineteenth-Century South.Yale University Press, 176; Ayers, E.A. (1995). Southern Crossing… Op. cit., 107-108.
41 Schechter, P.A. (2001). Ida B.Wells-Barnett and American Reform… Op. cit., 74.
42 Ibid., 71-75.
de alimentación de un propietario blanco, que hasta esa fecha había tenido el monopolio en el barrio. En la tensa atmósfera racial de 1892, una simple pelea entre niños blancos y negros por un juego de canicas derivó en la amenaza de asaltar el People’s Grocery. Sus propietarios decidieron armarse para defender el negocio, motivo por el que fueron encarcelados, mientras que una multitud blanca armada estalló en un motín de cinco días de duración, que culminó en el linchamiento de los tres propietarios, la destrucción de la tienda de ultramarinos y el acoso violento a toda la comunidad afroamericana, que provocó la huida de centenares de ellos hacia el oeste, hacia Oklahoma, territorio que acababa de abrirse a la subasta de tierras públicas.43 Buscaban “algún lugar en nuestra gran democracia donde sus vidas, su libertad y su propiedad estuvieran protegidas”,44 indicaba Wells.
La respuesta de Ida B. Wells al dolor por la pérdida de un amigo y la violencia constante contra su gente fue otro editorial contra los linchamientos en el Free Speech, el 21 de mayo de 1892, que desmontaba el motivo principal esgrimido por los blancos del Sur para justificarlos: la violación de mujeres blancas. Su editorial, reproducido días después en el Daily Commercial y otros periódicos blancos,45 denunciaba la mentira del hecho de convertir las relaciones sexuales consentidas —“nadie en esta parte del país cree la manida mentira de que el hombre negro viola a la mujer blanca”—, en las que mujeres blancas podían tener la iniciativa, en violacio- nes.46 Mientras Wells visitaba Filadelfia y Nueva York, la reacción al editorial,“para defender el honor de sus mujeres”, fue la destrucción de los locales del Free Speech y la amenaza de muerte si regresaba al Sur.47 Así comenzaron el “exilio”48 de Wells en el Norte y su campaña nacional y transatlántica contra los linchamientos, centrada en la subversión de los estereotipos de raza y género que pretendían legitimarlos.
Desde Nueva York, en el periódico afroamericano The New Age, y en los folletos Southern Horrors (1892) y The Red Record (1895), Ida Wells empezó un análisis sistemático de los lincha- mientos utilizando las descripciones puntuales que aparecían en los periódicos blancos del Sur, así como la información general que aparecía en el Chicago Tribune. Estos reportajes, a los que seguirían The Mob Rule in New Orleans (1900) o The Arkansas Riot (1919), así como investi- gaciones in situ de otros linchamientos fuera del Sur, describían de forma directa y detallada la brutalidad de una violencia que quemaba vivos, descuartizaba y repartía los restos de las víctimas entre el numeroso público asistente, con la connivencia del sistema judicial y la mayo- ría de la prensa blanca del país.
El análisis de setecientos linchamientos ejecutados entre 1892 y 1894 le indicaba a Wells que, aunque el acoso sexual no era el principal motivo alegado para realizarlos —suponían un
43 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 42-48.
44 Ibid., 49.
45 Hading, R. y Hinton, M. (2001). The squelching of free speech in Memphis: The life of a black post-reconstruction news- paper. Race, Gender & Class (87).
46 “Nobody in this section of the country believes the old threadbare lie that negro men rape white women. If Southern White men are not careful, they will overreach themselves and public sentiment will have a reaction; a conclusión will then be reached which will be very damaging the moral reputation of their women”. Free Speech, Memphis, Tenn., May 21, 1892. Citado por Wells, I.B. (2005; ed. original 1895). The Red Record:Tabulated Statistics and Alleged Causes of Lynching in the United States. The Project Gotemberg Ebook of the Red Record, 6-7, disponible en https://www.gutenberg.org/files/14977/14977- h/14977-h.htm#chap1 (consulta, 21-2-2024).
47 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 55-58.
48 Ella se refería como un “exilio” a su traslado forzoso al Norte desde 1892.
tercio de ellos—, estos se justificaban principalmente por la violación a mujeres blancas.49 Así como en la esclavitud la relación entre mujeres blancas y esclavos negros —con algún tipo de coacción por parte de las amas— era más común de lo que se suponía, pero no planteó ningún temor respecto a alterar la jerarquía racial,50 desde la Reconstrucción la población blanca del Sur describía a los varones afroamericanos que afirmaban sus derechos como bestias degenera- das y lascivas, que ponían en peligro la pureza de las mujeres blancas. Hacían así una ecuación entre igualdad política, transgresión sexual y amenaza a la jerarquía racial.51 Por otro lado, el én- fasis en la pureza de todas mujeres blancas —frente a una representación de las afroamericanas como mujeres rudas, depravadas, sin ninguno de los atributos de la feminidad y responsables de la criminalidad de sus hijos y maridos— hacía de cualquier relación entre negros y blancas, aunque fuera un contacto fortuito o una mirada, una violación por definición.52
Siguiendo a Frederick Douglass,53 Wells indicaba que desde el final de la guerra había ha- bido tres periodos de “barbarismo” sudista y tres excusas para ponerlo en práctica. En la in- mediata posguerra, la excusa para masacrar a los afroamericanos había sido la amenaza de una insurrección negra. Durante la Reconstrucción, la “dominación política negra” justificaba la violencia del Ku Klux Klan y otros grupos terroristas contra los ciudadanos negros que ejercían el derecho al voto. A partir de 1890, cuando los nuevos gobiernos estatales ya habían eliminado “de hecho” el voto negro y no había ningún peligro de “dominación negra”, la brutalidad continuaba con la excusa de las violaciones a las mujeres blancas.54
Respecto a estas relaciones entre negros y blancas,Wells reiteraba que en todo el Sur se sabía que eran relaciones “voluntarias y clandestinas”,55 situando así en primer plano la agencia de las mujeres blancas, la posibilidad de que ellas se sintieran atraídas por jóvenes de color apuestos y educados —“hay mujeres blancas en el Sur a las que les place la compañía afroamericana como hay hombres blancos conocidos por su preferencia por las mujeres afroamericanas”—, o que ellos fueran débiles para sucumbir a los encantos de ellas.56 De esta forma, la investigación de Wells no solamente desafiaba los estereotipos raciales que justificaban la supremacía blan- ca, sino que también ponía en cuestión la dominación patriarcal que esta implicaba. Cuando denunciaba que los hombres blancos podían mantener relaciones o violar impunemente a mujeres negras —a las que no se suponían “buenos sentimientos ni virtud para sentirse ultra- jadas”—,57 pero no toleraban que las mujeres blancas pudieran ser atraídas por afroamericanos, cuestionaba la subordinación de la mujer al varón “que defendía su pureza”.58
Para probar sus argumentos de forma general esgrimía que ni durante la guerra civil, cuan- do las mujeres se quedaron en la retaguardia con los esclavos, ni durante la posguerra, cuando
49 Wells, I.B. (2012). Horrores sureños: La ley Lynch en todas sus fases. New York Age, 1892. En Jabardo M. (Ed.). Feminismos negros… Op. cit., 83; Wells, I.B. (2005). The Red Record… Op. cit., 38, disponible en https://www.gutenberg.org/files/14977/14977- h/14977-h.htm#chap1 (consulta, 21-2-2024).
50 Hodes, M. (1999). White Women, Black Men… Op. cit., 127, 136-139 y 146; Hodes, M. (1989). Illicit Sex Across the Color Line.
Critical Matrix (5:1), 30-32 y 47.
51 Hodes, M. (1999). White Women, Black Men… Op. cit., 151, 167 y 172-173.
52 Ibid., 198; hooks, b. (2020). ¿Acaso no soy yo…? Op. cit., 91-98.
53 Douglass, F. (1895). Why is the Negro Lynched?, Bridgewater, 14-15. Library of Congress, disponible en https://www.loc.gov/ resource/gdcmassbookdig.whyisnegrolynche00doug/?sp=8&st=image (consulta 23-2-2024).
54 Wells, I.B. (2005). The Red Record… Op. cit., 4-6.
55 Ibid., 6.
56 Wells, I.B. (2012).“Horrores sureños”. En Jabardo (Ed.). Feminismos negros… Op. cit., 80.
57 Wells, I.B. (2005). The Red Record… Op. cit., 43.
58 Smangs, M. (2020). Race, Gender, and the Rape-Lynching Nexus in the US South. Social Problems (67:4), 618-619.
miles de maestras y misioneras del Norte se establecieron en Sur para ayudar a los libertos, había habido denuncias de violaciones.59 En cuanto al análisis sistemático de los casos concre- tos, comprobaba que había madres de hijos mulatos que se resistían a denunciar a los padres, linchamientos por relaciones consentidas conocidas por la comunidad, así como muchos casos de prevaricación de las mujeres blancas para mantener su respetabilidad o por amenazas o la insistencia de reputados hombres blancos en ser padres de hijos mulatos.60
Por otro lado, Wells, inspirada en lo acaecido a los tres propietarios de la tienda de ultra- marinos de Memphis, veía los linchamientos como una “excusa para eliminar a los negros que habían adquirido riqueza y propiedades, y así mantener aterrorizada a la raza y ‘aplastar al negro’”, cuando ya les habían arrebatado los derechos civiles y políticos. Expresaban el latente resentimiento blanco por la abolición de la esclavitud y los avances posteriores de los afroamericanos.61
Ante la connivencia de la justicia y la prensa del Sur con los linchamientos, y ante la inacti- vidad del Gobierno federal y el silencio mayoritario de la prensa del Norte,Wells consideraba que la población afroamericana tenía que recurrir “al exilio” y al boicot para arruinar los ne- gocios blancos; a la prensa negra, pues “[…] nos muestran como una raza de asesinos, ladrones y bestias salvajes y lujuriosas”; a la organización de la comunidad afroamericana y a la auto- defensa, ya que los datos demostraban que los ataques contra los afroamericanos eran menos intensos cuando estos estaban dispuestos a defenderse.62
Su valiente denuncia de los linchamientos como una forma de terror racista la había con- vertido ya en 1892 en una líder destacada de la nueva generación de activistas por los derechos civiles. Fue por ello seleccionada, junto con Frederick Douglass, Irving Penn y Ferdinand Barnett, para escribir el panfleto The Reason Why the Colored Americans Is Not in the World’s Columbian Exhibition. En medio de la exhibición de potencial norteamericano mostrada en la Exposición Universal de Chicago (1893), el panfleto aprovechaba este escaparate internacio- nal63 para mostrar los avances de la minoría negra desde la emancipación y denunciar la opre- sión que sufrían los afroamericanos “en esta tierra de los libres y hogar de los bravos”,64 por los retrocesos legislativos, el aumento del trabajo carcelario y los linchamientos.65
El liderazgo nacional e internacional de Ida Wells se consolidó con sus dos giras de confe- rencias en Inglaterra y Escocia, en 1893 y 1894. Invitada por una pequeña organización anti- imperialista,The Society for the Recognition of the Brotherhood of Man (SRBM), y apoyada por el prestigio de Frederick Douglass, su objetivo era convencer a la sociedad británica de que el linchamiento no era, como estaba mayoritariamente aceptado, un tipo de violencia de la multitud necesaria para mantener el orden en sociedades en desarrollo, sino una forma de
59 Wells, I.B. (2005). The Red Record… Op. cit., 7-8.
60 Ibid., 37-39; Wells, I.B (1893). Lynch Law. The New York Age, www.historyisaweapon.com/defcon1/wellslynchlaw.html (consulta, 19-6-2023), 4-9.;Wells, I.B. (2012).“Horrores sureños”. En Jabardo M. (Ed.). Feminismos negros… Op. cit., 94-96.
61 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 56-61.
62 Wells, I.B. (1893). Lynch Law… Op. cit., 2;Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 55 y 67.
63 Por falta de fondos, los autores no pudieron traducirlo también al francés y al alemán, como era su intención, pero sí que contenía prólogos en ambos idiomas.
64 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 100.
65 Wells, I.B., Barnett, F., Douglass, F. y Penn, I. (1893). The Reason Why the Colored American Is Not in the World Columbian Ex- hibition. Digital Public Library of America, disponible en https://blackwomenssuffrage.dp.la/collections/ida-b-wells/ibwells-0010-005 (consulta, 29-2-2024).
afianzar la supremacía racial blanca mediante el terror. La opinión pública británica podía des- pués influir en Estados Unidos, cuando el país pugnaba por ser una potencia mundial.66
Inglaterra y Escocia no solo ofrecieron por primera vez a Wells un trato igualitario y mayor libertad para denunciar la violencia contra los afroamericanos,67 sino que también le permitie- ron presentarse como una dama negra reformista. Las mujeres que ocupaban la esfera pública en el siglo XIX sabían que debían atender las convenciones victorianas de la feminidad, pare- cer “femeninas” para intervenir públicamente en un momento de crisis moral. Esta presenta- ción era absolutamente necesaria para una joven soltera, que hablaba de violencia descarnada y relaciones sexuales interraciales ilícitas en su subversivo análisis de los linchamientos, motivo por el que Wells justificaba su cruzada por la “conducta inmoral de los blancos sudistas”, por su sentido del deber y de la obligación moral, al tiempo que aparecía como una mujer, sencilla, preparada, inteligente y digna.68
El eco de su primera gira se limitó a algunos periódicos locales y a los pequeños círculos re- formistas de sus anfitrionas en la SRMB. Sin embargo, su segunda gira, de seis meses, las cartas de presentación de Douglass y su capacidad como oradora y activista le permitieron estrechar lazos con todos los círculos liberales reformistas, empezando por las redes de mujeres agrupa- das en la British Women Temperance Union, hasta llegar a los círculos londinenses con cone- xiones políticas. En este último paso, cuando su actividad y mensaje ya aparecían en la prensa inglesa religiosa y secular, fue crucial su amistad con los editores de los periódicos londinenses The Dayly Chronicle y The Dayly News, para persuadir a los políticos liberales reformistas y la- boristas de que los linchamientos eran una forma de opresión racial. Su gira de 1894 acababa así con dos invitaciones al Parlamento y la creación del London Anti-Lynching Committee.69
A su regreso a Estados Unidos, Ida Wells había conseguido que la opinión pública británica condenara los linchamientos como una forma de terror racial que buscaba mantener la supre- macía blanca. Había cambiado los términos del debate internacional sobre los linchamientos, pero no pudo aprovechar el impulso de su campaña británica en Estados Unidos. Los ataques contra ella en la prensa blanca del Sur se recrudecieron conforme alcanzaba notoriedad su cruzada trasatlántica. En cuanto a la comunidad afroamericana, temerosa de una reacción blanca, no atendió su demanda de crear una organización para una “campaña nacional” contra los linchamientos. Los líderes negros moderados le pidieron en vano que “suavizara sus acusa- ciones a las mujeres blancas” para que le dieran su apoyo.70 Tampoco obtuvieron respuesta sus peticiones de ayuda en los periódicos afroamericanos del Norte y el Oeste. De esta forma, en julio de 1894, Wells inició por su cuenta una gira de un año, con la ayuda de algunas iglesias negras y de la recaudación obtenida al cobrar entrada en sus conferencias,71 en la que reco- rrió el Norte y el Oeste reuniendo en cada ciudad a los representantes más destacados de la comunidad afroamericana, para organizar ligas antilinchamientos que difundieran la lucha y buscaran financiación para la causa.72
66 Silkey, S. (1966). Black Woman Reformer: Ida B.Wells, Lynching, and Transatlantic Activism. University of Georgia Press, 12.
67 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 112, 114-115 y 179.
68 Silkey, S. (1966). Black Woman Reformer… Op. cit., 68-69.
69 Ibid., 91-97.
70 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 186.
71 Silkey, S. (1966). Black Woman Reformer… Op. cit., 117-119.
72 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 185.
Reformismo y feminismo negro:The National Association of Colored Women Clubs (NACWC)
A la muerte de Frederick Douglass en 1895, Ida Wells era, junto con Booker T.Washington y William E. B. Du Bois, uno de los líderes más destacados de la nueva generación de activistas por los derechos civiles, en el momento en que la organización de la minoría negra comenza- ba a cristalizar en asociaciones nacionales. La primera y más numerosa de ellas fue The Natio- nal Association of Colored Women’s Clubs (NACWC), que tuvo a Wells entre sus fundadoras. En respuesta al éxito de la cruzada trasatlántica de Ida Wells, Jno. W. Jacks, presidente de la
Asociación de la Prensa de Missouri, atacó la moralidad de todos los afroamericanos —“los negros de este país están totalmente desprovistos de moralidad”—, pero sobre todo la de las mujeres —“las mujeres son prostitutas, mentirosas y auténticas ladronas”—.73 Ante este ataque directo a las afroamericanas, que insistía en los peores estereotipos de la raza, Josephine St. Ru- ffin, líder del Club New Era de Boston y editora del periódico The Woman’s Era, convocó a todos los clubes de mujeres afroamericanas del país.
En el momento en que la primera oleada de feminismo reformista se organizaba en el aso- ciacionismo de los clubes de mujeres,74 los clubes locales de mujeres afroamericanas respondían tanto al hecho de que las afroamericanas, por su raza, no eran admitidas en los primeros como al de que partían de una tradición propia de activismo femenino en la ayuda mutua desde los tiempos de la esclavitud. Las esclavas fueron esenciales en las redes de apoyo que permitían sobrevivir a las comunidades esclavas, como también lo eran en las asociaciones fraternas de negros libres creadas en las principales ciudades del Norte y el Sur, que boicoteaban los pro- ductos producidos por esclavos y construían escuelas para la población de color. Durante la Reconstrucción, la primera generación de afroamericanas libres de clase media en el Sur fue esencial para cimentar toda una estructura comunitaria negra, y, a partir de la década de 1890, esta pléyade de mujeres, muchas de ellas provenientes por emigración o “exilio” de distintas partes del país, se reunieron en clubes locales comprometidas con la ayuda a las mujeres en peor situación, el progreso del conjunto de la comunidad afroamericana y la consecución del voto para la mujer.75 Así pues, la intersección de género, raza y clase se encontraba en la base del asociacionismo reformista y feminista negro.
En la reunión de Boston, los clubes constituyeron The National Federation of Afroamerican Women. Esta sería la base sobre la que se fundaría al año siguiente, en Washington D. C., The National Association of Colored Women Clubs (NACWC), en la que The National League of Colored Women de Washington se sumó a los clubes ya asociados en Boston. Además de Ruffin, entre las fundadoras se encontraban las afroamericanas más conocidas de la época: activistas desde el abolicionismo como Frances Harper o Harriet Tubman; Margaret Murray Washington —fundadora del Tuskegge Women Club y esposa de Booker T. Washington—,
73 Mary Church Terrel Papers (MS-62-3874), Letter from Jno. W. Jacks, President of The Misssouri Press Association to Miss Florence Balgarnie, Montgomery City, Mo., March 19th, 1895, disponible en https://dh.howard.edu/finaid_manu/191/?utm_ source=dh.howard.edu%2Ffinaid_manu%2F191&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages (consulta, 22-3-2024).
74 Skocpol, T. (1996). Los orígenes de la política social en Estados Unidos. Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 439-445 y 451-454.
75 Shaw, S. (1991). Black Club Women and the Creation of the National Association of Colored Women. The Journal of Women History (3:2), 12-18.
Ida. B. Wells o Mary Church Terrel —educada en el Oberlin College y una de las primeras afroamericanas en obtener un título universitario—, que sería nombrada presidenta.76
En su discurso inaugural, Ruffin justificaba la convocatoria por la necesidad de solucionar los problemas específicos a los que se enfrentaban las mujeres de color —en particular las ma- dres respecto a la educación de sus hijos—, pero muy especialmente se trataba de ver cómo las mujeres negras podían contribuir “a la educación moral de la raza”, a “nuestra elevación mental y desarrollo físico”, para “aprovechar lo mejor posible nuestras oportunidades”,77 en sintonía con los valores morales y las aspiraciones sociales de la clase media norteamericana.
El compromiso con el progreso de la comunidad afroamericana impregnó también sus resoluciones, pues, aunque la NACWC se acercaba al feminismo reformista en temas como la limitación del consumo de alcohol, se separaba de la Women Christian Temperance Union (WCTU) en su condena a los linchamientos, al trabajo carcelario, a la segregación en el trans- porte y a la discriminatoria aplicación de la ley. Respecto a la posibilidad de “elevación moral y física” de los afroamericanos, en que era prioritario elevar la condición de las mujeres y las madres para conseguirlo, reconocían la necesidad apremiante de salir de la pobreza —“pasar de las cabañas de una sola habitación a una casa en propiedad”—, de mejorar la formación moral e intelectual de sus maestros y líderes, de elevar la calidad de la prensa afroamericana, todo ello con la ayuda de los miembros “más afortunados e inteligentes de la raza”.78 Fue así como estas afroamericanas de clase media continuaron comprometidas a través de la NACWC en la creación de escuelas, orfanatos, residencias de ancianos o reformatorios, al tiempo que denunciaban la discriminación y la violencia contra los afroamericanos y luchaban por el voto femenino.
Por parte de Wells, las diferencias con las asociaciones feministas habían comenzado en 1890 en relación con la tolerancia de la WCTU con la exclusión política, la segregación y la vio- lencia contra los afroamericanos. Para sorpresa de Wells, una abolicionista y sufragista nordista como Francis Willard, que presidía una organización cristiana, después de su primer viaje al Sur justificaba la exclusión de los afroamericanos del voto por las mismas razones por las que creía que en el Norte debía excluirse del voto a los “inmigrantes analfabetos”; estimaba que “la seguridad de mujeres, niños y hogares” estaba amenazada, con lo que, en palabras de Wells, “aceptaba el fraude, la violencia y el asesinato en las elecciones; el saqueo, el tiroteo, el ahorcamiento, el abrasamiento”.79 Mientras la WCTU no admitía a afroamericanas en sus aso- ciaciones y extendía su presencia por el Sur,Wells aprovechó su primer viaje a Inglaterra para denunciar la tolerancia de la WCTU, y en general de los cristianos blancos estadounidenses, con los linchamientos, a diferencia de los cristianos ingleses.80
Ida Wells militaba en el movimiento sufragista desde 1894 y era buena amiga de Susan B. Anthony, presidenta de la National Women Suffrage Association (NWSA). Sin embargo, no compartía la estrategia segregacionista de la organización en el Sur, que excluía de sus asocia-
76 Weiss, P.A. (Ed.). (2018). Feminist Manifestos: A Global Documentary Reader. New York University Press, 111.
77 Address of Josephine St. P. Ruffin, President of The Conference, 20 July 1896. En National Association of Colored Women Clubs (1902). A History of the Club Movement Among the Colored People of The United States, 31, disponible en https://www.lib. uchicago.edu/ead/pdf/ibwells-0009-006.pdf (consulta, 20-12-2023).
78 Resolutions and Objectives. The National Colored Woman’s Congress and the National Association of Colored Women’s Clubs,Washington D. C., January and July 21, 1896. En Weiss, P.A. (Ed.). (2018). Feminist Manifestos… Op. cit., 112-115.
79 The Voice, 23-10-1890. Citado en Wells, I.B. (2005). The Red Record… Op. cit., 53.
80 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 172-177.
ciones a las mujeres negras en aras del crecimiento general del movimiento sufragista. Además, mientras que Anthony pensaba que el voto era una panacea que lo cambiaría todo,Wells, con su experiencia del retroceso de derechos políticos en el Sur, consideraba que el voto no iba a cambiar inmediatamente ni la naturaleza de las mujeres ni su situación política.81
En el tema de aceptar la segregación en el movimiento feminista, ni Willard ni Anthony podían escapar a la decepción que la primera generación de feministas norteamericanas tuvo de su relación con el abolicionismo, al ser las mujeres excluidas de los beneficios de la igualdad en las enmiendas de la Reconstrucción.Tampoco escaparon a la atmósfera política general de sacrificar a los afroamericanos en aras de la “reconciliación nacional” de los blancos del Norte y el Sur, especialmente cuando la democratización política emprendida por el reformismo progresista desde 1890 favorecía la inclusión del electorado femenino, mientras reforzaba la exclusión política y la segregación de todos los afroamericanos en el Sur.82
Sufragismo y política
Establecida en Chicago desde 1894, donde desde 1891 las mujeres de Illinois podían votar en las elecciones escolares y universitarias,Wells comenzó su relación con la política electoral pocas semanas después de su llegada a la ciudad. El Women’s State Central Committee del Par- tido Republicano la invitó a participar en la campaña para elegir a tres nuevos patronos de la Universidad de Illinois. En una campaña seguida con entusiasmo por las mujeres de la ciudad, los partidos Republicano, Demócrata y el Partido de la Prohibición presentaron cuatro muje- res entre los trece candidatos a formar parte de la Junta de Administradores de la universidad.
Wells, así como otras líderes afroamericanas, se dirigieron a un electorado de emigrantes recientes del Sur, al que pedían lealtad al partido de Lincoln —“ […] siempre ha represen- tado el progreso y ha sido el partido de la inteligencia y la libertad”—, vinculando por tanto el voto de las mujeres para un partido que les facilitaba el acceso a la educación universitaria
—prometía becas en la universidad para los afroamericanos—83 con el recuerdo de la Recons- trucción y la lucha nacional contra la supremacía blanca. Por otro lado, Wells, como hiciera inicialmente el movimiento sufragista, seguía asociando libertad negra y derechos políticos para las mujeres. En su interpretación amplia de la 14.ª y 15.ª enmiendas, las mujeres ya tenían constitucionalmente el derecho al voto, pues la 14.ª Enmienda aseguraba que “las personas na- cidas en este país o nacionalizadas son ciudadanas” y “las mujeres son ciertamente personas”.84
Con este discurso, la amplia movilización de las mujeres afroamericanas aseguró la victo- ria de los tres candidatos republicanos, entre los cuales estaba Lucy Flower, la primera mujer miembro de The Board of Trustees de la Universidad de Illinois.También indicaba que, tanto para Wells como para el conjunto de las feministas afroamericanas, la consecución del sufragio
81 Ibid., 193.
82 Ambos procesos se consolidaron en las dos primeras décadas del siglo XX, contrastando con la ampliación del sufragio a las mujeres y los avances en la democratización del sistema político en la Era Progresista.Véase Vann Woddward, C. (1974). The Strange Career of Jim Crow. Oxford University Press, 83-85 y 97-109.
83 Materson, L.G. (2009). For the Freedom of Her Race: Black Women and Electoral Politics in Illinois, 1877-1932. University of North Carolina Press, 25-26.
84 Citado en ibid., 42-45; Roessner, L.A. (2018).The Modern Joan of Arc. Press Coverage of Ida B.Wells-Barnett’s Campaign for Women Sufrage. En Roessner, L.A. y Rightter-McDaniels, J. (Eds.). (2018). Political Pioneer of the Press: Ida B.Wells-Barnett and Her Transnational Crusade for Social Justice. Lexington Books, 65.
permitía avanzar a las mujeres, pero era también un instrumento para conseguir la igualdad y la justicia para todos los afroamericanos, un medio para que las legislaturas estatales y el Con- greso aprobaran legislaciones antilinchamientos, eliminaran la segregación y permitieran votar a los afroamericanos en el Sur.85
Al año siguiente, Ida Wells se casó, a los treinta y tres, con Ferdinand Barnett, reputado abo- gado, periodista, activista y miembro del Partido Republicano. La popularidad nacional de Ida era tal que en la campaña electoral de 1896, a pesar de su primera maternidad, a petición del Women’s State Central Committee dio mítines por todo el estado a favor del Partido Republi- cano. Una niñera en cada localidad le cuidaba al niño de seis meses mientras daba los mítines, en los que a veces la niñera y ella eran las únicas personas negras de la sala.86 Asimismo, en las elecciones presidenciales de 1900, El Partido Republicano la requirió para hacer campaña en Missouri ante audiencias negras, tanto para atraer el voto de los afroamericanos como para incitar a las mujeres a usar su influencia en el voto de sus maridos y familiares varones.87 Sus maternidades posteriores requirieron su atención y presencia en Chicago,88 pero un matri- monio igualitario para la época89 y una pareja que la apoyaba en su activismo le permitieron continuar a otro nivel su vida pública en todos los ámbitos: denuncia de los linchamientos, miembro fundador de la National Association for the Advance of Colored People (1906) y acción reformista y sufragista en Illinois.
Al avanzar el siglo XX, el sufragio femenino pasó al primer plano de la política nacional. Seis estados del Oeste —Idaho, Wyoming, Colorado, Utah, Washington y California— ya ha- bían concedido el voto a la mujer cuando el tema del sufragio femenino federal se situó en el centro de la campaña presidencial de 1912, en la que, una vez más,Wells hizo campaña por el Partido Republicano, aunque venció el candidato demócrata, defensor de la segregación racial, Woodrow Wilson.
Conforme la inmigración afroamericana crecía exponencialmente en Chicago, y con pers- pectivas de ampliar el sufragio a las mujeres en el estado, Wells organizó The Second Women Ward Republican Club. Cuando la legislatura de Illinois ya debatía un sufragio limitado para las mujeres en elecciones municipales y presidenciales,The Municipal and Presidential Voting Act, Wells, ante el desinterés que observa en las mujeres afroamericanas respecto al sufragio, decidió constituir en enero de 1913 una organización no partidista, The Alpha Suffrage Club (ASC), para educar a sus miembros en las obligaciones cívicas que implicaba el sufragio.90 Dos meses después, Wells viajó a Washington como representante del ASC en la delegación de Illinois que participaba en la gran manifestación sufragista del 3 de marzo, un día antes de la toma de posesión del presidente Wilson. Una vez más, las sufragistas sudistas impusieron que las sufragistas de color desfilaran segregadas al final de la marcha, y también exigieron a Wells
85 Roessner, L.A. (2018).The Modern Joan of Arc… Op. cit., 66.
86 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 206.
87 Ibid., 222.
88 Aunque, al tener su segundo hijo ocho meses después del primero,Wells confesaba:“I was thoroughly convince by this time that the duties of wife and mother were a profession in themselves and it was hopeless to exprect to carry on public work”. Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 209.
89 En el caso de otras activistas, como Mary Church Terrell o Margaret Murray, sus maridos, también activistas, desaprobaran que se involucraran en asuntos políticos. Hooks, b. (2020) ¿Acaso no soy yo….? Op., 137.
90 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 295.
separarse de la delegación de Illinois amenazando con el boicot, sin éxito. Otras cuarenta mu- jeres de color consiguieron también desfilar con sus respectivas delegaciones estatales.91
Unos meses después, un millón y medio de mujeres de Illinois podían votar en las elecciones municipales y presidenciales, por lo que el ASC se centró de forma inmediata en conseguir la elección de políticos afroamericanos o que favorecieran a la comunidad afroamericana. Fue así como contribuyeron a elegir, en 1915, al primer concejal negro de Chicago, Oscar De Priest, y al alcalde republicano William H.Thompson. Los primeros avances electorales de las mujeres y los afroamericanos en Illinois, cuando se cumplían cincuenta años de la emancipación, contrastaban con la consolidación de los retrocesos de los derechos afroamericanos durante la Administración Wilson, en que la segregación se extendió a Washington y a los empleos federales. Ese mismo año, en un ambiente general de reconciliación nacional que sacrificó la memoria emancipadora de la guerra,92 las organizaciones y los líderes negros protestaron contra la exhibición de The Birth of a Nation,93 que justificaba y romantizaba al Ku Klux Klan ante la supuesta “degeneración” de la política negra en la Reconstrucción.
Una vez ratificada en 1920 la 19.ª Enmienda, que otorgaba el sufragio pleno a todas las estadounidenses, el interés del ASC fue incentivar las carreras políticas de las mujeres afroame- ricanas.94 La propia Wells, en lo que fue su última experiencia de activismo antes de su muerte en 1931, se presentó el año anterior como independiente a las primarias republicanas para senadora del estado de Illinois. A sus sesenta y siete años, al no encontrar el apoyo del aparato del Partido Republicano, Ida Wells recorrió iglesias y asociaciones afroamericanas para captar fondos y conseguir votantes en las primarias, que perdió frente al candidato oficial. Al valorar su derrota, indicó que el candidato que tenía detrás al aparato del partido siempre ganaba, ya que “el voto independiente es débil, desorganizado, y sus organizadores se pueden comprar”. Por otro lado,“pocas mujeres respondieron como yo había esperado”.95
Conclusión
Cuando la supresión de derechos, la segregación, el racismo y la violencia contra los afroamericanos coincidían en el tiempo con la promesa de la “era de las mujeres”, Ida Wells representaba a la primera generación de afroamericanas libres que unían indisolublemente su lucha por los derechos de los afroamericanos con su lucha por los derechos de la mujer negra. Al comenzar la organización de la lucha de la minoría negra, el protagonismo de estas jóvenes profesionales se plasmó en la constitución, en 1896, de la primera y más numerosa de las orga- nizaciones afroamericanas, The National Association of Colored Women Clubs —que prece- dió en trece años a la interracial National Association for the Advance of the Colored People (NAACP)—, de la que Wells fue cofundadora, organización que consideraba la “elevación” de
91 National Museum of African American History and Culture, The Crisis, vol. 5, no. 6,April 1913, 267-269, disponible en https:// nmaahc.si.edu/object/nmaahc_2015.97.14.6?destination=/explore/collection/search%3Fedan_q%3D%252A%253A%252A%26eda (consulta, 28-3-2024).
92 Blight, D.W. (2001). Race and Reunion… Op. cit., 387-390.
93 Wells, I.B. (2020). Crusade for Justice… Op. cit., 288 y 292-294.
94 Du Rocher, K. (2018). The life of a political agitator. En Roessner, L.A. y Rightter-McDaniels, J. (Eds.). Political Pioneer of the Press: Ida B.Wells-Barnett and Her Transnational Crusade for Social Justice. Lexington Books, 82.
95 May 19, 1930, The 1930 Chicago Diary of Ida B.Wells Barnett. En Decosta-Willis, M. (Ed.). (1995). The Memphis Diary… Op. cit., 173.
la mujer negra en todos los ámbitos —económico, moral, derechos civiles y políticos— un requisito ineludible para el “progreso de la raza”.
Desde principios de la década de 1890,Wells había plasmado su idea de liberación conjunta de género, raza y clase en su cruzada nacional e internacional contra los linchamientos.A través de sus artículos periodísticos, folletos y conferencias, demostraba que las supuestas violacio- nes de afroamericanos a mujeres blancas eran en realidad relaciones interraciales consentidas y clandestinas, convertidas en ataques sexuales para mantener la supremacía blanca mediante el terror. De esta forma, no solo desafiaba los estereotipos raciales asociados a los “lujuriosos” hombres negros y “las rudas y depravadas” mujeres negras, sino que también denunciaba la so- ciedad patriarcal, que no permitía la igualdad sexual a las mujeres blancas atraídas por afroame- ricanos, sino que les suponía una condición “virtuosa” que los varones blancos debían proteger.
Por otro lado, la militancia de Wells representa y matiza la singularidad y versatilidad del feminismo negro entre 1890 y 1930, cuando este se debatía entre la pérdida de derechos (o la falta de acceso a ellos) de toda la minoría negra en el Sur por su raza y la posibilidad de acceder al voto femenino en el Norte. Aunque, al “exiliarse” en el Norte desde 1892, Wells colaboraba y tenía amistad con destacadas feministas, no podía tolerar que no condenaran la violencia y el retroceso de los derechos de los afroamericanos en el Sur o que permitieran la segregación en sus organizaciones, situación que al persistir excluiría a las afroamericanas del Sur del acceso al sufragio. Sin embargo, en su activismo político entendió la oportunidad de aprovechar los avances del sufragio femenino en el Norte y colaboró con las mujeres del Par- tido Republicano, tanto para revertir desde el Congreso la violencia y el retroceso de derechos civiles y políticos en el Sur como para integrarse en la maquinaria del partido con políticos y políticas afroamericanos.
Así pues, en todos los ámbitos del activismo de Wells resalta el protagonismo decidido y ver- sátil de las mujeres afroamericanas salidas de la esclavitud en el inicio de la movilización orga- nizada de la minoría negra. Un protagonismo y un liderazgo difuminados y ocultos en el auge del movimiento por los derechos civiles de las décadas centrales del siglo XX, tanto porque la lucha feminista se subordinaba a la lucha por la igualdad racial como porque las mujeres que- daban excluidas del liderazgo formal del movimiento, aunque eran mayoritarias y ejercían un liderazgo comunitario fundamental. No obstante, actualmente, en el movimiento Black Lives Matter las mujeres comparten el liderazgo y el protagonismo en un movimiento que, desde la interseccionalidad de género, raza y clase, mantiene el objetivo de preservar la integridad física de los afroamericanos denunciando la violencia sistémica contra ellos.
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Aurora Bosch es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia y ha realizados diversas estancias como investigadora en UC Berkeley, UCLA y London Uni- versity. Aparte de sus investigaciones iniciales sobre la República y la Guerra Civil en el País Valenciano y, posteriormente, en la comparación del socialismo anglosajón, lleva años especia- lizada en la Historia de Estados Unidos y la relación entre Estados Unidos y España durante los años treinta. Entre sus libros en este ámbito destacan Historia de Estados Unidos (2005) y Miedo a la Democracia: Estados Unidos ante la Segunda República y la guerra civil española (2012), ganador del Willi Paul Adams Award 2013, otorgado por The Organization of American Historians.
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Vicenta Verdugo Florida Universitària vverdugo@florida-uni.es
https://orcid.org/0000-0002-4291-0518
Resumen
Se analiza la participación de las mujeres en los movimientos sociales durante la Transición democrática valenciana: el movimiento vecinal, los feminismos y el ámbito sindical de CCOO. Para ello se parte de fuentes orales, de testimonios de mujeres que formaron parte de estos movimientos sociales. Entre ellas, principal- mente militantes del Movimiento Democrático de Mujeres. El estudio sobre la inserción de las mujeres en los movimientos sociales conlleva observar cómo el género condicionaba transversalmente las formas, ámbitos y espacios de actuación política femenina/feminista. Además, el análisis de estas cuestiones nos permite in- corporar a las mujeres a la explicación y reflexión históricas sobre el antifranquismo, atendiendo a las identidades y las relaciones de género. Igualmente, nos permite cuestionar la subalternidad en la que tradicionalmente se ha situado la participa- ción femenina. La historia social y la historia de las mujeres y del género han estu- diado la complejidad de la construcción social de la protesta, la importancia de las prácticas culturales, la experiencia de vida y las redes sociales para la actuación de los sujetos históricos. Así, la cultura desempeña un papel decisivo. En los movimi- entos sociales de los años setenta encontramos el peso de las culturas políticas de la izquierda, la cultura obrera, el cristianismo de base y la formulación de una cultura feminista y ciudadana. De estos mimbres “culturales” se alimentaron identidades colectivas y movimientos sociales de la Transición democrática, un tejido social sumergido que se fue configurando durante el tardofranquismo y que eclosionó a la muerte del dictador.
Palabras clave: mujeres, género, antifranquismo, movimientos sociales, fran- quismo y Transición
Fecha de recepción: 16/04/2024 Fecha de aceptación: 19/07/2024
ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.2
Resum
Dones i mobilització social a València durant la Transició: barris, sindicalisme i feminismes
S’analitza la participació de les dones en els moviments socials durant la Transi- ció democràtica valenciana: el moviment veïnal, els feminismes i l’àmbit sindical de CCOO. Per a això es parteix de fonts orals, de testimonis de dones que van formar part d’aquests moviments socials. Entre les quals, principalment militants del Mo- viment Democràtic de Dones. L’estudi sobre la inserció de les dones en els movi- ments socials comporta observar com el gènere condicionava transversalment les formes, els àmbits i els espais d’actuació política femenina/feminista.A més, l’anàlisi d’aquestes qüestions ens permet incorporar les dones a l’explicació i la reflexió històriques sobre l’antifranquisme, atenent les identitats i relacions de gènere. Així mateix, ens permet qüestionar la subalternitat en la qual tradicionalment s’ha situat la participació femenina. La història social i la història de les dones i del gènere han estudiat la complexitat de la construcció social de la protesta, la importància de les pràctiques culturals, l’experiència de vida i les xarxes socials per a l’actuació dels subjectes històrics. Així, la cultura juga un paper decisiu. Als moviments socials dels anys setanta trobem el pes de les cultures polítiques de l’esquerra, la cultura obrera, el cristianisme de base i la formulació d’una cultura feminista i ciutadana. D’aquests vímets “culturals” es van alimentar identitats col·lectives i moviments socials de la Transició democràtica, un teixit social submergit que es va anar configurant durant el tardofranquisme i va fer eclosió a la mort del dictador.
Paraules clau: dones, barris, sindicalisme, feminismes, franquisme i Transició
Abstract
Women and social mobilization in Valencia during the Transition: neighbourhoods, unionism and feminisms
The participation of women in social movements during the Valencian Demo- cratic Transition is analysed: the neighbourhood movement, feminisms and the CCOO union sphere.To achieve this, we start from oral sources, the testimonies of women who were part of these social movements. Among them, mainly militants of the Democratic Women’s Movement. The study of the insertion of women in social movements involves observing how gender transversally conditioned the forms, spheres and spaces of the feminist political action. Furthermore, the analysis of these issues allows us to incorporate women into the explanation and historical reflection on anti-Francoism, considering gender identities and relations. Likewise, it allows us to question the subalternity in which female participation has traditi- onally been placed. The social history and the women’s and gender history have studied the complexity of the social construction of protest, the significance of cultural practices, life experience and social networks for the actions of historical subjects.Thus, culture plays a decisive role. In the social movements of the seventies we find the heavy weight of the political cultures of the left, the workers’ culture, the grassroots of Christians and the formulation of a feminist and citizen culture. From this “cultural wicker”, collective identities and social movements of the De- mocratic Transition were fed, a submerged social fabric that took shape during the late Francoist period and emerged upon the death of the dictator.
Keywords: women, gender, anti-Francoism, social movements, Francoism and Transition
Introducción
El presente texto busca analizar cómo las mujeres antifranquistas se incorporaron a los movimientos sociales de oposición a la dictadura, centrándonos en el Movimiento Democrá- tico de Mujeres (MDM) valenciano, que desde sus inicios trató de combinar la lucha de las mujeres contra la dictadura con la lucha por sus derechos.1 Nos fijaremos en su participación en el movimiento vecinal y el movimiento obrero y en su aportación al movimiento femi- nista. La cronología que abarcaremos será desde los años sesenta del siglo XX hasta el final del proceso democrático transicional, puesto que las mujeres participaron de múltiples formas en los movimientos sociales y desarrollaron unos compromisos políticos que fueron decisivos en la experiencia colectiva femenina, dejando su impronta en el movimiento feminista de la Transición. En este sentido, Mary Nash2 ha señalado la centralidad de la política y del compro- miso antifranquista como un elemento clave en el empuje del feminismo como movimiento social y la interrelación de escenarios políticos, sociales, sindicales, urbanos y personales que intervinieron en la formación de una identidad compartida y en las respuestas colectivas de las mujeres.3
Partimos del marco teórico de la historia de las mujeres y del género. Ello supone tener en cuenta cómo se produjeron en los movimientos sociales las contribuciones femeninas, desde qué prácticas de militancia, donde el género condicionaba transversalmente las formas, ám- bitos y espacios de actuación política. Además, “la inserción de las mujeres en el movimiento obrero o el vecinal fueron espacios de lucha antifranquista que les posibilitó acceder a una concienciación feminista”,4 a la vez que transformó la conciencia femenina y renovó las for- mas de acción política, contribuyendo al proceso de transición hacia la democracia.5
Las fuentes utilizadas son testimonios de recopilación propia, así como del proyecto «Gé- nero y militancia de mujeres en los orígenes del sindicato CCOO en el País Valenciano».6 Asimismo, se han utilizado testimonios del homenaje al Movimiento Democrático de Mu- jeres del País Valenciano7 y del documental Mujeres en lucha, realizado por la televisión sueca en 1976.8 Son experiencias personales que nos permiten aproximarnos a la inserción de las mujeres del MDM en los movimientos sociales. Memorias subjetivas individuales en clave de política antifranquista y feminista.Voces individuales representativas de un sujeto colectivo y un conjunto de memorias significativas.
Por otra parte, en un sucinto estado de la cuestión hay que señalar que la historia de las mujeres realiza sus investigaciones partiendo de planteamientos conceptuales y teóricos como
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3 Ibid.
4 Nash, M. (2004). Mujeres en el mundo: Historia, retos y movimientos. Alianza, 214.
5 Kaplan,T. (1999). Luchar por la democracia: formas de organización de las mujeres entre los años cincuenta y los años setenta. En .Mujeres, regulación de conflictos sociales y cultura de la paz. Institut Universitari d’Estudis de la Dona. Universitat de València, 89-107.
6 Archivo José Luis Borbolla-CCOO-PV (AJLB CCOO-PV). Mujeres, trabajo y militancia sindical bajo la dictadura, sobre la mili- tancia de mujeres en los orígenes de CCOO PV (1958-1986).
7 El Moviment Democràtic de Dones, 40 anys després, disponible en https://www.youtube.com/@movimientodemocraticomujer391.
8 Mujeres en lucha, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=XcunfB2Nj_E.
el género y las relaciones de género, entendidas estas como campo primario de relaciones de poder entre hombres y mujeres,como relaciones sociales que se construyen histórica y cultu- ralmente.9 Así, la utilización del género como construcción sociocultural de “lo femenino” y “lo masculino” en el análisis de los procesos tardofranquista y transicional en España nos mues- tra cómo el compromiso político de las mujeres antifranquistas con su inserción en los movi- mientos sociales contribuyó a la redefinición de las identidades de género y de las esferas de lo público y lo privado. Ello contribuyó a que se produjeran cambios en los modelos de género, en las formas de relación y en la política. Son numerosos los estudios y la bibliografía sobre el Movimiento Democrático de Mujeres y sobre las mujeres de preso y las militancias femeninas comunistas.10 Algunas militantes, como la dirigente Rosalía Sender, han publicado sus memo- rias, que nos ayudan a entender las contradicciones, los riesgos y la complejidad del compro- miso político de las mujeres en el antifranquismo.11 Igualmente, es preciso señalar cómo las mujeres trabajadoras participaron en la conformación del sindicalismo de clase refiriéndonos, en concreto, a las tareas que desarrollaron en CCOO y su compromiso con el movimiento obrero, aportando al sindicalismo una mirada de género femenino/feminista ante cuestiones que los trabajadores masculinos nunca habían considerado necesidades y reivindicaciones que incorporar en sus demandas. Así, con una militancia en múltiples escenarios, las mujeres que lucharon contra el franquismo, como en el caso de las que participaron en CCOO y/o en el MDM, desarrollaron dobles y triples militancias, lo que problematizó enormemente sus vidas y su trabajo político.12
9 Respecto al concepto de género en el análisis histórico, véase Scott, J.W. (1990). El género una categoría útil para el análisis histórico. En Amelang, J.S y Nash, M. (Eds.). Historia y género: Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea. Edicions Alfons el Magnànim, 23-56.
10 Moreno,A. (1977). Mujeres en lucha.Anagrama; Di Febo, G. (1979). Resistencia y movimiento de mujeres, op. cit.; Romeu, F. (1994). El silencio roto, op. cit.; Salas, M. y Comabella, M. (1999). Asociaciones de mujeres y movimiento feminista. En Asociación de Mujeres en la Transición Democrática. Españolas en la Transición: De excluidas a protagonistas (1973-1982). Biblioteca Nueva, 25-125; Nash, M. (2004). Mujeres en el mundo, op. cit.; Nash, M. (2007). Dones en Transició: De la resistència política a la legitimitat feminista: les dones en la Barcelona de la Transició. Ajuntament de Barcelona; Nash, M. (2011). La construcción de una cultura po- lítica femenina desde la legitimidad feminista durante la transición política democrática. En Aguado, A. y Ortega,T.M. (Eds.). Feminismos y antifeminismos: Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX. PUV, 283-306; Kaplan, T. (1999). Luchar por la democracia, op. cit.; Abad, I. (2009). Reivindicaciones y movilizaciones femeninas desde el PCE durante el se- gundo franquismo. En Bueno, M. y Gálvez, S. (Eds.). Nosotros los comunistas: Memoria, identidad e historia social. FIM, 231-252; Abad, I. (2012). En las puertas de la prisión. Icaria Editorial; Cabrero, C. (2006). Mujeres contra el franquismo (Asturias, 1937-1952): Vida cotidiana, represión y resistencia. KRK; Cabrero, C. (2009). Militancia, resistencia y solidaridad. Las mujeres comunistas y la lucha clandestina del primer franquismo. En Bueno, M. y Gálvez, S. (Eds.). Nosotros los comunistas: Memoria, identidad e historia social. FIM, 205-229; Cabrero, C. (2022). Las mujeres comunistas en la lucha antifranquista: viejos y nuevos frentes para una militancia plural. En Erice, F. (Dir.). Un siglo de comunismo en España II: Presencia social y experiencias militantes. Akal, 335-366; Verdugo,V. (2011). Prácticas políticas y movimiento feminista en el País Valenciano (1976-1982). En Aguado, A. y Ortega,T.M. (Eds.). Feminismos y antifeminismos: Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX. PUV, 333-358;Verdugo,V. (2014). El movimiento democrático de mujeres el compromiso político por una ciudadanía democrática. En Aguado, A. y Sanfeliu, L. (Coords.). Caminos de democracia: Ciudadanías y culturas democráticas en el siglo XX. Comares, 115-131; Suárez, C. (2014). Ciudadanía (des)igualitaria: El feminismo asturiano entre el franquismo y la Transición.Trabe; Arriero, F. (2016). El Movimiento Democrático de Mujeres, op. cit.; Moreno, M. (2005). Manifiestos feministas: Antología de textos del movimiento feminista español (1965- 1985). Universidad de Alicante-Centro de Estudios sobre la Mujer; Moreno, M. (2013). Compromiso político y feminismo en el universo comunista de la Transición. Cuestiones de Género: De la Igualdad y la Diferencia (8), 43-60; Moreno, M. (2022). Militar en el “Partido de la Liberación de la Mujer”. Las comunistas, el PCE y el feminismo en la Transición. En Erice, F. (Dir.). Un siglo de comunismo en España II: Presencia social y experiencias militantes. Akal, 367-397.
11 Sender, R. (2004). Nos quitaron la miel: Memorias de una luchadora antifranquista. PUV; Sender, R. (2006). Luchando por la libe- ración de la mujer.Valencia, 1969-1981. PUV.
12 Para las relaciones de género en el movimiento obrero y la conformación de CCOO, véase Scott,W.J. (1989). Sobre el len- guaje, género y la historia de la clase obrera.Historia Social (4), 81-98; Díaz, P. (1999). Coser y luchar: las huelgas de la fábrica Rok madrileña de 1976. En Aguado, A. (Ed.). Mujeres, regulación de conflictos sociales… Op. cit., 143-155; Frader, L. y Rose, S. (1999). Gènere i reconstrucció de la història de la classe treballadora europea. Afers (33-34), 367-392;Villar, C. (2001). Recu- perar y repensar la memoria de las mujeres sobre la experiencia sindical. Arenal. Revista de Historia de las Mujeres (8:1), 155-175;
Breve apunte: los movimientos sociales del tardofranquismo a la Transición
En los años setenta la crisis de la dictadura dio oportunidades políticas para la actuación en los movimientos sociales de la oposición antifranquista. Si bien es cierto que la acción de los movimientos sociales y de las organizaciones antifranquistas no acabó con la dictadura, hizo inviable su continuación.
Respecto a las actuaciones de los movimientos sociales, la historia social y cultural ha puesto de relieve la complejidad del estudio sobre la construcción social de la protesta y la impor- tancia que tienen las prácticas culturales, la experiencia de vida y las redes sociales para la actuación de los sujetos históricos. En este sentido, conceptos como “experiencia” y “cultura política” son básicos en la elaboración de nuevos significados y nuevas identidades colectivas, puesto que construyen concepciones del mundo enfrentadas al código cultural dominante. Así, para que se produzca una movilización es necesario contar con “recursos culturales”, con percepciones y significados compartidos sobre lo que es justo e injusto. Por lo tanto, la cul- tura política juega un papel decisivo a la hora de identificar los intereses y definir las formas de acción colectiva de los movimientos sociales.13 Las culturas políticas tienen una especial importancia en la movilización social en cuanto a su función como sistemas estructurados de representaciones simbólicas, construcciones lingüísticas y discursivas que posibilitan a los movimientos sociales interpretar la realidad e identificarse con un “nosotros/as” opuesto al “ellos/as”.14 También la cultura política se relaciona con la existencia de redes de sociabilidad formales e informales de carácter social, cultural y político, y en las que las mujeres están es- pecialmente presentes. En el seno de los movimientos sociales de los años setenta nos encon- tramos con el peso de las culturas políticas de la izquierda, de la cultura obrera, así como de la cultura del cristianismo humanista de base, que alimentaron identidades colectivas, símbolos y futuribles de igualdad, justicia social, democracia y solidaridad. Las mujeres de las distintas cul- turas políticas que conformaron los movimientos sociales, a partir de sus propias experiencias, elaboraron, en el seno de su cultura política, pautas referenciales y recuperaron herencias del pasado para construir un proyecto vital emancipatorio y cuestionar los roles y relaciones de género como relaciones de poder masculino.15 Desde estas premisas podemos situar la emer-
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13 Cruz Martínez, R y Pérez Ledesma, M. (Eds.). (1997). Cultura y movilización en la España contemporánea. Alianza.
14 Cobo Romero, F. (2007). Moldes teóricos y paradigmas historiográficos para el estudio de los “Nuevos movimientos so- ciales”. En Ortega López,T.M. (Ed.). Por una historia global: El debate historiográfico en los últimos tiempos. Editorial Universidad de Granada, 75-109.
15 Aguado, A. (2007). La historia de las mujeres y del género. En Ortega López, T.M. (Ed.). Por una historia global: El debate historiográfico en los últimos tiempos. Editorial Universidad de Granada, 112-134.
gencia de los feminismos de los años setenta del siglo XX como teorías críticas que radicali- zaron las culturas políticas igualitaristas; movimientos sociales construidos en la clandestinidad que eclosionaron a la muerte del dictador y que alcanzaron en poco tiempo visibilidad pública. Hay que señalar las interconexiones y continuidades generacionales que se dieron entre los diferentes movimientos sociales desde el tardofranquismo y la Transición democrática entre la militancia de izquierdas y movimientos sociales como el estudiantil, el de mujeres, el vecinal y CCOO como movimiento sociopolítico. Se generó así un proceso de creación y extensión de redes solidarias, de relación entre las militancias históricas antifranquistas y la incorporación de jóvenes militantes de la izquierda radical.16 Esta cuestión aparece, especialmente, si analizamos los movimientos sociales desde una perspectiva micro, donde se aprecia el trasvase de militan- cias de unos movimientos a otros. Lo podemos observar en las dobles militancias (movimiento obrero y movimiento vecinal) e incluso las triples, sobre todo en el caso de las mujeres (mo- vimiento obrero, vecinal y feminismo). Hay que tener en cuenta que, para la generación de la Transición, el compromiso militante era total y suponía subordinar otras esferas de la vida, lo que introducía una especial complejidad en las militancias de las mujeres. Además, cabe señalar las continuidades y genealogías familiares en las que madres, padres, hijos e hijas militaban en partidos de la izquierda y en diferentes movimientos sociales. Así puede verse en las familias formadas por el abogado Alberto García Esteve y Judith Hernández; Dionisio Vacas y Josefina Arlandis; Emeterio Monzón y Joaquina Campos; José Luis Borbolla y Teresa Maiques;Antonio Palomares y Rosalía Sender; José Cobo y Josefa Ortega; Antonio Montalbán y Encarna Moya, o la familia García Cárdenas. La política contra la dictadura se hacía en familia.17 También en- contramos herencias y experiencias del pasado, a partir de la presencia de militancias históricas de la Segunda República y la Guerra Civil, como fue el caso de Pilar y Alejandra Soler en el movimiento feminista de los años setenta.
La “cuestión de la mujer” y la militancia femenina en el PCE
El Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) estuvo estrechamente interrelacionado con el Partido Comunista de España (PCE) y la política comunista desde mediados de los años cincuenta sobre la militancia femenina y la problemática de la “cuestión de la mujer”; una problemática abordada en su estrategia política de Reconciliación Nacional en 1956, y en que la reivindicación de la amnistía, reclamada fundamentalmente por las mujeres de preso fue una pieza clave.18 Una de las mujeres de preso fue Dulcinea Bellido, esposa de Luis Lucio Lobato. Dulcinea tuvo una gran responsabilidad en la conformación de los grupos por la am- nistía, al igual que Carmen Rodríguez, esposa de Simón Sánchez Montero. La propia Dulcinea explicaba su situación como mujer de preso. Su testimonio nos da una idea de la complejidad familiar con los traslados carcelarios, lo que suponía sacar adelante y criar sola a los hijos, con
16 Pérez Ledesma, M. (2006). “Nuevos” y “viejos” movimientos sociales en la Transición. En Molinero, C. (Ed.). La Transición, treinta años después: De la dictadura a la instauración y consolidación de la democracia. Península, 117-151.
17 Sanz, B. y Felip, J.M. (2006). La construcción política de la Comunitat Valenciana (1962-1982). Institució Alfons el Magnànim-Di- putació de València.
18 Mundo Obrero, n.º 9, 31-3-1959; Mundo Obrero, n.º 10, 15-4-1959; Mundo Obrero, n.º 11, 30-4-1959; Mundo Obrero, n.º 12, 31-
5-1959.
el marido en la cárcel desde hacía doce años, donde estaría un total de veinticinco encarcelado y torturado.
Ha estado [preso] en total veinticinco años desde que nos casamos. Ha estado en dos etapas, seis y seis. Salvo esta última vez cuando le detuvieron no le hicieron malos tratos, las demás veces todas fue torturado […]. Ha recorrido algo así como dieciocho cárceles en total. Se puede hacer un cuadro estadístico de turismo carce- lario […]. Me parece que no he hecho nada, nada que no habría hecho otra mujer en mis mismas circunstancias.Yo creo que, bueno, el núcleo familiar hoy por hoy está muy consolidado precisamente porque hemos hecho todo lo posible por que vieran las razones justas por las que su padre estaba en la cárcel y por las que estába- mos luchando […] explicando a los hijos por qué luchaba su padre y yo también […] que vieran que la historia ha sido así siempre, que para conquistar mejoras ha
habido que luchar.19
Junto a las mujeres de preso, se abría la posibilidad de encontrar nuevos aliados en la lucha contra la dictadura con nuevas militancias de cara a la ampliación de la oposición antifran- quista.20 Como ha señalado Claudia Cabrero, a partir de 1956 el PCE puso en marcha una nueva estrategia dirigida a su configuración como partido de masas. Para ello,“uno de sus ejes prioritarios fue impulsar el activismo del colectivo femenino entre las trabajadoras y las amas de casa de los barrios obreros, así como las jóvenes universitarias”.21 Entre 1958 y 1959, el PCE llamaba a la movilización femenina en la lucha contra la carestía, por la amnistía y la solidari- dad con los presos.22 También el aumento de la conflictividad laboral en los años sesenta, junto con las movilizaciones de las mujeres de presos, supuso que las mujeres ampliaran sus ámbitos de intervención en apoyo de conflictos como las huelgas en la minería asturiana de 1962;23 eran actuaciones que interrelacionaban su conciencia femenina y su identidad de clase, como mujeres de la clase trabajadora y cuidadoras de la comunidad obrera. Este activismo conllevó que la represión y el castigo también recayesen sobre ellas.24 El 15 de mayo de 1962, se con- centraron en la Puerta del Sol grupos de mujeres solidarias con la minería en huelga.25 Ante el aumento del protagonismo femenino, en 1962 el PCE hacía un nuevo llamamiento para incorporar a jóvenes y mujeres. Entre 1963 y 1964, se configuraron grupos autónomos de mu- jeres comunistas junto con mujeres sin militancia, mientras que otros grupos se centraron en temas de represión y solidaridad.26 Paralelamente, en el seno del PCE y del PSUC, militantes como Teresa Bonet,27 Giulia Adinolfi28 o Sara Iribarren29 fueron planteando entre 1964 y 1973 una serie de cuestiones sobre el trabajo de las militantes en el PCE, la actitud machista de los
19 Testimonio de Dulcinea Bellido en Mujeres en lucha, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=XcunfB2Nj_E.
20 Cabrero, C. (2022). Las mujeres comunistas. Op. cit.
21 Ibid., 345.
22 Mundo Obrero, n.º 11-12, 15/31-5-1958; Mundo Obrero, n.º 17, 31-8-1959.
23 Cabrero, C. (2015).Tejiendo las redes de la democracia. Resistencias cotidianas de las mujeres durante la dictadura franquista. En Yusta, M. y Peiró, I. (Coords.). Heterodoxas, guerrilleras y ciudadanas: Resistencias femeninas en la España moderna y contemporánea. Diputación Provincial de Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 197-217.
24 Testimonio de Anita Sirgo en Mujeres en lucha, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=XcunfB2Nj_E.
25 Mundo Obrero, n.º 10, 5-1962; Mundo Obrero, n.º 19, 15-10-1962.
26 Salas, M. y Comabella, M. (1999). Asociaciones de mujeres y movimiento feminista. En Asociación de Mujeres en la Transi- ción Democrática (Ed.). Españolas en la Transición: De excluidas a protagonistas (1973-1982). Biblioteca Nueva, 25-125.
27 Mundo Obrero, n.º 12, 2.ª quincena junio de 1964.
28 Vives, Ll. (1967). Per un plantejament democràtic de la lluita de les dones. Nous Horitzons, n.º 12, 10-1967, 30-34.
29 Iribarren, S. (1973). La liberación de la mujer. Ebro.
hombres comunistas y la falta de análisis acerca de la problemática femenina, asuntos en los que el marxismo no profundizaba, como la relación entre reproducción y familia, las relaciones de poder en la esfera privada o la falta de promoción política de las militantes. Junto con la presión de algunas comunistas se producía la progresiva aparición de una cultura feminista. A pesar de las reticencias, entre 1972 y 1975, con la aprobación del manifiesto “Por la liberación de la mujer”,30 el PCE admitió la necesidad de una revolución en las mentalidades, puesto que muchos militantes tenían ideas reaccionarias sobre el problema femenino.31 Así pues, la discu- sión sobre la “cuestión de la mujer” culminó en la I Conferencia del PCE sobre la Cuestión Femenina, en 1976, con la creación de una Comisión del Comité Central para la Cuestión Femenina, integrada por Dulcinea Bellido, Rosalía Sender, Basi, Tina Guillén, Mercedes Co- mabella, Manuel Azcárate y Jaime Ballesteros.32 Algunas de estas dirigentes estuvieron al frente del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), lo que nos da una idea del nivel de auto- nomía limitado respecto al PCE. Sin embargo, las dirigentes del MDM lo calificaban como un movimiento totalmente autónomo en el que cabían todas las mujeres, independientemente de sus opiniones políticas y religiosas, pues su unidad se forjaba en la acción.33
El Movimiento Democrático de Mujeres (MDM)
Paralelamente a las voces “disconformes” de algunas militantes comunistas, se fue configu- rando el MDM, que nació en Madrid en 1964 y se extendió por otras ciudades y poblaciones españolas.34 Era un movimiento de mujeres amplio y unitario liderado por las comunistas y que también aglutinaba a mujeres católicas o de otros idearios progresistas. Como publicaba la revista Nuestra Bandera en 1966: “Lo fundamental es respetar, tener en cuenta la opinión de la masa de mujeres, en función de sus problemas vitales, de sus problemas acuciantes.Y en este sentido, el movimiento de mujeres en general debe de ser ampliamente unitario”.35
Entre sus objetivos se proponía seguir la lucha contra la represión, la reivindicación de la amnistía, la denuncia de la carestía de la vida y demandas sobre la situación femenina, como el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, la educación, la falta de guarderías, sanidad pública, etc. Consideraban que el compromiso político antifranquista era compatible con la reflexión sobre la problemática femenina y las reivindicaciones por una ciudadanía democrática. Entre las primeras acciones que realizaron, destaca la carta “Por los derechos de la mujer española”,36 presentada en junio de 1967 en la Vicepresidencia del Gobierno. Este documento sirvió de base para la elaboración del primer programa del MDM en 1968.37 En 1970, el MDM se había extendido por la geografía española.38 Ese mismo año se comenzaron a organizar encuentros de ámbito nacional. Se trataba de incorporar a las mujeres a la lucha por las libertades y con-
30 AHPCE, ,, Por la liberación de la mujer. Llamamiento del Partido Comunista de España.
31 Mundo Obrero, n.º 32, 3.ª semana de octubre de 1975.
32 Mundo Obrero, n.º 42, 24-11-1976.
33 Triunfo, n.º 690, 17-4- 1976.
34 Arriero, F. (2016). El Movimiento Democrático de Mujeres. Op. cit.
35 Nuestra Bandera, n.º 49-50, 1-5-1966, 57-84 y 83.
36 Realidad, n.º 15, 10-1967; Mundo Obrero, n.º 17, 2.ª quincena julio de 1967.
37 Comabella, M. (2009). Movimiento Democrático de Mujeres. En Martínez, C., Gutiérrez, P. y González Ruiz, P. (Eds.). El movimiento feminista en España en los años 70. Cátedra, 247-266.
38 AHPCE, Caja 117, Carp. 2/2, Primera Reunión General de las Mujeres Demócratas de España, s. f.
tra la discriminación femenina, que valoraban como un producto de la estructura del sistema capitalista y dictatorial que las relegaba al ámbito del hogar.39 En 1976 elaboraron un segundo programa en el que llamaban a la movilización femenina y reclamaban una ley del divorcio, la derogación del delito de adulterio, la despenalización del aborto y de los anticonceptivos, así como una amnistía total que incluyese los delitos específicos de género.40 Partidarias del femi- nismo de la igualdad, apoyaban la militancia de las mujeres en los partidos y en el sindicalismo de clase. Defendían que la lucha por la democracia iba pareja a la lucha feminista. En 1976, Dulcinea Bellido respaldaba este planteamiento frente a las opciones del feminismo radical:
Hay algunas feministas que consideran que es contraproducente la lucha en el seno de los partidos políticos.Yo creo que no, primero porque son los partidos políticos los que tienen que dar la solución gubernamental, las soluciones de gobierno. Es por ello que, en todo caso, lo que los movimientos feministas hacen es de grupo de presión para que se tenga en cuenta sus derechos, sus objetivos, y esos partidos recojan las reivindicaciones femeninas y las lleven a la práctica en una alternativa de gobierno. Pero a mí me parece que es un error el que las mujeres consideren que no deben militar en los partidos políticos.Yo creo que las mujeres deben mili- tar y llevar al seno de los partidos políticos los programas que defiendan mejor los derechos de la mujer.41
Por lo que se refiere a la conformación del MDM valenciano, tuvo que ver con el panorama represivo de esos momentos, con las detenciones en Valencia, en noviembre de 1968, de 36 mi- litantes de CCOO, HOAC y PCE, entre los que estaba Antonio Palomares, secretario general del PCE valenciano.42 En esta situación, la campaña de las esposas y familiares reclamando su libertad y el cese de las torturas tuvo repercusión pública. Destacó como organizadora Rosalía Sender, mujer carismática, militante comunista y esposa de Palomares. Así, la experiencia y complicidad adquiridas con las movilizaciones provocadas por las detenciones supusieron un estrechamiento de las relaciones solidarias entre las mujeres de preso y una toma de concien- cia política femenina.43 Pocos meses después se produjeron nuevas caídas, y en marzo de 1969 eran detenidos militantes de CCOO Juveniles (COJ).44 En abril de 1971, fueron detenidos treinta estudiantes, prácticamente toda la estructura comunista universitaria. Las torturas a las que se les sometió produjeron fuertes movilizaciones y protestas.45 Podemos decir, pues, que la lucha contra la represión, la reivindicación de la amnistía y la solidaridad fueron los primeros ejes de actuación de las mujeres del MDM en Valencia, de manera similar a otras zonas en las que existían grupos del MDM. Hay que tener además en cuenta la estrecha interrelación en Valencia entre el MDM, el PCE y CCOO.
Las mujeres utilizaban el prototipo del régimen franquista de madre y esposa para reclamar la liberación de sus familiares y demandar públicamente medidas de contenido político. Eran
39 AHPCE, Caja 117, Carp. 2/3, Reunión de Mujeres Demócratas, Madrid, s. f.
40 Programa del Movimiento Democrático de Mujeres de Valencia.
41 Testimonio de Dulcinea Bellido en Mujeres en lucha, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=XcunfB2Nj_E.
42 Sanz, B. (2002). Rojos y demócratas: La oposición al franquismo en la Universidad de Valencia, 1939-1975. FEIS-CCOO-PV.
43 Sender, R. (2004). Nos quitaron la miel… Op. cit., 109.
44 Gómez, A. (2004). Comisiones Obreras y represión franquista.València, 1958-1972. PUV, 148.
45 Sanz, B. (2002). Rojos y demócratas… Op. cit., 236.
formas de actuación política relacionadas con la afectividad y el cuidado; prácticas guiadas por su “conciencia femenina”, que asigna a las mujeres la responsabilidad de conservar la vida.46
Las actividades desarrolladas por estas mujeres de preso valencianas marcaron un punto de inflexión en las experiencias femeninas en la política antifranquista y en la creación de redes solidarias y de amistad, sentando las bases para la creación de una organización femenina/ feminista. En palabras de Rosalía Sender: “En aquella tarea me di cuenta de que iba ganando confianza en mí misma de la misma forma que las esposas de los encarcelados, la mayoría despolitizadas, tomaban una nueva conciencia de lucha. Fue entonces cuando comprendí que nadie les dedicaba tiempo a las mujeres y decidí dedicarme a su problemática”.47 Pese a las palabras de Rosalía Sender, es necesario señalar que el grupo de esposas de preso estaba con- formado por mujeres que, si bien no tenían una militancia política como tal, sí que procedían de familias de origen represaliadas y del entorno del PCE, de las HOAC y de CCOO.
En esta situación, el conocimiento de grupos del MDM fue uno de los incentivos para la creación de esta organización en Valencia. Por lo tanto, en 1969, para difundir la organización femenina y dar a conocer su programa, vinieron aValencia dos militantes del MDM de Madrid, una de ellas Dulcinea Bellido.48 El MDM deValencia nació con el apoyo del MDM madrileño y se organizó igual que él, en dos niveles, uno en la clandestinidad para marcar la línea políti- ca y un segundo nivel con grupos legales de mujeres en asociaciones de vecinos, de amas de casa o como la subcomisión Mujer Hoy del Ateneo Mercantil, desde donde las militantes del MDM lograron gran influencia y realizaron una importante labor cultural, de concienciación política y de género. La otra vertiente de la práctica política era el apoyo a los presos, la recla- mación de la amnistía y la solidaridad con los trabajadores en huelga.
Un marco comparativo: particularidades del MDM valenciano
El tratamiento y estudio del MDM a nivel de toda España los ha llevado a cabo Francisco Arriero,49 así que es la única monografía publicada en este sentido. Es por ello que nos basamos especialmente en esta publicación para examinar las particularidades del MDM en Valencia respecto a esta organización de ámbito nacional.
El MDM de Valencia podemos calificarlo, junto con el MDM madrileño, como uno de los grupos más importantes en cuanto a su capacidad de organización y el activismo desarrollado por una minoría de mujeres muy politizadas. Participaron en los organismos unitarios demo- cráticos surgidos durante la Transición, como la Taula de Forces Polítiques, en la que tuvieron una representante. Fueron promotoras de la creación de plataformas del movimiento feminista, como la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres del País Valenciano en 1976. Colabora- ron en organizaciones como Mujeres Universitarias y crearon un frente de mujeres trabajado- ras relacionadas con CCOO en el que organizaron encuentros y debates sobre la problemática de las trabajadoras. Nada que ver, por ejemplo, con el MDD de Barcelona, que en 1969 había
46 Kaplan,T. (1999). Luchar por la democracia. Op. cit.
47 Sender, R. (2004). Nos quitaron la miel… Op. cit., 145.
48 Sender, R. (2006). Luchando por la liberación… Op. cit., 18-19.
49 Arriero, F. (2016). El Movimiento Democrático de Mujeres. Op. cit.
sido disuelto por el PSUC debido a diferentes problemáticas.50 También en Zaragoza, las mili- tantes del MDM se encontraban hacia 1973 en una situación de impasse, después de conflictos con las mujeres universitarias y la dirección del PCE local, por lo que el MDM zaragozano acabó disolviéndose.51
Resaltamos en este apartado algunas actividades del MDM valenciano realizadas para faci- litar la subsistencia de personas que sufrían directamente la represión, con lo que amplió sus funciones de carácter asistencial y cotidiano, funciones relacionadas también con la mater- nidad social. Un ejemplo de estas prácticas lo encontramos en el cuidado y atención que las fundadoras del MDM prodigaban a Rosa Estruch Espinós, militante comunista y alcaldesa durante la Guerra Civil, ingresada gravemente enferma en el Sanatorio de la Malvarrosa.52 Otro de los ejemplos de este tipo se produjo en 1971, cuando el MDM de Valencia organizó la llegada a la ciudad, en el mes de julio, de niños hijos de represaliados, parados y presos po- líticos de Madrid. La finalidad era que disfrutaran durante quince días de unas vacaciones, y los niños fueron distribuidos por algunos barrios de la ciudad, como la Malvarrosa, y pueblos de la provincia, como el Puerto de Sagunto, Benimámet o Burjasot. Las mujeres acogieron a los niños durante quince días, los tuvieron en sus casas y cuidaban de ellos como si fueran sus propios hijos.53 No tenemos constancia documental de este tipo de prácticas en otros grupos del MDM. Son las fuentes orales las que nos informan sobre estos temas.
Por otra parte, el MDM valenciano fue uno de los primeros grupos que, al igual que el MDM madrileño, plantearon debates sobre la maternidad y los anticonceptivos en charlas y reuniones con las mujeres. El MDM de Valencia, en su boletín Avanzando,54 defendía el acceso a los anticonceptivos como un derecho ligado a que las mujeres pudieran decidir sobre su cuerpo y su sexualidad.55 Además, fue pionero con la edición en 1976 de hojas informativas sobre las características de los métodos anticonceptivos, lo que provocó conflictos y críticas de los hombres, dirigentes del PCE de Valencia, que consideraban que se estaba yendo demasiado lejos en estas cuestiones.56 En otros lugares como el País Vasco o Salamanca, el tratamiento de los temas relacionados con la sexualidad por los grupos del MDM se consideraba tabú, y se plantearon debatirlos a nivel interno.57
Además, el MDM de Valencia, a la par que su trabajo en el movimiento vecinal, creó en el Ateneo Mercantil de la ciudad de Valencia la denominada Subcomisión Cultural Mujer Hoy. Desde 1970, las mujeres del MDM comenzaron a contactar para organizar y programar ciclos de charlas y conferencias en el Salón de Té del ateneo. Estas reuniones se celebraban los prime- ros y terceros martes de cada mes, eran abiertas al público en general y estaban dirigidas a las mujeres en particular. La primera de ellas tuvo lugar el 23 de marzo de 1971.58 Las actividades giraban en torno a temas de carácter cultural, así como a la participación en las I Jornadas por
50 Ibid., 49.
51 Ibid., 100.
52 Verdugo,V. (2020). Rosa Estruch Espinós: alcaldesa comunista de Vilallonga durante la Guerra Civil. Nuestra Historia: Revista de Historia de la FIM (10), 227-234.
53 Entrevista a Joaquina Campos, 12-6-2002.
54 Avanzando, 10-1976.
55 Arriero, F. (2016). El Movimiento Democrático de Mujeres. Op. cit., 230.
56 Entrevista a M.ª Jesús Artal, 26-3-2004.
57 Arriero, F. (2016). El Movimiento Democrático de Mujeres. Op. cit., 231.
58 AHPCE, ,, Trabajo de Mujeres,Valencia, mayo de 1971, informe manuscrito.
la Liberación de la Mujer, de 1975,59 y en las Jornades Catalanes de la Dona de 1976, en las que la Subcomisión Cultural Mujer Hoy presentó la comunicación “Mujer y delincuencia”.60 El objetivo era dar una mayor formación a las mujeres e informarles sobre sus derechos para concienciarlas de la situación de subordinación en que se encontraban. Se realizaron ciclos de conferencias sobre “La mujer casada y el ordenamiento jurídico”,61 el “Balance del Año Internacional de la Mujer”,62 “El divorcio”63 o “La carestía de la vida y cambio del modelo económico”.64 Se trataba de aprovechar el trabajo en una institución legal para visibilizarse y llegar a los medios de comunicación y, por tanto, a las mujeres. Un ejemplo es la difusión que en la prensa y la radio se dio de las charlas y actividades que se realizaban en el ateneo valen- ciano. Las conferencias eran impartidas por mujeres y hombres intelectuales y profesionales de conocido prestigio, como Trinidad Simó, M. Sánchez Ayuso, E. Miret Magdalena, Teresa Puente, Simó Santonja, M.ª Aurèlia Capmany, etc. De este modo se creaba también una de red de apoyo y simpatía entre estos sectores intelectuales y profesionales y la organización de mujeres. Esta comisión la dirigía Ana Cari,65 que pertenecía a la HOAC y era profesional de la radio, y funcionó hasta 1978.66 Desde la comisión del MDM en el ateneo también se prestaba ayuda a otras comisiones del MDM para realizar actividades. En febrero de 1976, el periódico valenciano Las Provincias inauguró una sección dedicada a hacer un recorrido por el feminismo, y comenzó con un artículo dedicado a la Subcomisión Femenina del Ateneo Mercantil, ya que era una de las organizaciones feministas más veteranas:
En razón a su veteranía en la lucha feminista es la Subcomisión de Cultura y Pro- moción Social de la Mujer la organización con la que se inicia este trayecto a través del movimiento feminista en Valencia.67
Podemos decir que la Subcomisión Cultural Mujer Hoy fue una de las señas de identidad del MDM de Valencia. No obstante, otros grupos del MDM como el de Salamanca68 también contactaron con el ateneo de su ciudad para organizar actividades dirigidas a las mujeres, pero sin el éxito que tuvieron en Valencia.También el MDM de Asturias se insertó en instituciones culturales con el fin de ampliar su ámbito de influencia.69
Por otra parte, una de las problemáticas que surgieron en el seno del MDM fue la crítica por el tutelaje del PCE sobre la organización femenina, lo que nos muestra la cultura patriarcal existente en la militancia masculina comunista. A las militantes del MDM se las consideraba “militantes de segunda” supeditadas a realizar las tareas que el PCE-PSUC considerara ade- cuadas para el género femenino, como las tareas de solidaridad con los presos y la reclamación de la amnistía o el apoyo al movimiento obrero. Pero, a la vez, surgen también quejas de las comunistas por la falta de ayuda y consejo del partido. Así se puede ver en la documentación
59 Primeras Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer. Conclusiones. Madrid diciembre de 1975.
60 Las Provincias, 2-6-1976.
61 Las Provincias, 28-1-1976.
62 Las Provincias, 4-2-1976.
63 Las Provincias, 26-2-1976.
64 Las Provincias, 7-11-1976.
65 Las Provincias, 6-1-1977.
66 Sender, R. (2006). Luchando por la liberación de la mujer… Op. cit., 29.
67 Las Provincias, 13-2-1976.
68 Arriero, F. (2016). El Movimiento Democrático de Mujeres. Op. cit., 76.
69 Ibid., 77.
del MDM madrileño, que en 1969 le reprochaba la falta de asesoramiento a las mujeres que estaban visitando a personalidades del régimen para solicitar la amnistía.También en Barcelona las comunistas del MDD reprochaban al PSUC su desinterés por la problemática femenina.70 En el caso del MDM valenciano, Rosalía Sender plantea que los camaradas no valoraban la importancia de desarrollar el MDM. En 1971, Rosalía Sender reclamaba para el MDM valen- ciano mayor apoyo del PCE, al igual que el que dedicaba a otros movimientos sociales; una mayor supervisión ideológica en la aplicación de la línea política respetando la autonomía de los grupos del MDM.71
Asimismo, los conflictos entre las distintas formas de entender la militancia por parte de las mujeres del MDM se dieron prácticamente de manera transversal. Así, en Asturias el MDM era considerado por algunas militantes como una vertiente más del partido. Los problemas aparecieron cuando jóvenes estudiantes se integraron en la organización y cuestionaron los roles de las mujeres dentro y fuera del PCE, por lo que en el MDM asturiano convivían y se enfrentaban identidades políticas dentro de una misma cultura política. Unas defendían un MDM que realizara labores de apoyo al partido y contra la dictadura; otras planteaban la lucha política y acabar con las discriminaciones que sufrían las mujeres. Esta situación conllevó con- flictos, especialmente cuando se trataban cuestiones sobre la sexualidad, la anticoncepción o el aborto. En Barcelona, un grupo de militantes del MDD liderado por Giulia Adinolfi criticaba la instrumentalización que el PSUC ejercía y el izquierdismo de quienes concebían la lucha de las mujeres como algo secundario respecto a la del movimiento obrero. Amparo Moreno Sardá apunta otro conflicto, entre las militantes más ortodoxas y quienes adoptaron posicio- nes feministas. Así, el control y el sectarismo de las ortodoxas llevaron a enfrentamientos en el MDD barcelonés. Muchas comunistas cuestionaban el papel subalterno de las mujeres en el PSUC y criticaban su desinterés respecto a las problemáticas femeninas. Algunas militantes, desde el discurso marxista, buscaban respuestas a las cuestiones que el partido no afrontaba. En 1969 el PSUC decidió la disolución del MDD, acusando a sus dirigentes de haberse dejado arrastrar por los conflictos personales y haber fracasado en el objetivo de movilizar a las masas femeninas.72 Situaciones parecidas se dieron en el MDM valenciano, entre las defensoras de reivindicaciones feministas y las más cercanas a lo que podemos denominar “causas sociales”.
Todo ello en una sociedad como la española de los años sesenta y setenta, fuertemente
patriarcal, en la que la diferencia sexual se basaba en argumentos biologicistas y se articulaba a través del discurso del hogar como el ámbito específicamente femenino. Hay que tener en cuenta, además, que este discurso era tan hegemónico y estaba tan extendido que no lo cues- tionaban ni siquiera las ideologías emancipatorias, a pesar de que propugnaban la igualdad de derechos para todas las personas.73
70 Ibid., 47.
71 Ibid., 65.
72 Ibid., 49.
73 Molinero, C. (1998). Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada en un mundo pequeño. Historia Social (30), 97-117.
¡Vecina, únete! Las mujeres del MDM en los barrios valencianos
La participación de las mujeres del MDM en la lucha de los barrios fue una de las vertientes de su activismo antifranquista pero también feminista, ya que posibilitaba el acceso a nuevos aprendizajes y discursos considerados transgresores.74 Una de las vías a la concienciación femi- nista eran las vocalías de la mujer donde se enlazaban reivindicaciones específicas de género con problemas del barrio. Se organizaban actividades de cultura general, alfabetización, charlas sobre sexualidad, etc., que eran de interés para las mujeres. Era un medio para romper los có- digos de silencio y el aislamiento social del colectivo femenino. Rosalía Sender, dirigente del MDM, organizó la Vocalía de la Mujer de la Asociación de Cabezas de Familia del Marítimo:
Programábamos por la Vocalía de la Mujer actividades que interesaran a las vecinas, y en especial sobre el porqué de nuestra discriminación y que había que cambiar esa situación. Abordamos todas las facetas de este problema en múltiples conferen- cias, charlas y reuniones. No olvidemos que existía una Comisión del MDM que, si bien era clandestina, era la que iba elaborando el enfoque para elevar el nivel de concienciación feminista de las mujeres.75
Además, en los años setenta el movimiento asociativo vecinal se configuraba como “un elemento de lucha y construcción de la democracia a nivel municipal […] precipitando la crisis de las instituciones centralistas y autoritarias, creando la necesidad de un nuevo tipo de ayuntamientos para conseguir una ciudad que realmente fuera habitable”.76 Aun así, organi- zarse legalmente como asociación de vecinos no era tarea fácil frente al control y la represión institucionales. Una de las posibles vías era acogerse a la Ley 191/64, de 24 de diciembre, que articulaba las normas de ejercicio de la libertad de asociación. Otra era el marco legislativo que regía las Asociaciones de Cabezas de Familia, a partir de 1968.77 En muchos de los casos, el movimiento vecinal comenzó a partir de los núcleos de las Asociaciones de Cabezas de Familia y de las Asociaciones de Amas de Casa. La oposición democrática fue infiltrándose y ocupándolas con el fin de realizar acciones reivindicativas en el medio urbano.78
En Valencia, los efectos de la riada de octubre de 1957 aceleraron la construcción en la pe- riferia de barrios como Fuente de San Luis, Benicalap, Rascanya,Torrefiel, Orriols, sometidos a la especulación inmobiliaria, espacios sin infraestructuras de servicios ni unas mínimas con- diciones de urbanización y habitabilidad. En 1972 funcionaban en la ciudad por lo menos tres asociaciones: Marítimo, Malvarrosa y Orriols. En 1974 eran más de diez, todas ellas de Cabezas de Familia, excepto la de Benimaclet y Natzaret, que presentaron sus estatutos para ser legali- zadas como asociación de vecinos ese mismo año.
74 Di Febo, G. (1990). La lucha de las mujeres en los barrios en los últimos años del franquismo. Un ejemplo de utilización de la Historia de género. En Tusell, J.,Alted,A. y Mateos,A. (Coords.). La oposición al régimen de Franco (Vol. II). UNED, 251-260.
75 Entrevista a Rosalía Sender, 6-2-2004.
76 Borja, J. (1977). Qué son las Asociaciones de Vecinos. La Gaya Ciencia, 35.
77 En 1967 la Falange buscó nuevas vías de encuadramiento de las clases medias urbanas. Con este objetivo promulgó el Estatuto Orgánico del Movimiento de 20 de diciembre de 1968, que preveía la existencia de distintas entidades asociativas, fundamentalmente las Asociaciones de Cabezas de Familia o Familiares. Tales entidades quedaban sometidas a un doble y simultáneo control por parte del Ministerio de la Gobernación y de la Secretaría General del Movimiento.
78 Sanz, B. y Felip, J.M (2006). La construcción política de la Comunitat Valenciana. Institució Alfons el Magnànim-Diputació de València.
Respecto a la participación de las mujeres del MDM en el frente de barrios, en muchos de los casos se trataba de mujeres que militaban en el PCE o tenían relación con él, amas de casa, esposas o compañeras de militantes comunistas, de CCOO. También estuvieron en el “frente de barrios” universitarias, mujeres de otras organizaciones antifranquistas, de las HOAC y las JOC, como en el caso de Raquel Cots Rever, del MDM y de la Asociación de Vecinos del barrio de El Cid en Valencia:
Nos tapábamos bajo el manto de la Iglesia y yo pertenecía a la JOC, al movimiento obrero católico. Dimos el paso, junto conmigo otras mujeres, de participar en el MDM […]. Nosotras queríamos que las mujeres participasen en esa lucha contra la dictadura.79
Entre 1975 y 1977, con la agudización de la crisis económica y la congelación salarial, el MDM realizó en distintos barrios valencianos campañas contra la carestía de la vida.80 Re- partieron octavillas y pegatinas y organizaron una manifestación de mujeres en el Mercado Central de Valencia en abril de 1976.81 Teresa Maiques, militante del MDM y de la Asociación de Vecinos de la Malvarrosa, narra alguna de estas acciones:
Pues trabajábamos por la carestía de la vida, hacíamos movilización, había veces que pintábamos o poníamos carteles, cuando había una subida de la carestía de la vida. Por tener mejor enseñanza en los colegios, aquí en la Malvarrosa, y, en fin, por las cosas fundamentales. Nosotras aquí, estando en el barrio que estábamos, teníamos que reivindicar… pues la cesta de la compra, mejores colegios, mejores jornales para las mujeres que trabajaban, en fin, tener una vida digna, una vida digna.82
Las mujeres se organizaban en torno a temas que, hasta ese momento, no se habían defini- do como políticos y que englobaban todas las cuestiones relacionadas con la vida del barrio, como la situación de las viviendas, la violencia, la carestía de la vida, la falta de infraestructuras sanitarias, de transporte público, de zonas verdes, etc. Un conjunto de temas comunitarios en los que se implicaron tanto las que estaban comprometidas políticamente como las que no. Las mujeres, como amas de casa de las clases populares, se enfrentaban a una situación económica y una vida cada vez más precarias. Desde una posición de exclusión y a través de la conciencia femenina, defendían su rol como amas de casa que cuidaban de sus familias y se enfrentaban al Estado apelando al derecho a poder cubrir sus necesidades para vivir dignamente. Desa- rrollaron su activismo e impulsaron acciones que motivaban e implicaban a sus vecinas en barrios como Benimaclet,83 Orriols,84 Fuente San Luis,85 Malilla86 o Burjasot.87 Reivindicaban guarderías, puestos escolares y asistencia sanitaria, y denunciaban la contaminación fabril en
79 Testimonio de Raquel Cots en El Moviment Democràtic de Dones, 40 anys després, disponible en https://www.youtube.com/ watch?v=qD1WDKiLjLI&t=7s.
80 AHPCE, ,, , Análisis de la situación del Movimiento Democrático de Mujeres en Valencia a finales de junio de 1975.
81 Las Provincias, 30-4-1976.
82 Entrevista a Teresa Maiques, 4-3-2004.
83 Las Provincias, 24-1-1976; Las Provincias, 27-1-1976; Las Provincias, 24-6-1976; Las Provincias, 30-4-1977.
84 Las Provincias, 2-4-1976.
85 Las Provincias, 15-2-1976; Las Provincias, 10-6-1976; Las Provincias, 12-8-1976; Las Provincias, 17-10-1976.
86 Las Provincias, 20-2-1976; Las Provincias, 25-9-1976; Las Provincias, 23-10-1976; Las Provincias, 12-2-1977.
87 La campaña por más puestos escolares la iniciaron las Amas de Casa de Burjasot en el curso 1971-1972.
barrios del distrito Marítimo88 y Malvarrosa.89 Zonas verdes y alumbrado público fueron tam- bién motivos de reclamación en los barrios como Benicalap, donde Julia García, militante del MDM, recuerda:
En aquella época se reivindicaba el Parque de Benicalap […]. Estuvimos reivindi- cando el alumbrado público […] estaban muchas cosas sin hacer, íbamos al ayun- tamiento, recogíamos firmas […]. También las escoletes infantiles, el alumbrado pú- blico.90
Las demandas de mejores condiciones de vida en los barrios posibilitaban que las militantes del MDM pudieran entrar en contacto con las realidades de las mujeres de clase obrera, tratar de sacarlas de la domesticidad para acercarlas a sus reivindicaciones específicas de género. A este respecto, Amparo Coll, del MDM, recordaba:
Nos encontramos con unas mujeres cuya realidad era absolutamente distinta. No- sotras elegimos ser feministas y estas mujeres vivían en unas condiciones que para nosotras fueron impactantes, vivían en unos pisos pequeñísimos en la periferia. Tenías que subir cinco pisos con dos niños, con las bolsas de la compra […]. Eso supuso para nosotras un cambio radical donde el planteamiento de lo que era o no era feminista era casi teología. Allí había una realidad y había que luchar por aquello […] que las mujeres tuvieran unas mejores condiciones de vida, guarderías, anticonceptivos, a igual trabajo igual salario. Unir eso con la lucha por la democra- cia, sacándolas muchas veces de sus casas, y luego unirlo con el combate ideológico de una sociedad patriarcal […]. Ese fue el gran acierto del MDM, el saber unir
pensamiento y vida, razón y vida.91
Enlazaban la lucha en los barrios con la consecución de la democracia, las libertades y las reivindicaciones feministas. Como recuerda Amparo Martínez, de la Asociación de Vecinos de Orriols y militante del MDM:
El trabajo que hacíamos en el MDM era un trabajo en dos vertientes, según entien- do yo: una era la lucha general por las libertades porque estábamos en una dictadura, y la otra por los derechos de las mujeres específicamente […] lo hacíamos desde las asociaciones de vecinos […] organizábamos charlas propias sobre la carestía de la vida, guarderías, derecho a la sexualidad, divorcio, aborto […]. Sacar a las mujeres en medio de una dictadura por la lucha general y por sus propias reivindicaciones no fue tarea fácil, con lo cual la imaginación que le echamos la gente que estába- mos allí fue increíble y conseguimos movilizar a muchas mujeres. Yo tenía una militancia política en el PCE y en el MDM, pero a nuestra vocalía venía gente sin ninguna adscripción política, gente del MCE, gente de la Liga. Es decir, gente de la resistencia en la clandestinidad a la dictadura y gente normal y corriente.Y mujeres amas de casa que se acercaban, primero, con mucho miedo, pero luego hablábamos
88 Las Provincias, 1-2-1976; Las Provincias, 15-4-1976.
89 Las Provincias, 11-2-1976; Las Provincias, 13-2-1976; 15-2-1976; Las Provincias, 18-2-1976; Las Provincias, 3-4-1976; Las Pro-
vincias, 28-5-1976; Las Provincias, 17-6-1976; Las Provincias, 20-5-1977.
90 Testimonio de Julia García en El Moviment Democràtic de Dones, 40 anys després, disponible en https://www.youtube.com/wat- ch?v=QRJeSeaGqBs&t=1587s.
91 Testimonio de Amparo Coll en El Moviment Democràtic de Dones, 40 anys després, disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=on9lB6ai50o&t=5s.
de conseguir escuelas, conseguir guarderías, conseguir trabajo, que tuvieran los mismos derechos a nivel de legislación.92
Sin embargo, la implicación femenina en el movimiento vecinal no era fácil; entre los problemas que aparecían se encontraban los horarios de las reuniones, que solían ser incom- patibles con los tiempos de cuidado familiar, lo que problematizaba la participación femenina e incrementaba las dobles jornadas. Esta complejidad se manifestaba cuando las reuniones se celebraban a las horas de la cena, una responsabilidad unánimemente femenina.Así lo recuerda Amparo Martínez, militante del MDM y de la Asociación de Vecinos de Orriols:
No es porque no quisieran o no tuvieran ganas, pero si tenían hijos tenían la res- ponsabilidad de la casa y, además, tenían que tener la cena. Podía estar el matrimo- nio y él podía quedarse, pero la mujer llegaba una hora y decía:“Oye, que yo tengo que hacer la cena”.Yo les decía:“Pues que se vaya tu marido”. Pero, claro, el marido
no se iba, evidentemente.93
Por otra parte, la escasez en materia educativa fue una de las principales demandas del mo- vimiento vecinal en toda España.94 Existía un grave problema de falta de escuelas en general y gratuitas en particular, y las condiciones de los colegios que había en los barrios del extrarra- dio eran penosas. Como recuerda Encarna Moya, del MDM y de la Asociación de Vecinos del barrio La Fonteta de Valencia:
Sí, sí, primero eran los problemas del barrio, es que era todo […] en [el barrio de] La Fonteta no había colegios, solo había un colegio que tenía doscientos años, un edificio […]. Entonces las niñas solo llegaban hasta el quinto curso, y cuando lle- gaban al quinto curso las madres ya tenían que buscarse la vida como pudieran, ya tenían que sacar a las niñas del barrio […] los niños estaban en otro colegio, que no tenía doscientos años pero que aún estaba peor.Teníamos que subir con mucho cuidadito porque el suelo se hundía, y allí iban los niños. Movilizabas a la gente, a las madres, los padres estaban trabajando, pero a las madres sí que las movilizabas por ese motivo […].Yo me acuerdo que una vez la [carretera de] Pista de Silla la
cortamos, eso fue por los colegios.95
Como mujeres de la clase trabajadora, también dirigían sus acciones para dar apoyo al movi- miento obrero, trasladando las huelgas al espacio de barrio, creando redes de ayuda a los huel- guistas y enfrentándose incluso a la policía en situaciones que las mujeres consideraban injustas. En este tipo de intervenciones se enmarca el enfrentamiento entre las mujeres y la policía en el barrio de La Fonteta, por la detención y despido de un trabajador de la empresa Mocholí. Enfrentamiento que se publicó en un comunicado enviado a la prensa:
Ayer cuando estábamos reunidas, cerca de doscientas cincuenta mujeres, en la puer- ta de Mocholí, compareció la Policía Armada, dándonos cinco minutos para disol- vernos, advirtiendo que en caso contrario intervendrían. Seguidamente exponen la marcha hacia Gobernación con el trabajador despedido,Antonio Montalbán, a la
92 Testimonio de Amparo Martínez en El Moviment Democràtic de Dones, 40 anys després, disponible en https://www.youtube.com/ watch?v=POW5bP_Dqkk&t=1119s.
93 Entrevista a Amparo Martínez, 18-2-2004.
94 Serra, A. (1978). El moviment de pares. Perspectiva Escolar (29), noviembre de 1978, 24-27.
95 Entrevista a Encarna Moya, 13-5-2004.
cabeza de todas ellas. Como quiera que la Policía se negara a que continuasen avan- zando, intentaron detener al trabajador, a lo que las mujeres contestaron con un inmediato cerco de protección al mismo, para impedir que se lo llevaran. La Policía Armada cargó entonces contra ellas, siendo respondidos en su acercamiento por las mujeres, desarrollándose un singular enfrentamiento, afortunadamente sin graves
consecuencias, si bien con magulladuras y ataque de histeria por las mujeres.96
Las mujeres aparecían como garantes de la comunidad de los trabajadores en conflicto, e intervenían porque consideraban que los principios en los que se basan la comunidad, la clase y la vida familiar estaban siendo ultrajados y puestos en peligro.97 El apoyo del movimiento ve- cinal a los conflictos obreros tuvo consecuencias para algunas asociaciones de vecinos, como la Asociación de Distrito de Exposición y la de Malvarrosa, que en 1974 mostraron su solidaridad con la huelga de Unión Naval de Levante, lo que supuso el cierre de ambas entidades.98 En 1976, el movimiento vecinal de distintos barrios envió a la prensa una carta de solidaridad con las familias valencianas afectadas por los despidos en varias empresas.99 Distintas asociaciones recaudaban fondos de ayuda para el personal en huelga. La consecuencia fue la detención de varios vecinos en Benimaclet, Benimámet y Nazaret.100 Además, el clima de control y represión dio lugar a que algunas asociaciones de vecinos fueran cerradas o atacadas por bandas ultras, como ocurrió en 1972 en la del barrio de la Malvarrosa. Poco después, uno de los dirigentes vecinales sufrió un atentado.También el barrio de Orriols fue víctima de un atentado fascista a la guardería organizada por la propia asociación de vecinos.101
Sin embargo, a pesar del protagonismo que las mujeres llegaron a tener en el movimiento vecinal, son incluidas en el genérico “vecinos” y los asuntos relativos a ellas son considerados secundarios.102 Eso dificulta en buena medida recuperar las experiencias y las características de las militancias femeninas en este movimiento, a pesar de la paradoja de que se ha llegado a señalar la naturaleza matriarcal de gran parte de las protestas vecinales.103
El MDM en el movimiento feminista
La ampliación de nuevos frentes de lucha como el feminismo, así como la convivencia de diferentes generaciones con formas distintas de entender la militancia, conllevaron discrepan- cias y desacuerdos en el seno del MDM.104 Pilar Serrano, militante del MDM y de Bandera Roja, recordaba estas discrepancias:
96 Las Provincias, 2-4-1977.
97 Kaplan,T. (1999). Luchar por la democracia. Op. cit.
98 Archivo José Luis Borbolla CCOO-PV (AJLB CCOO-PV), Expediente, n.º 1082, 11-3-1974, AGE 13/18, Junta Provincial del Movimiento de Valencia; AJLB CCOO-PV, Expediente n.º 12439, 2-5-1974, AGE 13/08, Gobierno Civil de Valencia.
99 Las Provincias, 5-3-1976.
100 Las Provincias, 25-1-1977.
101 Las Provincias, 26-9-1976; Las Provincias, 3-10-1976.
102 Radcliff, P. (2019). La construcción de la ciudadanía democrática en España: La sociedad civil y los orígenes populares de la Transición, 1960-1978. PUV.
103 Balfour, S. (1994). La dictadura, los trabajadores y la ciudad: El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988). Edicions Alfons el Magnànim.
104 Verdugo,V. (2011). Prácticas políticas y movimiento feminista. Op. cit.
El MDM era un movimiento amplio, en el que tenían cabida mujeres de muy diversa procedencia, ahí había mujeres que luchaban directamente por cuestiones de tipo social o laboral y había mujeres que luchaban por cuestiones directamente feministas […] estos dos aspectos de la cuestión, que yo veía entonces y veo ahora absolutamente compatibles, llegó un momento en que llegaron a crear dos grupos […]. Un grupo de mujeres que ponían la prioridad en la lucha ciudadana, en la lucha social, y mujeres que pensaban que la prioridad estaba en reivindicaciones directamente feministas que tenían que ver con cuestiones relacionadas con el propio cuerpo […] la lucha por el aborto libre y gratuito, los anticonceptivos en la
Seguridad Social, la lucha por la despenalización del adulterio, etc.105
A veces,“causa sexual” y “causa social” entraban en contradicción entre las propias mujeres de la organización, originando desacuerdos sobre lo que debía ser prioritario en las tareas del MDM. A este respecto, el testimonio de Rosalía Sender, militante del PCE y dirigente del MDM del País Valenciano, nos da también una idea del conflicto que durante esos años existía en el seno de esta organización:
Pero cuando se fueron incorporando universitarias y profesionales, algo que nos llenaba de alegría a las que iniciamos trabajosamente el MDM, para reforzar nues- tro trabajo de formación en todos nuestros frentes o comisiones, surgieron quejas de mujeres, fundamentalmente de barrios y pueblos, que no entendían ni com- partían algunos de sus planteamientos. Estas incorporaciones fueron de gran ayuda para enriquecer los debates y reforzar el trabajo en muchas comisiones, pero en ocasiones crearon problemas. Querían ir demasiado deprisa y no era fácil coordinar
el conjunto.106
A partir de 1975 se fue configurando el movimiento feminista en el ámbito español y tam- bién en Valencia, donde aparecieron organizaciones feministas en un contexto en el que, hasta ese momento, solo existía el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM). Nuevamente, Pilar Serrano nos recuerda lo que significó el MDM en aquellos años de vertebración del movimiento feminista:
[…] el MDM, el hecho de que fuera tan amplio, que tuviera mujeres de tan diversa procedencia, permitió que muchas mujeres que solo se planteaban la lucha en un plano social o laboral, permitió el encuentro con otras mujeres y que significara que muchas, por primera vez, se plantearan cuestiones directamente feministas, re- lacionadas con el cuerpo, con su sexualidad y con su rol de mujeres en la sociedad. En ese sentido, a mí me parece que fue muy importante. Históricamente, fue la primera vez en la historia del franquismo que aparece un movimiento de mujeres que luchan por cuestiones propias […] el MDM desapareció, pero dio lugar a otras cosas. Es decir, muchas mujeres que militaron en el MDM continuaron su lucha
en otros sectores. El MDM puso las bases de una lucha que todavía hoy continúa.107
105 Testimonio de Pilar Serrano en El Moviment Democràtic de Dones, 40 anys després, disponible en https://www.youtube.com/ watch?v=GHxsgJpPtns&t=4s.
106 Sender, R. (2006). Luchando por la liberación. Op. cit., 132.
107 Testimonio de Pilar Serrano en El Moviment Democràtic de Dones, 40 anys després, disponible en https://www.youtube.com/ watch?v=GHxsgJpPtns&t=4s.
En la escena política valenciana surgieron distintas organizaciones de mujeres que se auto- denominaban y definían como feministas.108 Se trataba de organizaciones relacionadas con los partidos políticos de la izquierda con el objetivo de incorporar a la lucha política general la lucha por las reivindicaciones específicas de género, elaborando una teoría que articulaba la opresión de las mujeres con su estrategia revolucionaria de camino al socialismo, como con- dición necesaria, pero no suficiente, para la liberación femenina. Formaban parte del deno- minado “feminismo socialista”, que nacía como una corriente crítica que radicalizaba el pen- samiento marxista enriqueciéndolo con aportaciones del feminismo radical y buscando una síntesis útil para la teoría feminista. Estas organizaciones de mujeres eran partidarias de la doble militancia en las organizaciones políticas, en el sindicalismo y en el movimiento feminista, concebían la acción política como un medio de transformación social.También desarrollaron su actividad en las asociaciones de vecinos, en vocalías de la mujer y/o en las organizaciones sindicales de clase. En estos planteamientos se situaba el MDM.
Con una visión distinta sobre la liberación de la mujer, se constituyeron otros grupos de mujeres de carácter autónomo e independiente. Concebían el feminismo como una alterna- tiva global y un proyecto de liberación personal, como los Colectivos Feministas, que desde el análisis y la teoría marxistas categorizaban a la mujer como clase y eran partidarias de la militancia en exclusiva en el movimiento feminista. Se crearon también grupos de mujeres independientes y autónomas, como el Grupo Terra.Todos estos grupos, junto con el veterano MDM, mujeres sindicalistas, universitarias, vocalías de asociaciones de vecinos, mujeres de empresas, etc., crearon en octubre de 1976 la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres del País Valenciano,109 que en su manifiesto declaraba:
Derecho al divorcio en igualdad de condiciones sin necesidad de culpables. Rec- hazaremos cualquier ley sobre divorcio que no vaya acompañada de verdaderos cambios de fondo, lucharemos por una ley que sirva de verdad a nuestros intereses. Exigimos la despenalización del adulterio y la despenalización de la prostitución. Derecho a compartir la patria potestad. Igualdad de derechos para las madres sol- teras. Supresión de la cualificación de hijo ilegítimo. Derecho a la utilización de anticonceptivos a cargo de la Seguridad Social. Despenalización y legalización del aborto. Derecho a puestos de trabajo en igualdad de condiciones con el hombre. Derecho a la coeducación laica y gratuita. Abolición de todas las leyes que nos
discriminan. Socialización del trabajo doméstico.110
Isabel Alonso, militante del MDM, acudía a la Coordinadora en representación de esta or- ganización.
Recuerdo mucha actividad, un no parar, y de las cosas que tengo más claras pues serían las reuniones de coordinación que hacíamos de todos los movimientos de mujeres de Valencia, a las que yo iba por el MDM […]. Recuerdo coordinar las distintas campañas que llevábamos entonces […] estamos hablando del año 76-77, cuando estaba cambiando la legislación en España. La movilización y la discusión por la ley del divorcio fue muy importante […] otra campaña que recuerdo muy
108 Véase Moreno, M. (2005). Manifiestos feministas. Op. cit.
109 Las Provincias, 16-10-1976.
110 Archivo personal de Presen Sáez, Manifiesto Coordinadora Grupos de Mujeres del País Valenciano, 1-1977.
importante fue la lucha por que el adulterio no fuera un delito para las mujeres […]. Recuerdo hacer concentraciones para que el adulterio dejara de ser un de- lito. […] la lucha por el aborto, por el derecho al aborto. De esa lucha recuerdo movilizaciones en Valencia […] hubo un manifiesto de mujeres muy conocidas que declararon que ellas también habían abortado […]. Una cosa muy liberadora era que, a través del feminismo, hablábamos mucho de la sexualidad de las mujeres, puesto que había libros que hablaban de nuestra sexualidad. […] Recuerdo hablar de sexualidad, de los temas de pareja, porque era un tema que te llevaba a lo que decíamos de “lo personal es político”, era uno de los grandes eslóganes del femi-
nismo y creo que sigue siéndolo.111
La consideración de lo personal como político suponía categorizar como política la vida privada de las mujeres y el control de su cuerpo, considerándolos derechos democráticos que se debían incluir en la nueva ciudadanía. Las organizaciones feministas, tanto las militantes políticas como las radicales, denunciaban la brecha de género y la conducta sexista en los par- tidos de la izquierda y en el sindicalismo de clase. Criticaban que no existía voluntad para una política igualitaria.
Por otra parte, en el seno de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres de Valencia sur- gían problemas en torno a la militancia doble o única. No obstante, celebraron en diciembre de 1977 las Primeres Jornades de la Dona en Valencia.112 En estas jornadas, junto con la polé- mica de si los hombres podían o no estar presentes, también se hicieron visibles las diferencias entre las distintas vertientes feministas.113 La búsqueda de autonomía del movimiento feminista se polarizó en torno a la militancia doble o única con posturas que iban desde la necesidad de renovar el universo político e ideológico en cuestiones de género hasta el rechazo total de la política que consideraban incompatible con los valores feministas.114 Estas cuestiones conduje- ron a que, finalmente, se produjera la ruptura de la Coordinadora en 1978. Así, en noviembre de ese mismo año, se decidió la creación de la Asamblea de Mujeres de Valencia,115 con lo que el movimiento feminista valenciano quedó dividido.
Por otra parte, la influencia del movimiento feminista durante la Transición se reflejó en el impulso y la revitalización de fechas emblemáticas como el 8 de Marzo, que recuperó una mayor visibilidad en toda España a partir de 1977, reforzando la identidad colectiva feminista.116 Además, configuraron espacios propios como la Llibreria Dona o el bar La Piccola.
Las principales campañas realizadas por el movimiento feminista en Valencia, como en el resto de España, se centraron en ámbitos legislativos y en el Código Penal. El objetivo era desmantelar la legislación represiva franquista. Se reivindicó la despenalización de delitos espe- cíficos y discriminatorios, como la derogación del delito de adulterio y amancebamiento. En Valencia el caso más seguido fue el juicio de Bienvenida García, acusada de adulterio en 1977.117 Así lo recordaba Judit Hernández, militante del MDM:
111 Testimonio de Isabel Alonso en El Moviment Democràtic de Dones, 40 anys després, disponible en https://www.youtube.com/ watch?v=F0mxtv2cXts&t=323s.
112 Archivo personal de Presen Sáez, Propuesta de funcionamiento para la Coordinadora. 1977.
113 Valencia Semanal, n.º 2, 17/24-12-1977; Valencia Semanal, n.º 4, 1/7-1-1978; Valencia Semanal, n.º 6, 15/22-1-1978.
114 Nash, M. y Torres, G. (Eds.). (2009). Feminismos en la Transición. Grup de Recerca Consolidat Multiculturalisme i Gènere.
115 Archivo personal de Pilar Blasco, Acta-convocatoria para la Asamblea General. Coordinadora Grupos de Mujeres de Va- lencia.
116 Archivo personal de Presen Sáez, octavilla, Día 8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 1978.
117 Las Provincias, 30-3-1977.
Nosotras queríamos la despenalización del adulterio, porque no estaba igual de pe- nado el adulterio del hombre que el de la mujer […] el día ese del juicio recuerdo haber estado en la puerta de la Audiencia con muchas mujeres, todas con cartelitos que nos poníamos de “Yo también soy adultera”. Me acuerdo que pasaban muchos coches por delante de la Audiencia y casi siempre se asomaba un hombre que iba
en uno de ellos y decía:“A la cocina, a la cocina”.118
Las feministas defendían la libertad sexual y la separación de sexualidad y maternidad, re- clamaban la despenalización y gratuidad de los anticonceptivos, así como información sexual y el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. Organizaron grupos especializados en educación sexual, e impulsaron la creación de centros de planificación familiar accesi- bles a las mujeres de los barrios y cursillos difundidos en las vocalías de mujeres. En Valencia se crearon, en los años 1976-1979, varios centros de orientación y planificación familiares.119 Además, el contacto con grupos como el Movimiento de Liberación del Aborto y Contra- cepción (MLAC) supuso la formación de personal especializado en la práctica clandestina de abortos. La información se transmitía en redes entre la militancia feminista, organizaciones de la izquierda y el movimiento vecinal.120 Consuelo Catalá, de la Asamblea de Mujeres, recuerda que su compromiso feminista comenzó con temas relacionados con la educación sexual y la planificación familiar:
En la Malvarrosa se creó un centro de planning e íbamos allí a hacer lo que era la planificación entonces, y le explicabas la píldora, el diafragma […] hacíamos, pues, un poco autoconocimiento […] nosotros hacíamos charlas de muchísimas mujeres, en la Malvarrosa o donde fuera, ¿no? San Marcelino, la Fuente de San Luis. La Asoci- ación de Mujeres de San Marcelino, por ejemplo, que salieron de la asociación de vecinos.Yo a San Marcelino he ido pero ochocientas mil veces.121
También reclamaban la abolición de la Ley de Peligrosidad Social y una ley que castigara la violencia contra las mujeres. Otro ámbito de actuación estuvo relacionado con el Código Civil y con la petición de una serie de derechos para la consecución de la igualdad y la ciudadanía. Entre estas demandas, se encontraban la ley de divorcio, la patria potestad compartida, la de- rogación de la licencia marital, una legislación que protegiera a las madres solteras y medidas legislativas de carácter laboral y educativo. En definitiva, reivindicaban el acceso a una ciuda- danía que incorporara a las mujeres como sujetos políticos. Para conseguirlo realizaron campa- ñas y actuaron en los procesos políticos electorales y en el debate constitucional, uniendo las reivindicaciones específicas de género con el ámbito de la política y con el compromiso por la consecución de la democracia; una democracia que integrara cuestiones relacionadas con la vida privada y los derechos sexuales. El feminismo apareció también como una revolución interior que redefinía el concepto de político, incorporando aspectos de la privacidad y la co- tidianeidad e incidiendo en las prácticas de vida de las militantes que rompían con los modelos tradicionales impuestos. Milagros Julve, militante del MDM, narra lo que significó para ella el descubrimiento de un universo feminista:
118 Entrevista a Judit Hernández, 21-3-2005.
119 Valencia Semanal, n.º 3, 24/31-12-1977.
120 Valencia Semanal, n.º 94, 4/11-11-1979.
121 Entrevista a Consuelo Catalá, 10-3-2005.
Yo entonces era una universitaria y era muy joven, para mí significó ponerme las gafas de género. Me abrió una puerta, me descubrió un camino. Me hizo mirar la vida y la sociedad de una manera diferente […]. Me descubrió la perspectiva de género, montones de lecturas que nunca había leído, autoras. Me hizo ver que en la sociedad nacer hombre o mujer no era lo mismo, no tenía las mismas consecuen- cias […] la cantidad de cosas por las que había que luchar y que eran diferentes de las reivindicaciones que nuestros compañeros del movimiento sindical y político reivindicaban […] la igualdad de derechos, los modelos de sexualidad, de reconoci- miento del placer, cambiar la imagen de cómo debería ser y comportarse una mu- jer […]. Teníamos, primero, que darnos cuenta nosotras y que entraran dentro de las reivindicaciones del colectivo de varones que estaban junto a nosotras luchando por el cambio social […]. Me enseñó valores como el compañerismo, la coopera- ción, la sororidad, la solidaridad […].Teníamos conciencia de que debíamos luchar
por cosas importantes.122
A pesar de las diferencias entre las plataformas feministas, el esfuerzo fue común y las cam- pañas se desarrollaron conjuntamente. Se gestó una identidad colectiva de resistencia feminista, porque definir una agenda feminista que fuera asumida e incorporada a la agenda política general no fue un proceso fácil ni sencillo.
MDM y movimiento obrero en CCOO
Las mujeres, desde los años duros de posguerra, se involucraron en el movimiento obrero, y ejemplo de ello fue la huelga, en junio de 1943, de las 85 obreras de la empresa Ríos y Cia, de la localidad valenciana de Liria.123
Por otra parte, son de señalar las tareas realizadas por las mujeres para la creación y manteni- miento de las estructuras obreras clandestinas, en las que también participaban. Era una forma de colaboración femenina a partir de redes familiares, afectivas y de militancias, pero al margen de la actividad laboral. Estas redes propiciaban la vinculación entre personas que no cumplían con el prototipo del “obrero”, pero que, en el caso de CCOO, le imprimieron el carácter de movimiento sociopolítico con el que se identificaban y autodefinían.124 Con estas tareas se relaciona el surgimiento de CCOO en el País Valenciano, cuando en noviembre de 1965 la esposa de Emeterio Monzón, Joaquina Campos, recibió la visita de la compañera de José Li- nares, Carmen, para avisarle de una inminente visita de Marcelino Camacho, y juntas fueron a comunicárselo a los militantes comunistas del Port de Sagunt.125 Este fue uno de los contactos previos hasta la reunión fundacional de CCOO en Valencia, en diciembre de 1966.126 Se fue conformando un nuevo modelo de organización obrera, las Comisiones Obreras (CCOO), de influencia comunista, que contó también con militancia de organizaciones como las HOAC y las JOC y de grupos de la izquierda antifranquista.
122 Testimonio de Milagros Julve en El Moviment Democràtic de Dones, 40 anys després, disponible en https://www.youtube.com/ watch?v=hIIakffl5NY.
123 Adrià, J.J. y Castillo, M.ª A. (2019). La fábrica dels sacs de Ríos: Una industria del passat llirià (1929-1974). Ajuntament de Llíria.
124 Varo, N. (2014). Las militantes ante el espejo… Op. cit.
125 Beneyto, P., Del Álamo, M., Sanz, J. y Soler, J.Ll. (1991). CCOO: Ara que fa vint-i-cinc anys. L’Eixam-FEIS.
126 Gómez, A. (2004). Comisiones Obreras. Op. cit.
La participación de las trabajadoras en este nuevo movimiento obrero fue cada vez mayor, las mujeres entraban en contacto directo con las luchas obreras y el sindicalismo de clase. Estos factores incidieron posteriormente en el aumento de la participación femenina en la conflictividad laboral.127
Algunas mujeres, como Mari García, militante del MDM y trabajadora del textil, fueron elegidas enlaces sindicales en 1966. Mari, a través de la Escuela Sindical, entró en contacto con los enlaces sindicales que estaban organizando CCOO. “[…] era gente del movimiento obrero muy significada que yo empecé a conocer allí. Entonces era gente que tenía muchísima experiencia en sus fábricas y contaban cómo habían conseguido tener unas taquillas o cómo habían conseguido tener un comedor.”128
El discurso antifranquista incorporaba a las mujeres como trabajadoras y sindicalistas, para que se sumaran a Comisiones Obreras, en defensa de sus intereses de clase y de sus reivindi- caciones.129
Entre 1970 y 1975, el movimiento obrero se convirtió en el principal protagonista de la oposición política.“Entre enero y febrero de 1976 la conflictividad laboral en el País Valencia- no se saldó con 189.000 huelguistas.”130 Los conflictos laborales también afectaron a sectores y empresas con una amplia mayoría de trabajadoras, ya que las discriminaciones laborales se mantenían, a pesar de la Ley sobre Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer, de 1961. Además, prevalecía la consideración de la mano de obra femenina como complemen- taria, transitoria y barata, con salarios un 30% inferiores a los de los trabajadores varones con igual categoría y por el mismo trabajo.131 Es ejemplo de ello la huelga en la empresa textil Ma- nufacturas Mara S. A. en 1975, en reivindicación de un plus de productividad.132 Hubo varias despedidas, entre ellas la presidenta de la Agrupación de Confección, Carmen Hinarejos, de CCOO, que llegó a estar detenida.133
Mara fue una de las empresas que más se movía […]. Y entonces en Mara había la comisión obrera […] formada de manera muy diversa. Había gente que podía estar implicada de manera, en distintas cosas, con más conocimiento de lo que iba, o sea, más de partido.Y habíamos gente como más tontitas que acabábamos de entrar en lo que era Comisiones solo. Pero, vamos, sí que había más movidas en Mara y en el textil, movidas por el convenio, por muchísimas cosas, hicimos muchas, muchísimas […]. Vamos, lo que yo recuerdo que se reivindicaba más en aquel momento era el salario
[…] salario que firmabas y no te pagaban.134
127 Di Febo, G. (1979). Resistencia y movimiento. Op. cit., 169.
128 Sánchez, D. (2011). María García Ruiz. En Sánchez, D.,Verdugo,V. y Gómez, A. (Coords.). Mujeres, sindicalistas, feministas: CCOO PV, 1956-1982. Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales, CCOO-PV, 145-156 (151).
129 Mundo Obrero, n.º 6, 1.ª quincena marzo de 1965; Mundo Obrero, n.º 1, 2.ª quincena noviembre de 1965, y n.º 20, 2.ª quincena septiembre de 1966.
130 Soler, J.Ll. y Saz, I. (1993). De lo Rat Penat al Congreso de Castellón. Las Comisiones Obreras en el País Valenciano (1966- 1978). En Ruiz, D. (Dir.). Historia de Comisiones Obreras (1958-1988). Siglo XXI, 289-313 (308).
131 Véase Babiano, J. (Ed.). (2007). Del hogar a la huelga:Trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo. Los Libros de la Catarata.
132 Avanzando. Boletín del Movimiento Democrático de Mujeres de Valencia, n.º 1, 3-1975.
133 Las Provincias, 30-1-1977; Las Provincias, 9-2-1977.
134 Mestre, P. (2011). Carmen Hinarejos Martínez. En Sánchez, D.,Verdugo,V. y Gómez, A. (Coords). Mujeres, sindicalistas, femi- nistas… Op. cit., 170-176 (174).
También hubo huelgas como la de la sanidad valenciana que afectaba a las contratas de limpieza del hospital La Fe, con mayoría de mano de obra femenina. Se declararon en paro en 1976. Reivindicaban formar parte de la plantilla como personal fijo y contar con guarderías.135 Josefa Ortega, del MDM y CCOO, trabajadora de este sector, explica los motivos:
[…] había muy poquitos hombres […]. Nuestra primera reivindicación dentro del sector de la limpieza era entrar en la plantilla en sanidad […] hubo muchas huelgas y muchas luchas por que se nos equiparara, como mínimo, al personal de cocina, a las pinches […] entonces, por ahí empezó la lucha […] había chicas jóvenes, pero había muchas casadas y con responsabilidades de familia, de niños. Y de verdad tenemos que decir que aquellas mujeres interpusieron sus cosas, dejando sus niños a las abuelas, a las vecinas, y si había un encierro estaban […] cuando había un en-
cierro, era un encierro total y era todo el mundo.136
Asimismo, se produjeron paros en las fábricas de porcelanas Lladró y Tang.137 Igualmente, destacan las huelgas de las trabajadoras del textil entre 1976 y 1978, en empresas como Lois, en Benaguacil, y Cointex, en Buñol.138 También en las empresas Little Kiss, Félix Merino, Faygra y Donetta. Los motivos de protesta eran las condiciones salariales y los ritmos de producción, el mantenimiento y la salubridad de las instalaciones fabriles, el aprovisionamiento de útiles y uniformes para trabajar. Generalmente, se trataba de muchachas muy jóvenes, con edades com- prendidas entre los catorce y los veintidós años,139 por lo que, para poder poner en marcha una acción colectiva, se tenía que hablar con sus padres, al ser muchas de ellas menores de edad. En numerosas ocasiones en que las trabajadoras se declaraban en huelga, eran presionadas por sus hermanos, padres, maridos o novios, que, avisados por la empresa, las obligaban a incorporarse a sus puestos de trabajo. Se seguía ejerciendo el tutelaje masculino sobre las trabajadoras que infringían las normas al reclamar sus derechos laborales. A modo de ejemplo, las trabajadoras de la empresa de hilaturas Cointex, en Buñol, durante la huelga de 1976, en sus comunicados expresaban:“Algunos padres y novios no han ayudado nada a las chicas de Hilaturas. ¿Dónde está su amor? ¿Y su conciencia de clase?”.140
Los ámbitos y las prácticas de la acción sindical se entendían masculinos, lo que conllevaba unas relaciones de género problemáticas que dificultaban la incorporación de las mujeres al sindicalismo de clase y el acceso a los cargos de responsabilidad con la misma normalidad que los varones.141 Una situación que recuerda Carmen Arjona, de la Secretaría de Organización de la Unión Comarcal de L’Horta de CCOO del País Valenciano en 1978:
Pero, desde luego, el prototipo machista clarísimo.Y con las mujeres del sindicato, pues igual. Formalmente sabían que estabas ahí […]. Pero, para que te respetaran
135 Las Provincias, 1-3-1976; Las Provincias, 30-4-1976; Las Provincias, 11-5-1976; Las Provincias, 2-4-1977.
136 Cavaccini, N. (2011). Josefa Ortega Espinosa. En Sánchez, D.,Verdugo,V. y Gómez, A. (Coords.). Mujeres, sindicalistas, femi- nistas… Op. cit., 239-246 (245).
137 AJLB-CCOO-PV. Asamblea de trabajadores de Tang: A todo el pueblo de Valencia, 6-2-1977; Asamblea de trabajadores de Tang: Compañero trabajador, 12-1977.
138 Verdugo,V. y Gómez, A. (2023). Buñol: La huelga de Cointex. En Beneyto, P., Durbán, J. y Gómez, A. (Coords.). Rutas de la memoria obrera. FEIS, 65-101.
139 Valencia Semanal, n.º 19, 16/23-4-1978.
140 Verdugo,V. y Gómez, A. (2023). Buñol: La huelga de Cointex, op. cit., 91.
141 Véase la infrarrepresentación femenina en los dos primeros congresos de CCOO del País Valenciano, celebrados en 1978 y 1980 respectivamente, en Del Álamo, M. (1993). Los congresos de CCOO-PV. FEIS.
[…]. O sea, tú tenías que dar el puñetazo más fuerte en la mesa, dar el grito más alto y demostrar que, es que tenías muchos ovarios […]. Pero, como concepto de funcionamiento, pues machista, era una sociedad machista, y lo es […]. Entonces, entre los más progres parece que no... Pero luego, cuando rascabas un poquito en el comportamiento íntimo, pues evidentemente las relaciones eran tremendas.142
La concepción de clase masculina influía en la definición de los problemas de los trabajado- res y en la práctica sindical.143 Por ello, muchas de las reivindicaciones de las mujeres asalariadas no se asociaban con las reivindicaciones sindicales de clase, no se consideraban políticas.144 Ante esta situación, algunas sindicalistas reclamaban la creación de un espacio propio en el seno de CCOO, como un ámbito de identidad particular y feminista, en el que no se trataba de rechazar la política de clase, sino de impugnar los límites que establecían los varones dentro de la estructura sindical.145
En 1977, los sindicatos democráticos fueron legalizados. En el I Congreso Confederal de CCOO se estableció la Secretaría Confederal de la Mujer, cuya dirección desempeñó Bego- ña San José. Progresivamente se constituyeron estos espacios específicos en la mayoría de las federaciones. Charo Manjón, que fue secretaria de la Mujer de la Confederación de CCOO del PaísValenciano en 1980, valoraba el logro que supuso para la igualdad en el ámbito sindical:
[…] primero para que nuestros compañeros supieran y nos tuvieran en cuenta, porque nosotras militábamos con ellos [...] pero estabas tú diciéndoles: “Esto hay que meterlo en este convenio”. “Esto hay que reivindicarlo”, y ellos, por ellos mismos no lo veían.Yo creo que la Secretaría de la Mujer primero fue buena por eso, y segundo porque aglutinamos a muchas, muchas mujeres y trabajamos en aquella época, sobre todo con el tema del aborto.Trabajamos muchísimo porque se perseguía y además fue muy castigado. Era el aborto, eran las guarderías. No había guarderías en aquella época, los niños no tenían sitios donde dejarlos. Sí que había discriminación en aquella época y además muy grande.146
Además, las mujeres del MDM, junto con las sindicalistas de CCOO, crearon un frente de trabajadoras. En diciembre de 1976, celebraron una asamblea general para analizar la proble- mática específica de las mujeres en el trabajo, para que la lucha feminista se trasladara al ámbito laboral y para que las reivindicaciones de las trabajadoras las asumiera el movimiento obrero.147 En esta misma línea, en febrero de 1977 organizaron en Valencia una conferencia-debate sobre la situación de las mujeres trabajadoras.148
142 Gómez, A. (2011). Carmen Arjona Raigon”, en Sánchez, D.,Verdugo,V. y Gómez, A. (Coords.). Mujeres, sindicalistas, femi- nistas… Op. cit., 30-44 (41).
143 Scott W.J. (1989). Sobre el lenguaje, el género y la historia de la clase obrera. Historia Social (4), 81-98.
144 Díaz, P. (2000). La relación de las mujeres trabajadoras y los sindicatos durante el franquismo y la transición. En Cerrada,A.I. y Segura, C. (Eds.). Las mujeres y el poder: Representaciones y prácticas de vida. AEIHM, Al-Mudayna, 323-337.
145 Canning, K. (1995). El género y la política de formación de clase social: nuevas reflexiones sobre la historia del movimiento obrero alemán. Arenal. Revista de Historia de las Mujeres (2:2), 175-218.
146 Pradells, J. (2011). Charo Manjón Yeste. En Sánchez, D.,Verdugo,V. y Gómez, A. (Coords.). Mujeres, sindicalistas, feministas… Op. cit., 203-215 (210).
147 AJLB. CCOO-PV. I Conferencia de la Mujer en el País Valenciano. PCPV. Abril de 1976.
148 Las Provincias, 12-2-1977.
Conclusiones
Podemos concluir que, a partir de las fuentes orales, hemos podido conocer algunos aspectos de las experiencias de vida y militancia de mujeres del MDM: su inserción y activismo en los diversos movimientos sociales, las propuestas que planteaban y las complejidades que conlle- vaba la militancia, ya fuera en el movimiento vecinal, en el feminismo o en el sindicalismo de CCOO. Experiencias personales de mujeres que contribuyeron al proceso de concienciación y formación identitaria en clave de política antifranquista y feminista.
Cabe resaltar la capacidad de actuación femenina/feminista del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), que nació interrelacionado con el Partido Comunista de España (PCE). Esta organización de mujeres actuó, a pesar de la clandestinidad, en el ámbito de lo público desde los años sesenta, lo que para sus militantes supuso un aprendizaje decisivo para actuar en los movimientos sociales durante la transición democrática. Además, las militantes del MDM participaron en el movimiento vecinal en Valencia para reivindicar, desde su identidad de cla- se y su conciencia femenina, la mejora de las condiciones de vida en los barrios populares y actuando como organización puente entre el movimiento vecinal y las plataformas feministas valencianas a las que acudían las militantes del MDM. A este respecto, en los años setenta esta organización evolucionó hacia planteamientos específicamente feministas. No obstante, a nivel interno, en el seno del MDM, la convivencia de diferentes generaciones supuso el desarrollo de distintas posturas sobre las prioridades: unas priorizaban la lucha social frente a las deman- das feministas; otras eran más críticas y defendían una agenda más feminista.
Las integrantes del MDM colaboraron en la articulación del movimiento feminista, al que dotaron de una agenda política específica; un movimiento feminista caracterizado por su alto nivel de politización y relación con las organizaciones antifranquistas. Dichas relaciones no estaban exentas de conflictos, que conllevaron la elaboración de nuevos discursos teóricos del feminismo radical e independiente, lo cual contribuyó a la ruptura del movimiento feminista valenciano en 1978. Pero, a pesar de las diferencias, el esfuerzo fue común a la hora de poner en práctica las campañas a favor del divorcio, en torno al proyecto constitucional y sobre la des- penalización del aborto. Ello supuso desarrollar la capacidad de gestar una identidad colectiva de resistencia como mujeres sujetas a discriminaciones específicas de género.
Por otra parte, hemos analizado cómo las trabajadoras participaron desde fechas muy tem- pranas en los conflictos y el movimiento obrero. La conflictividad obrera fue en aumento a partir de 1976, y en esas huelgas las mujeres también estuvieron presentes con sus reivindica- ciones laborales. Participaron desde sus comienzos en la construcción de CCOO, como movi- miento sociopolítico. Además, introdujeron en el sindicato la necesidad de que el movimiento obrero recogiera sus reivindicaciones específicas de género como reivindicaciones de clase, y crearon estructuras sindicales como las Secretarías de la Mujer, un espacio propio, un ámbito de identidad feminista. Una tarea que no fue fácil y que añadía una mayor complejidad en la militancia de las mujeres sindicalistas.
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Referencias
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Vicenta Verdugo Martí, Doctora y profesora de historia en Florida Universitària (Ca- tarroja, València), ha desarrollado sus investigaciones sobre la militancia de las mujeres en el final del franquismo y la transición en Valencia, tanto en los partidos y sindicatos de oposición democrática, en particular el PCE y CCOO, como en el movimiento vecinal y feminista, con especial atención al Movimiento Democrático de Mujeres. Es una destacada especialista en el antifranquismo desde una perspectiva de género. En los últimos años ha centrado sus estudios en la represión franquista contra las mujeres.
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Sofía Rodríguez Serrador Universidad de Valladolid sofia.rodriguez.serrador@uva.es https://orcid.org/0000-0002-4827-6247
Resumen
A finales del siglo XIX aumentó en España el interés de diferentes sectores por instituir una verdadera ley de divorcio. Una demanda que se abordó también en el marco de la cuestión femenina, en un diálogo abierto sobre los derechos sociales, civiles y políticos de las mujeres. En el primer tercio del siglo XX, la polémica so- bre el divorcio se intensificó y la defensa de su regulación se abanderó nuevamente desde el feminismo. Con la proclamación de la Segunda República, que favoreció una mayor implicación política de las mujeres, la movilización femenina a favor y en contra del divorcio se multiplicó. Antes incluso de iniciarse los debates consti- tucionales, diferentes agrupaciones feministas reclamaron, por medio de diferentes acciones, la promulgación de una ley de divorcio. A su vez, las mujeres católicas militantes se manifestaron en contra.
Una vez aprobada la Ley de Divorcio en 1932, no cesó la movilización femenina, que, ya desde el campo del conservadurismo, reclamó hasta el final del quinquenio republicano la derogación de la norma.
Palabras claves: divorcio, Segunda República, movilización femenina, feminismo, opinión pública
Resum
“¡Queremos, por Dios, el divorcio!”. Mobilització femenina entorn de la Llei de 1932
A finals del segle XIX va augmentar a Espanya l’interès de diferents sectors per instituir una veritable llei de divorci; demanda que també es va abordar en el marc de la qüestió femenina, en un diàleg obert sobre els drets socials, civils i polítics de les dones. Al primer terç del segle XX, la polèmica sobre el divorci es va accentuar i la defensa de la seva regulació es va abanderar novament des del feminisme. Amb la proclamació de la Segona República, que va afavorir una implicació política més
Fecha de recepción: 16/04/2024 Fecha de aceptación: 24/07/2024
ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.3
gran de les dones, la mobilització femenina a favor i en contra del divorci es va multiplicar. Abans fins i tot d’iniciar-se els debats constitucionals, diferents agrupa- cions feministes van reclamar, mitjançant diferents accions, la promulgació d’una llei de divorci. Alhora, les dones catòliques militants es van manifestar en contra.
Un cop aprovada la Llei de Divorci el 1932, no va cessar la mobilització femeni- na que, ja des del camp del conservadorisme, va reclamar la derogació de la norma fins a la finalització del quinquenni republicà.
Paraules clau: divorci, Segona República, mobilització femenina, feminisme, opi- nió pública
Abstract
“¡Queremos, por Dios, el divorcio!”. Female mobilization around the 1932 Law
At the end of the 19th century, interest grew in Spain from different sectors in instituting a real divorce law.This demand was also addressed in the context of the women’s question, in an open dialogue on the social, civil and political rights of women. In the first third of the 20th century, the controversy over divorce incre- ased and the defense of its regulation was once again championed by feminism. With the proclamation of the Second Republic, which favored greater political involvement of women, women’s mobilization in favour of and against divorce multiplied. Even before the constitutional debates began, different feminist groups demanded, through different actions, the enactment of a divorce law. At the same time, militant Catholic women protested against it.
Once the Divorce Act was passed in 1932, women’s mobilization did not cease and, from the conservative camp, they demanded the repeal of the law until the end of the republican five-year term.
Keywords: divorce, Second Republic, mobilization of women, feminism, public opinion
§
Introducción
En el primer tercio del siglo XX la sociedad española mostró un interés creciente por la regulación del divorcio. La norma se debatía en el contexto de la necesaria modernización legislativa, con la intención de equipararse a otras naciones europeas, pero también desde el feminismo más progresista, que consideraba el divorcio como una medida protectora para la mujer. Durante los años veinte, coincidiendo con la expansión —y mejor organización— del movimiento feminista español, destacadas intelectuales intentaron contrarrestar los discursos tradicionales que denostaban las leyes divorcistas.
A partir de la proclamación de la Segunda República, que favoreció una mayor implicación política de las mujeres, la movilización femenina a favor y en contra del divorcio se multiplicó. Antes incluso de iniciarse los debates constitucionales, diferentes agrupaciones feministas re- clamaron, por medio de diferentes acciones, la promulgación de una ley de divorcio. A su vez, las mujeres católicas militantes se manifestaron en contra.
El artículo, desde una perspectiva de la historia social y de género, estudia cómo parte del feminismo español integró en su ideario el divorcio como un derecho fundamental para la igualdad femenina, y articuló progresivamente una campaña a su favor que llegó a su culmen
cuando la Segunda República aprobó la Ley de Divorcio en 1932. En esta etapa la movilización femenina se multiplicó buscando su aprobación o, posteriormente, su derogación, influyendo en la movilización política femenina a lo largo de la República y en las identidades de género del momento. Para las mujeres, en el marco de una sociedad todavía patriarcal, el divorcio, así como los nuevos comportamientos representados en el modelo de mujer moderna, eran una transgresión, un desafío al orden establecido.Y símbolo asimismo de un proceso de transfor- mación más amplio y profundo que afecta a diferentes ámbitos de la sociedad.
El debate sobre el matrimonio civil y el divorcio en el siglo XIX y el primer tercio del XX
La sociedad decimonónica española vivió un proceso de secularización y modernización de los comportamientos que afectó a la forma de entender el matrimonio, como ocurría en otros países católicos del entorno.1 Tempranamente, la escritora feminista Gertrudis Gómez de Avellaneda criticó el matrimonio y su indisolubilidad en las obras Sab (1841)2 y Dos mujeres (1842).3 Sin embargo, el peso de la tradición católica, que no concebía la posibilidad de disol- ver el vínculo matrimonial, dificultó la implantación de una legislación divorcista en el país. A ello contribuyó también la concepción organicista de la sociedad, que cifraba su equilibro en la estabilidad matrimonial. La idea de que el divorcio provocaría la disolución de la familia y, por ende, de la sociedad, influyendo en la depravación e inmoralidad de los ciudadanos, era el argumento más repetido en su contra. En la década de los sesenta la escritora Faustina Sáez de Melgar denunciaba sus terribles consecuencias para la familia.4
A partir del Sexenio Democrático, y con más fuerza en las últimas décadas de la centuria, surgieron los primeros debates sobre la posibilidad de implantar el divorcio en España. La Revolución de 1868 estableció la libertad de cultos, cuestión que enlazaba con la regulación del matrimonio civil. El proyecto de ley con este fin presentado por Ruiz Zorrilla en 1869 no prosperó,5 y un año después, ya con Eugenio Montero Ríos, se presentó la Ley Provisio- nal de Matrimonio Civil, la única desde entonces válida a efectos civiles.6 Sin embargo, no se consideró la regulación del divorcio; Montero Ríos afirmaba incluso que la nueva ley era “la doctrina católica revestida con ropaje seglar”. Se cerraba así cualquier posibilidad de disolver
1 Vid. Rodríguez Serrador, S. (2023). Mujer y divorcio en España, siglo XIX. En Pérez Álvarez, M.J. (Coord.). Clero y sociedad en el noroeste de la península Ibérica del Medievo al mundo actual.Tirant Humanidades, 353-380.
2 La mujer “cuando levanta sus manos enflaquecidas y su frente ultrajada para pedir libertad oye al monstruo de voz sepulcral que le grita:‘¡En la tumba!’”. Gómez de Avellaneda, G. (1844). Sab. Imprenta Calle del Barco; ed. digital de la BibliotecaVirtual Miguel de Cervantes, 2000, disponible en https://www.cervantesvirtual.com/obra/sab--0/.
3 Carlos, A. (1970). La Avellaneda y la mujer. En Magis, C.H. Actas del Tercer Congreso Internacional de Hispanistas. El Colegio de México, 187-193.
4 “La teoría del divorcio o matrimonio disoluble es anticivilizadora”. La Violeta. Revista Hispano-americana, 11-6-1865. Publica- ción dirigida por Faustina Sáez de Melgar.
5 Concepción Gimeno de Flaquer aseguraba, décadas después, que no había incluido el divorcio porque el ministro estaba convencido de que se pondría en contra a las mujeres. Bieder, M. (1990). Feminine Discourse/Feminist Discourse: Concep- ción Gimeno de Flaquer. Romance Quaterly, 459-477, disponible en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/femenine-discour- se-feminist-discourse-concepcion-gimeno-de-flaquer-971303/html/b49f0b9e-96a2-42c1-b1d9-136ff7dc4335_4.html.
6 Griñó, L. (2015). La secularización del matrimonio en España [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona], 20-100, disponible en http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/100450.
el vínculo matrimonial. La negación del divorcio se entendía por los legisladores como una medida protectora para las familias y la sociedad en general.7
Una vez iniciado el régimen de la Restauración se restableció el matrimonio canónico, y desde 1888 los católicos tenían la obligación de contraer nupcias por la Iglesia. Esta formula- ción pasaba, casi literalmente, al artículo 42 del Código Civil de 1889, derivando de la unión canónica efectos civiles sobre las personas, los bienes de los cónyuges y sus descendientes. La disolución del matrimonio era posible únicamente por el fallecimiento de uno de los esposos. Además, se reconocía a los tribunales eclesiásticos la capacidad de dirimir pleitos de nulidad y divorcio de los matrimonios canónicos.8
El Código Civil también determinaba la supeditación de la esposa al marido,9 cercenando su capacidad jurídica. La mujer casada se convertía en una eterna menor de edad y ocupaba un lugar secundario en la sociedad conyugal. En este contexto, crecieron las demandas del movimiento feminista para cambiar los artículos que lesionaban los intereses femeninos. Di- versos juristas e intelectuales —tanto hombres como mujeres—, conscientes de lo restrictivo del Código Civil, reclamaron acabar con las limitaciones que les imponía,10 y apuntaban la necesidad de dotar a las mujeres de eficientes herramientas legales defensivas ante maridos que abusaban de su posición.
La nueva codificación pudo influir en la concepción del divorcio como un recurso ante la discriminación jurídica de las mujeres. De igual modo se convertía en un mecanismo protec- tor, las consecuencias de un mal matrimonio podían ser nefastas y la ley no siempre remedi- aba las situaciones de injusticia. Pero el divorcio podía cumplir esa función. Dramaturgos y escritores defendieron las ventajas del divorcio como un mecanismo protector. En esta línea, los artículos de Azorín “La ley” y “Dura lex” (1897) explicaban la necesidad de establecer un divorcio verdaderamente efectivo.11
Así, su regulación entró en el debate de la llamada “cuestión femenina”, coincidiendo con la aparición del modelo de “la mujer nueva finisecular”, y en un diálogo abierto sobre los de- rechos sociales, civiles y políticos femeninos.
Sin embargo, las mujeres también percibían el divorcio como una amenaza. A inicios del siglo XX, la escritora Concepción Gimeno de Flaquer señalaba que las españolas no eran par- tidarias del divorcio, y reflexionaba, en un texto cargado de ironía, acerca de si la causa residía en que las mujeres tenían “tan mala opinión” de sus esposos que les aterraba que “se les facilite el medio de satisfacer sus inconstantes pasiones”.12 Expresaba, de este modo, uno de los argu- mentos más repetidos para inculcar un sentimiento de rechazo al divorcio entre las mujeres: su total indefensión ante el abandono del marido. Una realidad que podía emplearse fácilmente para atemorizarlas, y que no puede desligarse del contexto social que negaba a las mujeres una vida independiente —carecían de formación para el desempeño de un trabajo, e incluso de
7 Leyes provisionales del matrimonio y el registro civil.Y reglamento general para su ejecución con los modelos adoptados por la dirección general (1870). Imprenta de Gracia y Justicia, 18.
8 Entendido este como la separación física de los cónyuges, sin disolución del vínculo.
9 Artículo 57:“El marido debe proteger a la mujer y esta obedecer al marido”. Código Civil, 1889.
10 Vid. Álamo Martell, M.D. (2011). La discriminación legal de la mujer en el siglo XIX. Revista Aequitas: Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones (1), 11-24.Vid. Hinojosa, E. (2020). La condición de la mujer en el derecho español antiguo y moderno. Dykinson,
14. Edición del centenario a cargo de Manuel Martínez Neira.
11 Payá Rico, J.J. (2018). La forja de un periodista. Azorín (1891-1906) [Tesis doctoral, Universidad de Alicante], 84, disponible en
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/94892.
12 Bieder, M. (1990). Feminine Discourse/Feminist Discourse… Op. cit.
oficios que les permitiesen plena autonomía económica—, siendo el matrimonio la “carrera femenina” por excelencia.
En las primeras décadas del siglo XX, la polémica sobre el divorcio se incrementó en España, debido a la legislación existente en otros países y a la llamada “crisis del matrimonio”, que en los años veinte atrajo la atención de diferentes pensadores, algunos de los cuales llegaron a asegurar que la institución matrimonial había quedado “irremediablemente anticuada”.13 También porque el socialismo y algunos sectores del republicanismo lo habían incluido en su programa.
El desarrollo del movimiento feminista en el primer tercio del siglo XX influyó asimismo en el debate sobre el divorcio. Especialmente a través de la actividad de diversas intelectuales, dedicadas muchas de ellas a las profesiones liberales y con una clara conciencia política, con- siguieron articular una campaña progresiva a favor del divorcio, insertando su petición en la lucha por mejorar la situación de las mujeres. Estas intelectuales ejercieron una labor peda- gógica, explicando las ventajas del divorcio e intentado desterrar los tradicionales argumentos en su contra, que apelaban a la desprotección que provocaría en las mujeres y la amenaza que suponía para la estabilidad social.
La escritora feminista Carmen de Burgos (Colombine) fue, desde muy temprano, una fir- me defensora del divorcio, como se refleja en varias de sus obras. La famosa encuesta que la escritora había lanzado en la prensa le granjeó el sobrenombre de la Divorciadora, usado con inquina por sus detractores.14 Las respuestas del sondeo se publicaron en El divorcio en España (1904), donde políticos e intelectuales, en su mayoría hombres, pero también mujeres, se posi- cionaban a favor o en contra de esta medida. La encuesta de Colombine puede enmarcarse en la línea de otras similares realizadas en el extranjero, como la de Gustave Téry en Francia, en 1908.15 Ante los resultados recopilados, Carmen de Burgos afirmó que “la opinión en España es favorable al divorcio y es indudable que se establecerá entre nosotros como conquista de la civilización”. Unas conclusiones quizá precipitadas.16
Otras periodistas, también desde la defensa de la causa feminista, reclamaron la regulación del divorcio. En diversos artículos publicados en El País —algunos coincidiendo en el tiempo con la encuesta de Carmen de Burgos—,Violeta, seudónimo de la escritora Consuelo Álvarez Pool, pedía establecer el divorcio desde una perspectiva que situaba en un plano de igualdad el comportamiento masculino y femenino.17 Álvarez Pool recurría a un argumento compartido por muchas intelectuales: el divorcio era la solución al terrible problema de la violencia que sufrían muchas mujeres a manos de sus maridos.18 También señaló la importancia de modificar la imagen que tenía la sociedad de las mujeres divorciadas/separadas, y para ello animaba a
13 Coontz, S. (2009). La paradoja del matrimonio por amor y la historia del divorcio moderno. Panorama Social (10), 153-162.
14 Bravo Cela, B. (2003). Carmen de Burgos (Colombine): Contra el silencio. Espasa-Calpe, 67.
15 Cit. en Rodríguez Serrador, S. y Serrano García, R. (2019). El divorcio en Valladolid durante la II República (1931-1937). Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea (39), 577-620, disponible en https://revistas.uva.es/index.php/invehisto/ article/view/3895.
16 Becerril Ruiz, D. (2008). La percepción social del divorcio en España. REIS (123) 187-208.
17 “No solo deseo que se establezca el divorcio en su debida forma. […] Téngase presente que las mujeres somos seres de carne y hueso como los hombres, que existen en nosotras pasiones como en ellos y que deben desaparecer ridículas tolerancias para los fuertes y rigores sin tasa para los que califican de débiles. Seamos todos iguales.Todos buenos.Todos juntos”. El País, 18-10-1904.
18 El País, 11-6-1914.
desterrar las “estúpidas preocupaciones” que convertían a “una mujer divorciada” en “un ser de dudosa moralidad”.19
Con la expansión del movimiento feminista se acrecentó el debate sobre el divorcio, espe- cialmente desde la Gran Guerra, cuando empezaron a multiplicarse en el país las asociaciones feministas. Casi al filo de los años veinte hicieron su aparición organizaciones como la Unión de Mujeres Españolas (UME) o la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME). La acción reivindicativa, coordinada en mayor o menor medida, de estas redes feministas permitió la difusión de nuevas identidades de género, sobre todo el modelo de “mujer moderna” de los años veinte y treinta; un ideal que representa la independencia femenina: la “moderna” trabaja, en muchos casos ha accedido a estudios superiores y desarrolla una carrera profesional, pero también manifiesta una conciencia política y feminista ante los derechos que sistemáticamente se le niegan. Este arquetipo simbolizaba la conquista del espacio público y de derechos vedados hasta ese momento, entre ellos el divorcio.
En ocasiones, las demandas de una legislación divorcista aparecen junto a otras reivindi- caciones clásicas del feminismo. En 1919, con el proyecto de reforma electoral de Burgos y Madrazo, se debatió la posibilidad de conceder el sufragio femenino. Para apoyar la inicia- tiva, la Agrupación Femenina Socialista de Madrid ofreció una serie de conferencias. Entre las ponentes se encontraba la escritora Isabel de Oyarzábal,20 que aprovechó el marco de las conferencias para defender la implantación del divorcio en determinados casos. Oyarzábal ya era reconocida por su labor periodística, sus artículos en El Sol vindicaban constantemente los derechos femeninos y utilizó también dicho medio para abordar esta cuestión.21 En 1919, Margarita Nelken publicaba La condición social de la mujer, un análisis de las condiciones fami- liares, laborales, educativas y legales que relegaban a la mujer en la sociedad. La autora, en su diagnóstico, exponía la necesidad y las ventajas de la implantación del divorcio para las mujeres. En los años veinte eclosionó una movilización femenina por los derechos de las mujeres que se consolidó durante la Segunda República, caracterizada por el liderazgo sostenido de intelectuales, profesionales liberales y políticas que se convirtieron en referentes de la mujer moderna, como Carmen de Burgos, María de Maeztu, Clara Campoamor, Victoria Kent,
Margarita Nelken, Matilde Huici y otras muchas intelectuales y creadoras de las generaciones del 14 y del 27.22
Las asociaciones feministas que nacieron y/o se consolidaron en esta década, como la ANME, la Juventud/Asociación Femenina Universitaria, la Cruzada de Mujeres Españolas23 o el Lyceum Club, influyeron en la extensión del movimiento feminista y sus reivindicaciones. En 1927 el Lyceum solicitó la supresión del artículo 57 del Código Civil, que obligaba a la
19 “Insistir con verdadero ahínco en mis manifestaciones respecto á lo necesario, á lo altamente moral del divorcio, que desligue de toda suerte de compromisos á dos seres incompatibles, física y moralmente”. El País, 21-12-1909.
20 Oyarzábal fue miembro de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), presidenta del Consejo Feminista de España y, además, una de las fundadoras del Lyceum Club de Madrid. Eiroa San Francisco, M. (2014). Una visión de España en la obra de Isabel Oyarzábal de Palencia. Bulletin Hispanique (116:1), 363-380, disponible en https://journals.openedition.org/ bulletinhispanique/3252.
21 Mena Pablos, M.M. (2016). Isabel Oyarzábal Smith: Una intelectual de la Edad de Plata. Nuevas aportaciones para una biografía literaria. [Tesis doctoral, Universidad de Málaga], 175 y 221, disponible en https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/ handle/10630/13100/TD_MENA_PABLOS_Maria_del_Mar.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
22 Vid. Mangini, S. (2001). Las modernas de Madrid. Las grandes intelectuales de la vanguardia. Península.
23 Fundada por Carmen de Burgos en 1921.
mujer a obedecer al marido,24 y un año después la ANME organizó un ciclo de conferencias sobre la situación jurídica de la mujer y la necesidad de reformar el Código.25 Esa labor peda- gógica pretendía dar a conocer cómo la ley menoscababa los derechos de las mujeres, para que estas tomasen conciencia de su situación y se sumasen a las demandas feministas. La actividad de las diversas asociaciones, e incluso la presencia pública de sus líderes, impulsó también la normalización de los rasgos característicos y valores de “la moderna”, mucho antes de que este modelo se extendiera en la sociedad. La nueva identidad de género se difundía en la prensa, especialmente la femenina/feminista. La vitalidad del movimiento feminista impulsó el cre- cimiento de publicaciones afines, divulgando así su ideario. Fueron muchas las escritoras que reivindicaron en sus trabajos los derechos de las mujeres e incidieron también en la proyec- ción social de “la moderna”, vinculando la idea de modernización de la sociedad a un papel femenino alternativo,26 que se aplicó también en el marco de las relaciones matrimoniales. Así, Carmen de Burgos abordaba nuevamente la cuestión del divorcio en dos de sus novelas, El artículo 438 (1921) y La malcasada (1923), cuyas protagonistas estaban sometidas a la autoridad de maridos maltratadores. En La mujer moderna y sus derechos (1927) analizaba los problemas que afectaban con especial virulencia a la mujer: la situación de subordinación legal a la que se veía sometida y los problemas derivados de la indisolubilidad del matrimonio; entre ellos el adulterio,27 cuyo origen último lo sitúa en la imposibilidad legal de romper el vínculo matrimonial. De este modo, ofrece una perspectiva de la legislación divorcista vinculada a la moralidad social, desterrando uno de los argumentos más manidos en contra del divorcio. La escritora defendía la necesidad de implantar el divorcio con “el convencimiento de que este favorece a la mujer, ya que el hombre, protegido por leyes y costumbres, lo tiene de hecho, sino de derecho”.28 E insistía especialmente en que era una vía para proteger a las mujeres de la violencia matrimonial.29
La acción combinada de asociaciones e intelectuales, como vemos, coadyuvó a generar en los años veinte una opinión pública favorable al reconocimiento de los derechos femeninos y de nuevos comportamientos sociales. Al proclamarse la Segunda República, el nuevo régimen tuvo que dar respuesta a estas cuestiones.
Movilización femenina y divorcio en la Segunda República
La Segunda República permitió profundizar y articular toda una serie de transformaciones sociales, que estaban desarrollándose desde inicios de siglo, como se ha señalado. El nuevo marco legal reconoció la igualdad femenina y el acceso de las mujeres a la ciudadanía política.
24 Eiroa San Francisco, M. (2015). El Lyceum Club: cultura, feminismo y política fuera de las aulas. En Cuesta Bustillo, J., Turrión, M.J. y Merino, R.M. La Residencia de Señoritas y otras redes culturales femeninas. Ediciones Universidad de Salamanca, 197-226.
25 García-Sanz Marcotegui, A. (2010). Matilde Huici… Op. cit., 115.
26 Rodríguez Serrador, S. (2022). Las mujeres de los años veinte: la sociedad en femenino plural. En Díaz del Campo,V. y Pérez Garzón, S. La aventura de la modernidad: Los años veinte en España. Los Libros de la Catarata, 76-98.
27 Burgos, C.D. (1927). La mujer moderna y sus derechos. Editorial Sempere, 188.
28 Ibid., 173.
29 “El abuso de fuerza del hombre en el matrimonio no puede evitarse más que con el divorcio. Ese abuso de fuerza adquirido por el hábito es demasiado común”. Ibid., 193.
Estos cambios influyeron en los comportamientos sociales y en la representación cultural de la feminidad, pero también ayudaron a afianzar su presencia en la esfera pública.30
La incipiente República se presentó como un régimen favorable a las mujeres, que reco- nocía —y animaba— su participación en la construcción del nuevo sistema político. Muestra de ello fue el nombramiento, el 18 de abril de 1931, de Victoria Kent como directora general de Prisiones. Con motivo de su designación, Crónica conversaba con la abogada, que defendía en la entrevista el divorcio.31 El espíritu reformista de la República animó a muchas mujeres a depositar sus esperanzas en que el Gobierno daría respuesta a las demandas defendidas por el feminismo en las últimas décadas. Unas reivindicaciones de corte igualitarista que, en mayor o menor medida, también habían integrado en su programa diferentes culturas políticas. No sin límites, como había demostrado el discurso republicano clásico.32
La República abría el escenario ideal para crear un ordenamiento jurídico que situase al país al mismo nivel que las sociedades más avanzadas.33 La cuestión del divorcio era fundamental en los debates sobre las reformas que debía emprender el nuevo régimen.34 Para amplios sectores, su regulación era un signo de progreso y civilización.35 En el mes de abril, una entrevista a des- tacadas mujeres del Lyceum Club pretendía conocer su opinión sobre la renovación jurídica que debería llevarse a cabo. Matilde Huici, en esos momentos vicepresidenta de la institución, al ser preguntada sobre si la mujer quería el divorcio, contestaba que tanto o más que el hom- bre.36
El firme empeño del nuevo Gobierno en estructurar toda una serie de medidas de carácter secularizador favorecía la regulación del matrimonio civil y del divorcio. El reformismo re- publicano aplicaba al enlace matrimonial una perspectiva laica, igualitaria y contractual,37 en sintonía con su proyecto modernizador en materia legal frente al derecho liberal-católico de la Restauración. Además, la nueva regulación matrimonial era parte de la construcción cultural de la República, símbolo de una victoria republicana en materia de secularización. Y, quizá, esta concepción tuvo más peso —al menos en el ámbito masculino de la política— que la idea del divorcio como una conquista de los derechos de las mujeres.38
El divorcio, no obstante, también se entendió como una medida feminista por sus partida- rios, ya que se consideró un arma defensiva y protectora para las mujeres; tesis esgrimida de manera reiterada por diferentes intelectuales feministas desde inicios del siglo XX. Cualquier regulación matrimonial era un asunto capital para las mujeres. Así lo expresaba Margarita Nelken pocos meses después de la proclamación de la República:“Hoy por hoy, las condicio-
30 Aguado, A. (2005). Entre lo público y lo privado: sufragio y divorcio en la Segunda República. Ayer (60) 105-134.
31 “¿Cómo no voy a estar de acuerdo con la ley de divorcio? Si es una necesidad imprescindible en toda sociedad humana. Si las vidas no se atan por amor ¿Cómo va a atarlas ninguna ley? ¿Y con qué derecho no se pueden separar dos personas a quienes unió una equivocación o un cariño mal entendido? ¡Cuántas vidas rotas, cuántos hogares podrían rehacerse si se aprobara el divorcio!”. Crónica, 26-04-1931.
32 Aguado, A. (2005). Entre lo público y lo privado… Op. cit.
33 Moreno Tejada, S. (2021). La Ley de Divorcio de 1932. Entre la culpabilidad y la causalidad. Anuario de Historia del Derecho Español (91) 381-404.
34 Vid. Rodríguez Serrador, S. y Serrano García, R. (2019). El divorcio en Valladolid durante la II República (1931-1937)…
Op. cit.
35 Aresti, N. (2018). 1932. El divorcio llega a España. En Núñez Seixas, X., Historia mundial de España. Destino.
36 García-Sanz Marcotegui, A. (2010). Matilde Huici (1890-1965). Una “intelectual moderna” socialista. Universidad Pública de Navarra, 159.
37 Aguado, A. (2005). Entre lo público y lo privado… Op. cit.
38 Pérez Trujillano, R. (2020). Entre los derechos de las mujeres y el poder judicial: el divorcio durante la Segunda República española (1931-1936). Anuario de Historia del Derecho Español (90) 391-437.
nes del matrimonio son […], para la mujer española, uno de los aspectos más importantes, si no el más importante, de su situación ante la ley”.39 En el marco legal vigente, y en un contexto social que todavía consideraba el matrimonio como el destino natural de las mujeres, cualquier cambio en la normativa matrimonial, independientemente de los planteamientos feministas de corte emancipatorio, afectaba directamente a la vida de las mujeres. La regulación del ma- trimonio y su disolución influía en los comportamientos privados, pero también en cómo la sociedad concibe estos y los categoriza como morales o inmorales. Especialmente en lo que respecta a las mujeres, la legislación del divorcio debe ponerse en relación con los cambios y permanencias que pueden apreciarse en los comportamientos femeninos, condicionados en el fondo por una narrativa patriarcal que los aprueba o castiga. No debe olvidarse que la so- ciedad española todavía vivía marcada por modelos de género tradicionales, con una división de esferas pública/privada aún condicionada en función el sexo.40 Y a la vez, fruto de las con- tradicciones derivadas de las transformaciones políticas, sociales y económicas, asistía a la (re) configuración de diversos modelos de género.
En la década de los veinte una destacada élite intelectual femenina contribuyó, a través de su actuación y su producción cultural, a difundir la lucha por sus derechos. Al llegar la Segunda República estas mujeres, vinculadas en su mayor parte al republicanismo, al socialismo y al institucionismo, cobraron un mayor protagonismo social y político, impulsando la consecución de los derechos femeninos.41 Aunque en las primeras elecciones a Cortes Constituyentes pocas mujeres formaron parte de las candidaturas,42 las tres diputadas elegidas eran referentes de la lucha feminista. La importancia que habían alcanzado traspasaba su propia identidad personal e incluso política, y encarnaban la posibilidad de un cambio real. Eran símbolo y voz de las esperanzas —y miedos— del cambio femenino.
Con la proclamación de la República, las redes feministas, cuyas representantes más destaca- das pertenecían a partidos de izquierdas, multiplicaron sus esfuerzos para alcanzar el reconoci- miento de los derechos sociales, civiles y políticos, a la vez que pretendían extender el modelo de mujer independiente. De este modo, la ANME, el Lyceum Club, la Asociación Universita- ria Femenina o la Cruzada de Mujeres Españolas manifestaron una viva actividad en la prensa y en las calles, y enviaron sus reivindicaciones al Gobierno, a la “Comisión jurídica asesora” o la “Comisión para la reforma del Código Civil”.43 Matilde Huici recibió numerosas presiones de “todas las asociaciones de mujeres” para que, como miembro de la comisión que estudió la propuesta de anteproyecto constitucional, interviniera en las cuestiones relativas a derechos femeninos como el sufragio.44
Estas asociaciones y redes feministas, que venían trabajando desde tiempo atrás, también sir- vieron para organizar a las mujeres en un nuevo asociacionismo vinculado a una educación y
39 Nelken, M. (2020). La mujer ante las Cortes Constituyentes. Renacimiento, 81. Ed. a cargo de Josebe Martínez.
40 Aguado, A. (2005). Entre lo público y lo privado… Op. cit.
41 Ibid.
42 Vid. Capel, R.M. (2007). De protagonistas a represaliadas: la experiencia de las mujeres republicanas. Cuadernos de Histo- ria Contemporánea (1) 35-46, disponible en https://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/view/CHCO0707220035A.Villalaín García, P. (1997) La participación de la mujer en las elecciones generales celebradas en Madrid durante la II República. Arenal (4:2), 295-325, disponible en https://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/22626.
43 Sanfeliu, L. (2015). La enseñanza de lo público. El asociacionismo feminista progresista durante la II República. Historia Social
(82) 149-166.
44 García-Sanz Marcotegui, A. (2010). Matilde Huici… Op. cit. 165-166.
una práctica política femeninas, en el marco de los debates sociopolíticos del momento.45 Este activismo político defendía los intereses femeninos, a la vez que permitía definir una cultura femenina/feminista difusora de una identidad de género que Luz Sanfeliu llama “ciudadana republicana”, que asumió como propios valores del republicanismo, entre ellos la defensa del laicismo, el matrimonio civil o el divorcio.46
Como se ha señalado, gran parte del movimiento feminista concebía el divorcio como un derecho imprescindible para las mujeres. Pero conscientes de las dificultades que podrían encontrarse para su aprobación, y de la más que previsible movilización de los sectores ca- tólicos en su contra, las feministas más destacadas del país se lanzaron a una amplia campaña en defensa del divorcio. Era necesario evidenciar que la legislación divorcista también era un anhelo femenino y, a la vez, explicar a las mujeres los beneficios que podía tener para ellas. El comportamiento personal de destacadas feministas, respetadas en el campo intelectual o pro- fesional, también tenía una fuerte carga simbólica, pues representaban un modelo alternativo, transgresor —pero viable en la práctica— de la feminidad tradicional y, en definitiva, de la familia tradicional.47
El impulso dado por el movimiento feminista —y sus asociaciones— a una campaña favo- rable al divorcio también influyó en la multitud de artículos, encuestas y sondeos que la pren- sa publicó haciéndose eco de una cuestión ya central en el debate político. Matilde Muñoz iniciaba en Crónica la consulta “Hacia el porvenir. ¿Cuál debe ser la labor de las mujeres en la República?”. En ella participaban reconocidas figuras, como la doctora Elisa Soriano, que animaba a las mujeres a combatir toda una serie de problemas sociales generales, debiendo trabajar para conseguir el divorcio como forma de liberación de los matrimonios fracasados o ante un cónyuge “malvado”.48 Estampa calificaba de “actualidad palpitante” la cuestión del divorcio, y preguntaba a políticos y famosos: “¿Debe implantarse en España el divorcio?”. En un fiel reflejo del posicionamiento del arco político, republicanos y socialistas se pronunciaron a favor, y conservadores y católicos militantes en contra.49 Casi todos los miembros del Gobi- erno provisional dieron su opinión. Pero también profesores, escritores o artistas. Ante la pre- gunta, María de Maeztu reclamaba, de manera urgente, cambiar el Código Civil para mejorar la situación de las mujeres y que fuera innecesario el divorcio.50 Carmen de Burgos evocaba su encuesta de 1904 y recordaba que “la ley del divorcio no obliga a divorciarse, pero absuelve de su esclavitud a los que están unidos solo por la fuerza”.51 La famosa escritora Sara Insúa52 argumentaba que el matrimonio es un contrato y que, cuando uno de los cónyuges “falta a lo pactado, el otro queda, naturalmente, libre de todo compromiso y puede reclamar en derecho”.
45 Sanfeliu, L. (2015). La enseñanza de lo público… Op. cit.
46 Sanfeliu, L. (2019). Unión Republicana Femenina: una escuela de formación cívica (1931-1933). En Ortega López, , Aguado Higón, A. y Hernández Sandoica, H. (Eds.). Mujeres, dones, mulleres, emakumeak: Estudios sobre la historia de las mujeres y del género, Cátedra, 95-113.
47 Aguado, A. (2005). Entre lo público y lo privado… Op. cit.
48 “El divorcio, para liberar a tantos hombres y mujeres de una esclavitud odiosa, como es la del matrimonio cuando se terminó el amor o cuando uno de los dos cónyuges es un ruin o un malvado”. Crónica, 17-5-1931.
49 Alberdi, I. (2020). La sociología como vocación. CIS, 204.
50 “Me parece que es urgente hacer aquellas reformas en el código civil que mejoren la situación legal de la mujer en el matrimonio, concediéndole, entre otros derechos, el de administrar sus bienes y disponer libremente de ellos, el de la patria potestad, el de conservar la nacionalidad, etc. Es decir, yo pediría, aquellas innovaciones sustantivas que hagan, en lo posible, innecesario el divorcio”. Estampa, 30-5-1931.
51 Estampa, 6-6-1931.
52 Insúa publicó en noviembre de 1931 el cuento “¡Un divorcio!”.Vid. Hassan Ashmawy,Y. (2016). La narrativa de Sara Insúa [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid].
Insúa consideraba la legislación divorcista un signo de civilización, y hallaba entre sus muchas ventajas sociales la disminución de los hijos ilegítimos.53 También desterraba algunos mitos tradicionales sobre el divorcio al afirmar que “ni disuelve la familia ni crea conflictos de vida interior que sean más crueles e insoportables que los que nacen de la falta de amor y de respeto mutuo entre los cónyuges”.54 Clara Campoamor, firme defensora del divorcio, calificaba esta medida como una de las “más urgentes y clamorosas” modificaciones de la futura legislación republicana. Justificaba su implantación como una forma de “imponer la supremacía del poder civil sobre todos los demás fueros”, permitiendo poner fin al fracaso matrimonial que “no es vínculo, ni unión, ni separación, sino una situación híbrida, dolorosa y cruel” que condenaba a “numerosos seres a quienes no hizo feliz el matrimonio”.55
Actrices y folclóricas también opinaban en la encuesta. Margarita Xirgu se mostraba parti- daria del divorcio y señalaba que su implantación en España permitiría estar “a tono con las modernas corrientes jurídicas de los países democráticos”.56 Conchita Piquer reclamaba la urgencia de implantar el divorcio y aducía que este no perjudicaría a las mujeres.57 A la actriz Luisita Esteso le parecía tan necesario como la “calefacción en Siberia”,58 y su compañera de profesión Irene López Heredia consideraba “inhumano” mantener el divorcio como se hallaba “instituido”, apelando a cómo la posibilidad de contraer nuevas nupcias legitimaba moralmen- te la oportunidad de recomponer la vida sentimental. Consideraba que, en caso de divorcio, los niños debían quedar con la madre, una reivindicación de larga trayectoria en el movimi- ento feminista. Sin embargo, la actriz Laura Pinillos juzgaba que no había que conceder más facilidades a los hombres para abandonar a sus esposas,59 recuperando el discurso tradicional que apelaba al desamparo que sufrirían las mujeres. Concha Espina creía “desde hacía mucho tiempo” que se trataba de un “deber social, ineludible”.60 Su opinión es relevante por varios motivos. Fue una de las escritoras que alcanzó mayor éxito y prestigio en los años veinte y treinta, y en cuya producción asoma una sensibilidad feminista a través de la constante denun- cia de la desfavorable situación social de las españolas. Aunque ofrecía una visión tradicional de los deberes de madre-esposa, a la vez reivindicaba positivamente la formación universitaria y el trabajo femenino. Espina, desde un conservadurismo moderado, acogió favorablemente el régimen republicano. Sus creencias católicas no implicaron su oposición a las medidas secu- larizadoras del Gobierno. Además, públicamente, demostró su acercamiento a organizaciones y personajes afines a la República, como Clara Campoamor, con la que mantuvo una larga amistad, y que se encargó del divorcio de la escritora en 1934.
En los meses posteriores a la proclamación de la República, y coincidiendo con los trabajos de las comisiones constitucionales, diferentes agrupaciones feministas organizaron actos en pro del divorcio. Con estas actividades pretendían reforzar los posicionamientos favorables a la norma, demostrando que era una auténtica reclamación de las españolas y que los diputados
53 Otras de las reclamaciones del movimiento feminista y que el régimen republicano decidió también abordar.
54 Estampa, 20-6-1931.
55 Estampa, 27-6-1931.
56 Ibid.
57 “Que se implante con urgencia. A nuestros hombres de leyes les sobran recursos y galantería […] para legislar sobre un asunto en el que no saldríamos perjudicadas las mujeres”. Estampa, 13-6-1931.
58 Estampa, 30-5-1931.
59 “Los hombres son ya de por sí bastante ligeros de cascos, y si se les autoriza para dejar a su mujer legítima cuando les parezca, no se van a cansar de andar variando”. Estampa, 6-6-1931.
60 Estampa, 27-6-1931.
debían consignar en la Carta Magna una moderna regulación matrimonial, en consonancia con los valores de un país laico. En junio de 1931 iniciaba su actividad la Agrupación Femeni- na Republicana. En su primera asamblea, presentaron los resultados del trabajo de sus diversas comisiones y los principales puntos de su programa, entre ellos la aprobación del divorcio.61
Ese mismo mes de junio, la Cruzada de Mujeres Españolas, en la Sociedad Matritense de Amigos del País, daba a conocer su programa de “aspiraciones integrales” de las mujeres es- pañolas; una serie de reclamaciones que no podían seguir demorándose, como la igualdad de derechos políticos y civiles para hombres y mujeres, coeducación, investigación de la paterni- dad, igualdad de derechos para hijos legítimos e ilegítimos reconocidos, abolición de la pena de muerte y divorcio.62
En julio de 1931 veía la luz el libro Hacia el divorcio en España, una obra escrita por Juan de Gredos y José María de Barbáchano, y con prólogo de Luis Jiménez de Asúa. Los autores dedicaban su obra a “las mujeres y los hombres de España, que, rotas sus vidas estúpidamente sienten sed de justicia social”. Estas palabras reflejaban cómo en los sectores progresistas el divorcio era una solución a innumerables situaciones de injusticia.63 El interés del libro reside en que recoge las opiniones de figuras destacadas, entre ellas políticos e intelectuales,64 como Clara Campoamor, Carmen de Burgos, María de Maeztu, Niceto Alcalá-Zamora o Miguel Maura. Aunque la mayoría eran favorables a la implantación del divorcio, algunos participantes se manifestaron en contra de esta norma.
En agosto de 1931, la Cruzada de Mujeres Españolas y la Liga Internacional de Mujeres Ibé- ricas e Hispanoamericanas,65 ambas instituciones presididas por Carmen de Burgos,66 celebra- ron una reunión conjunta para analizar los problemas que afectaban a las mujeres. Resultado del encuentro, se formaron diversas comisiones de trabajo, una de las cuales quedó a cargo de estudiar los problemas para la implantación del divorcio.67
Simultáneamente a los actos a favor del divorcio impulsados por mujeres afines a las refor- mas republicanas, las católicas militantes de derechas iniciaban su campaña en contra, emplean- do diferentes estrategias de protesta. En agosto de 1931, diversos grupos de católicas en Zamora recogieron firmas en contra de la implantación de una normativa divorcista.68 Además de su rechazo apelando al dogma católico, parte de la estrategia de los sectores católicos consistió en difundir, especialmente entre mujeres con escasa formación cultural, la idea de que la aproba- ción del divorcio permitiría a los hombres abandonar a sus esposas en cualquier momento.69
61 Crisol, 23-6-1931.
62 El Heraldo de Madrid, 27-6-1931.
63 Gredos, J.D. y Barbáchano, J.M. (1931). Hacia el divorcio en España.Tipografía de Senén Martín Díaz.
64 “[…] que forman hoy en la vanguardia de luchadores capaces a abrir nuestra desangrada España a surcos por donde corra fecunda la savia del progreso, del verdadero honor y de la democracia”. Gredos, J.D. y Barbáchano, J.M. (1931). Hacia el divorcio en España. Op. cit., 4.
65 Vid. Ezama Gil, M.A. (2013). La Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas y Cruzada de Mujeres Españo- las. En Almela Boix, M. et. al. (Coord.). Mujeres en la frontera. UNED.
66 Fagoaga, C. (1985). La voz y el voto de las mujeres: El sufragismo en España. Icaria, 152-155.
67 El Crisol, 10-8-1931.
68 Crisol se mostraba muy crítico con estos “batallones” femeninos que recogían firmas: “Cosas sin importancia son también las que hacen ciertas señoras, aunque hay señoras aburridas que son una cosa seria, y que en su aburrimiento se organizan en batallones para darse al raro deporte de recoger firmas. Así, en Zamora hay un aburrido batallón que recoge firmas contra el divorcio. Por lo visto hay quienes tienen un miedo terrible al divorcio, y están dispuestas a impedir a toda costa que se divorcie nadie”. Crisol, 27-8-1931.
69 Aguado, A. (2005). Entre lo público y lo privado… Op. cit.
Los actos públicos continuaron durante los debates parlamentarios. En septiembre, la Liga Internacional y la Cruzada de Mujeres Españolas organizaban un acto pro-divorcio en la Asociación Matritense Económica de Amigos del País, interviniendo, entre otras, Carmen de Burgos (presidenta general de la Asociación) y la abogada Concha Peña.70 Pocos días después, la abogada Matilde Huici ofrecía una charla en la Casa del Pueblo de Madrid sobre los derechos de la mujer en el proyecto constitucional, incluido el divorcio.71 En octubre, un grupo de in- tegrantes de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, entre las cuales se encontraba Ketty de Burgos,72 y en representación de una “minoría” de republicanas, accedían al Congreso para solicitar la implantación del divorcio.73 Fueron atendidas por los secretarios de la Cámara y el ministro de Hacienda, con varios periodistas como testigos. En la conversa- ción manifestaron su deseo de mantener la ley tal y como estaba redactada en el dictamen de la comisión constitucional, y la prensa refirió como nota graciosa el comentario de una de las presentes:“¡Queremos, por Dios, el divorcio!”.74
En octubre Clara Campoamor impulsaba la creación de la Unión Republicana Femenina (URF), junto con mujeres que compartían ideas similares y contaban con una trayectoria previa de militancia en agrupaciones feministas. Campoamor presidía la agrupación y la es- critora Consuelo Berges era la vicepresidenta primera.75 El objetivo de la URF era organizar a las mujeres y defender su inclusión en la vida pública y la política. Para ello, orientaron su actuación hacia la educación cívica femenina en conferencias y cursos de formación, también sobre el divorcio.
Ese mismo mes volvían a la prensa las encuestas sobre la cuestión. El Heraldo de Madrid, bajo la pregunta “¿Qué opina usted del divorcio? Las personalidades más populares del Madrid que sonríe y del Madrid que medita opinan sobre este problema”, recogía el parecer de conocidas personalidades, muchas de ellas favorables: Magda Donato (“solamente los enemigos del ma- trimonio pueden serlo del divorcio”), Carmen Navarro (confesaba que había pedido al Cristo de la Fe la implantación del divorcio en España), Margarita Nelken76 o Alberto Insúa (afirmaba haber defendido el divorcio en alguna de sus novelas). Pero también en contra, como Pedro Muñoz Seca, Blanca de los Ríos de Lampérez (opinaba que destruiría la sociedad) o Pablo Luna (enemigo del divorcio y de la igualdad de los hijos ante la ley).77
Margarita Nelken publicaba en noviembre de 1931 La mujer ante las Cortes Constituyentes. La autora, que concebía el divorcio como “un arma defensiva para la mujer”,78 volvía a reivin- dicar su implantación y señalaba que la oposición de los partidos conservadores era fruto de
70 El Heraldo de Madrid, 10-9-1931.
71 El Socialista, 15-9-1931.
72 Hermana de Carmen de Burgos.
73 El manifiesto que repartieron entre los presentes es el siguiente: “A las Cortes. La Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas en nombre de una minoría de mujeres republicanas, acude a la más alta representación de los Poderes públicos para pedir que se establezca en España la ley del divorcio, como lo exige la justicia y la renovación social”.
74 Ahora, 10-10-1931.
75 Vid. Gutiérrez Sebastián, R. (2021). Consuelo Berges: El rastro oculto de una voz libertaria. Comares.
76 “El matrimonio sin la posibilidad del divorcio me parece la mayor de las inmoralidades. Es un absurdo que lo justifica todo… hasta lo peor.Y es la mayor ofensa a la dignidad de la mujer, obligada a veces a soportar afrentas y humillaciones que una sociedad verdaderamente civilizada no debería consentir. Porque el divorcio es un arma, una protección para la esposa, en contra de lo que se creen esas señoras ‘moralizadoras’, que ven en la implantación del divorcio la fuga de todos los maridos”. El Heraldo de Madrid, 20-10-1931.
77 El Heraldo de Madrid, 20-10-1931.
78 Nelken, M. (2020). La mujer ante las Cortes Constituyentes… Op. cit.
“su ciega sumisión a la Iglesia”, y por eso mismo no podía tolerarse.79 Nelken entendía que con la llegada de la República ya no tenía sentido seguir discutiendo sobre la legalización del divorcio, pero reconocía que en muchos casos las mujeres eran sus mayores enemigas. Además, denunciaba las ilógicas argumentaciones contra el divorcio entre los sectores católicos más radicales, y recordaba que habían provocado algunos incidentes durante la campaña electoral. En algunos entornos rurales, los candidatos de la conjunción republicano-socialista habían sido atacados con la excusa de ser “implantadores del divorcio y del amor libre”.80
A finales de año, Fernando de los Ríos, como ministro de Justicia, presentó el proyecto de Ley de Divorcio, elaborado en los meses anteriores por la Comisión Asesora Jurídica, que presidía el socialista Luis Jiménez de Asúa. De los Ríos, en su exposición, aludió a la necesaria secularización del Estado republicano.81 Ese mismo día, la agrupación católica femenina Aspi- raciones anunciaba un ciclo de conferencias sobre los problemas políticos que afectaban a las mujeres, especialmente el voto y el divorcio.82
Cinco días después de la presentación del proyecto de Ley de Divorcio se aprobó la Consti- tución. Finalmente, la redacción del artículo 43 de la Carta Magna amparaba el divorcio.83 De este modo, la regulación del divorcio se convertía en derecho fundamental. La intención de esta medida era evitar que futuros parlamentos pudieran anular fácilmente su regulación. Su elevación a rango constitucional provocó la condena de los sectores católicos, que calificaron la norma de “sectaria, jacobina, persecutoria y antirreligiosa”.84
Entre la presentación del proyecto de ley y su debate volvieron las encuestas a la prensa. Estampa publicó un primer artículo bajo el título “¿Por qué motivo se divorciaría usted de su marido?”. La revista, desde un punto de vista paternalista, presentaba un modelo de mujer de- pendiente y únicamente planteaba el divorcio por la infidelidad del marido. El reportaje abría una encuesta a los lectores con la misma pregunta. Los resultados llegaron en enero de 1932, y en ella habían participado más de tres mil mujeres. Que la publicación abordase el tema con frivolidad e ironía muestra que los medios y la sociedad podían trivializar los problemas matri- moniales.85 Pero los resultados dibujaban una triste realidad social: más de novecientas mujeres considerarían el divorcio por el alcoholismo de su marido, y algo más de cuatrocientas por ser víctimas de malos tratos.
A lo largo del mes de febrero de 1932 se debatió la Ley de Divorcio, enfrentándose los ca- tólicos con los socialistas y republicanos, defensores del proyecto.86 Los argumentos esgrimidos
79 “La sumisión a un poder estrictamente espiritual, no merece ni discusión ni respeto, ya que atañe únicamente a la conciencia individual, y no puede, por lo tanto, salirse del terreno de los sentimientos particulares de cada uno”. Ibid., 79.
80 “Trátase únicamente de ver cómo son las propias mujeres, las más interesadas en la implantación de esta ley, quienes, por ignorancia de lo que realmente significa el divorcio, por desconocimiento absoluto de la seguridad y protección que implica para su dignidad, muéstrense entre nosotros sus más declaradas adversarias”. Ibid., 79-85.“El hecho de que sean muchísimas las mujeres que entre nosotros rechacen esta implantación, prueba en qué número se hallan sometidas nuestras mujeres, ante todo y por encima de todo, a las leyes de la Iglesia, y cómo estas leyes se encuentran siempre en pugna con todo cuanto signifique verdadera dignificación de la mujer”. Ibid., 88-89.
81 Ruiz Franco, R. (2019). Discursos de género y estados de opinión en la gestación y aprobación de la ley de divorcio en España de 1932. En Ortega López, ,Aguado Higón, A. y Hernández Sandoica, H. (Eds.). Mujeres, dones, mulleres, emakumeak: Estudios sobre la historia de las mujeres y del género. Cátedra, 79-94.
82 El Cruzado, 4-12-1931.
83 Artículo 43:“La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa”.
84 Moreno Tejada, S. (2021). La Ley de Divorcio de 1932… Op. cit.
85 Ruiz Franco, R. (2019). Discursos de género y estados de opinión… Op. cit., 79-94.
86 Alberdi, I. (2020). La sociología… Op. cit. 205.
por la mayoría católica invocaban la doctrina católica y la amenaza que suponía para la familia y la sociedad, además de vaticinar un número muy elevado de divorcios. Entre los defensores de la ley en los debates parlamentarios destacó Clara Campoamor, quien insistió en que era una norma civil para toda la ciudadanía, sin que fuera obligatorio acogerse a ella.87 Entre otras cuestiones, Campoamor combatía la idea de que el divorcio atentaba contra el sacramento del matrimonio.88 En la prensa, Nelken y Campoamor insistían en que era una medida que favo- recía especialmente a las mujeres e incluso “moralizaba” el matrimonio.89
Finalmente, la Ley de Divorcio se aprobó a finales de febrero90 con 260 votos a favor y 23 en contra. Era una de las normas más progresistas de la época y posibilitaba una moral fami- liar diferente, más moderna y laica, recogiendo incluso el divorcio por acuerdo mutuo de los cónyuges. Sin embargo, conviene recordar que la ley tenía también una dimensión punitiva, al considerar que uno de los cónyuges podía ser culpable de no haber cumplido con los com- promisos —fidelidad, cuidados, convivencia— adquiridos en el enlace matrimonial.91 La ley terminó por exigir “causa justa” para dictar sentencia de divorcio.92 La norma fijaba hasta trece causas por las que uno de los cónyuges podía solicitar el divorcio, pudiendo alegar varias de ellas de manera simultánea; las más frecuentes fueron el abandono del hogar, los malos tratos o la infidelidad.93 Aunque son todavía pocas las investigaciones sobre el divorcio en la etapa republicana que aborden fuentes judiciales, las existentes son esclarecedoras sobre el impacto real del mismo.94 El estudio de los sumarios de divorcio es interesante porque permite apreciar la evolución de diferentes identidades femeninas y la percepción que la sociedad tiene de ellas. O, al menos, cómo los abogados utilizan los diferentes modelos de género para atacar/defender a las esposas durante los trámites legales.También si los jueces tenían en cuenta o ignoraban el cumplimiento o transgresión del modelo tradicional femenino.95
Una vez aprobada la ley, las organizaciones feministas que habían colaborado en las diversas campañas para su consecución continuaron defendiendo la norma e informando de su fun- cionamiento. En marzo, Matilde Huici impartió una conferencia en la Academia de Jurispru- dencia y Legislación sobre cómo afectaba la promulgación de la Ley de Divorcio a los tribu- nales de familia y al derecho de los hijos.96 Para que la legislación divorcista cumpliera con su utilidad, era necesario que la población conociera cómo funcionaba y qué derechos otorgaba la norma. Por ello, diversas agrupaciones feministas se ocuparon de esta labor. El Consultorio
87 Idem.
88 Sanfeliu, L. (2015). La enseñanza de lo público… Op. cit.
89 La Humanitat, 20-2-1932. Cit. en Aguilera Sastre, J. y Lizarraga Vicarra, I. (2021). Clara Campoamor, de viva voz: Entrevistas 1925-1936. Renacimiento, Los Cuatro Vientos, 196-200.
90 Precedió a la Ley de Matrimonio Civil.
91 Moreno Tejada, S. (2021). La Ley de Divorcio de 1932… Op. cit.
92 Pérez Trujillano, R. (2020). Entre los derechos de las mujeres… Op. cit.
93 Rodríguez Serrador, S. y Serrano García, R. (2019). El divorcio en Valladolid durante la II República (1931-1937)… Op. cit.
94 Vid. Castaño-Peñalva, M. (2016). El divorcio en la Segunda República española: antecedentes y desarrollo [Tesis doctoral. Universidad de Murcia]; Rodríguez Serrador, S. y Serrano García, R. (2019). El divorcio en Valladolid durante la II República (1931-1937)… Op. cit.; Pérez Trujillano, R. (2020). Entre los derechos de las mujeres… Op. cit.; García Prieto, B. (2023). El divorcio en la provincia de León durante la Segunda República (1931-1937). Hispania Nova (1), 157-178.
95 Serrano, R. (2020). Secularización, sexualidad y estereotipos de género a través del divorcio republicano.Valladolid, 1931- 1937. Diacronie: Studi di Storia Contemporanea (41), disponible en http://www.studistorici.com/2020/03/29/serrano-garcia_nume- ro_41/.
96 García-Sanz Marcotegui, A. (2010). Matilde Huici… Op. cit., 180.
Jurídico Femenino, impulsado por la doctora Elisa Soriano,97 ligado a la Asociación Universi- taria Femenina y presidido por Clara Campoamor, ofrecía asesoramiento sobre los trámites de divorcio.98 Según explica el reportaje, el Consultorio sirve para instruir y educar a las mujeres en sus derechos, pues muchas los desconocen, especialmente las más pobres.99 Y si bien son conscientes de que pueden divorciarse, acuden en particular a que les expliquen la situación en que quedan los hijos. La publicación y el propio Consultorio denuncian que muchas de esas mujeres son víctimas de violencia de género, e incluso aluden a la necesidad de una legislación específica que lo condene.
Un gran número de intelectuales y escritoras apoyaron con su producción cultural las re- formas republicanas implantadas, por ser favorables a la causa feminista. Pero también hubo escritoras que utilizaron su obra para criticar la República. Es el caso de la dramaturga católica Pilar Millán Astray, una de las autoras más representadas y homenajeadas del momento. Astray encarna una corriente que, sin negar los valores tradicionales femeninos, defendió una mayor libertad y modernidad en los comportamientos de las mujeres. En los primeros meses de la República, la dramaturga se mostró favorable al programa del Gobierno, pero un año después era mucho más crítica.100 A través de sus textos practicó su militancia política, combatiendo los modelos y referentes femeninos que consideraba inadecuados, participando así en la guer- ra cultural antirrepublicana.101 Tras aprobarse la Ley de Divorcio, Astray presentó la comedia asainetada La mercería de la Dalia Roja, una clara crítica al divorcio recién instaurado. La obra admite que, ante un mal matrimonio, es posible la separación de la mujer casada, pero niega la disolución del vínculo y, por tanto, que puedan contraerse nuevas nupcias mientras el esposo siga vivo.102 La comedia reprueba explícitamente el divorcio, pero además censura las políticas secularizadoras.103 Tras el estreno de la obra llegaron las críticas de la prensa progresista. Crónica acusaba a la autora de atacar el divorcio desde la “trinchera católica”.104
La polarización entre los valores que podía encarnar la mujer moderna —identificada con la defensa del divorcio— y los valores de las católicas “modernas” incidió en una guerra cul- tural que, ley mediante, influyó en la construcción de la imagen de la mujer republicana/ mujer católica. La posibilidad de disolver el vínculo matrimonial atentaba contra el tradicional papel femenino de ángel del hogar.105 Un modelo decimonónico que se rearticula durante la Segunda República, identificándolo con el de la “correcta” mujer católica, cuya misión en la vida todavía es la maternidad.
Después de la aprobación de la ley, los partidos de derechas, y posteriormente la CEDA, intensificaron una serie de campañas en contra del divorcio. La narrativa católica insistía en
97 Elisa Soriano fue una de las fundadoras de la asociación Juventud Universitaria Femenina, posteriormente renombrada como Asociación Universitaria Femenina. Rodríguez Serrador, S. (2022). La conquista de la modernidad: educación y cultura femenina en España, 1900-1936. En Otero Carvajal, L.E. y Rodríguez Martín, N. La mujer moderna: Sociedad urbana y transfor- mación social en España, 1900-1936. Los Libros de la Catarata, 81-109.
98 Ahora, 3-4-1935.
99 “Va poco a poco rasgando ese veto tupidísimo de ignorancia absoluta de todas cosas fundamentales de la vida en que se hallaban, y se hallan envueltas todavía una gran mayoría de mujeres españolas, sobre todo de mujeres pobres”. Ibid.
100 Ellas, 3-7-1932.
101 Oropesa, S. (2009). Pilar Millán Astray: El conservadurismo español en las guerras culturales de la dictadura de Primo de Rivera y la II República. Hispanic Journal (30:1-2), 165-178.
102 Millán Astray, P. (1932). La mercería de la Dalia roja: Comedia asainetada en tres actos. La Farsa, 38-39.
103 Ibid., 63.
104 Crónica, 22-5-1932.
105 Serrano, R. (2020). Secularización, sexualidad y estereotipos de género… Op. cit.
los perjuicios de esta medida. Pocos días después de la aprobación de la Ley de Divorcio, se celebraba en Barcelona un acto de propaganda tradicionalista. Entre los oradores más destaca- dos estaba María Rosa Urraca Pastor,106 cuya intervención fue una denuncia de la campaña en contra de la familia que estaba desarrollando el Gobierno, campaña que no tenía en cuenta a las mujeres. Urraca Pastor negaba que “esas tres señoras que están en el Parlamento”, en refe- rencia a Clara Campoamor,Victoria Kent y Margarita Nelken, representasen a las mujeres.Y reforzaba esta idea al afirmar que habían sido elegidas por hombres, pues no se permitió ejercer el sufragio femenino en las elecciones a Cortes Constituyentes. La radicalidad de su discurso llegó al extremo de afirmar que las diputadas eran españolas únicamente por una “aberración de la naturaleza”, y a la vez aseguraba que eran “mayoría las mujeres católicas” en contra del divorcio, exponiendo que se pretendía, de manera intencionada,“deshacer la familia tradicio- nal española”. Desde un posicionamiento victimista protestaba porque se despojaba a la mujer
—“reina del hogar”— de sus atribuciones, entre ellas las de educar “verdaderos ciudadanos”.107 Clara Campoamor respondió a la propaganda católica proponiendo “‘un reto cordial’, o controversia pública” en la que invitaba al diálogo a los sectores femeninos de los partidos de- rechistas, pero no obtuvo respuesta. Desde la URF, para contrarrestar esa narrativa católica se
repartieron panfletos explicativos en las calles de Madrid.108
Este enfrentamiento dialéctico permitió también que las mujeres identificasen un enemigo común, a la vez que servía para aumentar la cohesión en torno a los valores con los que se identificaban, favoreciendo la movilización de las afiliadas de agrupaciones de diferentes ten- dencias.109 Tras la concesión del sufragio femenino, todos los partidos se lanzaron a la tarea de integrar a las mujeres en sus formaciones. Rafael Serrano ha señalado, como otros autores, la importancia del divorcio en la movilización del electorado femenino. Cuando se convocaron las elecciones municipales de 1933, Sara Guerrero de Echevarría, de la URF, expuso en la prensa las ventajas del artículo 43 de la Constitución para las mujeres, y negó la razón de ser de la “guerra al divorcio”. Presentaba una vez más la Ley de Divorcio como una norma que interesaba más a las mujeres, y atribuía a la República haber liberado a las mujeres y haberles dado categoría de ciudadanas. Motivos suficientes, según la autora, para que las mujeres “qui- eran” a la República.110
Sin duda, los comicios generales de noviembre de aquel año generaron una gran expecta- ción. Durante la campaña electoral, el divorcio se utilizó como un elemento para apelar a la participación política de las mujeres. La vigencia de una sociedad de valores patriarcales que presuponía unos intereses político-sociales diferentes para las mujeres permanecía en el imagi- nario colectivo, y sirvió para orientar una propaganda específicamente dirigida a las mujeres. Entre esos intereses estaría el divorcio. Incluso en el espectro de las izquierdas, más proclives a
106 Maestra, inspectora de primera enseñanza y propagandista de Acción Católica de la Mujer. Moral Roncal, A.M. (2011). María Rosa Urraca Pastor: de la militancia en Acción Católica a la palestra política carlista (1900-1936). Historia y Política: Ideas, Procesos y Movimientos Sociales (26) 199-226.
107 El Siglo Futuro, 14-3-1932.
108 Sanfeliu, L. (2015). La enseñanza de lo público… Op. cit.
109 Idem.
110 “Ved, señoras, si no merece la pena de querer a la República. Ella repudia privilegios y nos eleva de la condición de esclavas a la categoría de ciudadanas. Bajo el pabellón republicano laboremos todas para hacer la nueva España ordenada, justa y de- puradora; República que defienda nuestros ideales; España que sea grande. Procuremos todos que el resurgir de nuestra patria se deba a la labor y el sacrificio de la mujer española. De esta manera pagaremos al régimen de libertad el habernos elevado de la condición de esclavas a la categoría de ciudadanas”. El Heraldo, 29-3-1933.
la defensa de los derechos femeninos y de la igualdad entre los sexos, también se intentó atraer el voto femenino apelando directamente a intereses “propiamente femeninos”; se buscaba a la vez rentabilizar las reformas encaminadas a eliminar o disminuir la situación de desigualdad femenina.111 El Heraldo de Madrid publicaba en portada un cartel propagandístico bajo el título “La mujer en la República”, que le recordaba que “por dignidad” no debía votar “a los enemi- gos del régimen que durante siglos la consideraron como una esclava”. El cartel detallaba los derechos “concedidos” por la República a las mujeres, entre ellos el divorcio y la posibilidad de rehacer la vida sentimental.112 Republicanos y socialistas insistieron, durante la campaña elec- toral, en resaltar el carácter protector de la Ley de Divorcio, al evitar el abandono económico, presentado, pues, la obra reformista republicana como protectora de las mujeres.113
Fueron los sectores católicos los que centraron especialmente los discursos destinados a las mujeres en la cuestión del divorcio o la educación laica.114 En mítines radiados de Acción Po- pular, se denunciaba que la Ley del Divorcio “daña preferentemente a la mujer proletaria, que al ser abandonada no tiene otro remedio que el pecado o la mendicidad”. Tradicionalistas y Renovación Española (TYRE), en sus carteles propagandísticos, prometía derogar las leyes de divorcio y de matrimonio civil, enumerando los “males” provocados por ambas para “el hogar, los hijos y la esposa”.115 El Debate se dirigía desde su portada a las mujeres como electoras, pues entendía la publicación que, en esos comicios, estaban llamadas a pronunciarse “singularmen- te”, ya que como “madre de familia, como eje del hogar, es la que más puede perder o la que puede conseguir mejor beneficio”, alertando de las futuras consecuencias negativas de leyes como la del divorcio si ganaban los socialistas.116
Los sectores católicos continuaron su campaña en contra del divorcio. En 1935 se celebró la primera asamblea de la Confederación de Mujeres Católicas de España —fruto de la rees- tructuración y fusión de Acción Católica de la Mujer y de la Unión de Damas del Sagrado Corazón—, cuya presidenta era Juana Salas de Jiménez. Entre las conclusiones acordadas estaba el deber de las madres de preparar a sus hijas para el matrimonio y trabajar en contra del di- vorcio.117 En julio de ese mismo año se presentaba el proyecto de reforma constitucional, que afectaba hasta a cuarenta artículos, entre ellos el 43, alegando que la “regulación del régimen y efectos del matrimonio” según lo recogido en la Constitución “han provocado en el país reacciones que no acreditan el acierto de los preceptos” aplicados a la vida familiar.118
111 Camino Rodríguez, A. (2017). La influencia de las mujeres españolas en los resultados de las elecciones generales de 1933.
Revista Historia Autónoma (11), 179-197, disponible en https://doi.org/10.15366/rha2017.11.009.
112 “La República te ha concedido el divorcio. Antes eras inferior al hombre. Ahora eres igual a él. Antes si te abandonaba te veías desamparada. Ahora puedes recuperar tu libertad y reconstruir tu vida”. El Heraldo de Madrid, 6-11-1933.
113 “¡Mujeres! No os dejéis engañar por falsas propagandas que dicen que el divorcio permite al hombre abandonar esposas e hijos. Eso es una criminal falsedad. Al contrario, la ley de divorcio os ampara garantizándoos del abandono económico de los esposos inmorales que antes os podían abandonar impunemente. ¡Votad a la República protectora de la Mujer y el niño!”. Capel, R.M. (2007). De protagonistas a represaliadas… Op. cit.
114 Gutiérrez Lloret, R.A. (2018). ¡Hagámoslo por Dios y por la patria! La organización de las mujeres católicas en las elecci- ones de noviembre de 1933. Historia Constitucional (19) 251-285.
115 El Siglo Futuro, 11-11-1933.
116 “Nada difícil se presenta la opción para las mujeres españolas, sean de la clase que fueren. Los fermentos corrosivos arroja- dos ya en el surco y que han empezado a fructificar con la institución del divorcio y de la escuela laica, se desarrollarían con violencia al amparo socialista. Contra ese daño terrible deberán votar el día 19 la gran mayoría de los hombres. Si pudieran ver claro el porvenir que el socialismo les depara, ni una sola mujer votaría por los adeptos de Marx”. El Debate, 17-11-1933. 117 El Siglo Futuro, 14-5-1935.
118 Proyecto de reforma constitucional, leído por el Sr. Presidente del Consejo de Ministros. Diario de las Sesiones de Cortes. Apéndice 4 al número 218, 5-7-1935.
La reforma constitucional no prosperó, y el divorció volvió a ser instrumentalizado por los partidos de derechas durante la campaña electoral de 1936, prometiendo acabar con el divorcio vincular en un Gobierno inmediato.119 En 1936 Urraca Pastor atacaba una vez más la labor de las Constituyentes en relación con el divorcio.120 El Debate presentaba la cifra de 7.891 hogares “destrozados” por la Ley de Divorcio entre 1932 y 1933.121 En mítines de Acción Popular las oradoras apelaban al voto femenino “para combatir el divorcio y restaurar la escuela católica”, amenazando con la condena eterna para aquellas mujeres que no votasen a candidaturas ca- tólicas.122 La promesa incumplida de la reforma constitucional se hacía presente también en los discursos, reclamando el futuro cumplimiento de los programas electorales.123
Mientras, desde los sectores republicanos también se utilizaba la cuestión del divorcio para dirigirse a las electoras. Clara Campoamor declaraba que la mujer le debía las libertadas con- quistadas a la República, entre las que incluía el divorcio.Y advertía a las mujeres de que, al ejercer el sufragio,“vota por o contra sus intereses, sus ideales y sus libertades jurídicas y soci- ales, votando por izquierdas o por derechas”.124
4. A modo de conclusión
El debate sobre el divorcio se abrió paso en la sociedad española desde finales del siglo XIX. Aunque inicialmente los sectores que abogasen por defender una legislación divorcista podían ser reducidos, con el paso del tiempo la demanda de una normativa que regulase la disolución del vínculo matrimonial fue creciendo. Lo hizo especialmente en el primer tercio del siglo XX, cuando gran parte del movimiento feminista concibió el divorcio como un derecho más a conquistar, imprescindible para la igualdad y autonomía de las mujeres, pero también para su protección. Las intelectuales y escritoras feministas emprendieron una campaña progresiva para exponer los beneficios del divorcio para las mujeres. Su labor pedagógica cumplía dos funciones, desterrar la narrativa católica tradicional sobre las devastadoras consecuencias de su implantación y despertar una conciencia colectiva femenina que lo demandase como forma de presionar a los poderes públicos.
La proclamación de la Segunda República permitió la articulación de una legislación mo- derna, posibilitando la aprobación del divorcio. Por ello, las asociaciones feministas multipli- caron sus esfuerzos para presentar el divorcio como una norma legal inexcusable en la obra reformista republicana. A la vez, las mujeres católicas se organizaron para protestar y combatir contra esta norma. Esta polarización incidió en una guerra cultural que influyó en la construc- ción de la imagen de la mujer republicana/mujer católica.
119 Declaraciones de Manuel J. Fal Conde. El Siglo Futuro, 3-2-1936.
120 El Siglo Futuro, 14-2-1936.
121 El Debate, 2-2-1936.
122 “Un gran acto de Acción Popular en Lorca […]. Dolores Fernández Tomás, vicepresidenta de Acción Popular de Murcia, dice que el voto de la mujer ha de utilizarse para combatir el divorcio y para restaurar la escuela católica, que es sentir unánime de España. Agrega que las mujeres que no voten el día 16 a las derechas no podrán ponerse con tranquilidad ante Dios para pedir la salvación de su alma si no supieron con valor salvar a España”. El Debate, 9-2-1936.
123 Declaraciones de José Calvo Sotelo en un acto en homenaje a diputados monárquicos. El Sol, 14-1-1936.
124 El Heraldo de Madrid, 9-11-1936.
La aprobación de la Ley de Divorcio en 1932 no puso fin a la polémica sobre sus efectos para las mujeres y en la sociedad.Al contrario, se proyectó en las campañas electorales para movilizar el voto de las mujeres.
El debate sobre el divorcio, y el estudio de su aplicación real, quizá permitan reflexionar más profundamente sobre el cambio en la forma de entender las relaciones familiares y personales. También en cómo las mujeres empezaban a entenderse a sí mismas en la sociedad de los años treinta. A pesar de los discursos catastrofistas o frívolos de la época, la mayor parte de las de- mandas de divorcio regularizaron situaciones previas de separación conyugal, algunas de muy larga duración. Si bien la narrativa católica amenazaba con las consecuencias devastadoras del divorcio para las mujeres, pues quedarían abandonadas e indefensas, la mayor parte de las de- mandas de divorcio corresponden a una iniciativa femenina. Son múltiples las causas alegadas por las mujeres para solicitar el divorcio, pero la mayor parte de ellas corresponden al abandono del marido o a malos tratos.Transgresor o no, el divorcio permitió, al menos, imaginar nuevas realidades para la mujer.
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Sofía Rodríguez Serrador es Profesora Permanente Laboral del Departamento de Histo- ria Moderna, Contemporánea, de América y Periodismo de la Universidad de Valladolid. En la actualidad es miembro del Instituto Universitario de Historia Simancas, del GIR “Sociedad y Conflicto desde la Edad Moderna a la Contemporaneidad”, y de los proyectos de investiga- ción “Mujeres, Familia y Sociedad. La construcción de la historia social desde la cultura jurídi- ca, ss. XVI-XX” y “El factor católico y la libertad de pensamiento en las guerras culturales de la Europa Occidental Contemporánea (1789-1989)”. Sus líneas de investigación se centran en la Historia sociocultural, de la educación, la conflictividad política, y la Historia de Género en la contemporaneidad, especialmente en el último tercio del siglo XIX, y el periodo que abarca de la Dictadura de Primo de Rivera al primer franquismo.
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Isabel Benavent Universitat de València Isabel.Benavent@uv.es
https://orcid.org/0000-0001-9314-2830
Resumen
El artículo tiene como objetivo el estudio de la movilización femenina por parte de la Unión General de Trabajadores en la industria alimentaria de la provincia de Alicante durante la Segunda República y la Guerra Civil. Se atiende a la sindica- ción de las trabajadoras del sector turronero, que tuvo su mayor exponente en la localidad de Jijona, principalmente a través de la Asociación de OficiosVarios UGT y del Sindicato de Artes Blancas Alimenticias. El estudio explora de qué modo participaron las turroneras en las sociedades sindicales socialistas, cuál era la com- posición de estas —atendiendo a criterios de edad, lugar de residencia y categoría laboral, así como a la existencia de vínculos familiares— y cómo los sindicatos fueron un instrumento para la defensa de sus intereses laborales, a pesar de la per- sistencia de desigualdades y de la división sexual del trabajo. En definitiva, con este estudio se pretende contribuir a profundizar en el conocimiento del ugetismo en particular, y del socialismo en general, en el País Valenciano, así como en los estu- dios de género sobre las situaciones sociolaborales diversas de las trabajadoras y su participación en sindicatos.
Palabras clave: industria turronera, trabajadoras, UGT, Segunda República, Guerra Civil
Resum
Obreres més conscients. Militància femenina i mobilització sindical socialista entre les torroneres de Xixona (1931-1939)
L’article té com a objectiu l’estudi de la mobilització femenina per part de la Unió General de Treballadors a la indústria alimentària de la província d’Alacant durant la Segona República i la Guerra Civil. Es considera la sindicació de les
Fecha de recepción: 16/04/2024 Fecha de aceptación: 19/09/2024
ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.4
treballadores del sector torroner, que va tenir el seu major exponent a la localitat de Xixona, principalment a través de l’Asociación de Oficios Varios UGT i del Sindicato de Artes Blancas Alimenticias. L’estudi explora de quina manera van par- ticipar les torroneres en les societats sindicals socialistes, quina era la composició d’aquestes —atenent a criteris d’edat, lloc de residència i categoria laboral, així com a l’existència de vincles familiars— i com els sindicats van ser un instrument per a la defensa dels seus interessos laborals, malgrat la persistència de desigualtats i de la divisió sexual del treball. En definitiva, amb aquest estudi es pretén contribuir a aprofundir en el coneixement de l’ugetisme en particular, i del socialisme en gene- ral, al País Valencià, així com en els estudis de gènere sobre les situacions sociolabo- rals diverses de les treballadores i la seva participació en sindicats.
Paraules clau: indústria torronera, treballadores, UGT, Segona República, Guerra Civil
Abstract
More conscious workers. Female militancy and socialist union mobilization among the nougat workers of Jijona (1931-1939)
The aim of this article is to study the mobilization of women by the Unión General de Trabajadores in the food industry of the province of Alicante during the Second Republic and the Civil War. Mobilizations of women workers in the nougat sector is analysed, which had its greatest exponent in Jijona, mainly through the Asociación de Oficios Varios UGT and the Sindicato de Artes Blancas Ali- menticias. The study explores how nougat makers participated in socialist trade union societies, what their composition was —considering criteria of age, place of residence and job category, as well as the existence of family ties— and how trade unions were an instrument for the defence of their labour interests, despite the persistence of inequalities and the sexual division of labour. In conclusion, this study aims to contribute to deepening the understanding of ugetismo in particular, and socialism in general, in the PaísValencià, as well as gender studies on the diverse socio-labour situations of women workers and their participation in trade unions. Keywords: nougat industry, working women, UGT, Second Republic, Spanish
Civil War
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La instauración de la Segunda República se produjo en un contexto de cambios y con- tinuidades en los imaginarios culturales sobre las relaciones de género, la masculinidad y la feminidad, la presencia de las mujeres en las esferas pública y privada, y el surgimiento de nuevas posibilidades políticas, sociales y culturales para ellas.1 Entre la legislación que favoreció la situación de las trabajadoras se encontraba la Ley de Asociaciones Profesionales de Patronos y Obreros, de abril de 1932, que permitía a las mujeres casadas formar parte de una asociación profesional sin necesidad de disponer de una autorización expresa de sus maridos, lo que les permitía participar libremente en los sindicatos.2
1 Aguado, A. (2002). La experiencia republicana. Entre cultura del reformismo político y las culturas obreras. En Aguado, A. y Ramos, M.D. La modernización de España (1917-1939): Cultura y vida cotidiana. Síntesis, 203-204.
2 Ley de Asociaciones Profesionales del 14 de abril de 1932. Gaceta de Madrid, n.º 15.
La movilización y politización femeninas, que habían aumentado notablemente a partir de 1931, se multiplicaron con el estallido de la Guerra Civil, cuando se produjo un crecimiento del número de mujeres pertenecientes a sindicatos y partidos de distintas ideologías, al tiempo que también hubo un mayor interés de estas sociedades por atraerlas a sus filas.3
En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo el estudio de la movilización femenina por parte de la Unión General de Trabajadores (UGT) durante la Segunda Repú- blica y la Guerra Civil tomando como caso de examen concreto el de la industria turronera de Jijona, sector con abundante mano de obra femenina situado en un enclave con tradición socialista. A partir del análisis de la Asociación de Oficios Varios UGT y del Sindicato de Artes Blancas Alimenticias, se explora de qué modo participaron las turroneras en las sociedades sin- dicales socialistas —que fueron un instrumento para la defensa de sus intereses laborales— y cómo se articularon las relaciones de género en su seno.
Introducción
La integración de las mujeres en el PSOE y en la UGT fue una cuestión compleja y, en oca- siones, contradictoria por la convivencia de discursos de género más igualitarios con otros de carácter más tradicional en el siglo XIX y principios del XX. Para Ana Aguado, el “despertar femenino” en la cultura política socialista se produjo entre 1900 y 1918, aunque la “consciencia femenina” no empezó a desarrollarse progresivamente entre sectores más amplios de la pobla- ción hasta la década de 1920.4 En España la creación de Grupos Femeninos dentro del PSOE tuvo lugar a partir de 1904 en Bilbao y Madrid, y esto, junto con la realización de viajes de propaganda de algunos líderes socialistas en la década de 1910, entre ellos Virginia González, estimuló la organización de Grupos Femeninos en diversas localidades castellonenses, valen- cianas y alicantinas, como Jijona, por lo que el interés de las jijonencas por el socialismo no se reducía únicamente al ámbito sindical.5
En los estatutos de la UGT se defendía la “igualdad salarial entre los dos sexos” porque se as- piraba a construir un sindicato de masas que incluyese a los trabajadores no cualificados, entre los cuales se encontraban la mayoría de las mujeres obreras. El sindicato debía convertirse en la
3 Nash, M. (1999). Rojas: Las mujeres republicanas en la Guerra Civil. Taurus; Moreno, M. (2009). Mujeres y Guerra Civil en el País Valenciano. En Girona, A. y Navarro, J. (Eds.). Fa setanta anys: La Guerra Civil al País Valencià (1936-1939). PUV, 153-168; Aguado, A. (2009). Republicanes i antifeixistes. Identitat i memòria femenina a la Guerra Civil. En Girona, A. y Navarro, J. (Eds.). Fa setanta anys…, op. cit., 169-180;Verdugo,V. (2018). Mujeres y guerra civil: educar en femenino durante el contexto bélico. En Valero, S. y García, M. (Eds.). Desde la capital de la República: Nuevas perspectivas y estudios sobre la Guerra Civil española. PUV, 207-224.
4 Aguado, A. (2020). Cultura socialista, ciudadanía y feminismo en la España de los años veinte y treinta. Historia Social (67), 135 y 138-139; Aguado, A. (2019). María Cambrils: identidad feminista y cultura socialista. En Ortega,T.M., Aguado, A. y Her- nández, E. (Eds.). Mujeres, dones, mulleres, emakumeak: Estudios sobre la historia de las mujeres y del género. Cátedra, 59; Aguado, A. y Sanfeliu, L. (2015). Juventud, socialismo y compromiso político femenino: entre el asociacionismo y la militancia (1906-1931). Ayer (100), 50.
5 Entre 1904 y 1917 había Grupos Femeninos en Valencia, Alcoy, Elda,Villena, Crevillent y Alicante. Entre 1918 y 1927 se orga- nizaron las de Castellón de la Plana, el Pla del Real y Jijona. Aguado, A. (1999).Trabajo, género y clase. Ideología y experiencia femenina en el primer socialismo. En Aguado, A. (Coord.). Las mujeres entre la historia y la sociedad contemporánea. Generalitat Valenciana, 65-90;Aguado,A. (2020). Cultura socialista, ciudadanía…, op. cit., 135;Aguado,A. (2019). María Cambrils: identidad feminista…, op. cit., 58-59; Aguado, A. y Sanfeliu, L. (2015). Juventud, socialismo y…, op. cit., 51; Capel, R.M. (2008). Mujer y socialismo (1848-1939). Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea (7), 109-111; Del Moral, M. (2005). El “Grupo Femenino Socialista” de Madrid (1906-1914): pioneras en la Acción Colectiva Femenina. Cuadernos de Historia Contemporánea (27), 247-269; Del Moral, M. (2008). Apunts sobre l’estudi de l’acció col·lectiva femenina al Madrid del primer terç del segle
XX. Segle XX: Revista Catalana d’Història (1), 107-114; Del Moral, M. (2012). Acción colectiva femenina en Madrid (1909-1931). Universidad de Santiago de Compostela, 203 y 382.
base del partido, al igual que pasaba en otros partidos socialdemócratas europeos.6 Su implan- tación en el País Valenciano antes de la década de 1920 se reducía a núcleos tradicionales so- cialistas y estaba relacionada con los viajes de propaganda a las provincias de Alicante,Valencia y Castellón llevados a cabo por algunas personalidades relevantes dentro del socialismo, como había ocurrido con la organización de Grupos Femeninos.7
Asimismo, como ha analizado Salvador Forner, en la década de 1920 se produjo en la pro- vincia de Alicante un crecimiento de las sociedades y del número de afiliados, especialmente en zonas donde la CNT tenía menos presencia. La sindical anarquista tenía sus enclaves prin- cipales en los núcleos industriales de Elda, Alcoy y Petrel, aunque esto no implicaba que en dichos municipios no hubiese también sindicalismo socialista en esa década y la posterior.8 Según Forner, en 1928 la UGT de la provincia contaba con 10.251 afiliados, mientras que tres años después pasó a tener 157 sociedades adheridas y 19.847 miembros. En este sentido, fue importante el aumento de sindicatos de carácter agrícola desde que se constituyó la Federa- ción Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) en 1930, aunque también hubo nuevas sociedades de carácter industrial.9
La presencia femenina en estas organizaciones socialistas se hace patente desde principios de siglo. Entre las sociedades que eran controladas por el Círculo Obrero Ilicitano, en 1900 encontramos La Unión. Sociedad Feminista de Resistencia y Socorros Mutuos, formada por
1.200 socias y a partir de la cual surgió en 1903 El Despertar Femenino, uno de los primeros sindicatos exclusivamente femeninos de la UGT en el País Valenciano.10 Además, también se tiene constancia de la existencia de otras sociedades de las industrias textil, del calzado, de ofi- cios varios y de actividades relacionadas con la agricultura, como la Sociedad de Resistencia de Obreras Sogueras de Callosa del Segura —más de mil afiliadas en 1927— o la Sociedad de Obreras Naranjeras Unión de Orihuela —132 miembros en 1928.11
6 Pérez Ledesma, M. (1987). El obrero consciente: Dirigentes, partidos y sindicatos en la II Internacional. Alianza, 230.
7 Entre estos viajes, si atendemos a los de la provincia de Alicante, destacan los realizados por Pablo Iglesias en diciembre de 1890 a Crevillent y Elche, que dio lugar a la creación de sociedades mutuas y de resistencia en el Círculo Obrero Ilicitano; los de Anastasio de Gracia a partir de 1922 por Villena, Petrel, Monóvar, Novelda, El Pinoso, Elche o Torrevieja, y los de Lucio Martínez en 1929, quien se reunió con sociedades de trabajadores de la piel en Elche, Monóvar, Orihuela y Torrevieja.Algunos actos celebrados a raíz de la visita de dichas personalidades contaron con una presencia destacable de público femenino. Los viajes de Pablo Iglesias en Moreno, F. (1987). El movimiento obrero en Elche (1890-1931). Institut d’Estudis Gil Albert-Ajuntament d’Elx, 315. Anastasio de Gracia en De Gracia, A. (2015). Memorias de viajes y propaganda (1922-1925). Fundación Anastasio de Gracia, FITEL, 88-96. Para Lucio Martínez véase Boletín de la UGT (en adelante: BUGT), n.º 6, junio de 1929, 15.
8 Forner, S. (1982). Industrialización y movimiento obrero en Alicante. IAM, 217-219. El Boletín de la UGT da noticia de la adhesión al sindicato, entre agosto de 1931 y abril de 1932, de la Sociedad de Agricultores, la Asociación de Trabajadores de la Banca y la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios El Trabajo, con 50, 120 y 75 afiliados respectivamente.Véase BUGT, n.º 32, agosto de 1931, 219; n.º 37, marzo de 1932, 87, y n.º 43, julio de 1932, 279. Para Elda, se informa de la adhesión de la Sociedad de Obreros Agrícolas en agosto de 1930 (no se indica el número de socios), de la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios en diciembre de 1931, con 65 miembros, y de la Sociedad de Conductores de Automóviles en marzo de 1932, con 37 afiliados.Véase BUGT, n.º 32, agosto de 1931, 216; n.º 38, febrero de 1932, 60, y n.º 40, abril de 1932, 120. Para Petrel, existía la Federación del Ramo de la Piel en junio de 1929 (donde habría presencia femenina), las sociedades de Obreros del Calzado, del Ramo de la Edifi- cación, de Oficios Varios y de Trabajadores de la Tierra.Véase BUGT, n.º 7, julio de 1929, 36; n.º 37, enero de 1932, 27; n.º 40, abril de 1932, 119, y n.º 54, junio de 1933, 235.
9 Forner, S. (1982). Industrialización y movimiento… Op. cit., 220.
10 Moreno, F. (1987). El movimiento obrero…, op. cit., 160, 163, 166-170 y 315; Aguado, A. (1999).Trabajo, género y…, op. cit., 79- 86; Aguado, A. y Sanfeliu, L. (2021). El camino de la liberación. Asociacionismo femenino y culturas obreras en la Segunda República (1931-1936). Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea (22), 240. Como se ha señalado en otras ocasiones, muchas organizaciones femeninas, artículos y publicaciones, especialmente a partir de la Segunda República, recibirían el nombre de Despertar o Despertar Femenino para enfatizar la toma de conciencia de las propias trabajadoras y afiliadas como sujetos con derechos sociales, laborales y políticos.
11 Forner, S. (1982). Industrialización y movimiento…, op. cit., 218.
Los estudios sobre las condiciones laborales de las trabajadoras y la militancia femenina dentro del socialismo durante la Segunda República y la Guerra Civil han puesto de relieve que la movilización de las trabajadoras por parte del socialismo se produjo en ámbitos tanto urbanos como rurales, que las trabajadoras desempeñaron un papel activo dentro de estas so- ciedades y que tuvieron que hacer frente a las resistencias a los cambios y a persistencias de la división sexual del trabajo.12 En algunos casos, como Bocairent, localidad próxima a Jijona, las mujeres tenían un papel fundamental en las industrias textiles y habían participado en algunos conflictos para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales desde finales del siglo XIX y principios del XX, aunque la sociedad de trabajadores La Victoria no manifestó interés por su afiliación hasta después de la instauración del nuevo régimen republicano. En otros, como Puebla del Duc, Alcira o Castellón de la Plana, se crearon sociedades agrícolas exclusivamente femeninas en un entorno en el que existían otros sindicatos socialistas y de distintas ideolo- gías.13
Es en este marco donde se sitúa el estudio de la militancia femenina en la industria turronera jijonenca, que ocupaba mano de obra masculina y femenina y que se desarrolló en una región subárida de secano donde se cultivaban almendros.14 Su enclave principal era la localidad de Ji- jona, que contaba con 6.715 habitantes en 1930, 3.396 mujeres y 3.329 hombres.15 Esta industria tenía un carácter estacional, debido a que la recogida de las almendras se realizaba entre agosto y septiembre y el turrón se elaboraba y se vendía entre septiembre y enero, principalmente. Esta actividad se complementaría en algunos casos con la fabricación y venta de helados en los meses estivales. Se cree que inicialmente las mujeres eran las que elaboraban el turrón en sus casas de un modo artesanal, a partir del aprovechamiento de los recursos que tenían a su alcance, como almendras y miel. Posteriormente, el proceso se mecanizó y se crearon más industrias para la producción y la distribución del dulce a mayor escala. Este trabajo, que no
12 Algunas investigaciones sobre las condiciones laborales de las mujeres: Nash, M. (1983). Mujer, familia y trabajo en España, 1875-1936. Anthropos; Borderías, C. (2006). El trabajo de las mujeres: discursos y prácticas. En Morant, I. (Dir.). Historia de las mujeres en España y América Latina: Del siglo XIX a los umbrales del XX. Cátedra, 353-377. Del Moral, M. (2008). Apunts sobre l’estudi de l’acció col·lectiva femenina…, op. cit., 105-124; Ortega,T.M. y Cabana,A. (2021). “Haberlas, haylas”. Campesinas en la historia de España en el siglo XX. Marcial Pons; Ortega,T.M. (2012). Campesinas: nuevos sujetos para la investigación histórica. Alcores (14), 51-69; Ortega,T.M. (2012).Género y mundo rural. Las mujeres del campo como “agentes de cambio”. En Ramos,
M.D. (Coord.). Andaluzas en la historia: Reflexiones sobre política, trabajo y acción colectiva. Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces y Junta de Andalucía, 139-171. Algunas investigaciones que abordan la movilización femenina en el País Valenciano son: Moreno, M. (2009). Mujeres y Guerra Civil…, op. cit., 153-168;Valero, S. (2008). Socialisme i democràcia a la Segona República. La Federació Socialista Valenciana (1931-1936). Afers: Fulls de Recerca i Pensament (61), 693-710; Calzado, A. (2004). II República, Guerra Civil y primer franquismo, la Vall d’Albaida (1931-1959) [Tesis doctoral, Universitat de València]; Martí, A. (2021). Moviment obrer i identitat a la Vall d’Albaida (c. 1890-1939): Classe, gènere i nació. Institut d’Estudis de la Vall d’Al- baida; Bosch, A. y Benavent, I. (2022). En defensa de la legalitat reformista. La consolidació de la Unió General de Treballadors (1931-1936). En Martí, A. (Coord.). Història de la Segona República al País Valencià. IAM, 133-160.
13 Martí, A. y Benavent, I. (2021-2022). L’espai local: una cruïlla d’identitats. Nació, classe i gènere a través de l’associacionisme obrer a Bocairent (c. 1914-1936). Afers: Fulls de Recerca i Pensament (99), 631-654; Benavent, I. (2019). La “Sociedad de Obreras Manuales” de la Pobla del Duc i el sindicalisme socialista femení en la II República i la Guerra Civil. Alba: Revista d’Estudis Comarcals de la Vall d’Albaida (30), 104-125; Rovira, R. (1996). Mobilització social, canvi polític i revolució: Associacionisme, Segona República i Guerra Civil. Alzira 1900-1939. Germania; Alcón, E. (2022). La acción colectiva de las mujeres obreras en Castellón durante la Segunda República y la Guerra Civil: Entre la reivindicación laboral y la reafirmación identitaria feminista [Tesis doctoral, Universitat Jaume I]. Para la participación de El Despertar Femenino de Castellón de la Plana en conflictos, véase también Vicent, M. (2006). Conflicto y revolución en las comarcas de Castelló, 1931-1938. Universitat Jaume I, 113 y 126.
14 Jordá, R.M. (1973). La industria del turrón…, op. cit., 56; Melis, A. (1991). El turrón. En Uroz, J. (Coord.). Historia de la provincia de Alicante (Vol. 7). Mediterráneo, 437-445.
15 Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística, t. I. Resultados definitivos, Censo de población de 1930 de la provincia de Alicante, 4, disponible en https://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=98474 [fecha de consulta, 3-11-2023]. Aparte de Jijona, la otra localidad donde fue relevante la producción turronera y que da nombre a un tipo de turrón fue Alicante.
requería una elevada cualificación profesional, constituyó una fuente de ingresos fundamental para muchas familias y pasó de ser considerada una actividad complementaria a conformar una industria esencial para la región.16
La industria turronera jijonenca, un ejemplo de militancia femenina socialista
Con la instauración del nuevo régimen republicano, la UGT experimentó un gran creci- miento gracias a su presencia en el campo y en la ciudad y a la estrategia de actuar moderada- mente y en colaboración con las instituciones políticas. Fue esencial el papel que desempeñó Largo Caballero, secretario general de la UGT hasta 1938 y ministro de Trabajo y Previsión Social entre abril de 1931 y septiembre de 1933. Contaba, además, con experiencia previa en la participación en organismos y comisiones para elaborar una legislación laboral a lo largo del primer tercio del siglo XX. Durante la Segunda República, los socialistas plantearon una reforma profunda del sistema de relaciones laborales que implicaba la intervención del Estado y una gran capacidad de actuación y mediación de las sociedades obreras.17 El corporativismo obrero de los socialistas pretendía que se garantizase la existencia de sindicatos y de jurados mixtos para que estos organismos tuviesen capacidad de negociar con los patronos, de modo que la influencia y “el poder de la UGT dependerá de su capacidad para estar presente allí donde se discutan leyes o se tomen decisiones que afecten a la clase obrera”. Asimismo, aspira- ban a frenar la recuperación y el crecimiento de la CNT.18
Entre 1931 y 1932 hubo un notable incremento de las adhesiones al socialismo: si bien en octubre de 1931 la UGT tenía 654.403 afiliados y afiliadas, en 1932 se convirtió en el princi- pal sindicato de España con 1.041.539 miembros. Después de Madrid, el País Valenciano era la región con mayor afiliación, con 147 sociedades y 29.145 socios en la provincia de Valencia, 154 secciones y 19.768 miembros en Alicante, y 61 sociedades y 7.721 afiliados en Castellón.19 Este crecimiento también tendría que ver con la realización de actos de propaganda en la pro- vincia de Alicante por parte de Margarita Nelken, de las hermanas Claudina y Luz García,20 y de grupos de socialistas ya organizados que visitaron otras localidades de la provincia para estimular la afiliación al socialismo, como los hombres y las mujeres jóvenes de Elche que se desplazaron a Torrevieja.21
16 Domingo, C. (2000).Trabajo femenino en un antigua…, op. cit., 93 y 101.
17 Aróstegui, J. (2006). Largo Caballero y la construcción de un “código de trabajo”. En Aróstegui, J. (Ed.). La República de los trabajadores: La Segunda República y el mundo del trabajo. Fundación Francisco Largo Caballero, 210-212 y 220; Barrio, A. (2010). La regulacion de la negociación colectiva en la II República. En Gutiérrez, C. (Ed.). El reto de la modernización: El reformismo socialista durante la II República. Fundación Pablo Iglesias-Ayuntamiento de Camargo, 17-22.
18 Juliá, S. (1983). Corporativistas obreros y reformadores políticos. Crisis y escisión del PSOE en la II República. Studia His- tórica. Historia Contemporánea (1), 42-46; la cita en 43.
19 Bizcarrondo, M. (2008). Historia de la UGT: Entre la democracia y la revolución, 1931-1936. Siglo XXI, 22. Para ampliar: Bosch,
A. y Benavent, I. (2022). En defensa de la…, op. cit., 133-160.
20 Participación de Margarita Nelken en un mitin en Elche en Juventud, n.º 10, 25-12-1932, 2, y en Reflejos, n.º 122, 16-1-1933,
Visita de Claudina García a Alicante: BUGT, n.º 46, 10-1932, 71; a Torrevieja y San Juan: BUGT, n.º 224, 16-5-1931, 2-3; a Onil: BUGT, n.º 270, 2-4-1932, 2. Luz García en Elche en El Obrero, n.º 263, 3-5-1931, 3, y n.º 264, 10-4-1931, 4. Para el estudio de las hermanas Claudina y Luz García y la importancia de los vínculos familiares, véase Del Moral, M. (2020). La militancia familiar como forma de compromiso político: el liderazgo de las hermanas García Pérez (1918-1931). Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cultura (796), 1-10.
21 De Torrevieja, en El Mundo Obrero, n.º 220, 18-4-1931, 2, se dice:“Como se ve, son las mujeres ilicitanas republicanas, cum- plidoras de sus derechos. ¡Imitadles, mujeres de Torrevieja!”.
En este ambiente favorable a la movilización de las clases trabajadoras, en 1931 se constituyó en Jijona la Asociación de Oficios Varios, que se adhirió a la UGT el 24 de septiembre del mismo año, cuando contaba con 227 afiliados y afiliadas.22 Estaba formada por secciones que reunían a trabajadores y trabajadoras de distintos ramos, entre ellos turronero, agricultura, car- pintería, albañilería, metalurgia, camareros y servicio doméstico. Dichas secciones escogerían a sus propios representantes, que estarían presentes y participarían en la toma de decisiones de la Junta Directiva de la Asociación. En el caso de la sección turronera, desde enero de 1934 encontramos la presencia de dos mujeres en las reuniones, Amelia Pla y Dolores Llorens, que ocuparon el cargo de “vocales natos en representación de las distintas secciones”.23 En junio de 1935 fueron elegidas Mercedes Coloma Maciá como presidenta, María Jerez López como vicepresidenta y Edelmira Sala Planelles como secretaria.24
Entre las funciones de la sociedad se encontraban la defensa de los intereses laborales de las trabajadoras, como tratar de impedir que los empresarios redujeran sus salarios,25 o la interven- ción para el cobro del “retiro obrero” si la trabajadora solicitante era mayor para estar afiliada a la Asociación.26 Además, también se harían cargo del pago de cuotas o subsidios por defunción de socios o socias a los familiares y mediarían en caso de desacuerdos o conflictos dentro de las secciones.27
Por otra parte, no es sencillo esclarecer cuántos afiliados y afiliadas formaban parte de la Asociación de Oficios Varios de Jijona, porque en algunos casos la documentación está frag- mentada e incompleta, se indica que había problemas para el registro de miembros por las dificultades en el pago de cuotas o se presenta información distinta dependiendo de la fuente que se consulte. En el Libro de actas de la Asamblea General de la Asociación se estimaba que en octubre de 1933 había 676 socios y 707 socias.28 En enero de 1934 se indicaría que había habido 106 altas y 37 bajas de trabajadores, 18 altas de menores de dieciocho años y 46 altas y 78 bajas de mujeres, lo que daría lugar a un total de 745 hombres y 675 mujeres afiliados.29
Las dificultades para saber la cantidad total de miembros del sindicato no son algo extraor- dinario ni único de Jijona, sino que era bastante habitual en las sociedades socialistas desde principios del siglo. Por ejemplo, en la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de Madrid, estudiada por Marta del Moral, no había un orden riguroso en la anotación de las altas y las
22 BUGT, n.º 33, 9-1931, 273.
23 Centro Documental Memoria Histórica (en adelante, CDMH), PS-ALICANTE, Caja 37, Expediente n.º 3, Libro de actas de la Junta Directiva de la Asociación Obrera de Oficios Varios UGT de Jijona, sesiones 1 de enero de 1934, folio 9a, 12 de enero de 1934, folio 9b. La cita en sesión 21 de enero de 1934, folio 11a.
24 Ibid., sesión 27 de junio de 1935, folio 46a.
25 Para ello se celebraría una junta general de distintas secciones de la asociación, incluyendo a peladilleras, escaldadoras, enva- sadores y carpinteros. Ibid., sesión 4 de septiembre de 1935, folio 52.
26 Ibid., sesión 20 de marzo de 1936, folio 59b.
27 En el verano de 1935 hubo problemas con la mujer del conserje, que en la práctica se encargaba de las tareas de su esposo, quien padecía problemas de salud, debido a que se la acusó de escuchar y difundir los asuntos que se trataban en confidencia- lidad en las sesiones de las juntas directivas y de difamar a miembros de la asociación.Véase Ibid., sesiones 20 de mayo de 1935, folio 45; 27 de junio de 1935, folios 46b y 47a; 1 de agosto de 1935, folio 49. Un año después dos afiliadas, Mercedes Espí y Dolores Garrigós, tuvieron que disculparse tras insultar a miembros de la sección turronera.Véase ibid., sesión 12 de junio de 1936, folio 66b. Para el pago de cuotas o subsidios, consultar ibid., sesión 9 de mayo de 1935, folio 39b.
28 CDMH, PS-ALICANTE, Caja 37, Expediente n.º 3, Libro de actas de la Asamblea General de la Asociación Obrera de Oficios Varios UGT de Jijona, sesión 8 de octubre de 1933, folio 2a y b.
29 Ibid., sesión 14 de enero de 1934, folio 3b. No es posible saber el total de menores de dieciocho años afiliados porque no se hace referencia a ellos en otras ocasiones. Además, estas cifras no siempre coinciden con las que se presentan en el Libro de Actas de la Junta Directiva de la Asociación de Oficios Varios y en algunos carnés de afiliación conservados.Véase CDMH, PS-ALICANTE, Caja 73, Carnés de la Asociación Obrera de Oficios Varios de Jijona.
bajas en el Libro de registro, especialmente tras la disolución de una Sección de Mujeres en 1907 y la inscripción de sus miembros en el registro general de la Varia. Además, a pesar de tratarse de un contexto distinto —por la cronología, las diferencias entre una pequeña población y la capital del país y los oficios de las afiliadas—, la sociedad madrileña nos permite establecer otros paralelismos con la jijonenca. Entre los objetivos de la Varia estaban la mejora de las con- diciones laborales de sus afiliadas y la creación de nuevas sociedades de trabajadoras, una vez que se reuniera una cantidad concreta de trabajadoras de un mismo oficio. Si bien este no era un objetivo que estuviera explícito en el reglamento del sindicato jijonenco, también reunía a obreras que se ocupaban de trabajos distintos y que, posteriormente, pasarían a formar parte del Sindicato de Artes Blancas.30 Igualmente, el estar afiliada al sindicato permitía participar en las actividades de la Casa del Pueblo y tener derecho a determinadas prestaciones, como los subsidios, lo que podía suponer un factor atrayente para que los trabajadores se afiliasen.31
Tras la revolución de octubre de 1934, los socialistas padecieron los efectos de la represión ejercida por el Gobierno radical-cedista, fueron perseguidos, torturados y encarcelados, y se clausuraron muchos centros obreros en todo el país. En Jijona las fuerzas del orden entraron en el local de la sociedad para registrarlo y las sociedades socialistas estuvieron inactivas hasta mayo de 1935, cuando quedaban, aproximadamente, 650 trabajadores y 506 trabajadoras afiliadas. A pesar de esto, si bien en mayo se levantaron algunas de las sanciones que se habían impuesto a las sociedades sindicales y políticas, otras prohibiciones persistieron hasta diciembre de 1935.32 El problema del impago de cuotas se agravó de tal modo que en las reuniones se animaba “a los compañeros que emprendan una activa y persistente campaña entre familiares y amistades para que cumplan todos puntualmente con la Sociedad”.33 Para hacer frente a esta situación, se creó una Comisión Inspectora de Cuentas que estaría formada por cuatro hombres y dos mujeres, María Soler Gisbert e Isabel Soler Ros.34
No obstante, a partir del otoño de 1935 y los primeros meses de 1936 se experimentó de nuevo un aumento de la afiliación. Dicho incremento estaría relacionado con la celebración de actos de propaganda, como el organizado el 24 de noviembre de 1935 por la Agrupación Socialista. Participaron Luis Deltells, Juan Berenguer, Ramón Lamoneda y María Lejárraga, y asistieron como representantes de la Asociación de Oficios Varios cuatro miembros de la junta directiva, entre ellos Mercedes Coloma y Edelmira Sala.35 También fue significativo el “gran- dioso acto de unidad obrera”, que “constituyó un rotundo éxito”, del 25 de enero de 1936, en el que participaron el socialista Berenguer, el alcalde y Carmen Juan, ambos comunistas.36
La Guerra Civil también implicó un aumento de la afiliación a los sindicatos y partidos políticos y una alteración de la vida cotidiana y de las actividades económicas. En Jijona el sindicato socialista llegó a acoger a 1.503 trabajadores y 1.094 trabajadoras en marzo de 1937,
30 Del Moral, M. (2014). La Sociedad de Profesiones y Oficios Varios: un vivero para el sindicalismo madrileño (1894-1915). En Casteillo, S. (Coord.). Mundo del trabajo y asociacionismo en España: Collegia, gremios, mutuas, sindicatos. La Catarata, 1-3 y 7.
31 Ibid., 3-4.
32 CDMH, Libro de actas de la Junta Directiva de la Asociación Obrera…, op. cit., sesión 17 de abril de 1935, folio 35b; CDMH, Libro de actas de la Asamblea General de la Asociación…, op. cit., sesión 7 de mayo de 1935, folio 16b. González Calleja et al. (2021). La Segunda República española. Pasado y Presente, 968-970; Piqueras, J.A. (2006). Persiguiendo el porvenir: La identidad histórica del socialismo valenciano (1870-1976). Algar, 182.
33 CDMH, Libro de actas de la Asamblea General de la Asociación…, op. cit., sesión 16 de junio de 1935, folio 20a.
34 Ibid., sesión 12 de abril de 1936, folio 30a.
35 Ibid., sesión 15 de octubre de 1935, folio 56b.
36 Acto en Jijona, Rebelión, n.º 35, 25-1-1936, 3.
y a 1.494 obreros y 1.138 obreras en julio, con un total de 2.632 miembros, aunque estas cifras variarían en los dos años posteriores, tal y como se explica más adelante.37
A su vez, la guerra comportó una mayor movilización y politización de las mujeres. La defensa del antifascismo había estado presente en el socialismo desde 1933, y a partir de 1936 muchas mujeres apoyaron esta lucha mediante la organización de campañas de ayuda a los combatientes en el frente, ocupándose de distintas tareas en la retaguardia y, en menor medida, participando directamente en el conflicto armado como milicianas. También hubo mujeres trabajadoras que entraron a formar parte de algunas asociaciones femeninas, como la Agrupa- ción de Mujeres Antifascistas, que aglutinaba a mujeres republicanas de distintas afiliaciones políticas.38 En este contexto, dos meses después del inicio de la guerra, varias trabajadoras de Jijona se reunieron con el alcalde para solicitarle, en nombre de todas las mujeres antifascistas de la localidad, que se incautase un local para que “se pudieran reunir libremente y luchar en pro de la causa feminista”, aunque esto no implicaría que dejaran de estar afiliadas a la Asocia- ción de Oficios Varios.39
Otro de los organismos de relevancia del periodo que defendía la lucha contra el fascismo y la solidaridad entre países y entre comunistas fue el Socorro Rojo Internacional (SRI). En España había organizado campañas de ayuda por la represión de la revolución de octubre de 1934 y sus acciones se intensificaron durante la Guerra Civil, cuando se convirtió en un elemento clave del sistema sanitario republicano.40 Las relaciones entre los comunistas del So- corro Rojo y los socialistas fueron complejas y ocasionaron diversos enfrentamientos, aunque, en las provincias más afectadas por la represión de octubre de 1934, en los comités de ayuda organizados por el SRI, donde las mujeres desempeñaron un papel esencial, actuaron conjun- tamente socialistas, comunistas y algunos anarquistas. En particular, la diputada socialista Mar- garita Nelken participó activamente en campañas de propaganda y de recaudación de fondos para el SRI, aunque fue criticada por el partido.41 Los enfrentamientos y la desconfianza entre miembros de distintas culturas políticas también se dieron en Jijona, donde, en diciembre de 1937, las trabajadoras socialistas se mostraron reticentes a contribuir con un 25% de su jornal a una de las campañas de recaudación de fondos del SRI porque no creían que la ayuda llegara a los combatientes.42 Es posible que las turroneras se mostraran más cautas y precavidas porque la petición había sido formulada por comunistas, sin olvidar que llevaban más de un año en un contexto de guerra y escasez en el que muchas familias trabajadoras no podían permitirse donar una parte de su salario. Además, estas peticiones y manifestaciones evidencian que la de- fensa y difusión de los valores antifascistas también llegó a localidades más pequeñas y alejadas de los grandes núcleos urbanos y centros políticos de la España republicana. Sin embargo, esto
37 CDMH, Libro de actas de la Asamblea General de la Asociación…, sesiones del 5 de mayo de 1937, folio 47b, y 14 de julio de 1937, folio 51b, respectivamente.
38 Nash, M. (1999). Rojas: Las mujeres republicanas…, op. cit., 112-113 y 156-165; Ginard, D. (2015). Mujeres, juventud y activismo antifascista en la Europa mediterránea (1933-1945). Ayer (100), 97-121.
39 CDMH, Libro de actas de la Asamblea General de la Asociación…, op. cit., sesión del 14 de septiembre de 1936, folios 32b y 33a.
40 Branciforte, L. (2009). Legitimando la solidaridad femenina internacional: el Socorro Rojo. Arenal: Revista de Historia de Mujeres (16), 27-52.
41 Branciforte, L. (2011). El Socorro Rojo Internacional (1923-1939): Relatos de la solidaridad antifascista. Biblioteca Nueva, 148, 161, 166, 171 y 221-222.
42 CDMH, Libro de actas de la Asamblea General de la Asociación…, sesión del 17 de diciembre de 1937, folio 60a.
no implicaría que esta difusión de valores e ideales se produjese sin dificultades o que todas las campañas de solidaridad y peticiones de ayuda fueran apoyadas sin ser cuestionadas.
Por lo que respecta a las alteraciones en la economía, la industria turronera tuvo que hacer frente a diversos desafíos, como el desplazamiento de parte de los trabajadores al frente, tal y como ha señalado José Miguel Santacreu. Esto conllevó un aumento aún mayor de la mano de obra femenina en la industria43 en un momento en el que se estaban produciendo también algunos cambios dentro del sindicato socialista. Las trabajadoras de la sección turronera de la Asociación de Oficios Varios se afiliaron al Sindicato de Artes Blancas Alimenticias UGT de Jijona tras el estallido de la Guerra Civil, aunque no se puede señalar con exactitud la fecha. Se sabe que fue en el verano de 1936 porque, según apunta Santacreu, el 6 de junio las turro- neras recibieron una carta del Sindicato Provincial de las Artes Alimenticias que las animaba a ingresar en el organismo, y algunos carnés de afiliación señalan que pertenecían a él después de septiembre de 1936.44 Conviene tener presente que, en muchos municipios, la afiliación a la UGT o la CNT condicionaba el acceso al trabajo, pues en las fábricas, talleres e industrias colectivizados o donde había un control obrero se empleaba mano de obra sindicada. Por eso se ha considerado que uno de los motivos del incremento de la afiliación ugetista desde el inicio de la contienda fue la llegada de hombres y mujeres que querían conservar su puesto de trabajo u obtener uno nuevo. Paralelamente, otro factor del crecimiento sindical era la afilia- ción para evitar persecuciones por razones ideológicas y políticas. Por tanto, es probable que algunas mujeres de Jijona se afiliaran al sindicato para poder trabajar en el sector turronero, aunque esto no implica que todas las miembros se adhirieran por este interés y no compartie- ran razones ideológicas.45
El análisis de los tres libros de cotizaciones del Sindicato de Artes Blancas Alimenticias de
1938 y 1939 nos permite saber el número de afiliados y realizar un estudio sociodemográfico, estableciendo una clasificación por tareas, edades y lugar de residencia, al igual que muestra la existencia de relaciones familiares entre las afiliadas. El Sindicato estaba formado por 310 hombres y 630 mujeres y, tal y como se observa en la tabla 1, se ha realizado una clasificación por edades de las afiliadas que muestra que había tres trabajadoras que tenían 12, 14 y 15 años. Aunque en las bases de trabajo también se contemplara la presencia de trabajadoras a partir de 14 años, según la Ley de Asociaciones de 1932, para estar afiliado a una sociedad obrera era necesario tener 16 años.46 Las nacidas entre 1917 y 1923, que tenían entre 16 y 22 años, con
43 Santacreu, J.M. (1996). El trabajo de la mujer en la industria turronera durante la Guerra Civil española. En Vara, M.J. y Maquieira,V. (Coords.). El trabajo de las mujeres, siglos XVI-XX:VI Jornadas de Investigación Interdisciplinaria sobre la Mujer. Uni- versidad Autónoma de Madrid-Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, 427.
44 Las sociedades de trabajadores de un mismo oficio o de oficios varios de una localidad podían pertenecer también a los sin- dicatos de ámbito provincial y a las federaciones de oficios de ámbito nacional. Archivo Fundación Pablo Iglesias (en adelante, AFPI), AARD-273-274, Estatutos de la Unión General de Trabajadores modificados por el XVII Congreso, celebrado en Madrid, en octubre de 1932, título II, art. 3.º, 12-13; BUGT, n.º 37, 1-1932, 5 de “Índice de 1932”. CDMH, PS-ALICANTE, Caja 73, Carnés de la Asociación Obrera de Oficios Varios de Jijona, carné n.º 112; Santacreu, J.M. (1996). El trabajo de la mujer…, op. cit., 431.
45 Bosch, A. (2009). Guerra y revolución social, guerra y economía. En Girona, A. y Navarro, J. (Eds.). Fa setanta anys: La Guerra Civil al País Valencià (1936-1939), PUV, 65-67. Pilar Domínguez ha analizado la contribución de las mujeres a la causa republi- cana durante la contienda mediante su participación en sindicatos y partidos y su trabajo en talleres, fábricas y hospitales. La experiencia de la guerra y su militancia marcaron sus vidas, y en particular la autora señala cómo años después, desde su exilio en México, explicaban que se habían afiliado para poder tener un trabajo. Domínguez, P. (1992). Mujeres españolas exiliadas en México (1939-1950) [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid], 56-76, disponible en https://webs.ucm.es/BUCM/ tesis/19911996/H/0/AH0010801.pdf.
46 Ley de Asociaciones Profesionales del 14 de abril de 1932, Gaceta de Madrid, n.º 15. En el Reglamento de la Asociación Obrera de Oficios Varios UGT de Jijona de 1931, que se regía por la Ley de Asociaciones de 1887, se permitía la afiliación de
edad legal para estar afiliadas pero no para votar, constituían el 16,03% del total de las afiliadas, siendo casi las mismas que las nacidas entre 1910 y 1916 —106 mujeres, un 16,83% del total.
Estos datos contrastarían con lo expuesto por José Miguel Santacreu, que, al tratar los jorna- les percibidos por las mujeres, argumenta que “una gran mayoría de ellas tenían entre 14 y 16 años”,47 mientras que, según los libros de cotizaciones, tan solo habría cinco trabajadoras que tendrían entre 14 y 16 años. Los dos grupos más numerosos, que comprendían casi la mitad de todas las trabajadoras, eran el de 30 a 39 años y el de 40 a 49 años, mientras que las más adultas, entre los 50 y 59 años, solo representarían el 12,06%. Resulta relevante la presencia de 41 mujeres mayores de 60 años, nacidas antes de 1879. Las más mayores,Teresa Taberna e Isabel Pagán Navarro, tenían 70 y 76 años respectivamente.48
Más del 40% de las afiliadas nacieron antes de 1900, lo que implica que vivieron muchos cambios políticos y sociales, como la Primera Guerra Mundial, el fin de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera. Eran mujeres adultas cuando se instauró la Segunda República y constituían un grupo más homogéneo, pues la mayoría probablemente estarían casadas y tendrían descendencia.
Tabla 1. Clasificación por edades de las trabajadoras afiliadas al Sindicato de Artes Blancas Alimenticias de Jijona49
Edad | Fecha nacimiento | Cantidad | % del total |
Menos de 16 años | 1924... | 3 | 0,48% |
16-22 años | 1917-1923 | 101 | 16,03% |
23-29 años | 1910-1916 | 106 | 16,83% |
30-39 años | 1900-1909 | 157 | 24,92% |
40-49 años | 1890-1899 | 139 | 22,06% |
50-59 años | 1880-1889 | 76 | 12,06% |
60+ | 1879... | 41 | 6,51% |
Desconocida | - | 7 | 1,11% |
TOTAL | - | 630 | 100% |
Fuente: Elaboración propia a partir de Libros de cotizaciones del Sindicato de Artes Blancas Alimenticias UGT de Jijona.
Las 630 trabajadoras del Sindicato de Artes Blancas Alimenticias de la UGT residían en la localidad de Jijona. La clasificación de sus domicilios nos permite observar que el lugar de re- sidencia de más del 27% de las afiliadas se concentraba en dos calles,Vicente Cabrera —donde estaba la Casa del Pueblo—50 y Libertad. Les seguían en importancia las calles Pablo Iglesias, Canalejas, Pi y Margall y Buenaventura Durruti. En estas seis calles vivía el 58,26% de las afi-
trabajadoras a partir de los catorce años.
47 Santacreu, J.M. (1996). El trabajo de la mujer…, op. cit., 430.
48 El carácter intergeneracional del sindicato y la convivencia de mujeres de distintas edades, desde muy jóvenes hasta mayores, también se dieron en La Varia de Madrid. Del Moral, M. (2014). La Sociedad de Profesiones…, op. cit., 9.
49 Las fechas de nacimiento se han calculado con respecto a 1939, porque entre 1938 y 1939 se introdujeron los datos de las afiliadas en los libros de cotizaciones.
50 CDMH, Libro de actas de la Junta Directiva de la Asociación Obrera…, sesión del 11 de octubre de 1933, folio 1a.
liadas al sindicato, lo que nos indica que estas familias trabajadoras ugetistas residirían en unos barrios determinados y cercanas al centro obrero. Es más, en algunos casos no solo vivían en una misma zona, sino que también trabajaban juntas, como se ha podido constatar en otras localidades con mucha presencia del socialismo, como Puebla del Duc y Alcira,51 y existían re- laciones de parentesco, tal y como se analizará a continuación.Todos estos factores favorecerían la sociabilidad y la transmisión de unos determinados valores y creencias.
Tabla 2. Clasificación por lugar de residencia de las trabajadoras afiliadas al Sindicato de Artes Blancas Alimenticias de Jijona
Calles | Cantidad | % del total |
Vicente Cabrera | 88 | 13,97% |
Libertad | 85 | 13,49% |
Pablo Iglesias | 58 | 9,21% |
Canalejas | 58 | 9,21% |
Pi y Margall | 41 | 6,51% |
Buenaventura Durruti | 37 | 5,87% |
Nueva | 29 | 4,60% |
García Hernández | 26 | 4,13% |
Salmerón | 25 | 3,97% |
Pasionaria | 25 | 3,97% |
Francisco Ascaso | 25 | 3,97% |
Avenida República | 21 | 3,33% |
Emilio Castelar | 11 | 1,75% |
Hernández Mira | 10 | 1,59% |
Portalet de Tibi | 9 | 1,43% |
14 de Abril | 7 | 1,11% |
Trinquete | 6 | 0,95% |
Colomer | 5 | 0,79% |
Paz, Capitán Galán, Nicolás Verdú y Hospital | 4 | 0,63% |
Granja, Luis Sirval, Blasco Ibáñez y Nakens | 3 | 0,48% |
Otros | 1 o 2 | 9,05% |
TOTAL | 630 | 100,00% |
Fuente: Elaboración propia a partir de Libros de cotizaciones del Sindicato de Artes Blancas Alimenticias UGT de Jijona.
Los estudios sobre la existencia de vínculos familiares y relaciones de parentesco dentro de las organizaciones socialistas no son muy abundantes, pero sí que destacan algunos, como los de Elena Papadia, para los socialistas y anarquistas italianos entre 1870 y 1900, o los pioneros
51 Rovira, R. (1996). Mobilització social, canvi…, op. cit., 73-76; Benavent, I. (2019). La “Sociedad de Obreras Manuales”…, op. cit., 104-125.
de Marta del Moral sobre el socialismo madrileño del primer tercio del siglo XX. Por una parte, Papadia señala que ya a finales del siglo XIX se constata la afiliación de padres e hijos en la federación italiana de la Primera Internacional y la transmisión de ideales políticos entre hermanos y hermanas, que podría favorecer la emancipación de las mujeres.52 Por otra, Del Moral ha analizado la existencia de parentescos entre algunas mujeres del Grupo Femenino Socialista de Madrid (GFSM) y con hombres de la Agrupación Socialista de Madrid (ASM), y ha subrayado el papel fundamental que desempeñaron los vínculos familiares en la difusión de valores y prácticas socialistas. Ha abordado asimismo el activismo e implicación de las her- manas Luz y Claudina García para movilizar a las trabajadoras, hecho que revela la adquisición de un compromiso con la defensa del socialismo que marcaría sus vidas y que cuestiona el estereotipo del hombre como único líder sindical activo, mientras que las mujeres de la familia estarían desligadas y desinteresadas de las prácticas políticas y sindicales.53
En Jijona, a partir del análisis de las edades y los domicilios, se cree que podría haber 148 casos de trabajadoras que tuvieran alguna o varias hermanas en el sindicato —en el caso de Encarnación Pastor Soler también tuvo un hermano en la sociedad, Camilo— y 73 casos en los que había madres e hijas, incluidas también algunas tías y sobrinas. Aun así, es significativo que las tres jóvenes menores de dieciséis años no tenían al parecer madres o hermanas en la sociedad.
Este podría ser uno de los factores que explicarían la afiliación de las turroneras al sindicato socialista, aunque también es necesario tener en cuenta la presencia anterior del socialismo en la localidad, las circunstancias propias del momento y el hecho de que existieran un comité y una cooperativa que regulaban la industria. La primera de las bases de trabajo que firmó el Sindicato de Obreras Turroneras de la UGT con los empresarios del ramo establecía que todas las obreras que pertenecieran a la sociedad tendrían derecho a trabajar en las industrias de la localidad, mientras que la décima base vetaba la posibilidad de trabajar a las turroneras que no fueran de Jijona mientras hubiese obreras de la localidad sin trabajo.54 Estas medidas deben entenderse en el marco del reformismo socialista republicano. En concreto, la décima base recuerda a la de la Ley de Términos Municipales de 1931, que prohibía que se contrataran trabajadores agrícolas foráneos mientras los locales estuviesen desocupados, y la pretensión de extenderla a otros ámbitos más allá de la agricultura.55
Paralelamente a los libros de cotización, en 1938 también se elaboró un “Índice de obreras” del Sindicato de las Artes Blancas Alimenticias de Jijona. Había 1.309 afiliadas, cifra muy supe- rior a la extraída de los libros anteriormente citados, entre las cuales había, al menos, 658 casos de relaciones de parentesco, concretamente de hermanas. Es probable que hubiese más casos de madres e hijas, pero en el índice no se aportan datos suficientes, como la edad o el domici- lio, para esclarecerlo.56 En definitiva, los datos de las tablas anteriores deben tomarse como una
52 Papadia, E. (2019). La forza dei sentimenti: Anarchici e socialisti in Italia (1870-1900). Il Mulino, 25 y 74-78.
53 Del Moral, M. (2012). Acción colectiva…, op. cit., 68-70; Del Moral, M. (2020). La militancia familiar…, op. cit., 1-2 y 4-6.
54 Bases de trabajo acordadas por el Sindicato de Obreras Turroneras UGT y los Industriales del Ramo, folio 432.
55 Su aplicación ocasionó protestas y conflictos por las resistencias de patronos y empresarios, que aumentaron a partir de 1933, hasta ser derogada en mayo de 1934. Cobo, F. et al. (2021). La Segunda República española. Pasado y Presente, 117, 685-686, 690- 691 y 706; Aróstegui, J. (2006). Largo Caballero…, op. cit., 215.
56 CDMH, PS-ALICANTE, Caja 44, Expediente n.º 4, Índice de obreras (1938). Sindicato de Artes Blancas Alimenticias de Jijona.
muestra significativa de la composición de la sociedad y del perfil de las trabajadoras turroneras socialistas, pero no como la totalidad de ella.
Relaciones de género en el sindicalismo socialista
La Asociación de Oficios Varios se basaba en los ideales de legalidad, fraternidad y justicia, y aspiraba a reunir “a todos los trabajadores de ambos sexos aunque pertenezcan a diferentes oficios, siendo su objeto fomentar el gran principio de solidaridad”.57 Los miembros de la so- ciedad se organizaban en tres grupos: los mayores de dieciséis años, que pagarían dos pesetas como cuota de entrada y una peseta mensual, y los menores entre catorce y dieciséis años y las trabajadoras, que pagarían una peseta de entrada y un real al mes (25 céntimos).58 Además de abonar unas cuotas inferiores a las de los hombres, las mujeres y los menores de dieciséis años no tenían que encargarse del “servicio de cobranza”, que se basaba en que cada mes se designaría a un miembro de la sociedad para que se ocupara de la recaudación de las cuotas.59 En el siglo XIX se consideraba que la división del trabajo por sexos era “un hecho social ob- jetivo, derivado de la naturaleza”,60 pensamiento que continuaba en cierta medida presente en el movimiento obrero de las primeras décadas del siglo XX. Se atribuían unas cualidades de- terminadas a cada sexo, y esto, junto con la legislación protectora para las mujeres y los niños, reforzaba la idea de que eran un grupo más vulnerable y dependiente que no debía ocuparse de determinadas tareas, por considerarse peligrosas o perjudiciales para su salud. De este modo, se les asignaría un salario inferior al de los hombres, no porque se valorara el resultado del trabajo realizado sino porque aquello que se tenía en cuenta era si lo había hecho un hombre o una mujer.61 Todo esto también provocaría que las mujeres fueran consideradas un colectivo distinto a los hombres dentro las sociedades sindicales y por eso se les asignaba un pago de cuotas inferior, al igual que los menores de edad. En este sentido, como señaló Joan W. Scott, las relaciones de género hay que entenderlas en términos de desigualdad entre hombres y mujeres e implicaban una concepción normativa de la feminidad, vinculada a la asignación de roles según los sexos, como se analizará posteriormente.62
Como se ha señalado con anterioridad, desde finales de 1935 y principios de 1936 hubo
un incremento del número de afiliados y afiliadas al sindicato. El triunfo del Frente Popular sería celebrado como una oportunidad para “engrandecer y fortificar nuestra Asociación, dis- ciplinarla y sacar el mejor provecho en la defensa de sus asociados”, pero el representante que
57 CDMH, PS-ALICANTE, Caja 73, Expediente n.º 1, Reglamento de la Asociación Obrera de OficiosVarios UGT de Jijona, arts. 1 y 2, folio 4. Este reglamento, junto con un proyecto de reforma, también se encuentra en CDMH, PS-ALICANTE, Caja 37, Expedientes n.º 1, 2 y 3.
58 CDMH, Reglamento de la Asociación Obrera de Oficios…., op. cit., arts. 3 y 11, folios 4 y 6.
59 Ibid., art. 34, folio 14.
60 Scott, J. (1993). La mujer trabajadora en el siglo XIX. En Duby, G. y Perrot, M. (Dirs.). Historia de las mujeres en Occidente. Taurus, 408.
61 Ibid., 405-436; Nash, M. (1983). Mujer, familia…, op. cit., 11 y 49-56; Burguera, M. (1999). La formación de una identidad la- boral femenina: las hilanderas en huelga.Valencia, 1873. En Aguado, A. (Ed.). Mujeres, regulación de conflictos sociales y cultura de la paz. PUV, IUED, 111-112. En este aspecto, la sociedad jijonenca era distinta de la Varia de Madrid, en la que los hombres y las mujeres pagaban las mismas cuotas a pesar de recibir unos salarios diferentes, aunque esto no era lo habitual.Véase Del Moral,
M. (2014). La Sociedad de Profesiones…, op. cit., 6.
62 Scott, J.W. (1986). Gender: A useful category of historical analysis. The American Historical Review (91:5), 1054 y 1056.
habría de formar parte del Comité Central del Frente Popular no sería una mujer, sino el presidente de la sociedad, Antonio Mira Hernández.63
Dos meses después de haber estallado la Guerra Civil, los representantes de la UGT y la CNT se reunieron con los empresarios turroneros para firmar las bases que regularan el trabajo en el ramo. En ellas se determinaba que las mujeres cobrarían 3,70 pesetas por una jornada de ocho horas y que no podrían trabajar con maquinaria, mientras que los hombres obtendrían un salario más elevado en función de las tareas que desempeñaran.64 Posteriormente, en el marco de la organización de nuevas formas de gestión de las industrias, el 12 de septiembre de 1937 se constituyó la Cooperativa Turronera de Jijona UGT-CNT, que funcionaría hasta el 5 de febrero de 1939. Un mes después de su creación, tras un intenso debate, se acordó que las mujeres que trabajasen en la cooperativa fueran “familiares directas o indirectas de los mis- mos cooperadores”.65 Del mismo modo, se acordó crear una sección de mujeres dentro de la cooperativa, que sería administrada y dirigida por un hombre, Enrique Soler Bernabeu.66 Por tanto, la cooperativa sería también un espacio de convivencia de los trabajadores y las trabaja- doras socialistas y anarquistas del sector turronero, pero no tuvo un carácter igualitario, puesto que la dirección de la cooperativa recaería en los hombres.
Paralelamente, a pesar de las reticencias iniciales de algunos cooperativistas por temor a que la entidad obrera formara parte de una organización constituida solo por empresarios y que esto perjudicara sus intereses, se pactó formar el Comité Central Turronero.67 Reunidos empresarios y representantes de la UGT, el Comité se constituyó el 24 de enero de 1938. Se encargaría de la confección de las plantillas en distintas fábricas, la designación de delegados, la distribución de las materias primas y los precios, entre otras cuestiones, pero no hubo ninguna mujer en las distintas juntas directivas que se eligieron.68
De igual forma, en la reunión de la Federación Local de Sociedades Obreras del municipio de noviembre de 1937, las trabajadoras del sector turronero habían acordado por unanimidad “que no podrá pertenecer a esta sección ninguna compañera que su marido esté ocupado en otro oficio”.69 Esta disposición, que podría ser un atractivo para las trabajadoras que aún no estaban afiliadas, revela que la interiorización de los principios ugetistas por parte de las turro- neras podía implicar, en ocasiones, la reproducción de valores patriarcales. Al determinar que las mujeres que trabajaran en el sector tenían que estar casadas con turroneros, se las considera- ba en relación con sus maridos; el criterio para poder tener el trabajo se basaba en un aspecto
63 CDMH, Libro de actas de la Junta Directiva de la Asociación Obrera…, op. cit., sesión 3-3-1936, folio 58b.
64 Algunos trabajarían a destajo, pero si no llegaban al salario mínimo que habían obtenido en la temporada anterior, el em- presario debía pagarles la diferencia. Los envasadores de primera categoría percibirían 1,25 pesetas por cada hora ordinaria o diurna y 1,75 por las extraordinarias o nocturnas. La Comisión de Control decidiría el salario de los envasadores de segunda y tercera categorías. Ramos,V. (1972). La Guerra Civil (1936-1939) en la provincia de Alicante (Vol. 1). Ediciones Biblioteca Ali- cantina, 333-335.
65 CDMH, PS-ALICANTE, Caja 33, Expediente n.º 5, Libro de actas de la Cooperativa Turronera de Jijona UGT-CNT, sesión del 3 de octubre de 1937, folio 4b. Los miembros de las cooperativas de producción y de consumo eran socios-traba- jadores y los beneficios debían repartirse entre estos en proporción al trabajo realizado, a diferencia de las colectividades, que tenían un carácter más revolucionario y donde los trabajadores eran los gestores pero la propiedad era de la colectividad.Véase Aymerich, J. (2014). Cooperativas y colectivizaciones, dos modelos autogestionarios. Su convivencia durante la Guerra Civil en España. Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (37), 396-397.
66 CDMH, Libro de actas de la Cooperativa Turronera…, op. cit., sesiones del 17 de octubre de 1937, folio 5b, y del 20 de octubre de 1937, folio 6b.
67 Ibid., sesión del 14 de diciembre de 1937, folios 11-12.
68 CDMH, PS-ALICANTE, Caja 33, Expediente n.º 7, Libro de actas del Comité Central Turronero de Jijona.
69 CDMH, PS-ALICANTE, Caja 37, Expediente n.º 11, Libros de Actas de la Federación Local de Sociedades Obreras de Jijona, Libro 1, sesión 16 de noviembre de 1937, folio 17.
concreto de sus relaciones personales y no en su experiencia, conocimientos o capacidad para llevarlo a cabo. Además, este acuerdo es una evidencia del interés del sindicato por controlar el acceso al trabajo y regular las relaciones laborales.
Las turroneras de Jijona también participaron en la confección de las bases que regularían los trabajos en el sector hasta el 20 de enero de 1939. Dichas bases, firmadas entre las represen- tantes del sindicato ugetista y los empresarios del sector el 14 de febrero de 1938, establecían la jornada de ocho horas, por la cual se pagarían 6,40 pesetas, a excepción de las horneras, que tendrían una retribución de dos pesetas más. Se suprimió el trabajo a destajo y no se permitía realizar horas extraordinarias ni el trabajo de mujeres que no fueran de la localidad mientras hubiese turroneras de Jijona desocupadas. Estas medidas deben entenderse como parte de la preocupación del socialismo por defender los derechos de las trabajadoras jijonencas frente a los industriales, pero también ante la llegada de nuevas afiliadas.
Asimismo, se reguló el trabajo de las menores y de las madres, estableciendo que las traba- jadoras entre catorce y dieciséis años debían contar con una autorización paterna, tendrían un jornal de 4,40 pesetas y no podrían hacer horas extraordinarias, mientras que las madres dispondrían de una hora para poder amamantar a sus hijos.También se determinaban los tra- bajos que debían realizar hombres y mujeres, ya que estas no podían estar en las máquinas de mondar y escaldar almendras, pero se ocuparían de hacer la tría de los frutos, subir los capa- zos cargados hasta las máquinas y limpiar las fábricas y los almacenes. Significativamente, si el trabajo de la limpieza sobrepasaba los quince minutos y superaba su jornada laboral, debería ser retribuido como horas extraordinarias. De este modo se explicitaba la división sexual del trabajo. Se asignaban a las mujeres tareas consideradas “propiamente femeninas”, como la tría de los frutos o la limpieza, y actividades manuales, aunque estas requiriesen un esfuerzo físico considerable, como subir los capazos llenos a las máquinas. Por el contrario, las tareas más me- canizadas y técnicas las desempeñaban los hombres. Para asegurar el correcto cumplimiento de estas bases, se debía crear una comisión formada por tres obreras de la UGT.70 El 2 de marzo de 1938 dicha comisión envió las bases de trabajo, junto con una carta, a la sección de turroneras del Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT; en ellas se informa de que pueden regirse por ellas y tener los mismos derechos y deberes que las socialistas.71
La división de las tareas de un proceso productivo según el sexo de la mano de obra tam- bién estaba presente en las clasificaciones de miembros realizadas por el Sindicato de las Artes Blancas. Los hombres afiliados eran catalogados como turroneros o detallistas, mientras que las mujeres eran mayoritariamente clasificadoras y pasteleras —un 55,24% y un 37,30% del total, respectivamente—, aunque había algunas detallistas —en menor número que los hombres—, empaquetadoras y aprendizas,72 tal y como muestra la tabla 3. Además, las tareas de limpieza no se consideraban una actividad por sí mismas, sino que las empleadas que realizaban otras actividades se ocuparían también de limpiar los espacios de trabajo y las máquinas.
70 Bases de trabajo acordadas por el Sindicato de Obreras Turroneras UGT y los Industriales del Ramo. En Santacreu, J.M. (1996). El trabajo de la mujer…, op. cit., 432-433.
71 Carta del Comité de Control de Obreras UGT (Industria turronera) a la presidenta de las Obreras Turroneras de CNT. En Santacreu, J.M. (1996). El trabajo de la mujer…, op. cit., 434.
72 CDMH, PS-ALICANTE, Caja 44, Expedientes n.º 1, 2 y 3, Libros de cotizaciones del Sindicato de Artes Blancas Alimen- ticias UGT de Jijona.
Tabla 3. Clasificación por oficios de las trabajadoras afiliadas al Sindicato de Artes Blancas Alimenticias de Jijona
Oficios | Cantidad | Porcentaje |
Clasificadoras | 348 | 55,24% |
Pasteleras | 235 | 37,30% |
Detallistas | 31 | 4,92% |
Empaquetadoras | 1 | 0,16% |
Panaderas | 1 | 0,16% |
Aprendizas | 1 | 0,16% |
No se sabe | 13 | 2,06% |
TOTAL | 630 | 100% |
Fuente: Elaboración propia a partir de Libros de cotizaciones del Sindicato de Artes Blancas Alimenticias UGT de Jijona.
Paralelamente, en las bases de 1938 se indicaba que se debía crear una comisión de tres obreras para supervisar el cumplimiento de las bases, pero, tal y como señala Santacreu, “las mujeres de la Cooperativa Turronera Jijonenca no realizaron trabajos administrativos, direc- tivos ni de retén permanente”. Aun así, entendemos que no es adecuado argumentar que “la intensificación del trabajo femenino se materializó en los trabajos menos comprometidos y de menor remuneración”,73 porque se otorga un carácter secundario a estas actividades.A nuestro parecer, el hecho de encargarse de tareas distintas no implica que estas fueran menos compro- metidas, aunque no se tratase de trabajos en la administración de las fábricas y almacenes. Una adecuada selección del fruto por parte de las clasificadoras o su elaboración por parte de las pasteleras resultaría esencial para la correcta elaboración de un producto de calidad y apto para su posterior comercialización y consumo.
Por otro lado, también hubo varias mujeres que formaron parte de una comisión para re- formar el reglamento y otra Comisión de Depuración, aunque en menor número que los representantes masculinos.74 Esto no sería un hecho excepcional de Jijona, pues, durante la Guerra Civil, en otras localidades también se crearon comisiones integradas por mujeres para establecer cuáles iban a ser sus condiciones de trabajo. En el municipio de L’Olleria, en el sur de la provincia de Valencia, en la industria colectivizada del vidrio nueve mujeres de la UGT y la CNT formaron parte de la comisión encargada de establecer los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras. Si bien los aprendices y las aprendizas trabajaban a destajo y percibían el mismo salario, a medida que ascendían de categoría laboral la diferenciación salarial aumen- taba. Los hombres de la primera categoría percibirían nueve pesetas más a la semana que las mujeres; es decir, el trabajo de los hombres se pagaba casi un 25% más caro que el realizado por las mujeres. Se trata de otro ejemplo de que condicionaba más el sexo de la mano de obra
73 Santacreu, J.M. (1996). El trabajo de la mujer…, op. cit., 430.
74 En la Comisión del Reglamento había doce hombres y dos mujeres y en la de depuración ocho hombres y una mujer.Véase Libro de actas de la Asamblea General de la Asociación…, op. cit., sesiones del 21 de diciembre de 1937, folio 61b, y 7 de abril de 1938, folio 66b, respectivamente.
que el resultado del trabajo o el producto realizado. Sin embargo, estas diferencias salariales no se tradujeron en una menor representación en los organismos de gestión de la colectividad, ya que la presencia femenina fue superior tanto en la Junta Directiva de la sección de la UGT de 1937 como en el nuevo consejo de administración de la UGT-CNT.75
En este sentido, la división sexual del trabajo y las diferencias en su retribución entre hom- bres y mujeres se sustentaban en los ideales de mujer “ángel del hogar” y del marido como paterfamilias y obrero “ganapán”, a partir de los cuales se consideraba que las mujeres debían ocuparse del cuidado de la familia y del hogar, relegadas a la esfera privada, al ámbito domés- tico, mientras que la respetabilidad de los hombres de las clases populares dependía en buena medida de que pudieran mantener a su familia con su salario. Del mismo modo, en los debates de la Comisión de Reformas Sociales y entre algunos socialistas de principios del siglo XX continuaba presente la idea de un salario familiar, obtenido por el marido, a pesar de que en muchos casos no se cumplía y las mujeres realizaban trabajos extradomésticos para contribuir a la subsistencia familiar.76
Asimismo, en noviembre de 1938 una jijonenca afiliada a la UGT, Asunción Carbonell Co- loma, entraría a formar parte del Consejo Municipal para ocupar uno de los dos puestos que habían quedado vacantes. Si bien se trató de un caso concreto, no por eso carece de importan- cia, pues el hecho de estar afiliado o afiliada a un sindicato podía ser también un medio para acceder a la política municipal durante la Guerra Civil, como ocurrió en otras localidades.77 La presencia femenina en los poderes locales no era un hecho nuevo del contexto bélico, sino que uno de los cambios que comportó la República para las mujeres fue el sufragio femenino y la posibilidad de ser elegidas concejalas o alcaldesas.78 Aun así, durante la guerra se produjo un incremento del número de mujeres que formaban parte de consejos municipales, porque los hombres que antes ocupaban esos puestos habían sido movilizados u ostentaban cargos de gestión en otros organismos.
En síntesis, la presencia de las turroneras en la Asociación de Oficios Varios y en el Sindi- cato de las Artes Blancas tuvo una gran importancia, y su análisis nos permite profundizar en las características de la movilización femenina por parte del socialismo valenciano. El sector turronero fue fundamental en la localidad, pero se complementaba con otras actividades eco- nómicas donde hubo mano de obra femenina, de modo que la movilización de las trabajadoras jijonencas no se redujo a dicho ámbito. Después del estallido de la Guerra Civil, las trabajado-
75 El Sindicato de la Industria delVidrio UGT de L’Olleria y los talleres de forrar garrafas de vidrio colectivizados CNT-UGT han sido analizados en Benavent, I. (2021). Sindicalisme socialista a la Vall d’Albaida durant la Segona República i la Guerra Civil: un espai de convivencia entre treballadors i treballadores? Saitabi: Revista de la Facultat de Geografia i Història (71), 250-252.
76 Simonton, D. (2006). Women Workers. Working Women. En Simonton, D. (Ed.). The Routledge History of Women in Europe since 1700, Routledge, 148-149 y 165; Nielfa, G. (2003).Trabajo, legislación y género en la España contemporánea: los orígenes de la legislación laboral. En Sarasúa, C. y Gálvez, L. (Eds.). ¿Privilegios o eficiencia? Mujeres y hombres en los mercados de trabajo, Publicaciones Universidad de Alicante, 52; Eley, G. (2003). Un mundo que ganar: Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000. Crítica, 59.
77 Libros de Actas de la Federación Local…, op. cit., Libro II, sesión del 5 de noviembre de 1938, folio 35. Para la existencia de concejalas y alcaldesas en otras comarcas, véase Agulló, M.C. y Juan, R. (1994). La presència de les dones a la política municipal de la Vall d’Albaida durant la II República. Alba: Revista d’Estudis Comarcals de la Vall d’Albaida (9), 92-93.
78 La primera alcaldesa de España fue la ugetista María Domínguez, en la localidad aragonesa de Gallur, desde julio de 1932. En 1933 hubo varias mujeres miembros de las Comisiones Gestoras municipales en distintos municipios del país y posterior- mente fueron elegidas otras en las siguientes elecciones, aunque los ayuntamientos seguían siendo espacios masculinizados. Ruiz, R. y Nielfa, G. (2015). La nueva ciudadanía de las mujeres en el ámbito municipal: alcaldesas y concejalas en la Segunda República (1931-1939). En Nielfa, G. (Coord.). Mujeres en los gobiernos locales: Alcaldesas y concejalas en la España contemporánea. Biblioteca Nueva, 73-127.
ras del servicio doméstico que formaban parte de la Asociación presentaron una proposición en la asamblea general para reivindicar la jornada laboral de ocho horas y un aumento mensual de cinco pesetas, algo que fue aprobado por unanimidad.79 En la sección de los trabajadores del campo había mujeres afiliadas, que también formarían parte de la Colectividad Cooperativa Unificada de la UGT-CNT que se constituyó en 1937.80 Asimismo, en la localidad también se organizaron la Juventud Socialista, cuya representante en las asambleas era una mujer, y la Agrupación Socialista, compuesta por 63 hombres y dos mujeres en marzo de 1937. La afi- liación aumentó y un año después la Agrupación contaba con 130 miembros. La presencia de las mujeres fue minoritaria, en lo que respecta tanto al número total de afiliadas como a su presencia en los organismos de gestión, ya que solo hubo una representante y se ocupó precisamente del llamado “Secretariado Femenino”, mientras que los cargos de organización, administración, militar o propaganda fueron ocupados por hombres.81 Además, el reglamento de la Agrupación es otro testimonio de la existencia de diferencias por razones de sexo dentro del socialismo español, ya que estipula, al igual que los casos analizados anteriormente, que las mujeres paguen una cuota de afiliación inferior a la de los hombres.82
Conclusiones
Situada en una provincia donde hubo presencia del socialismo desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, con la instauración de la Segunda República se produjo en Jijona una movilización relevante que se plasmó en la creación de distintas sociedades socialistas. Los trabajadores y trabajadoras de la industria turronera tuvieron un gran protagonismo por su ac- tivismo y por la importancia del sector en la industria familiar, local y regional, pero no fue el único ámbito donde se produjo movilización socialista. Esta también afectó a la agricultura y al servicio doméstico, ambos con presencia femenina, la carpintería, la albañilería, la metalurgia y la camarería, entre otros, reunidos en la Asociación de Oficios Varios.
La afiliación al sindicato socialista experimentó altibajos, y aunque la diversidad de datos que aportan las fuentes nos permite señalar cifras aproximadas, podemos apuntar a la existencia de una tendencia al alza que se frenó con la revolución de octubre de 1934, tras la cual la socie- dad estuvo unos meses inactiva. A partir del otoño de 1935 y especialmente de la primavera de 1936, con el triunfo del Frente Popular, creció el interés por movilizar a los trabajadores y trabajadoras y, con él, la cantidad de miembros de la Asociación, que siguió en aumento hasta 1938.
En suma, el incremento de la afiliación al sindicato socialista se puede explicar por múltiples causas, como un contexto favorable a la movilización y a la politización, primero con la ins-
79 CDMH, Libro de actas de la Asamblea General de la Asociación…, op. cit., sesión del 10 de noviembre de 1936, folios 36a y b.
80 CDMH, Libro de actas de la Junta Directiva de la Asociación Obrera…, op. cit., sesión del 15 de octubre de 1935, folio 56b; CDMH, PS-ALICANTE, Caja 39, Expediente n.º 14, Libro de actas de la Colectividad Cooperativa Unificada de Trabajado- res de la Tierra UGT-CNT de Jijona. Para el estudio de las colectividades ugetistas, véase Bosch,A. (1983). Ugetistas y libertarios: Guerra civil y revolución en el País Valenciano, 1936-1939. IAM.
81 AFPI, AH-3-44, Correspondencia Agrupación Socialista Obrera de Jijona, folios 1, 10 y 11.
82 La representante de la Juventud Socialista era María Garrigós Soler.Véase Libro de actas de la Asamblea General de la Aso- ciación…, op. cit., sesión del 11 de junio de 1937, folio 50a. Para la Agrupación Socialista, consultar CDMH, PS-ALICANTE, Caja 37, Expediente n.º 4, Reglamento de la Agrupación Socialista Obrera de Jijona, folio 1; CDMH, PS-ALICANTE, Caja 37, Expediente n.º 5, Libro de actas Agrupación Socialista de Jijona, sesiones del 31 de octubre de 1931, folio 2, y 18 de octubre de 1936, folio 65.
tauración del nuevo régimen republicano y después con la Guerra Civil; la existencia previa de algunas sociedades en la provincia y en la localidad; la realización de actos de propaganda, a los que asistieron mujeres como público y en que participaron personalidades masculinas y femeninas destacadas del socialismo español. Del mismo modo, también tuvieron relevancia la existencia de vínculos familiares entre los afiliados y las afiliadas y el interés de los socialistas por promover reformas y regular las relaciones laborales, negociando las bases de trabajo con los empresarios del sector turronero, en las que se daba prioridad para trabajar a las mujeres afiliadas y de la localidad.
Las turroneras de Jijona desempeñaron un papel activo dentro de las sociedades y orga- nismos socialistas, asistiendo y participando en las juntas directivas y las asambleas generales, así como también en actos de propaganda; negociando y firmando bases de trabajo con los empresarios, como miembros de varias comisiones depuradoras o para la revisión de cuentas y del reglamento.También se pronunciaron a favor de la lucha antifascista y el feminismo, a pesar de que nos haya llegado poca información al respecto. Todo esto evidencia que las turroneras jijonencas habían tomado conciencia de su situación laboral y de la necesidad de afiliarse a un sindicato para defender sus derechos. Del mismo modo, al compartir espacios de sociabilidad con trabajadores y trabajadoras que eran socialistas desde hacía más tiempo y participar en di- versas actividades, muchas conocieron e interiorizaron los valores socialistas, aunque también es posible que hubiese otras que estuvieran afiliadas por motivos utilitaristas, como conseguir trabajo o beneficiarse de los acuerdos laborales pactados entre el sindicato y los patronos. No obstante, en referencia a la obra clásica de Pérez Ledesma,83 las turroneras jijonencas se volvie- ron obreras más conscientes y tuvieron un papel activo esencial en el sindicato.
No desaparecieron las diferencias por razones de sexo en la distribución de tareas, en los re- glamentos de las distintas sociedades y en la asignación de cargos en las juntas directivas, donde fue escasa la presencia femenina. Aun así, esto no implica que las mujeres no se ocuparan de actividades importantes para la industria ni que su presencia en las filas socialistas fuese anec- dótica. En definitiva, el estudio de las trabajadoras turroneras socialistas de Jijona nos permite reflexionar sobre la aplicación y el cumplimiento de la nueva legislación laboral y el papel de los sindicatos, así como señalar que los discursos de carácter igualitario que el socialismo defendía a escala nacional llegaron a las localidades pequeñas, pero no sin dificultades y con- tradicciones en su puesta en práctica.
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Isabel Benavent Montoro es graduada en Historia (2019) y Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea en la UV (2020), ambos con premio extraordinario. En la actualidad, Personal Investigador Predoctoral en Formación (FPU) en el Departamento de Historia Mo- derna y Contemporánea de la UV, con el proyecto de tesis “Treballadores socialistes en el País Valencià durant la Segona República i la Guerra Civil”, dirigida por la Dra. Aurora Bosch y el Dr. Sergio Valero. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, semi- narios y coloquios, entre ellos los de la AHC (2021 y 2023), Jóvenes Investigadores de la AHC (2022) o AEIHM (2022). Ha publicado artículos individuales y colectivos en revistas (Afers o Saitabi, entre otros) y obras colectivas (García y Arconada (ed).,Tirant lo Blanch, 2023; Aurelio Martí (coord.), Institució Alfons el Magnànim, 2022).
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José Carlos Mancha Castro Universidad de Huelva jose.mancha@dhga.uhu.es https://orcid.org/0000-0003-0092-4417
Javier García Fernández Universidad Europea de Madrid franciscojavier.garcia@universidadeuropea.es http://orcid.org/0000-0001-7994-5477
Resumen
Este artículo analiza el papel del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) en las luchas por la reforma agraria en Andalucía entre 1983 y 1987 y cuál fue su postura ante la Ley de Reforma Agraria del Gobierno andaluz de 1984. El objetivo per- seguido es comprender cuál fue la concepción de reforma agraria defendida por el SOC, las propuestas que plantearon en el debate público, sus acciones de lucha y cómo se gestó el proceso político que llevó al Gobierno socialista de la Junta de Andalucía a afrontar la cuestión con su ley de 1984. Mediante una metodología et- nohistoriográfica examinamos diferentes materiales de archivo, principalmente las dos ponencias sobre reforma agraria del III y IV congresos del sindicato, parte de la prensa histórica conservada y diversa documentación orgánica. Entre las principales conclusiones destacamos que las luchas sociales del movimiento jornalero presio- naron al Gobierno andaluz y lo llevaron a promulgar una ley que, debido a su am- bigüedad, no satisfizo las aspiraciones jornaleras y se centró en la modernización de la agricultura andaluza en el contexto de una economía globalizada, constituyendo una victoria política del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al desactivar la lucha de amplios sectores del movimiento jornalero. Ante esto, el SOC conti- nuaría reivindicando con nuevas acciones de lucha una verdadera reforma agraria que incidiera en la transformación de la estructura de propiedad de la tierra y que
1 Este artículo cuenta con financiación del proyecto de I+D “Memoria, gestión y efectos de la promesa, impulso y renuncia reformistas de acceso a la tierra y a su trabajo en Andalucía desde la Transición a nuestros días”, código P20-00864, de la con- vocatoria 2020 de ayudas a la investigación en entidades públicas de la Junta de Andalucía y el Plan Operativo FEDER de la Unión Europea. Periodo de duración: del 4 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2023.
Fecha de recepción: 18/07/2024 Fecha de aceptación: 16/09/2024
ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.5
ofreciera una alternativa a los trabajadores ante la situación de desempleo y paro estructural en el campo andaluz.
Palabras clave: reforma agraria, jornaleros, Sindicato de Obreros del Campo, iz- quierda, Andalucía
Resum
Els sense terra. El Sindicato de Obreros del Campo (SOC) davant la Reforma Agrària andalusa de 1984
Aquest article analitza el paper del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) en les lluites per la reforma agrària a Andalusia entre el 1983 i el 1987 i quina va ser la seva postura davant la Llei de Reforma Agrària del Govern andalús del 1984. L’ob- jectiu és comprendre quina va ser la concepció de reforma agrària defensada pel SOC, les propostes que van plantejar en el debat públic, les seves accions de lluita i com es va gestar el procés polític que va portar el Govern socialista de la Junta d’Andalusia a enfrontar-se a la qüestió amb la seva llei de 1984. Mitjançant una me- todologia etnohistoriogràfica examinem diferents materials d’arxiu, principalment les dues ponències sobre reforma agrària del III i el IV congressos del sindicat, part de la premsa històrica conservada i diversa documentació orgànica. Entre les conclusions principals destaquem que les lluites socials del moviment jornaler van pressionar el Govern andalús i van portar-lo a la promulgació d’una llei que, per la seva ambigüitat, no va satisfer les aspiracions jornaleres i es va centrar en la moder- nització de l’agricultura andalusa en el context d’una economia globalitzada, tot constituint una victòria política del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en desactivar la lluita d’amplis sectors del moviment jornaler. Davant d’això, el SOC continuaria reivindicant, amb noves accions de lluita, una veritable reforma agrària que incidís en la transformació de l’estructura de propietat de la terra i que donés una alternativa als treballadors davant la situació de desocupació i atur estructural al camp andalús.
Paraules clau: reforma agrària, jornalers, Sindicato de Obreros del Campo, es- querra, Andalusia
Abstract
The landless.The Sindicato de Obreros del Campo (SOC) befotre the Andalusian Agrarian Reform of 1984
This paper analyses the role of the Sindicato de Obreros del Campo (SOC) in the struggles for agrarian reform in Andalusia between 1983 and 1987 and its posi- tion in relation to the 1984 Agrarian Reform Law of the Junta de Andalucía. The aim is to understand the conception of agrarian reform defended by the SOC, the proposals they put forward in the public debate, their actions of struggle and how the political process took place that led the socialist government of the Junta de Andalucía to address the issue with its 1984 law. Using an ethno-historiographic methodology, we examined different archival materials, mainly the two papers on agrarian reform of the 3rd and 4th Congresses of the union, part of the preserved historical press and various organic documentation. Among the main conclusions, we highlight that the social struggles of the day labourers’ movement put pressure on the Andalusian government to enact a law which, due to its ambiguity, did not satisfy the aspirations of the day labourers and focused on the modernisation of Andalusian agriculture in the context of a globalised economy, constituting a poli- tical victory for the Partido Socialista Obrero Español (PSOE) by deactivating the
struggle of broad sectors of the day labourers’ movement. In the face of this, the SOC continued to demand, with new actions of struggle, a real agrarian reform that would have an impact on the transformation of the structure of land owners- hip and that would provide an alternative for the workers.
Keywords: agrarian reform, day labourers, Sindicato de Obreros del Campo, left wing, Andalusia
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Introducción
Hablar de reforma agraria supone tratar de analizar un concepto complejo y ambiguo de- bido a las diferentes miradas y contextos que los teóricos de la temática han propuesto para encarar un análisis en profundidad.2 Denominamos “reforma agraria” al conjunto de transfor- maciones realizadas por las clases dominantes cuyos objetivos fundamentales son la redistribu- ción de tierras desde los grupos sociales que las han controlado históricamente hacia aquellos que han sido excluidos de su posesión y que implican la creación, desde el poder político, de proyectos e infraestructuras agrarias.3 Diversos autores parten de la idea de que las reformas agrarias son un hecho eminentemente político que supone una redistribución de la propiedad de la tierra —vía expropiación—, que no se fundamenta exclusivamente en criterios económicos, productivistas o de rentabilidad y que, históricamente, ha sido postulado en su mayor parte por corrientes y organizaciones políticas de izquierda.4 Otros, desde una racionalidad más eco- nómica, afirman que las reformas agrarias se han considerado históricamente un instrumento de desarrollo centrado en el incremento de la productividad y el empleo agrarios, es decir, que busca cumplir con los objetivos de eficiencia y equidad.5
En este sentido, nos disponemos a definir históricamente lo que han sido las reformas
agrarias, principalmente en el contexto del siglo XX, atendiendo a cinco formas o modalida- des que, a nuestro juicio, recomponen el análisis histórico de las reformas agrarias contempo- ráneas. En primer lugar, tenemos la experiencia de reforma agraria desplegada como transición desde el feudalismo al capitalismo. Se produce fundamentalmente en los países del norte de Eu- ropa y tiene como benefactor esencial a la nueva clase burguesa, que adquiere nuevas tierras gracias a la desvinculación de las obligaciones jurídicas que sujetaban las tierras comunales a las clases trabajadoras agrarias y rurales mediante derechos comunales de uso tradicional. Esto genera, por un lado, una clase de medios propietarios amplia, y, por otro, el excedente de mano de obra agrícola se ve desplazado a zonas urbanas donde tiene cabida, en el seno de los prime-
2 Véase Pérez Yruela, M. y Sevilla-Guzmán, E. (1981). La dimensión política en la reforma agraria: reflexiones en torno al caso andaluz. Papers. Revista de Sociología (16), 53-91; Sáenz, M. y Ferrer, A. (1987). ¿Una reforma agraria para Andalucía? Anales de Geografía de la Universidad Complutense (7), 335-345; Entrena, F. (1995). De la reforma agraria al desarrollo rural: el caso andaluz. Política y Sociedad (20), 125-141.
3 Pérez Yruela, M. y Sevilla-Guzmán, E. (1981), op. cit.
4 Martínez Alier, J. (1978). La actualidad de la Reforma Agraria. Agricultura y Sociedad (7), 223-243. Naredo, J.M. (1978). Ideología y realidad en el campo de la Reforma Agraria. Agricultura y Sociedad (7), 199-221. PérezYruela, M. y Sevilla-Guzmán,
E. (1981), op. cit.
5 Amador, F., Ceña, F., Ramos, E. y Sumpsi, J.M. (1992). Evaluación del proyecto de reforma agraria de Andalucía. Revista de Estudios Agro-Sociales (162), 105-132.
ros procesos industriales en Europa. Podemos incluir en esta definición experiencias históricas como la inglesa,6 la francesa7 o la alemana.8
El segundo modelo de reforma agraria es el que surge en aquellos lugares donde el capita- lismo y la burguesía se consolidan bajo el régimen de gran propiedad, constituyéndose además como lugares periféricos respecto a la producción industrial, lo cual hace que sus débiles es- tructuras agrarias no puedan asimilar el elevado contingente de mano de obra rural despojada de tierra. Se trata de una reforma que se constituye al calor de una revolución socialista, proceso político por el que las clases populares, fundamentalmente obreras y campesinas, toman el po- der guiadas por una estructura política revolucionaria que utiliza una vía violenta. Podemos catalogar dentro de esta definición de reforma agraria socialista las experiencias ocurridas en Rusia,9 China,10 Cuba11 o Vietnam.12 En estos casos, la reforma agraria tiene como objetivo la transformación social del país mediante la subversión de la estructura social agraria, es decir, mediante la redistribución de la tierra desde los grupos de la oligarquía y la aristocracia que la detentaron históricamente hacia los grupos subalternos que, mediante la revolución y la toma del poder, se ven sujetos a nuevos derechos sobre los medios de producción, en este caso la tierra.13
La tercera concepción de reforma agraria es la que podemos denominar democrático-liberal, y es aquella que, en un contexto de democracia liberal, representativa y capitalista, trata, me- diante la acumulación de poder representativo y de poder legislativo y ejecutivo, de generar transformaciones reformistas y moderadas en la estructura social agraria. Esta vía suele darse en un contexto de crisis orgánica del Estado de derecho, en el que el principio de inviolabilidad de la propiedad privada sucumbe ante la función social de la tierra. Ejemplos de este tipo de reforma agraria fueron la de Rumanía de 1921,14 la española de 1932 durante la Segunda Re- pública15 o la de Chile bajo el gobierno de Salvador Allende.16
El cuarto tipo de reforma agraria es el que conocemos como colectivizaciones agrarias desde abajo. Dicho proceso es el que se genera en un contexto de crisis institucional, política y eco- nómica. Suele darse en un contexto de guerra civil, como fue el caso de las colectivizaciones agrarias llevadas a cabo por los anarquistas durante la Guerra Civil española o las realizadas en Perú durante 1962, lideradas por Hugo Blanco Galdós, secretario general de la Federación de Campesinos del Perú.17
Existe una quinta forma que incluye la reforma agraria en su despliegue histórico y que podríamos llamar de modernización capitalista. Se da en un contexto de países periféricos donde
6 Hobsbawm, E.J. y Rudé, G. (1978). Revolución industrial y revuelta agraria. El capitán Swing. Siglo XXI.
7 Marx, K. (2003). El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Fundación Federico Engels.
8 Kautsky, K. (1986). La cuestión agraria:Análisis de las tendencias de la agricultura moderna y de la política agraria de la socialdemocracia. Siglo XXI.
9 Lenin,V.I. (1975). La cuestión agraria: El programa agrario de la socialdemocracia en la primera revolución rusa 1905/1907. Ayuso.
10 Alavi, H. (1967). Los campesinos y la revolución. Pensamiento Crítico (4), 107-154.
11 Aranda, S. (1968). La revolución agraria en Cuba. Siglo XXI.
12 Wolf, E.R. (1972). Las luchas campesinas del siglo XX. Siglo XXI, 221.
13 Ibid.; Le Coz, J. (1976). Las reformas agrarias. Ariel.
14 Díaz Diego, J. (2014). La tierra en el puzzle rumano de entreguerras: razones, modos y consecuencias de la reforma agraria rumana de 1918/1921. Acta Histriae (22:3), 715-740.
15 Malefakis, E. (1971). Reforma Agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. Ariel.
16 Barraclough, S. y Fernández, J.A. (1974). Diagnóstico de la Reforma Agraria chilena. Siglo XXI.
17 Sánchez Jiménez, J. (1989). Las colectividades agrarias durante la Guerra Civil. Anales de Historia Contemporánea (7), 49-72. Cúneo, M. y Gascó, E. (2013). Crónicas del estallido:Viaje a los movimientos sociales que cambiaron América Latina. Icaria, 125.
el capitalismo está plenamente asentado, en particular durante el último tercio del siglo XX.18 Los objetivos fundamentales de estas reformas agrarias son la modernización de las estructuras agrarias nacionales, la mecanización de los cultivos, la especialización productiva y la articu- lación de las economías agrarias sobre la base de las dinámicas de la economía mundial, espe- cialmente la exportación. En este contexto podríamos situar la denominada Revolución Verde.19 Estos diferentes modelos de reformas agrarias suponen la expresión de unos intereses de clase determinados. Cada modelo es originado y legitimado por una forma de dominación política con una dimensión ideológica concreta, y lo define y lleva a cabo una correlación de fuerzas presente en las culturas políticas del bloque que detenta el poder. Otra variable crucial que caracteriza a cada modelo es la estructura agraria del Estado que se pretende: el modo de distribución y concentración de la propiedad de la tierra, los regímenes de tenencia, la orga- nización social y económica de la producción o los modos de interacción entre la agricultura y otros sectores de la economía. En este sentido, toda reforma agraria que no es producto de una revolución social abiertamente anticapitalista es una reforma agraria de carácter capita- lista. Las primeras ponen énfasis en la colectivización de la tierra, en su redistribución, en la mejora de las condiciones de vida del campesinado, en la propiedad comunitaria del agro, en la soberanía económica y alimentaria y en los intereses sociales de la comunidad. Las segundas ponen énfasis en la función técnico-económica de la agricultura en el marco de la racionali- dad capitalista, presidido por el aumento de la producción y el valor, la maximización de los rendimientos y la desatención de sus consecuencias sociales y ecológicas (mala calidad de los productos y destrucción de la fertilidad del suelo y de otros recursos naturales y, en definitiva,
de la estabilidad del ecosistema).20
En las reformas agrarias propias de estados regidos por un sistema democrático-liberal — caso de España—, priman las concepciones productivistas sobre las socioecológicas, incluso en las propuestas por determinadas organizaciones políticas vinculadas a la izquierda. Dentro de los sistemas democrático-liberales pueden existir partidos que propongan una reforma agraria
—caso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)— con el objetivo de intentar resolver un problema social endémico y por ser clave para la propia estabilidad del sistema democráti- co-liberal, por temor a las luchas y agitaciones campesinas y a las agendas político-sindicales de los partidos situados más a la izquierda.21 La reforma agraria andaluza de 1984 sería un ejemplo paradigmático de este tipo.22
En este artículo analizamos el papel del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) en las luchas por la reforma agraria en Andalucía entre 1983 y 1987 y cuál fue su postura ante la Ley de Reforma Agraria promulgada por el Gobierno andaluz en 1984. El análisis se basa en sus ponencias sobre la reforma agraria, tanto en el III Congreso de Villamartín en 1984 como en el IV Congreso de Sevilla en 1987. Sirviéndonos del archivo histórico del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) de la Universidad de Córdoba, examinamos la do- cumentación congresual, las fuentes hemerográficas conservadas y parte de su documentación orgánica, como panfletos y otros materiales de archivo. El objetivo es comprender cuál fue
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19 Pérez de Armiño, K. (2008). Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo. Icaria-Instituto Hegoa de Cooperación y Desarrollo-Universidad del País Vasco, 483.
20 Martínez Alier, J. (1978), op. cit.; Naredo, J.M. (1978), op. cit.
21 Pérez Yruela, M. y Sevilla-Guzmán, E. (1981), op. cit.
22 Martín,V.O. (2007). De cómo se evita hoy la aplicación de la reforma agraria en el Sur de España. Revista NERA (11), 81-108.
la concepción de reforma agraria defendida por el SOC, las propuestas que plantearon en el debate público y cómo se gestó el proceso político que llevó al Gobierno andaluz a afrontar la cuestión con su ley de 1984.
Antecedentes históricos. La cuestión agraria en Andalucía
A pesar de que a mediados del siglo XVIII el sector agrario fuera dominante en relación con la actividad industrial andaluza,23 ya en 1767, en su Informe sobre la Ley Agraria, Pablo de Olavide se refería a los jornaleros andaluces como esos hombres que “la mitad del año son jor- naleros y la otra mitad, mendigos”.24 La cuestión agraria en Andalucía ha sido históricamente un problema político asociado a dos problemáticas interconectadas: el latifundismo y la pre- sencia masiva de trabajadores sin tierra y mal retribuidos. Principalmente, estas problemáticas se han dado en Andalucía occidental, concretamente en las campiñas béticas y parte de Sierra Morena. En ese escenario se dio una apropiación burguesa de la tierra en el paso del Antiguo al Nuevo Régimen por medio, primero, de los pleitos de señoríos y, después, del proceso de desamortización.25
A principios del siglo XIX,Andalucía se encontraba a la vanguardia del primer despegue in- dustrial en el Estado español, ya que la industria textil, la minería o las agroindustrias del litoral mediterráneo habían diversificado el mercado de trabajo andaluz.26 Sin embargo, la división territorial del trabajo que se establece en España en la segunda mitad del XIX “está en estrecha relación con el fracaso industrial […] de Andalucía”.27 En este sentido, se dan varios fenóme- nos paralelos e interdependientes que coadyuvan a ese fracaso: las industrias textiles catalanas adoptan más rápidamente las innovaciones de la segunda revolución industrial y hegemonizan el mercado textil español en detrimento de los modestos y aislados centros de producción an- daluces; la metalurgia se desploma y la actividad minera comienza a ser ocupada por empresas extranjeras, principalmente británicas,“hasta el punto de convertirse en un verdadero mundo colonial cuyo paradigma es la cuenca de Riotinto”.28
Con el proceso de desarticulación de los bienes comunales,29 posibilitado por las desamorti- zaciones decimonónicas, amplias extensiones de tierras indivisibles, antes en manos de insti- tuciones religiosas o conformando bienes comunales o de propios, pasan a manos de quienes ya eran grandes propietarios —principalmente estratos nobles— o de una nueva burguesía agraria compuesta por elementos dedicados a actividades mercantiles. Se trató de una contrarre-
23 Parejo Barranco, A. (2004). Andalucía en la industrialización de las regiones españolas (finales del siglo XVIII-finales del siglo XX). En González de Molina, M. y Parejo Barranco, J.A. (Eds.). La historia de Andalucía a debate: III. Industrialización y desindustrialización de Andalucía. Anthropos, 37-58.
24 Ramos, E. y Romero, J.J. (1994). Del “productivismo” al “ruralismo”: una reflexión sobre la política agraria en Andalucía.
Revista de Estudios Agro-Sociales (169), 175-212 y 178.
25 Pérez Yruela, M. y Sevilla-Guzmán, E. (1981), op. cit.
26 Moreno, I. (1992). Desarrollo del capitalismo agrario y mercado de trabajo en Andalucía. Revista de Estudios Regionales (31), 19-29.
27 Ibid., 22.
28 Ibid.
29 Sauzion, C. (2015). Espagne. La structure sociale agraire en Andalousie: un processus historique de concentration de la terre et de proléta- risation des paysans. Association pour contribuer à l’Amélioration de la Gouvernance de la Terre, de l’Eau et des Ressources naturelles (AGTER).
forma agraria30 llevada a cabo por los liberales utilizando el instrumento político denominado “desamortización” para la recomposición y sustitución de una élite de grandes propietarios por otra, ahora denominada “burguesía agraria”. Diversos autores coinciden en la idea de que la agricultura andaluza tenía un comportamiento abiertamente capitalista desde mediados del siglo XIX.31 Especializada mayoritariamente en el cultivo de trigo, vid y olivos, esta agricultura extensiva en grandes propiedades se traduce socioeconómicamente en una fuerza de trabajo con muy bajos salarios, sujeta a durísimas condiciones de vida y a un fuerte control por par- te de la propiedad o sus gerentes. Las oligarquías, principalmente la gran burguesía agraria, adoptan en lo económico un modelo rentista, en lo social unos modos aristocráticos y, en lo político, abanderan el centralismo y nacionalismo de Estado e institucionalizan el caciquismo, “que no es más que la vertiente política del latifundismo como sistema”.32 Este sistema supone una marcada polarización de la estructura de clases entre terratenientes —o grandes propieta- rios agrarios, denominados popularmente “señoritos”— y jornaleros sin tierra y, en partes del año, sin jornal. El paro estacional de múltiples jornaleros sin tierra es la base del latifundismo dominante en Andalucía desde mediados del siglo XIX, no solo como sistema económico sino también político y social.
Desde los años sesenta del siglo XIX, la función económico-política asignada a Andalucía es la de una colonia interna del Estado español y, en contextos concretos como el de la mi- nería, el de una colonia de potencias imperialistas como Reino Unido.33 En ese contexto de dependencia, la sociedad andaluza acentúa su papel de suministradora de materias primas y se caracteriza por su excesiva dependencia del sector agroalimentario. A pesar de ello, hay quien reconoce el relativo éxito de una serie de transformaciones que se dan en la agricultura espa- ñola y andaluza durante el siglo XIX hasta la Guerra Civil de 1936. González de Molina señala que las desamortizaciones liberales no favorecieron la redistribución de la propiedad de la tierra ni permitieron un acceso más equitativo a su explotación, pero ofrecieron posibilidades de consolidación y hasta de ampliación de la pequeña explotación, así como el acceso de un número importante de campesinos a la tierra, proceso que denomina campesinización. En este sentido, destaca que la estructura de la propiedad de la tierra y de las explotaciones agrarias es- tuvo caracterizada por la coexistencia de la pequeña y la gran explotación, con predominio de la primera en la mayor parte del territorio andaluz —a excepción de las campiñas del Guadal- quivir—, haciendo “compatible la existencia de la oligarquía terrateniente con una masa muy amplia de campesinos al frente de una multitud de pequeñas explotaciones”.34 Aunque pueda parecer atrasado, lento o pausado en comparación con otros estados europeos y Norteamérica, el crecimiento agrario fue razonable teniendo en cuenta los condicionantes medioambientales, sociales, políticos y económicos a los que se enfrentó el sector en este periodo.35 Pese al proceso
30 Haubert, M. (1995). Reconversion agricole, syndicalisme ouvrier et conscience de classe en Andalousie. Revue Tiers Monde
(141), 179-209, disponible en https://doi.org/10.3406/tiers.1995.4952.
31 Martínez Alier, J. (1978), op. cit.; Naredo, J.M. (1978), op. cit.; Moreno, I. (1992), op. cit.; Roux, B. (1982). Latifundismo, reforma agraria y capitalismo en la península Ibérica. Agricultura y Sociedad (23), 167-193.
32 Moreno, I. (1992), op. cit., 23.
33 Ibid.
34 González de Molina, M. (2014). La tierra y la cuestión agraria entre 1812 y 1931: latifundismo versus campesinización. En González de Molina, M. (Coord.). La cuestión agraria en la historia de Andalucía: Nuevas perspectivas. Centro de Estudios Anda- luces, 21-60.
35 Gallego, D. (2001). Historia de un desarrollo pausado: integración mercantil y transformaciones productivas de la agricultura española. En Pujol, J., González de Molina, M., Fernández Prieto, L., Gallego, D. y Garrabou, R. El pozo de todos los males: Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea. Crítica, 147-214.
de propietarización que se da en el primer tercio del siglo XX, prácticamente un tercio de la población rural no tenía acceso a la tierra, y la inmensa mayoría de los que sí tenían poseían trozos muy pequeños. Por otro lado, un puñado de grandes propietarios acaparaba un porcen- taje muy importante de la tierra —sobre todo tierras productivas— y casi la cuarta parte del producto agrario. En medio se situaba un segmento no muy numeroso de medianos propieta- rios que hacía débil y poco influyente el papel de la clase media en el campo.36
En referencia a las culturas políticas, los grandes propietarios agrarios andaluces se identifica- ron con las ideologías conservadoras y tradicionalistas, ambas monárquicas y centralistas, defen- diendo una fuerte concentración de poder en el Estado para poder controlar —y reprimir— la creciente amenaza del movimiento obrero y campesino que emergió en los primeros años del siglo XX y que alcanzó su punto álgido durante el Trienio Bolchevique y, sobre todo, en la Segunda República. Por su parte, la cultura política mayoritaria entre los jornaleros andaluces sin tierra fue el anarquismo y, desde principios del siglo XX, hibridada con el andalucismo histórico promulgado por Blas Infante y los liberalistas andaluces.37 Sin embargo, republicanos y socialistas desempeñaron también un papel clave en las movilizaciones campesinas de prin- cipios del siglo XX y en la deslegitimación de la estructura de propiedad de la tierra, ya que fueron toda la izquierda antidinástica y los intelectuales cercanos a ella los que comenzaron a denunciar su injusta distribución, el desempleo agrario y las durísimas condiciones de vida de los jornaleros sin tierra.38 Los jornaleros significados con estas culturas políticas no reconocían la legitimidad de la propiedad de la tierra por parte de la gran burguesía agraria en razón a dos motivos: 1) que parte de las tierras desamortizadas y adquiridas por terratenientes eran bienes comunales o de propios —del conjunto de los vecinos— y 2) que no existe otra legitimación de la propiedad de la tierra que trabajarla.39
Durante el primer bienio de la Segunda República española la cuestión agraria acaparó la agenda política y social. Ciertamente, no hubo una revolución campesina que alumbrara una reforma agraria al modo de México o Rusia, pero la inestabilidad social y política que se acentuó en la primavera de 1931 en las provincias latifundistas suplió la ausencia revoluciona- ria.40 Como arma preventiva frente a una violenta revuelta campesina —principalmente en Andalucía y Extremadura—, se promulgó la Ley de Bases de la Reforma Agraria, de 21 de septiembre de 1932, que disponía la expropiación sin indemnización de las tierras propiedad de grandes familias aristocráticas por su participación en la Sanjurjada.41 Los conflictos de clase
36 González de Molina, M. (2014), op. cit., 50.
37 Pérez Trujillano, R.A. (2013). Reforma agraria: Pueblo, Estado y Derecho. A propósito de la Ley 8/1984, de Reforma Agraria del Par- lamento de Andalucía y la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987. Grupo de Estudios del Sindicato Andaluz de Trabajadores.
38 González de Molina, M. (2014), op. cit. Señala, por tanto, este autor que el problema de la cuestión agraria debe entenderse como un problema político contemporáneo que adquirió relevancia social y política a finales del siglo XIX, cuya vigencia continuó durante el siglo XX y que desapareció con él.
39 Moreno, I. (1992), op. cit.
40 Para atender la cuestión agraria y la política orientada por la República, véase Robledo, R. (2010). El fin de la cuestión agraria en España (1931-1939). En Garrabou R. y Robledo, R. (Eds.). Sombras del progreso: Las huellas de la historia agraria. Crítica, 117-150. Para analizar pormenorizadamente las condiciones estructurales de la agricultura española —sobre todo el conflicto en torno a la gran propiedad y sus efectos sociales—, las iniciativas y proyectos de reforma agraria entre 1931 y 1936, los conflictos laborales, las ocupaciones de tierra, la reacción de las autoridades y la patronal y el fracaso de la reforma de 1932, véase Robledo, R. (2022). La tierra es vuestra: La Reforma Agraria. Un problema no resuelto en España: 1900-1950. Pasado y Presente. Para atender las consecuencias de las reformas agrarias europeas del periodo de entreguerras en perspectiva comparada, véanse los casos de España, Checoslovaquia y diferentes países de Europa del Este en Simpson, J. (2022). Land Reform and Farming in Interwar Europe. Working Papers in Economic History, disponible en https://hdl.handle.net/10016/36227.
41 La sanjurjada fue un intento fallido de golpe de Estado contra la Segunda República española liderado por el general José Sanjurjo en agosto de 1932.
se intensificaron en 1934 ante la ofensiva de los grandes propietarios durante el bienio radi- cal-cedista —cristalizada en la Ley de Contrarreforma de 1935— y la huelga campesina. En esta tesitura, la reforma agraria planteada por la República actuaría hasta 1936 como arma de defensa para frenar la reacción antirreforma del bloque de la patronal agraria y para aliviar el paro que provocó el propio anuncio de la reforma.42 Muchos jornaleros la entendieron como una traición burguesa de un régimen político al que habían apoyado y que no había posibili- tado las aspiraciones radicales de expropiación y reparto de tierras.43 Peña Novo, gobernador general de Extremadura en 1932, resumiría la tensión con estas palabras que también ilustran la conflictividad en el ámbito rural andaluz:“Ambas clases están íntimamente convencidas de que solo el aniquilamiento de la clase contraria puede resolver el problema”.44 Robledo señala que el fracaso de la reforma republicana, orientada hacia un modelo de desarrollo centrado en difundir la pequeña explotación, se debió fundamentalmente a los problemas de índole económica en su aplicación, a la intransigencia y el insuficiente apoyo político —que fue menguando a medida que avanzaba el periodo republicano— y a los constantes conflictos en materia laboral.45
Solo la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 despertó el prin- cipio de utilidad social de la tierra, dio prioridad a las ocupaciones y, sobre todo a partir de julio de 1936, comenzó un fugaz proceso de expropiaciones,46 que sería contestado por los terratenientes con el apoyo a la sublevación militar de julio de 1936 y con la fortísima repre- sión emprendida durante la Guerra Civil y la posguerra contra jornaleros significados con la colectivización agraria, proceso que, por otra parte, fue también excepcional y revolucionario en determinados lugares de Andalucía donde no triunfó el golpe de Estado. No obstante, la victoria del bando sublevado supuso una contrarrevolución agraria que trajo la derogación de la reforma de 1932, fulminó las colectividades agrarias y la movilización campesina, restauró la propiedad de la tierra a sus antiguos dueños y forjó una paz incivil caracterizada por una for- tísima represión. En palabras de Robledo:
A la vista del violento escenario que se abre en julio de 1936, la historia de la reforma agraria en España se nos antoja la historia del éxito conservador en su obstrucción y la del rigor del castigo para quienes fueron sus beneficiarios o iban a serlo. En el balance, hubo mucha más represión que reforma.47
Durante el primer franquismo, la burguesía agraria orientó una política agraria proteccio- nista en función de sus intereses, comenzando en 1939 con la creación del Instituto Nacional de Colonización (INC) y continuando en 1949 con la promulgación de la Ley de Bases para la Colonización de Grandes Zonas Regables, cuyo objetivo fue promover una transformación productiva para convertir zonas de tierra no regables en regables de cara a su revalorización. Sin embargo, el gasto público en infraestructuras de riego y en nuevas tecnologías fue escaso debido a un régimen tributario regresivo que mantuvo una elevada presión fiscal sobre el
42 Robledo, R. (2010), op. cit.
43 Moreno, I. (1992), op. cit.
44 Robledo, R. (2010), op. cit., 144.
45 Ibid.
46 Sauzion, C. (2015), op. cit.
47 Robledo, R. (2010), op. cit., 145. Véanse también las páginas siguientes sobre la represión de los jornaleros en las provincias latifundistas.
campo e invirtió poco en el sector.48 Coincidiendo con la entrada de España en los organismos internacionales y la aprobación de los sucesivos planes de desarrollo, los años sesenta signifi- caron la modernización y capitalización del campo, representando el periodo de mayor inter- vención por parte del INC,49 que sería sustituido en 1971 por el Instituto de Reforma y de Desarrollo Agrario (IRYDA). A pesar de las inversiones, la política intervencionista del Estado mantuvo inalterada la práctica totalidad de la estructura de la propiedad agraria y consolidó el sistema latifundista, ya que el 72% de la superficie mejorada para regadío continuó en manos de grandes terratenientes.50 Asimismo, agravó la situación de los trabajadores rurales, ya que la introducción de maquinaria novedosa y el abandono de grandes extensiones de terreno donde no convenía la mecanización dieron lugar a la destrucción de numerosos empleos agrícolas y a un trasvase masivo de población del campo a la ciudad y obligaron a miles de jornaleros andaluces a emigrar a los centros económicos e industriales del Estado español y del centro y norte de Europa.51
En 1971, con el objetivo de paliar las consecuencias de esta política agraria y acallar las reivindicaciones locales de los jornaleros sin tierra, se instituyó el Plan de Empleo Comuni- tario (PEC) como sistema de prestación económica excepcional que, en complemento del Régimen Especial Agrario, promovió la ocupación de trabajadores agrícolas en paro para la realización de obras y servicios públicos.52 La crisis económica de 1973 devolvió a múltiples trabajadores emigrados al campo andaluz, incapaz de asumir la creciente mano de obra de- mandante de empleo. Las tasas de desempleo agrícola fueron especialmente altas en Andalucía occidental y las protestas jornaleras no se hicieron esperar. Durante estos años de transición de la dictadura al sistema democrático liberal de 1978, el Gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD) ignoró las reivindicaciones campesinas que, en Andalucía, fueron lide- radas por Comisiones Obreras (CCOO) y, sobre todo, por el SOC, un sindicato nacionalista andaluz de clase constituido en Antequera (Málaga) en agosto de 1976, que sufrió una intensa represión política y sindical.53 Las ocupaciones de fincas, encierros y huelgas de hambre prota-
48 González de Molina, M., Soto Fernández, D., Guzmán Casado, G., Infante Amate, J., Aguilera Fernández, E., Vila Traver,
J. y García Ruiz, R. (2019). Historia de la agricultura española desde una perspectiva biofísica, 1900-2010. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
49 Para analizar la ayuda de Estados Unidos y la importancia trascendental que supuso para el desarrollo agrario español, tanto en la política de colonización del INC como en los programas de importación de maquinaria o en la transferencia de conocimientos técnicos, véase Martínez Rodríguez, F.J., Sánchez Picón, A. y García Gómez, J.J. (2019). ¡España se prepara! La ayuda americana en la modernización y colonización agraria en los años cincuenta. Historia Agraria (78), 191-223, disponible en https://doi.org/10.26882/histagrar.078e07m.
50 Sauzion, C. (2015), op. cit. Un análisis sobre el cambio agrario y la gran propiedad durante el franquismo a través de un estudio de caso en Hernández Barral, J.M. (2023). Cambio agrario y gran propiedad en el franquismo: los duques de Alba (1940-1970). Historia Agraria (90), 193-222, disponible en https://doi.org/10.26882/histagrar.090e09h.
51 Sauzion, C. (2015), op. cit.; Moreno, I. (1992), op. cit.; Haubert, M. (1995), op. cit.; Robledo, R. (2010), op. cit.; González de Mo- lina, M., Soto Fernández, D., Guzmán Casado, G., Infante Amate, J., Aguilera Fernández, E.,Vila Traver, J. y García Ruiz, R. (2019), op. cit.; Clar, E. y Ayuda, M.I. (2023). Rural migration and agricultural modernization. An analysis of provincial Spain during its great rural exodus, 1960-1981. Historia Agraria (90), 223-255, disponible en https://doi.org/10.26882/histagrar.090e07c.
52 Martín,V.O. (2007), op. cit.
53 Para atender las reivindicaciones campesinas y la conflictividad del movimiento jornalero andaluz, véase Gómez Oliver,
M.C. (1993). Jornaleros andaluces, ¿una clase en extinción? Un análisis de la conflictividad campesina en los años 80. En Se- villa-Guzmán, E. y González de Molina, M. (Eds.). Ecología, campesinado e historia. La Piqueta, 375-408. Para atender el papel que jugó CCOO en el campo andaluz durante el franquismo y la transición política, véase Fuentes, M.C. y Cobo Romero, F. (2017). La tierra para quien la trabaja: Los comunistas, la sociedad rural andaluza y la conquista de la democracia (1956-1983). Universidad de Granada. Para una aproximación a los orígenes y la historia del SOC, véanse Morales Ruiz, R. (2000). Aproximación a la historia del Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía. En González de Molina, M. (Ed.). La historia de Andalucía a debate:
I. Campesinos y jornaleros. Diputación de Granada y Anthropos, 179-206; Ocaña Escolar, L. (2006). Los orígenes del SOC: De las comisiones de jornaleros al I Congreso del Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía (1975-1977). Atrapasueños; Salvador, N. (2018).
gonizadas por el SOC centraron la atención de medios de comunicación y partidos políticos de la izquierda, y pronto se incardinaría en el discurso político autonomista la reivindicación de una reforma agraria.54
Génesis y caracterización de la Ley de Reforma Agraria de Andalucía de 1984
La lucha por la autonomía andaluza (1976-1981) había resucitado, en el imaginario colectivo del movimiento jornalero y de algunas organizaciones políticas de izquierda, la idea de una re- forma agraria que solucionara de raíz el problema de la tierra en Andalucía. Las consecuencias políticas de esta demanda serían de tal magnitud que la reforma agraria figuraría como uno de los objetivos de la constitución de la Comunidad Autónoma, corporizado normativamente en la obligación que establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre) de que cualquier Gobierno andaluz debe impulsar la reforma agraria sobre la base de la función social de la propiedad de la tierra, amparada en el artículo 33 de la Constitu- ción española de 1978.55 Se trataba de un objetivo de fortísimo contenido simbólico en un país con una importante clase de terratenientes rentistas y absentistas que habían formado parte del bloque político y social que detentaba el poder del Estado desde el siglo XIX.
El PSOE fue el partido que mayor rédito político extrajo de capitalizar la promesa de una reforma agraria, aunque ni mucho menos fue el único que la propuso. No obstante, había logrado la mayoría de las alcaldías de ciudades y pueblos andaluces en las primeras elecciones municipales de abril de 1979 y, durante la lucha por la autonomía, con Rafael Escuredo a la ca- beza, había abanderado la promesa de una redistribución de la tierra que materializara el lema jornalero “La tierra pa quien la trabaja”.56 Todo ello se fraguó en un contexto socioeconómico en el que la agricultura había sufrido una honda transformación decreciente en la importancia productiva del sector; de representar el 29,4% del PIB del Estado español en 1955 había pasado a un 10,9% en 1981, decrecimiento que vino acompañado de un notable descenso también del empleo en el sector. En concreto, en Andalucía, el sector agrario representaba el 56,7% de la población activa en 1955, mientras que en 1983 representaba el 20,4%.57 En mayo de 1982, el PSOE ganó por mayoría absoluta las primeras elecciones autonómicas y Escuredo accedió a la presidencia de la Junta de Andalucía. Asimismo, en octubre de 1982 el PSOE también ganaría las elecciones generales con mayoría absoluta, accediendo Felipe González a la presidencia del Gobierno central.
El papel de los movimientos sociales y sindicales en la democratización del mundo rural andaluz desde la transición [Tesis doctoral, Universidad de Granada], disponible en https://digibug.ugr.es/handle/10481/54751. Para atender las disputas entre estas dos organizaciones por el liderazgo sindical en el campo durante la Transición, véase Ruiz Galacho, E. (2018). Estudio com- parado de los sindicatos en la provincia de Sevilla durante la transición democrática (1976-1982). La rivalidad de Comisiones Obreras del Campo y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC). En AA.VV., Las otras protagonistas de la Transición: Izquierda radical y movilizaciones sociales. Brumaria, 33-38.
54 Herrera González de Molina, A. (2018b). Reforma Agraria en Andalucía. La pervivencia del mito. Andalucía en la Historia
(60), 36-39.
55 Sáenz, M. y Ferrer, A. (1987), op. cit.
56 Escuredo representaba el ala andalucista del PSOE y estaba apoyado por el que sería su consejero de Agricultura, Miguel Manaute, que había pertenecido al SOC y participado en su asamblea fundacional en 1976.
57 Sáenz, M. y Ferrer, A. (1987), op. cit.
En mayo de 1983, en un mitin en Ronda (Málaga), Escuredo declaró que presentaría al Par- lamento andaluz su “Proyecto de ley ‘estrella’”:58 una reforma agraria que diera respuesta a las demandas históricas del movimiento jornalero y dinamizara económicamente la agricultura andaluza.59 Cinco meses después, en octubre, Escuredo anunció en Carmona (Sevilla) el inicio del proyecto legislativo, que culminaría con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria de Andalucía el 3 de julio de 1984 y la creación de su ente instrumental, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA).60 Ramos y Romero califican la ley de moderada y respetuosa con la legalidad establecida en la Constitución de 1978,61 es decir, que no cuestionaba la inviolabilidad de la propiedad privada y el libre mercado. Su objetivo central no era materializar expropia- ciones y redistribuir la propiedad o el usufructo de la tierra, sino modernizar e incentivar la producción y el empleo agrarios fijando objetivos específicos centrados en elevar la calidad y competitividad de los productos, mejorar su comercialización, concentrar parcelas para cons- truir explotaciones más rentables, promover la reforestación y avanzar en la transformación en regadío de zonas clave.62 Las expropiaciones y otras actuaciones sobre la propiedad y explota- ción se plantearon más como una sanción al uso inadecuado y antisocial de la tierra,63 ya que la ley consideraba este mecanismo mediante la declaración de fincas como manifiestamente mejorables por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía al amparo de la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables,64 aprobada en noviembre de 1979 por el Gobierno de la UCD, presidido por Adolfo Suárez.
El SOC ante la Ley de Reforma Agraria de 1984. Del III Congreso de Villamartín (1984) al IV Congreso de Sevilla (1987)
La emergente agitación social en el medio rural y las repetidas ocupaciones de fincas y mar- chas jornaleras sobre tierras susceptibles de ser expropiadas desde finales de los años setenta y comienzos de los ochenta65 supusieron un caldo de cultivo favorable para empujar al PSOE a presentar su proyecto de reforma agraria. El clima de agitación rural se fue tensando desde que, en febrero de 1983, el Gobierno central decidiera expropiar todas las propiedades del grupo empresarial Rumasa debido a las irregularidades e impagos que mantenía con Hacienda. Entre las fincas a expropiar estaba la explotación latifundista El Indiano, en el término municipal de
58 Escuredo, R. y Cano, J. (2020). La dinámica política de la nueva Comunidad Autónoma. Especial referencia a la Ley de Reforma Agraria. En Escuredo, R. y Cano, J. Valió la pena la lucha de Andalucía por su autonomía.Tirant Humanidades, 347-360.
59 Díaz Diego, J. (2021). Ni tierras para jornaleros ni límites al latifundio. A 10 años de la derogación de la reforma agraria andaluza. En Márquez Domínguez, J.A. (Ed.). Mejorar la vida en tu territorio. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 99-109. Para atender el análisis y desarrollo de la reforma agraria andaluza de 1984, véanse Díaz Diego, J., Jurado Almonte, J.M., Marquez Dominguez, J.A. (2023). The last attempt at land reform in Spain: application and scope of the An- dalusian Agrarian Reform. Land (12:2), disponible en https://doi.org/10.3390/land12030683; Díaz Diego, J. (2022). La renuncia del socialismo a la reforma agraria en el sur de Europa: aproximación al caso andaluz. Rural & Urbano (7:2), 60-76, disponible en https://doi.org/10.51359/2525-6092.2022.255386.
60 Ramos, E. y Romero, J.J. (1994), op. cit. Para un análisis jurídico de la ley véanse Pérez Trujillano, R.A. (2013), op. cit., y Pérez Royo, J. (1988). Crónica jurídica de la Reforma Agraria andaluza. Revista Jurídica de Navarra (5), 11-36.
61 Ramos, E. y Romero, J.J. (1994), op. cit.
62 Mata, R. (1987). Notas críticas sobre la ley de Reforma Agraria andaluza de 1984. ERIA. Revista Cuatrimestral de Geografía
(14), 229-232; Entrena, F. (1995), op. cit.
63 Mata, R. (1987), op. cit.
64 Entrena, F. (1995), op. cit.
65 Aparicio, M., Flores, M., Landeros, A., Mingorría, S., Ortega, D. y Tudela, E. (2013). Land: Access and struggles in Andalusia, Spain. En Franco, J. y Borras Jr., S.M. (Eds.). Land Concentration, Land Grabbing and People’s Struggles in Europe. Transnational Institute (TNI) for European Coordination Via Campesina and Hands off the Land Network, 34-61.
Puerto Serrano (Cádiz), municipio donde el SOC estaba fuertemente implantado.66 Ante la posibilidad de que el Estado la expropiara para cederla a jornaleros o a cooperativas agrarias, durante el verano de 1983 se desató una fuerte campaña de ocupaciones permanentes por parte del SOC,67 que aspiraba a la toma y puesta en cultivo de dicha finca, fuera con la cesión del Gobierno o sin ella.
El líder del SOC, tras insistir en el firme propósito de establecerse en El Indiano hasta que la Administración central dé una respuesta concreta al futuro de las fincas expropiadas, aclaró que no “pretendemos un reparto indiscriminado y alocado de las tierras. Queremos que las fincas se entreguen al IRYDA […] y que se forme una comisión, en la que el SOC debe estar presente, para negociar su futuro”.68
Todas estas ocupaciones terminaban siempre con el desalojo forzoso de los ocupantes por parte de la Guardia Civil.
Más de trescientos guardias civiles desalojaron ayer “El Indiano”. Los jornaleros permanecieron sentados en el suelo y fueron sacados en brazos por las fuerzas del orden. Tras el desalojo, los jornaleros han vuelto a montar otro campamento im- provisado a trescientos metros del anterior, donde ya trabajan en la construcción de
nuevas chozas para asentarse permanentemente ante el nuevo desalojo.69
Se trata de la primera ocasión en que la vía pacífica del movimiento jornalero forzó a un desalojo en volandas de los ocupantes. Eso significaría una transformación de las formas vio- lentas con las que eran reprimidos los jornaleros, y se debió fundamentalmente a las prácticas pacíficas de ocupación de tierras que llevó a cabo el SOC a lo largo de toda su actividad rei- vindicativa, por las que sería internacionalmente conocido. Las sucesivas ocupaciones de El Indiano supusieron un fuerte varapalo para el Gobierno socialista, tanto a nivel estatal como andaluz. El PSOE se encontró, así, con uno de sus primeros desafíos estructurales en Andalucía. A esto había que añadir que, a comienzos de los ochenta, Andalucía seguía teniendo 200.000 jornaleros que trabajaban solo temporalmente y el 50% de la tierra continuaba en manos del 2% de los propietarios, lo cual generaba las condiciones idóneas para un debate público que iba a forzar al PSOE a tomar medidas en el ámbito de la política agraria.70
Sin embargo, el proyecto de Ley de Reforma Agraria presentado generaría un profundo malestar entre las distintas organizaciones políticas y sindicales de izquierda y, fundamental- mente, en el SOC, que lo entendió como una estrategia política del PSOE para apropiarse de una reivindicación histórica de los jornaleros andaluces y desactivar las protestas de los movimientos sociales en demanda de una reforma agraria que incidiera sobre el régimen de propiedad de la tierra. El SOC entendía que el proyecto dejaba intacta la estructura de propie- dad de la tierra y que su objetivo central se encaminaba a la modernización de la agricultura
66 El total de fincas expropiadas a Rumasa sumaban más de 20.000 hectáreas repartidas en 36 fincas. El Indiano (294 hectáreas), que contaba con acceso a regadío al colindar con el río Guadalete, se situaba entre los municipios de Montellano (Sevilla) y Puerto Serrano (Cádiz). Esta era la comarca fundamental de influencia del SOC, que iba desde la Sierra Sur de Sevilla, pasando por la Campiña sevillana y Marchena, hacia la comarca de la Sierra de Cádiz y llegando hasta el marco de Jerez.
67 Archivo del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC), Serie SOC, Caja Prensa, El SOC continúa la ocupación de una finca expropiada a Rumasa. Diario de Cádiz, 3-6-1983.
68 Archivo del ISEC, Serie SOC, Caja Prensa, Jornaleros del SOC ocupan una Finca expropiada a Rumasa. El País, 2-6-1983.
69 Archivo del ISEC, Serie SOC, Caja Prensa, Más de trescientos guardias civiles desalojaron ayer ‘El Indiano’. Diario de Cádiz, 2-6-1983.
70 Archivo del ISEC, Serie SOC, Caja Prensa, El Indiano, el primer desafío jornalero al Gobierno socialista. El País, 13-6-1983.
andaluza, la implantación de técnicas de regadío en fincas donde fuera posible sin demasiada inversión y la especialización de cultivos para la exportación de cara a una economía cada vez más globalizada. En palabras de su secretario general, Francisco Casero:
Nosotros, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que nunca hemos renuncia- do a una reforma agraria andaluza, defendemos que esta debe permitir avanzar ha- cia la propiedad pública de la tierra y hacia una utilización de los recursos agrarios andaluces que permita acabar de una vez por todas con el paro en el campo. Pero cuando preguntamos por las expropiaciones [...], se nos recuerda que el derecho de propiedad es inviolable según la Constitución. Nosotros decimos que la titularidad de la tierra no es tan importante como el usufructo que de ella se obtiene, siempre que se avance hacia la propiedad pública de la tierra, prestando especial atención a las cooperativas de explotación en común y potenciando la viabilidad de las actu-
ales explotaciones familiares.71
Casero planteaba que había cinco visiones en torno a la reforma agraria andaluza que se estaba gestando. Por un lado, los terratenientes hablaban de modernizar, el Gobierno central de reconvertir y la Junta de Andalucía de una reforma concertada, y, por otro lado, CCOO y el Partido Comunista de Andalucía (PCA) demandaban una reforma agraria integral. Por su parte, el SOC proponía lo siguiente:
No creemos que puedan expropiarse ahora todas las grandes fincas, pero sí de- seamos tener abierta la posibilidad de que, con la debida presión social, volun- tad política y capacidad financiera, vaya desapareciendo paulatinamente la abusiva concentración de la propiedad de la tierra que se da en Andalucía, que los montes se vayan desprivatizando y se repueblen, que se contemplen planes comarcales de ordenación agraria y agroindustrial, que se saneen y racionalicen las estructuras co- merciales monopolizadoras, que se favorezca la creación de cooperativas de com-
pras de materias primas, y servicios técnicos para la agricultura.72
En septiembre de 1983, el SOC celebró la primera parte de su III Congreso en Marinaleda (Sevilla),73 donde una comisión comenzó a redactar una propuesta de Reforma Agraria que sería presentada en la segunda parte del congreso, celebrada esta vez en Villamartín (Cádiz) en marzo de 1984. Con el objetivo de sentar las bases para preparar la propuesta y atendien- do al clima de tensión y presión por una reforma agraria desde el movimiento jornalero, el SOC convocó una Conferencia extraordinaria sobre Reforma Agraria en Bornos (Cádiz) el 13 de noviembre de 1983. En ella se analizaron los aspectos fundamentales de la situación so- cial y política, las acciones de lucha a emprender y la propuesta de Ley de Reforma Agraria que preparaba el Gobierno de la Junta de Andalucía. En el análisis sobre el anteproyecto del Gobierno, la primera crítica que se formularía sería que no atendía en ningún momento a la función social de la tierra.También se criticó que las posibles expropiaciones solo afectarían a las fincas que no cumplieran su debido aprovechamiento económico. Para el SOC, uno de los puntos fundamentales debía ser la reorganización de la estructura agraria andaluza en función del reparto de tierras de los latifundistas entre pequeños y medianos campesinos y jornaleros.
71 Archivo del ISEC, Serie SOC, Caja Prensa, Por una reforma agraria que nunca existió. El País, 17-10-1983.
72 Ibid.
73 Archivo del ISEC, Serie SOC, Caja Prensa, Hoy comienza el III Congreso del SOC en Marinaleda. El Correo de Andalucía, 10-9-1983.
[…] esta Reforma Agraria no dará más trabajo a los jornaleros, no modificará ni el uso ni la propiedad de las tierras bien cultivadas sea cual fuere su tamaño; no frenará la mecanización indiscriminada sino que, bien al contrario, la impulsará decididamente y finalmente, tampoco re-ordenará los cultivos agrícolas para de- fender y extender las superficies sembradas de productos que demanden mano de obra abundante.74
Además del reparto de tierras, el SOC también exigía una serie de puntos en torno a la planificación económica, entre ellos:
Planificación de cultivos con criterios de potenciación de aquello en lo que Andalucía tuviera más ventajas comparativas y que diese trabajo.
Creación de las industrias abastecedoras de materias primas agrarias.
Fomentar la creación de cooperativas de compra de materias primas y servicios técnicos para la agricultura.
Elaborar una nueva legislación laboral para el campo y establecer una normativa que impidiera la acumulación privada de tierra.
Potenciar la investigación agraria en Andalucía y elaborar un plan de aprovechamiento hidráulico, forestal y energético, entre otras medidas de carácter análogo.
Por último, el SOC defendía que su modelo de reforma agraria era necesario y posible, argumentando que se daban las condiciones económicas de paro y precariedad de una gran parte de los trabajadores agrícolas en Andalucía, así como la superveniencia de la tensión entre el latifundio y el minifundio y la ausencia de una clase media propietaria en el mundo rural. También entendía que se daba el contexto político adecuado, ya que el PSOE había sido ele- gido con un masivo respaldo social tanto en Andalucía como en el resto del Estado, por lo que tenía legitimidad para afrontar un proyecto de este calado. Por último, para el SOC existían las condiciones legales y jurídicas para afrontar una reforma agraria, ya que la nueva Constitución recogía competencias en este sentido en su artículo 131.1.También defendía que, en la mayoría de los países del entorno europeo, existía una legislación favorable a la reforma agraria.
El trabajo de elaboración finalizó con la presentación de la “Ponencia sobre Reforma Agra- ria” en el III Congreso de Villamartín, celebrado en marzo de 1984. En el análisis de la ponen- cia tenemos que destacar, en primer término, su profundo contenido ideológico ante la falta de perspectivas políticas que tenía el anteproyecto del Gobierno andaluz. La ponencia se nutría de ideología marxista y nacionalista de izquierdas, que en esos momentos era hegemónica en el seno del SOC:
La Reforma Agraria debe ser vehículo revolucionario que conduzca a la desapa- rición del sistema capitalista, caminando hacia una mayor independencia de An- dalucía. […] sin avanzar en el camino de la liberación nacional de Andalucía de la dependencia económica, política y cultural en que hoy se encuentra, será imposible
avanzar en el tipo de Reforma Agraria que el SOC defiende.75
74 Archivo del ISEC, Serie SOC, Caja Documentación orgánica, Conferencia extraordinaria sobre Reforma Agraria, Bornos (Cádiz), 13-11-1983.
75 Archivo del ISEC, Serie SOC, Caja Documentación congresual, Ponencia sobre Reforma Agraria. III Congreso de Villa- martín,Villamartín (Cádiz), marzo de 1984.
En cuanto a la cuestión de la tierra, el SOC despliega su propia concepción de propiedad y las formas de propiedad y tenencia que debería promulgar la Ley de Reforma Agraria:
La tierra, como el aire y como el agua es un don de la Naturaleza y, por lo tanto, no puede ser tenida por nadie para su provecho o enriquecimiento privado, sino que es un bien público, una propiedad del pueblo que tiene que ser para uso y disfrute de la comunidad que la habita y la trabaja. Por tanto, se debe abolir la propiedad de
la tierra. La tierra no es de nadie, la tierra es del pueblo.76
Entre las medidas que plantea la ponencia respecto a las transformaciones sobre las que debía incidir la Ley de Reforma Agraria, debemos destacar fundamentalmente las siguientes:
La titularidad de la tierra no es tan importante como su usufructo.
Avanzar hacia la propiedad pública de la tierra, prestando especial atención a las coope- rativas de explotación común.
Potenciar las explotaciones familiares.
El problema de la tierra había sido históricamente un actor de conflicto en Andalucía y ya era hora de resolverlo.
Legislación que impidiera la acumulación de tierras.
En su defensa de la tenencia pública de tierras, se argumentaba que estas debían provenir de las tierras del sector forestal, de antiguos y nuevos regadíos y de tierras de secano. Para financiar dicha adquisición, el SOC planteaba medidas como la emisión de títulos de deuda pública, así como un presupuesto anual extraordinario tanto del Gobierno andaluz como del estatal. Defendió también la importancia de las cajas de ahorros para facilitar créditos a cooperativas de explotación y a explotaciones familiares. Asimismo, planteaba la creación de un banco de crédito agrícola que aglutinase los fondos provenientes de las cajas rurales. Para favorecer un mayor abastecimiento regional de materias primas agrarias, la ponencia proponía tender a una regionalización de las industrias abastecedoras y fomentar la creación de cooperativas de compra de materias primas y servicios técnicos para agricultura. También se manifestó la necesidad de potenciar la investigación agraria en Andalucía en orden a una adopción selectiva y no indiscriminada de las técnicas de la Revolución Verde, creando un Centro Andaluz de Investigación Agraria. En el ámbito de la transformación y comercialización de los productos agrarios en Andalucía, el documento planteaba lo siguiente:
Como principio general, en el marco de la nueva agricultura, en la que este consti- tuye solo un subsector dentro del sistema agro-alimentario global, el éxito de toda Reforma Agraria depende en gran medida de las reformas que se introduzcan en el subsector de transformación de la comercialización agraria. Habría que atender a la creación de industrias comarcales en estrecha relación con las producciones agrarias de la zona. La promoción de estas industrias es responsabilidad oficial, po-
tenciando las iniciativas colectivas y el Cooperativismo.77
76 Ibid.
77 Ibid.
Además de estas medidas, es importante destacar otras demandas que se incluyen en el doc- umento, como la mejora de las condiciones de vida de los municipios rurales —con medidas como asistencia sanitaria o una educación pública de calidad— o la inclusión de una rigurosa legislación laboral de garantías para los trabajadores agrícolas en las explotaciones y en las fin- cas de tierra pública, así como en el entorno general de trabajo agrícola asalariado.
Este documento fue el texto fundamental que el SOC asumió en su demanda de una Ley de Reforma Agraria durante los años en que estuvo vivo el debate en torno a dicha ley del Gobi- erno andaluz. No es parte de la naturaleza de este trabajo analizar cuáles fueron las consecuen- cias de la misma, pero sí cabe apuntar varias reflexiones. Por un lado, la ley que se promulgó “permitía desactivar el movimiento jornalero cuya amplitud y radicalidad constituía, por aquel entonces, un factor permanente de inestabilidad”.78 Por otro, constituía una victoria política para el PSOE dentro del orden simbólico que continuaba suponiendo la reforma agraria en Andalucía, ganando a amplios sectores de la población —incluidos los grandes propietarios— gracias a la profunda ambigüedad que comportaba el concepto de reforma agraria que la ley defendía. El Gobierno andaluz logró desplazar el debate político y económico desde el eje reparto-redistribución hacia el eje rentabilidad-productividad de las grandes explotaciones agrarias andaluzas.79 En palabras de Pérez Yruela:
[…] se trata de una Reforma Agraria tímida que va a tener poco impacto en la redistribución de la propiedad de la tierra y en la solución del problema del des- empleo agrario. En suma, que se trata de un modelo de reforma que no responde a las pautas de los modelos clásicos de Reforma Agraria, en los que la redistribución de la propiedad ha sido un objetivo primordial.80
Sumpsi, uno de los ideólogos de la ley finalmente promulgada, admitía que “la buena apli- cación de la ley puede resolver la pérdida de empleo agrario en el futuro. Pero crear empleo es imposible”.81 La decepción que supuso para el SOC una Ley de Reforma Agraria que no iba a tocar en lo fundamental la distribución de la propiedad de la tierra, y que tampoco iba a tratar de modificar las circunstancias de paro estructural y pobreza que afectaban a trabajadores y trabajadoras agrícolas de Andalucía, fue tremenda.
Durante el IV Congreso, celebrado tres años después de la promulgación de la ley, en su ponencia “Tareas que debemos llevar a cabo en el SOC hoy”, expuesta por Diamantino García, se plantearon importantes cuestiones relacionadas con la reforma agraria y con el Plan de Em- pleo Rural (PER), un nuevo subsidio de empleo agrario instituido en 1986 por el Gobierno socialista de Felipe González, y que consiste en que a los trabajadores que puedan realizar un número determinado de peonadas en el campo —en torno a mes y medio o dos meses traba- jados dependiendo del año y del clima sindical de cada año— se les asegura un subsidio el resto
78 Naredo, J.M. y González de Molina, M. (2004). Reforma Agraria y desarrollo económico en la Andalucía del siglo XX. En González de Molina, M. y Parejo Barranco, J.A. (Eds.). La historia de Andalucía a debate: II. El campo andaluz. Anthropos, 88-116 y 108.
79 Ibid., 110.
80 Pérez Yruela, M. (1988). La reforma agraria andaluza: limitaciones y perspectivas. En Sumpsi, J.M., Pérez Yruela, M., Barceló, L.V., Pérez Royo, J., López Menudo, F. y Aragón, M. (Eds.). La Reforma Agraria. Centro de Estudios Políticos y Constitucio- nales, 55-78 y 58.
81 José María Sumpsi. Un ingeniero catalán es el encargado de realizar la reforma agraria auspiciada por la Jun- ta de Andalucía. El País, 1-8-1985, http://elpais.com/diario/1985/08/01/ultima/491695204_850215.html.
del año en caso de que no puedan encontrar empleo.82 La constatación de los días trabajados vendría avalada por la firma de un documento que así lo acredite por parte del patrón, por lo que aparecen todo tipo de mecanismos ilícitos, tanto para obligar a los jornaleros a trabajar en condiciones desfavorables a cambio de firmas como a raíz del surgimiento de circuitos ilegales de tráfico de peonadas —días firmados— para acceder de manera ilegal al subsidio.
En cuanto a las tareas a corto y medio plazo, el documento planteaba, por un lado, una oposición frontal al PER, ya que “está dando a la gente una falsa seguridad, que nos está some- tiendo al Gobierno que paga y al patrón que firma las peonadas”,83 y favoreciendo el pillaje en vez de fomentar el empleo, que debía ser el objetivo fundamental de las medidas de la Admin- istración. Por otro lado, proponía acciones y luchas que significasen la búsqueda de soluciones políticas que implicaran trabajo: “Tenemos que exigir lo que necesitamos, trabajo para vivir dignamente y tierra para trabajar”.84 Se defendía la sustitución de máquinas por hombres, el reparto de sindicalistas por los cortijos para presionar a los patrones a que dieran trabajo y la conformación de cooperativas y proyectos locales que significasen puestos de trabajo. En el ámbito de las tareas a largo plazo, el documento planteaba continuar “la lucha por una ver- dadera Reforma Agraria. Ha sido, es y sigue siendo nuestra reivindicación principal, porque sabemos que la tierra en Andalucía tiene posibilidades de darnos pan y trabajo a todos”.85
Para la consecución de este objetivo, el documento señalaba una actuación fundamental: de- nunciar la falsa reforma agraria del PSOE, ya que no tocaba la injusta estructura de la propie- dad de la tierra. Para el SOC, la ley de 1984 implicaba una reconversión del campo que llevaba aparejada la eliminación del trabajo sin dar alternativa a los trabajadores ante la situación de desempleo y paro estructural. Entendía que la ley iba dirigida a enriquecer a los grandes pro- pietarios, calificándola de “modernización capitalista del campo” engañosa, que roba a los jor- naleros una bandera de lucha. El documento defendía que “la estrategia ante la aplicación de la Reforma Agraria del PSOE ha de ser la de no colaborar con algo engañoso y perjudicial para los intereses de los jornaleros, estando activos denunciando todo lo negativo”.86 Igualmente, se proponía elaborar una lista con fincas a expropiar en cada pueblo o comarca para denunciarlo públicamente y ocuparlas como práctica de lucha. El apartado final de la ponencia concluía así:
Se debe abolir la propiedad de la tierra y su uso privado. La tierra no es de nadie. Si nadie ha hecho la tierra, nadie puede poseerla y su uso solo corresponde a la clase jornalera cuando la trabaja directamente. La tierra solo puede ser propiedad pública, propiedad del pueblo. Traducido a nuestro aquí y ahora andaluz, esta fi- losofía significa luchar decididamente por la desaparición lo más inmediatamente posible de la figura inútil para la producción y parásita para la sociedad que es el gran terrateniente.87
82 Debemos entender el PER como una de las medidas de protección social y asistencial que instituyó el Gobierno socialista dirigida a un sector claramente desfavorecido debido al proceso de reconversión industrial y modernización del campo. Esto le granjeó un gran apoyo electoral en múltiples poblaciones rurales y derivó en irregularidades y prácticas clientelares con el objetivo de mantener su favor en las urnas.Véase Herrera González de Molina, A. (2018a). El mundo rural en la historia de la democracia española. Nuevas propuestas de análisis. En Soto Fernández, D. y Berasáin, L. (Eds.). Del pasado al futuro como problema: La historia agraria contemporánea española en el siglo XXI. Prensas de la Universidad de Zaragoza, 209-234 y 232.
83 Archivo del ISEC, Caja SOC, Ponencia sobre las tareas que debemos llevar a cabo hoy en el SOC. IV Congreso de Sevilla, septiembre de 1987.
84 Ibid.
85 Ibid.
86 Ibid.
87 Ibid.
5. Conclusiones
A lo largo de este trabajo hemos abordado una visión en profundidad sobre el proceso de formación de la Ley de Reforma Agraria en Andalucía en la década de los ochenta y sus consecuencias en el sistema político autonómico. Como hemos podido observar, el SOC fue el gran impulsor de la lucha por el acceso a la tierra en la Andalucía de la Transición. A través de la lucha social y las ocupaciones de tierra, el movimiento jornalero andaluz construyó un programa de reforma agraria basado en la tradición de reformas agrarias de tipo socialista, in- corporando elementos similares a los procesos de colectivización y toma de tierras desde abajo. Sin embargo, a partir de la promulgación del texto legislativo de la Ley de Reforma Agraria de 1984, el PSOE impulsó una transformación agrícola mucho más vinculada a las políticas de modernización agraria de la llamada Revolución Verde. Pese a que el SOC, como expresión sindical del movimiento jornalero, fue el actor fundamental en el impulso de la reforma agra- ria, el PSOE supo capitalizar la política agraria y ser uno de los actores políticos fundamentales en la incorporación de Andalucía a los mercados agrícolas de Europa occidental a través de la Política Agraria Común.
Hemos analizado la posición del SOC en las luchas sociales por la Reforma Agraria en An- dalucía entre 1983 y 1987, así como su particular concepción de reforma agraria, las propuestas y acciones de protesta que realizaron en el debate público, su influencia en el proceso político que llevó a la promulgación de la Ley de Reforma Agraria andaluza por parte del PSOE en 1984 y su oposición a esta última. El surgimiento de las luchas sociales y sindicales y las ocu- paciones de tierras en demanda de una reforma agraria a principios de los ochenta supusieron un contexto político que presionó al PSOE para que tramitara una ley que, finalmente, no satisfizo las aspiraciones jornaleras de transformación de la estructura de propiedad de la tierra y que se centró, únicamente, en la modernización de la agricultura andaluza en el contexto de una economía globalizada.
Frente a la propuesta legislativa del PSOE, el SOC planteó un conjunto de propuestas políticas y una particular concepción de reforma agraria, impregnada de ideología marxista y nacionalista de izquierdas, que serían desarrolladas en una conferencia extraordinaria y en diversas ponencias en sus III y IV congresos entre 1983 y 1987. Entendía que la propiedad de la tierra debía ser pública dado que, como el aire y el agua, era un don de la naturaleza y que la legitimidad de su usufructo descansaba en el trabajo realizado sobre ella. Denunció que la ley desplazaba el debate económico-político desde el eje reparto-redistribución hacia el eje rentabilidad-productividad de las explotaciones agrarias y desactivaba el movimiento jornalero en lucha, constituyendo una victoria política del PSOE que ganaría a amplios sectores de la población debido a la ambigüedad del texto promulgado.
Tras la aprobación del texto propuesto por el PSOE, el SOC continuaría denunciando la “falsa” reforma agraria del Gobierno socialista, reivindicando una que incidiera en la transfor- mación de la estructura de propiedad de la tierra, que diera una alternativa a los trabajadores ante el desempleo y el paro estructural y que confrontara la figura del gran terrateniente. En la práctica, el SOC se preparó para nuevas acciones de lucha, confeccionando listas de fincas a expropiar y ocupándolas como práctica de denuncia de la situación. La experiencia de la Ley de Reforma Agraria en Andalucía nos permite analizar el conjunto de movilizaciones sociales y sindicales habidas desde los primeros años de la Transición y su cristalización en la
institucionalidad autonómica y en el conjunto legislativo de la primera década del periodo democrático. El modelo de reforma agraria del SOC es un excelente ejemplo del crisol de propuestas construidas desde abajo, desde la movilización social y sindical, para la conquista de derechos sociales, como es en este caso el derecho al acceso a la tierra.
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José Carlos Mancha Castro es doctor en Antropología Social por la Universidad de Sevilla, profesor del Departamento de Historia, Geografía y Antropología de la Universidad de Huelva y miembro del grupo de investigación Observatorio de Cultura y Patrimonio (HUM066). Su principal línea de investigación se centra en el estudio de rituales y fiestas populares y los elementos socio-simbólicos de legitimación del franquismo. Entre sus últimas publicaciones destacan los capítulos de libro “Holy Week in Huelva: an urban ritual drama”, en Processions and the Construction of Communities in Antiquity: History and Comparative Perspec- tives, 205-217 (Routledge, 2023) y “Rebelión, fascistización y tradicionalismo. El Rocío del franquismo”, en El franquismo se fue de fiesta. Ritos festivos y cultura popular durante la dictadura, 117-142 (Publicacions de la Universitat de València, 2022).
Javier García Fernández es doctor en Sociología por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Es especialista en Historia colonial moderna y contemporánea, con especial énfasis en movimientos campesinos, procesos de descolonización y nacionalismos en el tercer mundo y el sur de Europa. Ha sido profesor e investigador en la Universidad de Coimbra, de Granada, en la Universidad de California en Berkeley, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y, actualmente, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universi- dad Europea de Madrid. Es miembro del Grupo de Investigación en Imperios, Metrópolis y Sociedades Extraeuropeas (GRIMSE). Es autor de la obra Tierra y Libertad: Sindicato de Obreros del Campo, cuestión agraria y democratización del mundo rural en Andalucía, publicada en Icaria, así como del capítulo de libro “Movimientos sociales, protesta jornalera y democratización del mundo rural: el caso del Sindicato de Obreros del Campo”, publicado en Catarata.
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Pedro Hervalejo Sánchez Universidad País Vasco pa.hervalejo@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-5826-4258
Resum
Pels moviments nacionals, la celebració de diades nacionals representa una po- derosa eina de construcció nacional, però també una oportunitat per a l’acció exterior.Visitar la diada nacional d’una altra nació inclou haver d’exercir de repre- sentació de la nació pròpia, amb totes les implicacions simbòliques i pràctiques que això comporta. Aquest article analitza la dinàmica de presències creuades de naci- onalistes catalans a l’Aberri Eguna i de nacionalistes bascos a l’Onze de Setembre en un context de progressiu acostament entre aquests dos moviments: la Segona República espanyola. Unes interaccions que ens ajuden a entendre millor el com- plex i asimètric joc d’aliances d’aquest període, a més d’alguns elements particulars dels processos de construcció nacional basc i català, així com el desenvolupament d’un protocol que medià la relació entre els dos moviments.
Paraules clau: experiències nacionals, construcció nacional, nacionalisme català, nacionalisme basc, Segona República espanyola.
Fecha de recepción: 17/05/2023 Fecha de aceptación: 01/07/2024
ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.6
Resumen
Vascos en la Diada, catalanes en el Aberri Eguna. Presencias cruzadas en las fies- tas nacionales vasca y catalana durante la Segunda República española (1931-1938)
Para los movimientos nacionales, la celebración de dias nacionales representa una poderosa herramienta de construcción nacional, pero también una oportuni- dad para la acción exterior.Visitar el dia nacional de otra nación incluye tener que ejercer de representación de la nación propia, con todas las implicaciones simbóli- cas y prácticas que esto comporta. Este artículo analiza la dinámica de presencias cruzadas de nacionalistas catalanes en el Aberri Eguna y de nacionalistas vascos en el Onze de Setembre en un contexto de progresivo acercamiento entre estos dos movimientos nacionales: la Segunda República española. Unas interacciones que nos ayudan a entender mejor el complejo y asimétrico juego de alianzas de este período, además de algunos elementos particulares de los procesos de construcción nacional vasco y catalàn, así como el desarrollo de un protocolo que medió la rela- ción entre los dos movimientos.
Palabras clave: experiencias nacionales, construcción nacional, nacionalismo ca- talán, nacionalismo vasco, Segunda República española.
Abstract
Basques in the Diada, Catalans in the Aberri Eguna. Crossed presences in the Basque and Catalan national festivities during the Second Spanish Republic (1931-1938).
For national movements, the celebration of national days represents a powerful tool for nation-building, but also an opportunity for external action.Visiting anot- her nation’s national day includes having to act as a representation of one’s own nation, with all of the associated symbolic and practical implications. This article looks at the dynamic of crossed appearances of Catalan nationalists at the Aberri Eguna and of Basque nationalists at the Onze de Setembre in a context of a gradual between these two national movements: the Second Spanish Republic. Interactions which help us to better understand the complex and asymmetric game of alian- ces of this period, as well as some particular elements of the Basque and Catalan nation-building processes, and the development of a protocol which mediated the relationship between the two movements.
Keywords: national experiences, nation-building, Catalan nationalism, Basque nationalism, Second Spanish republic
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Introducció
Les diades nacionals juguen un paper clau al si dels processos de construcció nacional.1 Com a esdeveniments que sovint mobilitzen grans quantitats de persones, materialitzen la “comu- nitat imaginada” en forma de grans manifestacions, celebracions o rituals col·lectius. Per als moviments nacionals,2 que no compten amb aparells estatals nacionalitzadors, les diades nacio- nals són una font difícilment substituïble d’“experiències de la nació”3 que contribueixen a la interiorització de la identitat nacional per part dels individus. És aquesta la funció que juguen les commemoracions de l’Onze de Setembre4 i de l’Aberri Eguna5 en el desenvolupament his- tòric dels moviments nacionals català i basc.
L’arribada de la Segona República obrí un espai d’oportunitat política després dels anys de la dictadura de Primo de Rivera. El nou marc legal va permetre recuperar la commemoració de la defensa i caiguda de Barcelona davant les tropes borbòniques el 1714. L’Onze de Setem- bre comptava ja amb una certa tradició, consolidant-se com a element clau del calendari cata- lanista durant la Restauració. En el cas basc, la nova situació política obrí la porta a la creació de l’Aberri Eguna com a diada nacional, en un principi vinculada estrictament al Partit Naciona- lista Basc (PNB).6 L’efemèride triada fou la presa de consciència nacional per part del fundador del partit, Sabino Arana, que hauria tingut lloc el Diumenge de Resurrecció del 1882.
Aquest article parteix d’aquesta visió de les diades nacionals catalana i basca com a elements de construcció nacional, però es centra en un aspecte concret: la participació catalana a l’Aberri Eguna i la basca a l’Onze de Setembre. L’objectiu és discernir quin paper jugaren aquestes
1 Veure, per exemple, els diferents treballs continguts a Mcrone, D. i McPherson, G. (Eds.). (2009). National Days: Constructing and Mobilising National Identity. Palgrave Macmillan.
2 Per “moviment nacional” s’entén una forma de construcció nacional que no parteix d’un estat, sinó d’un grup ètnic no dominant, que té per objectiu “obtenir tots els atributs essencials d’una nació diferenciada; és a dir, desenvolupar una estructura social completa […], crear una cultura nacional en la seva llengua nacional i aconseguir una veu política, tot i que no neces- sàriament un estat”.Veure Hroch, M. (2015). European Nations: Explaining Their Formation.Verso, 31.
3 Quiroga, A. (2013). La nacionalización en España. Una propuesta teórica. Ayer (90), 17-38.
4 Moltes de les investigacions més recents sobre la Diada estan relacionades amb el procés sobiranista: Rodon, T., Martori, F. i Cuadros, J. (2018). El activismo por Twitter ante la movilización nacionalista: el caso de la diada catalana de 2016. Revista de Internet, Derecho y Política (26), 15-29; Palà Navarro, G. (2018).“A punt”. Anàlisi del relat televisiu de TV3 sobre la mobilització ciutadana de la Diada Nacional de Catalunya del 2016. Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi (35), 27-45. Sobre els orígens i el desenvolupament de la Diada, veure RocaVernet, J. (2014). De la Festa Nacional Catalana a la Diada de l’Onze de Setembre. Revisió de les commemoracions del catalanisme (1905-1914). Revista de Catalunya (287), 102-117; Frontera, G. (2012). La Tralla i la Diada. Catalanisme radical i republicanisme a la recerca d’una festa nacional oficial (1903-1905). A Arnabat, R.; Gavaldà, A. (Eds.). Projectes nacionals, identitats i relacions Catalunya-Espanya. Afers, 175-192.Veure també Martínez Fiol, D. (1997). Creadores de mitos. El “Onze de Setembre de 1714” en la cultura política del catalanismo (1833-1939). Manuscrits: Revista d’Història Mo- derna (15), 341-362; Junqueras, O. (1998). L’Onze de setembre de 1714 en la cultura catalana del segle XIX. Manuscrits: Revista d’Història Moderna (16), 305-318. El treball més exhaustiu fins ara, i un punt de partida excel·lent per a qualsevol investigació sobre la Diada fins a la Guerra Civil, és el d’Anguera, P. (2008). L’Onze de Setembre: Història de la Diada (1886-1938). Centre d’Història Contemporània de Catalunya i Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
5 Com a referència general, veure De la Granja Sainz, J.L. i Casquete Badallo, J.M. (2012). Aberri Eguna. A Diccionario ilustrado de símbolos del nacionalismo vasco. Tecnos, 33-56.Veure també Elezcano Roqueñi, A. (2013). El cine y la celebración de la na- ción vasca. Las filmaciones del Aberri Eguna durante la II República. Historia Contemporánea (48), 283-314; Casquete, J. i De la Granja, J.L. (2012). La celebración de la patria vasca: invención y evolución del Aberri Eguna. A La celebración de la nación: Símbolos, mitos y lugares de memoria. Comares, 135-157; Barandiaran Contreras, M. i Goiogana Mendiguren, I. (2008). Europa begira egindako Aberri Eguna. Hermes: Pentsamendu eta Historia Aldizkaria = Revista de Pensamiento e Historia (26), 76-79. Un treball clau sobre els orígens de l’Aberri Eguna, que demostra la poca fiabilitat històrica de la tria de la seva data, és el de De la Granja Sainz, J.L. (2006b). El culto a Sabino Arana: la doble resurrección y el origen histórico del Aberri Eguna en la II República. Historia y Política: Ideas, Procesos y Movimientos Sociales (15), 65-115.
6 Sobre el calendari polític del nacionalisme basc abans de la introducció de l’Aberri Eguna, veure Ruiz Descamps, N. (2014). Fiestas nacionalistas en Bilbao a principios del siglo XX: La puesta en escena de la nación vasca. Bidebarrieta (25), 118-127.
presències creuades durant la Segona República, amb les complexes relacions entre el nacio- nalisme basc i el català com a teló de fons.7
Telegrames, delegacions i discursos: actors i mecanismes de participació
La presència de nacionalistes bascos a la Diada i de nacionalistes catalans a l’Aberri Eguna implicà a una varietat d’agents i es realitzà mitjançant diferents mecanismes. En el cas basc, estigué gairebé monopolitzada pel Partit Nacionalista Basc.8 Aquest comptava amb seu pròpia a Barcelona, el batzoki —nom que reben les seus socials del PNB— obert a la capital catalana el 1930. L’espai, que mantingué les seves portes obertes fins a l’inici de la Guerra Civil, funcionava com a punt de trobada de la comunitat basca resident a Barcelona, articulant-la políticament i culturalment.9 Més enllà del PNB, representants del setmanari Jagi-Jagi, que abandonà la discipli- na del partit el 1934 per la seva estratègia autonomista, acudiren una única vegada a Barcelona. L’altre partit nacionalista basc, l’aconfessional i progressista Acció Nacionalista Basca (ANB),10 tingué una presència testimonial a la Diada.
La presència del nacionalisme català a l’Aberri Eguna fou, en comparació, un fenomen molt menor. Cap dels dos grans partits del catalanisme, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)11 i la Lliga Regionalista,12 tingueren una participació directa a la diada nacional basca. Unió De- mocràtica de Catalunya (UDC)13 fou possiblement l’actor polític que més interès va mostrar per l’Aberri Eguna.Aquest partit, com veurem més endavant, arribà a enviar representants a la diada nacional basca amb el Partit Nacionalista Català (PNC).14 A un altre nivell, també apareixen
7 Sobre les relacions entre els moviments nacionals basc i català durant la Segona República espanyola, veure: Hervalejo Sánchez,
P. A. (2021). Building the stateless nation. Basque and Catalan nationalism from a compared perspective (1930-1939) [Tèsi doctoral, EHU-UPV]; Ugalde, A. i Ucelay-Da Cal, E. (2020). Una alianza en potencia en un contexto más amplio: la mirada distante de los nacionalismos vasco y catalán (1910-1936). A Ucelay-Da Cal, E.; Núñez Seixas, X.M. i Gonzàlez i Vilalta, A. (Eds.). Patrias diversas,
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8 Sobre el PNB durant la Segona República, veure Tápiz, J.M. (2001). El PNV durante la II República. Fundación Sabino Arana, i especi- alment De Pablo, S., Mees, L. i Rodríguez Ranz, J.A. (1999). El péndulo patriótico: Historia del Partido NacionalistaVasco, I. 1895-1936. Crítica.
9 Sobre el Batzoki de Barcelona, veure Medina, F.X. (2002). Vascos en Barcelona: Etnicidad y migración vasca hacia Cataluña en el siglo XX. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 50-52.
10 Sobre ANB durant la Segona República, veure De la Granja, J.L. (2008). Nacionalismo y II República en el País Vasco: Estatutos de autonomía, partidos y elecciones. Historia de Acción Nacionalista Vasca, 1930-1936. Siglo XXI.
11 Sobre ERC durant la Segona República, veure Culla, J.B. (2013). Esquerra Republicana de Catalunya 1931-2012: Una història política. La Campana; Ivern i Salvà, M.D. (1988). Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1936) (Vols. 1 i 2). Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Ucelay-Da Cal, E. (1982). La Catalunya populista: Imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-1939). La Magrana.
12 Sobre la Lliga Regionalista —Lliga Catalana a partir del 1933— durant la Segona República, veure Ehrlich, C.E. (2004). Lliga Regionalista. Lliga Catalana, 1901-1936. Editorial Alpha; Ucelay-Da Cal, E. (2003). El imperialismo catalán: Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España. Edhasa; De Riquer, B. (1996). L’últim Cambó (1936-1947): La dreta catalanista davant la Guerra Civil i el primer franquisme. Eumo.
13 Veure Raguer i Suñer, H. (1976). La Unió Democràtica de Catalunya i el seu temps (1931-1939). Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
14 Veure Rubiralta i Casas, F. (2010). El Partit Nacionalista Català (1932-1936): Joc polític i separatisme. Rafael Dalmau.
com a agents menors mínimament interessats en aquesta connexió basca l’organització inde- pendentista Nosaltres Sols!,15 així com les entitats juvenils Palestra16 i Minyons de Muntanya.17 Tot aquest conjunt d’actors emprà bàsicament dos mecanismes de participació creuada a
la Diada o a l’Aberri Eguna. El primer i més senzill fou l’enviament de telegrames de suport. Aquests eren després publicats, normalment a mitjans de premsa nacionalista, quedant així com a testimoni simbòlic de solidaritat. El segon mecanisme de participació fou l’enviament de delegacions a la diada nacional en qüestió. En aquest sentit, el PNB jugava amb un avantatge particular, el seu esmentat batzoki, que li permetia mobilitzar persones basques afins residents a Barcelona durant la Diada, sense haver de desplaçar ningú des del País Basc. En qualsevol cas, aquestes delegacions, amb simbologia nacional pròpia, esdevenien una representació física que permetia un major protagonisme. Si, a més, aquestes delegacions tenien l’oportunitat d’inter- venir en algun acte polític amb discurs propi, el protagonisme assolit es multiplicava.Tot plegat deixava empremta a les cròniques de la premsa escrita. El seu estudi permet, per tant, fer una valoració de la intensitat d’aquestes presències creuades, de quins actors feren una aposta més decidida per la participació externa i amb quins elements simbòlics o discursius.
En el cas de la premsa nacionalista basca, la majoria de les referències a la presència catalana a l’Aberri Eguna o a la del mateix nacionalisme basc a la Diada es troben al diari Euzkadi del PNB. També apareix alguna referència al setmanari ja esmentat, Jagi-Jagi, i al diari d’ANB Tierra Vasca.18 Pel que fa a les fonts de la premsa catalanista, les presències creuades apareixen a cròniques d’una varietat important de fonts. Les més destacables són La Humanitat, vinculat a Esquerra Republicana de Catalunya —de forma oficial a partir de 1933—; L’Opinió, també proper a ERC, però que acabarà representant l’escissió del Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra;19 La Veu de Catalunya, de la Lliga Regionalista; La Publicitat, d’Acció Catalana Republicana; El Matí, proper a Unió Democràtica de Catalunya, i finalment Nosaltres Sols!, portaveu del grup independentista homònim.20 Tractant-se, totes aquestes, de fonts generades per actors d’alguna manera implicats en l’objecte d’aquest estudi, i per tant propenses al biaix, és necessari comptar amb altres referències de contrast. Les presències creuades tant a la Diada com a l’Aberri Eguna també es poden trobar a diaris com El Liberal i La Gaceta del Norte, en el cas basc, i a La Van- guardia i Solidaridad Obrera, en el cas català.21
Les participacions creuades a les diades nacionals basca i catalana durant la Segona Repú- blica espanyola es donaren amb un complex i canviant rerefons polític. Cal distingir, i analitzar per separat, els cicles del bienni reformista (1931-1933) el bienni conservador (1933-1936) i del
15 Sobre Nosaltres Sols! no hi ha encara cap treball monogràfic, però sí la biografia del seu líder principal, Rubiralta i Casas, F. (2008). Daniel Cardona i Civit (1890-1943): Una biografia política. Afers.
16 Veure Duran, L. (2007). Intel·ligència i caràcter: Palestra i la formació dels joves. Afers.
17 Veure Balcells, A. i Samper, G. (1993). L’escoltisme català (1911-1978). Barcanova.
18 Euzkadi s’ha consultat a l’hemeroteca digital del portal web Euskariana, vinculat al Govern Basc; Jagi-Jagi, a la bibiloteca digital Lau Haizeetara, de la Diputació Foral de Biscaia; Tierra Vasca, a l’arxiu de la Sabino Arana Fundazioa.
19 Sobre aquest veure Culla, J.B. (1977). El catalanisme d’esquerra (1928-1936). Curial.
20 Tant La Humanitat com L’Opinió s’han consultat a l’hemeroteca digital de la Fundació Josep Irla; La Veu de Catalunya, La Publicitat i Nosaltres Sols!, a l’Arxiu de Revistes Catalanes Antigues de la Biblioteca de Catalunya; El Matí, a l’hemeroteca digital de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
21 El Liberal i La Gaceta del Norte s’han triat per la seva important tirada durant la Segona República, així com per ser repre- sentatius dels dos corrents polítics rivals del nacionalisme basc durant aquest període: el socialisme liderat per Indalecio Prieto el primer, i el catolicisme monàrquic el segon. Ambdós s’han consultat a la biblioteca digital Lau Haizeetara.Veure Díaz Noci,
J. (2012). Historia del periodismo vasco (1600-2010). Mediatika. Cuadernos de Medios de Comunicación, Eusko Ikaskuntza (13), 160-166. La Vanguardia i Solidaridad Obrera també s’han triat per la seva gran tirada i per la seva distància política respecte al nacionalisme català. Solidaridad Obrera s’ha consultat a l’hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional d’Espanya.
Front Popular combinat amb la Guerra Civil fins a la darrera Diada abans de l’ofensiva final franquista contra Catalunya (1936-1938).
El bienni reformista (1931-1933)
La primera edició de l’Onze de Setembre d’aquest període republicà fou la del 1931, cinc mesos després de la proclamació del nou règim. La participació del nacionalisme basc a la Di- ada, però, és anterior. En una data tan primerenca com 1897, el setmanari Euskalduna, publicà “la primera referència afectuosa [cap a la Diada] fora del Principat”.22 La publicació basca, en aquell moment en transició del foralisme al nacionalisme —encara no adherida al PNB dels germans Arana—, expressà la seva solidaritat amb la causa catalanista “para que ambos países vean pronto lucir en su cielo el sol de su perdida libertad.”23 Un altre precedent important fou la participació de nacionalistes bascos a l’ofrena floral a Rafael Casanova durant l’edició de 1923, que acabà entre dures càrregues policials.24 Els fets, incloent-hi el detall de la presència basca, els recordava durant la Segona República l’òrgan portaveu de l’organització indepen- dentista Nosaltres Sols!25 Sembla, però, que la participació basca a les ofrenes a Casanova venia d’anys anteriors. A un discurs durant la Diada de 1932, Benigno Altube, coordinador del bat- zoki de Barcelona, assegurava haver realitzat l’ofrena “catorze vegades, dotze […] sota la tirania monàrquica”.26 Fins a aquell any, primera edició de l’Aberri Eguna, el nacionalisme basc no havia tingut una diada nacional clara que hagués pogut atreure algun tipus de presència nacio- nalista catalana continuada.Aquesta s’havia limitat a actes particulars, sovint xerrades o actes de perfil relativament baix, exceptuant la visita de Francesc Cambó el gener de 1917 en el context de la crisi política d’aquell any.27
La participació del nacionalisme basc a la Diada del 1931 s’ha de situar en un context de
grans contrastos pel que fa a la situació política a Catalunya i al País Basc. El clima polític ca- talà encara es trobava molt marcat pel sobtat triomf d’Esquerra Republicana i el ràpid accés al règim autonòmic provisional que havia col·locat Francesc Macià al capdavant de la nova Generalitat. El PNB, pensant que podria emprendre un camí similar, havia caigut en una “falsa analogia” que el deixà en un relatiu fora de joc polític.28 Mentre Francesc Macià proclamava el 14 d’abril una República Catalana i tres dies després negociava la seva conversió en Gene- ralitat provisional, el PNB dubtava i finalment intentava una assemblea d’alcaldes a Gernika que fou avortada manu militari pel nou règim republicà. ERC, que havia participat del Pacte de Sant Sebastià un any abans amb els republicans espanyols —aliança republicana a la qual s’acabarien sumant PSOE i UGT—, era ara un aliat preferent del Govern provisional a Madrid. Al PNB li
22 Anguera, P. (2008), L’Onze de Setembre…, op. cit., 47.
23 Euskalduna, 19-9-1897, 7.
24 Anguera, P. (2008), L’Onze de Setembre…, op. cit., 258-261.
25 Nosaltres Sols!, 11-9-1932, 2.
26 La Humanitat, 12-9-1932, 4; La Publicitat, 11-9-1932, 3.Altube apareix identificat com a coordinador del Batzoki de Barcelona a Medina, F.X. (2002). Vascos en Barcelona…, op. cit., 51.
27 Dita visita va contribuir a la desestabilització del nacionalisme basc, polaritzat entre un sector moderat i un altre més orto- dox i compromès amb l’ideari original del fundador, Sabino Arana. El segon va rebutjar l’acostament a Cambó i a la Lliga Re- gionalista, apostant —i eventualment liderant una escissió en aquest sentit— per un nacionalisme de caràcter independentista. Una altra visita nacionalista catalana al País Basc fou la xerrada del dirigent d’Acció Catalana Lluís Nicolau d’Olwer a Bilbao l’estiu de 1923.Veure De la Granja, J.L. (2000). Las alianzas políticas entre los nacionalismos periféricos en la España del siglo
XX. Studia Historica. Historia Contemporánea (18), 154.
28 Sallés, A. i Ucelay-Da Cal, E. (1985). L’analogia falsa… Op. cit.
pesava massa la seva enemistat històrica amb l’esquerra espanyola i la seva proximitat ideolò- gica amb el tradicionalisme catòlic. Acció Nacionalista Basca, la seva escissió liberal, era massa feble per a poder decantar les balances polítiques. En paraules de Rafael Font i Ferran, qui fou secretari de Lluís Companys, el nacionalisme basc esdevingué —i encara ho era a mitjan 1933— “un tema particularment delicat”.29
Al País Basc regnava el que s’ha descrit com a “clima de guerra civil”.30 Les tensions resul- tants per les polítiques laïcistes de la República, així com pel rebuig de Madrid i la mateixa esquerra socialista i republicana al País Basc a un projecte d’Estatut impulsat pel PNB i el car- lisme, donaren lloc a episodis de violència i repressió. Després de les eleccions constituents espanyoles de juny de 1931, el jove diputat del PNB José Antonio Aguirre va intentar una aliança parlamentària amb ERC, sense èxit.31 Tampoc van donar fruits els contactes que va mantenir amb el líder de la Lliga, Francesc Cambó.32 És per això que no estranya veure com, a la Diada del 1931, el nacionalisme basc anà al costat dels grups nacionalistes catalans crítics amb l’encaix autonomista acordat per Macià.33
Una representació basca —de “fills d’aquell poble residents a Catalunya”—34 participà a la desfilada davant les autoritats al costat de la delegació de la Unió Catalanista, portant una ikurrina, descrita a les cròniques catalanes com a “bandera basca”.35 Fonts diverses assenyalen que la dita bandera fou “molt aplaudida”,36 però només la revista homònima de l’agrupació independentista Nosaltres Sols! presentà la situació com un moment incòmode “[pels dirigents d’Esquerra, que] no sabien on posar els ulls quan passà la bandera basca, creuada amb la nostra senyera estelada”.37 No hi ha constància què els nacionalistes bascos prenguessin la paraula a cap acte, però sí que van ser mencionats en dos discursos realitzats a l’acte unitari celebrat al Palau de Projeccions de Montjuïc. Davant representants de tot l’espectre polític catalanis- ta —també hi parlaren representants d’ERC i de la Lliga—, Daniel Roig i Pruna, de la Unió Catalanista, saludà els bascos com a “companys d’esclavatge, demà de llibertat”, i Jaume Bofill i Mates, d’Acció Catalana Republicana, recordà “l’Onze de Setembre de 1923, en què Galícia, Bascònia i Catalunya estaven a punt de fer la triple aliança”.38
El primer Aberri Eguna, celebrat el Diumenge de Resurrecció del 1932 a Bilbao, es plantejà com a una demostració de força del PNB. En clau interna, la primera edició de la diada nacio- nal basca funcionà com a reafirmació dels sectors més ortodoxos del partit, poc còmodes amb l’aposta estratègica per l’autonomisme.39 La nova diada nacional tingué un ressò considerable a
29 La trista paradoxa del nacionalisme basc. L’Opinió, 14-5-1933, 5.
30 De la Granja, J.L. (2008). Nacionalismo y II República en el País Vasco…, op. cit., 263-270.
31 Euzkadi, 16-7-1931, 1; L’Opinió, 16-7-1931, 4; L’Opinió, 18-7-1931, 5.
32 Aguirre, J.A. (1976). Entre la libertad y la revolución, 1930-1935: La verdad de un lustro en el País Vasco. Geu, 414-415. La manca d’entesa entre Aguirre i Cambó es mantindria durant tot el període republicà, veure Sallés, A. i Ucelay-Da Cal, E. (1985). La correspondència Aguirre-Cambó, 1931-1936: unes reflexions. A Industrialización y nacionalismo: Análisis comparativo. Actas del I Coloquio Vasco-Catalán de Historia. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 471-500.
33 Ucelay-Da Cal, E. (1978). La crisi dels nacionalistes radicals catalans (1931-1932). Recerques: Història, Economia i Cultura (8), 159-206.
34 El Matí, 12-9-1931, 1.
35 La Publicitat, 12-9-1931, 1.Veure també Anguera, P. (2008). L’Onze de Setembre…, op. cit., 279.
36 És el cas de les publicacions de referència d’aquell moment tant d’ERC com de la Lliga, veure L’Opinió, 12-9-1931, 1; La Veu de Catalunya, 11-9-1931, ed.Vespre, 8; i també de La Vanguardia, 12-9-1931, 5. Solidaridad Obrera no va mencionar a la seva crònica la presència dels nacionalistes bascos; veure 12-9-1931, 7.
37 Batecs. Nosaltres Sols!, 19-9-1931, 4. La connexió amb Nosaltres Sols! provenia dels anys de l’exili a França durant la dicta- dura de Primo de Rivera. En aquell context els nacionalistes bascos entaularen bones relacions amb el sector —ja crític amb Macià— liderat per Daniel Cardona, que després trencaria definitivament amb Estat Català per crear Nosaltres Sols! Veure Ugalde, A. i Ucelay-Da Cal, E. (2020). Una alianza en potencia en un contexto más amplio…, op. cit., 400-411.
38 Anguera, P. (2008). L’Onze de Setembre…, op. cit., 280; La Veu de Catalunya, 12-9-1931, ed. Matí, 7; La Publicitat, 12-9-1931, 7.
39 Veure De la Granja, J.L. (2006b). El culto a Sabino Arana…, op. cit., 65-116.
la premsa catalana, caracteritzada com a “bodas de oro del nacionalismo vasco” per La Vanguar- dia, com a “manifestació nacionalista” per La Veu de Catalunya, com a “concentració d’elements nacionalistes” per La Publicitat o directament com a “homenaje a la memoria de Sabino Arana” per Solidaridad Obrera.40 Tant L’Opinió com La Humanitat varen caracteritzar correctament l’esdeveniment com a “dia de la pàtria” basca, i aquest darrer mitjà publicà una detallada nota explicativa del PNB sobre l’Aberri Eguna adreçada a la premsa internacional.41 Tot i el rerefons religiós de la diada nacional basca, la premsa del catalanisme d’esquerres, fermament laïcista, no va donar cap mostra d’hostilitat, ni cap al dia triat ni cap a la figura de Sabino Arana, ben conegut per la seva manca de sintonia amb el nacionalisme català.42
Cap d’aquestes fonts parla de delegacions catalanes a les mobilitzacions celebrades a Bil- bao el Diumenge de Resurrecció. El suport del nacionalisme català es limità als telegrames de Nosaltres Sols! —en coherència amb la complicitat mostrada a la Diada de 1931—, de la Joventut Catalanista de Solsona i també d’Unió Democràtica de Catalunya.43 Però el fet que fins a Bilbao no hi anessin nacionalistes catalans no va impedir que l’Aberri Eguna arribés fins a Barcelona. El batzoki de la capital catalana organitzà la seva pròpia commemoració de la di- ada nacional basca, amb actes polítics, festes, exhibicions de música i dansa, i una missa a Santa Mònica. Fins i tot es va encendre una foguera a la muntanya de Sant Pere Màrtir, a imitació de les enceses a diversos cims del País Basc la nit abans de l’Aberri Eguna. Segons la crònica re- collida a El Matí, a l’acte van parlar dos representants del nacionalisme català: Marc Aureli Vila, en nom de les Joventuts d’Esquerra Republicana-Estat Català (JEREC), i Manuel Thió, en nom d’UDC, qui presentà el seu partit com la força política “que s’hi troba més identificada [amb el nacionalisme basc]”. L’acte també aparegué a les cròniques més aviat positives de L’Opinió i de La Humanitat, sense incloure les intervencions de Vila ni Thió.44
La Diada del 1932 va tenir lloc enmig de les celebracions per la recent aprovació de l’Esta-
tut, prèviament retallat per les Corts espanyoles.45 De nou, les cròniques de la premsa recullen la participació de bascos vinculats al batzoki de Barcelona, aquesta vegada al costat del líder d’Unió Democràtica de Catalunya, Manuel Carrasco i Formiguera.46 En aquella ocasió la de- legació basca sí que prengué la paraula, amb un discurs pronunciat per Benigno Altube en el mateix moment de l’ofrena, que segons fonts diverses “fou ovacionat, enmig de càlids visques”. També es cantà l’himne basc “Gernikako arbola”.47 De nou, fonts diverses destaquen la positiva
40 La Vanguardia, 29-3-1932, 22; La Veu de Catalunya, 28-3-1932, 5; La Publicitat, 27-3-1932, 1; Solidaridad Obrera, 29-3-1932, 3.
41 L’Opinió, 27-3-1932, 1, i 29-3-1932, 8; La Humanitat, 28-3-1932, 6-7.
42 Sobre les posicions de Sabino Arana respecte al nacionalisme català i la seva evolució, veure De la Granja, J.L. (2006a). El
antimaketismo: la visión de Sabino Arana sobre España y los españoles. Norba. Revista de Historia (19), 197-200.
43 Euzkadi, 29-3-1932, 6; El Matí, 27-3-1932, 1. L’adhesió de Nosaltres Sols! també apareix, junt amb la de la Joventut Catala- nista de Solsona, a la revista d’un sol número editada expressament amb motiu de la primera diada nacional basca.Veure Aberri Eguna. Berbizkunde Igandia 1932. Euzko-Idazkaltza-Buruba, 91.
44 El Matí, 29-3-1932, 18; L’Opinió, 29-3-1932, 8; La Humanitat, 28-3-1932, 6.
45 La direcció del PNB representada per Luis Arana envià telegrames —publicats en el context de la Diada— felicitant Fran- cesc Macià i Manuel Carrasco i Formiguera per l’Estatut; veure Euzkadi, 12-9-1932, 1. La Vanguardia publicava que també s’havien rebut telegrames “de todos los centros nacionalistas del País Vasco”; veure 13-9-1932, 7. Sobre Carrasco i Formiguera, veure Duran, L. (2014). El pensament nacionalista de Manuel Carrasco i Formiguera. Un cristià demòcrata per la República Catalana. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics (25), 351-388.
46 Anguera, P. (2008). L’Onze de Setembre…, op. cit., 292. Carrasco i Formiguera “es felicità de la coincidència al peu del mo- nument dels nacionalistes bascos i catalans. Expressà que els pobles que treballen per llurs llibertats propugnen ensems per la pau”, segons es recull a La Humanitat, 12-9-1932, 4.
47 La Veu de Catalunya, 12-9-1932, ed.Vespre, 5. Coincideixen en aquest detall les cròniques recollides a La Vanguardia, 13-9- 1932, 7 i a La Humanitat, 12-9-1932, 4. Aquesta darrera és la que menciona el detall de l’himne Gernikako Arbola. Solidaridad Obrera no publicà cap crònica de la Diada del 1932.
resposta del públic assistent a l’aparició de la delegació basca, que estigué acompanyada per delegacions de Galícia i de València.48
L’Aberri Eguna del 1933 estigué molt més enfocat a la projecció exterior que la primera edi- ció. La jornada es va publicitar sota el lema “Euzkadi-Europa”, amb un cartell mostrant siluetes d’alguns dels principals monuments europeus.49 El PNB va convidar representants nacionalistes catalans i gallecs, així com a Ewald Ammende, del Congrés de Nacionalitats Europees.50
La delegació catalana estava encapçalada per Manuel Carrasco i Formiguera i Francesc Mas- pons i Anglasell. El primer tenia una simpatia personal pel nacionalisme basc i, com a diputat a les Corts republicanes espanyoles, s’havia oposat a les retallades imposades al projecte original de l’Estatut, fet que li havia donat un cert prestigi entre els nacionalistes bascos.51 El segon havia viscut al País Basc, i a les eleccions de novembre del 1932 al nou Parlament català fou cap de llista pel Partit Nacionalista Català.52 El PNC, independentista i sorgit amb el suport, entre altres, de Nosaltres Sols!, havia col·laborat amb el batzoki de Barcelona i des dels seus inicis l’havia influït el PNB.53
El viatge dels catalans fins a San Sebastià, seu d’aquella edició de la diada nacional basca, va estar carregat d’elements protocol·laris: rebudes formals per part de delegacions del PNB —in- cloent-hi la del president de la direcció guipuscoana del partit,Telesforo Monzón—,54 rebudes oficials per part de les autoritats municipals de Villabona i Tolosa, decoracions d’espais amb banderes catalanes i basques, etc. Tant Carrasco i Formiguera com Maspons i Anglasell es van poder dirigir al públic —començant amb algunes paraules en èuscar i català abans de passar al castellà— en l’acte central de l’Aberri Eguna.55 Més enllà de la crònica positiva del diari na- cionalista basc Euzkadi, la visita tingué un ressò considerable, com s’aprecia a les notícies apa- regudes a mitjans catalans com ara La Vanguardia, La Veu de Catalunya i La Humanitat, o també a premsa basca fora de l’òrbita del PNB.56 La Publicitat, d’Acció Catalana Republicana, prengué una posició més crítica, recollint que els ponents del “miting nacionalista de Sant Sebastià […]
48 La Humanitat, 12-9-1932, 4; La Publicitat, 11-9-1932, 3; La Veu de Catalunya, 12-9-1932, ed.Vespre, 5; La Vanguardia, 13-9-1932,
7; El Matí, 13-9-1932, 1.
49 El cartell de 1933 es va reeditar per l’edició de 1968 amb modificacions mínimes. Es pot trobar a “Aberri Eguna”, Auñamendi Eusko Entziklopedia, disponible a https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/aberri-eguna/ar-6047/fotos/ [consultat el 25-7-2022]. 50 Aquesta organització comptava amb la participació de nacionalistes catalans i aplegava a nacionalistes de les minories alemanyes, jueves, hongareses i eslaves entre altres.Veure Núñez Seixas, X.M. (2020). ¡Patriotas del mundo, uníos! Nacionalistas subestatales, exiliados antifascistas e internacionalismo en la Europa de entreguerras. A Ucelay-Da Cal, E.; Núñez Seixas, X.M. i Gonzàlez i Vilalta, A. (Eds.). Patrias diversas, ¿misma lucha?: Alianzas transnacionalistas en el mundo de entreguerras (1912-1939). Bellaterra, 88-89; Núñez Seixas, X.M. (1995). ¿Protodiplomacia exterior o ilusiones ópticas? El nacionalismo vasco, el contexto internacional y el Congreso de Nacionalidades Europeas. Cuadernos de Sección. Historia-Geografía. Eusko Ikaskuntza (23), 243-275.
51 Carrasco i Formiguera era, segons el testimoni de Jesús Altube, fill del coordinador del Batzoki de Barcelona: “[…] muy asiduo del Batzoki y por lo mismo muy conocido por todos”.Veure Madina, F.X. (2002). Vascos en Barcelona…, op. cit., 51.Veure també Jagi-Jagi, 17-9-1932, 4 i 8.
52 Maspons i Anglasell havia exercit de catedràtic de Dret a la Universitat d’Oñati, a Guipúscoa, entre els anys 1896 i 1897. Veure García Izquierdo, J.M. (2016). Francesc Maspons i Anglasell: Polític, jurista, periodista (1872-1966) [Tesi doctoral, Universitat Ramon Llull].
53 Veure La Nació Catalana, 16-8-1932, 3; 16-11-1932, 1; 23-11-1932, 1.També Rubiralta, Op. cit., 45 i 164.
54 De fet, Ucelay-Da Cal atribueix a aquest dirigent nacionalista basc tot el projecte de la participació catalana a l’Aberri Eguna, que hauria gestionat durant una estada prèvia a Barcelona.Veure Ucelay-Da Cal, E. (1987). Política de fuera, política casera…, op. cit., 88.
55 Euzkadi, 16-4-1932, 1-2.
56 Veure La Vanguardia, 17-4-1933, 24; La Veu de Catalunya, 16-4-1933, 11; La Humanitat, 15-4-1933, 2 i 17-4-1933, 7; Tierra Vasca,
16-4-1933, 1; La Gaceta del Norte, 16-4-1933, 7 i 17-4-1933, 4; El Liberal, 16-4-1932, 6. Una excepció notable fou L’Opinió, que no en va publicar cap crònica.Tampoc Solidaridad Obrera.
s’expressaren en tons radicals, i arribaren a dir que la República seguia el mateix camí que la Monarquia […]”.57
El darrer Onze de Setembre del bienni reformista arribà només quatre dies després de la dimissió de Manuel Azaña, fet que donarà pas a la formació del primer Govern republicà d’Alejandro Lerroux el dia posterior a la Diada. És, per tant, un context de transició, però encara marcat per la manca d’entesa entre el PNB i els principals partits nacionalistes catalans. Només un mes abans de la Diada, havia passat per Catalunya el darrer tram de l’anomenat “viatge triangular”: un recorregut per Galícia, País Basc i Catalunya de representants dels tres respectius moviments nacionals. L’objectiu era la creació d’una aliança política, amb el nom GalEuzCa, que no es va arribar a materialitzar, en gran part per la manca de compromís d’ERC i la Lliga. Esquerra mantenia reticències a un acostament al nacionalisme basc, que encara per- cebia com a massa reaccionari, en un context en el qual encara es mantenia al poder el darrer govern d’Azaña, amb Lluís Companys com a ministre de Marina.58 Malgrat això, l’edició del 1933 va veure un cert salt qualitatiu en la participació del nacionalisme basc a la Diada, ja que el PNB estigué representat pel jove diputat José Antonio Aguirre, que es desplaçà fins a Barce- lona. Aguirre, acompanyat de representants del batzoki de Barcelona i la seva secció femenina, realitzà l’ofrena a Casanova i pronuncià un discurs al Fossar de les Moreres.59 El representant basc, presentat pel diputat al Parlament català per ERC Miquel Guinart i Castellà,“saludà en la seva llengua nadiua als presents i després en llengua espanyola desitjà una total alliberació a to- tes les pàtries irredents”.60 Segons La Publicitat, va rebre “una de les ovacions més càlides”.61 La seva intervenció, però, no obtingué el ressò mediàtic de la participació basca a les dues edicions anteriors de la Diada.62
El bienni conservador (1933-1936)
Els resultats de les eleccions generals espanyoles de novembre del 1933 marcaren un canvi de cicle polític amb implicacions noves pels nacionalistes bascos i catalans. L’anomenat “bienni conservador” estigué marcat pel gir recentralitzador augurat per l’arribada al poder d’Alejan- dro Lerroux, històric oponent del catalanisme, condicionat pels vots de la CEDA. El canvi a Madrid propicià un nou acostament entre els dos actors dominants dels nacionalismes basc i català, el PNB i ERC.
57 La Publicitat, 18-4-1933, 5.
58 Sobre l’aliança GalEuzCa de 1933, el desenvolupament del viatge triangular i els motius del seu fracàs, veure Hervalejo Sánchez, P.A. (2021). Building the stateless nation…, op. cit., 238-252; De la Granja, J.L. (1989). La alianza de los nacionalis- mos periféricos en la II República: Galeuzca. A Actas Congreso Castelao, Santiago de Compostela, 321-347. Per una visió del concepte al llarg de tot el segle XX, veure també Estévez, X. (2008). Galeuzca: La rebelión de la periferia (1923-1998). Entinema; Castells,V. (2008). Galeusca: Un ideal compartit. Rafael Dalmau.
59 Anguera, P. (2008). L’Onze de Setembre…, op. cit., 316.
60 L’Opinió, 12-9-1933, 6. El gest d’Aguirre començant la seva intervenció en llengua basca es pot considerar un exemple d’“intercanvi lingüístic”, un element simbòlic descrit a Hervalejo Sánchez, P.A. (2021). Building the stateless nation…, op. cit., 248 com a un “ús simbòlic de llengües no dominants durant interaccions entre moviments nacionalistes”.
61 La Publicitat, 12-9-1931, 1.
62 A més de no aparèixer a la crònica de LaVanguardia, resulta estrany que tampoc se’n fa cap mena de referència a la crònica d’Euzka- di, el diari del mateix PNB.Veure La Vanguardia, 12-9-1933, 4; Euzkadi, 12-9-1933, 5. Solidaridad Obrera tampoc en va fer menció.0
Al llarg de 1934, les tensions amb Madrid es materialitzarien en dues disputes polítiques de primer ordre: la Llei de Contractes de Conreu a Catalunya i l’Estatut del Vi al País Basc. En el primer cas, fou el Tribunal de Garanties Constitucionals republicà —a instàncies dels terratinents representats per l’Institut Agrícola de Sant Isidre— el que bloquejà un intent per part de la Generalitat de reformar la situació dels rabassaires i altres petits propietaris al camp català. En el cas de l’Estatut del Vi, fou el Ministeri d’Hisenda el que volgué desgravar els impostos sobre aquesta beguda, contravenint l’autonomia fiscal dels municipis bascos d’acord amb el concert econòmic.63 Ambdós conflictes obriren importants cicles de mobilització i confrontació institucional en què es van donar episodis de cooperació entre nacionalistes bas- cos i catalans. Els primers s’uniren als diputats d’Esquerra Republicana en la seva retirada del Parlament espanyol el juny de 1934. Els segons enviaren representants a donar suport i exercir d’observadors a una assemblea —prohibida pel Govern espanyol— de representants dels mu- nicipis bascos convocada com a acte de desobediència massiva en defensa de l’autonomia fiscal. La presència del nacionalisme català a l’Aberri Eguna de 1934, celebrat a Vitòria, fou molt limitada i contrastà amb el relatiu protagonisme del nacionalisme basc a la Diada uns mesos després. El suport explícit catalanista a l’Aberri Eguna es reduí als telegrames de suport d’Unió Democràtica de Catalunya, del seu líder, Carrasco i Formiguera, i dels Minyons de Muntanya i altres entitats excursionistes.64 Darrere aquestes es trobava la figura de Josep Maria Batista i Roca,65 independentista i organitzador clau del viatge GalEuzCa l’any anterior. El que sembla segur és que no hi hagué cap presència catalanista a la diada nacional basca del 1934, i no en fa menció cap crònica.66 De fet, pel que fa a la premsa més propera a ERC, ni L’Opinió ni La Humanitat feren cap mena de comentari sobre l’Aberri Eguna.Tampoc aparegué a La Publicitat. Malgrat això, el cert és que el clima entre Esquerra i el PNB havia millorat notablement. S’ha de tenir en compte que pocs dies després de l’Aberri Eguna, en el context dels debats a les Corts espanyoles sobre el projecte d’Estatut basc, els diputats d’ambdós partits es donaren suport. Les cròniques dels diaris propers a ERC i articles d’intel·lectuals com Antoni Rovira i Virgili mostren una actitud ja inequívocament positiva envers el nacionalisme basc i el seu líder par-
lamentari, José Antonio Aguirre.67
L’Onze de Setembre del 1934 arribà després d’un estiu calent, durant els que la direcció navarresa del Partit Nacionalista Basc descrivia com a “momentos críticos para Catalunya y Euzkadi”.68 El PNB envià una delegació a Barcelona liderada per Federico Zabala, que agraí el suport mostrat pels representants nacionalistes catalans que l’agost havien visitat el País Basc en solidaritat amb el moviment dels municipis oposat a l’Estatut delVi. El diari d’ERC, La Humani- tat, escenificà la nova proximitat amb els nacionalistes bascos posant una fotografia on apareixia
63 En el cas català, també tingué un lògic paper decisiu al conflicte el sindicat agrícola de la Unió de Rabassaires, que havia estat molt proper a ERC, però havia anat virant més cap a l’esquerra política. En el cas basc, es mobilitzaren ajuntaments d’una gran part de l’espectre polític, ja que la mesura afectava fonts de finançament clau per a la majoria dels municipis.Veure Gavarró i Rodríguez, M. (2019). Les polítiques progressistes de la Generalitat republicana. Eines (36), 90-92; De la Granja, J.L. (2008). Nacionalismo y II República…, op. cit., 503-504.
64 Euzkadi, 3-4-1934, 5.
65 Sobre el paper de Batista i Roca, veure el recent treball Porta i Capdevila, F.J. (2023). Batista Roca i la Galeusca (1932-1934). A Arnabat, R.; Moruno Moyano, C. (Coords.). De la primavera de las naciones a la guerra fría (1917-1947). Sílex, 179-192.
66 La Veu de Catalunya, 3-4-1934, 17; La Vanguardia, 3-4-1934, 26; El Liberal, 3-4-1934, 4; La Gaceta del Norte, 3-4-1934, 10;
Euzkadi, 3-4-1934.
67 La Humanitat, 6-4-1934, 1.Veure els articles d’A. Rovira i Virgili,“Els falsos amics”, La Humanitat, 7-4-1933, 1, i de J. Quero Molares,“A la lluita, bascos!”, L’Opinió, 8-4-1934, 1.
68 Així s’expressava aquest òrgan, el Napar Buru Batzar, en un telegrama enviat a la Generalitat amb motiu de la Diada.Veure
Euzkadi, 13-9-1934, 8.
una ikurrina a la seva portada del dia següent a la Diada.69 Zabala realitzà les habituals ofrenes florals, acompanyat per la música de l’himne “Euzko Abendaren Ereserkija”, davant la rebuda “entusiasta” del públic assistent.70 La delegació del PNB també va participar en un acte a la seu central d’Unió Democràtica de Catalunya.71
A Barcelona també es desplaçà un segon grup de nacionalistes bascos. A mitjans de 1934, un sector provinent de les agrupacions de muntanya properes al PNB trencà amb el partit per la seva estratègia autonomista, agrupant-se entorn del setmanari Jagi-Jagi i el seu líder, Eli Gallas- tegi. Ángel Agirretxe i Cándido Arregi participaren en l’ofrena floral al monument de Casa- nova en nom de la Federació de Muntanyencs escindida del PNB, rebuts per Roig i Pruna, de la Unió Catalanista, i per Daniel Cardona, de Nosaltres Sols! Francisco Gaztañaga, nacionalista basc també allunyat de la disciplina del PNB i antic contacte a l’exili d’Estat Català durant la dictadura de Primo de Rivera, participà amb un discurs a l’acte que Nosaltres Sols! organitzà el dia anterior a la Diada.72
La presència de les delegacions nacionalistes basques a Barcelona va coincidir amb una campanya de “solidaritat amb Euscadi [sic]”, consistent en una recollida de targetes signades, impulsada per l’entitat juvenil Palestra. Segons La Publicitat, s’aconseguiren més de 25.000 d’aquestes targetes, i s’anunciava que després serien portades al País Basc per una expedició organitzada per la mateixa entitat juvenil.73
Menys d’un mes després de l’Onze de Setembre, esclatava la crisi d’octubre de 1934. El Partit Nacionalista Basc i Esquerra Republicana prengueren camins gairebé oposats davant la revolta, que es plantejava com a resposta a l’entrada al Govern espanyol de tres ministres de la CEDA. Liderada arreu de l’Estat pel PSOE i la UGT, i plantejada com a vaga general revolucionària, di- fícilment podia atreure el PNB, que no participà de la seva organització i manà a les seves bases que s’hi mantinguessin al marge. Així va ser, exceptuant alguns casos localitzats. Diferent fou la situació a Catalunya, on la Generalitat liderada per Lluís Companys se sumà al moviment, proclamant l’Estat Català de la República Federal espanyola durant els coneguts com a “fets del sis d’octubre”. La derrota de la insurrecció arreu donà pas a una onada repressiva amb efectes que s’allargaren pràcticament fins a la victòria electoral del Front Popular el febrer de 1936. Malgrat el seu paper extremadament limitat als fets, les detencions, els empresonaments i els tancaments de diaris també afectaren el nacionalisme basc.74 En aquest nou context repressiu, les edicions de la Diada i de l’Aberri Eguna del 1935 quedaren pertorbades per prohibicions que
69 La Humanitat, 12-9-1934, 1. Una ikurrina també va presidir un acte d’Estat Català —integrat llavors a Esquerra Republica- na— al barri de Gràcia.Veure Anguera, P. (2008). L’Onze de Setembre…, op. cit., 330.
70 Mitjans de divers signe polític coincidiren amb els seus comentaris sobre la rebuda positiva a la delegació basca.Veure La Huma- nitat, 12-9-1934, 5; La Vanguardia, 12-9-1934, 4; La Veu de Catalunya, 12-9-1934, ed. Matí, 8; La Publicitat, 12-9-1934, 6. La presència de Zabala també fou comentada, de forma més asèptica, per La Gaceta del Norte, veure 12-9-1934, 4. Curiosament, només el diari del mateix PNB no anomenà Zabala a la seva crònica; veure Euzkadi, 12-9-1934, 5. Solidaridad Obrera es va limitar a publicar un article crític sobre la Diada, però cap crònica; veure 12-9-1934, 1. Sobre l’himne Euzko Abendaren Ereserkija, escrit per Sabino Arana, cal tenir en compte que tenia unes connotacions més inequívocament nacionalistes i vinculades al PNB que no la popular cançó Gernikako Arbola, del poeta José María Iparraguirre, que havia sonat a passades edicions de la Diada.Veure Arrieta Alberdi,
L. (2012). Himno Eusko Abendaren Ereserkia. A Diccionario ilustrado de símbolos del nacionalismo vasco.Tecnos, 482-492.
71 La Vanguardia, 12-9-1934, 6.
72 Jagi-Jagi, 15-9-1934, 7; Nosaltres Sols!, 15-9-1934, 1 i 4; Anguera, P. (2008). L’Onze de Setembre…, op. cit., 330-334. Sobre Gaztañaga veure De la Granja, J.L. (2008). Nacionalismo y II República…, op. cit., 15. La Vanguardia també va incloure l’ofrena d’Arregi i Agirretxe a la seva crònica, però va confondre el primer amb el diputat del PNB José Antonio Aguirre.Veure La Vanguardia, 12-9-1934, 5.
73 La Publicitat, 11-9-1934, 3; 12-9-1934, 3.
74 De fet, el PNB demanà a Esquerra Republicana que no es sumés a la revolta.Veure De la Granja, J.L. (2008). Nacionalismo y II República…, op. cit., 521.
dificultaren la participació. La situació no tornaria a canviar fins al nou cicle polític inaugurat per la victòria del Front Popular a les eleccions de febrer de 1936.
La diada nacional basca del 1935 tingué lloc a Pamplona, però els entrebancs de les autoritats impossibilitaren la seva celebració el Diumenge de Resurrecció, i l’esdeveniment es va anar posposant fins al 30 de juny. Els actes prengueren el nom oficial d’Euzkadi-Eguna, i es desen- voluparen amb limitacions, com ara la de no portar banderes.75 El ressò de l’esdeveniment a la premsa mostra un patró molt similar al de l’Aberri Eguna de l’any anterior. Cap crònica feu referència a la presència de delegacions nacionalistes catalanes.76 Una vegada més, fou Unió Democràtica de Catalunya qui envià, en forma de telegrama, el seu suport a l’acte i protestà per les dificultats imposades a la seva organització. El partit català, amb el seu habitual entusi- asme, feia seu el lema històric del PNB, proclamant “Visca Jel!”.77 ERC no es va pronunciar, però el seu diari La Humanitat es va fer ressò de l’Aberri Eguna, publicant una crònica positiva dels actes celebrats a Pamplona.78
L’edició de 1935 de l’Onze de Setembre també es va desenvolupar sota el marcatge de les autoritats, que varen prohibir les mobilitzacions i limitar l’esdeveniment a una silenciosa ofrena floral. El Govern català, amb Lluís Companys al capdavant, continuava empresonat i l’autono- mia, suspesa. Les cròniques de premsa d’aquell any, algunes de les quals detallaren quins partits participaren de l’ofrena silenciosa al monument de Casanova, no mencionen cap mena de presència de delegacions basques.Tenint en compte els precedents, no és inversemblant pensar que, entre els milers de corones dipositades, n’hi hagués alguna en nom del batzoki de Barce- lona, però cap de les fonts consultades per aquest treball en fa menció.79
El Front Popular, la Guerra Civil espanyola i l’exili basc a Barcelona (1936-1938)
La victòria del Front Popular a les eleccions generals de febrer de 1936 tornà a capgirar el panorama polític estatal, en un context de creixent inestabilitat i polarització que donà pas al cop d’Estat de juliol i a la guerra, que s’allargà fins al març del 1939. El primer Aberri Eguna d’aquest nou cicle, però, va tenir lloc abans de l’esclat del conflicte bèl·lic. La diada nacional basca del 1936 arribà en un context d’acostament entre el Partit Nacionalista Basc i l’esquerra espanyola. El PNB i el PSOE basc, liderat per Indalecio Prieto, es mostraven disposats a treballar per a fer realitat l’esperada autonomia basca. Esquerra Republicana actuà com a autèntic pont entre els dos agents, i la nova entesa s’escenificà amb un potent acte el 14 d’abril del 1936: la solemne inauguració d’un carrer dedicat a Francesc Macià a Bilbao.80
75 Euzkadi, 30-6-1935, 3.
76 La Vanguardia, 2-7-1935, 28; La Veu de Catalunya, 2-7-1935, 16; La Gaceta del Norte, 2-7-1935, 2; El Liberal, 30-6-1935, 4 i 1-7-
1935, 4; Euzkadi, 30-6-1935 i 2-7-1935.
77 Telegramas recibidos en Iruña. Euzkadi, 18-6-1935, 1. Sobre les implicacions del lema JEL —acrònim de Jaungoikoa eta Lege Zaharra, o “Déu i LleiVella”—, veure De la Granja, J.L. (2012). Lema Jel.A Diccionario ilustrado de símbolos del nacionalismo vasco.Tecnos, 593-608.
78 La Humanitat, 2-7-1935, 7.
79 La Humanitat, 11-9-1935, 1 i 12-9-1935, 1; La Vanguardia, 12-9-1935, 6; La Veu de Catalunya, 11-9-1935, 12 i 12-9-1935, 9; La
Publicitat, 11-9-1935, 1 i 12-9-1935, 1; La Gaceta del Norte, 12-9-1935, 3; Solidaridad Obrera, 12-9-1935, 1; El Liberal, 11-9-1935, 3;
Euzkadi, 11-9-1935, 5 i 12-9-1935, 2; veure també Anguera, P. (2008). L’Onze de Setembre…, op. cit., 354-355.
80 La visita de los catalanes a nuestra villa. Euzkadi, 14-4-1936, 1-2; El homenaje de Bilbao a la tumba de Macià. Euzkadi, 15- 4-1936, 1 i 3; Homenatge de Bilbao a la memòria de Francesc Macià. Euzkadi, 15-4-1936, 7-8.
L’Aberri Eguna d’aquell any, que s’hauria d’haver celebrat dos dies abans de l’acte a Bilbao, es va retardar fins al 30 de maig.Tot i que la direcció del PNB, l’Euzkadi Buru Batzar, justificà el retard per l’esforç dedicat a les eleccions recents,81 és possible que el canvi de data vingués en part motivat per la proximitat amb l’homenatge a Macià. En qualsevol cas, la diada naci- onal basca d’aquell any es celebrà de manera descentralitzada a tots els municipis on el PNB tenia capacitat per organitzar algun tipus d’acte, i per tant no generà les habituals imatges de grans masses al carrer.82 L’Aberri Eguna passà prou desapercebut a la premsa catalana, sense cap menció a La Humanitat, La Publicitat, La Vanguardia, La Veu de Catalunya ni Solidaridad Obrera. Unió Democràtica de Catalunya envià una nota d’adhesió, que sortí publicada a Euzkadi.83 Per al diari d’ERC, en aquell moment tenia més interès el procés parlamentari cap a l’autonomia basca, que havia donat lloc a la creació d’un “Comitè Català Pro Estatut Basc” organitzador d’una conferència a Barcelona.84
Amb el fracàs parcial del cop d’Estat contra la República i el començament de la Guerra Civil espanyola, la decisió del PNB d’apostar pel bàndol republicà l’acostà més a ERC. Físicament, però, Catalunya i el País Basc —la part encara lleial a la República— quedaren separats per una àmplia zona controlada pels generals insurrectes. Tot i el seu suport al règim republicà, el PNB prioritzà inicialment la consecució de l’autogovern a la intervenció militar activa. El setembre de 1936 els líders del partit es trobaven plenament centrats en les negociacions de l’Estatut d’Autonomia, que no finalitzarien fins al mes següent.85 Donades les circumstàncies, sembla que la participació en la Diada de 1936 no fou una prioritat pel nacionalisme basc, ni era pro- bablement gaire factible. La guerra també tingué conseqüències per a la comunitat nacionalista basca resident a Barcelona, que habitualment havia desenvolupat un paper clau en la presència a l’Onze de Setembre, provocant el tancament del batzoki.86
Les fonts de premsa87 descriuen una Diada militaritzada, organitzada sota el paraigua de l’autoritat de facto a Catalunya, el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, i presidida per l’au- toritat de jure, la Generalitat. El nacionalisme basc hi tingué una presència circumstancial: al costat de les habituals entitats, agafà protagonisme una gran desfilada de milícies de divers signe polític, entre les quals un grup “[d’]heroics defensors d’Irún, amb la bandera d’Euzcadi [sic]”.88 Així, entre aquests milicians provinents del front d’Irún, hi havia nacionalistes bascos que par- ticiparen de la desfilada.89 Sembla que, després de la caiguda d’aquest front, una part important
81 Aberri-Eguna. Euzkadi, 12-4-1936, 1.
82 Euzkadi, 30-5-1936, 1.
83 Euzkadi, 2-6-1936, 11.
84 Conferència sobre l’Estatut Basc. La Humanitat, 31-5-1936, 8; Pro EstatutoVasco. Euzkadi, 2-6-1936, 5. Lligat a aquest Comitè Català Pro Estatut Basc estaria Domènec Latorre, del centre social proper a ERC Pàtria Nova, qui segons Ucelay-Da Cal era un dels principals responsables de les activitats en suport al nacionalisme basc a Catalunya, incloent-hi un homenatge a Sabino Arana celebrat el mateix dia de la inauguració del carrer dedicat a Francesc Macià a Bilbao.Veure Política de fuera…, op. cit., 93.
85 De la Granja, J.L. (2007). El oasis vasco: El nacimiento de Euskadi en la República y la Guerra Civil.Tecnos, 381-383.
86 Madina, F.X. (2002). Vascos en Barcelona…, op. cit., 52.
87 Cal tenir en compte que en aquest moment es produeix un marcat gir editorial cap a l’esquerra a causa de les requisicions de premsa que tingueren lloc després de la derrota del cop d’estat de juliol del 1936. Així, La Vanguardia passà a estar sota con- trol de la Generalitat i La Veu de Catalunya entrà a l’òrbita de la CNT. Aquesta segona deixà de sortir el gener del 1937.Veure Figueres, J.M. (1997). Apropiacions de premsa a Catalunya durant la Guerra Civil. Anàlisi (20), 85-123.
88 La Humanitat, 12-9-1936, 5.Veure també La Vanguardia, 12-9-1936, 2; Diari de Barcelona, 12-9-1936, 6. La Veu de Catalunya atribueix erròniament el gest amb la bandera basca al cap de la centúria Panxo Villa, una unitat de milicans de la CNT; veure 12-9-1936, 5.
89 Un anunci al Diari de Barcelona en nom del “Comité responsable dels milicians d’Irún” els instava a presentar-se a les ins- tal·lacions de diferents milícies catalanes, separant-los per adscripció política, i emplaçant de forma específica a “nacionalistes bascos, solidiaris i mendigoxales” a presentar-se a la caserna de milícies d’Estat Català.Veure Diari de Barcelona, 11-9-1936, 6. Val la pena assenyalar que La Publicitat, el mateix dia de la diada, publicava una notícia on afirmava de forma exagerada que “el 70% dels milicians de San Sebastián són nacionalistes bascos”, veure 11-9-1936, 1. Per una visió més real del pes del PNB
dels seus combatents acabà a Barcelona i formà, amb milicians catalans del PSUC i la UGT, una “columna basco-catalana” que s’incorporà als combats de Madrid aquella tardor.90 L’aparició d’aquests gudaris amb la bandera nacional basca a Barcelona per la Diada de 1936 fou, tal com ja s’ha apuntat, bàsicament circumstancial. El seu ressò es va limitar fonamentalment a la premsa catalana, i ni tan sols va aparèixer a la crònica del diari nacionalista basc Euzkadi.91
A finals de setembre de 1936, amb l’ocupació franquista de Guipúscoa, arribaren a Catalunya les primeres onades de refugiats bascos, i el seu nombre va anar augmentant al llarg de 1937. El Govern basc havia anat establint una infraestructura pròpia a Catalunya: primer un Secretariat Basc i després una Delegació General d’Euzkadi a Catalunya, presidida per Manuel Irujo, del PNB, i a partir de maig de 1937 per Luis Areitioaurtena, d’ANB.92
L’edició de 1937 de la diada nacional basca recuperà la seva data oficial, el Diumenge de Resurrecció.Tingué un perfil relativament baix, amb celebracions tant a Bilbao com als fronts de combat, i arribà pocs dies abans de l’inici de l’ofensiva franquista contra Biscaia. El Diari de Barcelona, Solidaridad Obrera i La Publicitat no en van publicar cap notícia, i La Humanitat volgué destacar la celebració amb normalitat de la Setmana Santa a la zona republicana basca, “[salu- dant] el poble basc en aquests dies de fervor religiós”, però sense mencionar la diada nacional.93 Aquell any l’Aberri Eguna deixà de ser patrimoni exclusiu del PNB, ja que Acció Nacionalista Basca va sumar-se per primera vegada als actes patriòtics.94 La dimensió catalana de la diada nacional basca del 1937 tingué dos vessants. D’una banda, l’enviament de telegrames de suport, amb l’habitual missatge d’Unió Democràtica de Catalunya i, per primera vegada, un altre en nom de Lluís Companys. El president de la Generalitat s’expressà curt i clar:“Con motivo de la celebración del ‘Dia de la Patria’ vasca, envío mi salutación más efusiva al pueblo de Euzkadi, a su Gobierno y a su Presidente”. D’altra banda, l’Aberri Eguna també se celebrà a Barcelona, amb un esdeveniment a la seu de la Delegació del Govern Basc a Catalunya, situada al carrer de Pi i Margall, on prengué la paraula Santiago Doñabeitia.95
Amb el llançament de l’ofensiva del general Mola sobre el front de Biscaia, poc després
d’aquest Aberri Eguna, s’organitzà a Catalunya una campanya solidària amb una Setmana Pro-Euzkadi. Aquesta pretenia donar suport econòmic i polític a la defensa del front basc, exigint alhora una ofensiva de suport al front d’Aragó.96 Després de les grans evacuacions de maig i juny de 1937, i de les successives caigudes de Biscaia, Santander i Astúries, un nombre molt més gran —els informes de l’època els xifren entre 80.000 i 100.000— de refugiats bas-
a les milícies, veure Barruso, P. (2006). Verano y revolución: La Guerra Civil en Gipuzkoa (julio-septiembre de 1936). Hiria. D’altra banda, també s’ha de tenir en compte l’ús documentat de la ikurrina per part de milicians comunistes.Veure Núñez Seixas,
X.M. (2006). ¡Fuera el invasor!: Nacionalismos y movilización bélica durante la Guerra Civil española (1936-1939). Marcial Pons, 362.
90 Gascón Ricao, A. (2012). Unidades vasco-catalanas en la Guerra Civil española. Sociedad Benéfica de Historiadores Afici- onados y Creadores, 6-7.
91 Veure Euzkadi, 11-9-1936, 5.Tampoc apareix a les cròniques d’El Liberal, 12-9-1936, 8, ni de La Gaceta del Norte, 12-9-1936, 4.
92 Mees, L. (2008).Tan lejos, tan cerca…, op. cit., 567-568.
93 La Humanitat, 30-3-1937, 4.
94 De la Granja, J.L. (2006b). El culto a Sabino Arana…, op. cit., 95 i 108.
95 La cita del telegrama enviat per Companys i la crònica de l’acte a Barcelona apareixen a La Vanguardia, 30-3-1937, 2. Els telegra- mes també es mencionen a Euzkadi, 30-3-1937, 8 i El Liberal, 30-3-1937, 2. La premsa d’Acció Nacionalista Basca, en assenyalar el suport del partit a l’Aberri Eguna, no mencionà els telegrames de suport arribats de Catalunya; veure Tierra Vasca, 30-3-1937, 4.
96 La campanya comptà amb la participació d’Estat Català, ERC, el PSUC i l’UGT i consistí en una àmplia varietat d’actes amb participació massiva: manifestacions, esdeveniments esportius, desfilades militars i representacions teatrals.Veure Medina,
F.X. i Bou, J. (2000). ¡Cada día, catalanes, acordaos de Euzkadi! La Semana Pro-Euzkadi. Sancho el Sabio: Revista de Cultura e Investigación Vasca (13), 141-148.
cos acabà a Catalunya via França.97 L’Executiu basc presidit per Aguirre, però, no es traslladà de forma oficial a Barcelona fins a l’octubre del mateix any, un mes després de la Diada.
La participació basca en l’Onze de Setembre del 1937 fou la primera a adoptar un caire institucional. La delegació d’Euzkadi present a Barcelona participà a l’habitual desfilada amb la ikurrina acompanyada d’himnes nacionalistes bascos.98 Aquesta Diada no comptà amb cap crònica d’Euzkadi, que es va continuar editant a Catalunya després de la caiguda del front basc, però no es va posar en marxa fins al desembre d’aquell any.99 Tampoc aparegué a altres impor- tants publicacions basques, com ara El Liberal, ja desaparegut, o La Gaceta del Norte, ja en mans de les autoritats franquistes. El periòdic de la comunitat basca exiliada a Catalunya, Euzkadi en Catalunya, proclamava que “los vascos demostraremos a nuestros hermanos catalanes que el es- píritu de nuestra raza vibra al unísono con el suyo en fecha tan gloriosa para sus libertades”.100 Seria lògic pensar, tot i que les cròniques periodístiques no el mencionen, que la representació basca estigués encapçalada per Areitioaurtena, dirigent d’Acció Nacionalista Basca i en aquell moment delegat oficial del Govern basc a Barcelona.101
Aguirre i la resta del Govern basc foren rebuts amb honors per Companys i la Generali- tat.102 La presència a Barcelona de l’Executiu exiliat basc —que comptà amb el suport logístic i econòmic de la Generalitat i autonomia per a gestionar la seva comunitat de refugiats—103 coincidí amb una etapa particularment positiva en les relacions entre els dos moviments naci- onals. Aquesta entesa, mai formalitzada, que Manuel Azaña anomenà “l’eix Bilbao-Barcelona” i va quedar personificada en els presidents Aguirre i Companys, es desenvolupà en dues línies principals. La primera fou el rebuig a les polítiques recentralitzadores del president del Govern de la República Juan Negrín. L’agost de 1938, un mes abans de la Diada, Manuel Irujo i Jau- me Aiguader dimitiren conjuntament dels seus ministeris del Govern republicà espanyol en protesta per la intervenció estatal de la indústria de guerra catalana.104 La segona fou l’explora- ció, via contactes secrets amb la diplomàcia britànica, d’una sortida negociada a la guerra que mantingués l’autogovern basc i català al marge del destí de la República.105 Ambdós moviments nacionals, per tant, es trobaven en un moment de particular entesa davant l’amenaça comuna que suposaven una victòria franquista i el repte de contrarestar l’acció de Negrín.
L’Aberri Eguna del 1938 arribà gairebé un any després de la caiguda de Biscaia, en aquest context d’exili basc a Catalunya. El bàndol republicà acabava d’encaixar importants derrotes militars, provocant la caiguda de Vinaròs i l’aïllament de Catalunya de la resta de la zona repu-
97 Alonso Carballés, J.J. (2007). El primer exilio de los vascos, 1936-1939. Historia Contemporánea (35), 704. Per a la qüestió ge- neral de l’exili basc a Catalunya veure també Arrien, G. i Goiogana, I. (2002). El primer exilio de los vascos: Cataluña, 1936-1939. Fundación Sabino Arana.
98 La crònica de La Humanitat especifica que l’himne que sonà fou el Gernikako Arbola, mentre que la de Solidaridad Obrera parla de “Himno de Euzkadi”, que podria referir-se al Euzko Abendaren Ereserkija, ja que fou aquest l’adoptat oficialment pel Govern Basc.Veure La Humanitat, 12-9-1937, 3; Solidaridad Obrera, 11-9-1937, 1; De la Granja, J.L. (2007). El oasis vasco…, op. cit., 73-78. La Publicitat no mencionà la presència basca a la Diada i sí, en canvi, una nota de suport de la secció basca del Socors Roig Internacional; veure La Publicitat, 11-9-1937, 6.
99 Euzkadi, 7-12-1937.
100 Euzkadi en Catalunya, 11-9-1937, 1.
101 Areitioaurtena ja va exercir la seva representació oficial als actes de la Setmana Pro-Euzkadi.Veure Diari de Barcelona, 8-6- 1937, 8 i Euzkadi en Catalunya, 12-6-1937, 1‒2 i 4.
102 Salut, President Aguirre! La Humanitat, 22-10-1937, 1; Discurs del President d’Euscadi i Discurs del President Companys.
La Humanitat, 23-7-1937, 1.
103 La infraestructura del Govern basc a Catalunya incorporava serveis religiosos, sanitaris, escolars i mitjans de comunicació propis.Veure Mees, L. (2008).Tan lejos, tan cerca…, op. cit., 567-568 i 570.
104 Ibid., 565-566.
105 Ibid., 575-581.
blicana. El diari Euzkadi comentà que no havia estat possible organitzar una diada nacional en la línia dels anys anteriors —a la seva portada publicà una imatge del primer Aberri Eguna— i el perfil d’aquesta fou molt baix. El PNB va emetre una nota oficial i realitzà una intervenció a Ràdio Barcelona. Els actes institucionals es limitaren a una desfilada del Govern basc amb ele- ments folklòrics fins a l’hospital militar de Vallcarca, on les autoritats visitaren els soldats bascos ferits que allà s’hi trobaven.106 El ressò d’aquest Aberri Eguna fou molt limitat: ni La Humanitat, ni La Publicitat, ni Solidaridad Obrera en feren menció, i La Vanguardia publicà la notícia de l’acte a Vallcarca, però sense relacionar-lo de cap manera amb la diada nacional basca.107 Per prime- ra vegada en anys no hi hagué cap telegrama de suport d’Unió Democràtica, però pels volts d’aquells dies arribà la notícia de la mort de Carrasco i Formiguera, afusellat pels franquistes, que motivà una dolguda reacció a Euzkadi.108
L’Onze de Setembre del 1938 coincidí amb les contraofensives franquistes de la batalla de l’Ebre, encara en marxa.Aquesta vegada la comunitat basca, articulada al voltant del seu govern exiliat, aconseguí una presència notable a la Diada, que ocupà la portada del diari Euzkadi.
Aquest anuncià que “la participación de los vascos será esta vez mucho mayor” i que
este año hemos de sentir más hondamente que nunca el aniversario que hoy se celebra. Porque […] también nosotros hemos visto caer a muchos miles de her- manos nuestros con los ojos fijos en los colores de nuestra bandera nacional, y que luchaban en favor de la independencia patria y de la integridad de su territorio invadido por las fuerzas de la Internacional Fascista.109
El PNB, el sindicat nacionalista basc Euzko Langileen Alkartasuna (ELA) i Acció Nacionalista Basca s’adheriren oficialment a la commemoració, manifestant el primer d’ells que unit “en es- trechos lazos de comunidad de ideales patrióticos con el pueblo de Catalunya, ha compartido con él la alegría de las jornadas de gloria y los sinsabores de los días de amargura”. La repre- sentació basca a la Diada tingué també un tarannà institucional, amb la participació d’Aguirre
—que feu una visita oficial a Lluís Companys—, al costat dels seus consellers, a la desfilada d’entitats. També hi participaren la direcció del PNB, l’Euzkadi Buru Batzar, Manuel Irujo en nom dels diputats nacionalistes bascos a les Corts republicanes, i representants de l’esmentat sindicat ELA i de l’organització de dones nacionalistes basques Emakume Abertzale Batza.110 Per primera vegada, Acció Nacionalista Basca envià el seu suport a la Diada, i a Lluís Companys com a president de la Generalitat, en forma de telegrama.111
En un potent gest simbòlic, José Antonio Aguirre i Lluís Companys travessaren junts la fron- tera el gener de l’any 1939, després de la caiguda del front català. S’obria així un nou període de diades nacionals celebrades a la clandestinitat i a l’exili, que no es va tancar fins a la segona meitat dels anys setanta, després de la mort del dictador Franco.112
106 Euzkadi, 17-4-1938, 1 i 4; 19-4-1938, 4.
107 La Vanguardia, 16-4-1938, 2.
108 Veure Euzkadi, 19-4-1938, 1.
109 Euzkadi, 11-9-1938, 1.
110 Anguera, P. (2008). L’Onze de Setembre…, op. cit., 380-382; Euzkadi, 11-9-1938, 1 i 13-9-1938, 2. La Publicitat publicà en por- tada els comunicats del PNB i del sindicat ELA en català, veure 11-9-1938, 1. Per a altres cròniques que mencionen la presència del Govern d’Euzkadi, veure La Vanguardia, 12-9-1938, 6; La Humanitat, 13-9-1938, 2 No fou el cas de Solidaridad Obrera, que el 1938 no publicà cap crònica de la Diada.
111 La Publicitat, 11-9-1938, 3.
112 Les primeres celebracions públiques i legals de la Diada tingueren lloc el 1976 a Sant Boi del Llobregat i ja a partir del 1977 a Barcelona; veure Martínez Fiol, D. (2005). La construcción mítica del “Onze de Setembre de 1714” en la cultura política del
Conclusions: presències creuades entre la diplomàcia i l’autocentralitat
Durant la Segona República i la Guerra Civil hi hagué un procés d’acostament estratègic entre els nacionalismes basc i català, particularment entre els seus dos actors més forts, el PNB i ERC. Són anys de trànsit des de l’escassa sintonia durant el bienni reformista fins al temut “eix Bilbao-Barcelona” de la guerra, passant per les mostres de solidaritat del bienni conservador. Aquest procés, però, no es va veure reflectit de forma mecànica a les presències creuades a les diades nacionals basca i catalana.
D’una banda, l’aposta del nacionalisme basc per mantenir algun tipus de presència a l’Onze de Setembre fou innegable. De les vuit edicions de l’Onze de Setembre durant el període, totes menys la del 1935 tingueren algun tipus de representació física del PNB. La participació fou, a més, qualitativament creixent. El 1931 el PNB apareix en un segon pla, de la mà d’agents polítics amb una influència limitada al panorama nacionalista català. No envia cap representant de renom i fa servir exclusivament la seva delegació local a Barcelona, formada per bascos residents a la capital catalana. L’any 1938, en canvi, els nacionalistes bascos han guanyat centra- litat. Participen en la Diada com a partit, però també dins el Govern basc, encapçalat per José Antonio Aguirre al costat de Lluís Companys. Entre aquests dos moments es pot entreveure un procés, que inclou l’enviament de la primera delegació el 1933, la fotografia de la ikurrina a la portada de La Humanitat el 1934 o la primera representació del Govern basc el 1937. El gran absent en aquest recorregut és l’altre partit nacionalista basc, Acció Nacionalista Basca, que no sembla haver tingut cap presència a l’Onze de Setembre fins a l’edició del 1938.
Aquests esforços del Partit Nacionalista Basc per estar present a la diada nacional catalana són un aspecte més de la seva estratègia d’acostament al nacionalisme català, sempre amb l’objectiu d’assolir els mateixos èxits polítics. El PNB, però, va haver de navegar les dificultats presentades per les barreres estratègiques amb ERC, el partit del poder autonòmic català, i so- bretot al principi, sortir a la foto amb agents de menor influència però més predisposats. El paper del PNB a l’Onze de Setembre recorda una forma modesta d’acció diplomàtica: amb la seva presència a la Diada, socialitza els seus símbols —bandera, himnes i lemes— projectant una imatge positiva de la seva causa. Fonts de divers signe polític coincideixen a assenyalar la bona rebuda del públic assistent a la Diada de les delegacions basques i els seus símbols. Una vegada assolida l’autonomia, i en el context de l’exili basc a Catalunya, el nacionalisme basc quedarà representat pel Govern d’Euzkadi, que apareixerà a la Diada al costat de Companys i la Generalitat, legitimant la seva posició de govern a l’exili.
Enllaçant amb les reflexions fetes al començament d’aquest article, cal afegir una altra di- mensió a la participació basca a l’Onze de Setembre durant aquest període. Es tracta del paper que juga aquesta participació en clau de construcció nacional. No és cap exageració afirmar que el nacionalisme basc es convertí entre el 1931 i el 1938 en un element més, per bé que secundari, del paisatge de l’Onze de Setembre a Barcelona. La presència d’una delegació bas- ca —ja fos del batzoki de Barcelona, del PNB o del Govern d’Euzkadi—, amb la seva ikurrina i al crit de “gora Euzkadi!”, es va normalitzar com a part de l’esdeveniment més important del calendari nacionalista català. Aquesta normalització, a més d’acostar l’imaginari nacionalista basc com a mínim a una part de la base social catalanista, alimentà discursos de construcció
catalanismo del siglo XX. Historia y Política: Ideas, Procesos y Movimientos Sociales (14), 237. L’Aberri Eguna es va poder celebrar de forma legal per primera vegada el 1978, veure Casquete i De la Granja, Op. cit., 148.
nacional. El particular es projectà en clau general: les delegacions del PNB esdevenen “delega- cions basques”; la ikurrina, llavors bandera del PNB, esdevé la “bandera basca” i l’himne “Euzko Abendaren Ereserkija” esdevé “l’himne basc”. En l’escenari particular que ofereix la Diada, els símbols nacionalistes bascos esdevenen nacionals. Es tracta d’una versió a petita escala, i, insistim, limitada a aquest escenari particular que representa la Diada, del “naixement d’Euskadi” que descriu l’historiador José Luis de la Granja: l’associació de gran part de l’imaginari particular del PNB al del Govern basc amb l’assoliment de l’autonomia.113 L’aposta del PNB per la partici- pació continuada a l’Onze de Setembre no només el convertí en un moment de construcció nacional catalana, sinó que també desfermà potencialitats per la construcció nacional basca.
D’altra banda, és evident que el nacionalisme català mostrà molt menys interès per l’Aberri Eguna. ERC mai no es va implicar directament en la diada nacional basca. Només ho va fer, in- directament, a les edicions del 1932 i a la del 1937: a la primera mitjançant la intervenció d’un membre de les JEREC en un acte celebrat a Barcelona, i a la segona mitjançant un telegrama de Lluís Companys en qualitat de president de la Generalitat. La Lliga no tingué cap tipus de presència en l’Aberri Eguna. Unió Democràtica de Catalunya mostrà constància amb el seu enviament de telegrames anual, però només envià un representant del partit a l’edició del 1933. Vist en conjunt, el cert és que el nacionalisme català no tenia els mateixos incentius per a un acostament al nacionalisme basc —i, per tant, apostar per participar a la seva diada nacional— que aquest a la inversa.
Des d’aquesta posició estratègica més autocentrada, i també més pendent de les aliances amb l’esquerra espanyola, l’interès catalanista per l’Aberri Eguna es va limitar a l’afinitat ideològica i als contactes personals. La delegació nacionalista catalana present a l’edició del 1933 és un clar exemple d’aquesta dinàmica, tant pel color polític dels partits que la formaren com pel perfil personal dels seus representants. Per agents modests com UDC i el PNC, el cas basc podia representar la viva prova de la viabilitat d’un partit nacionalista de paràmetres ideològics si- milars, encara que fos en un context diferent. A més, la participació en l’Aberri Eguna per una força catalanista modesta, que competia a Catalunya amb els blocs formats per Esquerra i la Lliga, podia significar accedir a un escenari —com passà a l’edició del 1933— que oferia un protagonisme molt major. Sobre això val la pena recuperar una reflexió de l’historiador Enric Ucelay-Da Cal respecte a com els agents febles al seu propi context tenen un major interès en la projecció exterior:
[…] queda la impresión de que los débiles son los que buscan apoyo fuera para lograr lo que no se puede conseguir tan fácilmente en casa, pero que —recíproca- mente—, cuando se sale, se va por el camino de la afinidad ideológica, no el de la operatividad.114
L’existència d’asimetries i motivacions diferents, però, no ha de fer perdre de vista que les interaccions entre nacionalistes bascos i catalans en el marc de les seves respectives diades pre- sentaren una sèrie d’elements comuns. En conjunt aquests formaren una mena de protocol que sembla voler imitar el de les relacions diplomàtiques entre estats, i de pas es pot considerar el seu paper potencialment reforçador d’“experiències de la nació”. Són els desplegaments conjunts de banderes nacionals, les interpretacions d’himnes nacionals davant les delegacions visitants, els tractaments formals d’aquestes delegacions, els discursos de solidaritat i coope-
113 De la Granja, J.L. (2007). El oasis vasco… Op. cit.
114 Ucelay-Da Cal, E. (1987). Política de fuera, política casera…, op. cit., 80.
ració, els “intercanvis lingüístics” en aquests discursos, etc. Tal com hem assenyalat en altres treballs, aquests elements no són específics de les diades nacionals, sinó que es troben al llarg del període republicà, com ara al viatge GalEuzCa, a diversos actes conjunts abans de la guerra, durant la Setmana Pro-Euzkadi i durant l’exili del Govern basc a Barcelona. La importància d’aquest protocol no es pot exagerar, però tampoc menystenir. Si bé l’interès estratègic fou el motor principal de les relacions entre nacionalisme basc i català —també de les presències creuades a les diades nacionals— aquest protocol va permetre un marc de confiança sobre el qual, en un context polític favorable, es podien construir iniciatives de cooperació.115
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115 Veure Hervalejo Sánchez, P.A. (2021). Building the stateless nation…, op. cit., 399.
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Pedro Álvaro Hervalejo Sánchez és Doctorat Internacional en Història Contemporà- nia amb menció Cum Laude - Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, i investigador amb la beca Miguel Artola Gallego - Gipuzkoako Foru Aldundia/Diputación de Gipuzkoa. Entre algunes de les seves publicacions es troben “L’experiència de Terra Lliure (1978-1995): limitacions i contradiccions d’una temptativa d’aportació catalana al projecte anticolonial”, Dictatorships & Democracies: Journal of history and culture, núm. 11, 2023, 121-152; “The challenges of stateless nation-building. Comparing the paths of ERC and the PNV (1930-1939)”, Studies on National Movements, núm. 8, 2022, 66-82; i “«President Màrtir» y «Uli- ses Demócrata». Comparando narrativas heroicas de Lluís Companys y José Antonio Aguirre”, a Héroes y Villanos de la Patria,Tecnos, 2020, 325-356.
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David Mota Zurdo Universidad de Valladolid david.mota@uva.es https://orcid.org/0000-0002-9578-8069
Resumen
Este artículo detalla cómo se gestó la colaboración entre el Servicio Vasco de In- formación y la Oficina Federal de Investigación durante la Segunda Guerra Mun- dial. Primero, se efectúa un recorrido por las labores que hizo la organización vasca para otras agencias de espionaje francesas, británicas y estadounidenses, subrayando su dedicación al seguimiento informativo de las actividades nazi-fascistas en Espa- ña y Latinoamérica. Posteriormente, se recoge la transformación que se produjo en ese tipo de labores informativas al final de la guerra, poniendo de relieve el acuerdo al que llegaron la agencia vasca y la estadounidense en 1944 para vigilar las actividades comunistas y del exilio republicano español. Lejos de profundizar en los operativos, se ofrece un análisis sobre el trasfondo burocrático y administrativo que los posibilitó; es decir, se relata cómo se gestaron los acuerdos de financiación que firmaron la agencia federal norteamericana y la organización vasca, así como sus diferentes pormenores. Para finalizar, se muestran los desacuerdos y problemas financieros que tensaron las relaciones, señalando cómo se llegó al final de los con- tactos en 1947.
Palabras clave: Servicio Vasco de Información, FBI, Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica, espionaje.
1 Esta investigación forma parte de un proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, con referencia PID2022-136825NB-I00.
Fecha de recepción: 16/04/2024 Fecha de aceptación: 18/07/2024
ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.7
Resum
L’FBI i el Servei Basc d’Informació durant la Segona Guerra Mundial (1943-1945):
acords, interessos i tensions
Aquest article detalla com es va gestar la col·laboració entre el Servei Basc d’In- formació i l’Oficina Federal d’Investigació durant la Segona Guerra Mundial. Pri- mer, s’efectua un recorregut per les labors que va fer l’organització basca per a altres agències d’espionatge franceses, britàniques i estatunidenques, subratllant la seva dedicació al seguiment informatiu de les activitats nazi-feixistes a Espanya i Llati- noamèrica. Posteriorment, es recull la transformació que es va produir en aquesta mena de labors informatives al final de la guerra, posant en relleu l’acord al qual van arribar l’agència basca i l’estatunidenca en 1944 per a vigilar les activitats comunis- tes i de l’exili republicà espanyol. Lluny d’aprofundir en els operatius, s’ofereix una anàlisi sobre el rerefons burocràtic i administratiu que els va possibilitar; és a dir, es relata com es van gestar els acords de finançament que van signar l’agència federal nord-americana i l’organització basca, així com els seus diferents detalls. Per a fi- nalitzar, es mostren els desacords i problemes financers que van tibar les relacions, assenyalant com es va arribar al final dels contactes en 1947.
Paraules clau: Servei Basc d’Informació, FBI, Segona Guerra Mundial, Llatinoa- mèrica, espionatge
Abstract
FBI and Basque Intelligence Service in World War II (1943-1945): agreements, interests and tensions
This paper details how the collaboration between the Basque Information Ser- vice and the Federal Bureau of Investigation developed during World War II. First, it reviews the work carried out by the Basque organization for other French, Brit- ish and American espionage agencies, highlighting its dedication to the informative monitoring of Nazi-Fascist activities in Spain and Latin America. Subsequently, the transformation that took place in this type of information work at the end of the war, revealing the agreement reached between the Basque and American agencies in 1944 to monitor communist activities and the Spanish Republican exile. Far from going deeper into the operations, an analysis is offered on the bureaucratic and administrative background that made them possible; that is, how the financing agreements signed by the American federal agency and the Basque organization were conceived, as well as their different details. Finally, it shows the disagreements and financial problems that strained relations, pointing out how the contacts came to an end in 1947.
Keywords: Basque Intelligence Service, FBI, World War II, Latin America, espi- onage
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Introducción
La Segunda Guerra Mundial es todavía un tema predilecto en prensa, literatura, cine y tele- visión. En Euskadi, en los últimos años, los espías y combatientes de origen vasco han vuelto a tener una significativa cuota de protagonismo en los medios. En 2010, la televisión pública vasca lanzó la serie de ficción Mugaldekoak (2010) y la película documental El último paso (2011), ambas sobre la Red Comète, una organización en la que participaron contrabandistas afincados en la frontera hispanofrancesa y que contribuyó a la evacuación de fugitivos y aviadores aliados duran- te la Segunda Guerra Mundial. En esa misma década salió adelante el proyecto científico-divul- gativo Fighting Basques, impulsado por la asociación Sancho de Beurko para rescatar la memoria de los soldados vascos en el citado conflicto y recrear su participación.Y en 2016 Kirmen Uribe publicó una novela basada en hechos reales sobre el espía Txomin Letamendi, en la que relató parte de sus misiones, así como su proceso de detención por la policía en 1947.2
A esta atención también ha contribuido el periodismo a través de la publicación regular de artículos que han visibilizado operativos, redes y misiones del Servicio Vasco de Información (SVI), la organización que creó el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Gobierno vasco de José Antonio Aguirre en plena Guerra Civil para realizar labores de propaganda y espionaje. Óscar Beltrán de Otálora, Iban Gorriti, Martín Ibarrola o Iker Rioja han rescatado algunas piezas de ese puzle, al que la historiografía se ha adherido con mayor pasión en los últimos diez años. La academia ha empezado a revisitar un fenómeno, todavía muy desconocido, al calor de la desclasificación de fuentes archivísticas extranjeras y el acceso a correspondencias personales, memorias y diarios de familiares de los protagonistas.3
Trabajos como los de Jiménez de Aberásturi y los de este con Moreno Izquierdo, Marquina, Ibernia y Díaz Fernández, Oiarzabal y Tabernilla, Pascual Pérez o quien suscribe este texto, han contribuido a conocer mejor en qué consistió la “guerra de las sombras” en la Euskadi de la Se- gunda Guerra Mundial y nos han permitido identificar en qué consistieron las labores del SVI más allá de territorio peninsular; es decir, sus vínculos con la inteligencia francesa, británica y estadou- nidense y el empleo de sus redes, por las que, a cambio, solicitó financiación y contraprestaciones políticas, entre ellas la recuperación de la autonomía vasca y el derrocamiento del franquismo.4
Dentro de este abanico de autores hay una multiplicidad de enfoques, unos complementa- rios y otros contrapuestos.Algunos trabajos, como los de Rodríguez y Azurmendi, desprenden fascinación y crítica por cómo el exilio nacionalista vasco, y en concreto el SVI, operaron en el exilio en plena Segunda Guerra Mundial, buscando lograr una relación privilegiada con los
2 Diario Vasco, 7-2-2010. Sobre Fighting Basques véase https://www.fightingbasques.net/es-es/Fighting-Basques. Uribe, K. (2016).
La hora de despertarnos juntos. Seix Barral.
3 Rioja, I. (2018). Euzkadi confidencial: espías vascos al servicio de la Casa Blanca. elDiario.es, 14-7-2018; Gorriti, I. (2019). La espía vasca de la alta sociedad. Deia, 10-2-2019; Beltrán de Otálora, Ó. (2020). Hemingway y la red de espías vascos que puso en peligro. El Correo, 9-3-2020; Ibarrola, M. (2022). De Agente Gernika a Agente Bromo: el espía vasco que vendió secretos nazis al FBI. El Confidencial, 12-6-2022; Recondo, J. y Recondo,A.M. (2011). A los 75 años de Gernika: Un testimonio, Etor Ostoa; Ibarzabal, E. (2021). Los Sota: Esplendor y venganza, Erein.
4 Jiménez de Aberásturi, J.C. y Moreno, R. (2009). Al servicio del extranjero: Historia del Servicio Vasco de Información. Antonio Machado Libros; Ibernia, Z. y Díaz, A.M. (2011). The Basque Secret Service (1936-1945). International Journal of Intelligence and CounterIntelligence (24:3), 575-600; Mota Zurdo, D. (2017). La fallida Operación Airedale. La OSS y el Servicio Vasco de Información contra la Alemania nazi. Revista Historia Autónoma (10), 145-162; Mota Zurdo, D. (2021). El Servicio Vasco de Información, la Inteligencia estadounidense y Latinoamérica: la Operación Caribe (1959-1960). Historia del Presente (37), 113- 134; Oiarzabal, P. y Tabernilla, G. (2017). El enigma del mito y la historia.“Basque code talkers” en la Segunda Guerra Mundial. La OSS y el Servicio Vasco de Información—La Organización Airedale, Saibigain (3), 5-155; Pascual, J.M. (2021). El Servicio Vasco de Inteligencia en Madrid (1946-1948): organización, agentes y fuentes de información. Historia del Presente (38), 161- 182; Marquina, A. (2006). El servicio secreto vasco. UNISCI Discussion Papers (10), 435-449.
servicios de inteligencia de las principales potencias occidentales. El resultado en muchos casos es un relato magnificado y adulterado que obnubila cuál fue el alcance real de los operativos, los contactos, las redes y, en definitiva, su presencia en América y Europa. En otros tantos, se observa una crítica desmedida, políticamente muy polarizada y, en consecuencia, sesgada, como se ve en los trabajos de Díaz Herrera y De la Cierva, que instrumentalizaron el rastro documental del SVI en los archivos norteamericanos para difamar contra el nacionalismo vasco y sus instituciones y acusarlo de arribista, oportunista y traidor.5
Independientemente de su sesgo, la mayoría de los artículos y monografías han puesto el foco en el estudio de las relaciones y operativos entre el SVI y el Deuxième Bureau (DB, inteli- gencia militar francesa), el MI-6, la Oficina de Coordinación de Información (COI) y la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS). En parte porque el tema es muy seductor, incluso hollywoo- diense, ya que tiene ingredientes para ello; piénsese: el servicio de espionaje de un partido y un gobierno autonómicos, procedentes de un minúsculo territorio de la península ibérica, colaboró con el MI-6, el FBI y las agencias predecesoras de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante la Segunda Guerra Mundial y la primera Guerra Fría. Esas evidencias, no siem- pre ponderadas, son las que han posibilitado la singularización de esas relaciones por parte de diferentes investigadores y sectores políticos.
Asimismo, en lo que concierne a las relaciones con los norteamericanos, se ha prestado un in- terés preferente a las conexiones entre la OSS y el SVI en detrimento de otras organizaciones como el FBI. Esto responde a algunas particularidades. En primer lugar, como veremos, la agencia de J.
E. Hoover solo contó con jurisdicción supranacional entre 1940 y 1947, en virtud del programa de agregadurías legales, que se limitó geográficamente a Latinoamérica y muy puntualmente hizo intentos de extenderse por Europa. Segundo, ligado a lo anterior, los fondos documentales disponibles sobre las relaciones entre el FBI y el SVI son bastante menores en volumen que los de- dicados a la OSS.Y, por último, las pocas fuentes accesibles están censuradas y/o han sido utilizadas parcialmente en otras investigaciones, lo que ha provocado el rechazo en los investigadores. Esto explicaría, en parte, por qué apenas se han tratado de reconstruir estas relaciones. Hasta ahora.
Este estudio reconstruye aspectos desconocidos sobre la relación FBI-SVI durante el periodo final de la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra, prestando atención a los en- frentamientos entre ambas agencias, a las dificultades que sufrieron los grupos de inteligencia e informadores en Argentina, Chile y Venezuela, y a los problemas de financiación que afecta- ron a esas actividades. Para ello, se ha partido de los trabajos de Ordaz sobre el seguimiento y vigilancia del exilio nacionalista vasco en Estados Unidos, donde se desgranan los pormenores de los primeros contactos con el FBI, y de mi tesis doctoral, en la que avancé que el exilio nacionalista vasco ofreció a Hoover la red del SVI en Latinoamérica aprovechando la relativa presencia de su colectividad, para informar, primero, de la presencia nazi y profascista; segundo, seguir de cerca la actividad comunista, y, tercero, averiguar en qué medida el exilio republicano colaboró con grupos de oposición a regímenes dictatoriales y/o liberales proestadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra.6
5 Azurmendi, J.F. (2013). Vascos en la Guerra Fría: ¿Víctimas o cómplices? Gudaris en el juego de los espías.Ttarttalo; Rodríguez, M. (2004). Espías vascos. Txalaparta; De la Cierva, R. (2004). Hijos de la gloria y la mentira (Vol. II). Editorial Fénix; Díaz Herrera, J. (2005). Los mitos del nacionalismo vasco: De la Guerra Civil a la secesión. Planeta.
6 Ordaz, M.A. (1996). El FBI y los vascos del exilio de 1939 en Estados Unidos. En Escobedo, R., De Zaballa, A. y Álvarez, Ó. (Coords.). Emigración y redes sociales de los vascos en América. UPV/EHU, 229-240; Ordaz, M.A. (1995). La delegación vasca
Por consiguiente, a través de los fondos del Basque Intelligence Service (BIS) del FBI, de referencias indirectas halladas en los registros de la OSS de los National Archives and Records Administration (NARA) de College Park (Maryland, EE. UU.) y de correspondencia del Archi- vo Histórico de Euskadi (AHE) y el Archivo Histórico del Nacionalismo Vasco (AHNV), se ha conseguido reconstruir someramente cómo se gestó la colaboración FBI-SVI, en particular en el apartado organizativo, administrativo y financiero, cuyos detalles eran hasta el momento desconocidos.Así, se relata cómo esa relación estuvo marcada por discrepancias, éxitos relativos y obstáculos, puesto que la desconfianza y reticencia de la agencia de Hoover a colaborar con una organización foránea fueron patentes a lo largo del periodo.
Al servicio de la inteligencia extranjera: franceses, británicos y norteamericanos
Las primeras acciones del SVI se remontan a la Guerra Civil. Estas se realizaron desde San Juan de Luz y Bayona, donde la organización vasca confeccionó algunas de sus redes informa- tivas para conectarlas con el interior de Euskadi. Gracias a ellas, en 1937 detalló las actividades de la organización profranquista Nacho Enea e identificó grupos informativos nazifascistas que espiaban a las organizaciones del Gobierno de la Segunda República. Desde el sur de Francia reutilizó redes de personas experimentadas en el contrabando y la evasión de personas y creó la Red Álava, que recopiló información sobre la situación interna y transportó docu- mentos sensibles y personas a uno y otro lado de la frontera.7
La red del SVI se extendió por todo el norte peninsular y tuvo presencia en el territorio vasconavarro, Burgos, La Rioja, Aragón y Galicia, dedicándose a la obtención de información militar y la captación de activos. Entre 1938 y 1941, mantuvo contacto con diferentes organi- zaciones de inteligencia extranjeras. La primera de ellas fue la inteligencia militar francesa, el DB. Cuando la Guerra Civil llegaba a su fin, los galos vieron una amenaza a su seguridad en la previsible victoria de la España franquista y mostraron su preocupación por un territorio que podría incorporarse al proyecto expansionista hitleriano.Y, así, mostró interés por la informa- ción que podría facilitar el SVI.8
Desde marzo de 1939, la agencia vasca entabló relación con el Estado Mayor francés, al que informó sobre movimientos profascistas y conspirativos, centros de espionaje, tráfico de divisas y agentes germanófilos y franquistas en el sur de Francia. Los militares franceses financiaron las actividades del SVI con el pago de 5.000 francos mensuales y facilitaron documentación y permisos de residencia. Asimismo, el Gobierno vasco en el exilio y el PNV consiguieron del DB
en Nueva York: una década bajo el punto de mira del FBI (1938-1947). Estudios de Historia Social y Económica de América (12),
179-198.
7 Jiménez de Aberásturi, J.C. y Moreno, R. (2009). Al servicio del extranjero…, op. cit., 60 y 131-170; Martín de Pozuelo, E. y Ellakuria, I. (2008). La guerra ignorada: Los espías españoles que combatieron a los nazis. Debate; Tapiz, J.M. (1998). La resistencia y la ayuda a los presos vascos desde el exterior de las cárceles (1937-1943). En Rodríguez Ranz, J.A. (Dir.). Espetxean. Semilla de libertad (1937-1942). Fundación Sabino Arana, 214; Landa, C. y Guezala, L. (1998). Presos vascos en las cárceles de Franco (1936-1945). En Rodríguez Ranz, J.A. (Dir.). Espetxean. Semilla de libertad (1937-1942). Fundación Sabino Arana, 113. Mikelare- na, F. (2020). Contrabandistas de ganado y redes de evasión en Navarra durante la Guerra Civil española. Cuadernos de Historia Contemporánea (42), 263-283.
8 Esos contactos se establecieron a través de la publicación de boletines informativos en las delegaciones institucionales y de partido vascas. En Francia, las más representativas fueron París, Bayona, San Juan de Luz y Burdeos; en Inglaterra Londres, y en Bélgica Amberes. Angulo, A., Álvarez, Ó. y Sanz, E. (2010). Delegaciones de Euskadi (1936-1975): Antecedentes históricos de los siglos XVI al XIX, origen y desarrollo. Gobierno Vasco.
el compromiso de que el Ejército francés participaría en la recuperación del territorio vasco- navarro si España entraba oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, aunque limitándose a incursiones por la costa cantábrica y la frontera franconavarra.9
También hubo contactos con los británicos. Desde 1938 la delegación vasca en Londres había intentado llegar a un acuerdo con el Intelligence Service (IS) y el Foreign Office (FO), pero las contrapartidas exigidas por los vascos generaron recelo: uso de la clave británica para el cifrado de mensajes y de la valija diplomática, así como la participación de Reino Unido en la recuperación de Euskadi. El estallido de la Segunda Guerra Mundial cambió la situación momentáneamente. Los británicos vieron con satisfacción una cooperación en dos ámbitos: propaganda proaliada en Latinoamérica y organización de una red informativa en España. Los vascos se comprometieron a hacer gratuitamente ambas labores con el objetivo de establecer un vínculo y un compromiso que, por un lado, consagrara una relación privilegiada y, por otro, ligado a lo anterior, hiciera que los británicos se sintieran en la obligación de ayudarles a recuperar el autogobierno.
Los contactos, sin embargo, no prosperaron. A los británicos solo les preocupó cómo po- drían afectarles las acciones y el posicionamiento de la España franquista y concentraron sus esfuerzos en obtener información sobre los puertos españoles y sus defensas fronterizas, sin comprometerse a ninguna acción política concreta. Además, hicieron movimientos paralelos en el sur de Francia. Desde finales de 1939, impulsaron redes de republicanos y anarquistas para tener una organización operativa que actuara en España llegado el momento. Una de ellas fue la Alianza Democrática Española, que, bajo fachada hispana y la dirección de Loughton High- man, cubrió las actividades del IS en la península y solicitó la incorporación del SVI. Los vascos, sin embargo, se negaron para salvaguardar su autonomía operativa y naturaleza patriótica. Al margen de esta petición, la inteligencia británica no quiso mantener un contacto oficial con el PNV, el Gobierno vasco y el SVI, toda vez que sus órdenes fueron las de evitar acciones que pu- dieran acarrear consecuencias políticas y diplomáticas para el Gobierno de Su Majestad, aparte de que la información que ellos pudieran proporcionar les estaba llegando a través del DB.10
En junio de 1940, tras la invasión nazi de Francia, España transitó de la neutralidad a la no beligerancia, y los británicos se esforzaron por tener a Franco de su lado, evitando su partici- pación directa en la contienda. La ocupación de París por los alemanes hizo que los contactos entre el SVI y el DB quedaran congelados, y, tras el fiasco de las negociaciones con el IS, el Congreso Nacional de Euskadi (CNE) en Londres, que sustituyó provisionalmente al Gobierno vasco, recurrió a la Francia Libre del general Charles de Gaulle. Con esta, lograron firmar un pacto que habilitó la creación del Tercer Batallón de Fusileros Marinos dentro de las Fuerzas Navales galas; la cooperación económica y comercial, y la participación del SVI en la cobertura de tareas de información en suelo francés, español y africano.11
Pero ese proyecto de colaboración no se hizo efectivo. La embajada franquista en Londres realizó todo tipo de maniobras para poner trabas al reclutamiento y el entrenamiento y pre- sionó a Downing Street para evitar la participación vasca en la guerra del lado aliado. Así las cosas, la Francia Libre, marcada por el telón de fondo de la política de apaciguamiento del
9 Jiménez de Aberásturi, J.C. (1999). De la derrota a la esperanza: Políticas vascas durante la Segunda Guerra Mundial (1937-1947). IVAP, 157; Jiménez de Aberásturi, J.C. y Moreno, R. (2009). Al servicio del extranjero…, op. cit., 162. Ros Agudo, M. (2002). La guerra secreta de Franco (1939-1945). Crítica, 72-117.
10 Jiménez de Aberásturi, J.C. y Moreno, R. (2009). Al servicio del extranjero…, op. cit., 283.
11 AHNV, AN-GE-465-1, Carta de José Ignacio Lizaso a José Antonio Aguirre, Londres, 24-10-1941.
embajador británico Samuel Hoare, cedió ante los acontecimientos rehusando hacer efectivo el pacto con los vascos. Además, el IS, que llevaba tiempo trabajando cerca del grupo de gene- rales de la camarilla de Franco, no consideró tan imprescindible la participación del SVI como para condicionarla a un reconocimiento político expreso del Gobierno vasco en el exilio. Los contactos del SVI con las organizaciones de inteligencia entraron entonces en vía muerta.12
La relación fue distinta en América. En mayo de 1940, el canadiense William S. Stephenson, amigo personal de Winston Churchill, creó la Coordinadora Británica de Seguridad (BSC), una organización de inteligencia británica que se estableció en América y que contó con el consen- timiento de EE. UU. La BSC se encargó de investigar actividades enemigas y de prevenir acciones de sabotaje contra los intereses aliados. Al amparo de esta agencia, la colaboración entre vascos y británicos prosperó, y entre ambos crearon una red que conectó América y el País Vasco, con participación de agentes, informadores y redes del SVI y del MI-6. La cooperación cobró forma con el Basque Ship’s Observer Scheme (BSOS), una organización impulsada en el invierno de 1941 por Flavio Ajuriaguerra y Arthur P. Dyer, agente del MI-6 y vicecónsul británico en Bilbao, que se encargó de identificar actividades sospechosas y vigilar a agentes nazifascistas en el terri- torio, prestando especial atención a su infiltración en buques de bandera neutral.13
A partir de 1942, estas redes se dedicaron a vigilar estrechamente las navieras Ybarra, Aznar y Lloyd Brasileiro, concentrándose en los buques con destino a EE. UU., Argentina y Brasil, entre ellos, el Cabo de Buena Esperanza y el Cabo de Hornos. Los británicos dedicaron importantes su- mas de dinero a reforzar las redes vascas en los buques y dieron cobertura a sus observadores. El SVI, por su parte, localizó la presencia de espías de la Abwehr, interrogó a la tripulación y reclutó informantes con la finalidad de conocer los movimientos y actividades sospechosas y averiguar el grado de implantación del Eje en la península, atendiendo a sus vínculos con América.
Las redes del SVI documentaron cómo los alemanes utilizaban España como base de ope- raciones para la incipiente hidra profascista que querían construir en América. En Buenos Aires, el BSOS identificó a varios miembros de la red de espionaje nazi que operaba en el Cabo de Hornos y el Marqués de Comillas.Y, en Caracas, la red del SVI fotografió la documentación secreta del embajador franquista José Antonio Sangróniz de Castro, confirmando sus vínculos con los alemanes y su implicación en el tráfico de diamantes junto con Luis Avilés, embajador franquista en Colombia, y Ángel Arpón, miembro de Falange Exterior en la capital venezo- lana. La obtención de esa información supuso la detención de agentes secretos, informadores, mensajeros y marineros que operaban para el espionaje alemán, como José Pujana Ormazábal, Joaquín Ruiz Gojeascoechea, Miguel Moreno Rego y Juan Baticón. Este último estuvo tra- bajando durante años para la red del falangista Carlos Imaz y los alemanes Otto Hinrichsen, Otto Messner y Gustav Fock, afincados en territorio vasco.14
12 Horrillo, L. (2024). El espionaje británico y Franco: Desde Hendaya hasta Torch. PUZ;Viñas, A. (2016). Sobornos: De cómo Churchill y March compraron a los generales de Franco. Crítica; García Cabrera, M. (2022). British geographic intelligence during the Second World War: A case study of the Canary Islands. Intelligence and National Security (37:2), 262-280; AHNV, AN-GE-465-2, Carta de Manuel Irujo a José Antonio Aguirre, Londres, 28 de enero de 1942; AHNV, AN-GE-468-1, Carta de Manuel Irujo a Jesús María Leizaola, Londres, 28-12-1944.
13 Una red paralela a esta fue la liderada por Lorenzo Sanmiguel, que permitió conectar buena parte del noroeste peninsular. Grandío, E. (2021). Hora Zero: La inteligencia británica en España durante la Segunda Guerra Mundial. Crítica, 183-195. Anasagasti,
y San Sebastián, K. (2016). Nuestro hombre en Bilbao: Los nacionalistas vascos que espiaron para los Aliados en la Segunda Guerra Mundial y en los comienzos de la Guerra Fría (1939-1960). Catarata, 47-51.
14 Friedman, M.P. (2003). Nazis & Good Neighbors:The United States Campaign Against the Germans of Latin America in World War
Cambridge University Press, 61-63; Mota Zurdo, D. (2016). Un sueño americano: El Gobierno vasco en el exilio y Estados Uni- dos (1937-1979). IVAP, 164-165; Mota Zurdo, D. (2018). Aliados de conveniencia: el Servicio Vasco de Información y la acción
Estas acciones son las que posibilitaron la participación del SVI en operativos de inteligencia en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Cuba, Colombia, México y Venezuela, en colaboración con diferentes agencias de espionaje. La información que proporcionaron durante esos operativos y tras ellos fue el acicate para el estrechamiento de las relaciones políticas entre el Gobierno vasco y las cancillerías aliadas, así como la posterior participación y conexión del SVI con las agencias de información de EE. UU., a saber, la Oficina de Coordinación de Información (COI), la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), la Oficina de Inteligencia Naval (ONI) y la Oficina Federal de Investigación (FBI). En el siguiente epígrafe nos detendremos en las conexiones con esta última.
El SVI en América Latina: la relación con el FBI
El SVI estuvo colaborando con varias organizaciones de inteligencia norteamericanas duran- te la Segunda Guerra Mundial. La COI, la OSS, la ONI o el grupo especializado G-2 del Ejército recibieron datos de los informadores de la citada red vasca BSOS y de otros activos de los que dispuso el SVI en el interior de España y el sur de Francia. Como se ha recogido en otros traba- jos, los contactos fueron asiduos y las relaciones, bastante estrechas con la COI y la OSS, ponien- do en marcha y financiando distintos operativos destinados a conocer el tráfico de wólfram, la presencia de las organizaciones del Eje (empresas, grupos políticos, militares, policías) y/o la situación defensiva de la costa vasca.15
La colaboración entre el SVI y el FBI, en cambio, no fue ni tan sencilla ni tan inmediata. Durante la década de 1930, tras el reconocimiento oficial de EE. UU. a la Unión Soviética, Hoover logró el apoyo del presidente Franklin D. Roosevelt para investigar todo “movimiento subversivo”, desde los pronazis hasta los antifascistas, en el Gobierno, en las universidades y en las fuerzas armadas. En octubre de 1938, asimismo, le convenció de crear una organización de inteligencia que asumiera los servicios de inmigración y aduanas, supervisara la expedición de pasaportes y visados e investigara a cualquier sospechoso de ser agente extranjero. Esas pro- gresivas atribuciones fueron resultado de la acción sibilina de Hoover en la Casa Blanca, que, a su vez, fueron consecuencia de su temor al rojo y de la constatación de un hecho real que amenazaba a la seguridad de EE. UU.: había agentes soviéticos, nazis y japoneses infiltrados con acceso a tecnología militar, información sensible y datos estratégicos.16
Dado el contexto, a la agencia federal, y en concreto a J. E. Hoover, les costó depositar su confianza en el exilio nacionalista vasco. El SVI era una organización extranjera, vinculada al Gobierno de la Segunda República, que había sido tachada de bolchevique por la propaganda franquista en EE. UU., y, además, colaboraba con agencias de espionaje extranjeras como el MI-6. Por eso, la primera reacción del FBI fue vigilar estrechamente las actividades vascas en América a través del confidente profranquista catalán Thomas Abelló, que se infiltró en la delegación
exterior pro-estadounidense vasca en Latinoamérica. Revista Electrónica Iberoamericana (12:2), 15; Jiménez de Aberásturi, J.C. y Moreno, R. (2009). Al servicio del extranjero…, op. cit., 484.
15 Mota Zurdo, D. (2017). Al servicio del amigo americano. La acción exterior vasca en Estados Unidos contra el franquismo. Hispania Nova (15), 176-187. Jiménez de Aberásturi, J.C. (2005). La II Guerra Mundial en el golfo de Vizcaya. Itsas Memoria: Revista de Estudios Marítimos del País Vasco (5), 517-546. Jiménez de Aberásturi, J.C. (2014). ¡Los nazis huyen… llegan los Aliados! La visita de los embajadores británico y norteamericano a la costa vasca en el verano de 1944. Boletín de Estudios del Bidasoa (28), 567-599.
16 Theoharis, A.G. (2004). The FBI & American Democracy: A Brief Critical History. University Press of Kansas, 50; Letersky, P. y Dillow, G. (2021). The Director: My Years Assisting J. Edgar Hoover. Scribner, 50.
vasca de Nueva York, eje de los ofrecimientos del SVI a EE. UU., y les aplicó la Ley Smith, que permitió la inclusión de sus nombres en listas de personas sospechosas.17
Pero también los siguió fuera del país. En junio de 1939, Hoover había logrado que Roose- velt atribuyera al FBI, la inteligencia naval y la militar las labores de espionaje, contraespionaje y sabotaje de EE. UU. En el verano de 1940, pese a los problemas jurisdiccionales y el enfado del resto de las agencias, obtuvo el visto bueno del presidente para crear el Servicio Especial de Inteligencia (SIS), que operó en todo el continente americano. Durante ese tiempo, sin haber entrado aún en la Segunda Guerra Mundial, hizo frente a la infiltración de la Abwehr, que había confeccionado una red dentro de EE. UU. para obtener datos sobre logística militar, tropas, guerra química y movimiento de buques, y convirtió al FBI en el primer servicio de inteligencia exterior con un alcance global.18
Dadas las circunstancias y temores, y tras el ataque a Pearl Harbor, el FBI puso en su punto de mira al exilio nacionalista vasco y al SVI tan pronto como supo de las actividades propa- gandísticas a favor de EE. UU. bajo la cobertura de otras agencias en Latinoamérica. Entre junio y agosto de 1942, dentro de un proyecto de la OSS, el lehendakari Aguirre realizó una gira propagandística por varios países del norte, centro y sur de América. Esta maniobra, destinada a activar células del SVI en Uruguay, Argentina, Colombia y Chile, irritó a Hoover. En primer lugar, porque lo consideró una injerencia en sus actividades. Y, en segundo, porque era una ruptura del pacto jurisdiccional entre el FBI, la OSS, el G-2 y la ONI, esto es, que los hombres de Donovan operaran en Europa y el FBI en América, y que toda operación implementada en el continente americano pasara por el director del Buró.19
En realidad, la acción conjunta de la OSS y el SVI en Latinoamérica se produjo a consecuen- cia de los desastrosos primeros operativos del SIS. El grupo del FBI, que había echado a andar de la mano de Percy Foxworth, había utilizado a reconocidos empresarios como Vincent Astor y Nelson Rockefeller para implantarse en América Latina. En agosto de 1940, Rockefeller, que se había convertido en coordinador de la Oficina de Asuntos Interamericanos del Departa- mento de Estado (CIAA), fue cortejado por el SIS para que prestara su agencia como tapadera y diera cobertura a los agentes del FBI. Sin embargo, los primeros activos se incorporaron sin formación ni experiencia en actividades de inteligencia y sabotaje; habían sido elegidos por hablar y entender el español.20
El FBI tuvo que recurrir, por ello, a la inteligencia británica para instruir a sus agentes en la identificación de espías, la protección de industrias y puertos, la recopilación de listas de sospechosos y la vigilancia y apertura de correo postal. Quedaron así demostradas las críticas vertidas por otras agencias: el FBI no estaba preparado para operar a escala continental. Según Weiner, el SIS se convirtió en un conglomerado de agentes mal instruidos, que informaban de rumores y dependían de agencias amigas y/o colaboradores con más experiencia. Para muestra el siguiente botón. En febrero de 1941, apenas seis meses después de su creación, el SIS detectó actividades pronazis en más de una decena de países de Latinoamérica, pero tuvo que recurrir
17 Ordaz, M.A. (1995). La delegación vasca…, op. cit.; Charles, D.M. y Stockham, A. (Eds.). (2022). The Federal Bureau of Inves- tigation: History, Powers, and Controversies of the FBI. ABC-CLIO.
18 Weiner, T. (2012). Enemigos. Una historia del FBI. Debate, 145. Batvinis, R.J. (2007). The Origins of FBI Counterintelligence. University Press of Kansas, 297.
19 Ordaz, M.A. (1995). La delegación vasca…, op. cit., 185; Lvovich, D. (2022). El águila y el haz de flechas: El espionaje de Estados Unidos al falangismo en el Río de la Plata, 1941-1944. Universidad de Cantabria, 53.
20 Dimitrakis, P. (2020). The Hidden War in Argentina: British and American Espionage in World War II. Bloomsbury Academic.
al Ejército y la inteligencia naval para actuar. Esta situación hizo que, incluso, Hoover se plan- teara poner fin al programa y presentar su dimisión.21
La situación comenzó a cambiar tras las quejas de Hoover, la división de las operaciones y jurisdicciones entre las agencias norteamericanas, y las maniobras para tener todo bajo control y deshacerse de la OSS de William Donovan, su principal competidor en la inteligencia de EE.
UU. Esto se observa, por ejemplo, en cómo el FBI fagocitó activos. En 1943, el agente vasco José Laradogoitia Menchaca, uno de los infiltrados del SVI que había estado proporcionando información sensible y de primer nivel sobre la estructura nazi en el País Vasco, destacando el uso que los alemanes hacían de España como cabeza de puente para infiltrarse en América, pasó del control de la OSS-SVI al del FBI, donde recibió el nombre en clave de Bromo. El FBI demostró con este gesto que no quería hacer tratos con organizaciones extranjeras, pero sí absorber a sus activos.Y así se lo hizo saber al SVI. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Bromo fue un activo del FBI que operó entre Euskadi y EE. UU. y que logró desarticular la red hispanoalemana en la que había estado infiltrado.22
Ese mismo año, Hoover logró expulsar a la OSS de América, que orientó sus esfuerzos a Europa, el norte de África y Asia, lo que lógicamente afectó a sus proyectos y planes de acción con el SVI en Latinoamérica. Ante las apremiantes circunstancias, la necesidad de financiación para sobrevivir al exilio y el objetivo de mantener los vínculos con EE. UU., Antón Irala, exde- legado del Gobierno vasco en Nueva York y coordinador de inteligencia entre el SVI y EE. UU., realizó un viaje por México, Colombia,Venezuela, República Dominicana, Perú, Argentina y Chile, donde se entrevistó con los agentes del SIS. En primer lugar, para evitar un suceso como el de Laradogoitia, y, en segundo lugar, para convencer al FBI de que llegara a un acuerdo de colaboración con el SVI; la agencia vasca podía ser un aliado útil en la lucha antifascista, incluso un centinela frente a la penetración comunista en Latinoamérica.23
Durante meses, el dirigente vasco preparó el terreno. En febrero de 1944 inició los contactos con Jerome Doyle, jefe del servicio especial de inteligencia, ante el que argumentó que el SVI podía realizar actividades de espionaje e información al margen de los enfrentamientos y pro- blemas que pudieran tener los norteamericanos entre agencias; es decir, que ellos podían traba- jar para la OSS en Europa y el FBI en Latinoamérica. De modo que les enumeró países, operativos en marcha y redes de las que ya disponía el SVI en varios países americanos y les puso al día de sus actividades. En Argentina, estaban siguiendo activamente las maniobras de la embajada alemana; enVenezuela, tenían bajo vigilancia los buques que hacían escala en el país, así como al agente nazi John Vogel, residente en Caracas y muy próximo a Helmut W. Hesse, y en México habían identificado centros de espionaje del Eje que tenían como objetivo infiltrarse en EE. UU.24 La oferta no pudo llegar en mejor momento. Las atribuciones logradas por el SIS habían generado una fuerte competencia entre las agencias de inteligencia y reticencias por parte del G-2 y la ONI. Aparte de la incapacidad en labores de inteligencia de muchos agentes del SIS, a
21 Becker, M. (2017). The FBI in Latin America:The Ecuador Files. Duke University Press, 11.
22 Mota Zurdo, D. (2014). José Laredogoitia Menchaca, el agente Gernika. Sancho el Sabio (37), 159-179; Mota Zurdo, D. (2017). De Gernika (G) a Bromo (Little Joe): Nuevos datos sobre el espía vasco José Laradogoitia Menchaca. Vasconia (14), 103-125.
23 Mota Zurdo, D. (2016). Un sueño americano…, op. cit., 163.
24 El coordinador de inteligencia vasco expuso el mismo relato que a Robert DeVecchi y William L. Mellon, sus contactos en la OSS de Nueva York. NARA, RG 226, Entrada 210, Caja 509, WN19057, Record of the Office of Strategic Services. Notas de una reunión del 25 de noviembre de 1943 en Nueva York en la que estuvieron presentes DeVecchi, De la Sota, Irala y Mellon,Washington D. C., sin fecha de emisión.
la que ya se ha hecho alusión, estos planificaron operaciones encubiertas con resultados muy discutibles, sin compartirlo con las otras organizaciones. Siguiendo directrices de Hoover, y al margen de lo pactado, diseñaron y financiaron operaciones de todo tipo, entre ellas, poner en marcha redes de información del SIS con la ayuda y colaboración de redes nativas y de otros servicios de información. Dentro de esta lógica de actuación, el SVI se convirtió pronto en una organización pantalla de interés para sus actividades alegales.25
Durante sus encuentros, Irala y Doyle comenzaron a gestar un marco de colaboración, fi- jando mecanismos de control y estableciendo cómo se centralizarían las labores de espionaje del SVI en América. Los agentes vascos se infiltrarían en círculos políticos, económicos, sociales e intelectuales, y desde dentro tejerían redes operativas que compaginaran la vigilancia de los agentes del Eje con el seguimiento informativo de las organizaciones comunistas en el hemis- ferio occidental. Asimismo, acordaron los detalles de la colaboración, negociaron las contra- prestaciones económicas por las actividades de inteligencia y pactaron que las instrucciones y la financiación que recibirían para estas labores tan solo procederían del SIS. Según las pesquisas realizadas en los fondos del BIS, estos llegaron a pagar mensualmente 4.125 dólares (unos 71.000 dólares actuales) al SVI en concepto de labores de información, que se distribuyeron según importancia como se observa en la siguiente tabla.26
Tabla 1. Distribución de fondos mensuales para el pago de actividades de información del SVI.
País | Fondos destinados (dólares) |
Argentina y Uruguay | 2.000 |
México | 750 |
Chile | 400 |
Venezuela | 400 |
Cuba | 250 |
Perú | 100 |
Colombia | 150 |
Santo Domingo | 75 |
Bolivia y Paraguay | 0 |
Fuente: Elaboración propia.
El destino de los fondos y las cantidades invertidas son significativas, además de que coin- ciden con los datos aportados por los propios protagonistas del SVI. Pedro Beitia, delegado del Gobierno vasco en Washington en la década de 1960 y exagente del SVI, indicó en sus memorias que hubo ocho células de espionaje operativas en Latinoamérica entre 1942 y 1945. Aunque todas estuvieron dirigidas por Antón Irala desde Nueva York y coordinadas por José María Lasarte desde Buenos Aires, en cada territorio hubo un responsable que, en ocasiones,
25 Batvinis, S. (2014). Hoover’s Secret War against Axis Spies. University Press of Kansas.
26 FBI Records,The Vault, BIS, Section II, Leg. 64-2349-20, Carta de E. E. Conroy a J. Edgar Hoover, s. l., 18 de abril de 1944.
fue también el encargado de la delegación del partido y/o del Gobierno, como ocurrió con Jesús Galíndez en República Dominicana.27
Las cifras también guardan relación con el volumen que la colectividad vasca tuvo en cada uno de esos países; es decir, los fondos destinados se asignaron en consonancia con su mayor o menor presencia y, en consecuencia, con las posibilidades para confeccionar redes de informa- ción más o menos profundas.28 Y, desde luego, están conectadas con el grado de penetración de organizaciones nazifascistas en Latinoamérica. No es baladí que, en primer lugar, aparezca Ar- gentina, ampliamente germanófila durante el conflicto y utilizada como puerto de referencia para operaciones del Eje en el subcontinente, y que, en segundo término, se encuentre México, la inmediata puerta de atrás de EE. UU., donde, a diferencia de sus líderes, proaliados, hubo una significativa masa social que apoyó al Eje.29
Argentina: la llave de la cooperación
Ramón de la Sota Macmahon estuvo al frente del grupo informativo de Buenos Aires. Esta célula, personalmente controlada por Lasarte, director político del SVI, consiguió realizar un considerable seguimiento informativo del jefe de la red nazi en el territorio, además de lograr infiltrarse en círculos políticos, económicos y religiosos e investigar a los comunistas, incluido el exilio republicano. La unidad de Sota también controló los operativos desplegados en Uru- guay, donde contó con la colaboración de Vicente Amézaga, que se dedicó al seguimiento de las actividades comunistas y la evolución política del país, el análisis del herrerismo (una de las alas del Partido Nacional, de significación antiimperialista, que encabezó el caudillo urbano Luis Alberto Herrera) y su enfrentamiento con los partidos comunistas de estos territorios y con el canciller de la república uruguaya Alberto Guani, ampliamente intervencionistas en la Segunda Guerra Mundial. La red del SVI en Argentina fue una de las mejor preparadas, apor- tando datos estratégicos relevantes y operando en conexión con los infiltrados en diferentes navieras españolas, dado que los puertos de la costa del Río de la Plata fueron elegidos prefe- rentemente por los buques españoles.30
Algunos miembros de la agencia federal de investigación así la valoraron y se preocuparon de que la financiación fuera la adecuada para aumentar su organización e impulsar su funcio- namiento. En junio de 1944, tras un encuentro con Lasarte, Francis Crosby, agregado legal31 del
27 Los coordinadores fueron Ramón de la Sota Macmahon (Argentina), Vicente Amézaga (Uruguay), Santiago Zarranz y Pedro Arechavala (Chile), Francisco Abrisqueta (Colombia), Miguel José Garmendia (México) y Sabino Barrena (Venezuela). AHE, Signatura C06/06-07,The (fantastick) life and times of Pedro Beitia.Texto mecanografiado inédito. Memorias de Pedro Beitia, s. l., s. f. Sobre Galíndez véanse Bernardo, I. y Goiogana, I. (2006). Galíndez: la tumba abierta: Guerra, exilio y frustración. Fundación Sabino Arana; Mota Zurdo, D. (2022). Jesús Galíndez Suárez: docente de la Universidad de Columbia (1915-1956). Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cultura (198:805).
28 Sobre la presencia vasca en América, véase Álvarez, Ó. (2010). Organización, identidad e imagen de las colectividades vascas de la emigración (siglos XVI-XXI). UPV/EHU. Una imagen más precisa sobre el peso de las colectividades en Angulo, A., Sanz, E. y Álvarez, Ó. (2010). Delegaciones de Euskadi, op. cit.
29 Gleizer, D. (2016). Las relaciones entre México y el Tercer Reich, 1933-1941. Tzintzun. Revista de Estudios Históricos (64), 223-258; Yofre, J.B. (2016). Entre Hitler y Perón: El hundimiento del “Graf Spee” y la llegada de los primeros nazis a la Argentina. Sudamericana; Camarasa, J. (1992). Los nazis en la Argentina. Legasa; Camarasa, J. (2012). Odessa al sur: La Argentina como refugio de nazis y criminales de guerra. Aguilar.
30 FBI Records,The Vault, BIS, Section III, NND-267468, Memorando de la oficina del agregado legal de la embajada de EE.
UU. en Uruguay al director del FBI, Montevideo, 8-8-1944.
31 Agentes del SIS.
FBI en Buenos Aires, urgió a Hoover para que no se demorara, ya que el dinero solicitado “se dedicaría a reforzar sus lazos organizativos en Argentina, aumentando así el número de perso- nas que podrían ser utilizadas como informantes, fortaleciendo la lealtad vasca, […] para sernos de ayuda en el trabajo de inteligencia”.32 El agente del FBI trabajó en asegurar la colaboración en la capital bonaerense y fue muy persuasivo ante el director de la agencia en sus informes: de ese acuerdo dependía la continuidad del resto de las unidades del SVI en Latinoamérica. Así se lo había indicado Lasarte, que también supervisaba el trabajo de información de Uruguay, Paraguay y Bolivia: sin un pacto firme en Argentina, el programa de cooperación FBI-SVI no prosperaría y el resto de los contactos se verían afectados.33
El pacto entre el FBI y el SVI en Argentina se convirtió, por tanto, en la llave para la coope- ración de la colonia vasca con la agencia de Hoover y el eje en torno al que consolidar sus relaciones en el tiempo. Como se ha indicado, el SVI fue utilizado por el SIS como una de sus organizaciones pantalla para sus actividades encubiertas de espionaje a simpatizantes nazis y comunistas. Irala, no obstante, insistió en investigar a estos últimos, explotando el temor al rojo del director de la agencia. En uno de sus informes para el FBI, el vasco indicó que los gobiernos latinoamericanos, independientemente de su naturaleza política, serían en un futuro próximo un elemento de “preocupación para Estados Unidos”. Crosby hizo suyas esas palabras, mordió el cebo anticomunista e insistió a Hoover: el SIS debía impulsar el desarrollo del SVI en Argen- tina y garantizar las cantidades acordadas por las distintas vicisitudes que pudieran plantearse.34 El 8 de junio de 1944 Crosby entregó un anticipo de mil dólares y cerró el acuerdo de cola- boración en Argentina. Según el estadounidense, el FBI había logrado un pacto ventajoso: el SVI actuaría bajo sus directrices y su control, impulsando la instrucción de más colaboradores para sus unidades y, en consecuencia, realizarían un “trabajo más eficaz”.35 El 20 de julio Hoover respaldó finalmente la maniobra, convencido de que la colaboración con la organización vasca sería “extre- madamente productiva”, pues serían requeridos “para todo tipo de investigaciones deseadas por la Oficina”. Pero Hoover mantuvo sus reservas. El SVI era una organización de espionaje extranjera, que colaboraba también con la OSS en Europa y el norte de África, y, en consecuencia, era sos- pechosa de estar infiltrada por agentes de la policía secreta soviética (el NKVD). Así que recordó a Crosby que ante cualquier controversia “sobre las actividades de los vascos y la forma en que se utilizan sus servicios”, la central del FBI estudiaría el caso con la delegación vasca en NuevaYork.36 Esta cuestión no era baladí, pues Aguirre e Irala se habían volcado en encarrilar y fortale- cer en la medida de lo posible la relación con el FBI justo cuando Donovan había planteado al presidente Franklin D. Roosevelt y al Estado Mayor la planificación de acciones conjuntas con los soviéticos.Todos los indicios que tenía el FBI invitaban a pensar que el SVI era un socio fiel y anticomunista, como había reiterado Irala, pero las maniobras de Hoover y Donovan en Washington tensionaron el ambiente, al igual que las reacciones de algunas células del SVI ante
las sospechas del FBI por sus labores.37
32 FBI Records,The Vault, BIS, Section II, NND-267468, Informe de Francis Crosby (agregado legal del FBI en Argentina) al director del FBI, Buenos Aires, 20-6-1944.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 FBI Records,TheVault, BIS, Section II, Leg. 64-2319-40, Carta de J. Edgar Hoover a Francis E. Crosby sobre la organización vasca,Washington D. C., 20-7-1944.
37 Weiner,T. (2012). Enemigos…, op. cit., 171.
Problemas, desconfianzas y mentiras para mantener los activos y la financiación
En julio de 1944, surgieron problemas en la colaboración en Venezuela por la falta de un plan de acción conjunta entre Juan Olazabal, responsable del SVI, y el agregado legal del FBI en Caracas.38 Este último se había quejado de la labor del SVI y había llegado a considerar excesivas las cantidades destinadas a la agencia vasca, que ascendían a 400 dólares mensuales (unos 6.885 dólares actuales). El lehendakari Aguirre e Irala se esforzaron en justificar la falta de directrices por parte del SIS y recordaron que el SVI en Venezuela ya había presentado un memorando detallado, que desconocemos, indicando objetivos, medios y actividades a realizar, que el FBI había desechado sin indicar por qué.
Por tanto, sí que existía un plan de información y espionaje, pero no del gusto del agregado. En aras de destensar la situación, Irala llegó a reconocer que la propuesta del SVI no era ambi- ciosa, porque no planteaba una infiltración masiva en los círculos políticos y económicos del país, y se limitaba al seguimiento de los agentes nazifascistas, omitiendo la información sobre los comunistas y el exilio republicano, a lo que se habían comprometido. En realidad, los agentes vascos en Caracas no estaban dispuestos a informar sobre sus compatriotas y compañeros de exilio, señalándoles, y preferían la inacción a la delación. Por eso, el SIS amenazó con suspender la financiación y cuestionar la fidelidad de la organización vasca. La reacción de los dirigentes del exilio institucional vasco fue inmediata. Para salvar la financiación propusieron una solución intermedia:“un contraplán del Agregado Legal” o la discusión del “propio plan de los vascos”.39
Poco tiempo después, Irala se reunió de nuevo con Doyle en NuevaYork para tratar la situación en Venezuela. Puesto que el agente del SIS en Caracas no estaba dispuesto a consensuar el plan de acción del SVI, a juicio del coordinador de la inteligencia vasca lo preceptivo era desgranar las partidas presupuestarias. Así, solicitó que la unidad caraqueña recibiera las siguientes cantidades como contrapartida a las actividades de inteligencia explícitas que solicitara el SIS: 400 dólares mensuales para la delegación vasca, 300 dólares mensuales para la organización de inteligencia y 270 dólares mensuales para investigaciones concretas sugeridas por el FBI. En total, 970 dólares.
Pero la propuesta de Irala quedó en suspenso. El 31 de julio de 1944 la oficina del Buró en Caracas informó a Hoover de cuál era la situación: en ocho meses, el grupo de inteligencia vasco no había aportado nada sobre el exilio republicano y los elementos comunistas, y, ante la aparente inacción, el SIS había optado por congelar la financiación y los contactos. El FBI tras- ladó la situación a Irala, que trató de defenderse imputando al agregado legal. Según el vasco, la falta de avances no era responsabilidad del SVI sino del Buró, que no aportaba la financiación adecuada.Y, para reforzar su tesis, lanzó un órdago: Olazabal y el SVI llevaban tiempo solici- tando trabajar con otras agencias de seguridad de EE. UU. interesadas en Venezuela, y, dada la situación, era el momento del cambio.40
El envite funcionó. El 8 de agosto de 1944, Hoover recordó a la estación del FBI en Caracas que la Inteligencia vasca podía aportar mucho más que un seguimiento a sus compatriotas y se le debía dar un voto de confianza. Con ese apoyo del director de la agencia, el SVI recuperó
38 Posiblemente Dwight Garretson.
39 FBI Records,The Vault, BIS, Section II, NND-267468, Informe de E. E. Conroy a J. E. Hoover sobre la organización vasca en Venezuela, Caracas, 28-7-1944.
40 FBI Records,The Vault, BIS, Section II, NND-267468, Informe de la oficina del agregado legal de la embajada de EE. UU. en Venezuela al director del FBI, Caracas, 31-7-1944.
la financiación en Venezuela, pero la inversión quedó supeditada a la obtención de resultados, como se recogió en la correspondencia interna del FBI:
La Oficina, por supuesto, no desea pagar a los vascos ningún dinero en el caso de que no puedan ser de valor para usted; sin embargo, la Oficina sigue opinando que, basándose en experiencias pasadas con los vascos en Venezuela, pueden ser utilizados no solo con referencia a investigaciones de actividades españolas, sino en investigaciones de todos los demás asuntos de interés para usted. No obstante, en caso de que sus servicios no sean satisfactorios, no dude en comunicárselo a la Oficina y tomar las medidas oportunas para ajustar los pagos que se les efectúen. El Bureau se esforzará por ayudarle en la medida de lo posible, tratando el asunto con el Cuartel General vasco en Nueva York, que dará instrucciones a la organización local sobre la cooperación con usted.41
Dos semanas después, se retomaron las operaciones SVI-FBI en Venezuela, como confirmó el agregado legal:“Se continuará utilizando a los informantes […] los vascos se concentrarán en obtener información política e información relativa a los disturbios que existen actualmente en Venezuela”.42 Aprovechando la versatilidad a la que había aludido Hoover, el agente del SIS solicitó al SVI información sobre las reformas intervencionistas del Gobierno de Medina Angarita, que estaban generando desestabilización y descontento social a causa de la interfe- rencia del Estado venezolano en las empresas privadas. Estas medidas habían afectado a EE. UU., pues los cambios en las concesiones de hidrocarburos, que se implementaron para convertir el petróleo en un factor de riqueza nacional, conllevaron transformaciones en la extracción del crudo y su refino, incidiendo en la capacidad extractiva de empresas extranjeras como Standard Oil, cuyos aportes petrolíferos eran fundamentales para las necesidades de guerra de EE. UU. y en la que había agentes de inteligencia infiltrados.43
Que los vascos fueran útiles en la obtención de otro tipo de información se convirtió en un arma negociadora. Entre julio y octubre de 1944, Irala y Aguirre, ya fuera realizando viajes exprofeso a los diferentes países latinoamericanos o negociándolo directamente con los repre- sentantes del FBI en Nueva York, buscaron asegurar la relación entre el Buró y el SVI también en Chile, Colombia, Cuba, Uruguay y México.
Para este último, se ha tenido acceso a planes específicos, que han dejado rastro documental en los fondos del BIS. En la capital azteca, el SIS solicitó la elaboración de una lista de activos y potenciales agentes para tejer una intrincada red informativa que se dedicara a espiar al exilio republicano español. Al igual que había sucedido en Venezuela, esta petición produjo uno de los encontronazos más notables entre el FBI y el SVI vinculados a la financiación. Cuando la labor informativa estaba a punto de iniciarse, el SIS redujo los honorarios del SVI, que cifró en un pago mensual de 300 pesos mexicanos (unos 24 dólares de la época). El ofrecimiento fue interpretado como un insulto, una desconsideración hacia los esfuerzos de la organización de
41 FBI Records, The Vault, BIS, Section II, NND-267468, Carta de J. Edgar Hoover al agregado legal de la embajada de EE.
UU. en Venezuela, Caracas, 8-8-1944.
42 FBI Records,The Vault, BIS, Section II, NND-267468, Informe de la oficina del agregado legal de la embajada de EE. UU. en Venezuela al director del FBI, Caracas, 22-8-1944.
43 Straka, T. (Comp.). (2016). La nación petrolera:Venezuela 1914-2014. Universidad Metropolitana, 187; Osorio, P.J. (2018). Evo- lución histórica de la visión del petróleo como instrumento de independencia económica. Iustitia Socialis. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas (3:5), 57.
inteligencia vasca. Como subrayaría Irala al lehendakari, la inversión mínima para los operati- vos en México era de mil pesos semanales (cerca de 80 dólares de la época).44
En primera instancia, el presidente Aguirre le llamó a la calma. Con vistas a consolidar la estrategia vasca en el futuro y viendo cómo el desembarco de Normandía había frenado el avance alemán en la guerra, debían colaborar como fuera, incluso gratis. Lo importante era que el SVI y el Gobierno vasco mantuvieran un vínculo estrecho con el amigo americano. A finales de 1944, el panorama empeoró: el FBI redujo de nuevo la financiación sin previa negociación con la delegación vasca en Nueva York.Y, automáticamente, los problemas se incrementaron. Sin financiación el SVI no podía hacer labor operativa, aunque el lehendakari urgiera a trabajar para el FBI sin contraprestación económica. En Venezuela, México y Chile desarrolló muy po- cas operaciones durante esos meses y obtuvo resultados exiguos. En Santiago, el agregado legal se quejó a Hoover de que la nutrida colonia vasca proporcionaba información “incompleta y no exhaustiva” sobre “asuntos comunistas y marítimos”. En otras palabras, el SVI había decidido parar su actividad hasta que recibiera dinero suficiente del FBI para las operaciones.45
Ante la dificultad, Irala explotó. Durante meses, se había volcado en cimentar los contactos, coordinar las actividades de inteligencia y convencer a los americanos de las ventajas de la coope- ración. Todo debidamente negociado con Doyle en la Gran Manzana. Todo convenientemente acordado por ambas partes. Sin embargo, sus socios habían optado por cerrarles el grifo sin infor- marles de ello, lo que a todas luces era para él un gesto de desconfianza hacia el SVI. En opinión del coordinador de la Inteligencia vasca, la medida estaba completamente injustificada, porque “el aspecto económico no puede preocupar a quienes en el volumen de su presupuesto tengo la seguridad de que [nuestra partida] es una insignificancia”, como le recordó al presidente vasco.46 Irala buscó un motivo por el que el FBI hubiera actuado unilateralmente.Y lo encontró: la maniobra financiera era la enésima desconsideración de los norteamericanos hacia una pe- queña organización de información con la que habían colaborado exitosamente en “la causa común de la libertad”. Según su argumentación, el Buró quería controlarles mediante la de- pendencia económica porque seguía sospechando de ellos y, por eso, les tenía todavía en cua- rentena:“Tal vez, les resulta difícil, por hábitos profesionales, habituarse a tratar, en vez de con agentes, con un servicio modesto, todo lo modesto que se quiera, pero que no es un grupo de individuos agentes suyos, sino el SI [servicio de inteligencia] de una organización patriótica”.47 A decir de Irala, Hoover había roto la independencia acordada. En su enfado, sin embargo, el vasco olvidó algunos hechos, entre ellos los errores y las discrepancias habidas, las llamadas de atención de Crosby y los problemas con el agregado legal de Caracas.Y, por supuesto, descuidó una cuestión estratégica, que era fundamental para el FBI: Hoover quería información sobre la implantación de las organizaciones del Tercer Reich, pero también que el SVI hiciera un seguimiento de las actividades comunistas, incluidas las de sus compatriotas republicanos, en Latinoamérica. En otras palabras, estaban demandando de ellos una serie de prestaciones que,
según los informes de 1945, no estaban haciendo.48
44 Mota Zurdo, D. (2016). Un sueño americano…, op. cit., 170.
45 Jiménez de Aberásturi, J.C. (1999). De la derrota a la esperanza…, op. cit., 478; FBI Records,TheVault, BIS, Section II, Leg. 64-23119- 65, Memorando de la oficina del agregado legal de la embajada de EE. UU. en Chile al director del FBI, Santiago, 10-8-1944.
46 FBI Records,The Vault, BIS, Section VII, NND-267468, Leg. 64-23117, Carta de Antón Irala a José Antonio Aguirre, Nueva York, 14-11-1944.
47 Ibid.
48 Ibid.
Mirando a Europa: la revaloración del SVI
Con todo, la relación con el FBI no se interrumpió. En el terreno americano Manuel de la Sota se quedó al frente de la delegación vasca en Nueva York, desde la que ayudó a Lasarte a coordinar la actividad informativa en Latinoamérica, y, en Europa, Aguirre e Irala trataron de llevar a otro nivel la conexión con agencias de espionaje. Según la investigación realizada, en consonancia con la consolidación y extensión del SIS, el FBI y el SVI estrecharon también los lazos en el Viejo Continente. En diciembre de 1944, la agencia de Hoover había iniciado la colaboración con el MI-6 en la capital inglesa, y, para el final de la contienda, el SIS había abierto estaciones operativas en Moscú, Lisboa, Madrid, Roma y París.49
Es en este contexto, en que el FBI buscó convertirse en una agencia de alcance global, donde se enmarcan los proyectos conjuntos SIS-SVI en Francia. El 25 de marzo de 1945, Irala y Aguirre dejaron Nueva York para trasladarse a París. Como se sabe, los motivos principales de este viaje fueron dos. El primero, preparar el terreno para el regreso de las instituciones vascas a Francia, reestructurar la delegación y centralizar allí la actividad del exilio nacionalista.Y el segundo, al que se ha tenido acceso en esta investigación, atender cuestiones logísticas del SVI para activar y disgregar la red de espionaje vasca en Francia, cuyas ramificaciones estaban en contacto con la OSS, y conectarla también al FBI, por si la agencia de Hoover sustituía finalmente a la de Donovan. Los informes consultados así lo avalan. Días antes de su partida, Irala se entrevistó en Nueva York con Doyle, quien le dio indicaciones para reunirse con un agente del SIS en Francia ante la proximidad del final de la guerra y el proyecto de Hoover de convertir la agencia en una central de inteligencia internacional.50 El 7 de abril se produjo la citada reunión de París, en que el vasco informó de sus próximos pasos: estaría en la capital francesa dos semanas, pos- teriormente se trasladaría al País Vasco francés y luego regresaría a Nueva York, dando antes indicaciones a Pepe Michelena, el jefe del SVI en territorio galo, para que iniciaran el contacto con el FBI y comenzaran a trabajar juntos. Irala también aprovechó la ocasión para hacer un guiño anticomunista que fortaleciera las relaciones con el FBI y que este incluyera al SVI en sus planes, indicándole que EE. UU. debía apoyar “elementos verdaderamente democráticos” en España e impedir que el antifranquismo se lanzara a los brazos del Partido Comunista, algo en
lo que el SVI y el exilio nacionalista vasco podían ser determinantes.51
El 28 de junio de 1945 Irala regresó a EE. UU. y se reunió con C.V. D. Rousseau, agente de la oficina del SIS de NuevaYork. En ese encuentro, Irala reportó haber retomado el contacto “con varios miembros de la organización vasca, incluidos sus agentes de inteligencia” en Francia (la Red Nicolás de Pepe Michelena), hombres altamente capacitados que contaban con una organización desplegada por todo el país.Y acordó con el agente parisino que las relaciones informativas se iniciarían de inmediato. El contenido de esos encuentros y conexiones es hasta el momento un enigma, y no se sabe, por la falta de fuentes, si la red FBI-SVI en Francia echó a andar en algún momento.52
49 Weiner,T. (2012). Enemigos…, op. cit., 172.
50 Este hecho, por ejemplo, explicaría que el FBI hiciera pública la desarticulación de la red Bromo en 1945. FBI Records,The Vault, BIS, Section VIII, NND-267468, Informe de E. E. Conroy a J. E. Hoover, Nueva York, 23-3-1945.
51 FBI Records,The Vault, BIS, Section VIII, NND-267468, Informe de agente del SIS en París a J. E. Hoover sobre Servicio de Inteligencia Vasco, París, 9-4-1945.
52 FBI Records, The Vault, BIS, Section VIII, NND-267468, Carta de C.V. D. Rousseau a C. H. Carson sobre contacto con Antonio Irala, secretario de la presidencia Aguirre, de la República Vasca, París, 28-6-1945.
De nuevo, la sospecha
Mientras tanto, la situación en América se complicó. Si en Europa el FBI quiso estrechar lazos con el SVI, en el continente americano los recortes en la financiación y el exceso de celo en la autonomía operativa de la organización vasca tensaron la relación. Para muestra, un botón. En Colombia, el SVI congeló los operativos en Barranquilla, Cali y Bogotá por falta de financiación y discrepancias de algunos miembros con el SIS, que reiteradamente solicitaban información sobre las actividades comunistas sin pagar contraprestación alguna.53 En Argenti- na, asimismo, hubo importantes reducciones en la financiación, pasándose de dos mil dólares a casi la mitad. Según la oficina de Buenos Aires, esos recortes incomodaban a las unidades del SVI, sobre todo cuando el SIS no pagaba “sumas adicionales” por servicios extra.54
No era el único problema. En Santo Domingo, por ejemplo, hubo discrepancias en torno a las atribuciones que correspondían al SVI y al SIS y el uso que los vascos podían dar a la valija diplomática. Jesús Galíndez, delegado del Gobierno vasco y coordinador del SVI en Ciudad Trujillo, recibió las quejas del agregado legal Clement Driscoll cuando este supo que los ac- tivos del SVI utilizaban la valija del FBI para realizar comunicaciones que nada tenían que ver con operaciones de la oficina federal. Así lo reflejó en un informe: “[No es] deseable que los medios de comunicación de la Oficina, que se han ampliado excepcionalmente para la co- modidad de la organización vasca, se utilicen para difundir información relativa a la propia organización vasca”.55
Con acciones como las indicadas, el SVI puenteaba los acuerdos, al no cumplir con el proto- colo y rehuir el control y las directrices del FBI.Tampoco eran los únicos que estaban incum- pliendo el pacto, como hemos visto. Pese a que en 1944 se sellara el convenio de colaboración SVI-FBI, los hombres de Hoover no dejaron de vigilar en América a las organizaciones vascas, valorando sus conexiones con el antifranquismo, el catalanismo y el galleguismo, así como su ideología y organizaciones, incluidos los nexos con el comunismo, como recogen los informes del FBI sobre el pacto Galeuzca.56
La tensión, la discrepancia y el enfrentamiento constituyeron un fenómeno generalizado que afectó a la situación de diferentes unidades del SVI en América Latina. En Chile, Lasarte reclamó varias veces que se mejorara la financiación para los trabajos encomendados por el agregado legal y solicitó el pago mínimo de 8.500 pesos (267 dólares al cambio en 1945). Para el agente del SIS, esa cantidad retribuía de modo excesivo los servicios prestados; es decir, los fondos asignados al SVI correspondían a la fiabilidad de su información: los vascos eran “ho- nestos y voluntariosos” y ponían mucho empeño, pero no aportaban datos de calidad. Así, le reprochó a Lasarte que no cotejara la información y le urgió a que revisara las fuentes del SVI.57
53 FBI Records, The Vault, BIS, Section VIII, NND-267468, Informe de la oficina del agregado legal de la embajada de EE.
UU. en Colombia al director del FBI, Bogotá, 18-4-1945.
54 FBI Records, The Vault, BIS, Section VIII, NND-267468, Informe de la oficina del agregado legal de la Embajada de EE.
UU. en Argentina al director del FBI, Buenos Aires, 20-2-1945; FBI Records, The Vault, BIS, Section VIII, NND-267468, Carta de J. Edgar Hoover a la oficina del agregado legal de la Embajada de EE. UU. en Argentina, Buenos Aires, 20-3-1945.
55 FBI Records,The Vault, BIS, Section VIII, NND-267468, Informe de Clement J. Driscoll al director del FBI sobre la orga- nización vasca, Ciudad Trujillo, 14-4-1945.
56 FBI Records, The Vault, BIS, Section VIII, NND-267468, Carta de J. E. Hoover a Frederick B. Lyon, jefe de la división de las relaciones de acción exterior del Departamento de Estado, sobre las actividades de Galeuzca y las organizaciones proauto- nomía y antifranquistas de gallegos, vascos y catalanes,Washington D. C., 15-6-1945.
57 FBI Records,The Vault, BIS, Section IX, NND-267468, Informe de la oficina del agregado legal de la embajada de EE. UU. en Chile al director del FBI, Santiago, 1945.
La tesis autorreferencial del preparado y efectivo SVI, que Aguirre e Irala habían vendido a los norteamericanos desde 1942, empezó a desmoronarse. La información transmitida era in- correcta, absurda y, muchas veces, simples rumores. Así lo indicó el agente del SIS, que llegó a dudar de si las actividades de inteligencia vasca existían realmente. En su opinión, esas labores eran una farsa con la que estaban obteniendo dinero para su acción política patriótica y anti- franquista: los vascos se habrían limitado a adecuar sus informes a las indicaciones y requeri- mientos del FBI, sin aportar nada de interés.
Este tipo de valoraciones fueron minando la reputación de la organización vasca, revelándo- se su capacidad real. La documentación disponible invita a pensar que el SVI tuvo una capaci- dad limitada para realizar actividades de espionaje exitosas a lo largo y ancho de Latinoamérica, y todo parece indicar que fue un artificio propagandístico muy bien diseñado por el exilio político nacionalista vasco. El testimonio del agregado legal del FBI en Chile avala esta tesis:
Otra crítica a la organización vasca en Chile es que carecen de contactos que puedan utilizar con frecuencia dentro del elemento comunista. En febrero de 1945, después de haber recibido una solicitud de cierto material sobre el Partido Comu- nista de Chile y sus dirigentes para el monográfico sobre comunismo de la agencia, se solicitó a los vascos que obtuvieran información específica sobre el partido, los líderes del partido, su formación, etc. antes del 15 de marzo. […] Nunca pudieron presentar un informe sobre este asunto y no lo han hecho hasta la fecha, aunque no han sido presionados para ello ya que esta oficina pudo proporcionar a la agencia algunos datos sobre el Partido Comunista para su inclusión en el informe. Sin em- bargo, se cree que esta imposibilidad de proporcionar la información en un tiempo razonable indica no solo su incapacidad de informar puntualmente sobre asuntos de interés para esta oficina, sino la falta de informantes sobre asuntos comunistas.58
Pero las carencias de la información proporcionada no solo estaban en su imposibilidad de infiltrarse en los cuadros comunistas y/o socialistas en el país chileno, sino también a la hora de informar sobre el exilio republicano y/o sobre las actividades nazis y fascistas en el marco de la Operación Safehaven, mediante la que se persiguieron bienes y fugitivos de Alemania.59 El agregado legal del FBI en Santiago insistió en la incompetencia del SVI en reiteradas ocasiones y justificó la reducción de fondos por sus poco productivas labores:
En febrero de 1945, […] se les pidió que discretamente hicieran averiguaciones específicas sobre cualquier actividad nazi o fascista, y se les pidió particularmente información sobre actividades comunistas en la parte sur de Chile. También se les pidió que informaran a sus fuentes sobre su interés en las actividades comunistas. En ese momento, señalaron que el propósito principal del viaje sería la obtención de información sobre las actividades comunistas, particularmente la de los comu- nistas españoles que trabajan en la parte sur de Chile y que se esfuerzan por recau- dar dinero para ayudar a la guerrilla antifranquista [el maquis]. Lo mejor que se puede
58 Ibid.
59 Para evitar el renacimiento del nazismo, Estados Unidos diseñó la Operación Safehaven con el objetivo de congelar los bienes alemanes presentes en países neutrales de América y Europa, entre ellos España. Fruto de esta operación se creó una comunidad internacional de información que implicó a distintos países y agencias, entre ellas el FBI. Lorenz-Meyer, M. (2007). Safehaven: The Allied Pursuit of Nazi Assets Abroad. University of Missouri Press, 180; Yeadon, G. (2008). The Nazi Hydra in America: Supressed History of a Century. Progressive Press, 293.
decir de su informe es que contactaron a sus fuentes. No han podido aportar información de valor sobre actividades comunistas, nazis o fascistas.60
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la situación en Venezuela también se complicó. El 7 de septiembre de 1945, la delegación del Gobierno vasco en Caracas advirtió al SIS de que en un plazo no superior a dos semanas la red del SVI dejaría de colaborar con ellos. En realidad, era la crónica de una muerte anunciada. Desde 1944 los servicios de la organización vasca habían sido insatisfactorios “debido a la indolencia de sus miembros” y a la pérdida de interés del FBI. Pero, en este caso, lo sorprendente fue que la iniciativa viniera de la delegación vasca enVenezuela, puesto que los grupos de Argentina, Cuba, México y Colombia continuaron colaborando.61
La decisión de la delegación vasca en Caracas hizo saltar las alarmas de la central del FBI, que pensó en el efecto contagio a otros territorios, incluso la interrupción de su proyecto en Francia. El 17 de septiembre de 1945, sin tiempo que perder, un representante del SIS se reunió con Irala en Nueva York para pedir explicaciones. El vasco fue claro: la red del SVI continuaría colaborando, mejoraría sus operativos en Latinoamérica y trabajaría para extender la colabo- ración a Europa.62 Tres días después de esa reunión, el presidente Harry S.Truman destituyó a William Donovan, disolvió la OSS y creó la Unidad de Servicios Estratégicos (SSU). Asimismo, le dejó las cosas claras a Hoover: el FBI no sería una agencia global de inteligencia, porque no podría operar fuera de EE. UU.63
La SSU mantuvo en funcionamiento las antiguas estaciones de la OSS en todo el mundo con carácter temporal. Durante ese tiempo, Hoover trató de que el FBI sustituyera a la SSU, mejoran- do y ampliando sus atribuciones y jurisdicción. Pero no tuvo éxito. La enemistad declarada en- tre él y Truman permeó la atmósfera, al punto de que el 22 de enero de 1946 el Departamento de Estado, para quitarse de en medio sus anhelos de control de la inteligencia estadounidense, creó el Grupo Central de Inteligencia (CIG) como sustituto del SSU, convirtiéndose en la prin- cipal agencia civil de inteligencia estadounidense en el extranjero. En 1947, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, el CIG pasó a denominarse Agencia Central de Inteligencia (CIA).
El SVI y sus planes
En el ínterin, los acontecimientos comenzaron a precipitarse. A la reducción de la finan- ciación, la desidia a la hora de informar de algunas redes del SVI, la implicación de Aguirre e Irala en la política, la acción informativa en Europa y la falta de apoyo del presidente Truman a Hoover, se sumaron hechos más concretos: a principios de 1946, coincidiendo con la crea- ción del CIG, Lasarte abandonó Argentina y regresó a Europa. El coordinador de la actividad operativa e informativa del SVI en América Latina se trasladó a Francia para estar cerca de los dirigentes del Gobierno vasco, del PNV y del SVI, dispuesto a colaborar en la relación con la nueva organización de referencia, la futura CIA.
60 FBI Records,The Vault, BIS, Section IX, NND-267468, Informe de la oficina del agregado legal de la embajada de EE. UU. en Chile al director del FBI, Santiago, 1945.
61 FBI Records, The Vault, BIS, Section IX, NND-267468, Informe de la oficina del agregado legal de los EE. UU. en Ve- nezuela al director del FBI, Caracas, 10-9-1945.
62 FBI Records,The Vault, BIS, Section IX, NND-267468, Carta de E. E. Conroy a J. E. Hoover, s. l., 19-9-1945.
63 Weiner,T. (2012). Enemigos…, op. cit., 185.
Cuando el agregado legal del FBI en Buenos Aires se enteró de la noticia, no interpretó ne- gativamente la marcha de Lasarte, ni atisbó un posible cambio en las relaciones. Precisamente, el 2 de enero de 1946 indicó a Hoover que no esperaba que la ausencia de Lasarte afectara “en modo alguno a las relaciones existentes entre esta oficina y la Organización Vasca”.64 A corto plazo, no se equivocó. Hasta julio de ese año, el contacto con la red del SVI fue similar, pero, pasado ese tiempo, Lasarte regresó de Francia con la misión de reestructurar la organización de inteligencia. Una modificación que justificó con el siguiente argumento: los mil dólares men- suales eran insuficientes para mantener en funcionamiento toda la red, por lo que el número de efectivos destinados al espionaje y la información en Argentina debía variar.
Lasarte estaba descontento. Había observado que en el cómputo general de las distintas células del SVI desplegadas por Latinoamérica no se había abonado la mitad de la financiación pactada inicialmente. O los americanos querían reducir el servicio o directamente estaban dejándolo morir económicamente para que desapareciera.65 En parte, era así. El SIS tenía sus días contados en América, pero se desconocía la fecha exacta de su disolución. Por eso, los agregados legales dilataron los pagos para no cortar de súbito la relación con el SVI, que a su vez también estaba interesado en mantener la relación de algún modo para no desmantelar la red operativa en Sudamérica.66
Finalmente, los contactos entre el SIS y el SVI acabaron el 1 de enero de 1947. Con cierta re- signación, el director del FBI recibió varios comunicados de los agregados legales en Argentina, Colombia y Chile. Este último, que había sido muy crítico con los informes del SVI, recomen- dó contactarles de nuevo “en el caso de que la agencia reabriera el SIS en Chile y los vascos no hayan vuelto a España”.67 Tras el fin oficial de la relación con el FBI, el SVI tendió la mano y se mostró dispuesto a colaborar en cualquier tipo de servicio que en el futuro requiriera el FBI.68 En el fondo, el espíritu de mantener el vínculo con el Tío Sam que habían requerido Aguirre e Irala acabó imponiéndose. Esa colaboración no tardó mucho en llegar. En febrero de 1946, Jesús Galíndez se asentó en Nueva York. Poco tiempo después, recibió el nombre en clave de NY-507-S y, aunque lo hizo a título individual, informó sobre el exilio republicano y los comunistas desde la Gran Manzana.
Conclusiones
El SVI y el FBI colaboraron durante la Segunda Guerra Mundial con dos objetivos. En primer lugar, evitar que las redes nazis y fascistas, incluidas las franquistas, pudieran operar en América con la finalidad de penetrar en EE. UU. Ese vínculo operativo entre vascos y norteamericanos
64 FBI Records, The Vault, BIS, Section X, NND-267468, Informe de la oficina del agregado legal de EE. UU. en Argentina al director del FBI, Buenos Aires, 2-2-1946.
65 FBI Records,The Vault, BIS, Section XI, NND-267468, Informe de la oficina del agregado legal de EE. UU. en Argentina al director del FBI, Buenos Aires, 20-7-1946.
66 FBI Records,The Vault, BIS, Section XI, 14-23119-34, Carta de C. H. Carson a D. M. Ladd sobre la organización de inteli- gencia vasca, s. l., 29-8-1946; FBI Records,The Vault, BIS, Section XI, 14-23119-34, Carta de C. H. Carson a D. M. Ladd, sobre la organización de inteligencia vasca, s. l., 25-9-1946.
67 FBI Records, The Vault, BIS, Section XI, NND 267-468, Informe de la oficina del agregado legal de EE. UU. en Chile al director del FBI, Santiago, 14-2-1947.
68 FBI Records,The Vault, BIS, Section XI, NND 267-468, Informe de la oficina del agregado legal de EE. UU. en Colombia al director del FBI, Bogotá, 3-3-1947.
se mantuvo tras el conflicto, para seguir de cerca los canales que fundamentalmente los alema- nes trataron de utilizar para depositar sus bienes, tanto propios como expoliados, en América. Y, en segundo lugar, para controlar a un nuevo enemigo: el comunismo. El FBI vio en el SVI un socio deseable en la lucha anticomunista de posguerra, para la que comenzó a prepararse en los estertores de la contienda, diseñando medidas de vigilancia y contención. Las redes vascas fueron usadas a tal efecto para conocer el grado de penetración del comunismo en Latinoa- mérica, incluso en Europa, y saber qué papel estaba jugando el exilio republicano español en la transmisión y afianzamiento de esas ideas sobre el territorio.
Pero que esas labores estuvieran contempladas de ese modo sobre el papel no significa que el SVI espiara por decreto al exilio republicano. A lo largo de este artículo se ha puesto de ma- nifiesto que hubo reticencias a espiar a sus propios compatriotas en algunos países. No sabemos si la documentación que los vascos aportaron sobre el exilio republicano fue precisa ni tampo- co si fue incriminatoria; fundamentalmente, porque no hemos tenido acceso a esos informes. Sin embargo, de las referencias indirectas que se han obtenido de las cartas y memorandos de los agregados legales del FBI, podemos inferir que la información aportada no fue muy útil. Tampoco sabemos si esa mala calidad respondió a algún tipo de decisión premeditada para no poner en peligro a sus compañeros de exilio.
En cualquier caso, sí que la revelación de estos documentos inéditos nos sirve, por de pronto, para desmitificar o cuando menos cuestionar determinados relatos difundidos por la literatura histórica militante y la historiografía nacionalrevolucionaria vasca, que en referencia a las ac- tividades del SVI siempre ha subrayado el firme sentimiento anticomunista de los nacionalistas vascos y de los agentes de la organización. Obviamente, hubo anticomunismo por convicción ideológica, pero eso no significa que fuera el sentimiento de toda la colectividad, como se ha comprobado con el caso de Olazabal en Venezuela.Y, asimismo, permite desmontar el relato mitificado sobre el alcance y la capacidad de las redes vascas fuera de España. Como hemos visto, eran muy mejorables, tenían una baja operatividad y contaban con fuentes basadas mu- chas veces en la conjetura.69
Asimismo, se ha examinado y constatado que las redes vascas fueron de interés para el FBI. Esas preferencias fueron variando con el paso del tiempo, conforme cambiaron los objetivos de la propia agencia y de su director, y en la medida en que hubo problemas de financiación. Aunque los vascos siempre tuvieron el objetivo de sintonizar ideológicamente con los nor- teamericanos para tratar de convencerles de que en España y en Euskadi había alternativas democráticas y no comunistas al franquismo, eso no debe obviar que las instituciones vascas en el exilio estaban necesitadas de financiación para sobrevivir al exilio ante la hipotética, pero previsible, continuidad de la dictadura.
La organización de inteligencia vasca se movió entre la necesidad y la oportunidad durante los años finales de la Segunda Guerra Mundial. Debido a la falta de financiación y a su proyec- to de alinearse políticamente con los norteamericanos, el SVI, como organismo del PNV y del Gobierno vasco en el exilio, aceptó todo tipo de colaboración con las agencias de inteligencia estadounidenses, y, por consiguiente, no perdió la oportunidad de estrechar relaciones, ya fuera en América o en Europa.
69 Jiménez, E. (2005). San Fermingway: Otras historias de Ernest Hemingway.Txalaparta; Rodríguez, M. (2004). Espías vascos…, op. cit.; Azurmendi, J.F. (2014). Vascos en la Guerra Fría…, op. cit.
Pero en ese trasiego, como se infiere de las fuentes trabajadas en este trabajo, el SVI fue signi- ficativo para la estrategia de contraespionaje de la agencia de Hoover, aunque no determinante. De hecho, siempre imperaron los recelos hacia una organización extranjera, que dependía de un gobierno autonómico y de un partido en el exilio que mantuvo relaciones con el comu- nismo, como evidencia la presencia de Leandro Carro en el Ejecutivo de Aguirre hasta 1948. Precisamente, además de las relaciones SVI-OSS, este podría ser uno de los motivos por los que el FBI mantuvo una relación tensa y de regateo con la financiación desde 1943 hasta 1947, junto con la escasa calidad de los datos aportados. Una conexión que, sin embargo, no se interrum- pió y que tampoco fue exclusivamente de espionaje al comunismo, toda vez que en 1944 se puso en marcha la Operación Safehaven y esta incluyó el seguimiento de fugitivos nazis y sus bienes a Latinoamérica.Y ahí, como se desprende del texto, el SVI ocupó su pequeña parcela de protagonismo.
En conclusión, gracias a la información aportada en este artículo, ahora sabemos con ma- yor grado de minuciosidad en qué consistieron las relaciones y acuerdos administrativos de la colaboración entre el FBI y las redes de inteligencia vascas, las grandes líneas sobre a qué se comprometieron a investigar y, sobre todo, cómo surgieron reticencias en torno a dos cuestio- nes: las cantidades económicas asignadas a sus trabajos y la productividad/eficiencia del SVI. Los resultados permiten avanzar que las solicitudes de espionaje al exilio republicano ocasionaron muchos reparos e importantes desencuentros y que la calidad de la información fue bastante exigua. Asimismo, el contexto internacional, la necesidad y la estrategia política del exilio institucional vasco obligaron a que el SVI aceptara colaborar y a que, durante ese ejercicio, simplemente trasladaran rumores y obviedades obtenidas de periódicos.
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David Mota Zurdo (Universidad de Valladolid) es profesor titular de Historia Contempo- ránea. Sus líneas de investigación son: exilio, servicios de inteligencia, nacionalismos, terrorismo, cultura popular y deporte. Es miembro del Grupo de Investigación Reconocido “Franquismo y Transición en Castilla y León. Historia con fuentes orales” y del Instituto Universitario de Historia Simancas. En la actualidad, participa en diferentes proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación con referencia PID2022-136825NB-I00 y PID2022-138385NB-I00. Su última monografía es Vecinos. El impacto de ETA en La Rioja a través de sus víctimas (1978-1992), galardo- nada con el premio de investigación Instituto de Estudios Riojanos de 2024.
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Aubin Gonzalez
Université Bordeaux Montaigne aubin.gonzalez@u-bordeaux-montaigne.fr
Resumen
La trayectoria de las misiones católicas españolas está vinculada con la red diplo- mática española en Francia. Instalada allí desde la década de 1920, la red misionera española se convierte, durante la Guerra Civil, en una pieza estratégica de la pro- paganda de los nacionales en el suelo francés. Si desde 1936 hasta 1945 las misiones católicas fueron auténticas bases de retaguardia de Falange en Francia, este no es el caso tras la Liberación. En un país todavía hostil al régimen franquista, las misiones católicas españolas no tienen otra opción que adaptarse si quieren mantener sus actividades y hacer olvidar la simpatía de la dictadura por el fascismo. En las páginas que siguen, intentaremos demostrar cómo estas instituciones religiosas se adaptaron a los diferentes contextos políticos y diplomáticos francoespañoles proponiendo una serie de reflexiones sobre los diferentes actores de este proceso de adaptación.
Palabras clave: Francia, diplomacia, Iglesia católica, inmigración, franquismo
Fecha de recepción: 27/04/2024 Fecha de aceptación: 28/10/2024
ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.8
Resum
La diplomàcia paral·lela del nacionalcatolicisme. Una història de les missions catòliques espanyoles a França, de l’acció discreta a l’agonia (1939-1976)
La trajectòria de les missions catòliques espanyoles està lligada a la xarxa diplo- màtica espanyola a França. Present allà des de la dècada de 1920, la xarxa missionera espanyola esdevingué, durant la Guerra Civil, un element estratègic en la guerra de propaganda dels nacionals en terra francesa. Si de 1936 a 1945 les missions catòliques van ser bases de rereguarda de Falange a França, les coses van ser com- pletament diferents després de la Libération. En un país l’opinió pública del qual era principalment hostil al règim franquista, les missions catòliques espanyoles es van veure obligades a adaptar-se per mantenir les seves activitats i fer oblidar les simpaties feixistes de l’Espanya franquista. Les pàgines següents pretenen, doncs, demostrar com aquestes institucions religioses van adaptar-se als diferents desen- volupaments polítics i diplomàtics francoespanyols oferint una sèrie de reflexions sobre els diferents actors d’aquest procés d’adaptació.
Paraules clau: França, diplomàcia, Església catòlica, immigració, franquisme
Abstract
The parallel diplomacy of Francoism: A story of Spanish Catholic missions in France, from discreet action to agony (1939-1976)
The trajectory of the Spanish Catholic missions is linked to the Spanish dip- lomatic network in France. Present there since the 1920s, the Spanish missionary network became, during the Civil War, a significant strategic element in the prop- aganda war waged by nationals in France. If in 1936-1945 the Catholic missions were authentic “rear bases” of the Falange in France, things were entirely different after the Liberation. In a country whose public opinion was mainly hostile to the Franco regime, the Spanish Catholic missions were forced to adapt to maintain their activities and to make forget the fascist sympathies of Francoist Spain. The following pages intend to demonstrate how these religious institutions adapted to the different Franco-Spanish political and diplomatic developments by offering some reflections about different actors in this adaptation process.
Keywords: France, diplomacy, Catholic Church, immigration, Francoism
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Durante la Guerra Civil y toda la dictadura franquista, Francia es un punto estratégico para la expresión de las diferentes solidaridades y la movilización hacia España.1 Desde la diversi- dad de los discursos y prácticas humanitarias que compiten a partir de finales de 1936 con la cuestión de la atención a los grupos de exiliados hasta la progresiva aparición de los discursos y prácticas asociativas desarrollados por la emigración a partir de los años cincuenta, el Hexá- gono fue el lugar donde las redes y grupos de presión españoles, pro y antifranquistas, pudieron desarrollar discursos y actividades capaces de satisfacer sus propios objetivos políticos.
Desde hace ya más de diez años, los trabajos españoles y franceses van explorando este tema cada vez más central en la historia social, institucional y política de las migraciones ibéricas en la época contemporánea.2 En esta línea, estas páginas se centran en el análisis de los dis- cursos y de las prácticas desarrollados en las misiones españolas en Francia entre 1939 y 1976.3 Partiendo de la aparente solidaridad nacional ostentada por los nacionales durante la Guerra Civil hacia los grupos de españoles instalados en Francia, se propone demostrar cómo las mi- siones intentaron adaptarse a diferentes contextos políticos (francés, español) y diplomáticos (relaciones francoespañolas). Esta adaptación, particularmente facilitada por la existencia de grupos de presión francoespañoles, es lo que permite a las misiones, y a la red consular de la que dependen, mantener un control político, cultural y social sobre las emigraciones españolas desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la segunda mitad de los años setenta, en un momento en el que la emigración española cuestiona abiertamente los fines de la solidaridad nacionalcatólica al emigrante.
La red misionera católica en Francia y la Guerra Civil: la caridad al servicio de la propaganda nacionalcatólica
A finales de 1936, se informa ampliamente de la Guerra Civil española en la opinión pública francesa. En la Francia de los años treinta, la irrupción de la contienda entre los nacionales y los republicanos acentúa aún más las tensiones en el juego político francés. Por un lado, los grupos de la derecha autoritaria francesa, en buena parte católica, aplauden el progreso de las tropas nacionales. Por otro, la izquierda francesa apoya, aunque no por completo, a la República amenazada organizando la acogida de los primeros exiliados. Las primeras grandes iniciativas aparecen progresivamente a partir de diciembre de 1936, cuando la Confederación General del Trabajo (CGT) responde al grito de solidaridad lanzado por la República española, que acaba de
1 Barruso, P. (2001). El frente silencioso: La Guerra Civil española en el Sudoeste de Francia (1936-1940). Hiria.
2 Ponce-Nieto, A.-I. (2019). Religiosas en la emigración, un estudio de caso: Sor Fabiola y el Servicio Social Español en Bruselas. Migraciones & Exilios: Cuadernos de la Asociación para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporáneos (18); Tur, B. (2014). L’immigration espagnole à Paris dans les années 1960: Discours, représentations et stéréotypes [Tesis doctoral, Université Paris Nanterre]; Fernández Asperilla, A.-I. y Babiano, J. (Eds.). (2010). Gente que se mueve: Cultura política, acción colectiva y emigración española. Fundación 1.o de Mayo-Ediciones GPS; Babiano, J. y Fernández Asperilla, A.-I. (2009). La patria en la maleta: Historia social de la emigración española a Europa. Fundación 1.º de Mayo, Centro de Documentación de las Migra- ciones-Ediciones GPS; Lillo, N. (2011). El asociacionismo español y los exiliados republicanos en Francia: entre el activismo y la respuesta del Estado franquista (1945-1975). Historia Social (70), 175-191; Sanz Díaz, C. (2005). España y la República Federal de Alemania (1949-1966): Política, economía y emigración, entre la Guerra Fría y la distensión. [Tesis doctoral, Universi- dad Complutense de Madrid], disponible en https://docta.ucm.es/rest/api/core/bitstreams/d594d457-9938-4de9-8731-88215a9bc75f/ content; Lillo, N. (2004). La Petite Espagne de la Plaine-Saint-Denis: 1900-1980. Éditions Autrement.
3 En este sentido, se trata de explorar unos aspectos de mi tesis doctoral. Véase Gonzalez, A. (2019). Les Réseaux culturels et groupes de pression catholiques de l’immigration espagnole en France (1939-1976) [Tesis doctoral, Université Bordeaux Montaigne].
autorizar las evacuaciones de la población no combatiente hacia los países “amigos”.4 Lejos de constituir la única democracia que se compromete en el esfuerzo de solidaridad transnacional hacia la República española, Francia tiene un interés estratégico por ser una etapa “obligatoria” en el camino hacia Bélgica o Reino Unido, además de ser una puerta oceánica hacia algunos países latinoamericanos como México o Argentina.
Frente a la envergadura de la movilización transnacional a favor de la República española amenazada, los nacionales también se dedican a actividades a través de las cuales impulsan una forma de solidaridad hacia los grupos de españoles instalados en el territorio francés. Básica- mente articulada en la doctrina social de la Iglesia católica, esta expresión de solidaridad es, por lo visto, fundamentalmente católica. Al invocar y apoyarse en los valores de la encíclica del papa León XIII Rerum novarum, y sobre todo en la metáfora de la “cruzada contra el co- munismo”, los nacionales entran en la batalla de la ayuda humanitaria después de la batalla de Irún, en septiembre de 1936. Para ellos, se trata de controlar el paso de frontera Hendaya/Irún y, así, controlar las actividades de guerrilla planificadas por los grupos republicanos desde el territorio francés y “replicar” a la estratégica republicana de evacuación de las poblaciones no combatientes organizando el regreso de estas poblaciones hacia España.5
Para lograrlo, los nacionales pueden contar con la reanudación de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede y el bando franquista a partir de 1937, además de unos actores institucionales aliados, entre los cuales figuran, por ejemplo, los grupos carlistas refugiados en la región del “Lapurdi” en Ipparalde (País Vasco francés).6 Como ya subrayó Pedro Barruso, el chalet Nacho Enea, propiedad del marqués de Caviedes, se convirtió en centro de coordinación de la propa- ganda franquista al inicio de la contienda. Además de la vigilancia que ejerce contra los grupos de exiliados refugiados en la zona fronteriza, este chalet sirvió también de misión diplomática al servicio de la zona franquista, antes de ser disuelta al final de la guerra por la concurrencia que existía con la embajada de París.7
Sin negar que queda mucho por escribir respecto a la influencia y el papel de los grupos carlistas afines al régimen franquista en la “guerra de papel” —la expresión es de François Godicheau—8 y de “metáforas” en Francia entre 1936 y 1940, cabe subrayar que en este frente la participación de la red misionera franquista es tan importante como lo fue el papel de la Oficina Nacional carlista. Presentes en el territorio francés desde el fin de la Primera Guerra Mundial, las misiones españolas trabajan directamente en la atención a los trabajadores espa- ñoles instalados en el campo o los centros industriales franceses.9 En efecto, el número elevado
4 Keren, C. (2013). Négocier l’aide humanitaire: les évacuations d’enfants espagnols vers la France pendant la guerre civile (1936-1939). Revue d’Histoire de l’Enfance “irrégulière”. Le Temps de l’Histoire (15), 167-183; Keren, C. (2014). L’évacuation et l’accueil des enfants espagnols en France: Cartographie d’une mobilisation transnationale (1936-1940) [Tesis doctoral, École des Hautes Études en Sciences Sociales].
5 Alonso Carballés, J.J. (1998). 1937, los niños vascos evacuados a Francia y Bélgica : Historia y memoria de un éxodo infantil, 1936-1940. Asociación de Niños Evacuados el 37; Keren, C. (2013). Négocier l’aide humanitaire, op. cit.; Keren, C. (2014). L’évacuation et l’accueil des enfants espagnols en France, op. cit.
6 Alonso Carballés, J.J. (1998). 1937, op. cit.
7 Barruso Barés, P. (1999). El dificil regreso: La política del “Nuevo Estado” ante el exilio guipuzcoano en Francia (1936-1939).
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8 Godicheau, F. (2011). La guerre d’Espagne: De la démocratie à la dictature. Gallimard; Godicheau, F. (2004). La guerre d’Espagne: République et révolution en Catalogne (1936-1939), Odile Jacob.
9 Lillo, N. (2004). La Petite Espagne de la Plaine-Saint-Denis, op. cit.; Lillo, N. (2006). La emigración española a Francia a lo largo del siglo XX: Entre la perfecta integración y el retorno. En: Alted Vigil, A. y Asenjo, A. De la España que emigra a la España que acoge. Fundación Francisco Largo Caballero, 276-288; El Solar Español de Burdeos (Francia): Su origen, su labor, sus frutos y esperan- zas.Testimonios favorables. Tipografía Católica de Alberto Fontana, 1927.
de víctimas y la movilización masiva de hombres y de capitales en el marco del esfuerzo de guerra animan a buscar una mano de obra barata. Impulsadas por órdenes misioneras o laicas, estas misiones católicas españolas son protagonistas del catolicismo social al inicio del siglo XX.
Por volver a nuestro tema, esta expresión de “solidaridad nacional” pensada como española y católica fue mirada por los nacionales, y más tarde por el régimen franquista, como una he- rramienta al servicio de su propaganda en Francia. Dicho de otro modo, si al principio de la Guerra Civil las misiones católicas españolas atienden lógicamente a los grupos de poblaciones españolas no combatientes, su posición conservadora las anima a apoyar al bando nacional.10 Es así como, a partir de 1939, el régimen franquista se apodera de los discursos y de las prácticas de las misiones católicas españolas en Francia de un modo casi análogo a lo que ocurrió en la zona peninsular: partiendo de la reunificación de la Iglesia católica y de Falange en una mis- ma esfera de acción político-religiosa.11 Para lograrlo, el régimen moviliza la institución social emblemática de la dictadura, el Auxilio Social.
Fundado durante el invierno de 1936 sobre el modelo de los Winterhilfe de la Alemania nazi, por Mercedes Sanz Bachiller y Pilar Primo de Rivera, el Auxilio Social pretende atender a la población civil en las zonas controladas por los nacionales.12 Sin detenernos en sus actividades precisas contra las mujeres de la zona republicana, de las que ya trataron autoras como Ángela Cenarro y Mercedes Yusta, por ejemplo, podemos sin embargo afirmar que el Auxilio Social desempeña un papel clave en la puesta en marcha de un dispositivo de control social y político cuya meta es vigilar las actividades de los grupos exiliados y su propaganda en suelo francés.
En efecto, como subraya la carta de José del Castaño, que dirige entonces, en 1937, la Dele- gación Nacional del Servicio Exterior de Falange, a Eduardo Aunós, entonces jefe de Falange en Francia, queda claro que el régimen franquista quiere intervenir en las actividades de las Misiones Católicas Españolas en nombre del ejercicio de su derecho de tutela en el ejercicio de la caridad:
Por otra parte habiendo ya llegado a un acuerdo con ella [Mercedes Sanz Bachiller, jefa de la delegación nacional de Auxilio Social] acerca del auxilio social en el ex- tranjero, vamos a crear dentro de esta delegación nacional de servicio exterior un departamento de auxilio social que controlará por completo cuantas actividades se desarrollen en el extranjero bajo esta denominación.13
Básicamente, esta intervención en las actividades de misiones católicas españolas del Solar español de Burdeos, o las de la Misión Católica Española de París durante la Guerra Civil, consistía en reforzar la oferta cultural de estos centros españoles en Francia. Además de las bi- bliotecas, de las clases de lengua o de artes impartidas por el personal religioso a los emigrados en ambas instituciones, la Delegación Nacional del Servicio Exterior de Falange (DNSEF) en Francia orienta su acción al apoyo de actividades más recreativas, dirigidas más en particular a la juventud:
10 Delgado Gómez-Escalonilla, L. (1992). Imperio de papel: Acción cultural y política exterior durante el primer franquismo. Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Milza, P. et al. (Eds.). (1994). Exils et migration: Italiens et espagnols en France, 1938-1946 . L’Harmattan.
11 Delgado Gómez-Escalonilla, L. (1992). Imperio de papel… Op. cit.; Milza, P. et al. (Eds.). Exils et migration… Op. cit.
12 Cenarro Lagunas, Á. (2005). La sonrisa de Falange: Auxilio Social en la guerra civil y en la posguerra. Crítica.
13 Archivo General de la Administración (AGA), Fondo 17.12 SGM, Carta de José Del Castaño Cardona, jefe de la DNSEF a Eduardo Aunos, Chef du service extérieur de Falange en France, 1938.
El 9 de Junio [sic] 1940, tuvo lugar la primera comunión del grupo de niños que no la habían hecho entre los que tenían la edad conveniente y asiste Auxilio Social. Con esta ocasión pasarán los niños un día al aire libre y costeo Auxilio Social a los comulgantes y a todos sus compañeritos, desayuno, comida y merienda para las cuales destinó la cantidad de mil francos. Huelga decir la animación que reino [sic] en este día de fraternidad infantil y que se traduce en las fotografías, bajo el signo del yugo y de las flechas.14
Al dirigirse de forma casi exclusiva a la juventud española bordelesa o parisina, este nuevo tipo de actividades —como el teatro o las sesiones de cine, por ejemplo— tiene como objetivo suscitar la adhesión de la juventud española emigrada a los valores promovidos por la dictadu- ra. Fue con la misma finalidad que el régimen favoreció el desarrollo de las actividades al aire libre a través del apoyo a la creación de centros de vacaciones, como el de Toulennes, ubicado a unos ochenta kilómetros de Burdeos, o el castillo de La Valette, ubicado a unos cientos de kilómetros de Paris, que copian el modelo de los Frentes de Juventudes franquistas, una de las organizaciones de juventudes más emblemáticas de la dictadura.
A fin de cuentas, al adueñarse con los discursos y actividades de las instituciones religiosas españolas en Francia y al desarrollar unas actividades que presenta como productos de reclamo dirigidos a la juventud, podemos decir que, a partir de la Guerra Civil, el régimen franquista plantea la fundación de su diplomacia paralela en Francia; una diplomacia basada en la caridad como expresión de una solidaridad nacional y católica que en el contexto de la Tercera Repú- blica francesa agonizante puede contar con el eco que le ofrece la derecha autoritaria francesa.
El papel de “las pequeñas Españas” en el reconocimiento internacional de la España franquista
En este punto de la exposición, tenemos que recordar algo fundamental para entender el papel de las misiones católicas españolas en la rehabilitación del régimen franquista en Francia, y más en general en el nuevo contexto internacional de Guerra Fría. Se trata de la situación y de la actividad de la red consular y misionera española durante la ocupación de Francia por la Alemania nazi. Al contrario de lo que el final de la Guerra Civil y la “debacle” de 1940 del Ejército francés frente al Ejército nazi dejaban entrever para la red misionera y consular en el Hexágono, la propaganda franquista no tuvo un terreno de expresión tan favorable como hubiera podido esperar.
Podríamos comparar la situación de la red de propaganda del régimen franquista entre 1940 y 1945 con el proceso que hemos descrito en el apartado anterior. En efecto, si entre 1936 y 1940 los nacionales consideran que las misiones españolas están sometidas a sus objetivos polí- ticos, a la red de propaganda y de solidaridad nacional franquista le toca someterse a las redes nazis en Francia. Sin entrar en detalles en este tema por falta de tiempo, bastaría con mencionar el papel de la red franquista en el apoyo a las actividades de represión de la Gestapo contra los grupos comunistas en la región de Burdeos.15
14 AGA-SGM/15, Fondo 17.12, Sección 9, Servicio Exterior, Secretaría General del Movimiento, Legajo Francia, informe anónimo redactado entre el fin del año 1940 y comienzos de 1941.
15 Miranda, J. (2011). Le rôle des républicains espagnols dans la Résistance à Bordeaux [Memoria de master, Université Bor- deaux 3], http://bibliotheque.bordeaux.fr/in/details.xhtml?id=mgroup%3Ap+unimarcbu_1330712.
Así pues, tras este periodo de meter en cintura, de simpatía con los fascismos ya vencidos por los aliados, se abre un periodo de silencio relativo para la red franquista en Francia. Sentada en la mesa de los vencedores, la Francia de posguerra no puede, sin embargo, mostrar la misma postura que Estados Unidos, Gran Bretaña o la URSS.
Ahí donde los antiguos aliados se dividen en la opción norteamericana o la soviética, Fran- cia tiene que coexistir con un vecino inoportuno cuya red es implantada en todo el país. Aun- que se oculten en un catolicismo ostentoso, las instituciones franquistas en Francia no tienen la simpatía de la opinión pública francesa, y más particularmente la simpatía de los grupos de españoles instalados en las diferentes partes del Hexágono por ser rotundamente hostiles al régimen franquista.16 En este sentido, cabe recordar que los grupos de exiliados republicanos veían el restablecimiento de la democracia en Francia con la perspectiva de derribar lo que consideraban como el último fascismo europeo. Fue así como el Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF), presidido por Georges Bidault, intentó al principio convencer a los Aliados de la necesidad de mantener al régimen franquista en un aislamiento interna- cional. No obstante, como ya subrayó David A. Messenger, el realismo político angloestadou- nidense logró imponerse al compás de las diferentes sesiones de la ONU sobre la “cuestión española”. Al cabo de dos años, en 1947, derrocar a Franco ya no era una necesidad absoluta, ni para los británicos ni para los norteamericanos. Era todo lo contrario, una ventaja estratégica.17 A partir de 1946, el Gobierno francés no tiene otra opción que reconsiderar su actitud frente
al régimen franquista. El temor al aislamiento geoestratégico en la Europa de la Guerra Fría, y las necesidades de reconstrucción económica del país, lo animan a matizar su relación con España e iniciar el proceso de normalización de las relaciones hispanofrancesas a partir de 1951. Debido en buena parte a los esfuerzos de los grupos de presión parlamentarios e industriales, este proceso de normalización de las relaciones entre la República francesa y el régimen franquista constituye una parte del trasfondo en que la red consular y las instituciones católicas españolas mantienen sus actividades de propaganda. La otra parte de este trasfondo radica en el cambio de imagen que la Iglesia católica tuvo que hacer debido a la evolución de la geopolítica posbélica. Por ser rotundamente anticomunista, el Vaticano se afirma como un aliado del Oeste.
En este sentido, la americanización de la Curia y la fuerte demanda de solidaridad por parte de la opinión católica internacional frente a los importantes movimientos de población per- miten a la Santa Sede ser uno de los pocos estados capaces de responder a lo que es una crisis migratoria vinculada a los desplazamientos de la inmediata posguerra mundial. De este modo, este giro voluntarista de la Santa Sede es para la Conferencia de Metropolitanos Españoles una auténtica garantía ideológica, cultural y política. Todo esto viene a legitimar la expresión de una solidaridad institucional y católica dirigida a los españoles que residen fuera de su país, como subraya el texto fundacional de la comisión Hispanica Gens. Esta comisión parte de la iniciativa del arzobispo de Tarragona y fue creada en 1947 con el objetivo de atender a los grupos de españoles que viven en el extranjero, como podemos leer en la copia hallada en el archivo de la misión española de Paris:
16 Dulphy,A. (2002). La politique de la France à l’égard de l’Espagne de 1945 à 1955: Entre idéologie et réalisme. Direction des Archives et de la Documentation, Ministère des Affaires Étrangères; Dulphy, A. (2000). La politique espagnole de la France (1945-1955). Vingtième Siècle. Revue d’Histoire (68:1), 29-42.
17 Messenger, D.A. (2008). L’Espagne républicaine: French Policy and Spanish Republicanism in Liberated France, Liverpool Univer- sity Press; Baby, S. (2024). Juger Franco ?: Impunité, réconciliation, mémoire. La Découverte.
Artículo 1.° - Con el nombre de HISPANICA GENS se crea una institución, dependi- ente directa y exclusivamente de la Junta de Excmos. y Revendmos. Metropolita- nos Españoles / Artículo 2.° - Son sus fines: / 1.° - Prestar o cuidar de la asistencia espiritual a los españoles residentes en el Extranjero, cualquiera que sea el país del mundo en el que el número de los mismos o las circunstancias lo aconsejan, de acuerdo con la respectiva Jerarquía Eclesiástica. / 2.° - Prestar la asistencia material que, por ser testimonio de la Caridad de nuestra Sacrosanta Religión, pueda con- tribuir a la mayor eficacia de la primera “Hispanica Gens”.18
En este artículo, la jerarquía católica española justifica una nueva señal de confianza en las actividades de las instituciones misioneras españolas en el extranjero. Por lo tanto, afirma que la red misionera en Francia queda como el principal auxiliar del régimen franquista en el país galo, como subraya la visita pastoral del abad Francisco Ferris en 1949.
Enviado por la Conferencia Española de Metropolitanos (CEM) durante un mes, entre el 4 de marzo y el 1 de abril 1949, este escolapio oriundo de la provincia de Castellón es una fi- gura del catolicismo social español que a finales de los años cuarenta es todavía el director del Instituto Social del Arzobispado de Valencia.Tiene una misión: fortalecer las relaciones intere- piscopales hispanofrancesas. Es así como, durante su estancia en Francia, el representante de la CEM entabla diálogo con una de las dos instituciones eclesiásticas francesas dedicadas al tema de los migrantes: la Direction Nationale des Oeuvres Catholiques pour l’Emigration et l’Immi- gration, presidida por el canónigo Jean Rupp, obispo auxiliar de París. Gracias a las relaciones que mantiene con el director de las Oeuvres Catholiques pour l’Emigration et l’Immigration,
S. E. Ferris puede simpatizar con las diferentes autoridades diocesanas francesas, como las del suroeste, donde las tensiones entre pro y antifranquistas no se debilitan en absoluto, según las palabras del arzobispo de Burdeos, S. E. Maurice Feltin. En una carta con fecha de abril de 1949, este escribe a Jean Rupp:
Pero queda la dificultad de que los Españoles instalados en Burdeos, son de tenden- cias políticas muy opuestas entre sí y con algo de irreductible: lo que no facilita el trabajo de evangelización.19
De esta forma, para el representante de la CEM, se trata de cumplir con todos los requisitos para la institucionalización de una red misionera que sea capaz de amparar a todos los espa- ñoles que se pueda. Todo esto debe hacerse sin despertar la menor sospecha de la sociedad francesa, todavía hostil hacia los representantes del régimen franquista y galvanizada por los valores de la Resistencia. Por lo tanto, se puede afirmar que esto viene a explicar la confor- midad tanto de las instituciones religiosas como del personal religioso a las recomendaciones de la Iglesia francesa, ya que les permite actuar con total discreción, como subraya el informe sobre la visita pastoral de Ferris:
La tarea prospectiva de SE Ferris y SE Rupp ya se acabó. SS.EE los obispos de to- das las diócesis visitadas, sin ninguna excepción, manifestaron el ardiente deseo de recibir una ayuda sacerdotal adecuada para trabajar con los inmigrados españoles. Todos expresaron el deseo que este apostolado no debe llamar la atención y que no se presente con algo de política. La solución que consiste en enviar religiosos
18 “Hispanica Gens”, 1-2, Dossier Espagne, série 9K2/7 Espagnols et Portugais, AHDP.
19 AHDP, serie 9K2/7 Espagnols et Portugais. Carpeta Mission Ferris.
que se alojarán con sus hermanos franceses en monasterios de su orden, pareció la mejor opción en todas partes. Solo falta encontrar a los religiosos, hacerles entrar en el territorio francés, formarlos y coordinar sus acciones. Para la tercera de estas tareas, el Señor Ferris necesitará el firme apoyo de la autoridad eclesiástica. Solo la Santa Sede tendrá la autoridad suficiente y esto será bastante eficaz para obtener de los provinciales españoles las designaciones necesarias para el apostolado de los Españoles en Francia.20
Redactado por los obispos cuya diócesis visitó S. E. Ferris, este informe coincide con las recomendaciones del propio abad. Por consiguiente, podemos deducir que entre finales de los años cuarenta y comienzos de la década siguiente, las obras católicas españolas van siguiendo otros objetivos culturales. Estos “nuevos” objetivos culturales marcan la progresiva pérdida de influencia de Falange exterior y, aún más, el progresivo cambio de imagen de un régimen que quiere hacer olvidar sus simpatías profascistas de la Segunda Guerra Mundial.
El asociacionismo español y la red misionera: ¿un terreno de disputa para el control político de las actividades “populares” en Francia?
Como se ha intentado demostrar anteriormente, el discreto cambio de imagen de la red institucional apoyada por el régimen, que a partir de comienzos de los años cincuenta exhibe un catolicismo ostentoso, se produce en un contexto internacional en el que franquistas y antifranquistas cambian de etiqueta. A inicios de los cincuenta, y sobre todo en 1956, la opo- sición entre grupos prorrégimen y antifranquistas va sustituyéndose a las etiquetas políticas de la Guerra Civil. Esta sustitución se debe tanto a la evolución política en la península como a la evolución del perfil de los grupos españoles en la Francia del consumo de masas.
En efecto, la progresiva emergencia de las oposiciones visibles en España, junto con la autén- tica cura de austeridad económica a raíz de la puesta en marcha del Plan de Estabilización de junio de 1959, favorecen la llegada de grupos de migrantes que tienen un perfil diferente al de los grupos de exiliados de 1939. Entre 1956 y 1960, cruzar los Pirineos ya no es exclusivo del exilio republicano, sino que concierne también a individuos que no conocieron la Guerra Ci- vil y que crecieron bajo el régimen franquista. Entonces, a diferencia de los grupos de exiliados de 1939, la presencia de estos inmigrantes no depende forzosamente de la represión política y sindical stricto sensu, como recuerda un testimonio a nuestra disposición.
Llegué a Burdeos con mis padres desde Fuenteguinaldo [en la comarca de Salamanca en 1954-1955]. Mi padre se fue el primero porque beneficia de un contrato de trabajo concluido en Francia y España. Luego nos instalamos en Bègles.21
Este testigo, que llamaremos J. S., llegó con sus padres a mediados de los años cincuenta. Por consiguiente, pertenece a grupos de españoles cuya presencia se explica por la necesidad de mejorar sus condiciones de vida cotidiana. De esta forma, J. S. y su familia forman parte de esos inmigrantes que al llegar a Francia no se reconocen en las prácticas y los discursos militantes de las organizaciones antifranquistas vinculadas con la izquierda tradicional. Estos inmigrantes, entre los cuales algunos prefieren acercarse a las instituciones religiosas españolas apoyadas por
20 Ibid.
21 Entrevista realizada en Bègles (Gironde) el 27-10-2013.
el régimen, son considerados “inmigrantes económicos”, no solo por los grupos de exiliados sino también por buena parte de la historia económica de los años noventa.
En efecto, tenemos que recordar que en los años sesenta la Iglesia católica es un auténtico auxiliar de la política migratoria franquista, como subraya la Ley de Ordenación de la Emigra- ción de diciembre de 1960:
El Estado facilitará, entre otras ayudas posibles y en la forma que reglamentaria- mente se determine, la reincorporación a la vida laboral de los emigrantes a que se refieren los dos artículos anteriores, la realización de cursos de readaptación y formación profesional, y reconocerá el derecho a prestaciones de Seguridad So- cial. Asimismo, y para estos fines, se establecerán programas de colaboración con la Organización Sindical e Instituciones de asistencia social y se fomentarán los convenientes estímulos en el sector privado.22
Este fragmento del capítulo segundo, titulado “Régimen de emigración”, define tanto el papel de la administración franquista como el de la Iglesia católica. En realidad, detrás de estas palabras se esconde algo más que la asistencia al emigrante. Se trata de poner en marcha la sistematización de un control moral justificado en el derecho. Para el régimen franquista, un emigrante español no puede ser identificado como tal por una plena adhesión a los valores con los que creció, es decir, los valores de la dictadura. Por lo tanto, además de la asistencia material a los inmigrantes, las misiones católicas españolas se preocupan del desarraigo cultural de estos, como explica otro testimonio:
Entonces íbamos al Solar. Fuimos allí por mucho tiempo porque también íbamos al teatro, al cine. Había un edificio grande. Pues había la película de Joselito: era un chavalito que canta…, la imagen es simple…, la historia está muy maquillada. El cine estaba de moda, era una cultura compartida por todos los españoles.Y en el Solar había baile todos los domingos, había relaciones sociales en las pequeñas comidas y también estaba la Semana Santa, en la que fuimos, con muchos otros nazarenos, para la procesión del Viernes Santo.23
Entre finales de los años cincuenta y el principio de 1970, la red consular y misionera apoya efectivamente el desarrollo de actividades populares. Frente a las organizaciones antifranquistas, para las que la integración de sus compatriotas inmigrados era una oportunidad para seguir la lucha contra el régimen, este convierte su discurso y las actividades que apoya en un impera- tivo hacia los grupos españoles instalados en Francia.Ya no basta mantener el vínculo con las familias que se quedaron en España, sino que todas las actividades que sean de asistencia social o recreativas tienen que insistir en la experiencia migratoria como experiencia temporal. Esto se traduce, una vez más, en la voluntad de control político por parte de la dictadura hacia la inmigración española en Francia.
Al entrar en el detalle de estas actividades populares, como los bailes tradicionales, el teatro o las comidas, queda claro que el régimen las consideró uno de sus espacios de afirmación polí- tica y cultural; afirmación política con la cual el régimen se opone al mito/imperativo francés de integración de los inmigrantes en la sociedad a través de sus múltiples espacios de demo-
22 BOE, n.° 175, 23-7-1971, 12083-12089.
23 Entrevista con G. B., 21-5-2013, Burdeos.
cratización (los sindicatos, las asociaciones y la escuela republicana). Así pues, estas actividades culturales son también espacios de afirmación cultural con que el régimen amplía su espacio de legitimación cultural, presentándose como depositario de la cultura española incluso en Francia.24 Entre todos aquellos productos culturales cuyo objetivo es mantener a los grupos de españoles en la esfera de influencia del régimen, el desarrollo de escuelas españolas en Francia es, sin duda, la mayor ilustración de la evolución de las relaciones entre la red consular y la red misionera. Estas escuelas españolas en Francia se desarrollaron como un servicio de la misión con el fin de atender a la juventud. Al principio se trata de clases de lengua, arte o historia españoles impartidas por el personal religioso de las misiones. Sin embargo, esto cambia con la política de “emigración asistida”, impulsada a través del Instituto Español de Emigración desde 1956, y la multiplicación de las leyes migratorias que traducen la débil respuesta del régimen en el objetivo de atención al migrante. En el contexto de crisis del desarrollismo, la Ley de Emigración del 3 de mayo de 1971 insiste en el apoyo al retorno a España.25
En este sentido, y con el fin de conservar el monopolio del control social y político en las actividades de los grupos de españoles instalados en Francia, la red consular multiplica las ini- ciativas hacia los inmigrantes y sus familias. La publicación de la revista Carta de España en ene- ro de 1971, la convocatoria de becas académicas o la apertura de nuevos centros de vacaciones constituyen actividades que permiten al régimen alimentar el mito del retorno.26
Sin embargo, a partir de 1968 emergen nuevos tipos dentro de las instituciones religiosas. Mientras la Iglesia católica española está profundamente dividida, desde la recepción de las primeras reformas conciliares (1962, 1963), entre un sector progresista y otro prorrégimen, al- gunos miembros del personal religioso y algunas familias de inmigrantes impulsan la creación de nuevas asociaciones. Estas, como la FAEEF o la APFEEF, tienen que responder a las dificulta- des a las que se enfrenta la juventud inmigrada. Más allá de la inserción laboral de los jóvenes trabajadores inmigrantes, también defendida por la JOC, el otro gran problema de la juventud española inmigrante es la educación. Es en este contexto cuando emergen nuevos tipos de grupos dentro de las instituciones religiosas.
En representación de todos los padres españoles reunidos en nuestro “I Encuentro” el 4 de mayo pasado, tenemos el honor de restituirle el acta de la reunión, que acompaña, con la lista de problemas que hemos constatado en la educación de nu- estros hijos, y las soluciones que creemos necesarias. Esperamos de V.I que dedique la atención debida a los graves problemas que tiene planteados la familia emigrante y el incierto porvenir de nuestros hijos.Y le rogamos que dé las normas e instruc- ciones necesarias para que se apliquen las soluciones pertinentes.27
Como ilustra esta nota de los representantes de la APFEEF al director general del IEE con fecha del 11 de mayo de 1975, ya no se trata solo de mejorar las condiciones de vida cotidianas, sino
24 Sobre este aspecto nos referimos a la perspectiva desarrollada por Claudio Hernández-Burgos y César Rina-Simón.Véase Hernández Burgos, C. y Rina Simón, C. (2022). El franquismo se fue de fiesta: Ritos festivos y cultura popular durante la dictadura. Universitat de València.
25 Calvo Salgado, L.M. et al. (Eds.). (2009). Historia del Instituto Español de Emigración: La política migratoria exterior de España y el IEE del franquismo a la transición. Ministerio de Trabajo e Inmigración, disponible en https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/34786/.
26 Ibid.; Fernández Asperilla, A.-I. y Babiano, J. (Eds.). (2010). Gente que se mueve… Op. cit.; Babiano, J. y Fernández Asperilla, A.-I. (2009). La patria en la maleta… Op. cit.
27 Centro de Documentación de las Migraciones (Madrid), Fondo APFEEF, Carpeta 0034/02, Nota de los representanes del APFEEF dirigida a Jorge Jordana Pozas, Director General del IEE, con fecha de 11 de mayo de 1975.
también de ofrecer a los hijos el acceso al sistema educativo francés sin renunciar a su cultura de origen. Frente a instituciones de tutela que cierran completamente el diálogo entre los emigrantes y el régimen franquista, estas “nuevas asociaciones” formulan también exigencias de participación democrática. Entonces, tanto la FAEEF como la APFEEF van convirtiéndose en auténticas plataformas de reivindicaciones en las que los inmigrantes y sus familias critican abiertamente la respuesta del régimen franquista. Se trata de una respuesta llena de contradic- ción porque, por un lado, el régimen pretende atender las necesidades de los inmigrados y su familia, y, por otro, todas las acciones de la red consular, cuando no empobrecen a las misiones católicas, intentan mantener un control político y cultural sobre ellas, como subraya esta carta:
El Sr. Director General de Emigración de Asuntos Exteriores hace tiempo que deseaba conversar con nosotros sobre el tema de los emigrantes españoles de París. Ayer mismo me recibió y me manifestó confidencialmente algunas de sus impresi- ones sobre el trabajo de nuestros padres de Rue de la Pompe y de Saint-Denis.
Me dijo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España está a punto de comen- zar en el barrio de Saint-Denis de París una gran obra de tipo asistencial. Esta obra
—me dijo— la toma el Ministerio como suya visto que los Padres Claretianos han desaprovechado las grandes oportunidades que tenían en París para haberla podido llevar a cabo ellos mismos. Si estos padres se hubiesen decidido a llevar a efecto algo serio y constante, el estado español les habría dado todo su apoyo económico. […].
Me manifestó que no es intención del Ministerio el retirar la ayuda económica que hasta ahora venía dando a la Misión española ya que a pesar de todo, dicha misión es una realidad y que está dispuesto a aumentar considerablemente dicha ayuda si nosotros nos decidimos a potenciar esa obra religiosa y social.28
Escrita por el Rvdo. Padre Luis Gutiérrez, provincial de Castilla, al Rvdo. Padre Leghiesa, gestionario de los claretianos, se trata de una carta explícita. Frente a lo que interpreta como una reticencia por parte de algunos miembros de la congregación claretiana, el régimen fran- quista utiliza la amenaza como respuesta. En efecto, al principio de los años setenta, la vigi- lancia del régimen ya no solo se ejerce contra los grupos de inmigrantes, sino también hacia algunos miembros del personal religioso de las misiones católicas españolas en Francia.
Conclusión
A modo de conclusión, queda claro que las actividades de las misiones católicas españolas en Francia entre 1939 y 1976 son objeto de interpretaciones diplomáticas y políticas. Diplomáticas porque, como hemos visto, permiten la progresiva rehabilitación del régimen franquista en un contexto internacional en el que, si quiere sobrevivir, el régimen no tiene otra opción que cambiar de imagen.
En este sentido, sus relaciones con el episcopado francés entre la segunda mitad de los años cuarenta y la década siguiente le permiten hacer olvidar progresivamente la etiqueta de pro- fascista, que en la posguerra genera mucha hostilidad por parte de una sociedad francesa galva-
28 Archivo General Claretiano, Cordis Mariæ Filius (CMF), Roma, Fondo de la Casa de París, Serie F-T- 2, Carta del Provin- cial de Castilla al Superior General con fecha del 21 de noviembre de 1968.
nizada por la larga resistencia al ocupante nazi. Es así como, a partir de este momento, tanto la red consular franquista como la red misionera española en Francia articulan sus existencias en el desarrollo de actividades populares católicas y políticamente neutrales. Como hemos visto, se trata de actividades que funcionan como señales de identificación nacional que contribuyen a forjar la imagen de estas misiones como una multitud de “pequeñas Españas” sobre todo para la sociedad francesa.
La plena integración de la red misionera española en Francia al dispositivo de la política mi- gratoria, impulsada por el régimen a partir de 1956, significa para esta última el fin de su acción “discreta”. Entonces, puede cumplir a plena luz el papel de auxilio del régimen en el control político y cultural de una nueva generación de inmigrantes que, a diferencia de los exiliados, no conocieron la Guerra Civil. Para lograrlo, el régimen franquista apoya no solo el desarrollo de actividades entendidas como “populares”, sino también el de actividades escolares dirigidas a los hijos de los inmigrantes.
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Aubin Gonzalez, Univ. Bordeaux Montaigne, CEMMC, UR 2958, France. Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Bordeaux Montaigne desde septiembre de 2020 y miembro del Centre d’Etudes des Mondes Moderne et Contemporain (CEMMC). Sus trabajos se centran en el estudio de las solidaridades de culturas católicas (Francia y Europa) durante la guerra civil y la dictadura franquista.
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Xavier Torrebadella Flix
Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del Vallès xtorreba@gmail.com
http://orcid.org/0000-0002-1922-6785
Resumen
Para España, los cinco años que transcurren entre la finalización de la Primera Guerra Mundial y la dictadura de Miguel Primo de Rivera representan una esca- lada en la crisis política de la Restauración. En la coyuntura europea, las estruc- turas institucionales y gubernamentales de la educación física y el deporte fueron reforzadas en las principales naciones. En España, los elementos privados de la cultura física deseaban que el Gobierno interviniese de igual modo que lo esta- ban haciendo otros países. Sin embargo, la ignorancia y el desdén de los partidos dinásticos a la hora de resolver el llamado “problema de la educación física” no solamente eran manifiestos, sino que, además, situaban al país en un contexto de frustración, inferioridad y vergüenza. En esta concreción se centra el objetivo del presente análisis, que aborda los discursos y problematizaciones que incidieron en la mencionada cuestión. La revisión documental de fuentes primarias periodísticas es fundamental para percibir el momento histórico, pero, además, los últimos estu- dios permiten inferir una hermenéutica en un campo inexplorado de la política y el deporte. Se concluye que la falta de democracia y los miedos subyacentes a una revolución social y a la ruptura de España obstaculizaron el proceso de culturiza- ción física y deportiva del país. Esto sucedía en un periodo clave de la historia del deporte internacional, al reanudar los Juegos Olímpicos en la nueva resignificación del deporte de posguerra. La poca visión estratégica del Gobierno conservador impidió que percibiera las oportunidades del momento histórico para fortalecer el nacionalismo español.
Palabras clave: deporte, educación física, Juegos Olímpicos, España
Fecha de recepción: 30/04/2024 Fecha de aceptación: 09/11/2024
ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.9
Resum
Després de la Gran Guerra: Espanya, un Estat sense política esportiva (1919-1923)
Per a Espanya, els cinc anys que transcorren des del final de la Primera Guerra Mundial fins a la dictadura de Miguel Primo de Rivera representen una escalada en la crisi política de la Restauració. En la conjuntura europea, les estructures ins- titucionals i de govern de l’educació física i l’esport es van reforçar a les principals nacions. A Espanya, els elements privats de la cultura física volien que el Govern intervingués de la mateixa manera que succeïa en altres països. No obstant això, la ignorància i el menyspreu dels partits dinàstics a l’hora de resoldre el problema de l’educació física no només van manifestar-se, sinó que també van situar el país en un context de frustració, inferioritat i vergonya. En aquesta afirmació se situa l’objectiu d’aquest estudi, que analitza els discursos i els problemes que van influir en l’esmentat problema. La revisió documental de fonts periodístiques primàries és essencial per percebre el moment històric, però, a més, els darrers estudis per- meten deduir una hermenèutica en un camp inexplorat de la política i l’esport. Es conclou que la manca de democràcia i les pors subjacents a una revolució social i al trencament d’Espanya van dificultar el procés de cultura física i esportiva del país. Això va passar en un període clau de la història de l’esport internacional, en reprendre els Jocs Olímpics a la nova conjuntura de l’esport de postguerra. La poca visió estratègica del Govern conservador va impedir que pogués apreciar les opor- tunitats del moment històric per reforçar el nacionalisme espanyol.
Paraules clau: esport, educació física, Jocs Olímpics, Espanya
Abstract
After the Great War: Spain, a country with no sports policy (1919-1923)
For Spain, the five years from the end of World War I to Miguel Primo de Rivera dictatorship represent an escalation of the political crisis surrounding the Restoration. In the major nations of Europe, the institutional and governmental structures of physical education and sport were reinforced. In Spain, the private factions of physical culture wanted the Government to act in the same way other countries were doing. However, the ignorance and indifference of the dynastic parties regarding the so-called “problem of physical education” were not only ev- ident, but also left the country in a context of frustration, inferiority and shame. The main purpose of this analysis is to examine this question, and address the discourse and problematisation that influenced it. A review of primary journalistic sources is essential to appreciate this moment in history, and recent studies have unveiled a wealth of archive material in an unexplored field of politics and sport. The conclusion is that the lack of democracy and the underlying fears of social revolution and the break-up of Spain hindered the process of physical and sporting acculturation in the country. This happened during a key period in the history of international sports, when the Olympic Games resumed just as sport was taking on a new meaning in the post-war era.The conservative government’s lack of stra- tegic vision meant it failed to seize the opportunities of the historical moment to strengthen Spanish nationalism.
Keywords: sport, physical education, OIlympic Games, Spain
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Introducción
La historia política del deporte y de la educación física no ha sido en España un tema recla- mante. Si bien el periodo franquista ha suscitado algunos estudios, no puede decirse que otras etapas despierten demasiado interés. Los trabajos vinculantes entre política y deporte anterio- res a 1939 son escasos y se limitan a indagar en torno a los nacionalismos vasco y catalán (Pu- jadas y Santacana 1995; Diaz Noci 2000; Santacana 2019). Entre otros, destaca la significativa aportación de Francisco de Luis sobre Historia del deporte obrero en España (González-Aja 2011; De Luis 2019; Torrebadella y Esparza 2020). En verdad, a pesar del avance reciente sobre la historia del deporte en España, no solamente se echa en falta la necesidad de estudiar la génesis de los deportes concretos (Esparza 2019), sino también indagar otros aspectos que exploren más allá de los acontecimientos y las efemérides.Asimismo, en general, los estudios anteriores a 1939 son escasos, es decir, desde los inicios del deporte dieciochesco hasta el final de la Guerra Civil. La mayoría aluden al entorno futbolístico, con algunas aportaciones relevantes (Castro 2012; Turuzeta 2012), aunque también se localizan otros deportes (Puyalto y Martínez 2000; Martínez Embit 2007). No obstante, hay que destacar la irrupción de trabajos que penetran en la historia social del deporte y que han contribuido a fortalecer el campo específico (Pujadas y Santacana 1990; Pujadas y Santacana 2001; Rivero 2005; Almeida 2006; Sirera 2008; Domín- guez Almansa 2009; Pujadas 2010; Pujadas 2011). Es a partir de estas aportaciones que se han considerado otros estudios más precisos; verbigracia, los orígenes locales del deporte (Mota 2020a, 2020b, 2020c), la prensa deportiva, el olimpismo español (Martialay 2000;Tamayo 2018; Pujadas 2006; Arrchea 2018), el asociacionismo deportivo (Pujadas y Santacana 2012;Torreba- della-Flix y Olivera-Betrán 2013;Torrebadella-Flix, Olivera-Betrán y Bou 2015), la proyección de discursos ideológicos (Torrebadella 2014; Torrebadella 2016; Torrebadella-Flix y Olivera 2016; Torrebadella-Flix y Vicente-Pedraz 2017; Torrebadella y Arrechea 2016 y 2017; Torreba- della 2019) y las perspectivas de género (Justribó 2014; García García 2015; López Villar 2017). En el proceso de deportivización de la sociedad española, el periodo que se inicia al finali- zar la Primera Guerra Mundial, desde los cinco años posteriores hasta la dictadura de Miguel Primo de Rivera, presenta un denominador común. Son los años que caracterizan la crisis política de los partidos dinásticos de la Restauración y, en el campo internacional, se revela la significativa representación que adquieren la cultura física y el deporte en la configuración de la coyuntura y las estructuras fundacionales de las principales naciones de Europa. Sobre este periodo se sitúa el objetivo de estudio, que aborda y analiza los discursos y las problematiza- ciones emanadas alrededor del llamado “problema de la educación física” y que interpelaron a
la corresponsabilidad del Estado español en la mencionada cuestión.
En cuanto al diseño metodológico, ha sido preciso revisar las fuentes periodísticas primarias para apreciar los discursos políticos explícitos y subyacentes. Obviamente, la revisión y conca- tenación de estudios recientes y otros conexos hacen posible una indagación e interpretación histórica inédita entre los vínculos política y deporte.
La raíz del problema y el lastre de la crisis finisecular
La crisis de finales del siglo xix puso en evidencia la virilidad de la nación española. Desde entonces una generación de “apóstoles” de la educación física, instituidos con voz propia, no cesaron de solicitar a los distintos gobiernos las ayudas de protección y de inversiones econó- micas para resolver lo que llamaron el “problema nacional de la educación física” (Torrebadella 2014 y 2020) o, como mencionaba el profesor Marcelo Sanz Romo (1849-1952), el “problema de la educación física de la raza” (Sanz 1899, p. 9).
Este y otros profesores denunciaron profusamente la situación en la que se encontraba la educación física en España. Sobre ello, en el mismo Congreso de los Diputados, caía la ver- güenza al reconocer cuál era la situación de la juventud española,“cuando de los reclutas que debieron ingresar en el ejército, el 63% fueron declarados inútiles”, “hombres sin pecho y sin brazos para siquiera sostener el máuser”. Si bien el problema se presentaba complejo, como sostenía el ministro de Instrucción Pública, Santiago Alba, para el diputado Rivas Mateos el ejemplo a seguir se hacía evidente:“Necesitamos trasplantar a España aquellas costumbres que tan fuertes hicieron a las razas anglosajona, germana y escandinava”.1
El profesor Marcelo Sanz, en uno de los numerosos artículos en La Correspondencia Militar, se lamentaba de que el Gobierno, en las cuentas generales de 1878 a 1879, invirtiese la desorbitada suma de 4.651.331 pesetas en la construcción del hipódromo de la Castellana y la mejora de la cría caballar, pero se preguntaba:
¿Cuándo se crearán laboratorios de experimentación sobre educación física del hombre? ¿Cuándo creerá el poder público que debe establecerse un Instituto de Educación Física? ¿Cuándo le parece al señor ministro de Instrucción Pública que es momento oportuno para incorporar a todos los grados de la enseñanza la gim- nasia corporal, como elemento de cultura, de vigor y de higiene, o como dice la excelente fórmula de Spencer, “para formar una moralidad física que sea el sostén de la moral y el mejoramiento de la inteligencia?” (Sanz 1913, pp. 122-123).
Las manifestaciones de Sanz —ahora secretario del Comité Olímpico Español (COE), que presidía el marqués de Villamejor— después del Congreso Internacional Olímpico de Lausana (Congreso de Psicología y Filosofía Deportiva), al que asistió de forma oficial nombrado por el conde de Romanones, eran claras: “El Estado, que es intervencionista en lo que a instruc- ción se refiere, en educación física ha hecho poco y malo, puesto que su intervención solo ha servido para entorpecer la acción privada o anularla”.2
En la coyuntura interna española, el impacto de la Primera Guerra Mundial provocaba una excitada disputa. Por un lado, había quienes aspiraban a que el reformismo, el republicanismo y el autonomismo marcarían el devenir de una nueva España (aliadófilos), pero, por otro, se encontraban los defensores de la España autocrática y feudal (germanófilos), que intransigente- mente se resistían; el riesgo de una guerra civil entre las “dos Españas” era posible (Araquistaín 1918, p. 1; Juliá 2015, p. 171).
Si efectivamente la Primera Guerra Mundial sacó a debate la necesidad de encauzar una política deportiva que garantizase el desarrollo físico de la juventud, aparte de los discursos
1 Educación física de la juventud española. Diario de las Sesiones de Cortes, n.º 144, 21-6-1912, 4027-4033.
2 Por la educación física. Mejoremos la raza. La Correspondencia de España, 29-7-1913, 4.
ideológicos subyacentes en la prensa deportiva y de noticias (Torrebadella 2016), los partidos dinásticos eludían el problema en las Cortes. En términos generales, puede decirse que a prin- cipios del siglo xx la sociedad española estaba ausente del movimiento gimnástico y deportivo internacional. La evidencia fue la ausencia de cualquier representación española en los JJ. OO. Luego, cuando en 1920 España participó en Amberes —los llamados Juegos Olímpicos de la Paz—, la política hizo caso omiso de los desafíos de la nueva modernidad de entreguerras. Es- tamos hablando del anacronismo de no intervenir en una política civil y militar de promoción de la cultura física y deportiva, aspecto que todos los países aliados emprendieron, del mismo modo que lo hicieron las potencias derrotadas en la guerra mundial. Efectivamente, como apunta Bahamonde, en España “el deporte no fue entendido como un elemento de cohesión, y los poderes públicos apenas concedieron atención al fenómeno deportivo como práctica ni como espectáculo” (Bahamonde 2011, p. 122).
En España, desde 1871 se había instalado en el marco mental del Ejército la idealización de concebir una educación física de orientación prusiana o, dicho de otro modo, el deseo de ha- cer de todo ciudadano un patriota militar, pues se pretendía hermanar el nacionalismo español con los valores militares tradicionales (Jensen 2014, p. 59).
A finales de 1919 se estableció la Escuela Central de Gimnasia del Ejército de Infantería en Toledo (ECG, 1919-1936), siguiendo el modelo de la École Normale de Gymnastique et d’Es- crime de Joinville-le-Pont. El propósito no consistía únicamente en extender la cultura física a todo el Ejército, según Torrebadella, sino que también se ambicionaba construir “los dispo- sitivos disciplinares de las masas” e inventar tradiciones con el objetivo de “españolizar, reclutar y armar a la sociedad civil” (Torrebadella 2019, p. 206).
Ahora bien, esta política colisionaba con el disentimiento de la población subalterna y obrera, y también ante los nacionalismos periféricos en disputa política. Por consiguiente, para una gran parte del país se trataba de uno de los tantos sutiles mecanismos de violencia del Estado. La asig- nación del poder político a la ECG para planificar y dirigir la cultura física del país también era vista como una injerencia al talante liberal y democrático del asociacionismo deportivo. Así, se presentaba una incapacidad gubernamental de ofrecer prerrogativas al asociacionismo deporti- vo, sobre todo al que se manifestaba en las clases medias, puesto que el asociacionismo deportivo obrero apenas podía visibilizarse en un reducido número de entidades (De Luis 2019). España no seguía la estela de otros países, que históricamente se habían mostrado naciones enemigas. Imitar las modas de la “protestante” Inglaterra o de la “atea” y “liberal” Francia no entraba en el mapa mental de muchos políticos. Además, aquí hay que añadir el chasco de las derechas al evi- denciar la derrota de Prusia. Ahora, el mismo conde de Romanones (1920), cabeza del Partido Liberal —que se había declarado aliadófilo—, resaltaba las convenientes reformas adoptadas por el Ejército francés, el cual se había mostrado superior al prusiano.
En España, en el corpus de las fuerzas vivas —herederas del pensamiento mesiánico de Donoso Cortes (Villacañas 2017)— había un verdadero miedo al progreso social. De aquí que todo cuanto significase una ventaja al desarrollo de las clases obreras y campesinas era dar oxígeno a la revolución de las masas, a la república, al socialismo y al ateísmo. No sería equi- vocarse reconocer que había un auténtico miedo a la democracia. Consecuentemente, en este paradigma, el asociacionismo deportivo que imitaba estilos de las sociedades anglosajonas —el self-government y el parlamentarismo democrático— no era bien recibido por los partidos di-
násticos sujetos a turno político, sobre todo en el ala conservadora.Tampoco parecía ser conve- niente seguir el proyecto de la aristocracia liberal europea que lideraba el barón de Coubertin. No obstante, en España, donde no existía un turnen tipo alemán con simbolismos patrióticos (Mosse 2005), ni los batallones infantiles ni las asociaciones de Tiro Nacional o los Explorado- res de España (boy scouts) servían para neutralizar la pujanza del nacionalismo catalán (Moreno Luzón 2020). Mientras tanto, ante la inacción política sobre la cultura física en el campo civil, el movimiento deportivo obrero se iba desarrollando a partir de sus propios esfuerzos (De Luis 2019). El atraso de la participación española a los JJ. OO. era contingente a un imaginario de las élites engreídas y conservadoras; en el fondo subyacían las palabras de Salisbury sobre las naciones moribundas, el complejo de inferioridad, el miedo al ridículo… Eso sí, el deporte de ir a la guerra en el Rif se eternizaba; la nación se resquebrajaba, el pueblo se descatolizaba, la miseria se acrecentaba y la educación pública era incapaz de resolver la cuestión nacionaliza- dora, y, a todo esto, el español se consideraba miembro de una raza canija y débil. El tópico de la falta de “hombría” en las nuevas generaciones había calado en el mensaje regeneracionista, y si “ayer había ‘hombres’ y hoy no” (Ortega y Gasset 1977, pp. 93-94), después de Annual la expresión adquirió connotaciones mayores al cuestionar la virilidad de toda la nacionalidad española (Vázquez García y Cleminson 2011;Torres 2017).
El deporte podía regenerar la raza —o la condición física y moral del pueblo—, pero tam-
bién ceder la nación a los liberales o, peor aún, que se apoderasen de ella las masas anarquistas, republicanas y ateas; en definitiva, se temía perder la esencia indisoluble y católica de España. Tanto es así que, con el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera, el control abso- luto de la educación física recayó en la ECG (Quiroga 2004;Torrebadella 2019).
Hay que tener presente que el 11 de noviembre de 1918 finalizó la Primera Guerra Mundial, momento en el que España estaba gobernaba por el Partido Liberal-Demócrata de Manuel García Prieto (del 9 de noviembre al 5 de diciembre de 1918). Desde entonces, en cinco años, hubo once presidentes del Consejo de Ministros hasta la dictadura de Primo de Rivera, que ter- minó con el Gobierno de concentración liberal-demócrata de Manuel García Prieto (del 7 de diciembre de 1922 al 15 de septiembre de 1923). La mayoría del periodo estuvo dominado por el Partido Conservador, excepto unos breves meses en que el presidente fue el liberal Álvaro de Figueroa (del 5 de diciembre de 1918 al 15 de abril de 1919). En este corto periodo se sucedieron trece ministros de Instrucción Pública y Bellas Artes (MIPBA). En consecuencia, el lastre de la crisis finisecular, la vieja política, continuaba anclado en el Gobierno, manteniéndose protegida por el poder militar y salvaguardándose de la siempre amenazante revolución social (Boyd 1990).
Por otro lado, en estos años Barcelona soporta uno de los periodos más violentos de la historia de la lucha social. Después de la huelga de La Canadiense y del rotundo éxito de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la patronal organizó la Unión de Sindicatos Libres, grupos radicales dispuestos a frenar violentamente el auge del sindicalismo cenetista. Detrás de la sangrienta represión se ocultaban las autoridades militares de Cataluña y la complicidad de la policía. Los anarquistas respondieron con la misma violencia. Los episodios del llamado “pis- tolerismo” provocaron una escalada de asesinatos cuyo balance, si bien fue cruento por ambas partes (González Calleja 1999; Balcells 2009), se desequilibró aún más con los atentados contra Francesc Layret i Foix (1880-1920), carismático abogado del movimiento obrero, y Salvador Seguí i Rubinat (1887-1923), líder sindicalista de la CNT (Diez 2016). Así pues, en la medida
de este ambiente, el deporte en Cataluña estuvo condicionado por una fluctuación de sucesos inesperados que, de un modo u otro, no otorgaban el clima de sosiego y confianza que cabría esperar en el contexto de la Europa de los felices años veinte.
Una regeneración física que predica en el desierto
Durante la Primera Guerra Mundial, el dispositivo del combate futbolístico para reclutar a los jóvenes ingleses fue altamente eficaz:“Juega a lo grande y únete al batallón futbolista” (Mosse 2016, p. 95). Asimismo, el dispositivo futbolístico fue utilizado en España para propagar el ejemplo de la virilidad de los jóvenes ingleses ante el complejo que se tenía de una raza torpe, débil, enfermiza y canija.Así lo entendía el peliagudo psicólogo César Juarros (Torrebadella y Estrada 2020), en consideración al Congreso Nacional de Educación Física de 1917, molesto, como tantos otros,3 al percatarse del reducido número de reclutas hábiles para hacer la guerra, pero también para hacer deporte. La realidad se hacía perceptible:“Nuestra raza cada día es menos bella, cada día es menos fuerte, cada día es más enfermiza. La salvación única es crear en no- sotros la educación física”.4
Como mencionaba Ortega y Gasset (1977, p. 79), España era un país de intereses y com- partimentos estancos, sin comunicación ni colaboración entre ellos y, además, todo el mundo mostraba “su repugnancia hacia los políticos”. Partiendo de esta impresión orteguiana, hubo algunas declaraciones de intenciones o iniciativas que pretendieron actuar por cuenta propia. A primeros de 1918, Josep Antoni Trabal i Sans (1896-1980), presidente del Catalunya Atlètic Club (Barcelona), propuso un plan para establecer la organización del asociacionismo depor- tivo nacional con la creación de una Unión de Federaciones Atléticas y Deportivas (Torreba- della 2020), eso sí, al margen de la intervención del Estado y respetando el carácter autónomo de las organizaciones regionales:“Y para completar este sistema directivo se impondría, como una consecuencia lógica, la creación de una Federación Española de las Uniones Regionales
Atléticas y Deportivas”.5
Por su parte, Álvaro de Aguilar (1892-1974) utilizaba el “Discurso sobre el origen de la des- igualdad entre los hombres”, de Rousseau, para favorecer una apología del deporte y demostrar la apatía y las numerosas trabas y cargas impositivas que el Gobierno imponía a las sociedades deportivas. Ello difería de la lógica de otros países, donde los gobiernos ofrecían “facilidades para el desarrollo del deporte, bien por la cesión de terrenos para campos deportivos, bien por la construcción y entretenimiento de estos, bien por subvenciones”.6
Igualmente, Narciso Masferrer (1867-1941), director de El Mundo Deportivo (Barcelona), presentó un simbólico plebiscito para escoger a los representantes deportivos a Cortes por el llamado “Partido Regenerador” (Torrebadella 2017). Se decía que el deporte necesitaba su propia representación en el Gobierno central para la defensa de sus intereses. Por eso mismo, desde Barcelona, se tomaba una iniciativa de presión, puesto que hasta la fecha “los Gobiernos
3 Educación física. La Mañana, 24-1-1918, 1; La educación física y la escuela. Heraldo Deportivo, 15-1-1922, 26-28.
4 Apostillas a un Congreso. Elegancia y Educación Física. La Semana, 12-8-1916, 15.
5 Atletismo. Nuevas orientaciones. Madrid-Sport, 6-1-1918, 10-11.
6 Apología del deporte. Heraldo Deportivo, 15-1-1918, 16-20.
que se vienen sucediendo en la manipulación del Estado español no se han preocupado jamás de lo que afecta a nuestros ideales”.7
El periodista deportivo Ángel Cruz y Martín, partiendo de la idea de que “Política y De- porte” eran inconciliables, discrepaba de Masferrer y pedía, sin concretar la fórmula, una unión de todas las asociaciones deportivas, cuyo objetivo principal consistía en organizar un bloque para ejercer una fuerza decisiva sobre la política, dejar las disputas partidistas y los intereses individuales.8
En Madrid-Sport destacados promotores del deporte y personas afines compartían y resal- taban varias ideas. La primera era la de divulgar mucho más las excelencias bienhechoras del deporte;9 la siguiente era pedir la implicación de los gobernantes, y otra, el credo de que hacer deporte y protegerlo es hacer patria. El dispositivo patriótico del deporte, pues, ya se visibilizaba netamente en el nacionalismo español. Ahora bien, este patriotismo, como exponía Leonardo Ordoño, director de Madrid-Sport, no había entrado por indolencia en el campo de la acción política:“Dándole impulso, conseguiríamos tener raza nueva, raza fuerte, no la enclenque que tantos inútiles aporta para el servicio de nuestra muy amada España”.10
Efectivamente, una y otra vez se anunciaba la misma observación: “Las naciones modernas más devotas del sport, son las que triunfan en la lucha por la hegemonía de las razas que puebla la tierra”,11 pero sobre esta certeza se constataba la anomalía española.
En estos momentos apareció La Educación Física, dirigida por el capitán Augusto Condo Gon- zález (1879-1945). Desde el primer momento, la posición editorial fue muy crítica con la inac- ción de los políticos con responsabilidades que eludían sus deberes en pro de la “regeneración racial”. Se les reprochaba que habían enterrado las iniciativas del suprimido I Congreso Nacional de Educación Física, de 1917 (Torrebadella 2021). Asimismo, se aludía a la pretendida creación del Ministerio de Educación Física, del mismo modo que se estaba solicitando en Francia. No obstante, se pensaba que sería un disparate, siendo mejor una Dirección General de Educación Física, adjunta al Ministerio de Instrucción Pública: “Nosotros nos oponemos a tal pretensión, porque no estamos preparados para ello; y tal ministerio, teniendo muchos asuntos que ocuparse, no podría actuar porque invadiría el terreno privativo del ministerio de Instrucción pública”.12
Alfonso R. Kuntz, miembro de la Sociedad Cultural Deportiva y los Exploradores de Espa- ña y colaborador en Madrid-Sport, reclamaba la atención del Estado para auxiliar la educación física y el deporte. Pedía un organismo oficial competente que se encargara de subvencionar y estimular las iniciativas privadas. Al respecto, y ante el poco efecto de las demandas, mani- festaba: “Y machacando a diario sobre estas cuestiones, se lograría por lo menos formar una corriente de opinión, a cuyo empuje no se tardaría en alcanzar lo solicitado”.13 Efectivamente, como se verá, la corriente de opinión llegó y se manifestó ampliamente, pero esto fue en Bar- celona, en el conocido “Mitin deportivo en pro de la educación física”, celebrado en el teatro del Bosque en octubre de 1919.
7 En pleno periodo de renovación. El Mundo Deportivo, 1-1-1918, 1.
8 Política y Deporte. Por ahora, inconciliables. Madrid-Sport, 10-1-1918, 8.
9 Sport y patriotismo. Madrid-Sport, 6-1-1918, 16.
10 Las dos florecillas. Madrid-Sport, 6-1-1918, 24.
11 Proteger el deporte, es hacer Patria. Madrid-Sport, 6-1-1918, 4.
12 Un Ministerio de Educación Física. La Educación Física, 15-1-1919, 23.
13 Ideas sobre educación física. Madrid-Sport, 6-2-1919, 1.
La intrusión del COE
No había duda, la guerra había propiciado nuevos y simbólicos escenarios bélicos; luchas que ahora se percibirían de formas muy distintas. Frantz Reichel (1871-1931), cronista de Le Figaro, después del encuentro de las Olimpiadas de los países interaliados en el estadio Pershing de París —22 de junio de 1919—, mencionaba que “la superioridad atlética de los anglo-sa- jones” no era nada nuevo; ya venía de la Olimpiada ateniense de 1896, y, desde entonces, no había cesado de afirmarse, pero era ahora cuando se hacía más visible ante los ojos de las otras naciones.14
La noticia de la reorganización del COE apareció el 9 de junio de 1919 en El Día —diario de tendencia monárquica y germanófila y opuesto a la política de Romanones—; al día siguiente en La Correspondencia de España, El Imparcial —ambos representantes de la derecha más con- servadora y radical y declarados anticatalanistas— y El Mundo Deportivo. El 15 de julio ofrecía la misma noticia el Heraldo Deportivo, dirigido por Ricardo Ruiz Ferry (1879-1956), que era vocal del COE. Ahora bien, la redacción deportiva de El Día exponía sus reservas sobre el éxito de los propósitos del “reconstituido” COE en relación con “los defectos de nuestra psicología nacional”.15
Para Ruiz Ferry, más importante que el COE era tener un “Consejo Nacional de Educación Física” que se erigiera sin adornos aristocráticos, sin liturgias y delegados regios. Sin duda se trataba de una crítica al marqués de Villamejor —hermano del conde de Romanones—, an- terior presidente del COE.16
Por otro lado, subyacía el problema de la representación nacional, que no era otro que el del temor al ridículo que podía suponer una selección española que, en el fondo, solamente tenía la representación de rigor físico en los atletas catalanes y vascos. Si había quienes se negaban a la participación española, por miedo al ridículo, había otros, como Ruiz Ferry, a quienes no les preocupaba “lo más mínimo que la representación atlética de España en la Olimpiada de Amberes, de 1920, la formen catalanes o vascos”.17
En el mitin organizado por el Stadium Club de Barcelona, los mil quinientos representantes del deporte y de la educación física de toda España se unieron para forzar la implicación del Gobierno en la ayuda a la cultura física, y que en primer lugar pasaba por oficializar la partici- pación en los JJ. OO. de Amberes 1920. En este ambiente, las presiones catalanas eran decisivas, como así manifestó Alberto Maluquer, secretario de la Federación Catalana de Atletismo: si España no participaba en esa olimpiada, lo haría Cataluña por cuenta propia con el apoyo de la Mancomunidad de Cataluña (Torrebadella 2016 y 2020).
Pero la irrupción del COE causó malestar a las entidades, puesto que este organismo, cons- tituido unilateralmente por el marqués de Villamejor, se investía de autoridad sobre todas las federaciones deportivas. Naturalmente, las desavenencias provenían del norte de España y de Cataluña. Por lo tanto, se desprende que fue el mismo talante aristocrático y conservador del COE, uno de los elementos que representaron una “modernidad defensiva” (Bahamonde 2011, p. 123), es decir, una estrategia de orden y equilibrio sobre el conflicto social; un concepto muy bien descrito por Caspistegui (2004, p. 166):“El intento de hacer compatible tradición y
14 Atletismo. Heraldo Deportivo, 25-7-1919, 282-284.
15 La nueva delegación del Comité Olímpico Internacional. El Día, 13-7-1919, 8.
16 Atletismo. Heraldo Deportivo, 25-7-1919, 282-284.
17 Editorial. Heraldo Deportivo, 5-8-1919, 289.
modernidad bajo la apariencia de adecuación a los principios dominantes, pero sin llegar en modo alguno a mostrar propósitos o incluso intenciones rupturistas”.
Finalmente, la VII Olimpiada contó con una participación oficial, pero en el fondo subyacían muchas desavenencias personales y desplantes ideológicos y políticos. España participó a rega- ñadientes, para impedir que lo hicieran por su cuenta los vascos y catalanes; participó sin una verdadera voluntad política (Torrebadella y Arrechea 2016 y 2017;Arrechea y Torrebadella 2020).
Después de Amberes
Si la Primera Guerra Mundial “expuso la agresividad del nacionalismo a todas las miradas, e hizo del hombre como guerrero el centro de su búsqueda de un carácter nacional” (Mosse 2000, p. 129), en España el vínculo entre nacionalismo y masculinidad fue una excepción. En resumidas cuentas, los discursos políticos no utilizaron los deportes para despertar aquellos matices de la masculinidad conducentes a movilizar el nacionalismo español. Todo lo contra- rio: como exponía Antonio Royo Villanova, anterior director general de Primera Enseñanza y consejero de Instrucción Pública —en los gobiernos de Romanones—, se trataba de hacer pedagogía social con la misión que tenía el Ejército con los jóvenes. Por lo tanto, se pretendía instruir a los soldados, sobre todo moralmente, y ello también significaba españolizarlos, caste- llanizarlos, catolizarlos y adoctrinarlos contra las ideologías de izquierdas y el antimilitarismo. En sí, Royo Villanova ponía de relieve el “valor educativo de la guerra” y rendía culto a la misión educadora y social del Ejército.18
Fue inevitable que, desde el patriotero éxito con el que se presentó la “furia española”,“des- pués de nuestra desmedrada actuación” en los JJ. OO. de Amberes,19 el fútbol tuviera cabida en el Ejército para mejorar la educación física premilitar (Torrebadella-Flix y Olivera 2016), pues- to que así rezaba el reglamento de educación física militar francés:“El ‘foot-ball’, en particular, es una maravillosa escuela de mando. Un capitán de equipo tiene una verdadera tropa a dirigir en presencia de un adversario real y que maniobra”.20 Ahora bien, hay que tener presente que el potencial futbolístico se encontraba en los equipos del norte de España y de Cataluña; la misma selección española principalmente estaba formada con los jugadores vascos y las tres estrellas del fútbol catalán: Zamora, Samitier y Piera.
A pesar de que en Amberes se visibilizó “el fracaso de España, en cuanto a país de cultura física”,21 igualmente afloró la conciencia de organizarse mejor. Desde entonces, si por un lado había algunos particulares de la sociedad civil que promovieron iniciativas, por el otro había un descalabro político que de facto impedía cualquier proyecto; en pocas palabras, si las demandas al Gobierno para atender el problema de la educación física fueron recurrentes, los políticos se mostraron indiferentes. A decir verdad, faltaba voluntad política, pero también espíritu colec- tivo y talante democrático.
18 Misión educadora del ejército. La Escuela Moderna, n.º 335, 1-8-1919, 567-582.
19 Chispazos sobre educación física. Heraldo Deportivo, 15-4-1923, 131-132.
20 Juegos y deportes militares. El Sol, 21-2-1922, 8.
21 Cultura física. Heraldo Deportivo, 15-11-1920, 451-452.
Verbigracia, hay que destacar la proposición del pedagogo Lorenzo de Luzuriaga publica- da en El Sol y también en el Heraldo Deportivo. Luzuriaga aludía a la deplorable cultura física española, sin cuidado por la educación física escolar, sin campos de juego, sin una auténtica estructura organizativa, sin un COE que representase verdaderamente al deporte, sin ayudas de las empresas o del sector privado y, lo más lamentable, sin el apoyo del Estado. Por esto pedía que se atendiese la cultura física incorporando en todos los “centros educativos la práctica de los deportes y favoreciendo con sus recursos y medios el desarrollo de Sociedades deportivas libres”. Además, veía necesaria la creación de una “Federación o Consejo Supremo Deportivo, que representase a todas las Federaciones o Asociaciones parciales” con el objetivo de estimular y apoyar las entidades privadas y públicas del deporte. Ello contribuiría al desarrollo de la cul- tura física, a no perder el tiempo y obtener una posición más lucida en los siguientes JJ. OO.22 En efecto, la prensa se encargaba de resaltar una y otra vez los proyectos y avances que en materia de educación física y deportiva estaban protagonizando otros países. Así, por ejemplo, se hacía alusión a cómo la República Francesa estaba encauzando a las organizaciones depor-
tivas con nuevas instituciones y la asignación de considerables ayudas económicas.23
El efecto Annual
La promulgación de la ley de fugas, del 20 de enero de 1921, permitió una ofensiva sucia del Estado para frenar el sindicalismo anarquista catalán. Ello provocó una escalada de violencia en las calles de Barcelona y, como examina González Calleja (1999, p. 190), “el asesinato de sin- dicalistas adquirió proporciones de verdadera hecatombe”. Luego, en el marco de esta guerra interior, llegó el incidente más importante: el asesinato del presidente Eduardo Dato, el 8 de marzo. Al cabo de un mes, el 13 de abril de 1921, se constituía en Madrid el Partito Comunista Obrero Español. El año se oscureció con el conocido Desastre de Annual, del 21 de julio, y la ofensiva del Estado se endureció con persecuciones y detenciones. De momento, el deporte proletario estaba centrado en la lucha por los derechos laborales: trabajos y sueldos dignos, sin explotación de ningún tipo.
El mismo Miguel de Unamuno, que se declaraba antimilitarista, señaló que “el mejor depor- te físico” era el cultivo de la inteligencia; una inteligencia que había de expresarse libremente. Este aludía al polémico libro de Romanones El Ejército y la política (1920), en el que se afirma- ba que la juventud española estaba físicamente mal preparada; por eso las estadísticas confir- maban que nuestro ejército encabezaba la lista en los índices de mayor mortalidad de Europa. Por más que Unamuno opinara que la educación física en el Ejército debía estar protegida, la absurda vida en los cochambrosos cuarteles no la hacía posible; el problema de la regeneración de la juventud y su esperada educación física en el Ejército no sería la solución definitiva. El problema era mucho más serio y provenía de un análisis más complejo.24
Efectivamente, la huella de la degeneración física también tenía consecuencias políticas. Romanones señaló la preocupante depauperación de la raza y, al respecto, recomendó atender el ejemplo de Francia, que después de la última guerra se había centrado en vigorizar a la ju-
22 Cultura física. Heraldo Deportivo, 15-11-1920, 451-452.
23 Los deportes en Francia. Madrid-Sport, 12-8-1920, 6.
24 El mejor deporte físico. El Liberal, 12-2-1921, 1.
ventud:“La gimnasia realmente obligatoria es una urgente necesidad; ya tiene ese carácter en gran número de naciones” (Romanones 1920, p. 150).
Pero, como es bien sabido, realmente las instancias militares no advertían la encrucijada social en la que muy pronto se verían inmersas. Meses antes del fatídico suceso en Annual, el estigma de una raza débil se vinculaba a la poca inclinación que se tenía a los ejercicios cor- porales.
Necesitada nuestra España de una inaplazable regeneración física y teniendo todas las condiciones para ser una raza fuerte, el abandono de unos y la ignorancia de otros han hecho que aquella necesidad no se remedie, y así, cada vez más, la degra- dación física aumenta espantosamente.25
Sobre la cuestión, las palabras de Gabriel María Laffite (1881-1945) —exalcalde de San Se- bastián y político monárquico, y por entonces presidente de la Federación Española de Atle- tismo— eran del todo representativas:“De Madrid es imposible obtener nada para favorecer el deporte”. Además, Laffite acusaba a los municipios y las diputaciones de no ayudar apenas a la cultura física y al deporte, pero “con una sola honrosa excepción: la de Barcelona. Allí se cons- truye el Stadium, patrocinado por todas las entidades sociales, que será modelo en su género”.26 Después de Annual, la cuestión de la educación física entró en el debate público de quienes tenían responsabilidades. Así, por ejemplo, el doctor Francisco Javier Bartrina Costa (1885- 1930), profesor de gimnasia de Alfonso XIII, daba a conocer cuál era el estado de la educación física en Francia y, en lo que respecta a España, cuestionaba la mala orientación y organización que existía.27 En cualquier caso, Marcelo Sanz ponía en evidencia el desconocimiento genera-
lizado sobre la educación física.28
Por su parte, el capitán Eduardo de los Reyes (1896-1977) no tenía reparos en manifestar que el Ejército francés estaba imprimiendo un giro capital a la preparación del soldado. Ahora, los juegos atléticos y los deportes ocupaban la nueva orientación de la educación física militar.29 Dicho de otro modo, el modelo de educación deportiva británico que popularizaba el barón Pierre de Coubertin se había impuesto definitivamente (Clastres 2022), y su fundamento pe- dagógico había convencido a las naciones del mundo del valor internacional que el mismo deporte encarnaba. Como afirmaba el periodista Francisco Madrid (1900-1952), el vínculo “sport y nación” había quedado sellado, entendiéndose también el valor político que entrañaba el deporte.30
En lo referente a Annual, y al margen de los esencialismos conservadores del nacionalismo español, Romanones señalaba la raíz del problema:“La depauperación de la raza explica estos desastres militares y otros nacionales que pueden sobrevenir”.31 En efecto, esta consideración, que ya venía siendo argumentada desde el “Desastre” del 98 por los llamados “apóstoles de la educación física” (Torrebadella 2014), volvía a lastimar el orgullo nacional e interpelaba direc- tamente a la responsabilidad de los políticos. Así pues, en 1922 el Gobierno trató de legislar
25 La gimnasia en el ejército. Heraldo Deportivo, 2-8-1920, 306.
26 De Atletismo. El pedestrismo español va a la muerte. Madrid-Sport, 8-9 1921, 5-7.
27 La educación física en Francia en el momento actual. El Sol, 11-10, 12.
28 Concepto científico de la educación física. El Sol, 21-2-1922, 8.
29 Los deportes y la defensa nacional. Gran Vida, 1-10-1921, 303-306; Juegos y deportes militares. El Sol, 21-2-1922, 8.
30 El valor internacional del deporte y la Sociedad de Naciones. La Jornada Deportiva, 11-6-1923, 3.
31 De actualidad. Madrid-Sport, 29-6-1922, 3-4.
medidas con objeto de encauzar la cultura física y el “problema de educación física de la raza”. Decía César Silió y Cortés (1865-1944) que era “necesario que sin pérdida de tiempo se im- plante en nuestro país oficial y obligatoriamente la educación física”; en este sentido, la prensa deportiva insinuaba que con ese nuevo “ministro deportista” se vislumbraba “la posibilidad de una época nueva que puede señalar el principio de la regeneración definitiva de España, basada en la salud, la fortaleza y el equilibrio de los españoles”.32
Silió pretendía la creación de una federación oficial de asociaciones deportivas que sirviese de nexo, de relación y de autoridad para dirigir el propósito. La pujanza social e internacional del deporte y el deseo de obtener buenos resultados en los siguientes JJ. OO. presionaban al Gobierno para que no despreciara los esfuerzos aislados del asociacionismo deportivo. Para ello, Silió planteó la creación de una asamblea con el propósito de constituir un “Comité o Fe- deración Nacional de Sociedades Deportivas Españolas” dependiente del MIPBA que unificase una acción de Estado con vistas al desarrollo de la educación física y el deporte (Real Orden de 1 de marzo de 1922).33
Esta real orden reconocía, por primera vez, que la educación física se encontraba entre las primeras preocupaciones del poder público y que, por eso mismo, ha “de ser objeto de re- gulación y ordenamiento” por parte del Gobierno. Reconocía, además, “la importancia que los ejercicios físicos tienen para el fomento y mejora de la raza”, y se proponía “encauzar las indispensables actividades de organizaciones y particulares” y la conveniencia de constituir una “Federación de entidades deportivas españolas”, que fuera “el nexo de relación y de autoridad indispensable para eficacia, ejemplaridad y difusión a todos los acuerdos y resoluciones”. Con esta similitud, se pretendía “el desarrollo de la educación física nacional”, misión encomenda- da a una asamblea que, tras las discusiones, pudiera “aprobar cuantos temas y materias estime convenientes al desarrollo de la educación física nacional”. No obstante, la asamblea, que tenía que celebrarse en junio, se aplazó para la segunda quincena de octubre.34
Sin embargo, como mencionaba Augusto Condo, “ya verán ustedes como hasta el día del juicio final […] no se celebrará esa Asamblea, ni habrá formalidad en cuanto se decrete o legisle sobre Educación física”. Realmente, las palabras de Condo estaban cargadas de razón, puesto que Silió dimitió del cargo al cabo de pocos días. Por su parte, Ruiz Ferry opinaba que se trataba de una mera “Asamblea decorativa”, que no podría hacer gran cosa si solamente contaba con un presupuesto de 25.000 pesetas para cultura física. Ruiz Ferry volvía a referirse al cuantioso presupuesto que en Francia se destinaba al Consejo Superior de Educación Física y al Comité Nacional de Deportes. Sobre esta cuestión, pedía no mezclar la educación física con el deporte, sino atender los dos asuntos por separado, como se había hecho en Francia; así lo consideraba también el dimisionario conde de Vallellano —Fernando Suárez de Tangil y Angulo—, director general de Instrucción Pública saliente, en La Jornada Deportiva.35
32 El Estado y la cultura física. El Mundo Deportivo, 30-1-1922, 1.
33 Real orden disponiendo que en la segunda quincena del mes de Junio próximo se convoque a una Asamblea general de personas y colectividades interesadas en el desarrollo de la educación física. Gaceta de Madrid, n.º 69, 10-3-1922, 1066-1067. La Asamblea de Educación Física. Stadium, 18-3-1922, 166. La Asamblea de Educación Física. Stadium, 17-6-1922, 329.
34 Real orden disponiendo que la Asamblea para tratar de asuntos relacionados con la educación física se celebre en la segunda quincena del mes de Octubre del corriente año. Gaceta de Madrid, n.º 111, 21-4-1922, 278.
35 La educación física oficial. Heraldo Deportivo, 15-4-1922, 139-140. Los poderes públi- cos van a ocuparse de la cultura física. La Jornada Deportiva, 3-4-1922, 3.
Ahora bien, hay que destacar que había asimismo bastantes políticos que tenían una posición poco favorable al deporte.Verbigracia, Marcelino Domingo Sanjuán (1884-1939), el republica- no socialista, que en una conferencia hizo unas desafortunadas afirmaciones sobre la frivolidad del deporte. Ello no solamente le valió el calificativo de “antideportista”, sino que también recibió una réplica del director de la Jornada Deportiva, Josep Antoni Trabal, que le recordaba:
Es precisamente, después de la guerra, que la República alemana intensifica, de una manera prodigiosa, los campos de deportes. Es precisamente, después de la guerra cuando el Estado en Italia y Francia, se ocupa en la organización de todo el depor- tismo. La admirable república Americana, la nación que antepuso a todo otro ideal, el ideal de la justicia y de la razón, a que tantas veces se refiere en sus discursos Marcelino Domingo, es precisamente la nación más deportista del mundo!36
La sinceridad de Marcelino Domingo no era algo aislado; el mismo Miguel de Unamuno se refirió en numerosas ocasiones a los “señoritos frívolos de la ciudadanía deportiva”.37 Y, en efecto, en algunas de sus manifestaciones la crítica fue auténticamente satírica. En referencia a la actitud regeneracionista de Santiago Ramón y Cajal, el salmantino parafraseaba a José Or- tega y Gasset cuando decía que “todo propósito racional de reforma política debe partir del previo reconocimiento de nuestra inferioridad”. Y, coincidiendo con Cajal, en relación con el pesimismo que caracterizaba a los políticos españoles, afirmaba que “un político optimista sería en España un mal patriota, un pésimo patriota”.
Lo que desde luego no puede estimarse patriotismo de buena ley, sino a lo sumo frívolo deporte de patriotismo —porque hay el deporte del patriotismo y el patri- otismo deportivo— es el de ostentar un optimismo disciplinario. El optimismo de disciplina cae en optimismo deportivo.Y, como todo lo que no es serio, suele ser más dañino que el hipócrita mismo.
“¿Patriotismo deportivo?” Sí.Y se le conoce, además, en que como todo lo deporti- vo, como todo lo frívolo, como todo lo eseñoritado, se paga de liturgias, emblemas, etiquetas, chirimbolos y percalinas.38
Al cabo de un año, el ministro catalán Joaquín Salvatella Gibert, del Partido Liberal —por Real Orden de 8 de marzo de 1923—, procedía a nombrar al doctor Bartrina, profesor encar- gado de la Mecanoterapia en el hospital Clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, para que en representación del MIPBA creara una “Ponencia” encargada de estudiar un plan de organización de la educación física.39 Además, por esas fechas, Bartrina estaba implica- do en la organización del VI Congreso Internacional de Fisioterapia y Educación Física, que tenía que celebrarse en abril de 1923 en Madrid.40 El doctor Bartrina era el secretario general del congreso, y si bien la prensa nacional ofrecía la noticia del evento y de las secciones temá- ticas,41 no se llegó a celebrar, sin que sepamos las causas.
36 Para Marcelino Domingo. Antideportista. La Jornada Deportiva, 10-11-1922, 3.
37 Unamuno, M. de (1919). Señorito frívolo. La España, 15-5-1919, 5.
38 Unamuno, M. de (1920). Patriotismo y optimismo. El Liberal, 2-11-1920, 1.
39 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid, n.º 74, 15-3-1923, 939.
40 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid, n.º 206, 25-7-1922, 278.
41 Congreso de Fisioterapia y Educación Física. La Acción, 14-8-1922, 4. Congreso Internacional de Fisioterapia y Educación Física. Boletín de la Revista Ibero-Americana de Ciencias Médicas, 8-8-1922, 1826-1828. Congreso Internacional de Fisioterapia y Educación Física. ABC, 10-8-1922, 19.
Aparte de la educación física como problema escolar, la cuestión continuaba preocupando a los mismos militares. Estos polemizaron al dejar constancia de la poca preparación física que existía en las tropas42 y, asimismo, cuestionaban la capacidad de la ECG para formar a los suficientes instructores de gimnasia. Los hechos eran por todos conocidos: “Con soldados débiles no se va más que al fracaso y al desastre”.43 Lo bufón de la situación era señalado por Alcalá-Zamora, ministro del Ejército, que concedía 100.000 pesetas para auxiliar a la ECG con el propósito de situarla entre las mejores escuelas militares del extranjero, pues “carecía esta de estadio, gimnasio cubierto y de material de enseñanza suficiente”.44
Por su parte, el doctor Andrés Martínez Vargas observaba, en el desarrollo de la educación física española, una falta de orientación a causa de la incompetencia política del pan y toros y del “embrutecimiento nacional” de los gobernantes: “Los políticos corrompidos, que únicamen- te pueden vivir explotando la ignorancia y la ociosidad, la corta capacidad popular y tienen interés en sostener las masas en la inferioridad mental perpetúa, para manejarlas y explotarlas impunemente” (Martínez Vargas 1923, p. 8).
El “problema” catalán
En el trascurso de la Primera Guerra Mundial y a principios de años veinte, el deporte en Cataluña experimentó una eclosión que dejaba estupefacto a quienes observaban con detalle lo acontecido. La pujanza del asociacionismo deportivo fue instalándose en el corazón de las clases medias, y la cultura física entraba en las directrices políticas de las instituciones locales auxiliadas por la Mancomunidad. Un ejemplo como el que protagonizó en Lleida la Joventut Republicana (JR) —un referente en el deporte de raíz popular (Santacana 2019)— es más que demostrativo, al construir por cuenta propia el complejo deportivo más grande del país (To- rrebadella 2020). Ello conducía también a la determinación de sus dirigentes más influyentes a concebir y liderar proyectos políticos en el entorno del nacionalismo catalán y, en cierto modo, diseñando la creación de instituciones deportivas para un Estado propio. En buena parte, este movimiento deportivo estaba inmerso en una concepción de catalanidad y de nación. Prueba de ello eran las disputas que venían enfrentando a los directivos del deporte catalán vinculados a la Lliga Regionalista y los acólitos del marqués de Villamejor, que era presidente del Comité Olímpico en España. Si los representantes de la Lliga utilizaron el olimpismo para estimular el nacionalismo catalán (Arrechea y Torrebadella 2020), tampoco desde el COE se hicieron conce- siones a la región deportiva más puntera del país. Efectivamente, puede decirse que las disputas entre marcos nacionales antagónicos se vieron reflejadas en los ambientes de las federaciones deportivas regionales y nacionales. Además, como se ha dicho, “desde Cataluña también se intentaba dirigir las políticas del deporte español, aspecto que no gustaba a quienes veían en Cataluña a los ‘antiespañoles’ enemigos de España” (Torrebadella y Arrechea 2017, p. 165).
La puerta que abrió el presidente Woodrow Wilson al constituirse la Sociedad de Naciones
no solo encendió las aspiraciones soberanistas del nacionalismo catalán (De Riquer 2001), sino
42 Notas militares. Algunas consideraciones sobre la importancia militar de la educación física y su método de aplicación. El Sol, 13-12-1921, 8.
43 Educación física en el ejército III. El Sol, 5-6-1923, 6.
44 Un buen rasgo del Sr. Alcalá Zamora. Heraldo Deportivo, 15-4-1923, 132.
que también provocó la reacción del nacionalismo español. De inmediato aparecieron las ad- vertencias —cuando no las amenazas— sobre las consecuencias que podía tener para Cataluña forzar una política separatista. La aristocrática revista de turismo y deportes Gran Vida así lo recalcaba: “Es necesario que los directores del movimiento autonomista catalán midan muy bien sus actos en beneficio suyo…”.45
Todo ello se desenvolvía en un contexto de conflicto político y social, de manifestaciones exaltadas y de enfrentamientos en las calles de Barcelona entre grupos extremistas. La expre- sión de Moreno Luzón “guerras de banderas y palos”, entre españolistas e independentistas, es enteramente significativa para aludir a la escalada del conflicto (Moreno Luzón 2006, pp. 146-148). Pero, sobre todo, es la pujanza de los grupos reaccionaros del nacionalismo español, militares fanáticos incluidos, que estaban dispuestos a utilizar la fuerza de las armas. Es en este periodo cuando aparecen los grupos del protofascismo español: Liga Patriótica Española, Somatén, Camisa Negra, La Traza…, bandas dispuestas a limpiar las calles de “separatistas” (Thomàs 2019, p. 37).
Como señala Torrebadella (2020), la idea de un estatuto de autonomía estimuló al deporte catalán a buscar apoyos en las instituciones locales, con lo cual el vínculo entre catalanismo y deporte encontró un marco de expresión singular ante unos gobiernos centrales que miraban hacia otro lado. Muy pronto, las asociaciones deportivas catalanas demandaron la creación de un nuevo organismo autónomo:
Mucho más fácil nos será a los deportistas catalanes procurar ahora la creación de un departamento especial destinado a los deportes y ejercicios físicos para la rege- neración de nuestra raza, que la concesión de un pequeño privilegio o apoyo de los gobiernos españoles que hasta hoy nos han ido rigiendo.46
Aparte de los juegos tácticos de Francesc Cambó en defensa del estatuto de autonomía (De Riquer 2001), se activaba un nacionalismo español ofensivo (Moreno Luzón 2006). En este contexto, las esferas catalanistas del deporte también se manifestaron, ya fuese en defensa de la lengua o ideando estructuras deportivas de Estado (Pujadas y Santacana 1995; Torrebadella 2020). Desde entonces, la sombra del separatismo catalán también aparecía subyacente en la cuestión deportiva.47
Como es conocido, la Mancomunidad recuperó un proyecto ideado por Pere Mias, uno de los fundadores de la JR y conseller de la Mancomunidad, sobre la “Organización de las Socie- dades Gimnásticas de Cataluña”. Así, este proyecto fue retomado tras los sucesos de La Cana- diense —entre febrero y marzo de 1919—, con unas variaciones sustanciales de Enric Ràfols i Martí (1886-1965), diputado en la Mancomunidad y uno de los principales promotores del deporte, que también propuso la creación de un Instituto de Educación Física (Pujadas y San- tacana 1995).
Efectivamente, entre 1921 y 1924, impulsado por otro líder político de Lleida, Romà Sol i Mestre (1870-1951), entonces conseller de Instrucción Pública, se proyectó la “Ponencia de Educación Física” (PEF) de la Mancomunidad. La comisión inicial estuvo representada por
45 La actualidad política. Gran Vida, 1-11-1918, 351-352.
46 El deporte y la autonomia. Atlética (Barcelona), 30-11-1918, 1.
47 La propaganda internacional del deporte catalán. La Jornada Deportiva, 24-11-1922, 3; Mojardín y el separatismo… Ma- drid-Sport, 1-2-1923, 9-10.
Alfred Perenya —de la JR— y por los técnicos Enric Ràfols, el capitán José Martínez Vallespí (1882-1875) y Josep Antoni Trabal. Ràfols terminó siendo el presidente efectivo. Inicialmente se trataba de un organismo consultivo encargado de estudiar el estado de la educación física y el deporte y, asimismo, crear unas bases para expandir, orientar y fortalecer la cultura física en Cataluña.48 Asimismo, Trabal se encargó del estudio de la educación física para su impulso escolar (Mancomunitat de Catalunya, 1923).
El dinamismo y la capacidad de cooperar en intereses comunes, como la candidatura para organizar la VIII Olimpiada de 1924, posibilitaron la completa unión del asociacionismo de- portivo catalán, con la creación, el 20 de enero de 1921, del Consejo de las Olimpiadas.49 Así, al cabo de un año, el 21 de enero de 1922, de la antigua Federación de Sociedades Deportivas de Catalunya y del Consejo de las Olimpiadas nacía la Confederación Deportiva de Cataluña (CDC, 1922-1933) (Pujadas 2006).
El contexto social del deporte, cada vez más popular y participativo, ponía en juego un re- generacionismo civil; una dimensión asociativa nueva, transformadora de una infinidad de ini- ciativas que se vinculaban con la modernidad y el progreso. El incremento del asociacionismo deportivo pedía una organización capaz de articular y apoyar todo el movimiento del país. En todo caso, se pedía que las organizaciones administrativas del Estado aceptaran el compromiso social de poner en marcha una planificación al servicio del deporte, pero no como un instru- mento de control político.
Enric Ràfols, presidente de la Comisión de Educación Física de la Mancomunidad, se la- mentaba de la desastrosa situación de la cultura física y pedía recursos para ejercitar y demo- cratizar las prácticas deportivas. Ràfols consideraba que la situación era de auténtico estado de abandono y depresión: “No hay nada hecho. No tenemos gimnasio perfecto, no tenemos campos deportivos, no tenemos moniteurs y no tenemos estadios populares, no tenemos una organización metódica que vaya incorporando a la vida cotidiana las necesidades actuales de la Cultura Física” (Ràfols 1923, p. 12). Al respecto, decía que poco tiempo después el doctor Bar- trina presentaría en el Senado un proyecto de “Cultura Física Obligatoria”, pidiendo al Estado la creación, como existen en “todas las naciones”, de un “Consejo Superior de Cultura Física”, que estimularía el fomento del deportivismo, tal y como la Mancomunidad ya había empezado a hacer en Cataluña. En esta misma línea, en el Ayuntamiento de Barcelona el concejal Salva- dor Bremon i Masgrau (1878-1942) propuso la creación de una ponencia de educación física y deportes, a fin de ordenar y fomentar el deporte local.50
En las elecciones generales del 29 de abril de 1923, Ràfols fue elegido por Vilafranca del Penedés, y de él se decía que era el “único diputado deportivo en las Cortes de España”. Se cuenta que su primera intención fue proponer un “proyecto de Ley de Cultura Física” que tuviera en consideración la “creación de un Consejo Superior de Cultura Física o una Direc- ción General de Cultura Física y Deportes”.51 Ahora bien, antes había que resolver si el Estado sufragaría la participación en los siguientes JJ. OO., por lo que Ràfols interpeló al ministro de Instrucción Pública, Joaquín Salvatella: “Países cuyo cambio monetario no les favorece, como
48 Arxiu Nacional de Catalunya,“Objete: creació d’una Ponencia de Cultura Física i Deportiva de Catalunya”, Mancomunitat de Catalunya, Departament d’Hisensa, ref. 184/012.10.
49 Constitución del Consejo de las Olimpiadas. La Vanguardia, 23-1-1921, 13.
50 El Concejal Sr. Bremón formula en pro del sport una moción interesante. El Mundo Deportivo, 3-4-1923, 4.
51 Lo que piensa hacer D. Enrique Ráfols, único diputado deportivo. La Jornada Deportiva, 9-5-1923, 1-2.
Polonia,Yugoslavia, Rumania, etc., sacrifican parte del presupuesto a que su país pueda repre- sentar de una manera digna y eficaz el espectáculo deportivo, la fuerza y la destreza de las razas respectivas”.52
Las intervenciones de Ràfols fueron recogidas y apreciadas en La Jornada Deportiva, perió- dico de Barcelona dirigido por Trabal.53 Finalmente, Salvatella respondió que España no sería una excepción y que acudiría a los JJ. OO. de 1924 en París.54 Aunque nada estaba asegurado y las dudas continuaban en el aire, desde Barcelona se mencionaba:“Nunca por lo visto apren- deremos. Y quiera Dios que el Estado español no delegue su representación en otro doctor Bartrina Costa. En cuyo caso, no habrán terminado las calamidades para los atletas”.55 Hay que apuntar aquí que las torpezas en la organización de la expedición española a Amberes fueron generalmente imputadas al doctor Bartrina. En cualquier caso, Ràfols tuvo un periodo efectivo reducido —del 21 de junio al 15 de septiembre de 1923— y sus pretensiones, y las de todos aquellos que creían en la democracia, quedaron desvanecidas con el golpe militar del general Primo de Rivera.
La propuesta del capitán Condo
Augusto Condo —cuyo seudónimo era Minervius—, para visibilizar la degeneración de la raza española, aludía al ejemplo de las gentes de la comarca de Las Hurdes, que malvivían abandonadas por la civilización, sin humanidad y en un estado semisalvaje, como hacía miles de años: “Sus habitantes padecen el bocio, el enanismo, el infantilismo y el cretinismo. Abun- da también la lepra (en ningún país civilizado existe ya esta enfermedad), la viruela y todos cuantos estados morbosos origina el abandono de la higiene más rudimentaria”. De aquí que mencionase que nadie “ha prometido siquiera, en sus planes de Gobierno, el de consagrar sus desvelos a la regeneración de la raza”.56
La parodia fue la visita de Alfonso XIII a Las Hurdes —del 20 al 24 de julio de 1922—, que, en palabras de Moreno Luzón (2009), todavía agravó su desprestigio. Mientras una estridente parte de España degeneraba, decían que por olvido de la cultura física, había otra, más silencio- sa, que se moría de hambre, y para saberlo no hacía falta ir a Las Hurdes. Las élites dirigentes preferían la fanfarronería borbónica de un monarca al que frívolamente se le nombraba el primer deportista español, haciendo gala de sus ostentosas aficiones deportivas en nombre de una regeneración (González-Aja 2011); como también preferían antes a un obrero tuberculoso, sifilítico y alcohólico que a un obrero organizado libremente, ya fuese en el sindicato o en el deporte.Y es que al Estado, como mencionaba Luzuriaga, “le importa más, sin duda, el pro- greso de la raza caballar que el de la humana, y los juegos de azar más que los que cultivan el vigor de sus ciudadanos y el fair play”.57
52 Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, Sesión celebrada el 19 de julio de 1923, n.º 32, 1139-1140.
53 El diputado deportivo Enrique Ráfols interpela al Gobierno sobre la participación de España en los juegos olímpicos. La Jornada Deportiva, 23-7-1923, 4; Nuestra actuación deportiva. La Jornada Deportiva, 6-8-1923, 4.
54 El Ministro de Instrucción Pública, nos asegura que España no será una excepción entre los demás estados en ocasión de los Juegos Olímpicos de París. La Jornada Deportiva, 6-8-1923, 4.
55 España en la Olimpiada de 1924. La Jornada Deportiva, 13-8-1923, 4.
56 De actualidad. Madrid-Sport, 29-6-1922, 3-4.
57 Cultura física. Heraldo Deportivo, 15-11-1920, 451-452.
Meses después, Minervius presentaba un plan “para mejorar la regeneración de la raza espa- ñola”. Consistía en la creación de “Comités Provinciales de Cultura Física”, compuestos bajo la dirección del gobernador civil y con representantes de la Sanidad y el Instituto de Segunda Enseñanza, presidentes de las sociedades deportivas y de recreo, directores de periódicos, un jefe oficial del Ejército y un secretario del ayuntamiento, además del asesoramiento de dos médicos civiles; el profesor de gimnasia del instituto haría de secretario del comité. Este orga- nismo tendría el encargo de “propagar la cultura física de la juventud, bajo la protección del Estado, creando comisiones locales en los principales pueblos de cada provincia”. Se expedi- rían carnés individuales a los jóvenes entre catorce y veinte años y fichas fisiológicas para todos los niños de las escuelas.Todo ello tendría que venir acompañado de la creación de un estadio en cada provincia, con cargo al Ministerio de Fomento o al de Gobernación. Se establecería la organización de programas de cultura física y deportiva, con juegos corporales, gimnasia y las debidas pruebas de aptitud física realizadas periódicamente, y de campeonatos provinciales. Además, también se preveía la creación de Sociedades de Preparación Militar, siguiendo las que había en Francia. Todo este plan serviría “para apartar a la juventud de los gravísimos in- convenientes de la ociosidad, origen de todos los vicios y depauperación de la raza”.También se fomentarían los ejercicios gimnásticos de preparación antes de la práctica deportiva y pro- gramas para corregir morfologías corporales en busca de la belleza y la perfección. En defini- tiva, se instaba a la “medicina de la cultura física o deportiva”, como solución a la depauperada juventud: “El abandono del ser humano en España, es evidente en todas las clases sociales, y mientras los Gobiernos no se preocupen de este problema, transcendentalísimo para el país, no saldremos de nuestro atraso en todos les órdenes de la vida nacional”.58
Por otro lado, la política de regeneración física del Partido Conservador ya estaba trazada
con el apoyo y continuidad de la patriótica institución de los Exploradores de España y con la aprobación, por real decreto, de sus estatutos y su reglamento orgánico. A los Exploradores de España también se les permitía la constitución de secciones deportivas.59 Por su parte, Unamu- no, que era contrario a las ayudas del Gobierno al teatro patriotero de los Exploradores de Espa- ña, prefería el juego del deporte libre y espontáneo que se podía visualizar en los partidos de fútbol:“Un juego sin protección de R. O., sin pedagogos profesionales, sin tendenciosidad de patriotismo de trapo y no de fibra viva, sin otra disciplina que la que surge del juego mismo”.60 Por su parte, el profesor Marcelo Sanz, presidente de la Asociación de Profesores de Educa- ción Física, aludiendo al planteamiento de Luzuriaga anteriormente citado, culpó a los distin- tos gobiernos, que calificó de expertos en el “arte de perder el tiempo”, y a los políticos como
los responsables del “atraso de medio siglo en el progreso de cultura física”.61
Así las cosas, el 15 de septiembre de 1923 el general Miguel Primo de Rivera se hacía con el poder del Estado. Dos meses después, Madrid-Sport felicitaba al Directorio Militar por la nue- va política emprendida, puesto que el Real Decreto de 20 de octubre de 1923 materializaba la propuesta de Minervius.62 Así se constituyeron las primeras delegaciones gubernamentales en las provincias, a cargo de un jefe o capitán del Ejército entre cuyas funciones se estipulaba
58 Pro raza. Madrid-Sport, 13-7-1922, 3-4; Insistiendo. Pro raza. Madrid-Sport, 27-7-1922, 3-4.
59 Gaceta de Madrid, n.º 321, 17-11-1922, 626-668. Departamento: Presidencia del Consejo de Ministros.
60 De pedagogía. Boyscouts y fotballistas. El Liberal, 5-1-1921, 1.
61 Chispazos sobre educación física. Heraldo Deportivo, 15-4-1923, 131-132.
62 Para el Directorio. Madrid-Sport, 25-10-1923, 3-4.
“estimular la organización de Somatenes locales y de grupos infantiles de exploradores; la de Asociaciones de educación física, con la cooperación de los maestros y médicos”.63
Como tantos otros, Marcelo Sanz también vio en el dictador aquel cirujano de hierro al que apelaba Joaquín Costa para redimir a España y extirpar “el gran tumor que roía las entrañas de la patria”, pero pedía que empezase a operar pronto,“para no perder más tiempo”.64
Ahora bien, como ya se ha dicho, en cuanto al uso del dispositivo deportivo para intervenir en la españolización, todos los proyectos gubernamentales y regeneracionistas fracasaron, pero ade- más las federaciones tampoco estaban por el propósito (Torrebadella y Arrechea 2017).
Conclusiones
Por lo expuesto, ha quedado claro que después de la debacle finisecular el regeneracionismo, en el campo particular de la educación física y el deporte, fue incapaz de forjar alianzas polí- ticas de éxito con los partidos dinásticos. Esta posición perjudicó a la expansión de la cultura física y el deporte allí donde más se necesitaba, la juventud; al margen de Madrid y de algunas ciudades del norte y de Cataluña, el asociacionismo deportivo no tenía fuerza ideológica y sus estructuras organizativas eran débiles. Así pues, se puede decir que no existió, por lo me- nos antes del Directorio Militar, un plan premeditado de cultura física y deportiva, que ni siquiera hubo voluntades reales. Los políticos eran también el “reflejo de los vicios étnicos de España” (Ortega y Gasset 1977, p. 79), marcaron un perfil timorato y carecieron de la adecuada visión para sospesar el potencial que subyacía a la emergencia regeneracionista del deporte. Erróneamente, se prefirió otorgar concesiones al Ejército y a las manos inexpertas de la ECG, cuando en España no existía una experimentada tradición de cultura física militar. Conceder prerrogativas a quienes se habían sublevado con la “subversión moral” de las Juntas de Defen- sa65 y deleitar los intereses de los cuadros militares enredados en una guerra en el Rif, sin la debida formación, sin medios, sin capacidad ofensiva e inmersos en las complicidades de una corrupción generalizada, no ofrecía las garantías suficientes para organizar y dirigir un plan de cultura física nacional.
Pero, para los gobiernos, la contrapartida proporcionaba el equilibro del poder. Los militares, al fin y al cabo, desde el “Desastre” del 98 se habían autoproclamado los guardianes de la nación española, la constitución, la monarquía y la religión católica; eran los guardianes de la paz civil, y el deporte también se percibía como una amenaza. Las concesiones a unas políticas sociales para potenciar el bienestar del obrero y fomentar la participación democrática ciudadana no cabían en el pensamiento de los partidos dinásticos. No había interés en fomentar un asocia- cionismo deportivo entre las clases medias. Eso equivalía a potenciar los otros nacionalismos, sobre todo otorgar ventajas al deporte disidente catalán y alas a la autonomía de Cataluña. Por lo tanto, para el nacionalismo español era inconcebible que Cataluña pudiera presentarse ante el mundo con una identidad nacional propia, ni siquiera en lo deportivo.
63 Real decreto disponiendo que en todas las cabezas de partido judicial, y como Delegados de los Gobernadores civiles de las provincias se designe un Jefe o Capitán del Ejército para la inspección de los Ayuntamientos que constituyan el partido judicial correspondiente, y con las facultades y misiones que en el mismo se determinan. Gaceta de Madrid, n.º 294, 21-10-1923, 276. Departamento: Presidencia del Directorio Militar.
64 Educación Física. Para el Directorio Militar. El Sol, 20-11-1923, 6.
65 Ortega y Gasset (1977), 103.
Los partidos dinásticos, más allá de sus intereses clientelares y personales, no supieron hacer verdadera política de Estado, algo que sí entendieron los países más progresistas de Europa, a saber, utilizar el dispositivo gimnástico-deportivo en aras de la construcción nacional. Como men- cionaba Marcelo Sanz, estos políticos fueron muy hábiles en el “arte de perder el tiempo”, valían más sus ambiciones que la quimérica construcción de un Estado-nación. Esos cinco años marcaron la decadencia de los partidos dinásticos, pero también limitaron la expansión del deporte y de una cultura física democrática. No todo consistía en publicitar la figura de Alfonso XIII, el primer deportista español, y tampoco en satisfacer los intereses de sus acólitos, como Bartrina y tantos otros satélites que rodearon al soberano.
Efectivamente, existía el arte de perder el tiempo, una manera de protegerse de los miedos subyacentes a perder los círculos del poder; miedos al éxito de una revolución social —a la sombra latente del comunismo y el anarquismo—, a la desmembración territorial del Estado. Estos miedos también obstaculizaban el proceso de culturización física y deportiva del país. El anacronismo histórico era palpable, pues todo esto transcurría en un momento clave para el progreso del deporte internacional. Al reanudar los JJ. OO. en la nueva coyuntura simbólica del deporte de posguerra, la poca visión estratégica del Gobierno conservador frenó las oportuni- dades que se presentaban para fortalecer el nacionalismo español.
Para algunas mentalidades, la cultura física y el deporte eran un aliado para combatir a los enemigos interiores de España; un dispositivo de españolización y de castellanización; un arma política para someter, de manera pacífica, a quienes no querían sentirse españoles. De aquí la posterior intervención implacable de la dictadura prohibiendo entidades deportivas disidentes, y censurando cualquier tipo de manifestación cultural y deportiva de signo catalanista.
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Xavier Torrebadella Flix es licenciado en Educación Física por la Universitat de Bar- celona (1991) y Doctor por la Universitat de Lleida (2009). Profesor en el Instituto Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del Vallès (CAR). Actualmente investiga en torno a la Historia social y documental de la educación física y el deporte en España entre 1800 a 1939. Dispone de varios libros y decenas de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales.
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Hugo Harvey-Valdés Universidad de Las Américas (Santiago, Chile) hharvey@udla.cl
https://orcid.org/0000-0002-7184-1670
Álvaro Sierra Rivas
Universidad Católica de la Santísima Concepción (Concepción, Chile) asierra@historia.ucsc.cl
https://orcid.org/0000-0003-4924-2695
Resumen
Este artículo examina la posición de Chile ante la intervención de Estados Unidos en República Dominicana en 1965, a través del análisis de documentos desclasificados de fuentes oficiales de Chile y Estados Unidos. La acción unilate- ral estadounidense representó un desafío para la coherencia latinoamericana en la Guerra Fría, generando tensiones en las relaciones interamericanas y en el sistema internacional. La investigación resalta la determinación de Chile en preservar su independencia, enfrentando la presión estadounidense incluso a costa de programas de asistencia económica. Se revelan las complejidades de las tensiones diplomáti- cas y las contradicciones internas, incluidos malentendidos entre la Delegación de Chile en la OEA y la Cancillería. Además, se explora el papel desestabilizador del embajador estadounidense en Chile, quien durante toda la crisis desinformó a las autoridades chilenas en cuanto al proceso de toma de decisiones. En última ins- tancia, la posición de Chile emerge como un hito paradigmático del respeto del principio de no intervención y de autonomía ante los intereses estadounidenses.
Palabras clave: diplomacia chilena, Guerra Fría, democracia cristiana, interven- ción de Estados Unidos, crisis en República Dominicana
1 Este artículo presenta los principales hallazgos derivados de la tesis doctoral del doctor Hugo Harvey, que inicialmente fue supervisada por la doctora Olga Ulianova, hasta su lamentable fallecimiento, y posteriormente por el doctor Alessandro San- toni. La labor de síntesis de los aspectos preponderantes de la investigación fue llevada a cabo por el licenciado Álvaro Sierra, mientras que la armonización de detalle se realizó de manera colaborativa.
Fecha de recepción: 16/09/2023 Fecha de aceptación: 16/04/2024
ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.10
Resum
Pressions, interessos i principis: la diplomàcia xilena davant la intervenció dels Estats Units a República Dominicana de 1965. Una història des de les fonts oficials
Aquest article examina la posició de Xile davant de la intervenció dels Estats Units a la República Dominicana el 1965, mitjançant l’anàlisi de documents desclas- sificats de fonts oficials de Xile i dels Estats Units. L’acció unilateral nord-america- na va representar un desafiament a la coherència llatinoamericana durant la Guerra Freda, generant tensions en les relacions interamericanes i en el sistema internacio- nal. La recerca destaca la determinació de Xile de preservar la seva independència, enfrontant-se a la pressió nord-americana fins i tot a costa dels programes d’assis- tència econòmica. Es revelen les complexitats de les tensions diplomàtiques i les contradiccions internes, inclosos malentesos entre la Delegació de Xile a l’OEA i la Cancelleria. A més, s’avalua el paper desestabilitzador de l’ambaixador nord-ameri- cà a Xile, qui durant tota la crisi va desinformar les autoritats xilenes pel que fa al procés de presa de decisions. En última instància, la posició de Xile emergeix com una fita paradigmàtica del respecte pel principi de no-intervenció i d’autonomia davant dels interessos nord-americans.
Paraules clau: diplomàcia xilena, Guerra Freda, democràcia cristiana, intervenció dels Estats Units, crisi a la República Dominicana
Abstract
Coercion, interests and principles: Chilean diplomacy in the face of the 1965 United States intervention in the Dominican Republic. A history from official sources
This article examines Chile’s posture regarding the United States intervention in the Dominican Republic in 1965 through the analysis of declassified documents from official sources in Chile and the United States. The unilateral American ac- tion challenged Latin American coherence during the Cold War, creating tensions in inter-American relations and the international system. The research highlights Chile’s determination to preserve its independence, facing American coercion even at the cost of economic assistance programs. The complexities of diplomat- ic tensions and internal contradictions are unveiled, including misunderstandings between the Chilean Delegation at the OAS and the Foreign Ministry. The dest- abilizing role of the U.S. ambassador in Chile is also explored, as he consistently misinformed Chilean authorities during the decision-making process throughout the crisis. Ultimately, Chile’s position emerges as a paradigmatic milestone in re- specting the principle of non-intervention and autonomy against U.S. interests.
Keywords: Chilean diplomacy, Cold War, Christian Democracy, U.S. interven- tion, crisis in the Dominican Republic
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Introducción
Hasta el año 1965, República Dominicana se encontraba gobernada por un triunvirato, instalado luego de un golpe de Estado pro-Trujillo en contra del presidente Juan Bosch.2 Su carácter represivo y escasa base sociopolítica aumentarían el descontento de oficiales militares autodenominados “constitucionalistas”. Así, el 24 de abril de aquel año, ejecutaron un contra- golpe destinado a restituir a Bosch en el poder. Las fuerzas armadas dominicanas se fragmen- taron en dos bandos, desatándose una guerra civil.
Ante tal vorágine revolucionaria, Estados Unidos invadió República Dominicana el 28 de abril de 1965, con el argumento de salvaguardar la vida de sus compatriotas residentes en el país.3 Posteriormente, el 2 de mayo incrementó el contingente militar, denunciando que elementos comunistas habían capturado el movimiento “constitucionalista”.4 Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de presiones norteamericanas, legitimó la invasión, creando la Fuerza Interamericana de la Paz (FIP), que básicamente complementaba las tropas intervento- ras con fuerzas de Brasil y exiguas representaciones de otros países de la región.5
Como se expondrá posteriormente, estos hechos representaron un punto de inflexión en las alicaídas relaciones interamericanas, constituyendo además un foco de tensión para el multila- teralismo y el sistema internacional. Por tanto, resulta paradójico que esta crisis, sus compleji- dades y diversas aristas se mantengan vagamente exploradas desde la Historia y las Relaciones Internacionales, reflejando vacíos historiográficos y analíticos necesarios de subsanar.6 En tal sentido, la academia latinoamericana, a pesar del despertar historiográfico desarrollado desde la desclasificación de documentos oficiales de las superpotencias, tampoco ha mostrado interés por las políticas exteriores de sus estados, en términos de apoyar o condenar el accionar esta- dounidense en un escenario de complejidad como lo fue la Guerra Fría.
Dentro de esa categoría se sitúa el caso de Chile. A pesar de la notable independencia y antagonismo que caracterizó a su política exterior durante la crisis en cuestión, dicha postura ha sido sistemáticamente marginada7 o subestimada8 en los análisis históricos centrados en el
2 Primer presidente electo democráticamente en diciembre de 1962, luego treinta años de trujillismo, inició su periodo el 27 de febrero de 1963. Para una visión de su pensamiento: San Miguel, P. (2021). Lecturas de un clásico caribeño: Una visión de la obra de Juan Bosch. En Serrano, C. (Ed.). Pensar el Caribe desde Juan Bosch y Eric Williams: A 50 años de “De Cristóbal Colón a Fidel Castro”. CLACSO, 169-186. Para su rol opositor a Trujillo: Bosch, J. (1959). Trujillo: Causas de una tiranía sin ejemplo. Librería Las Novedades. Para las apreciaciones estadounidenses sobre Bosch, véase Roorda, E., Derby, L. y González, R. (Eds.). (2014). The Dominican Republic Reader: History, Culture, Politics. Duke University Press, 335-340.
3 Miller Center, Presidential Speeches, Lyndon B. Johnson, Statement on Sending Troops to the Dominican Republic, 28-4-1965.
4 Miller Center, Presidential Speeches, Lyndon B. Johnson, Report on the Situation in the Dominican Republic by President, 2-5-1965.
5 Organización de Estados Americanos (1970). Acta final X Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 17.
6 Sobre la paradoja del vacío historiográfico: Harvey, H. (2020). Revisitando el punto de inflexión interamericano en la Gue- rra Fría: la crisis dominicana de 1965, la intervención de Estados Unidos y la Fuerza Interamericana de la Paz. Humanidades: Revista de la Universidad de Montevideo (7), 40-42.
7 Bianchi, M. (1967). Misión cumplida: Comisión de Derechos Humanos en República Dominicana. Andrés Bello; Mendoza, J. (1967). La política internacional del actual Gobierno de Chile. Memorial del Ejército de Chile (339), 48-73; Sánchez, W. y Pereira, T. (Eds.). (1977). Ciento cincuenta años de política exterior chilena. Editorial Universitaria; Muñoz, H. y Tulchin, J. (Eds.). (1984). Entre la autonomía y la subordinación: Política exterior de los países latinoamericanos. Grupo Editor Latinoamericano.
8 Acosta, M. y Vilas, C. (1969). Santo Domingo y Checoslovaquia en la política de bloques. Estudios Internacionales (2:4), 565-576; Wilhelmy, M. (1973). Chilean Foreign Policy:The Frei Government 1964-1970 [Tesis doctoral, University of Princeton]; Mendoza, J. (1979). La Fuerza Interamericana de la Paz y el acuerdo de la OEA. Seguridad Nacional (13), 7-11; Pinochet de la Barra, O. (1982). El pensamiento de Eduardo Frei. Editorial Aconcagua; Durán, R., Quezada, G. y Avetikian,T. (1983). La política multilateral de Chile entre 1945 y 1970: análisis de algunas variables significativas. Revista de Ciencia Política (5:2), 22-40.; Mu- ñoz, H. y Portales, C. (1987). Una amistad esquiva: Las relaciones de Estados Unidos y Chile. Pehuén Editores.
periodo de la Guerra Fría. Esta brecha disciplinar resulta aún más contradictoria al considerar que se ha mantenido inmutable luego del término de la Guerra Fría.9
En efecto, el Gobierno de Chile se hallaba en una coyuntura de intensa tensión. Desde Washington, se desplegaban iniciativas de asistencia económica dirigidas a las naciones latinoa- mericanas, como la Alianza para el Progreso (ALPRO),10 junto con programas de cooperación militar,11 donde Chile se ubicaba dentro de los principales beneficiarios.12 En este contexto, la actitud crítica de Frei cobra valor, por cuanto, arriesgando unos planes de ayuda financiera cruciales para su agenda reformista, se interpuso a la principal potencia económica, política y militar de Occidente, que transgredía los principios de no intervención y autodeterminación. Atendiendo las consideraciones previas, el presente artículo se propone abordar y suplir el vacío historiográfico existente, rescatando un episodio trascendental en la historia de las rela- ciones internacionales de Chile. La relevancia de indagar este acontecimiento desde la óptica de la política exterior y la historia diplomática radica en discernir y documentar el inicio del
distanciamiento entre Chile y la Administración estadounidense.
Con este propósito, se llevó a cabo una exhaustiva investigación multiarchivística física y digital, mediante un análisis hermenéutico a documentos desclasificados e inexplorados, abar- cando repositorios ubicados en Estados Unidos, Chile y organismos internacionales. Dentro de los principales se encuentra el Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Ex- teriores de Chile (AGHMINREL), de donde se obtuvieron los documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (MINREL), la Delegación de Chile en la OEA (DELCHILE-OEA) y la Embajada de Chile en Washington (EMBACHILE), así como el archivo del Departamento de Estado estadounidense, que concedió documentación diplomática, entre la Embajada en Santo Domingo y la capital norteamericana, e informes de inteligencia.
Adicionalmente, se recurrió a fuentes hemerográficas internacionales para reconstruir el contexto político y social del periodo estudiado. Asimismo, se empleó literatura secundaria y contextual canónica que proporciona una comprensión profunda de la política exterior esta- dounidense en América Latina durante la Guerra Fría y sus repercusiones en la región.
El acceso y análisis de estas diversas fuentes permitió reconstruir el panorama complejo que vivió la política exterior chilena, marcado por presiones estadounidenses en diversos frentes
—Santiago, Washington y la OEA—, supeditando la continuación de la ALPRO para Chile, y también el papel perturbador del embajador estadounidense en Chile, Ralph Dungan, quien “acompañó” el proceso de toma de decisiones, desinformando al presidente Frei y al canciller Valdés durante la crisis, provocando vacilaciones y descoordinaciones; manifestándose constan-
9 Fermandois, J. (2005). Mundo y fin de mundo: Chile en la política mundial 1900-2004. Ediciones Universidad Católica de Chile; Fermandois, J. (2013). La Revolución Inconclusa: La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular. Centro de Estudios Públi- cos; Arancibia, P., Gazmuri, C. y Góngora, Á. (2000). Eduardo Frei Montalva y su época.Tomo II. Editorial Aguilar; Artaza, M. y Ross, C. (2012). La política exterior de Chile, 1990-2009: Del aislamiento a la integración global. RIL Editores; Colacrai, M. y Lorenzi- ni, M. (2005). La política exterior de Chile: ¿excepcionalidad o continuidad? Una lectura combinada de “fuerzas profundas” y tendencias. CONfines (2), 45-63; Hurtado-Torres, S. (2020). The Gathering Storm: Eduardo Frei’s Revolution in Liberty and Chile’s Cold War. Cornell University Press, 59-67.
10 Nystrom, J. y Haverstock, N. (1966). The Alliance for Progress.Van Nostrand Company; Barnes, J. (2005). John F. Kennedy on Leadership:The Lessons and Legacy of a President.American Management Association; Smith, J. (2005). The United States and Latin America: A History of American Diplomacy, 1776-2000. Routledge.
11 Yarmolinski, A. (1971). The Military Establishment: Its Impacts on American Society. Harper and Row.
12 Taffet, J. (2007). Foreign Aid as Foreign Policy: The Alliance for Progress in Latin America. Routledge, 67-93; Valdés, G. (2009).
Gabriel Valdés: Sueños y memorias.Taurus, 151-152.
tes confusiones y malentendidos entre el representante chileno ante el organismo interame- ricano y el canciller, generando un quiebre de confianzas y el actuar autónomo del primero.
Finalmente, este artículo postula que la política exterior de Chile mantuvo una coherencia rigurosa respecto al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, frente a la intervención estadounidense en República Dominicana y la legitimación de la OEA, a pesar del ambiente de la Guerra Fría y las presiones emanadas desde Estados Unidos. Un recorrido marcado por tensiones y contradicciones entre los actores involucrados, originadas a partir de una interacción compleja de factores externos, motivaciones internas y visiones in- dividuales. Con este panorama contextualizado, se busca profundizar en los detalles y matices de esta dinámica, ofreciendo una perspectiva que contribuye a enriquecer la comprensión de las relaciones internacionales del Chile de la década de 1960.
La llegada de Frei al poder y las bases de su política exterior
En el análisis de la trayectoria diplomática chilena durante el periodo de la crisis domi- nicana, es imperativo situar el ascenso al poder del presidente Eduardo Frei Montalva en noviembre de 1964 como un punto cardinal. La victoria electoral de Frei sobre el candidato socialista, Salvador Allende, adquirió relevancia trascendental no solo en el contexto interno de Chile, sino también en el escenario global marcado por las tensiones de la Guerra Fría. La atención mediática internacional estuvo concentrada desde las elecciones en la figura de Frei. El periódico ABC, en su portada del 5 de septiembre de 1964, informaba con beneplácito del inminente triunfo por mayoría absoluta de Frei,13 confirmándolo al día siguiente, logrando las primeras declaraciones del ganador.14 Asimismo, se destacaron sus características personales,15 junto con notas sobre los efectos del triunfo en Argentina, haciendo hincapié en la “repulsa al filocomunismo de Allende”16 y la “estabilidad y continuidad” que significaba para Alemania.17 Dichos comicios fueron de gran consideración para las potencias mundiales, especialmente para Estados Unidos, que, a través de la ALPRO y la CIA, entre 1962 y 1964 envió tres millones de dólares para apoyar a partidos políticos anticomunistas de Chile y a la candidatura de Frei.18 Si bien la asistencia estadounidense no se erigió como el determinante principal de su triunfo electoral, sí que constituye un elemento relevante para comprender la política exterior del
Gobierno recién electo y las dinámicas de su relación con la Administración Johnson.
En tal sentido, la política exterior del Gobierno de Frei se fundaba en los conceptos de “aso- ciación digna” con Estados Unidos, en críticas al sistema interamericano y en la integración social y económica de América Latina.19 Fue así como, recién iniciado el mandato, se dirigió a las autoridades de organismos vinculados al desarrollo regional20 y a todos los jefes de Estado
13 Frei, virtualmente elegido Presidente de la República de Chile. ABC Madrid, 5-9-1964, 1.
14 Frei, triunfante, distingue al enviado especial con la exclusiva de sus primeras declaraciones. ABC Madrid, 6-9-1964, 47.
15 Semblanza del nuevo presidente. ABC Madrid, 6-9-1964, 49.
16 Argentina acoge con satisfacción el triunfo de Frei. ABC Madrid, 6-9-1964, 51.
17 Alemania ha vivido hondamente las elecciones chilenas, ibid.
18 U.S. Senate Select Committee (1975). Covert Action in Chile, 1963-1973: Staff Report of the Select Committee to Study Govern- mental Operations with Respect to Intelligence Activities. U.S. Government Printing Office, 14.
19 Senado de Chile (1954). Diario de Sesiones 37.°, Santiago de Chile, 27-4-1954.
20 El documento fue dirigido a los señores Raúl Prebisch, director general del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social; José Antonio Mayobre, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe;
de la región, solicitando contribuciones sobre la formación de un Mercado Común Latinoa- mericano.21 Respecto a las relaciones con Estados Unidos, el canciller Valdés, al presentar los lineamientos internacionales del Gobierno entrante al Congreso, cuestionó los diagnósticos norteamericanos hacia la región, denunciando su “vieja política [y al] panamericanismo [que] ha trabajado más en beneficio del país del norte”, debido a “la incapacidad [de sus] círculos directivos […] para entender el mundo ideológico latinoamericano”, por lo cual el Gobierno se empeñaría en “aumentar la influencia […] en el cuadro general de la convivencia intera- mericana y en el ámbito más específico de sus relaciones con Estados Unidos”.22 Sin embargo, al mismo tiempo, no escatimó en múltiples alabanzas hacia la ALPRO, considerándola “la más grandiosa empresa para nuestra América [que permitirá] que los términos de la relación norte a sur, lleguen a tener otro signo”23 y como un “gesto grandioso [que podría significar] la es- tructuración de un nuevo orden que permita un desarrollo acelerado”.24
Ahora bien, a pesar del carácter anticomunista del Gobierno democratacristiano, como una muestra de una política exterior autónoma y de apertura, cabe destacar la reanudación de re- laciones diplomáticas, inicialmente con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y luego con la República Popular de Polonia, la República Socialista de Checoslovaquia, la República Popular de Hungría y la República Socialista de Rumania.25
En síntesis, los inicios de la trayectoria diplomática de Chile bajo Frei Montalva reflejan sus planes de generar contrapesos a la hegemonía estadounidense en la región, mediante la integración latinoamericana y reformas al sistema interamericano, junto con contradicciones entre recibir el apoyo político y económico de Estados Unidos y la búsqueda de una agenda internacional no alineada; demostrando los delicados equilibrios de la Guerra Fría que con- formaron el telón de fondo del manejo durante la crisis dominicana.
La crisis dominicana y la intervención de Estados Unidos
Para abordar la intervención de Estados Unidos en República Dominicana, es crucial re- conocer que dicho país ya estaba en el horizonte político estadounidense desde la era del presidente Kennedy. Durante su mandato, se adoptaron medidas con el objetivo de promover la salida del poder de Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernaba desde 1930.26 A raíz de esta situación, República Dominicana no fue incorporada como beneficiaria de la ALPRO, dado que la presencia de una democracia representativa se consideraba un criterio esencial para su participación.27 Esta exclusión dejó a Trujillo sin el respaldo político y económico de Estados Unidos, lo cual propició diversas conspiraciones en su contra. Estas iniciativas surgieron tanto
Felipe Herrera, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y Carlos Sanz de Santamaría, presidente del Comité In- teramericano de la Alianza para el Progreso.
21 MINREL (1965). Memoria Ministerio de Relaciones Exteriores, 267-271.
22 Ibid., 12-13.
23 Ibid., 14.
24 Ibid., 18.
25 Ibid., 163.
26 Schoultz, L. (1998). Beneath the United States: A History of U.S. Policy toward Latin America. Harvard University Press, 349-351.
27 Foreign Relations of the United States (FRUS), Memorandum from the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to President Kennedy,Washington D. C., 2-5-1961; Field,T.C. (2014). From Development to Dictatorship: Bolivia and the Alliance for Progress in the Kennedy Era. Cornell University Press, 16.
desde facciones opositoras como de individuos allegados al régimen,28 algunos de los cuales recibieron respaldo de la inteligencia estadounidense, aunque no contaran con la aprobación del Departamento de Estado.29 Como resultado, el 30 de mayo de 1961,Trujillo fue víctima de un ataque en una emboscada mientras se trasladaba a su residencia de descanso.30
La desaparición física de Trujillo no representó un giro drástico, puesto que su vicepresiden- te, Joaquín Balaguer, asumió formalmente la primera magistratura, aunque acompañado por Ramfis Trujillo, quien detentaba el poder real. En medio de las tensiones y discrepancias entre ambos, Estados Unidos mostró un respaldo considerable hacia Balaguer, percibido como un interlocutor más moderado y afín a sus intereses.31 De todas formas, el escenario reinante haría despertar las energías sociales y políticas contenidas desde 1931, las que otorgaron el triunfo a Juan Bosch en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, coronando su investidura el 27 de febrero de 1963.32
Sin embargo, la crisis política y las discordias institucionales persistieron y aumentaron. Un sector de la sociedad consideró “refundacionales” las reformas sociales, económicas y valóricas iniciadas por Bosch, argumentando que afectaban a los intereses nacionales e internacionales.33 En medio de esa volatilidad, el 26 de septiembre de 1963, una facción militar afín a Trujillo, en- cabezada por el coronel Wessin y Wessin, depuso al presidente Bosch, instaurando un régimen de facto. Estos eventos suscitaron una creciente inquietud en el presidente Kennedy, quien or- denó planificar urgentemente y “con la máxima prioridad” una incursión militar en territorio dominicano en los plazos de “12-24-36-48 horas”.34
El recién instaurado Gobierno, liderado por Donald Reid Cabral, carecía de respaldo popu- lar y, paradójicamente, no demostraba avances significativos en la restauración de las libertades políticas o en la implementación de reformas socioeconómicas. Esta situación engendró un clima de inestabilidad, ampliando el espacio para posibles disturbios y movimientos insurgen- tes.35 Los partidarios de Balaguer señalaron la presencia de elementos trujillistas más radicales en el entorno de Reid,36 y se identificaron focos subversivos opositores infiltrados dentro de las filas militares.37 Por tales motivos, Estados Unidos diseñó planes de asistencia económica con el propósito de respaldar a Reid, pese a lo cual estos esfuerzos se veían constantemente frustrados por su “ineptitud, desconfianza y autosuficiencia”.38 Además, los asesores militares estadouni- denses reportaron no solo rumores de descontento, sino también signos claros de divisiones internas entre las fuerzas armadas dominicanas.39
28 FRUS, Airgram from the Consulate General in the Dominican Republic (DR) to the Department of State (DOS), Ciudad Trujillo, 22-3-961.
29 FRUS, Memorandum by the Under Secretary of State. Notes on crisis involving the DR,Washington D. C., 3-6-1961.
30 Bethell, L. (1990). Historia de América Latina, vol. 13: México y el Caribe desde 1930. Cambridge University Press, 238.
31 FRUS,Telegram from the DOS to the Consulate General in the DR,Washington D. C., 1-6-1961.
32 Moya, F. (1999). Breve historia contemporánea de la República Dominicana. Fondo de Cultura Económica, 176.
33 FRUS, Memorandum prepared in the Central Intelligence Agency: President Bosch and internal security in the DR,Wash- ington D. C., 14-6-1963.
34 FRUS, Memorandum from President Kennedy to Secretary of Defense McNamara,Washington D. C., 4-10-1963.
35 FRUS, Special National Intelligence Estimate. Instability and the insurgency threat in the Dominican Republic,Washington
D. C., 17-1-1964.
36 FRUS, Airgram from the Embassy in the DR to the DOS, Santo Domingo, 16-2-1964.
37 FRUS,Telegram from the Embassy in the DR to the DOS, Santo Domingo, 5-6-1964.
38 FRUS,Telegram from the Embassy in the DR to the DOS, Santo Domingo, 16-7-1964.
39 FRUS, Telegram from the Joint Army/Navy/Air Force Attachés to the Chief of Naval Operations (McDonald), Santo Domingo, 26-8-1964.
Ante el tumultuoso panorama político y social, el 24 de abril de 1965, un conjunto de ofi- ciales subalternos del Ejército, autodenominados “constitucionalistas”, valiéndose de su sólido ascendiente de mando sobre suboficiales y soldados,40 materializó un contragolpe para restituir a Juan Bosch, quien se encontraba relegado en Puerto Rico. A su motivación primaria se unía un descontento hacia la estructura del alto mando militar, que perpetuaba a oficiales incom- petentes y corruptos.41 En este contexto de divisiones y fragmentación, la nación se precipitó hacia una guerra civil, en que la superioridad no estaba claramente definida.42
Enfrentado a estos aires revolucionarios, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. John- son, decidió intervenir militarmente en la crisis. El 27 de abril de 1965, una patrulla de infan- tería de marina desembarcó en Santo Domingo con la misión de evacuar a alrededor de mil compatriotas en posible peligro.43 Al día siguiente, las tropas aumentaron a cuatrocientos infan- tes de marina, a raíz de los continuos informes del embajador estadounidense, que manifesta- ban un caos total.44 Luego, el 1 de mayo, ante ataques a la Embajada estadounidense y la posible infiltración comunista en los “constitucionalistas”,45 Johnson ordenó refuerzos de marines, más la 82.ª División Aerotransportada, con las misiones de separar los bandos en combate, proteger las vidas de sus compatriotas e impedir otra Cuba y un nuevo Vietnam.46
Reacciones internacionales a la intervención estadounidense
La intervención en República Dominicana resonó ampliamente en el ámbito internacional, capturando la atención de los medios de comunicación globales. En España, el diario ABC, si bien reflejaba la perspectiva norteamericana, lo hacía con cierto grado de cautela, dando prominencia al desembarco de tropas y citando la justificación oficial de proteger a ciudadanos estadounidenses en suelo dominicano.47 Por otro lado, en Chile, la cobertura mediática reflejó claramente las tensiones ideológicas características de la Guerra Fría, evidenciando las distintas posturas y percepciones en juego. Mientras que El Siglo, vitrina del pensamiento comunista, tituló “Masacre yanqui en Santo Domingo”;48 El Mercurio, identificado con la derecha liberal, adoptó un tono más moderado al expresar: “Confusa situación dominicana; Se pide reunión de emergencia en la OEA; Desembarcan en Santo Domingo 400 infantes de marina de Estados Unidos”.49
40 Archivo General de la Nación, Conversatorio desarrollado con ex combatientes constitucionalistas Guaroa Ubiñas, Lorenzo Sanción Selivero, Andrés Diroché Montás, Orlando Sánchez, Ramón Mella Miñino, Héctor Llanos Sovano y Giovanni Brito Bloise. Santo Domingo, 17-7-2014.
41 FRUS, Telegram from the White House Situation Room to President Johnson at Camp David, Washington D. C., 25-4- 1965, 1658Z.
42 Harvey, H. (2020). Revisitando el punto de inflexión…, op. cit., 31.
43 Daugherty III, L. (2008). The Marine Corps and the State Department: Enduring Partners in United States Foreign Policy, 1798-2007. McFarland & Company Publishers, 189.
44 FRUS,Telegram from the Embassy in the DR, N° 1128 03:16 zulu, N° 1146 17:18 zulu, N° 1149 19:00 zulu, Critic 4 20:15
zulu, Critic 5 20:40 zulu, Critic 6 23:02 zulu, N° 1155 23:27 zulu, Santo Domingo, 28-4-1965.
45 National Security Archive,Telephone conversation LBJ and Abe Fortas,WH6504.07-7388 Tape No. 7, 29-4-1965.
46 Palmer, B. (1989). Intervention in the Caribbean:The Dominican Crisis of 1965. University Press of Kentucky, 5-6.
47 Fuerzas norteamericanas desembarcan en Santo Domingo. ABC Madrid, 29-4-1965, 1.
48 Masacre yanqui en Santo Domingo. El Siglo, 30-4-1965, 1.
49 Confusa situación dominicana; se pide reunión de emergencia de OEA; desembarcan en Santo Domingo 400 infantes de marina de Estados Unidos. El Mercurio, 29-4-1965, 1.
En las principales ciudades latinoamericanas se produjeron violentos disturbios, coincidentes algunos con el Día Internacional del Trabajador.50 En Argentina, organizaciones anticomunis- tas vitorearon el desembarco, enfrentándose con protestas de agrupaciones estudiantiles de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires.51 Uruguay no fue la excepción, y el Comité de Juventud del Movimiento Popular Divisa Blanca tomó las calles para expresar su solidaridad con la causa dominicana, acusando a Estados Unidos de transgredir las normativas americanas.52 En Chile, por su parte, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile lideró las protestas, congregando a un grupo significativo frente al consulado estadounidense para condenar la intervención.53
El impacto de la intervención en República Dominicana trascendió las fronteras regionales y adquirió una dimensión global que tensionó el sistema internacional, por cuanto representaba la primera acción militar directa y abierta en Latinoamérica desde el inicio de la Guerra Fría.54 Sus repercusiones alcanzaron al Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas (ONU), el cual dedicó 28 reuniones para deliberar sobre esta crisis, sin llegar a consenso o solución efectiva. El representante de la URSS, Nikolái Fedorenko, acusó a Estados Unidos de transgredir el derecho internacional y demandó la retirada inmediata de sus fuerzas de República Dominicana.55
Igualmente, la articulación de los instrumentos del sistema interamericano para los fines es- tadounidenses marcó un punto de inflexión continental.56 A su vez, desencadenó divergencias significativas entre la OEA y la ONU, especialmente respecto a las facultades de los organismos internacionales bajo el artículo 52 de la Carta. Aunque se reconoció la tesis estadounidense sobre la primacía de la OEA en asuntos regionales, la ONU quiso limitar su margen de maniobra, estableciendo una misión especial para informar al Consejo de Seguridad sobre la situación en República Dominicana.57
Primeras reacciones y contradicciones de la política exterior de Chile
La intervención estadounidense en República Dominicana fue un tema de inmediata aten- ción y preocupación para las naciones latinoamericanas. La DELCHILE-OEA fue informada sobre esta operación a través de un discurso televisado del presidente Johnson el 28 de abril.58 En respuesta a estos eventos, el embajador chileno en la OEA, Alejandro Magnet, y el segundo
50 Foreign Broadcast Information Service, Foreign Radio and Press Reaction to U.S. Involvement in the Dominican Revolt, 4-5-1965, citado en McPherson, A. (2003). Yankee No!: Anti-Americanism in U.S.-Latin American Relations. Harvard University Press, 138.
51 Míguez, M. (2012). Illia y Santo Domingo: de las columnas de Primera Plana al golpe de Estado. Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad (20:40), 4.
52 Declaración de la Juventud de la 400 sobre Sucesos en Santo Domingo. El País (Uruguay), 2-5-1965, 2.
53 Central Intelligence Agency (CIA),The President’s Daily Brief, 30-4-1965.
54 Estados Unidos ya había realizado operaciones encubiertas en América Latina. Para el caso de Guatemala: Cullather, N. (1999). Secret History:The CIA’s Classified Account of Its Operations in Guatemala (1952-1954). Standford University Press. Para el caso de Chile: Gustafson, K. (2007). Hostile Intent: U.S. Covert Operations in Chile, 1964-1974. Potomac Books; Hurtado, S. (2016). Chile y Estados Unidos, 1964-1973. Una nueva mirada. Nuevo Mundo Mundos Nuevos (16).
55 United Nations Security Council (UNSC), Letter from the Permanent Representative of the USSR to the President of the UNSC, Nueva York, 1-5-1965; U.S. DOS (1965). DOS of Bulletin, 869-875.
56 Harvey, H. (2020). Revisitando el punto de inflexión…, op. cit., 28.
57 UNSC, Resolution 203 (1965) [The situation in the DR], 14 May 1965, S/RES/203 (1965).
58 Miller Center, Presidential Speeches, Lyndon B. Johnson, Statement on Sending Troops to the Dominican Republic, 28- 4-1965.
secretario, Mario Artaza, tomaron contacto telefónico con el canciller chileno, Gabriel Valdés, proponiendo la convocatoria del Órgano de Consulta en virtud del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Esta propuesta fue rápidamente respaldada desde Santiago.59
Durante esa noche, estos representantes diplomáticos elaboraron la declaración oficial de Chile respecto a la crisis en República Dominicana, fundamentando su postura en el marco del TIAR y delineando los puntos clave de la posición chilena ante la situación:
Primero: el Gobierno y el pueblo de Chile deploran profundos sangrientos tras- tornos República Dominicana. Experiencia histórica de nuestro continente nos muestra que consecuencias finales son casi invariable los trastornos políticos que significan ruptura del orden de derecho y sistema democrático de gobierno.
Segundo: solo vigencia de este y no solo medidas puramente militares pueden asegurar tranquilidad y seguridad públicas. Gobierno chileno formula deseo que autoridades legalmente elegidas asuman la dirección del país.
Tercero: para salvaguardar la vida de extranjeros era necesaria alguna forma de intervención, el Gobierno de Chile decididamente habría preferido fruto de una decisión colectiva y no de una acción unilateral. Estas son siempre controvertidas y no pueden mantenerse sin graves riesgos, más aún cuando una organización inter- nacional hace posible una acción colectiva.
Por tanto, conforme a artículo sexto del TIAR, pido que el Consejo se constituya en Órgano de Consulta y se designe inmediatamente una comisión investigadora que se traslade a República Dominicana para que prepare su informe a la brevedad posible.60
El borrador inicial de la declaración chilena expresaba una condena contundente hacia la intervención estadounidense, subrayando que tal acción comprometía la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de un país americano. Además, rechazaba la justifica- ción basada en la protección de ciudadanos estadounidenses y demandaba medidas en apoyo del Estado afectado. No obstante, tras una revisión por parte de la Cancillería chilena, se ajus- taron los términos de la declaración. La nueva versión adoptó un tono más moderado, enfati- zando la necesidad de actuar dentro de los marcos establecidos por el sistema interamericano y promoviendo una respuesta colectiva y adecuada sin especificar los mecanismos exactos.61 Esto se debió en parte a la consideración de que la activación del TIAR podría resultar en sanciones contra Estados Unidos.62
Consecuentemente, la posición oficial inicial del Gobierno chileno respecto a la crisis do- minicana quedó formulada en los siguientes términos:
59 Entrevista a embajador Mario Artaza, segundo secretario de la Delegación de Chile en la OEA, Santiago de Chile, 4-7- 2012. El TIAR fue firmado por las naciones americanas en 1947, en la Conferencia de Río de Janeiro. Este acuerdo enfatiza en la seguridad del continente, estableciendo la defensa militar ante cualquier ataque extra o intracontinental que afecte a la soberanía de los firmantes.
60 AGHMINREL, Fondo Organismos Internacionales (FOIs), DELCHILE OEA a MINREL n.º 101,Washington D. C., 29- 4-1965.
61 AGHMINREL, FOIs, DELCHILE OEA a MINREL n.º 102,Washington D. C., 29-4-1965.
62 Entrevista a Mario Artaza, 4-7-2012.
Primero: El Gobierno y el pueblo de Chile deploran profundamente los sangrien- tos trastornos ocurridos en la República Dominicana.
Segundo: Solo la plena vigencia de los valores democráticos, y no las medidas de orden militar, pueden asegurar la tranquilidad y la seguridad pública. El Gobierno de Chile expresa su deseo de que autoridades legalmente elegidas por el pueblo dominicano asuman cuanto antes la dirección del país.
Tercero: Este es un caso en donde se pone a prueba la eficacia de la organización y la validez de los principios tan reiterados de no intervención, respeto a los derechos humanos y democracia representativa.
Cuarto: El Gobierno de Chile reclama una acción inmediata y colectiva de la or- ganización, en lugar de la intervención unilateral.
Quinto: Por lo tanto, se solicita el urgente envío a la República Dominicana de una comisión encargada de obtener el restablecimiento de la normalidad y la protec- ción de la vida y los derechos humanos.63
La respuesta de Chile ante la intervención estadounidense en República Dominicana re- veló una cuidadosa adaptación a las circunstancias diplomáticas y políticas. Aunque hubo una distinción evidente en el tono entre las comunicaciones de la DELCHILE-OEA y la declaración oficial de Santiago, este cambio reflejó primordialmente la necesidad de mantener relaciones estables con Estados Unidos.
El hecho de que Chile optara por no activar el TIAR señaló su interés en preservar las rela- ciones bilaterales con Washington. La comunicación emitida desde Santiago se mostró menos confrontacional, evitando críticas directas a los intereses norteamericanos, dejando de lado referencias a intervenciones previas en la región, suprimiendo la inconsistencia de salvaguardar la vida de connacionales y modificando las funciones de comisión. Estas acciones indican una voluntad de evitar tensiones diplomáticas y de mantener canales abiertos de diálogo con la Administración estadounidense. Adicionalmente, consecuente con los objetivos del Gobierno, se visualiza que Chile aprovechó la situación para reforzar los cuestionamientos al papel de la OEA y exigirle independencia en el respeto a los principios de no intervención, los derechos humanos y la democracia representativa.
La modificación de la declaración por parte de la Cancillería chilena también permite evi- denciar las tensiones internas en el Gobierno respecto a equilibrar los principios históricos de su política exterior con la necesidad de no condenar a Estados Unidos. Estas se manifestaron claramente durante una reunión, en lo que hoy se denominaría “comité de crisis”, entre el presidente Frei, el canciller Valdés y el embajador chileno en Washington, Radomiro Tomic, quien estaba de visita en Santiago en ese momento,64 más la presencia e influencia del emba- jador estadounidense en Santiago, Ralph Dungan, una situación que se extendió durante toda la crisis, añadiendo una capa adicional de presión que complicó aún más la posición de Chile en este delicado equilibrio diplomático.65
63 MINREL (1965). Op. cit., 134.
64 Como “Chanchitos”Valdés y Tomic. El Clarín, 30-4-1965, 2.
65 FRUS, Telegram from the Embassy in Ecuador to the DOS, Quito, 7-5-1965, 2040Z.; Gross, L. (1967), The Last Best Hope: Eduardo Frei and Chilean Democracy. Random House, 198.
En última instancia, estas desavenencias y la contraposición de visiones sobre la crisis termi- narían irradiando de manera negativa la posición de Chile en el organismo interamericano y, paradójicamente, también complicaron las relaciones con Estados Unidos.
Primera reunión de emergencia del consejo de la OEA: Estados Unidos justifica la intervención
Al día siguiente del desembarco, Estados Unidos realizó una convocatoria para una reunión urgente del Consejo de la OEA, instancia en la cual la DELCHILE-OEA expresó de forma activa la posición del Gobierno mediante la lectura de la declaración oficial recibida desde Santiago, lo que desde una mirada autosuficiente destacó a Chile “como el principal defensor de los principios de la libre determinación de los pueblos y de la no intervención”.66
Sin embargo, el enfoque de Estados Unidos en justificar su intervención sin una consulta previa se hizo evidente a través de la presentación del representante norteamericano, el emba- jador Ellsworth Bunker, quien informó de manera ambigua sobre el desembarco y las reales intenciones de la operación, enfatizando la posible captura comunista del movimiento cons- titucionalista.
La DELCHILE-OEA informó a la Cancillería sobre el apoyo recibido de naciones como Méxi- co, Colombia y Venezuela, destacando una preocupación compartida sobre la acción unilateral estadounidense y el interés en convocar una Reunión de Consulta conforme al artículo 39. Ante ello, el embajador chileno aprovechó para solicitar nuevamente medidas contrapuestas a los intereses norteamericanos, en términos de convocar una Reunión de Consulta según los artículos 39 y 42 de la Carta de la OEA, con el temario de “Grave situación por la lucha armada en República Dominicana y desembarco de tropas de Estados Unidos en dicho país”.
De igual manera, comunicó sobre la formación de una comisión destinada a misiones pa- cificadoras en República Dominicana y solicitó permiso para participar en ella. Sin embargo, enfrentó una situación delicada cuando Bunker le mostró un cable de su homólogo en Chile, el embajador Dungan, donde informaba que la posición chilena era favorable a la intervención norteamericana, lo que parecía contradecir la posición chilena en la OEA. Esta discrepancia llevó a Magnet a solicitar instrucciones urgentes desde Santiago.67
El canciller chileno, posteriormente, respondió al embajador Magnet, aunque sin abordar sus inquietudes por las supuestas comunicaciones de Dungan, dejando un ambiente de incer- tidumbre y mostrando la desconexión entre los actores clave de la política exterior chilena. A pesar de esto,Valdés autorizó la Reunión de Consulta solicitada por la DELCHILE-OEA, con modificaciones en el temario, eliminando la mención sobre el desembarco de tropas de Esta- dos Unidos, como sigue:
Autorizada reunión inmediata conforme artículos 39 primera parte y 42. Temario sería:“Grave situación por la lucha armada en República Dominicana”.
66 MINREL (1965). Op. cit., 134-135.
67 AGHMINREL, FOIs, DELCHILE OEA a MINREL n.º 102,Washington D. C., 29-4-1965.
Igualmente autorizado para insistir fuerzas desembarque queden bajo jurisdic- ción del Consejo de la OEA y pueda US formar parte de Comisión que se designe para viajar República Dominicana o con otros fines.68
Estas discrepancias permiten identificar ciertos aspectos que delinean el intrincado escena- rio que enfrentaba el Gobierno de Chile. En primer lugar, emergen enfoques divergentes para enfrentar la intervención unilateral de Estados Unidos. Mientras que la DELCHILE-OEA persistía en su rechazo frontal a la acción estadounidense, desde la Cancillería se optaba por una postura más matizada.
En segundo lugar, resulta notable la omisión en la documentación proveniente de Santiago respecto a las preocupaciones expresadas por el embajador Magnet. A pesar de su solicitud de orientaciones inmediatas, consideradas vitales desde su perspectiva, estas inquietudes no se reflejaron en la comunicación oficial. Esta discrepancia plantea interrogantes sobre la falta de claridad entre los mensajes transmitidos al embajador Dungan en Chile y las posturas mani- festadas ante la OEA.
Luego de una larga jornada de trabajo, se acordó realizar una segunda reunión a las 22.00 horas de ese mismo 29 de abril. Antes de su inicio, el representante de Chile observó diversas acciones de su par estadounidense para justificar la intervención, intensificar un ambiente de inestabilidad y agravar las condiciones de seguridad en República Dominicana. Ante esta situación, el representante chileno solicitó instrucciones inmediatas. Así también, durante ese receso, Magnet trabajó activamente para concitar apoyos en favor de convocar una Reunión de Consulta, lo que dio frutos cuando Costa Rica ofreció presentar el proyecto de resolución propuesto por la DELCHILE-OEA.69
Segunda reunión de emergencia del Consejo de la OEA: un éxito diplomático para Chile y una oportunidad perdida
Iniciada la segunda reunión, se presentó el proyecto de resolución propuesto por Chile y patrocinado por Costa Rica, logrando su aprobación con dieciocho votos a favor. Uruguay votó en contra, mientras que República Dominicana se abstuvo. De este modo, se lograba un triunfo diplomático al ser reconocido como el Estado impulsor de la Décima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA.70
Por otra parte, el embajador Bunker informó que las tropas estadounidenses permanecerían en República Dominicana, aduciendo que aún persistía la necesidad de proteger a sus ciudada- nos presentes en el país. A pesar de asegurar que EE. UU. no interferiría en los asuntos internos dominicanos, simultáneamente anunció un aumento en las tropas de desembarco.
Bunker, además, consiguió la aprobación de un nuevo llamado de cese del fuego y la ins- tauración de una Zona Neutral Internacional en Santo Domingo. Sin embargo, Chile, junto con Uruguay,Venezuela y México, respaldó únicamente la propuesta del cese del fuego. Estos países argumentaron que las otras iniciativas otorgaban al Consejo atribuciones políticas no estipuladas en la Carta de la OEA. Además, el representante de Chile evidenciaba cómo la polí-
68 AGHMINREL, FOIs, MINREL a DELCHILE OEA n.º 113, Santiago, 29-4-1965.
69 AGHMINREL, FOIs, DELCHILE OEA a MINREL n.º 103,Washington D. C., 29-4-1965.
70 Organización de Estados Americanos (1970). Acta final X Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 1.
tica exterior de Estados Unidos aumentaba sus presiones por una intervención coordinada de la OEA para atenuar las repercusiones a nivel tanto local como regional.
Con todo, Magnet también puso de manifiesto que las resoluciones de la Cancillería esta- ban fundamentadas en datos parciales o sesgados sobre la situación en República Dominicana, posiblemente influenciados por informaciones provenientes de Dungan. Ante ello, enfatizó la importancia de obtener información más precisa, sugiriendo la necesidad de consultar direc- tamente al encargado de negocios en Santo Domingo, Carlos Souper, para tener una com- prensión situacional más completa, especialmente en relación con la estabilidad del Gobierno dominicano.
En este contexto complejo, el representante chileno nuevamente instó al canciller a auto- rizarlo para adoptar una postura más enérgica, enfatizando la coherencia que debía observar Chile con respecto al derecho internacional y reiterando el liderazgo regional que pretendía el presidente Frei:
[...] sin perjuicio prudencia y espíritu constructivo me permito sugerir a US me permita recalcar en posición chilena firmeza en principio no intervención y ne- cesidad de que cese a brevedad posible acción unilateral norteamericana. Según informes, Marines estarían favoreciendo Junta Militar en desacuerdo con decla- raciones de que Estados Unidos no interviene en asuntos internos dominicanos. Creo que es necesario mantener liderato democrático y de respeto a derecho que se espera de Chile.71
En este punto se hacía patente la incapacidad de Chile para consolidar el logro que sig- nificó el respaldo a su convocatoria a Reunión de Consulta, resaltando las contradicciones de su política exterior en un momento crucial para la política hemisférica. En este sentido, continúan confirmándose las divergencias entre la postura contundente y sancionatoria de la DELCHILE-OEA hacia Estados Unidos y sus tentativas por concienciar a Santiago, al comprobar la articulación del organismo interamericano en beneficio de evadir las responsabilidades es- tadounidenses, en contraste con el enfoque más conciliador de la Cancillería, reflejando una estrategia cautelosa e influida por la falta de información de calidad y la presencia del emba- jador norteamericano en Chile.
A su vez, es necesario señalar que, durante esta sesión, el embajador Bunker se acercó nue- vamente a dialogar con el representante chileno, quien percibió una actitud positiva hacia la pronta acción de Chile, la cual facilitaría una intervención ágil por parte de la OEA; mostrándo- se de acuerdo con que una comisión supervisara las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, ante dificultades técnicas planteadas por Bunker para subordinar tropas de su país, Magnet propuso la creación de un contingente interamericano con funciones policiales. El embajador chileno también destacó haber sostenido un contacto con el Departamento de Estado, en el cual se manifestó el interés de contar con Carabineros de Chile en la Fuerza Interamericana, siempre bajo el control y dirección de la OEA.72
Concluida la sesión, el representante chileno solicitó una serie de instrucciones, en atención a las breves horas que restaban para el inicio de la reunión preliminar que daría inicio a la Décima Reunión de Consulta de la OEA. La primera tenía relación con la autorización para
71 AGHMINREL, FOIs, DELCHILE OEA a MINREL n.º 104,Washington D. C., 30-4-1965.
72 Ibid.
formar parte de la Comisión que se dirigiría a República Dominicana, ya que en “varias listas figura Chile como miembro”, lo que se sumaba a las exigencias de exiliados dominicanos en el mismo sentido. A su vez, solicitaba pronunciamiento respecto al voto que debería emitir al momento de nombrar al presidente de la conferencia, informando que el representante de Ni- caragua, el embajador Sevilla Sacasa, figuraba dentro de los favoritos. Por otra parte, previendo un pronunciamiento de la Reunión, solicitó estudiar la posición chilena sobre la personería del embajador dominicano, quien ya no representaba al Triunvirato, sino a la Junta Militar recién constituida.73
Actividades preparatorias de la Décima Reunión de Consulta
De esa forma, el canciller proporcionó al embajador de Chile las credenciales oficiales que lo acreditaban como su representante, reafirmando su designación para integrar la comisión que posiblemente sería nombrada. Adicionalmente, se instruyó trabajar en pro del estableci- miento de una Zona Neutral en Santo Domingo, la cual estaría bajo la supervisión y control de la OEA. En relación con la situación del encargado de negocios de Chile en República Dominicana, la Cancillería reconoció no contar con informes directos desde el 28 de abril.
Ahora bien, respecto a la posible participación de Carabineros de Chile en una misión in- teramericana, la respuesta fue negativa, debido a consideraciones geográficas y otros factores, principalmente de política interna.
No obstante, el núcleo central del mensaje de la Cancillería delineaba tres conceptos funda- mentales que la DELCHILE-OEA debería enfatizar durante la Reunión e incluir en el proyecto de resolución. En caso de no ser aceptados, era imperativo que Magnet los presentara de manera explícita y contundente durante su intervención:
Reiterar principio no intervención como fundamento esencial convivencia in- teramericana.
Que, como consecuencia, no son aceptables acciones unilaterales, y que las fuerzas de desembarco que han actuado debieran quedar de inmediato bajo juris- dicción colectiva de OEA.
Que cualquiera clase de fuerzas que actúen durante emergencia deben hacerlo claramente bajo mandato colectivo de OEA y dar seguridad no están interviniendo ni intervendrán en lucha interna [que] se desarrolla en Rep. Dominicana. Su papel debe limitarse [a la] acción policial [de] resguardo, cooperación humanitaria y ele- mento seguridad Comisión OEA.74
Respecto a estas actividades previas, cabe reflexionar sobre unas sutiles inconsistencias, en esta ocasión también por parte de la DELCHILE-OEA. Posiblemente producto del agotamiento y del juego diplomático estadounidense, el embajador Magnet, a pesar de sus previas críticas hacia Es- tados Unidos y sugerencias de un actuar más severo al canciller, terminó proponiendo convertir las tropas estadounidenses en un contingente interamericano con funciones policiales. Por su parte, la Cancillería le orientó favorecer una Zona Neutral, fortaleciendo los intereses de Estados
73 AGHMINREL, FOIs, DELCHILE OEA a MINREL n.º 105,Washington D. C., 30-4-1965.
74 AGHMINREL, FOIs, MINREL a DELCHILE OEA n.º 115, Santiago, 30-4-1965.
Unidos y limitando la soberanía dominicana en esa área, junto con aceptar una intervención bajo la justificación de acción humanitaria. Finalmente, tanto Magnet como Valdés pasaron por alto la significativa “dificultad técnica” que implicaba la subordinación de fuerzas estadounidenses a una comisión de la OEA, un escenario que hasta ese momento nunca se había dado.
Primera sesión de la Décima Reunión de Consulta: Chile endurece su posición y comienza su aislamiento
Aunque no se puede determinar con certeza el grado en que las recomendaciones reiteradas de la DELCHILE-OEA hicieron eco en Santiago, es indiscutible que el 30 de abril de 1965 marcó un cambio significativo en la Cancillería chilena. En esta fecha, por primera vez, el Gobierno de Chile expresó abiertamente su desaprobación hacia las acciones de Estados Unidos, en lo que se conocería posteriormente como “la declaración oficial”. Esta comunicación, enviada por la Cancillería, fue presentada como “nuevas instrucciones”,75 disponiendo su lectura al comienzo de la sesión plenaria inaugural de la Reunión de Consulta:
El Gobierno de Chile está profundamente alarmado por el desarrollo de los acon- tecimientos de la República Dominicana.
Con firmeza solicitamos de la OEA el rechazo de la intervención unilateral, la adop- ción de las medidas conducentes al cese de la lucha y al respeto por la libre deter- minación del pueblo dominicano.
La lentitud del procedimiento que, a pesar de nuestros esfuerzos, ha demostrado la Organización de los Estados Americanos permite que se mantenga una situación que los pueblos de América no pueden aceptar.
El Gobierno de Chile considera la presencia de fuerzas militares norteamericanas en la República Dominicana, aun si se trata de proteger a sus connacionales, como contraria a la Carta de la OEA y a claros principios del derecho internacional, y pide su retiro, habilitando así al Consejo de la OEA para adoptar las medidas colectivas que sean procedentes según la Carta.76
En consecuencia, al inicio de la sesión pública inaugural, Chile delineó claramente su pos- tura, destacando la delicada situación de la Reunión y la imperante necesidad de respetar el principio de no intervención y la Carta de la OEA. La declaración oficial del Gobierno de Chile fue presentada íntegramente por el representante Magnet al concluir su intervención.77 Además,Venezuela, Colombia, Costa Rica, México y Perú enfatizaron con vehemencia la necesidad de respetar el principio de no intervención. Venezuela fue especialmente contun- dente al declarar que la presencia militar estadounidense en territorio dominicano constituía una “intervención unilateral y violatoria de los artículos 15, 16 y 17 de la Carta de la OEA”.
Frente a estas observaciones, el embajador de Estados Unidos reiteró que su país no estaba interviniendo y que su acción tenía objetivos puramente humanitarios.
75 AGHMINREL, FOIs, MINREL a DELCHILE OEA n.º 117, Santiago, 30-4-1965.
76 MINREL (1965). Op. cit., 135.
77 Pan American Union (1965). Acta de la primera sesión plenaria. Décima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
Al concluir la primera sesión, Magnet se comunicó telefónicamente con Valdés para buscar precisión en sus instrucciones y sobre los proyectos de resolución que propondría Chile, con el respaldo comprometido de los países mencionados. Esto porque el embajador chileno, en reuniones informales con varios delegados, había logrado percibir falta de convicción en las posiciones, como antesala de futuros eventos. Por tanto, al no contar con los apoyos necesarios en cuestiones fundamentales, se vio obligado a proceder de manera aislada en la comisión ge- neral. La DELCHILE-OEA presentó dos proyectos; el primero proponía principalmente poner fin a la acción estadounidense una vez terminada su misión humanitaria, y el segundo designaba una comisión investigadora. En consecuencia, Chile, en una de sus mociones, suscribía la justi- ficación norteamericana para intervenir, sin exigir el retiro de fuerzas, retrocediendo respecto a la declaración oficial recién expuesta al plenario.
Aún más, Chile volvió a verse aislado ante la presentación de otro proyecto de resolución por parte de México y Perú, con los apoyos de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Guatemala, más la aprobación sin patrocinio de Venezuela; en él se conformaba una comisión investigadora, aunque sin alusiones al principio de no intervención ni cese de la acción uni- lateral norteamericana, por lo que Chile se abstuvo, permitiendo su aprobación por unanimi- dad.78 En la misma línea, a proposición de Perú, se designaron los integrantes de la comisión investigadora y pacificadora, entre los cuales no fue considerado Chile, quedando compuesta por Argentina, Brasil, Guatemala, Colombia y Panamá.79
El desenlace de esta primera sesión demanda una breve reflexión. En primer lugar, evi- dencia que la Cancillería chilena carecía de información consistente para apoyar su toma de decisiones, lo que resultó en acciones cambiantes y descoordinadas. Esta falta de claridad se manifestó no solo en la interacción con otros países, sino también en las propias declaraciones de Chile, oscilando entre posturas divergentes y, en ocasiones, alineándose con los argumen- tos estadounidenses previamente descartados. En segundo término, los constantes giros, las decisiones contradictorias y la falta de coherencia en su posición diplomática fueron erosio- nando el prestigio internacional de Chile, generando su aislamiento y la disminución de su influencia y peso en el Consejo. Finalmente, quizá más preocupante, estos vaivenes generaron desconfianzas entre los actores clave, impulsando a Magnet a tomar medidas extraordinarias, como documentar todas las instrucciones telefónicas y remitirlas a Santiago, en un intento de establecer un registro claro y verificable de las comunicaciones.
Segunda sesión de la Décima Reunión de Consulta: Magnet actúa de manera autónoma
Ante la percepción de falta de dirección clara desde la Cancillería, o bien debido al aumento en la frecuencia y duración de las sesiones, los hechos demuestran que desde el 1 de mayo el embajador Magnet comenzó a interactuar proactivamente y sin la autorización previa de las instancias superiores, incidiendo en las decisiones de política exterior de Chile.
En la segunda sesión plenaria, la votación previamente establecida fue confirmada. Sin em- bargo, los representantes de Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y Venezuela compar-
78 AGHMINREL, FOIs, DELCHILE OEA a MINREL n.º 106,Washington D. C., 1-5-1965.
79 Organización de Estados Americanos (1970). Acta final X Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 11.
tieron con Magnet, de manera confidencial, su intención de reconsiderar la posición de “no intervención” en futuras sesiones, una acción que parecía más un gesto hacia Magnet en particular que un respaldo a Chile. Con todo, para el representante chileno, Estados Unidos había logrado una victoria diplomática al mantener el control de sus fuerzas, que aumentaban mientras disminuía el número de personas por evacuar. A pesar de ello, el embajador chileno, actuando por iniciativa propia, justificó su abstención, haciendo hincapié en su papel en la convocatoria de la reunión de consulta:
Para Chile se presentó problema debo plantear con entera franqueza y sin animo- sidad para nadie. Había, por un lado, necesidad constituir Comisión viajara R.D. y contribuyera, como deseamos sinceramente, a restablecer paz y seguridad, así como condiciones instauración régimen democrático y respeto derechos huma- nos. Pero, por otro lado, existía y existe para nosotros una cuestión de principios extremadamente grave, constitución Comisión como la propuesta significa acción colectiva OEA en R.D., mientras subsiste acción unilateral, esta acción no necesita ser investigada por ninguna comisión: es un hecho público.Y a juicio del Gobierno Chileno ella contraria los principios Carta Constitucional Interamericana. Según nuestra opinión, establecimiento y entrada en acción esta Comisión, mientras si- multáneamente se lleva a cabo acción unilateral, significa aceptación y legalización de estado de cosas no podemos aceptar, pues no se dan a esta Reunión Cancilleres seguridades que, junto con entrada acción Comisión, ha de cesar acción unilateral actualmente en desarrollo. Por tanto, para salvar esta cuestión principio que afecta gravemente prestigio y eficacia misma Organización, y para no obstruir nombra- miento Comisión, representación Chilena se ha abstenido votarla.80
Tras la intervención de Magnet, Santiago pareció haber recibido comentarios favorables, gatillando una reacción exageradamente triunfalista por parte de Valdés, desalineada con el sinsabor del embajador. Sorprendentemente, el canciller cambió su postura restrictiva anterior, elogiando efusivamente al delegado chileno por su defensa de los principios fundamentales de Chile. Aunque reconoció el apartamiento diplomático del país, insistió en que la actuación aislada de Chile reforzaría su prestigio y revitalizaría la Organización, disponiendo difundir profusamente su discurso a todas las agencias de noticias. Sin embargo, demostrando descono- cimiento sobre las dinámicas del consejo de la OEA,Valdés sugirió que se hiciese referencia a la posición de EE.UU. en la ONU, citando episodios históricos descontextualizados como Hungría en 1956 y la intervención en Suez.81
Luego de los constantes desencuentros entre la Cancillería y la DELCHILE-OEA, pareciera que el canciller, con la aprobación de la abstención y el respaldo ferviente al discurso no consen- suado de Magnet, terminó alineándose con sus propuestas. No obstante, una interpretación alternativa podría sugerir que el interés del canciller en promover la declaración de Magnet no era simplemente una concesión, sino más bien una estrategia para amortiguar críticas a nivel tanto nacional como internacional. Esto, en un intento de mitigar las objeciones de diversos partidos políticos en el Congreso chileno respecto a la supuesta debilidad de la política exte- rior de Frei.
80 AGHMINREL, FOIs, DELCHILE OEA a MINREL n.º 106,Washington D. C., 1-5-1965.
81 AGHMINREL, FOIs, MINREL a DELCHILE OEA s. n., Santiago, 1-5-1965.
Segunda fase de la intervención:
Estados Unidos reconoce su real objetivo y aumenta su contingente
Reanudadas las sesiones del Consejo, el 3 de mayo, el representante chileno informó haber- se reunido con su homólogo estadounidense, quien le adelantó que presentaría un proyecto insistiendo en la solicitud de tropas militares y policiales a los gobiernos latinoamericanos para apoyar a la comisión de la OEA, lo que Argentina y Brasil se manifestaban dispuestos a ejecu- tar. Asimismo, llamaba la atención que la resolución que creaba dicha comitiva había obviado su labor de investigar, manteniendo únicamente la misión pacificadora. Además, después de veinticuatro horas en el área de conflicto, la delegación no había remitido informe alguno a la Reunión de Consulta, mientras surgían noticias de violaciones al cese del fuego, escasez de alimentos, creciente inseguridad y el respaldo evidente de las tropas norteamericanas a la facción de Wessin. Con todo, para el embajador Magnet no quedaban dudas de que Estados Unidos pretendía obtener la creación de una fuerza multinacional.
Finalmente, el jefe de la DELCHILE-OEA transmitió a Santiago su opinión sobre las declara- ciones del presidente Johnson del 2 de mayo, indicando que el foco en ese momento no estaba primordialmente en la evacuación de ciudadanos estadounidenses. Además, señaló que las fuerzas militares estadounidenses habían aumentado a 14.000 hombres y que Estados Unidos estaba contemplando expandir su presencia militar a áreas fuera de la capital.82
Ante lo informado por la DELCHILE-OEA, el Gobierno se mantuvo en los términos de la de- claración oficial del 30 de abril, en términos de mantener invariable el principio de no inter- vención, retirar fuerzas extranjeras y restablecer la libre determinación del pueblo dominicano. Además, se reforzaron las críticas a la OEA, señalando que toda la estructura del sistema inte- ramericano estaba quebrada, que se requería comprobar sus reglas y verificar la voluntad de respetarlas. Sin embargo, nuevamente la Cancillería remitió instrucciones contradictorias. Por un lado, perdía la imparcialidad, dejando entrever una afinidad hacia la causa constitucionalista dominicana, al sostener que la única solución era restablecer a Bosch u otro civil cuyo poder emanara de la Constitución de 1963, mientras por otro señalaba que Chile podría estudiar la opción de enviar tropas a la zona, si un Gobierno civil lo requería para garantizar la realización de elecciones libres.83
Llamado de atención a Magnet:
la incómoda influencia del embajador estadounidense en Santiago
Al día siguiente, la DELCHILE-OEA continuó informando las dinámicas de la Reunión de Consulta, aunque en esta instancia, posiblemente incentivado por las últimas directrices de la Cancillería, Magnet sintió cierta libertad para expresar su creciente inclinación hacia la causa “constitucionalista” dominicana. En ese contexto, señaló que Juan Bosch había expresado su respaldo público al coronel Caamaño, a quien el Congreso dominicano había nombrado presidente. Posteriormente, buscó establecer un vínculo entre el líder militar dominicano y el Gobierno chileno de Frei, argumentando que las dos facciones del PDC (PRSC)84 se habían
82 AGHMINREL, FOIs, DELCHILE OEA a MINREL n.º 108,Washington D. C., 3-5-1965.
83 AGHMINREL, FOIs, MINREL CHILE a DELCHILE OEA s. n., Santiago, 3-5-1965.
84 Partido Revolucionario Social Cristiano, agrupación de ideología cercana al PDC de Chile.
fusionado al movimiento “Constitucionalista”, lo que desmentía las afirmaciones del presi- dente Johnson sobre su primacía comunista, sugiriendo reconocer la legitimidad del nuevo Gobierno dominicano.85
Tras esta información, emergieron nuevamente tensiones entre la DELCHILE-OEA y la Can- cillería.Valdés, a modo de llamado de atención, reiteró por escrito las instrucciones impartidas previamente vía telefónica, en el sentido de concentrarse en la posición fundamental de Chile de no intervención y la petición del retiro de fuerzas extranjeras, al tiempo que subrayaba la importancia de buscar una solución política que afianzara un Gobierno legítimo en Repú- blica Dominicana. Aún más, le exigió aclaraciones respecto a un cable que le atribuía haber declarado que “Estados Unidos había violado la Carta y merecía ser castigado”, solicitándole identificar la fuente de esa información. Luego, le indicó que tal afirmación no representaba la posición oficial de Chile y que se mantuviera en terreno objetivo y estrictamente jurídico.86 La respuesta del embajador Magnet no se hizo esperar, enfatizando que, conforme a las direc- trices del canciller, había sido “enérgico y prudente al calificar la acción unilateral norteamerica- na” y desacreditó la veracidad del cable en cuestión, solicitando el nombre de la agencia que lo había emitido.87 Al respecto, el canciller Valdés admitió que la información le había sido suminis- trada por el embajador de Estados Unidos en Santiago, proveniente del Departamento de Estado, asegurando haber transmitido su desmentido, e instó a comunicarlo de inmediato a Washington.88
La oposición de Chile a la Fuerza Interamericana de la Paz
En la segunda sesión plenaria de la Reunión de Consulta, se presentó un informe enviado desde Santo Domingo por la comisión investigadora, que recomendaba la formación de una Fuerza Interamericana, destacando el progreso de sus esfuerzos de pacificación y conciliación. Este reporte intensificó las dos posturas opuestas sobre el futuro de las tropas estadounidenses, resultando en un punto muerto del cónclave. Chile, México, Uruguay, Perú, Ecuador y Vene- zuela mantuvieron su exigencia conjunta de retirar las tropas estadounidenses, ya fuera alineán- dose con la propuesta chilena o el proyecto mexicano. Por otro lado, Estados Unidos persistió en su intento de obtener apoyo para establecer una fuerza de varios países que complementara sus tropas. En este contexto, el embajador Bunker vio una oportunidad y se acercó al delegado chileno, expresando su disposición a flexibilizar su postura con el objetivo de ganar el respaldo de Chile. Respondiendo a esto, Magnet formuló una solución intermedia, que recomendaba exhortar a los dominicanos a la formación de un Gobierno provisional conforme a la Cons- titución vigente, que posteriormente solicitara la intervención de una Fuerza Interamericana. Al presentar su propuesta al canciller, Magnet enfatizó que se alineaba “estrictamente con sus disposiciones”.89 En respuesta, el canciller Valdés dio su aprobación, estableciendo así la nueva postura oficial del Gobierno chileno.90
85 AGHMINREL, FOIs, DELCHILE OEA a MINREL n.º 112,Washington D. C., 4-5-1965.
86 AGHMINREL, FOIs, MINREL a DELCHILE OEA n.º 122, Santiago, 4-5-1965.
87 AGHMINREL, FOIs, DELCHILE OEA a MINREL n.º 114,Washington D. C., 4-5-1965.
88 AGHMINREL, FOIs, MINREL a DELCHILE OEA n.º 124, Santiago, 5-5-1965.
89 AGHMINREL, FOIs, DELCHILE OEA a MINREL n.º 114,Washington D. C., 4-5-1965.
90 AGHMINREL, FOIs, MINREL a DELCHILE OEA n.º 123, Santiago, 5-5-1965.
Cabe destacar que la aceptación de la solución intermedia de Magnet y el hecho de co- menzar a considerarla como la posición oficial del Gobierno de Chile, respecto a la crisis y la creación de una fuerza combinada, muestran la consolidación de la influencia de Magnet en la toma de decisiones de la Cancillería, haciendo prevalecer su perspectiva hacia la causa “constitucionalista”.
Volviendo a la Reunión de Consulta, durante la tercera sesión plenaria, celebrada el 6 de mayo, se terminó aprobando con un ajustado margen la resolución que propiciaba la creación de la FIP. Este proyecto fue respaldado por las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Co- lombia, Costa Rica y Venezuela, y fue aprobado por catorce votos a favor y cinco en contra. Específicamente, México, Uruguay, Ecuador, Perú y Chile se opusieron, mientras que Vene- zuela optó por la abstención.91
Un aspecto de particular relevancia en esta votación, que pudo haber sido impugnado en su momento, fue el voto favorable del embajador Bonilla Atiles. Inicialmente, este diplomático representó al Triunvirato de Reid Cabral, posteriormente anunció su representación en nom- bre de la Junta del general Benoit y, finalmente, afirmó actuar en representación de la Junta de Imbert.
Es esencial subrayar la trascendencia de la creación de la FIP, ya que esta decisión implicó un compromiso contundente del organismo internacional con los intereses estadounidenses. Esta acción otorgó una legitimidad formal a la intervención de Estados Unidos en República Do- minicana, confirmando el propósito que estuvo presente desde el inicio de la presencia militar en Santo Domingo. Desde la perspectiva de la DELCHILE-OEA, entidad que había convocado a la Décima Reunión de Consulta de la OEA, los resultados obtenidos constituyeron una derrota diplomática, dada la no aprobación de su propuesta para abordar la crisis.
Presiones y amenazas estadounidenses en otros frentes
Hasta el momento, se han delineado las complejas interacciones que tuvo la Delegación de Chile en la OEA durante la crisis, cuyas experiencias han representado la fuente principal y el hilo conductor del relato, derivado del exhaustivo análisis del flujo documental surgido de la intervención estadounidense. En este escenario, el embajador Magnet emergió como una fi- gura central, no solo al denunciar la injerencia y oponerse a la creación de la FIP, sino también al plantear cuestionamientos a la Cancillería respecto a sus acciones.
A su vez, se ha demostrado el rol controversial del embajador estadounidense en Santiago, Ralph Dungan, en el proceso de toma de decisiones de la Cancillería. Su estrategia política, ca- racterizada por la desinformación y la transmisión de rumores a las autoridades chilenas, gene- ró confusiones, tensiones y discrepancias entre las partes, llevando a reprimendas hacia Magnet. Sin embargo, el alcance coercitivo de la diplomacia estadounidense no se limitó a estas acciones, sino que se desplegó en otros frentes. La posición y el rango de los funcionarios in- volucrados indican que el respaldo del Gobierno de Frei no era meramente simbólico en el contexto de la creación de la FIP. Esto arroja luz sobre cómo las posturas cambiantes y, a veces,
91 Pan American Union (1965). Acta de la tercera sesión plenaria. Décima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
contradictorias de Chile convirtieron la intervención en República Dominicana en un punto de fricción, elevándola a una crisis bilateral de proporciones significativas.
En tal sentido, descontando lo ocurrido en la OEA, las presiones más explícitas se vivieron en la Embajada de Chile en Washington, mediante dos visitas que recibió el embajador, Ra- domiro Tomic,92 cuyo relato permite comprender de mejor forma la conducción de la política exterior chilena durante la crisis.
En medio del complejo escenario relatado en líneas anteriores, los apremios diplomáticos estadounidenses comenzaron a desplegarse con el arribo a la embajada del encargado de Chile en el Departamento de Estado, William Dentzer, en la tarde del miércoles 5 de mayo. El en- viado estadounidense tenía la clara misión de lograr el voto favorable de la DELCHILE-OEA para aprobar la FIP. Según el reporte de Tomic, Dentzer le señaló “ayúdennos a que no cometamos un error todavía más grande, esta vez con Chile”, en referencia a la continuidad de los planes de ayuda proporcionados por Estados Unidos, ante lo cual el embajador chileno respondió que no existía “base para creer que podrían producirse torpes represalias porque Chile haya ejercitado no solamente su derecho a emitir una opinión en un asunto vital para la Carta de la OEA, sino su deber de hacerlo”. Según el análisis de Tomic, las palabras de Dentzer reflejaban un genuino sentimiento de preocupación más que una táctica de amenaza velada, por cuanto in- tentaba transmitir su inquietud sobre la posibilidad de que el generoso programa de asistencia enfrentara obstáculos, como consecuencia de la reticencia de sectores influyentes en Estados Unidos a causa del rechazo chileno a respaldar la intervención estadounidense.93
Paralelamente, el Gobierno de Johnson comisionó a Averell Harriman como Ambassador at Large con la misión de dirigirse a Chile y explicar los motivos de la intervención norteameri- cana en el conflicto dominicano. Fue así como aterrizó en Santiago el 6 de mayo, para luego reunirse en el Palacio de Gobierno con el presidente Frei, el canciller Valdés y el embajador Dungan. De acuerdo con el remitido, Harriman presentó la incursión armada norteamerica- na desde una perspectiva centrada en la amenaza de la subversión comunista, considerándola como la principal agresión que el hemisferio debía combatir. Además, destacó las posturas de Brasil y Argentina, quienes enfatizaban la imperativa necesidad de fortalecer de forma perma- nente la capacidad de la OEA para responder rápidamente en misiones de mantenimiento de la paz. Esta propuesta buscaba prevenir que el presidente se viera obligado a tomar medidas unilaterales en futuras crisis, promoviendo así una respuesta colectiva y coordinada en el ám- bito interamericano.
Asimismo, Harriman manifestó a Frei la expectativa de Estados Unidos de recibir su res- paldo una vez que tuvieran todos los antecedentes. Sin embargo, en lo inmediato, el enfoque primordial residía en la petición estadounidense, canalizada a través de la OEA, centrada en la estabilidad política y en el mantenimiento de la paz. Se percibía un consenso unánime sobre la necesidad de establecer las condiciones para que el pueblo dominicano pudiera elegir li- bremente su gobierno, ante lo cual le solicitó la plena colaboración para lograr este objetivo.
Adicionalmente, el enviado especial informó sobre las razones esgrimidas por el presidente Frei para denegar su apoyo político y material. Estas razones se relacionaban con el contexto
92 Radomiro Tomic fue diputado, senador y candidato presidencial en las elecciones de 1970 representando al PDC. Obtuvo la tercera posición luego de Salvador Allende y Jorge Alessandri.
93 AGHMINREL, Fondo Países, EMBACHILE a MINREL ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL n.º 00429, Washing- ton D. C., 11-5-1965.
interno, específicamente con la creciente influencia del Partido Comunista chileno. En este contexto, señaló que, aunque Frei mantenía políticas proestadounidenses y había sido elegido sobre esa base, existía en Chile un temor generalizado tanto a la dictadura como a la interven- ción militar, equiparables a la inquietud por la subversión comunista. Destacó que Frei no podía arriesgar su liderazgo y el del PDC comprometiéndose en una intervención militar en República Dominicana. Por lo tanto, no podía respaldar la resolución de la OEA y el envío de tropas, ya que su propuesta no sería aprobada por el Congreso y podría disminuir su influencia política.
Concluyendo la reunión, Harriman instó a Frei a designar un representante de su confianza para mantenerse informado sobre la situación en Santo Domingo. Frei, expresando falta de confianza en su encargado de negocios, le dispuso al canciller Valdés designar a alguien a la brevedad.94
En consecuencia, al día siguiente, 7 de mayo de 1965, el canciller Valdés dispuso al emba- jador Magnet dirigirse a la isla “en cuanto le sea posible, por mínimo tiempo necesario a fin de obtener en forma amplia y directa informaciones sobre situación interna [de] República Dominicana y poder así contar con mejores elementos de juicio”.95
No obstante, ante los infructuosos esfuerzos de Dentzer y Harriman, en Washington y San- tiago respectivamente, el Departamento de Estado intensificó sus acciones, esta vez mediante el propio jefe de la cartera, Dean Rusk. El mismo 6 de mayo, en los instantes en que se deliberaba en la OEA la conformación de la FIP, la Embajada de Chile recibió la visita del secretario de Estado. En la conversación sostenida,Tomic le expresó la posición del Gobierno chileno, expresan- do el firme desacuerdo con respecto a la intervención unilateral y la adhesión inquebrantable al principio de no intervención, piedra angular del sistema interamericano; enfatizó que las reservas chilenas no derivaban únicamente de la violación de la Carta de la OEA, sino que más bien lo hacían de las graves implicaciones políticas que surgían al ignorarla. También expresó a Rusk, no obstante, el genuino interés en abordar la situación desde una perspectiva cons- tructiva, buscando soluciones políticas en lo que podría considerarse una segunda etapa de la crisis en República Dominicana, lo que incluía abordar el tema de la permanencia de tropas
extranjeras en el país caribeño.
En ese orden de ideas, el embajador chileno expresó que el Gobierno de su país estaba in- teresado en proponer una resolución a la Reunión de Consulta, describiendo la proposición de Magnet en términos de permitir la continuidad constitucional dominicana, para que una autoridad amparada bajo ese marco, sin proponer nombres, solicitara a la OEA la presencia de una fuerza multinacional.
Posteriormente, Tomic le ofreció a Rusk patrocinar dicha resolución en conjunto, asegu- rándole que, en caso de ser aceptada, Chile participaría en la fuerza multilateral y que, en lugar de los quince votos que necesitaba en la OEA, la fórmula propuesta por Chile tendría veinte. Consecuentemente, el embajador chileno solicitó al secretario de Estado comunicarse con Bunker, para que intentara postergar la votación en el organismo. Sin embargo, Rusk le ma- nifestó que ya era demasiado tarde para modificar instrucciones, expresándole que ante este escenario sería muy complejo aprobar en el Congreso estadounidense el programa masivo de asistencia a Chile.
94 FRUS,Telegram from the Embassy in Ecuador to the DOS, Quito, 7-5-1965, 2040Z.
95 AGHMINREL, FOIs, MINREL a DELCHILE OEA n.º 126,Washington D. C., 7-5-1965.
En su análisis final, Tomic mostró un escepticismo palpable respecto a las amenazas prove- nientes de Estados Unidos, dudando de que llegaran a concretarse efectivamente, por cuanto percibió:
La sincera disposición del Gobierno norteamericano de continuar considerando al nuevo Gobierno chileno como una experiencia cuyo éxito es fundamental para los intereses generales de la democracia en el continente y para los Estados Unidos en cuanto a nación.96
Un análisis conciso de la información presentada por el embajador Tomic revela ciertas conclusiones clave. En primer término, que desatendió las advertencias formuladas por las autoridades del Departamento de Estado, basándose en su incredulidad sobre su eventual cum- plimiento y en una sobreestimación de la relevancia que la Administración Johnson asignaba al proyecto político del PDC. Esta perspectiva se evidencia claramente en el lapso temporal entre la visita de Dean Rusk y el momento en que Tomic remitió su informe a la Cancille- ría. Además, resulta evidente que Tomic asumió una postura que excedía sus capacidades de negociación: primero, al asegurar unanimidad en la OEA frente a un potencial proyecto de re- solución en conjunto, mostrando desconexión con las dinámicas de la Reunión de Consulta y el creciente aislamiento que experimentaba Chile, y, segundo, al ofrecer la concurrencia de fuerzas chilenas, estaba comprometiendo algo que no estaba en posición de garantizar, dada la realidad de las tensiones y diferencias políticas internas en Chile.
En cualquier caso, ya sea por malentendidos o por convicción, la política exterior de Chile se mantuvo firme ante las diversas presiones y amenazas estadounidenses, las cuales cuestionaban la continuidad de los planes de ayuda financiera y el respaldo político al Gobierno de Frei. A pesar de terminar actuando de manera aislada, Chile no se dejó influenciar por las tácticas diplomáticas estadounidenses, manteniendo su postura tradicional e histórica en defensa del principio de no intervención. Este país sudamericano comenzó expresando su preocupación por los aconteci- mientos en la crisis dominicana y terminó condenando la intervención de Estados Unidos, lo que se refleja claramente en su voto negativo ante el proyecto de creación de la FIP.
Conclusiones
La intervención de Estados Unidos en República Dominicana en 1965 y su legitimación a través de la creación de la Fuerza Interamericana de la Paz (FIP) por parte de la OEA constituye- ron un episodio crucial en las relaciones internacionales y un reto para el sistema internacional durante la Guerra Fría. Estos eventos representaron un verdadero desafío para los países de la región, ya que no todos lograron sortearlo de manera digna, marcando un quiebre en la cohe- rencia latinoamericana frente a la hegemonía de Estados Unidos y representando un punto de inflexión en el sistema interamericano.
96 AGHMINREL, Fondo Países, EMBACHILE a MINREL ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL n.º 00429, Washing- ton D. C., 11-5-1965.
El minucioso escrutinio de los documentos desclasificados, su análisis hermenéutico y la detallada reconstrucción de los eventos revelan un panorama complejo en el cual Chile logró mantener con firmeza su independencia y autonomía, incluso en medio de la intensa presión ejercida por Estados Unidos. La política exterior chilena, bajo el liderazgo del presidente Eduardo Frei Montalva, cobra especial relevancia al evidenciar su resistencia a las tácticas di- plomáticas estadounidenses, incluso cuando se planteaba la amenaza de discontinuar progra- mas de asistencia económica como la Alianza para el Progreso.
La firme postura de Chile frente a la intervención en República Dominicana puso de ma- nifiesto su rechazo a la imposición unilateral de soluciones en la región, actuando en línea con su compromiso de una “asociación digna” hacia Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos por preservar las relaciones bilaterales y evitar activar el Tratado Interamericano de Asistencia Re- cíproca (TIAR), los continuos aumentos de tropas interventoras y la arbitrariedad en el conflicto interno dominicano llevaron a Chile a condenar la invasión y rechazar la creación de la FIP, desencadenando así una crisis bilateral con Estados Unidos. Aunque esta posición representó una derrota diplomática y aislamiento en la OEA, reflejó la preocupación de Chile por la pre- servación de los valores y principios del sistema interamericano.
Sin embargo, el trayecto para mantener las convicciones democráticas se vio obstaculizado por amargas contrariedades. Las experiencias vividas por la Delegación de Chile en la OEA reflejan la escasa coordinación entre la Cancillería chilena y sus pares latinoamericanos en la misión de con- cretar los apoyos ofrecidos a la posición de Chile, evidenciando, además, una desconexión con las complejas dinámicas del Consejo de la OEA. Esta situación generó tensiones entre la Delegación de Chile en la OEA y la Cancillería chilena, así como constantes confusiones y malentendidos entre el representante Magnet y el canciller Valdés, contribuyendo al quiebre de confianzas entre estos actores fundamentales. Estos desaciertos propiciaron el actuar autónomo del embajador chileno ante la OEA, quien se vio compelido a tomar decisiones de manera independiente debido a la falta de claridad en las instrucciones provenientes de Santiago.
En el mismo orden de ideas, el accionar del embajador Radomiro Tomic permite com- prender el impacto del pensamiento de la cúpula democratacristiana en la política exterior de Chile, especialmente en términos de la sobreestimación de la relevancia que la Administración Johnson asignaba a su proyecto político. Esto llevó a Tomic a desestimar las advertencias esta- dounidenses y asumir una postura que excedía sus capacidades de negociación, ofreciendo a las autoridades estadounidenses compromisos que resultaban imposibles de concretar.
En medio de este enmarañado contexto, el incómodo papel desestabilizador desempeñado por el embajador estadounidense en Chile, Ralph Dungan, constituyó un factor adicional de perturbación. Este actor clave “acompañó” todo el proceso de manejo de la crisis, inter- viniendo constantemente y desinformando tanto al presidente Frei como al canciller Valdés. Sus actuaciones generaron incertidumbre y descoordinación en el seno del Gobierno chileno, redundando en vacilaciones y descoordinaciones que afectaron a la toma de decisiones en momentos cruciales.
En última instancia, este episodio histórico subraya la imperiosa necesidad de apreciar las di- námicas regionales y globales que configuraron las intrincadas decisiones de los estados duran- te la Guerra Fría. La política exterior de Chile en 1965, frente a la intervención en República Dominicana, no solo constituyó un acto de coherencia sino también un capítulo fundamental,
digno de ser rescatado y enaltecido, para enriquecer la narrativa diplomática del país. Este episodio contribuye significativamente a la comprensión más profunda de las complejidades inherentes a las relaciones internacionales de la época. En resumen, la postura de Chile durante la crisis dominicana no solo representó un hito en su búsqueda de autonomía y coherencia en el escenario internacional, sino que se erige como un acto paradigmático en su historia inter- nacional, destinado a iluminar la práctica diplomática y política en general.
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Hugo Harvey-Valdés es Oficial del Ejército de Chile en retiro; Doctor en Estudios Ameri- canos, mención Estudios Internacionales, Universidad de Santiago, Chile; magíster y licencia- do en Ciencias Militares, profesor de Geopolítica Academia de Guerra del Ejército de Chile; licenciado en Educación, Universidad Católica del Norte, Chile. Se desempeña como profesor titular e investigador en la Universidad de Las Américas, Santiago de Chile. Su principal línea de investigación se basa en las relaciones interamericanas durante la Guerra Fría. Sus trabajos más recientes son:“Allies, Partners, or Puppets? Professional Exchanges between the Armies of the United States and Chile, 1961–69”, The U.S.Army War College Quarterly - Parameters (2024); “El pensamiento político internacional del embajador Alejandro Magnet y la crisis dominica- na de 1965: una Nueva Historia Diplomática desde Chile”, Izquierdas (2024);“Alianza para el Progreso como moneda de cambio: la experiencia chilena, 1961-1965”, Tzintzun. Revista de Estudios Históricos (2025).
Álvaro Sierra Rivas es licenciado y profesor de Historia y Geografía por la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC). Actualmente cursa el Magíster en Historia en la UCSC. Su línea de investigación gira en torno a la Nueva Historia Diplomática de Chile, en la cual ha publicado como coautor artículos académicos como "Una vida internacional marca- da por y para la diplomacia. James Holger Blair un coetáneo de los grandes procesos de Chile y el mundo (1928-2014)", Revista de Historia (2021); "El pensamiento político internacional del embajador Alejandro Magnet y la crisis dominicana de 1965: una Nueva Historia Diplomática desde Chile", Izquierdas (2024). También ha participado como coautor en capítulos de libros como "El refugio chileno a Eric Honecker 1991-1994" y "Nueva Historia Diplomática. Hitos chilenos de los siglos XIX y XX".
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Aarón Suárez Pérez Universidad de La Laguna alu0101537931@ull.edu.es https://orcid.org/0000-0002-4479-7344
Resumen
Se propone en este texto un análisis genealógico de la defensa social en España entendida como técnica de gobierno y efecto de una nueva gubernamentalidad liberal, desde el último tercio del siglo xix, momento en que se atisba su configu- ración, hasta 1933, año en que se promulgaría la Ley de Vagos y Maleantes, primera disposición jurídica española configurada en su integridad a partir de los presu- puestos teóricos y discursivos de las nuevas corrientes penales de carácter cientifista y preventivo, que, precisamente, fueron pensadas como técnicas o herramientas destinadas a defender la sociedad. Se enmarcará el desarrollo de estas nuevas prácticas de gobierno —discursivas y no discursivas— en el contexto de emergencia de una cuestión securitaria en el seno de los debates generales y de época vinculados al problema social o a la cuestión social, procurándose una propuesta de historización de este fenómeno a partir de la detección de sus principales matrices categoriales y líneas discursivas.
Palabras clave: defensa social, reforma social, cuestión social, cuestión securitaria, España
1 Este artículo se ha realizado en el marco del Proyecto PID2021-123504NB-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE (Historia y presente del control social, las instituciones punitivas y los cuerpos de seguridad en España (siglos XX-XXI): prácticas, discursos y representaciones culturales).
Fecha de recepción: 27/07/2024 Fecha de aceptación: 19/09/2024
ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.11
Resum
Reforma i defensa a l’Espanya liberal (segles xix-xx).
Una historització de la “qüestió securitària”
Es proposa en aquest text una anàlisi genealògica de la defensa social a Espanya — com a efecte d’una nova governamentalitat liberal i com a tècnica de govern— des de l’últim terç del segle xix, moment en què s’entrelluca la seva configuració, fins a 1933, any en què es promulgaria la Ley de Vagos y Maleantes, primera disposició jurídica espanyola configurada en la seva integritat a partir dels pressupostos teò- rics i discursius dels nous corrents penals de caràcter científic-positiu i preventiu, que, precisament, van ser pensades com a tècniques o eines destinades a defensar la societat. S’emmarcarà el desenvolupament d’aquestes noves pràctiques de govern — discursives i no discursives— en el context d’emergència d’una qüestió securitària en el si dels debats generals i d’època vinculats al problema social o a la qüestió social, procurant-se una proposta d’historització d’aquest fenomen a partir de la detecció de les seves principals matrius categorials i línies discursives.
Paraules clau: defensa social, reforma social, qüestió social, qüestió securitària, Espanya
Abstract
Reform and social defense in liberal Spain (19th-20th centuries).
A historicization of the “security issue”
This text proposes a genealogical analysis of social defense in Spain —as an effect of a new liberal governmentality and as a technique of government— from the last third of the 19th century, when its configuration was first glimpsed, until 1933, the year in which the Ley de Vagos y Maleantes was enacted, the first Spanish legal provision configured entirely on the theoretical and discursive assumptions of the new penal currents of a scientific and preventive nature, which, precisely, were thought of as techniques or tools aimed at defending society. The development of these new government practices—discursive and non-discursive—will be framed in the context of the emergence of a security issue within the general and epochal debates linked to the social problem or the social question, seeking a proposal for the historicisation of this phenomenon based on the detection of its main categorical matrixes and discursive lines.
Keywords: social defence, social reform, social question, security question, Spain
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Introducción
En este artículo se propone el estudio de un conjunto de matrices categoriales que durante el último tercio del siglo xix y el primero del xx operaron como condiciones de posibilidad para el desarrollo de la defensa social en España, entendido este fenómeno como debate público y praxis de gobierno gestados como respuesta/reacción a una novedosa percepción contem- poránea de la delincuencia como fenómeno social y del delincuente como subjetividad singu- lar; un campo de intervenciones edificado en la encrucijada entre la medicina-clínica, la higie- ne pública y el derecho penal, dirigido a mantener la integridad de “lo social” conservando su “normal” funcionamiento “orgánico”. De acuerdo con esta premisa, se analizarán un conjunto de prácticas discursivas y no discursivas —principalmente, los llamados discursos expertos—2 que dieron forma y definieron, haciéndolos visibles y enunciables, a dos series de objetos y sujetos sociales ligados a los pares conceptuales delincuencia-delincuente, inexistentes en tal relación de reciprocidad, ni relevantes en su singularidad, en el programa de gobierno liberal clásico.Tales prácticas se relacionarán con los procesos de construcción estatal de ciertas agencias volcadas en torno a la garantía de la seguridad y el orden, en un contexto marcado por una percepción general de crisis civilizatoria, social o nacional —especialmente a partir del Desastre del 98— que motivaron una voluntad de saber estatal en torno a los ilegalismos y su prevención.
Si los autores del reformismo social han sido objeto de estudio en la historiografía española
desde los inicios de la década de 1970 —como Gumersindo de Azcárate, Segismundo Moret, Cánovas del Castillo, Concepción Arenal, Giner de los Ríos o Canalejas, por ejemplo—, no sucede lo mismo con aquellos que hicieron sustanciosas aportaciones al campo de la defensa social, como el médico Rafael Salillas o el jurista Pedro Dorado Montero, entre otros, o como el criminólogo Constancio Bernaldo de Quirós y el sociólogo Manuel Gil Maestre, pione- ros de muchas de las cuestiones vinculadas a esta tendencia, y con una influencia e impacto notables en las instituciones de gobierno ya avanzado el siglo xx, formando una tercera vía autodenominada “positivismo crítico”.3
Profundizar en esta vertiente del intervencionismo liberal en el contexto histórico en que se fraguó resulta fundamental para comprender fenómenos como la introducción de la no- ción de peligrosidad social en el ordenamiento penal, especialmente el polémico concepto de peligrosidad predelictual, pues a partir de este se articulará la Ley de Vagos y Maleantes aprobada en agosto de 1933, ley que tenía por principal objetivo el tratamiento del denominado sujeto peligroso. Por lo tanto, explicar la aparición de este dispositivo localizando sus condiciones de posibilidad exclusivamente en la coyuntura de la Segunda República sería sesgado y erróneo, restándole así su relevancia histórica al no atenderse ese estado de reflexividad colectiva sobre la seguridad y la gestión de la delincuencia que constituyen sus claros antecedentes.Tal estado conformó el surgimiento de una cuestión securitaria en el marco de la cuestión social, que pervive
2 Dicha distinción entre “prácticas discursivas” y “no discursivas” no es aleatoria, pues “los marcos discursivos manifiestan in- tereses, confieren significados a la acción y construyen identidades. […] la experiencia y la percepción social de la inseguridad, y de lo delictual o delictivo, se articulan genuinamente en el discurso”. Así, lo discursivo actúa como una “estructura” o “an- damiaje” sobre el que se erige la experiencia,“lo que produce, en último lugar, una conciencia determinada sobre la realidad material que enuncia”. Suárez, A. y Márquez, J. (2023). Delincuencia y producción de pánicos morales en la prensa española primisecular (Islas Canarias, 1900-1930). Una historia de la representación de los márgenes. Rúbrica Contemporánea (24), 224. Por lo tanto, existe una disímil naturaleza entre lo discursivo y lo no discursivo justificable y matizable en estos términos.Véase Cabrera, M.A. (2001). Historia, lenguaje y teoría de la sociedad. Cátedra.
3 Dorado, P. (1889). La antropología criminal en Italia. Imprenta de la Revista de Legislación, 20.
hasta el presente, reactualizada en los discursos sobre la orientación que ha de tener la política criminal y penitenciaria estatal esbozados entre los defensores de un punitivismo neoliberal de base vindicativa, individualizante y negadora del ideal de la rehabilitación, y los defensores del welfarismo penal de impronta social y rehabilitadora. Precisamente, es este último el que co- mienza a dibujarse en el contexto abordado en el presente texto.4
Estado de la cuestión
Circunscritos a esta temática destacan los trabajos del historiador Ricardo Campos Marín, especialmente La sombra de la sospecha,5 estudio en el que profundiza, desde la perspectiva de una historia de la medicina y de la psiquiatría, en la recepción y elaboración teórica de la cate- goría de peligrosidad social en España en los siglos xix y xx, trazando un recorrido que analiza desde los trabajos de los primeros alienistas sobre la monomanía criminal, como los del doctor Pedro Mata o José María Esquerdo, hasta los discursos de los psiquiatras del régimen franquista sobre los peligrosos sociales, caso de Antonio Vallejo-Nájera o José Luis López Ibor. En cualquier caso, Ricardo Campos analiza las relaciones que se establecieron entre medicina psiquiátrica y derecho penal, para poner de relieve aquellos procesos que supusieron una criminalización del enfermo mental o el tratamiento de la locura como una cuestión relacionada con el orden y la higiene pública o con la defensa social. Este trabajo guarda estrechos vasos comunicantes con otros pretéritos, ya clásicos de la historiografía española, como Miserables y locos: Medicina mental y orden social en la España del siglo xix (1983), de Fernando Álvarez-Uría, o Ciencia y marginación: Una historia de negros, locos y criminales (1983), de José Luis Peset.
En torno al estudio de las características de la novedosa racionalidad penal que se configuró en el último tercio del siglo xix en España y Europa —cuyos demiurgos españoles ya han sido citados—, polemizando o subvirtiendo los presupuestos del derecho penal clásico postulado por Cesare Beccaria o P. J. Anselm von Feuerbach, que produjo un descentramiento de la praxis penal del delito y de la acción criminosa al delincuente, su personalidad y subjetividad — desplazamiento del derecho penal de la acción al derecho penal de autor—, sobresalen los recientes trabajos de David J. Domínguez y Mario Domínguez,“Génesis de la episteme de lo criminal: anotaciones en torno a Beccaria, Ferri y Foucault” (2021a) y “Racionalidades punitivas. Una epistemología para la objetivación y la historicidad de las políticas del castigo” (2021b). En ambos artículos, los autores destacan la relevancia histórica de la defensa social y de la peligrosidad social como dispositivos médico-jurídicos que favorecieron un intervencionismo estatal sobre los márgenes conflictivos de lo social, en un contexto de crisis generalizada de los estados libe- rales en el tránsito intersecular. Bajo el pretexto de contribuir a una mayor eficacia en materia de política criminal, terminaron por extender una serie de prácticas sobre lo etiquetado como anormal, degenerado o antisocial que excedían la lógica del ius puniendi para convertirse en un
4 Los trabajos del sociólogo del castigo David Garland han sintetizado de manera exhaustiva el desarrollo de los citados debates en materia penal, desde 1880 hasta 1990, aproximadamente, y que siguen operando en el presente, como se acaba de señalar, siendo el caso más sonado del tensionamiento existente en estas cuestiones la política penal y penitenciaria adoptada por el ejecutivo de El Salvador, presidido por el político ultraliberal y populista Nayib A. Bukele, líder del partido Nuevas Ideas.Véase Garland, D. (2005). La cultura del control: Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Gedisa.
5 Campos, R. (2021). La sombra de la sospecha: Peligrosidad, psiquiatría y derecho en España (siglos XIX-XX). Los Libros de la Ca- tarata.
ejercicio de disciplinamiento y normalización de los elementos díscolos de las clases populares que, sin haber cometido efectivamente un acto delictivo, llevaban una existencia que fue pen- sada como germen de una predisposición criminógena a neutralizar.6
Ambos autores ahondan en la perspectiva desarrollada por el filósofo Pasquale Pasquino — quien, a su vez, parte de las tesis de Michel Foucault—, cuando observa que en el nacimiento de los saberes sobre la delincuencia y la criminalidad a finales del siglo xix se asistió a la ar- ticulación antropológica de un homo criminalis, “una verdadera especie nueva, una raza aparte de personas” que ya nada tenía que ver con el homo penalis del pensamiento penal ilustrado. Si frente al segundo la respuesta institucional era la aplicación mecánica de una serie de penas conforme a la gravedad del acto ilegal cometido, ante el primero se plantearía la necesidad de constituir una defensa social que fuese más allá del castigo en un ejercicio de prevención extra- jurídico que primara el dictamen de medidas de seguridad frente a la imposición de penas. La reflexión clave que plantea Pasquino es la siguiente: “Debemos preguntarnos, para cada etapa sucesiva de la teoría penal, cuál es la ‘sociedad’ que se pretende defender y qué se entiende exactamente en cada caso por la noción de ‘defensa’”.7
La lista de trabajos que han contribuido a la consolidación de la perspectiva historiográfica que se suscribe en este artículo, en torno a las instituciones punitivas y de control para la Es- paña contemporánea, es más que sólida —aunque menos amplia de lo deseable—, debiéndose, por ello, reconocer otras aportaciones de inexcusable consulta como las siguientes: Un espacio para castigar: La cárcel y la ciencia penitenciaria en España (siglos xviii-xix) (Pedro Fraile, 1987); Presos y pobres en la España del siglo xix: La determinación social de la marginación (Justo Serna, 1988); Historia ideológica del control social (España-Argentina, siglos xix-xx) (vv. aa., 1989); La defensa de la sociedad: Cárcel y delincuencia en España (siglos xviii-xx) (Pedro Trinidad, 1991); La cárcel y el control del delito en Navarra entre el Antiguo Régimen y el Estado liberal (Pedro Oliver, 2000); El siglo de los castigos: Prisión y formas carcelarias en la España del siglo xx (vv. aa., 2013); Los ilegales de la na- turaleza: Medicina y degeneracionismo en la España de la Restauración (1876-1923) (vv. aa., 2000); Los laboratorios de la norma: Medicina y regulación social en el Estado liberal (Rafael Huertas, 2008) o La invención del racismo: Nacimiento de la biopolítica en España, 1600-1940, (Francisco Vázquez, 2009).
Gubernamentalidad liberal interventora y nuevas técnicas de gobierno: “Hay que defender la sociedad”
En torno a las décadas de 1870-1890, una nueva resignificación del proyecto de sociedad postulado en el programa de gobierno del liberalismo clásico provocó en España la concep- ción de este último como un fracaso, ya fuese parcial o total.
Ello no quiere decir que esta tendencia fuese genuina de esas décadas, pues, como especifica el historiador Javier Fernández Sebastián, a partir de los episodios revolucionarios de 1848 se produjo una ruptura generalizada en Europa concerniente a la confianza ciega que los liberales habían depositado en el potencial transformador del interés individual para generar una armo- nía espontánea en la sociedad, pues si algo pusieron de relieve tales acontecimientos fueron las
6 Domínguez, D.J. y Domínguez, M. (2021a). Génesis de la episteme de lo criminal: anotaciones en torno a Beccaria, Ferri y
Foucault. Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política (65), 10.
7 Pasquino, P. (1991): Criminology: The Birth of a Special Knowledge. En Burchell, G., Gordon, C. y Miller, P. (Eds.). The Foucault Effect: Studies in Governmentality.The University of Chicago Press, 238-242.
consecuencias profundamente conflictivas que tales presupuestos entrañaban en la práctica.8 El impacto de las desamortizaciones en las comunidades rurales y sus efectos en los espacios urbanos, como la concentración de población flotante y el aumento del número de indigentes o de trabajadores pobres asalariados, o la primera huelga general acaecida en España, en 1855, por citar un par de ejemplos, detonaron un conjunto de problemáticas sobre la naturaleza de la sociedad que se acentuaron tras 1848, especialmente en torno a cómo esta habría de ser gobernada.9
Para ese momento, ya circulaban un conjunto de discursos esbozados desde las nacientes ciencias sociales que permitían pensar el gobierno liberal de las poblaciones a partir de premisas diferentes de las aportadas por la economía política y las filosofías contractualistas ilustradas, entre cuyos ejemplos más destacables se ubican los escritos de Adolphe Quetelet o de August Comte, valedores del ejercicio de una nueva física social de base positiva de la que se podrían extraer, según defendían, conocimientos precisos y verificables sobre aquello que el liberalismo clásico había definido, metafísicamente, como sociedad, individuo o naturaleza humana.10 Dis- ciplinas como la sociología adoptarían como meta desvelar las incógnitas que estructuraban la sociedad a partir del conocimiento de sus leyes inmanentes —extrapolando modelos aplicados con anterioridad a la dimensión de los fenómenos naturales—, hasta ese momento explicadas desde principios filosóficos que no tenían una plasmación evidente en la realidad objetiva. No era una simple defensa teorética del empirismo volcada en una conceptualización de la socie- dad en abstracto, pues las primeras reflexiones sociológicas sobre la ciudad contemporánea y el espacio urbano, esbozadas entre 1820 y 1880, estuvieron motivadas por cuestiones radicalmente materiales como “la pobreza, la delincuencia y el vicio”.11
Sobre esos fenómenos —cuya faz sería percibida extraña y desconocida, como figurantes imprevistos de la modernidad, la evolución o el progreso—, a la par que los padres de la sociología ideaban nuevas estrategias de análisis con el fin de objetivarlos y hacerlos legibles para las agen- cias gubernamentales encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos —agencias en proceso de diseño todavía por aquellos años—, se fraguaron asimismo un conjunto de teorías médicas y de carácter biológico-ambiental sobre la especie humana yuxtapuestas, a medida que se formularon, a los discursos que explicaban las causas de la delincuencia y la naturale- za de los delincuentes. Así, a la idea de monomanía criminal, formulada por el alienista francés Jean-Étienne Esquirol a partir de 1819, se sumaron las teorías de James Cowles sobre la locura moral (1835) y las de Auguste Bénédict Morel sobre la degeneración (1857), para luego entrar estas en directo diálogo con las tesis evolucionistas de Charles Darwin sustentadas en los conceptos de “lucha por la existencia” y “selección natural” (1859) y los estudios holísticos sobre la cultu- ra de las sociedades ágrafas o “precivilizadas”, como los realizados por el antropólogo Edward Burnett Taylor, o los avances en el estudio de la infancia, desde la pediatría o la puericultura, como estadio diferenciado del desarrollo humano. Todas estas explicaciones fueron asumidas por Ezechia Marco Lombroso, el médico de Turín fundador de la escuela criminológica italia- na y de la antropología criminal cuando en 1876 publicó su trabajo L’uomo delinquente, estudio
8 Fernández, J. (2002). Diccionario político y social del siglo XIX español. Alianza, 686.
9 Véase De Felipe, J. (2013). Movimiento obrero, intervención estatal y ascenso de lo social (1840-1923). En Cabrera, M.A. (Ed.).
La ciudadanía social en España: Los orígenes históricos. Editorial de la Universidad de Cantabria, 91-130.
10 Beirne, P. (1987). Adolphe Quetelet and the Origins of Positivits Criminology. American Journal of Sociology (5), 1150-1151.
11 García, C. (2016). Teoría e historia de la ciudad contemporánea. Gustavo Gili, 21.
que tendría un impacto notable en toda Europa similar al On the Origin of Species de Darwin, pues procuró un nuevo marco de análisis experimental con el que acometer la realidad “na- tural” y “orgánica” de la delincuencia y del delincuente, entendidos, ahora, como “enfermo” y como una “enfermedad social”, respectivamente, consecuencia de la consideración de que ciertos individuos poseían una naturaleza atávica, agudizada y visibilizada por un contexto de desarrollo evolutivo ascendente y de progreso civilizatorio.12
Esa crítica y crisis del proyecto político del liberalismo de base individualista produjo, por un lado, un paradigma societalista a partir del cual se pensó la sociedad como organismo vivo y no como un mero agregado de individuos, y, por otro, una novedosa racionalidad gubernamental, una nueva gubernamentalidad13 liberal. Desde esta, se concebía la intervención estatal como una forma de mediación viable —antes denostada— entre la sociedad y el individuo, para apla- car los focos de conflictividad que se consideraron consecuencia de la primacía de la idea de “interés individual” en la organización del cuerpo nacional, frente a la idea de “interés general” o “social”, objeto de la acción de gobierno liberal inédito hasta el momento y en proceso de elaboración crítica desde mediados del siglo xix,14 que serviría para limitar al anterior pero, a su vez, para abrir todo un campo de intervenciones posibles sobre dimensiones vitales, sociales y civilizatorias de las poblaciones.
La nueva conceptualización de la sociedad, la conciencia crítica del fracaso institucional del liberalismo de base individualista y la configuración de una praxis gubernamental interventora, efecto de lo anterior, se operacionalizaron a través de dos tipos de técnicas de gobierno: la reforma y la defensa social. El reformismo social español,15 centrado en un primer momento en mejorar las condiciones de vida de aquellos que se significaron como portadores de una naturaleza “des- valida” o “débil” —mujeres y niños, principalmente—,16 y de la clase obrera en general, en una segunda etapa, operó como una práctica tutelar cargada de una discursividad paternalista canali- zada a través de organismos como el Instituto de Reformas Sociales (1903) o el Instituto Nacio- nal de Previsión (1908). En cambio, el defensismo social representó el otro polo de actuaciones irradiado desde la misma lógica de gobierno, una práctica destinada a los supernumerarios, a los “irreformables” o “incorregibles”, aquellos que, simbólicamente, habían perdido el estatus tanto
12 “El atavismo nos ayuda también a comprender la ineficacia de las penas; y el hecho singular del retorno constante y periódico de un número dado de crímenes; […] estamos regidos por leyes mudas, pero que nunca caen en la disuasión, y que rigen la sociedad con más seguridad que las leyes escritas en los códigos. El crimen, en suma, aparece, tanto por las estadísticas como por el examen antropológico, como un fenómeno natural, un fenómeno, dirían algunos filósofos, necesario, como el nacimiento, la muerte, la concepción.” Lombroso,
C. (1876). L’uomo delinquente: Studiato in rapporto alla antropologia alla medicina legale ed alle discipline carceraire. Ulrico Hoepli, 202.
13 El concepto de “gubernamentalidad” (gouvernementalité) forma parte del corpus teórico desarrollado por el filósofo-historiador Michel Foucault a propósito de su cratología, es decir, de sus análisis históricos sobre las relaciones de poder. Propone, a partir de este, el estudio singular de las racionalidades que configuran una práctica de gobierno o una manera de gobernar:“las institucio- nes, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y tácticas” que la constituyen. Foucault, M. (2008). Seguridad, territorio y población: Curso del Collège de France (1977-1978). Akal, 115. En consecuencia, por gubernamentalidad ha de entenderse un “sistema de pensamiento acerca de la naturaleza y práctica del gobierno” en el que se define “quién tiene que gobernar, cómo se entiende el gobernar mismo, qué o quiénes son los gobernados” y qué formas adquiere la “conducción de conductas” que implica tal actividad.Vázquez, F. (2009). La invención del racismo: Nacimiento de la biopolítica en España, 1600-1940. Akal, 12.
14 “Si los hechos observados parecían demostrar que, en contra de las previsiones, la nueva organización política y social no se correspondía con las esperanzas y voluntades individuales, ello quería decir que dicha organización se regía por leyes y meca- nismos propios, independientes de la voluntad individual.” Cabrera, M.A. (2017). A Genealogical History of Society. Springer, 15.
15 Movimiento análogo en sus fines al solidarismo francés, al nuevo liberalismo británico, al movimiento progresista norteamericano o al socialismo de cátedra alemán, en tanto que representaban, en sus respectivos países, la quiebra de la hegemonía del liberalismo clásico individualista. Cabrera, M.A. (2013). Introducción: del reformismo social a la ciudadanía social en España. En Cabrera,
M.A. (Ed.). La ciudadanía social en España: Los orígenes históricos. Editorial de la Universidad de Cantabria, 12.
16 Cabrera, M.A. (2013). El reformismo social en España (1870-1900). En Cabrera, M.A. (Ed.). La ciudadanía social en España: Los orígenes históricos. Editorial de la Universidad de Cantabria, 59.
de ciudadano como de trabajador, siendo subsumidos en el arquetipo social del “delincuente”, figura que adquirió un grueso espesor ontológico, como objeto y sujeto social específico, a partir de la publicación del mencionado estudio de Lombroso, que más que detonante era el reflejo y el signo de la existencia de una cultura del peligro en las sociedades liberales y burguesas articulada por discursos expertos, como el de Lombroso, pero también de otra índole, como los filantrópicos o los desarrollados por el nuevo periodismo policiaco, de sucesos y la crónica negra.17
Por lo tanto, reforma y defensa se pensaron y emplearon como técnicas destinadas a alcanzar la armonía social que no se había logrado con el programa de gobierno anterior; si la primera se enfocó, principalmente, en reducir los efectos de la conflictividad laboral y obrera, la segun- da se centró en paliar aquellos hechos sociales anexados al fenómeno de la delincuencia, sobre todo urbana, percibida en aquellos años como un fenómeno en aumento e incontrolable sobre el que también habrían de ensayarse nuevas estrategias de gobierno, interviniendo allí donde antes solo actuaba la labor mecánica de los tribunales de justicia; una “juris-matemática” o una “juris-metría”, como la definió Rafael Salillas, por considerar que los magistrados se habían entregado a una “teoría matemático-penal con sus instrumentos de precisión, tablas de loga- ritmos y formularios”, apegados al Código Penal de turno.18
La defensa social fue pensada como complemento o subsanación de las fallas que se le achaca- ron, en ese clima general de conciencia crítica del estado de la nación, a la cárcel, al programa penal del liberalismo clásico y, por ende, a sus fundamentos sobre la sociedad y la naturaleza humana. Como sucedió con el proyecto general de gobierno del liberalismo clásico, su pro- grama penal sería visto, por un lado, como insuficiente,“agotado”, y, por otro, como erróneo, al adolecer, como el anterior, de una base positiva, pues sería la mirada científica la que habría de descubrir aquellos resortes que harían funcionar de manera armoniosa, ordenada y estable los procesos, con sus propias singularidades irreductibles —e imperceptibles sin esa mirada—, que se desarrollan en la esfera independiente de la sociedad.
“Un mundo que únicamente algunos han entrevisto”. Homo criminalis, subjetividades peli- grosas y prácticas securitario-preventivas en el contexto español intersecular
El marco de aperturismo liberal-progresista y “europeizante” que trajo consigo el Sexenio Democrático en España favoreció que a partir de 1868 se asistiera a la irrupción, irradiación y extensión social del positivismo, el naturalismo o la antropología, en un contexto de revitaliza- ción cultural que tuvo una clara continuidad en el periodo de la Restauración, pese al giro conservador orquestado desde 1874;19 la Constitución de 1869 establecía en su articulado el reconocimiento de la libertad de opinión y de imprenta o la libertad de asociación (art. 17), la libertad religiosa (art. 21) o la libertad de enseñanza (art. 24). Una ventana de oportunidad idónea para contrarrestar las enormes influencias que todavía ejercían en el terreno intelectual y académico posicionamientos doctrinales de corte espiritualista o tradicional.
Aunque fuese evidente la preponderancia de la filosofía krausista en el campo de la edu- cación y del derecho gracias a la profusa actividad e impacto de las figuras vinculadas a la Institución Libre de Enseñanza —consolidándose una suerte de krausoinstitucionismo—, pu-
17 Foucault, M. (2009). Nacimiento de la biopolítica: Curso del Collège de France (1978-1979). Akal, 75.
18 Salillas, R. (1888). La vida penal en España. Imprenta de la Revista de Legislación, 78.
19 Uría, J. (2008). La España liberal (1868-1917): Cultura y vida cotidiana. Síntesis, 9-10.
blicaciones como la Revista Europea o la Revista Contemporánea, ciertos cuerpos profesionales, como el médico —a través de alienistas como Pedro Mata—, o los debates desarrollados en el Ateneo de Madrid supusieron, respectivamente, publicaciones, sectores y espacios dinámicos en la difusión y propagación del pensamiento positivista, la experimentación o el conocimien- to biológico.20 Precisamente, la enorme relevancia que estaba adquiriendo la filosofía positiva cientifista, a partir de 1875, obligó al “krausismo doctrinario” del periodo isabelino a abrirse a los nuevos horizontes epistémicos que se proponían desde estos posicionamientos, formándose grupos de krausopositivistas, entre los que cabe encuadrar al penalista Pedro Dorado Monter o a uno de los padres de la sociología en España, Manuel Salés y Ferré.21
La recepción de las teorías lombrosianas y de la antropología criminal no se produjo en España hasta la década de 1880. Distintos hitos marcan la arribada de estos discursos en la península ibérica, como las ponencias expuestas por Félix Aramburu y Zuloaga en 1887, para algunos historiadores, “Primera presentación pública de las teorías de Lombroso en España”, o los iniciales estudios de Pedro Dorado Montero sobre los impactos de las ciencias positivas en el derecho penal, consti- tuyendo este autor “el gran exponente de la Antropología Criminal” en la España del momento, a diferencia de Aramburu, que era un correccionalista convencido.22 Esta visión renovadora de lo penal quedó plasmada en distintas publicaciones, como el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, revista en la que se publicaron desde 1882 distintos artículos sobre la antropología criminal y las teorías de la escuela italiana o que mostraban un interés creciente por el conocimiento sobre las relaciones entre medicina y biología con la criminalidad y la delincuencia; desde textos sobre “La criminalidad de los animales”, firmado por Joaquín Sama (1882), hasta otros de mayor enjundia y apegados a los debates de su tiempo, como la traducción de “Biología y criminología”, del doctor austriaco Moritz Benedikt (1887) o “Clínica criminal”, de Concepción Arenal (1888). El segundo de los artículos indicados era el extracto de una conferencia impartida en la Asociación Jurídica de Austria por el afamado neurólogo, en la que se afirmaba que los más avanzados estudios científicos, provenientes de la antropología y la psicología criminal, demostraban la existencia de tres “varieda- des psicológicas de la humanidad”: el “homo nobilis”, el “homo typicus” y el “homo criminalis”.23 La creación de otras revistas de calado monográfico, como la Revista de Antropología Criminal
y Ciencias Médico Legales (1888) o La Nueva Ciencia Jurídica (1892), exponentes en aquel mo-
mento de un “esplendor” del interés por la antropología criminal, coincide con la celebración de los primeros congresos internacionales sobre la disciplina, como el organizado en Roma en 1885 o en París durante 1889. Surgieron en torno a esos eventos, en los países participantes, debates sobre la cuestión de la “incorregibilidad” del delincuente al calor de las propuestas positivistas sobre los medios idóneos para su inocuización, pues era el fenómeno de la “re- incidencia” una de las principales causas observadas por los contemporáneos que invitaban a pensar sobre el fracaso del sistema penal y penitenciario vigente.24 Un auténtico “fracaso” del orden penal, como afirmaría Pedro Dorado Montero:
20 Ibid., 44-46.
21 Ibid., 117-119.
22 Masferrer, A. (2020). The Reception of the Positivist School in the Spanish Criminal Doctrine (1885-1899). GLOSSAE. European Journal of Legal History (17), 309-314. Sobre la crítica doctrinal de Aramburu al positivismo penal, véase su principal trabajo al respecto: Aramburu, F. (1887). La nueva ciencia penal (exposición y crítica). Estudio Tipográfico de Ricardo Fe.
23 Benedikt, M. (1887). Biología y criminología. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (242), 76.
24 Oliver, P. y Vaz, M.J. (2023). Los incorregibles del sistema penitenciario liberal en España y Portugal (1870-1930). Rúbrica Contemporánea (25), 230.
[…] el sistema penal corriente ha fracasado por completo. La traducción de ese fracaso la encontramos en las estadísticas. […] arrojan un aumento incesante, de año en año, no solo del número total de los delitos, sino también del número de reincidentes.25
Dorado Montero publicó uno de sus primeros estudios sobre la materia en 1889, La an- tropología criminal en Italia, en cuyo prólogo reafirmaba el enorme interés que suscitaba, ya en España, este nuevo saber:
El interés que en todas las naciones cultas de Europa y América vienen despertando los modernos estudios de Antropología criminal y los múltiples problemas que a la misma se refieren, ha encontrado también en la nuestra su correspondiente eco. De ello nos dan testimonio, además de algunos libros recientes, como los de los Sres. Salillas, Garrido, Aramburu y Valentí, y de varios artículos publicados en diferentes revistas, la aparición de la de Antropología criminal y ciencias médico-legales.26
Que en la enumeración de autores realizada por Dorado Montero en el citado fragmento fi- gure en primer lugar el médico Rafael Salillas merece no pasar desapercibido. ¿Por qué fueron los médicos los impulsores de un proceso histórico que construyó al “delincuente” como una subjetividad profundamente diferenciada del resto de los ciudadanos? ¿Por qué, de todos los discursos disponibles en el archivo de la época, es el médico el que se impone, hasta tal punto que el castigo y la pena se resignificaron como terapéuticas? En palabras de los historiadores Rafael Huertas, José Martínez y Ricardo Campos, los médicos fueron “convertidos en una especie de personificación del progreso, en portadores de una teoría positiva que rechazaba cualquier tipo de aproximación de corte metafísico al fenómeno del crimen”.27
Las corrientes médico-clínicas, experimentales y biologicistas, incorporaron las “angustias de la sociedad finisecular hacia los individuos o grupos humanos que representaban una al- teración del orden social y los valores burgueses imperantes”.28 A ello se le suma que durante esas décadas muchos de los más afamados alienistas españoles del momento, como José María Esquerdo, José María Escuder o Luis Simarro, estuvieran menos interesados en estudiar los avances de la práctica clínica que en la cuestión de la criminalidad y el papel de aquella en su prevención.29 Los cambios procurados en las distintas disciplinas aquí analizadas en su interac- ción con “lo social”, para explicar la delincuencia, se debieron “al propio desarrollo interno” de estos saberes y a la presión de los cuerpos profesionales implicados por legitimar su labor
—socialmente y, más importante aún, frente a la Administración Pública o Judicial—, pero también a “la necesidad de establecer un amplio grado de consenso social en relación con el significado que había que atribuir a determinadas conductas” percibidas como inexplicables o en flagrante contradicción respecto a los presupuestos filosóficos sobre la naturaleza humana y la sociedad que habían regido hasta entonces, organizando los programas de gobierno liberales y sus respectivos sistemas y ordenamientos penales.30
25 Dorado, P. (1902). Bases para un nuevo derecho penal. Manuel Soler Editor, 71.
26 Dorado, P. (1889). La antropología criminal… Op. cit., 5.
27 Campos, R., Martínez, J. y Huertas, R. (2000). Los ilegales de la naturaleza: Medicina y degeneracionismo en la España de la Res- tauración (1876-1923). Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 98.
28 Ibid., IX.
29 Ibid., 13.
30 Campos, R., Martínez, J. y Huertas, R. (2000). Los ilegales de la naturaleza… Op. cit., 15 y 80.
Rafael Salillas era un médico reputado y de amplio prestigio en la década de 1880. Para esos años, ya se había consagrado como “impulsor de la criminología en España”.31 Al comenzar el decenio, pasó a formar parte del alto funcionariado de la Dirección General de Prisiones. Cinco años después, en 1885, tuvo un papel director en el negociado de Higiene y Antropo- logía —adscrito al Ministerio de Gobernación—, para luego, en 1887, entrar a depender di- rectamente del Ministerio de Gracia y Justicia. Laureado funcionario y experto en cuestiones criminológicas y penitenciarias, en 1888 se le encargó organizar, dentro de la Exposición Uni- versal de Barcelona, la sección penitenciaria. Su carrera siguió acumulando logros a comienzos del siglo xx, pues en 1906 fue nombrado director de la primera Escuela de Criminología du- rante la presidencia de Eduardo Dato, institución inaugurada ese mismo año tras su aprobación gubernativa en 1903. En suma, Rafael Salillas tuvo una “tarea institucionalizadora” en España, tanto en la aceptación de la antropología criminal como disciplina como en la de las nuevas corrientes penitenciarias y de política criminal derivadas de esta.32
A raíz de su experiencia en la Dirección General de Prisiones, publicó en 1886 una serie de artículos en el periódico El Liberal, que dos años después se editarían compendiados bajo el título La vida penal en España. En estos textos, discurre uno de los discursos posibles, en la España de la época, sobre el fracaso de la prisión —de la cárcel y el presidio—, compuestos tan solo tres años después de la inauguración de la cárcel Modelo de Madrid, primer estable- cimiento penal que seguía de manera fidedigna en su construcción y organización el modelo de vigilancia panóptica propuesto por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham y el sistema de encierro celular practicado en las prisiones de EE. UU., como las de Filadelfia y Auburn. Salillas fue empujado a realizar estos trabajos, afirmaba, tras su experiencia como funcionario de pri- siones al detectar la ausencia de una “base científica” en la organización de los establecimientos penales. En gran medida, para Salillas, ello explicaba sus fallas y vicios en lo concerniente a la corrección del delincuente y al aminoramiento de la delincuencia en general. La mirada médica y la metodología científica, desplegadas en estos espacios, permitirían romper la masa indiferenciada de individuos que componían los penales, al transformar al delincuente en una realidad de “la vida psico-física”, más allá de ser un simple concepto, como los de “delito” o “pena”.33 Por un lado, con el fin de revertir los déficits que observó en las instituciones de encierro que pudo supervisar, proponía clasificar a los reclusos por categorías prestadas de la antropología criminal, y, contra la propuesta roederiana y su idealización del encierro celular, defendía el establecimiento de colonias agrícolas penitenciaras para así cumplir el sueño de la colo- nización interior de las tierras baldías e incultas de la península ibérica mientras se dotaba a la población carcelaria de nuevos espacios que sí harían efectivos los objetivos de transformación individual del delincuente, en términos de ciudadanización y obrerización, que el programa penal clásico no pudo lograr.34
Sin embargo, tales espacios, alternativas con las que sortear las quimeras sobrepunitivas de las
cárceles y de las prisiones, no se comenzarían a proyectar, institucionalmente, hasta la aproba- ción de la Ley de Vagos y Maleantes, es decir, a partir de 1934; entre las medidas de seguridad
31 Campos R. (2021). La sombra de la sospecha… Op. cit., 35.
32 Galera, A. (1986). Rafael Salillas: medio siglo de antropología criminal en España. Llull. Revista de la Sociedad Española de las Ciencias y de las Técnicas (9), 84.
33 Salillas, R. (1888). La vida penal en España… Op. cit., 56.
34 Ibid., XIII-XVII.
que consideraba la disposición, en su artículo cuarto, se incluía el internamiento del individuo declarado en estado de peligrosidad, durante entre uno y tres años —ampliables o reducibles por arbitrio judicial—, en colonias agrícolas penitenciarias.35 El fracaso de la prisión, para Sa- lillas, estribaba en que la “mayoría de los reclusos no alcanzan los efectos correccionales del trabajo”, bien porque “hacen oficio de bestias” o porque realizaban trabajos mecánicos que tendían “a la anulación de la personalidad”;36 reunían unas condiciones ambientales e infraes- tructurales adversas a la propia vida de los delincuentes,37 provocando estados de “regresión”,38 reproduciendo una situación constante de hacinamiento39 en la que proliferarían tendencias morbosas entre los penados como la “mansturbación”, que provocaría en sus practicantes le- siones orgánicas de “funesto desenlace” en tanto que “escapes de salud y vida”.40
Salillas había comprobado que, para más inri, los espacios carcelarios exportaban hacia el exterior influjos criminógenos al contagiar a los trabajadores honrados, dado que estos se ubi- caban en los centros urbanos.41 En definitiva, tanto los presidios como las cárceles existentes eran, para este médico español, espacios de “costumbres corrompidas”;42 crítica que esbozaron, en términos similares, otros académicos coetáneos a Salillas, como el sociólogo barcelonés Manuel Gil Maestre:
[…] las cárceles son causa de delitos, escuelas de delincuentes novicios, todo me- nos lo que deben ser. En ellas, puede afirmarse, que nacen la mayor parte de los malhechores, que se inician en los misterios de su funesto oficio, que adquieren y pulen sus costumbres y se encariñan con su azarosa vida.43
Según Gil Maestre, la antropología y la sociología criminal estaban comenzando a revelar “un mundo que únicamente algunos habían entrevisto”;44 tarea de descubrimiento que se pro- puso acometer, para el caso de la capital catalana, con el citado estudio La criminalidad en Barce- lona y en las grandes poblaciones (1886). Ahora bien, ¿de qué fuentes se valía Gil Maestre en este trabajo, en el que llegaba a afirmar que las “estadísticas” habían comprobado “que la naturaleza e índole de los delitos, están en relación directa con las condiciones físicas, con la manera de ser” de los delincuentes?45 Como él mismo reconocía en la introducción, su estudio se había basado en la lectura de artículos de prensa, en datos suministrados por “algunos amigos” o de “otras personas que por sus relaciones con los malhechores conocen perfectamente sus proce- dimientos” y de “varios desgraciados”.46
35 Gaceta de Madrid, 5-8-1933 (217), 874. Antes de esta proposición penitenciaria, también el médico e higienista Pedro Feli- pe Monlau había sugerido en su proyecto Remedios del pauperismo (1845) el empleo de colonias agrícolas, no para convictos y población reclusa, como proponía Salillas, sino para el internamiento de pobres refractarios al trabajo, “individuos habitual- mente mal ocupados”, con el fin de que adquirieran disciplina y buenos hábitos en esos espacios, pensados por el higienista barcelonés como “hospitales morales”. Monalu, P. (1846). Remedios del pauperismo. Imprenta de D. Mariano Cabrerizo, 39-42.
36 Salillas, R. (1888). La vida penal en España… Op. cit., 32.
37 Ibid., 36.
38 Ibid., 63.
39 Ibid., 147. Situación más que común en la época, incluso en las prisiones de nuevo cuño, como sucedió en el caso de la de Ocaña (Toledo), inaugurada en 1883. Organero, A. (2023). La prisión de Ocaña: De presidio a reformatorio de adultos. Origen y evolución hasta la Guerra Civil (1883-1936). Ministerio del Interior-Secretaria Técnica General, 69.
40 Salillas, R. (1888). La vida penal en España… Op. cit., 114-115.
41 Ibid., 69.
42 Ibid., 393.
43 Gil, M. (1886). La criminalidad en Barcelona y en las grandes poblaciones.Tipografía de Leogedario Obradors, 13.
44 Ibid., 19.
45 Ibid., IX.
46 Ibid.,VI.
No había forma de comprobar, en aquel entonces, si los crímenes y delitos habían aumenta- do considerablemente en España respecto a épocas pretéritas a partir del estudio de los índices delictivos —el primer Anuario Penitenciario se publicó en 1889, sin continuidad hasta 1905, para luego volver a publicarse en 1914 y 1921, respectivamente—. Lo más probable es que este tipo de discursos constituyeran y reflejasen una percepción y una concepción social del cri- men y del desorden que alentaban estados sociales recurrentes de pánico moral en el seno de la “cuestión securitaria”, siendo, quizás, uno de los topoi discursivos que más fuerza tuvo en ese campo estructurado de fuerzas.
El siglo xix español —y no exclusivamente— fue un siglo “anómico” en el sentido dur- kheimniano del concepto, entendiéndose la anomia como una “falta de dirección” que “suele aparecer en las épocas de revolución social”, durante las cuales lo institucional y la sociedad se encuentran en un estado de “desconcierto e inseguridad”, en una situación en la que “los valores tradicionales han dejado de tener autoridad, mientras que los nuevos ideales, objetivos y normas todavía carecen de fuerza”.47 A partir de esta consideración, resulta relevante rela- cionar la historia del control/prevención del delito con la de las capacidades efectivas y de las expectativas generadas desde la esfera de lo estatal, o de lo designado como estatal —enten- diendo lo estatal como referencia objetivable y como proceso no concluyente—, respecto a la satisfacción y cumplimiento de sus objetivos y metas, sobre todo, en la provisión de seguridad en el sentido amplio del término —desde la seguridad en las calles hasta la seguridad econó- mica frente al riesgo y la pérdida—. En el siglo xix, e incluso a comienzos del xx, esa esfera se hallaba en un proceso de lucha y diferenciación. El Estado no era una realidad unitaria con una capacidad de acción homogénea y unificada.
Es decir, para el estudio histórico de la cuestión securitaria en la España contemporánea es especialmente relevante tener en cuenta la consideración, en el siglo xix y las primeras décadas del xx, de lo estatal y del Estado como una dimensión-ente débil y vaporosa en muchas de sus áreas de actuación, conculcándose, en la praxis y hasta prácticamente 1930, el anhelado modelo de “Estado grande, fuerte, intervencionista” preconizado desde el dominante liberalismo mo- derado.48 Basta rastrear la prensa de la época para confirmar este hecho, como que entre 1900 y 1930 hubo en esta —fuese de signo liberal, moderado, católico o republicano— una proli- feración de discursos que contenían una demanda común, resumible en los siguientes enun- ciados: más policía y más y mejores medios para la policía.49 Lo estatal y la administración pública se hallaban permeados por un contexto de excepcionalidad constante, de liberalismo lánguido en unas instituciones diseñadas en su mayoría por la corriente doctrinaria del movimiento político, instituciones que padecían una injerencia constante proveniente del ámbito castrense, eclesiástico, de las oligarquías locales o, a partir del último tercio del siglo xix, de las presiones e influencias ejercidas por los saberes expertos y los grupos profesionales sobre la acción de gobierno o por el propio movimiento obrero. A esto se le sumaría otro elemento relevante: la angustiosa situación del tesoro público durante prácticamente todo el siglo xix y gran parte del xx.Y este factor, puramente material, de financiación y dotación de infraestructuras no es
47 Durkheim, E. (2008). El suicidio. Akal, XV.
48 Del Moral, J., Pro, J. y Suárez, F. (2007). Estado y territorio en España, 1820-1930: La formación del paisaje nacional. Los Libros de la Catarata, 648-649.
49 Véase el estudio de caso Suárez, A. y Márquez, J. (2023). Polizones, indocumentados mendigos y turistas: delincuencia por- tuaria y pánico moral en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante el primer tercio del siglo XX. Crimen & Clío. Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango (20), 243-268.
menor, ya que, en gran medida, la penosa situación de hacinamiento supliciante de la mayoría de las cárceles españolas de finales del xix y comienzos del xx fue uno de los grandes argu- mentos que esgrimirán los defensores del preventivismo positivista para facilitar su aceptación institucional y proponer otras soluciones al problema de la delincuencia y del delincuente que no pasasen necesariamente por el encierro carcelario; de ahí la importancia que se confería en ciertos discursos a las colonias agrícolas.
La “cuestión securitaria” se nutrió de discursos que denotaban un estado de inseguridad sub- jetiva, pues el Estado y sus agentes no estaban en condiciones objetivas de conocer a esa parte de la población que se asociaba con los bajos fondos, el quinto estado, el hampa o la mala vida, y, por lo tanto, no estaba en condiciones de proveerse de la suficiente información que pudiera favorecer la conformación de un clima de inseguridad objetiva.50 Por eso, muchas de las solu- ciones que se proponían a mediados de siglo, en estos temas, solían implicar exclusivamente la reforma espiritual y disciplinaria. No existía la pretensión de tratar científicamente, o positi- vamente, el problema del delincuente o de la delincuencia, pues no se habían pensado como sujetos y objetos de los que extraer un conocimiento transmisible e influyente para la acción de gobierno ni existían tal conocimiento ni las herramientas para coadyuvarlo.
La configuración de la vertiente preventiva de la “cuestión securitaria” estuvo supeditada a una voluntad de saber estatal que demandaba, cada vez, más información y conocimientos sobre lo de- lictivo. Este es uno de los factores que explican las condiciones de posibilidad históricas del sujeto peligroso, pues esa información sería la empleada, precisamente, en los pronósticos y análisis futu- ribles sobre la presunta peligrosidad de ciertos individuos, como se atestigua en los expedientes de vagos y maleantes y de peligrosidad social, implicando un proceso de subjetivación inmanente a los propios documentos.51 La cronología de esa voluntad de saber sobre lo delincuencial arranca con la creación del Registro Central de Penados y Rebeldes en 1878, continúa con la funda- ción de organismos como el Gabinete Antropológico y Fotográfico de delincuentes y reclusos
—instituido en 1895 en la prisión Modelo de Barcelona—, y prosigue con la publicación del primer Anuario penitenciario en 1889, la extensión del método de identificación antropométrico en las postrimerías de 1890 —el bertillonaje—, su sustitución en 1909 por el dactiloscópico o la publicación de la primera estadística penitenciaria en 1914; umbral de época de unos cuarenta años de duración, aproximadamente, caracterizado por una acumulación creciente, en oficinas y archivos locales o estatales, de documentos de identificación personal, registros y estadísticas carcelarias, hojas histórico-penales sobre los delincuentes, fichas policiales, retratos fotográficos, mediciones antropométricas y dactiloscópicas o informes médicos-forenses, consolidándose en la década de 1920, a golpe de integración y racionalización administrativa de estos saberes, lo que podría considerarse como el periodo fundacional de un imaginario social moderno sobre la delin- cuencia y la criminalidad que seguirá operando avanzado el siglo xx. Ese “aparato de escritura” centrado en la vida y en la personalidad del delincuente consolidó la “inversión del eje político de la individualización” —del soberano al reo—, introduciendo una lectura biográfica del sujeto
50 La “inseguridad subjetiva”, como “percepción ciudadana sobre la tranquilidad en las calles, casi nunca tiene una correspon- dencia simétrica con la inseguridad objetiva, es decir, los delitos realmente acontecidos y denunciados”. García, S., Mendiola, I., Ávila, D., Bonelli, L., Brandariz, J.A., Fernández, C. y Maroto, M. (2021). Metropolice: Seguridad y policía en la ciudad neoliberal. Traficantes de Sueños, 36.
51 Márquez, J. y Suárez, A. (2023). La construcción discursiva del sujeto peligroso en la Ley de Vagos y Maleantes durante el franquismo (islas Canarias, 1950-1959). Vínculos de Historia. Revista del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha (12), 440-455.
delincuente desde la que se podrá pronosticar la existencia del “criminal antes del crimen”,52 ha- ciendo posible, en consecuencia, el procesamiento penal de los estados de peligrosidad predelictuales contemplados en la Ley de Vagos y Maleantes. En esas casi cuatro décadas, las distintas formas de relacionalidad que se establecieron con los ilegalismos —desde la estadística, la antropología o la prensa, por ejemplo— produjeron los pares conceptuales “delincuencia”-“delincuente” entendi- dos como hechos sociales relevantes, medibles y gobernables en su especificidad, como objetos de un campo experto de estudios y como problemas públicos.
La propia organización espacial de las infraestructuras penitenciarias, plenamente integradas en una red provincial solo a partir de 1860 con las reformas de Posada Herrera, ministro de la Gobernación, reflejó esa misma extracción de conocimientos: si hasta esa década había predo- minado una “arquitectura carcelaria de clasificación”, coincidente con la predominancia de un discurso sobre el pauperismo y las “clases peligrosas” como pluralidades y multitudes indefini- das, a partir del programa de reformas de 1877 se impondrá un modelo arquitectónico de in- dividualización, simultáneo en el tiempo al desarrollo de la antropología criminal, desde la que se defendió la existencia del “delincuente nato”, la individualidad peligrosa por antonomasia.53 Aquí se halla el basamento histórico de algo así como el “giro preventivo”. Si en los siglos xvii y xviii se había producido el “Gran encierro” del que hablara Michel Foucault en Vigilar y castigar, el último tercio del siglo xix vería nacer el diseño de la “Gran prevención” o de la “Gran inmunización”, concepto, este último, que no sería exagerado emplear, ya que el influjo de la racionalidad médico-clínica fue determinante desde la segunda mitad de aquel siglo, aportando un lenguaje y un campo léxico con la capacidad de enunciar y hacer inteligibles fenómenos po- blacionales que se vinculaban a la idea de “enfermedad social”, acusando la necesidad urgente de llevar a cabo una inmunización preventiva de todo el organismo colectivo, una terapéutica o un
tratamiento, como expresaba Pedro Dorado Montero en sus distintos ensayos y estudios.
El catedrático salmantino, acorde con las teorías criminológicas de su tiempo, que suscri- bió y amplió, comprendía el “cuerpo social” como “un organismo sujeto en su desarrollo a las mismas leyes que los otros organismos”.54 Sin libre albedrío,55 truncada la responsabilidad moral del delincuente y concebida la sociedad como un ente en sí y para sí —“un propio y verdadero organismo”, “un individuo fisiológico”, “un animal”—,56 según Dorado Montero, como para el jurista italiano Raffaele Garofalo,57 la pena debería ser proporcionada a la “temi- bilidad” de cualquier individuo que ejecute, no ya una acción delictiva, sino “antisocial”.58 La mala vida en Madrid (1901) constituye un ejemplo idóneo de lo que en ese momento, gracias a los “avances” de la antropología criminal y de la criminología, podía ser concebido como “an- tisocial”. La primera edición de este trabajo, escrito por Constancio Bernaldo de Quirós y José María Llanas Aguilaniedo, se abría con una dedicatoria al “Sr. Dr. Rafael Salillas”, en sus pala- bras,“banderín para todos los investigadores” en “estudios criminológicos” que “tomen como
52 Foucault, M. (2009). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI, 255-256.
53 Del Moral, J. (2007). Las funciones del Estado y la articulación del territorio nacional: símbolos, administración pública y servicios. En Del Moral, J., Pro, J. y Suárez, F. Estado y territorio en España, 1820-1930: La formación del paisaje nacional. Los Libros de la Catarata, 59.
54 Dorado, P. (1889). La antropología criminal… Op. cit., 12.
55 Como había presuntamente demostrado otro miembro insigne de la escuela criminológica italiana, Enrico Ferri, en su trabajo La teorica dell’imputabilità e la negazione del libero arbitrio (1878).
56 Dorado, P. (1889). La antropologia criminal… Op. cit., 30.
57 En Garofalo, R. (1880). Di un criterio positivo della penalitá. Dottor Leonardo Vallardi, 6.
58 Ibid., p. 32.
punto de investigación el sujeto y objetos nacionales”.59 Advertían al lector, en el prefacio, de que no tomase “a mal palabras, frases y asuntos enteros” que hallase en las páginas del estudio, ya que este se acogía “al fuero de la ciencia”.60 Según la definían sus autores, mala vida era un término destinado a la calificación de la conducta de “todas las clases sociales e individuos, en cuanto se desvía de la normalidad elaborada por la especie”. Aun partiendo de esa definición general, interclase, a lo largo del texto apostillaban que los individuos “desviados” de la “nor- malidad” de la especie eran los mendigos, los vagos, los golfos, las prostitutas o los criminales,61 “lo que se ha empezado a llamar el quinto estado”,62 engrosado también, para Bernaldo de Quirós y Llanas Aguilaniedo, por alcohólicos63 e “invertidos sexuales”.64 Tal era el inventario
—un auténtico bestiario moderno— de conductas antisociales que se proponían en uno de los más punteros estudios criminológicos publicados en España al despuntar el siglo xx, elaborado bajo el ideal moralizador y filantrópico de “impedir” que la “vida popular” se “descomponga” en sus “últimas capas”.65 Este tipo de fuentes eran de consulta imprescindible para legisladores y juristas que deseasen comprender las manifestaciones de la “antisociabilidad”.
Dorado Montero, cuando hablaba de “pena”, no se refería a la significación clásica del con- cepto. En sus propios términos, era un “movimiento social” reactivo, similar a la “irritabilidad de los animales inferiores” o a la “acción refleja” de los sistemas nerviosos superiores.66 La pena, como movimiento social de defensa, y, por tanto, orgánico. Así, legisladores, penalistas y, sobre todo, jueces deberían proceder como “el médico hace para mantener y restaurar la salud del organismo individual”.67 Los conceptos de “temibilidad” y de “antisociabilidad” invitaban a realizar un reescalamiento de la “lucha contra el crimen” patrocinada por la acción estatal — recuérdese, en el marco de un programa liberal interventor de gobierno— al permitirle a esta ubicar su actuación preventiva contra la delincuencia antes de que se cometieran los propios crímenes o delitos, encerrando tales presupuestos una utopía preventivista.
La “temibilidad”, como factor crucial que demostraría —empíricamente— la predisposi- ción de un individuo a delinquir en el futuro, se podía conocer, argumentaba Dorado Mon- tero, aplicando a los sospechosos un riguroso “examen antropológico” observando “su edad, su sexo, estatura, peso, cráneo, tatuaje, inteligencia, sentido moral, familia, profesión, influencias sociales, etc.”, para poder así el examinador concluir “el peligro que para el futuro ofrece”.68 Si tal examen era válido y productivo, verdadero, desde la perspectiva del jurista, era porque en este operaba una articulación discursiva desde la que se concebía que los delincuentes no eran “iguales entre sí” ni “iguales a los demás hombres”.69 El delincuente, como enfermo, era pen- sado como “un efecto de la paralización del desarrollo”.70
59 Bernaldo de Quirós, C. y Llanas, J.M. (1901). La mala vida en Madrid: Estudio psico-sociológico con dibujos y fotografías del natural.
B. Rodríguez Serra, 5.
60 Ibid., 8.
61 Bernaldo de Quirós, C. y Llanas, J. M. (1997). La mala vida en Madrid: Estudio psico-sociológico con dibujos y fotografías del natural. Instituto de Estudios Altoaragoneses-Egido Editorial, 10.
62 Ibid., 24.
63 Ibid., 94.
64 Ibid., 252.
65 Ibid., 354.
66 Dorado, P. (1889). La antropología criminal… Op. cit., 27.
67 Ibid., 26.
68 Ibid., 40.
69 Ibid., 66.
Trece años después, Dorado Montero defendía el “abandono completo de la punición de los delincuentes” para emplear “medidas de protección tutelar”.71 Para 1902, la matriz discursiva de la defensa social convergió con la del reformismo, intercambiándose objetivos, fines y metas entre ambas. Los vasos comunicantes entre la cuestión social y la cuestión securitaria se estrechaban:
Lo que el nuevo derecho penal pretende es que no se excluya de esa corriente educadora y tutelar [al reformismo social], sino que, […] formen parte de ella, las relaciones y las instituciones penales, que son también relaciones e instituciones sociales. Quiere que a los delincuentes se les considere como lo que son, seres nece- sitados de auxilio. […] La función penal […] tornárase de represiva, en preventiva.72
En tanto que “medicina social del porvenir”,73 los funcionarios miembros de la institución judicial ejercerían una “función de saneamiento social”, de “higienización y profilaxis social”. El resultado de este programa inmunosecuritario se alcanzaría en el momento de asemejarse la práctica judicial a la médica, convirtiéndose el magistrado, de lograrse ese idílico paisaje ju- dicial dibujado por Salillas, en un trasunto de “médico-higienista”.74
Conclusiones: cuestión social y cuestión securitaria, la contemporaneidad de lo no contemporáneo
Las problemáticas vinculadas a la reforma y a la defensa social, pese a su evidente contempo- raneidad, están formadas por distintos estratos temporales, sedimentos de una problematización desarrollada en la larga duración que adquirió su forma específica entre los siglos xiv y xvi, relacionada con el gobierno de las ciudades, la policía de pobres o la distribución del trabajo y la caridad. Para el historiador Dominique Kalifa, en esos siglos de la etapa moderna se confor- mó una “matriz fundadora” de discursos e imaginarios en torno a la pobreza, la ociosidad o la vagancia que serán todavía relevantes en el marco de los gobiernos liberales.75
Una problematización puede mantenerse en el tiempo, cambiando las problemáticas que subsume de acuerdo con los efectos de las distintas transformaciones históricas.Y a partir de esas problemáticas se producen, como respuestas y soluciones, provisionales o permanentes, desde modelos de ordenación física del espacio hasta configuraciones de inteligibilidad del fenómeno problematizado de carácter epistémicas o gnoseológicas o dispositivos y guberna- mentalidades específicas. Los discursos dicotómicos y las tecnologías de gobierno de la po- breza, como el examen o la exigencia de portar cédulas de vecindad, destinadas a distinguir al falso del verdadero pobre en esos siglos, constituyen para Kalifa un “momento decisivo”, pues esa visión fragmentada de la pobreza activó procesos nucleares de etiquetamiento que perdurarán en la historia de la representación de los márgenes.76
Esa problematización permite ver las relaciones de afinidad existentes entre las casas de misericordia y las colonias agrícolas penitenciarias, los escritos de Juan Luis Vives con el saber criminológico, o la policía de pobres y las juntas provinciales de libertad vigilada, la moraliza-
71 Dorado, P. (1902). Bases para un nuevo derecho penal… Op. cit., 14.
72 Ibid., 17-18.
73 Ibid., 80.
74 Ibid., 79.
75 Kalifa, D. (2018). Los bajos fondos: Historia de un imaginario. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luisa Mora, 35.
ción del falso pobre y la rehabilitación o corrección médico-judicial del vago. Experiencias que se acumulan y cuyas influencias, en muchos de los casos, reconocen explícitamente los agentes históricos contemporáneos. Ello se observa, por ejemplo, en las recepciones que tuvo la obra de Juan Luis Vives De subventione pauperum (1526) entre los adalides españoles de la antropo- logía criminal, como Constancio Bernaldo de Quirós y José María Llanas Aguilaniedo en su trabajo La mala vida en Madrid (1901). En este estudio, mientras hacían gala de las virtudes del positivismo criminológico para analizar la mala vida y los bajos fondos madrileños, referencia- ban y elogiaban la obra de Vives y de los vivistas, como Cristóbal Pérez de Herrera, al tratar la cuestión de la vagancia y la mendicidad.77 De igual modo, en los trabajos del jurista y criminó- logo belga Adolphe Prins —uno de los grandes referentes de la teoría de la defensa social en la década de 1910— se aludía al encierro de pobres practicado en distintas regiones europeas durante el siglo xvi como un antecedente directo y primigenio de las medidas de seguridad que se proponían aplicar desde el nuevo derecho penal a los sujetos peligrosos:
Aun en su limitada esfera llega un momento en que la multitud de pequeños de- lincuentes atrae la atención y en que a su vez entran en las clases peligrosos. Eran conocidos ya, a contar del siglo xvi, cuando en Londres, Nuremberg, Amsterdam, Lubeck, Hamburgo y Munich, se recluían en casas de corrección o de trabajo a los mendigos y vagabundos, a las prostitutas, ladrones y aquellos de quien podía decirse de un modo general que se entregaban a la holganza y a una vida deshonesta. El objeto de la reclusión era impedirles que perjudicasen a los unos y pervirtiesen a los otros. […] Estas asociaciones se reorganizan a nuestra vista.78
Tal hipótesis tentativa no implica, ni sugiere, que haya habido una progresiva disimulación, perfeccionamiento o sofisticación histórica de una serie de técnicas de “control social”, sino la existencia de múltiples respuestas y reacciones ante una misma problematización que no se sustituyen o se abandonan sin más por el cambio de un régimen político o institucional a otro; sugieren, más bien, la prevalencia de la contemporaneidad de lo no contemporáneo. Las variaciones acontecen en las series de polígonos formados por procesos de coocurrencia79 que adquieren la forma de prácticas —discursivas y no discursivas— en las cuales se ordenan y se dibujan los sujetos y objetos relevantes para una época en tanto que problemas de gobierno. Si se pone el foco de atención sobre la historia de las gubernamentalidades existirán distintas estructuracio- nes de la problematización, estructurantes en sí mismas, por cada una de estas.80 Las problemá- ticas que encierra el concepto de “cuestión social” emergen, así, como una respuesta novedosa al viejo problema de la pobreza, el trabajo o la carencia de este.81
77 Se valían de estos autores clásicos para argumentar la existencia de una contrasociedad bibriática de mendigos, vagabundos y pícaros; si en el pasado adquirió la forma de cofradías y congregaciones secretas, explicaban, a comienzos del siglo XX tenderían “a organizarse, por mimetismo, en la forma de asociaciones de obreros, o, mejor, de sociedades industriales”. Bernaldo de Quirós,
C. y Llanas, J.M. (1997) [1901]. La mala vida en Madrid…, op. cit., 311.
78 Prins, A. (1912). La defensa social y las transformaciones del derecho penal. Hijo de Reus Editores, 103-104.
79 Passeron, J.-C. (2011). El razonamiento sociológico: El espacio comparativo de las pruebas históricas. Siglo XXI, 72.
80 Ello implica una complejización de las periodizaciones y de las relaciones que se establecen entre las distintas gubernamen- talidades y los sistemas de poder predominantes en unas u otras, traducibles en técnicas y prácticas de gobierno:“No tenemos de ninguna manera una serie en la cual los elementos se suceden unos a otros y los que aparecen provocan la desaparición de los precedentes […]. No tenemos mecanismos de seguridad que tomen el lugar de los mecanismos disciplinarios […] hay una serie de edificios complejos […] [en los que] lo que va a cambiar es […] el sistema de correlación entre los mecanismos jurídico-legales, los mecanismos disciplinarios y los mecanismos de seguridad”. Foucault, M. (2008). Seguridad, territorio, po- blación… Op. cit., 20.
81 Castel, R. (2004). La metamorfosis de la cuestión social: Una crónica del salariado. Paidós, 22-24.
Para el tema que ocupa este artículo, es interesante destacar que desde la historiografía se han detectado diversos temas que los coetáneos que empleaban el concepto entendían por “cuestión social”, como el pauperismo, la cuestión agraria, la cuestión económica, la cuestión moral o la cuestión antillana, no prestándose atención al carácter específico que revistió la “cuestión securitaria” como una categoría de análisis en sí misma y como un avatar más de la “cuestión social”, que incluso atraviesa las categorías anteriores.
Hablar de “cuestión securitaria” remite a la producción de un campo estructurado de fuerzas en el que se distinguen mentalidades, intereses y sensibilidades que actuaron como elementos relevantes en su articulación, desde la “experiencia colectiva del delito en la vida cotidiana” hasta los tropos discursivos que circularon sobre el fenómeno de la delincuencia y la figura del delincuente —discursos expertos, periodísticos o literarios, por ejemplo—, las técnicas y es- trategias institucionales adoptadas en términos de política criminal y de seguridad interior, las “ideologías profesionales” sobre el fenómeno o las prácticas de extracción de conocimientos y de clasificación de las poblaciones puestas en marcha por las administraciones públicas.82
Como una ramificación de inquietudes que articularon la “cuestión securitaria” se han detectado, por un lado, una preocupación sobre las capacidades del Estado liberal y de su administración pública en construcción para proveer de seguridad a los ciudadanos y hacer efectivas las prerrogativas axiológicas del ordenamiento penal liberal, y, por otro, una crítica al sistema penal clásico por imposibilitar la adecuación de medios para evitar un aumento drástico de la delincuencia, considerándose, para rectificar a este, la inclusión de los postulados del nue- vo derecho penal; además, la concepción del delincuente como enfermo, la delincuencia como enfermedad social y lo penal como terapéutica, coadyuvarán un conjunto de discursos que harán efectivas las demandas que se amparaban bajo el concepto de defensa social, procurando la ideación de prácticas de gobierno securitario-preventivas. En la historia de estas prácticas, la aprobación de la Ley de Vagos y Maleantes en agosto de 1933 supondrá un punto de inflexión, viéndose realizada, en sus características, presupuestos y fines, la cartografía discursiva del homo criminalis y la nueva racionalidad penal de inspiración positivista. Ello explica que el penalista Luis Jiménez de Asúa, avezado discípulo de Pedro Dorado Montero y principal hacedor de la Ley de Vagos y Maleantes, afirmase sobre esta que había sido dotada, en su diseño, de una “incalculable eficacia científica” al detentar una impronta “defensiva y biológica”.83
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82 Garland, D. (2005). La cultura del control… Op. cit., 15-39.
83 Jiménez de Asúa, L. (1933). Ley de vagos y maleantes. Un ensayo legislativo sobre peligrosidad sin delito. Revista de Legislación y Jurisprudencia (163), 628.
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Aarón Suárez Pérez (1993). Graduado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2019) y Máster en Filosofía de la Historia por la Universidad Autónoma de Madrid (2020). Actualmente, es doctorando en el Programa de Doctorado Territorio y Sociedad: Evo- lución histórica de un espacio tricontinental (África, América, Europa) por la Universidad de La Laguna. Destacan sus publicaciones “La ley de vagos y maleantes desde su praxis social. Una aproximación al control de la pobreza desviada durante el primer franquismo (1936-1960)”, Vegueta.Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, (22: 2) 2022, o “Delincuencia y producción de pánicos morales en la prensa española primisecular (Islas Canarias, 1900-1930)…”, Rúbrica Contemporánea (12:24) 2023. Forma parte de los grupos de investigación Historia de la ciuda- danía (ULL), del Grupo de Estudios sobre Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas (UCLM) y es investigador asociado al Centro de Estudios y Difusión del Atlántico.
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Mariana Cardoso
Universidad Nacional de Educación a Distancia mcardoso@geo.uned.es
https://orcid.org/0000-0001-7184-3396
Resumo
Após a eclosão da Guerra Civil na Espanha, a diplomacia alinhada aos naciona- listas no Brasil passou a perseguir cidadãos espanhóis neste país sob a orientação do Governo de Burgos. As ações empreendidas pelos ex-funcionários do Ministério de Estado não eram tradicionalmente próprias de um órgão de política exterior. Sustentamos que os diplomatas desempenhavam função típica das polícias criadas com a constituição dos estados modernos a partir do final do século xviii para reprimir a delinquência política. Os métodos de ação colocados em prática pe- los representantes do Ministério de Assuntos Exteriores (MAE) e os instrumentos adotados se assemelhavam àqueles utilizados pelas polícias secretas, especialmente a recopilação de informação, a constituição de rede de informantes, a participação na detenção de pessoas, o uso de meios para coação e a eliminação do inimigo. No território brasileiro, cidadãos espanhóis ali permaneceram resistindo à ditadura franquista por meio de sua produção intelectual crítica e de sua atuação política. O exílio neste país passaria a ser considerado como verdadeiro risco para as autorida- des franquistas que zelavam pela manutenção do regime.
Palavras-chave: diplomacia, exilio, Franco, polícia política, repressão,Vargas
Fecha de recepción: 02/05/2024 Fecha de aceptación: 11/09/2024
ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.12
Resum
La diplomàcia franquista en acció: prevenció, combat i càstig (1939-1945)
Després de l’inici de la guerra civil a Espanya, la diplomàcia alineada amb els nacionals al Brasil va començar a perseguir ciutadans espanyols sota orientació del govern de Burgos. Les accions dutes a terme per antics funcionaris del Ministeri d’Estat no eren tradicionalment les pròpies de l’òrgan de política exterior. Susten- tem que els diplomàtics desenvolupaven la funció típica de les policies creades amb la constitució dels Estats moderns a partir del final del segle XVIII per a reprimir la delinqüència política. Els mètodes d’acció posats en pràctica per representants del Ministeri d’Afers exteriors (MAE) i els instruments adoptats s’assemblaven a aquells utilitzats per les policies secretes, especialment la recopilació d’informació, la cons- titució de xarxa d’informants, la participació en la detenció de persones, l’ús de mitjans per a la coacció i l’eliminació de l’enemic. En el territori brasiler, ciutadans espanyols van resistir a la dictadura franquista a través de la seva producció intel- lectual crítica i de la seva actuació política. L’exili en aquest país seria considerat com un veritable perill per a les autoritats franquistes que intentaven mantenir la supervivència del règim.
Paraules clau: diplomàcia, exili, Franco, policia política, repressió,Vargas.
Resumen
La diplomacia franquista en acción: prevención, combate y castigo (1939-1945)
Después del inicio de la guerra civil en España, la diplomacia alineada con los nacionales en Brasil empezó a perseguir ciudadanos españoles bajo orientación del gobierno de Burgos. Las acciones llevadas a cabo por exfuncionarios del Ministe- rio de Estado no eran tradicionalmente las propias del órgano de política exterior. Sustentamos que los diplomáticos desarrollaban la función típica de las policías creadas con la constitución de los Estados modernos a partir del final del siglo XVIII para reprimir la delincuencia política. Los métodos de acción puestos en práctica por representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) y los instrumentos adoptados se parecían a aquellos utilizados por las policías secretas, especialmente la recopilación de información, la constitución de red de informantes, la participa- ción en la detención de personas, el uso de medios para la coacción y la elimina- ción del enemigo. En el territorio brasileño, ciudadanos españoles resistieron a la dictadura franquista a través de su producción intelectual crítica y de su actuación política. El exilio en este país sería considerado como um verdadero peligro para las autoridades franquistas que intentaban mantener la supervivencia del régimen.
Palabras clave: diplomacia, exilio, Franco, policía política, represión,Vargas.
Abstract
Franco’s Diplomacy in Action: Prevention, Combat and Punishment (1939-1945)
After the Spanish Civil War broke out, nationalist-aligned diplomacy in Brazil began to persecute Spanish citizens in the country under the guidance of the Bur- gos’ government. The actions undertaken by the former officials of the Brazilian Ministry of State were not common to traditional foreign policy body. We advo- cate that diplomats performed a typical function of the police, similar to that of the formation of modern states from the end of the 18th century to repress political delinquency. The methods put into practice by the representatives of the Ministry of Foreign Affairs (MAE) and the instruments adopted were similar to those com-
monly used by secret polices, namely: the collection of information, the creation of a network of informants, the participation in the arrest of people, the use of co- ercive means, and the assassination of enemies. Spanish citizens remained resisting the Franco dictatorship in Brazil via critical intellectual production and political action. Exile in Brazil would come to be considered a real risk for the Francoist authorities who were looking after the maintenance of the dictatorial regime.
Keywords: diplomacy, exile, Franco, political police, repression,Vargas.
§
Na noite de 27 de julho de 1945, aproximadamente às 20:45, Pedro García Conde, embaixa- dor de Espanha na cidade do Rio de Janeiro, informava ao Ministério de Assuntos Exteriores (MAE) o teor da conversa que havia tido pela manhã com o chanceler brasileiro a respeito de um evento organizado por membros da Associação Brasileira de Amigos do Povo Espanhol (ABAPE) — entidade fundada por espanhóis e intelectuais brasileiros em defesa do restabele- cimento da democracia na Espanha.1 Na realidade, Conde havia marcado encontro com o ministro das Relações Exteriores para tratar de outro assunto que era urgente — a proposta de rotura de relações diplomáticas com a Espanha que seria discutida na conferência preparatória para a formação das Nações Unidas, na cidade de São Francisco, na qual o Brasil estaria pre- sente e a Espanha franquista não fora convidada a participar. Entretanto, ao tomar ciência do que preparava a ABAPE para o dia 28 de julho, antecipou sua ida ao Itamaraty2 com a intenção de obter auxílio do Governo Vargas para impedir a realização daquela reunião que seria em praça pública.3
Pedro Conde desejava evitar debates que trouxessem à público o que as autoridades espa- nholas negavam rotundamente — a natureza fascista do novo Estado espanhol — e que este fato pudesse mobilizar a opinião pública contra o regime, e, assim, comprometer o apoio bra- sileiro ao caudilho. Esta estratégia se assemelhava àquela adotada por José Sebastián de Erice para a defesa do franquismo junto à Comissão de Direitos do Homem da ONU — posterior Comissão de Direitos Humanos, que não se restringiu a negar publicamente acusações for- muladas contra a Espanha de Franco, como a de violações de direitos humanos, mas procurar evitar que este assunto viesse à baila.4
Conforme o telegrama remetido ao MAE, o ministro das Relações Exteriores do Brasil res- pondeu que naquelas circunstâncias, de absoluta liberdade de imprensa e de reunião no país,
1 * Este trabalho recebeu apoio do Programa Maria Zambrano para Atração de Talento Internacional.
Com sede no Rio de Janeiro, a ABAPE fora constituída em 3 de julho e contava com a participação de ex-membros do Minis- tério de Estado (Ramón Fernández Pintado e Ricardo Antonio Pérez), de José Morales, Ramiro Pintado, Manoel Freire Castilha, de voluntários brasileiros que lutaram nas fileiras republicanas e de Roberto Sisson, membro do Partido Comunista Brasileiro. Em sua reunião de fundação, teria comparecido Fernando Lagarde, secretário da embaixada mexicana, e teria sido decidido arrecadar fundos e pleitear a ruptura de relações diplomáticas entre Brasil e Espanha [Archivo General de la Administración (AGA), Exte- riores, 1577-35, Despacho n.º 200 de Pedro García Conde, embajador. Embajada de España. Río de Janeiro, 4 de julio de 1945]. A ABAPE foi investigada pela polícia política paulista, que registrou num prontuário policial as reuniões realizadas pela entidade até o seu fechamento por ordem do Departamento Nacional de Informações, em 13 de setembro de 1946. Cf. Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), DEOPS/SP, Prontuário 10503 – Associação dos Amigos do Povo Espanhol.
2 O Ministério das Relações Exteriores do Brasil também é conhecido por Itamaraty, nome do edifício onde esteve situada sua sede no Rio de Janeiro, o Palácio do Itamaraty.
3 Cf. Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 1577-35,Telegrama n.º 193-cif. al ministro de Asuntos Exterio- res. Embajada de España. Río de Janeiro, 27-7-1945.
4 Consideramos que a ação de Pedro García Conde estava alinhada à orientação dada pelo então ministro de Assuntos Ex- teriores, Martín Artajo, aos diplomatas franquistas no sentido de buscar-se evitar ao máximo que o debate sobre a “questão
seria impossível proibir o meeting organizado pela ABAPE, ainda que tal encontro também des- favorecesse o próprio presidente da República. Diante desta negativa, Conde decidiu reduzir sua demanda, requerendo que se autorizasse o evento apenas em âmbito privado — a portas fechadas — e não no espaço público. Entretanto, o chanceler brasileiro receava não conseguir e, tampouco prometeu avisar imediatamente o chefe de polícia, que, em sua avaliação, era um homem muito hábil.5
Em seguida, o embaixador espanhol aproveitou para indagar sobre a posição brasileira a res- peito da proposta de ruptura de relações diplomáticas com a Espanha franquista. Esta questão seria discutida na Conferência de São Francisco. E o ministro teria dito não possuir notícias sobre o assunto porque o presidente nada lhe havia informado e afirmara que: “se chegou ao presidente tal proposição, terá jogado ao cesto de papéis” (tradução livre).6 Na realidade, esta colocação refletia a política varguista que havia sido adotada desde o início da Guerra Civil espanhola, em 1936, a de apoio aos nacionalistas. Consideramos que esta colaboração ocorreu não exatamente por afinidade ideológica, mas por questão estratégica — em virtude das faci- lidades que o Brasil teria para controlar, perseguir, obter provas e eliminar rojos espanhóis, além de punir seus colaboradores no país.
O telegrama enviado por Pedro Conde ao MAE confirma um dos aspectos do modus operandi desta diplomacia no Brasil, qual seja, o de realizar “gestões” — conversas pessoais — junto às autoridades brasileiras com a finalidade de obter seu auxílio para o combate aos inimigos do Estado franquista. Esta iniciativa havia sido exitosa durante o conflito civil na Espanha. Mas, no caso mencionado, a colaboração não fora possível em razão das alterações nos planos interno e internacional. Os ventos da guerra sopravam em direção à vitória aliada e o fim do conflito mar- caria a derrocada do nazifascismo. Ciente deste fato, em âmbito doméstico, desde abril de 1945 o presidente Getúlio Vargas ensaiava medidas para demonstrar ao mundo que seu regime ditatorial se transformava e o país se democratizava. E por este motivo que o pedido de providências contra a reunião da ABAPE, que seria realizado na cidade de São Paulo, não teria sido atendido.
Entretanto, a documentação da polícia política paulista revela que o Departamento de Or- dem Política e Social do Estado de São Paulo ordenou se efetuasse policiamento “severo” a esta reunião,7 que ocorreria no Largo da Concórdia, em São Paulo. Para essa missão, houve o destacamento de dois delegados de polícia, investigadores e vinte guardas civis.8 Cerca de três
espanhola” viesse à público. Não se tratava apenas de negar publicamente as acusações sobre violações de direitos humanos na Espanha ou que o regime tivesse sido constituído por meio da aliança ao nazifascismo, mas impedir que o assunto viesse à baila. Conforme demonstramos anteriormente, no âmbito das Nações Unidas, esta diretriz foi seguida por José de Erice junto às sessões do Conselho de Direitos do Homem. Cf. Ribeiro, M.C.S. (2018). Relegado à invisibilidade: o lugar dos direitos humanos na agenda da diplomacia franquista (1945-1955). Revista de História, USP, disponível em https://www.revistas.usp.br/ revhistoria/article/view/133803/149301.
5 Havia conseguido que o ministro das Relações Exteriores deixasse o chefe de Polícia em alerta. E sobre o assunto ele teria dito: “Pero poco importa que sea en plaza pública porque solamente asistirán cuatro gatos”.Ver: Archivo General de la Ad- ministración (AGA), Exteriores, 1577-35,Telegrama 195 – cif. de Pedro García Conde al ministro de Asuntos Exteriores, Rio de Janeiro, 31-7-1945.
6 Ibid.
7 Cf. Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), DEOPS/SP, Prontuário 10503 – Associação dos Amigos do Povo Espanhol, Despacho de Venancio Ayres, chefe do Departamento de Ordem Polícia e Social, São Paulo, 24-8-1945. Junto ao despacho, pode-se ler a frase manuscrita “policiamento severo”, que atribuímos a Venancio Ayres porque está escrita com o mesmo tipo de letra e na mesma cor da tinta de caneta utilizada no despacho.
8 Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), DEOPS/SP, Prontuário 10503 – Associação dos Amigos do Povo Es- panhol, “Escala de Policiamento Extraordinário de Ordem Política e Social para o Comício Democrático da Associação Brasileira dos Amigos do Povo Espanhol” elaborada por Venancio Ayres, chefe do Departamento de Ordem Polícia e Social, São Paulo, 24-8-1945.
semanas antes, também na cidade de São Paulo, havia sido organizado encontro da ABAPE na sede do sindicato dos bancários. Nesta oportunidade, teriam comparecido cerca de trezentas pessoas e tomado a palavra Luis Amador Sánchez Fernández pedindo a adesão dos espanhóis àquela entidade.9 Possivelmente, o temor de García Conde era de que o evento de agosto tivesse a mesma magnitude do anterior e conquistasse o apoio da opinião pública brasileira.
Neste artigo, trataremos do papel desempenhado por esta diplomacia no Brasil com relação aos chamados “inimigos da Nova Espanha” no período entre a vitória nacionalista, em abril de 1939, e o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Partimos do pressuposto de que as ações dos representantes do Governo franquista não eram tradicionalmente diplomáticas, mas inves- tigativas. E nessa direção sustentamos a hipótese de que se assemelhavam à função desenvolvida pelas polícias criadas pelos estados modernos a partir do final do século xviii. Com a finalidade de garantir sua subsistência, estes estados constituíram um corpo policial especializado na pre- venção, no combate e na punição da delinquência política.
Como sustenta José Faraldo,10 tanto o objeto de persecução criminal (as ideias) quanto os mé- todos utilizados se assemelhavam aos do Tribunal da Inquisição espanhola. Ao analisar a origem e a formação das polícias secretas comunistas, o historiador revela algumas de suas características comuns, como a utilização de elementos específicos na investigação do delito (uso de identidade falsa, de esconderijos, de carros sem placas, constituir redes de informantes) e na persecução ao criminoso (uso de chantagem, de ameaça, de tortura e fazer desaparecer detidos geralmente não submetidos a processo judicial). Em geral, este tipo de polícia se valia da recopilação da informa- ção, da detenção coletiva, da intimidação e da prática de eliminação do inimigo.
Na literatura histórica, há obras muito importantes sobre o papel exercido por diplomatas para a perseguição política, tanto para a triangulação de informações sobre criminosos (entre o país ao qual representavam e terceiros países),11 quanto para a colaboração com represálias a determinadas categorias de cidadãos12 ou para viabilizar a espionagem por meio das chancela- rias no exterior.13 Entretanto, não há estudos que os considerem como peças-chave de regimes de natureza autoritária/totalitária, de maneira sistêmica, ao lado dos órgãos de justiça e de segurança pública. E nem que procurem explicar a natureza de suas ações, que, em determi- nados governos, se afastará da representação do Estado e de suas instituições no exterior para converter-se em função eminentemente policial envolta no maior secretismo.14
Acreditamos que este fato possa ter por causa três fatores principais. Primeiro, a ausência de documentação disponível que revele de forma ostensiva seu lugar no sistema repressivo, que
9 Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), DEOPS/SP, Prontuário 10503 – Associação dos Amigos do Povo Espa- nhol, Relatório (sem autoria) ao Delegado Chefe do Setor de Ordem Política. Secretaria da Segurança Pública. Delegacia de Ordem Política e Social, São Paulo, 17-7-1945.
10 Faraldo, J.M. (2018). Las redes del terror: Las policías secretas comunistas y su legado. Galaxia Gutenberg, 19-31.
11 Como exemplo, citamos a colaboração do embaixador em Paris, José Felix de Lequerica, para a vigilância sobre os refugiados espanhóis na França. Cf. Preston, P. (2011). El holocausto español: Odio y exterminio en la Guerra Civil y después. Debate, 638-644.
12 Como exemplo, mencionamos a ação em Portugal da diplomacia e da polícia que procuravam impedir qualquer sinal de oposição ao franquismo quando manifestado neste país. Cf. Chaves Palacios, J. (2017). Franquismo y salazarismo unidos por la frontera: cooperación y entendimiento en la lucha contra la disidencia (1936-1950), disponível em http://ccec.revues.org/6571.
13 Em sua obra, o historiador Jordi Guixé demonstra de que forma se constituíram e atuaram os serviços franquistas de infor- mação na França por meio da diplomacia. Cf. Guixé Coromines, J. (2012). La república perseguida: Exilio y represión en la Francia de Franco, 1937-1951. Universitat de València, 92-99.
14 Do ponto de vista jurídico, o conceito de espionagem se refere ao uso de meio oculto ou fraudulento para obter informação reservada ou secreta (https://dpej.rae.es/lema/espionaje). Conforme Heiberg e Ros, o objetivo da espionagem é obter informa- ção relacionada com a segurança nacional ou com os interesses do Estado (Cf. Heiberg, M. y Ros Agudo, M. (2006). La trama
indique ser um dos elementos principais de sua estrutura, e não ator secundário.15 Em segun- do lugar, a cristalização da retórica propalada pelo próprio órgão de política exterior de que o âmbito de sua atuação é o da representação do Estado, de seus interesses e da proteção aos seus cidadãos no exterior. E que as questões de polícia (segurança) seriam de competência do Ministério do Interior ou de Justiça (a depender do país). Entretanto, ainda que esta não seja sua atribuição originária, há exemplos da ação desta instituição neste sentido.16
E em terceiro, a complexidade na interpretação das fontes primárias, que geralmente não oferecem dados suficientes para revelar facilmente a desvirtuação da função diplomática. Não nos referimos ao desvio de conduta individual de determinado funcionário (com relação à casos pontuais), mas a modificação de finalidade do próprio órgão. Atribuímos essa dificuldade no tratamento dos dados à opacidade própria deste tipo de documentação. Essa característica impõe tarefa árdua ao historiador que se vê obrigado a procurar com rigor os fragmentos da mesma história pulverizados nos fundos de distintos arquivos para efetuar o cruzamento de dados. Por este motivo que a documentação diplomática, quando analisada isoladamente, não confere a di- mensão adequada sobre o papel que exerciam os diplomatas e a natureza de suas ações.
Na realidade, consideramos que eram policiais, muitas vezes clandestinas e totalmente ile- gais. E o sigilo a elas imposto explica a ausência de informações substanciais nas fontes, ou a presença de dados incompletos ou de determinados “códigos” (siglas, expressões genéricas que em si mesmas não indicam o conteúdo completo da mensagem que enviava). Estes fatores tornam ainda mais difícil a compreensão e podem reforçar a ideia de que o órgão de política exterior não era parte fundamental do sistema repressivo, apenas o auxiliava. E que não se vin- culava diretamente às questões relacionadas à segurança e à defesa do Estado.17
Neste artigo, trataremos sobre a ação da diplomacia franquista frente ao exílio vivido pelo cônsul Luis Amador Sánchez Fernández no Brasil — aqui considerado enquanto forma de resistência. Examinaremos esta ação em sua tríplice dimensão: a preventiva, a combativa e a punitiva. A primeira, consistia em agir no sentido de antever o fato delitivo, observar o suspei- to, seguir seus passos. A segunda, significava tomar providências para suspender de imediato a prática do crime, obter informações que pudessem permitir localizar o acusado, e constituir as provas da atividade criminosa. E a última, tratava-se de garantir a aplicação do castigo, tanto fazendo chegar o caso (e as devidas provas) ao conhecimento das autoridades públicas no Brasil e na Espanha, quanto adotando represálias contra o indivíduo nos bastidores do poder.
oculta de la Guerra Civil: Los servicios secretos de Franco. Crítica, XII-XIV). Esclarecemos que as fontes primarias utilizadas neste artigo não nos autorizam a considerar como espiões os diplomatas à serviço do regime franquista no Brasil.
15 A política de acesso determinada pela Lei n.º 19, de 5 de abril de 1968 (modificada pela Lei n.º48/1978), e pelo Acordo do Conselho de Ministros, de 15 de outubro de 2010 (sobre política de segurança da informação do Ministério de Assuntos Exteriores e de Cooperação) impede que venha à público documentação classificada como “secreta” e que se refere a distintas áreas das relações exteriores. Sobre a questão ver:Viñas Martín,Á. (2014). Salamanca, 1936: Memorias del primer ministro de Asuntos Exteriores de Franco. Crítica, 7-12.
16 Recordamos aqui o caso da expulsão da Argentina do jornalista norte-americano John White, em 1937, por ter publicado no The NYTimes que Getúlio Vargas havia dado um golpe de Estado no Brasil. O caso foi tratado entre os ministérios das Rela- ções Exteriores de Brasil e Argentina. E ainda que o Itamaraty tenha solicitado providências contra White e fornecido provas de sua “indesejabilidade”, seu homólogo argentino saiu em sua defesa na imprensa ao negar a ingerência brasileira, muito além de afirmar que o tema da expulsão de estrangeiros não era de competência do órgão de política exterior. Cf. Cardoso dos San- tos Ribeiro, M. (2017). Libertad de prensa en alarma: diplomacia e censura exterior durante o governo Vargas (1937-1945). In: Álvarez Cuartero, I. Conflicto, negociación y resistencia en las Américas. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca. 17 A atuação da diplomacia junto às redes de espionagem na França, tanto durante a guerra civil espanhola quanto ao longo da Segunda Guerra Mundial, demonstra a participação direta das autoridades franquistas nas questões consideradas de segurança e defesa do Estado. Cf. Guixé Coromines, J. (2012). La República perseguida… Op. cit., 43-52 e 148-155.
Reputamos este tipo de atuação como própria da lógica de um Estado policial que man- tinha a sociedade civil sob o controle mais estrito. Na Espanha de Franco, a investigação dos antecedentes do cidadão era regra. Para que se realizassem quaisquer atos administrativos sobre determinada pessoa, solicitavam-se informações (“informes”) a seu respeito a órgãos públicos, seus distintos setores e outras entidades.A finalidade era a de investigar e certificar a idoneidade política e moral dos indivíduos. Acreditamos que essa prática, já mencionada pela historiogra- fia,18 atingiu todas as instituições do regime franquista, incluído o órgão de política exterior.19 Este estado de vigilância constante transpôs as fronteiras espanholas para alcançar seus cidadãos do outro lado do Atlântico, no Brasil.
Ações preventivas: a lógica da diplomacia policial
Luis Amador Sánchez era natural de Madri, nascera em 19 de abril de 1896. Formou-se em Direito pela Universidade Central de Madri, em 1917. E cerca de quatro anos depois, ingressava na carreira diplomática, tendo ocupado o cargo de cônsul na Bélgica (1921-1924), no Brasil (1925-1927), na Argentina (1927-1928), na Noruega (1929-1930), na Suécia (1930-1934), na
França (1934-1936).
Quando eclodiu o conflito civil na Espanha, estava lotado no consulado em La Plata, na Argentina. Havia chegado da França recentemente,20 deixara seu posto em Paris em razão do alto custo de vida. Inicialmente, desejava mudar-se com sua família (a esposa e três filhos) para a cidade de Santos, no Brasil, mas a documentação não informa por qual motivo mudou seu plano inicial.
Em meio à guerra, foi transferido para o consulado no Rio de Janeiro, assumindo seu novo posto em 1938. Com a vitória nacionalista, perdeu o cargo de cônsul, sendo exonerado pelo Ministério de Assuntos Exteriores. Ao se ver obrigado a deixar a representação consular, pas- sou a colaborar com diversas revistas e jornais da América Latina, dentre estes, o periódico O Estado de São Paulo. Escrevia textos sobre literatura espanhola e política internacional. Essa ati- vidade parecia não incomodar seus ex-colegas de profissão que seguiam seu trabalho de perto desde o final do conflito. Na opinião do embaixador Pedro García Conde, Amador Sánchez analisava questões da política internacional com verdadeiro sentido crítico e grande espírito de observação. E o seu livro El llanto de los hombres, que reunia diversos artigos publicados na imprensa, revelava “escrita fina sem artifício, tornando amena e fácil a leitura” (tradução livre).21 A produção intelectual de Amador Sánchez era lida por cônsules e pelo embaixador, sendo remetida periodicamente ao MAE. Normalmente, os textos (recortes de jornal) iam acompa- nhados da análise de conteúdo, e em algumas ocasiões, continham comentários sobre a postura
18 Ver: Álvaro Dueñas, M. (2009). Control político y represión económica. In: Díaz-Balart, M.N. La gran represión. Flor del Viento, 266-267.
19 O Ministério de Assuntos Exteriores requeria informações às embaixadas dos países onde o indivíduo tivesse residido. Por sua vez, as representações franquistas comunicavam-se com as autoridades locais do país onde estivessem sediadas para pedir dados complementares, se fosse o caso. Desta forma, intercambiavam-se as provas contra o cidadão.
20 Foi nomeado cônsul em La Plata, em 13 de junho de 1936. Cf. Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 54-11673.
21 Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 1577-35, Despacho n.º 355 de Pedro García Conde, embajador al ministro de Asuntos Exteriores, Embajada de España, Río de Janeiro, 22-9-1944.
política de seu autor.22 A tarefa de acompanhar e vigiar a divulgação de suas ideias no Brasil correspondia à nova função que havia sido imprimida à diplomacia franquista, desde o início da Guerra Civil, e que se solidificaria com a constituição do novo regime, após 1939.
Cabe ressaltar que esta atribuição não se relacionava exatamente às atividades próprias de representantes do órgão responsável pela política exterior. Originalmente, estes funcionários tinham competência para reportar aos seus superiores dados de interesse para as relações bilate- rais com o país de acolhida, para representar o Estado de origem, e para defender os interesses de seus nacionais. Entretanto, esta função se modificaria com a implementação das diretrizes da chamada “guerra de ocupação” na zona nacionalista durante o conflito civil na Espanha.
À medida que os territórios iam sendo conquistados pelos rebeldes, as forças de segurança foram orientadas a realizar o mapeamento, a identificação e a eliminação do inimigo.23 Esta mesma lógica foi transposta para o outro lado do Atlântico e executada por ex-funcionários de carreira que haviam abandonado o Ministério de Estado. Esses indivíduos, que passaram a representar o Governo nacional no Brasil, atuavam de forma oficiosa e seguindo as orientações da Secretaria de Relações Exteriores sediada em Salamanca.
As instruções eram transmitidas por meio do ex-cônsul José de Cárcer y Lassance, no Rio de Janeiro. E passaram a realizar o mapeamento ideológico da comunidade espanhola radicada neste país. O objetivo era o de identificar os inimigos e classificá-los como “adictos” ou “não adictos”. Para tanto, informavam-se sobre seus antecedentes políticos, acompanhavam suas ações e preveniam as autoridades varguistas sobre o perigo que representavam à segurança do Estado brasileiro. Consideramos que a partir desse momento é que estes diplomatas exerce- riam funções eminentemente policiais, atuando em estreita conexão com o sistema repressivo implantado nas zonas da Espanha invadidas pelos insurgentes.
Após a vitória de Franco, continuaram a atuar “preventivamente”, conforme a lógica poli- cial. Buscavam antever a prática do delito por meio da vigilância atenta e constante dos mo- vimentos de cidadãos espanhóis, especialmente daqueles cuja vida pregressa autorizava a total desconfiança, como no caso do cônsul Amador Sánchez.
Muito embora gozasse do respeito de seus antigos colegas de profissão, ele havia integrado os quadros do Ministério de Estado até o final da contenda. Após ter sido exonerado, sobrevi- veria no Brasil ministrando aulas de espanhol e escrevendo artigos até ser nomeado, em feve- reiro de 1944, professor catedrático de Língua e Literatura Espanholas e Hispano-americana na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
Este fato também foi acompanhado pela diplomacia franquista e comunicado oficialmente ao MAE por José Gallostra y Coello de Portugal, cônsul geral de Espanha em São Paulo, em 24 de junho de 1944.24 Gallostra considerava-o “prudente e discreto”, já que seus artigos não comentavam e sequer mencionavam a política na Espanha. Entretanto, acrescentava que devia informar ao MAE de que ele não havia manifestado até aquele momento nenhum desejo de manter relações com a embaixada espanhola no Rio de Janeiro.25 Sem dúvida que essa questão
22 No original:“fina pluma sin artificio, haciendo amena y fácil la lectura de la referida obra”, ibid.
23 Sobre as estratégias utilizadas durante a guerra de ocupação ver: Gómez Bravo, G. (2017). Geografía humana de la represión franquista: Del golpe a la guerra de ocupación (1936-1941). Cátedra.
24 Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 1577-35, Despacho n.º77 de José Gallostra, cónsul general, al mi- nistro de Asuntos Exteriores, Consulado General de España, San Pablo, 24-7-1944.
25 Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 1577-35, Despacho n.º245 de Pedro García Conde, embajador, al ministro de Asuntos Exteriores, Embajada de España, San Pablo, 28-6-1944.
contaria em seu desfavor, já que o conceito de inimigo da ditadura franquista também abarcava aqueles que lhes eram indiferentes.
Muito embora estivesse sob controle direto por parte de seus ex-colegas, sua nova ativida- de profissional parecia não causar nenhum risco aparente ao regime. Entretanto, esse cenário se modificaria meses depois. Em outubro de 1944, concedeu entrevista ao jornal paulistano Diário da Noite, e que daria origem à matéria “Pela restauração da República Espanhola”. Esse texto gerou os primeiros relatórios negativos da embaixada espanhola para o MAE com críticas a respeito de sua postura frente ao franquismo.
De uma ação meramente preventiva, acompanhar os textos publicados na imprensa por Sánchez, a diplomacia passaria a exercer a atividade combativa. Procuraria reunir as provas da prática de fato considerado crime político. Neste caso, consistia na divulgação de críticas ao caudilho e às suas instituições por meio de artigos publicados na imprensa paulista. A partir do instante que estava constatada a pretensa atividade delitiva, dava-se início à tarefa de recopila- ção de todas as informações sobre o assunto (provas). O material localizado seria selecionado, analisado, e o original remetido ao MAE, sendo que uma ou mais cópias ficariam arquivadas numa pasta registrada com seu nome no arquivo da embaixada espanhola no Rio de Janeiro.
Claro está que esses diplomatas se valiam de uma rede de informantes para alimentar inúmeras pastas das chancelarias sobre a atuação dos investigados. Nos relatórios enviados por estes funcio- nários ao MAE há referência às informações obtidas por meio não revelados diretamente. Isso nos sugere a existência de rede clandestina de colaboração, que, muito provavelmente, usava distintos meios ilícitos para operar. Esta rede poderia estar formada por particulares ou funcionários públicos, questão esta que ainda merece ser investigada detalhadamente em outro trabalho sobre o tema.
Guerra de nervos dentro e fora da Espanha
O estopim para as ações de “combate” contra Amador Sánchez foi o conteúdo de suas de- clarações ao periódico Diário da Noite, que reiteravam a existência da luta contra Franco dentro e fora das fronteiras. Com muita lucidez e acuidade para a interpretação dos fatos, tocava nos três pontos sensíveis para o Governo franquista naquele momento. O primeiro deles era o controle sobre os movimentos antifranquistas que ameaçavam o regime. Sustentava que havia focos de oposição à ditadura no território espanhol e no exterior, onde cidadãos espanhóis ainda resistiam cada qual a sua maneira:
Hoje como ontem, a Espanha resiste. Resiste dentro de suas fronteiras e em todos os núcleos de espanhóis livres que se distribuem pelo mundo […] quanto às incursões dos republicanos através das fronteiras, elas não constituem mais do que tentativas esporádicas, com duas inten- ções diversas: reanimar e sustentar a resistência subterrânea que existe na Espanha de Franco e submeter o regime do Caudillo a uma intensa guerra de nervos.26
O segundo, a derrocada do franquismo por imposição internacional, tendo em vista o risco que representava para as potências democráticas ocidentais. Este debate perduraria nas Nações Unidas até a admissão da Espanha como membro daquela organização internacional, em 1955.
26 Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 51/16489, Diário da Noite, de 24 de outubro de 1944. AGA, Ex- teriores.
Na opinião de Sánchez, a guerra de nervos provocada pelos atos de resistência anunciava a pos- sibilidade de novo conflito no país:“[…] [era o] prenúncio de acontecimentos maiores e mais sérios que por certo hão de ocorrer na Espanha, caso o problema espanhol não seja incluído no programa de paz mundial que os aliados vêm preparando […]”.27
Desta forma, salientava que se o regime republicano não fosse reinstaurado na Espanha, haveria a possibilidade de outra guerra com dimensão internacional: “É preciso […] que as nações que vão decidir os destinos do mundo de amanhã, tenham em conta que se a Espanha não retornar ao sistema republicano teremos lançado na Europa as sementes para um outro conflito entre os povos […]”.28
E o terceiro ponto, a violência e a repressão, frutos da política de aniquilamento planejada e executada contra a população “vencida”. Após 1946, este tema seria objeto de inúmeras de- núncias junto à Comissão de Direitos do Homem das Nações Unidas provocando uma série de pedidos de explicação à Espanha por parte deste órgão subsidiário.29 Amador Sánchez, com precisão de análise, explicava ao periódico paulistano que o Governo de Franco, depois de cin- co anos de existência, se resumia em “fome, miséria, mercado negro e intolerância”, e que uma propaganda capciosa havia desacreditado a Espanha republicana rotulando-a de “vermelha”:
“[…] a hora da redenção, prosseguiu o Sr. Luiz Amador Sanchez, não deve tardar. E o mundo, então, poderá melhor compreender como e porque foi derrotada a Re- pública espanhola, quais foram os métodos empregados para desacreditá-la, como agiu a propaganda capciosa que procurou rotulá-la de “vermelha”, e, sobretudo as consequências funestas do novo regime, cujo balanço se resume em fome, miséria, mercado negro e intolerância.30
Sobre a opressão, defendia que a preocupação maior do caudilho foi empreender a persegui- ção sistemática contra figuras de projeção na política e de intelectuais, dando como exemplos a execução de Lluís Companys i Jover, líder do partido Esquerra Republicana da Catalunya e presidente da Generalitat da Catalunha, que foi submetido a conselho de guerra e fuzilado. E a prisão do professor Julian Besteiro, que faleceu numa prisão de Madri.
Em razão da difusão de suas ideias, Amador Sánchez, assim como outros intelectuais, passava do rol de indivíduos potencialmente ao rol de efetivamente perigosos para franquismo. O mo- tivo é expunha publicamente as fragilidades deste sistema, e na qualidade de professor de uma universidade pública de prestígio. Inclusive, por causa de sua atividade neste cargo assumido havia poucos meses, receberia críticas severas por parte de diplomatas comprometidos com a ditadura.
Homens da política e da cultura: exílio intelectual e resistência
A matéria do jornal Diário da Noite, que havia provocado a reação imediata por parte da di- plomacia, foi enviada por José Gallostra à embaixada no Rio de Janeiro acompanhada de nota deste cônsul geral sobre o assunto. Em sua avaliação, os artigos de Amador Sánchez publicados na imprensa paulista até aquele momento sempre mantiveram orientação correta e tratado de
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Esta questão foi por nós analisada em Ribeiro, M.C.S. (2018). Relegado à invisibilidade… Op. cit.
30 Ibid.
diversos temas com excelência. E considerava que o seu tom “desagradável” naquela entrevista refletia o nervosismo dos republicanos diante da atitude serena do Governo espanhol frente ao conflito mundial. Na realidade, naquela altura, os revezes sofridos pelo Eixo durante os com- bates e a queda de Mussolini já prenunciavam a vitória aliada, causando ainda mais tensão às autoridades franquistas que temiam o futuro a ser reservado para o regime.
O embaixador Pedro Conde, por sua vez, concordou com a apreciação de seu colega a respei- to do comportamento de Amador Sánchez, e encaminhou ao MAE todo o material coletado.31 A partir de então, criou-se junto ao arquivo da embaixada pasta com o nome de Amador Sánchez, onde foram armazenados nove artigos de sua autoria, que continham críticas ao franquismo, às suas instituições e aos seus apoiadores. Este material havia sido publicado nos jornais das cidades de São Paulo (Folha da Manhã e O Estado de São Paulo) e de Santos (A Tribuna), no período entre novembro de 1944 e dezembro de 1946.32 São textos dotados de ironia fina que atam os olhos do leitor. Estes artigos foram recolhidos pelos cônsules Fernando Carlos de Navarro y Jordán, em Santos, e José Gallostra, em São Paulo.Ambos teceram considerações negativas sobre o conteúdo, e mais uma vez remeteu-se o material ao MAE por intermédio da embaixada.
No artigo “O problema político espanhol interessa à América”,33 Amador Sánchez sustenta- va que se poderia ficar alheio à luta dos republicanos espanhóis contra Franco, mas se deveria estar atento à Falange. E a ideia de “hispanidade” defendida pelo partido único — da solida- riedade do mundo hispano-americano sob a égide de Espanha por intermédio do idioma e da cultura — nada mais era que a arma secreta (nos moldes do nazismo) para atacar a democracia latino-americana. Citava como exemplo as atividades falangistas que haviam sido descobertas no Uruguai, em Cuba, no México e nos Estados Unidos.
Dirigia diretamente crítica a postura da diplomacia franquista que servia à propaganda dos ideais falangistas, que, ingenuamente, pensavam conseguir ocultar: “[…] é infantil acreditar em outras boas intenções pela sugestão pessoal que tem causado certos representantes franquistas irradiando fascinação e simpatia tendo como centro as embaixadas […]”.34 E concluía aduzindo que à medida que o fim da Segunda Guerra Mundial se aproximava (com a consequente derro- cada do nazifascismo) a subsistência do regime franquista se tornaria um problema internacional.
O texto “Companys, Laval e Franco”35 foi avaliado por Navarro y Jordán como tendencioso e violento.36 Comparava-se a trajetória de vida de duas figuras políticas e o tratamento dado pelo Governo franquista. Uma delas era o dirigente catalão Lluís Companys, que foi assassi- nado após ter sido entregue às autoridades franquistas, em 25 de outubro de 1940, e a outra, o francês Pierre Laval, que havia colaborado com os nazistas na França de Pétain, e que se refugiou em Barcelona.
Amador Sánchez referia que Laval estava no castelo de Montjuïc preparando sua defesa, e, em tom jocoso, afirmava que deveria tomar nota de tudo e não romper o fio de suas lembranças. Anotar a cooperação com o embaixador de Hitler, os franceses fuzilados com sua cumplicidade
31 Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 1577-35, Despacho n.º 366 de Pedro García Conde, embajador, Embajada de España, Rio de Janeiro, 30-10-1944.
32 Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 51/16489.
33 Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 51/16489, publicado em Folha da Manhã, 15-11-1944.
34 Ibid.
35 Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 51/16489, publicado em A Tribuna de Santos, 7-6-1945.
36 AGA, Alcalá de Henares, Exteriores, Embajada de España en Río de Janeiro, Despacho n.º 37 de Navarro y Jordán al embajador, Consulado de España, Santos, 7-6-1945, 51/16489.
e consentimento, as represálias germânicas com sua ajuda e devoção, sua perseguição aos que fugiam, quando os embaixadores norte-americano e inglês, Carlton Hayes e Samuel Hoare, se esforçavam para salvá-los de uma morte fatal, ou, seu “germanismo” incondicional quando os patriotas franceses regavam com o próprio sangue as ruas de Paris e os campos de concentração.37 Em “O general falou […]”,38 novo artigo considerado tendencioso por Navarro y Jordán,39 endurecia suas palavras em direção ao regime franquista. Em tom irônico, criticava o conteúdo das informações transmitidas por uma rádio criada em 21 de junho de 1945, em Madri, para ser ouvida na América Latina, e a que intitulou como “Rádio fascista de Madri”. Segundo ele
o primeiro programa iniciou-se da seguinte maneira:
[…] um locutor da citada emissora espanhola, com voz estentórea, se chegou ao microfone e se persignou: em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo […] o mesmo podia ser uma homenagem apostólica para abençoar a onda, para enco- mendar-se ao céu antes de pecar, ou podia ser para recomendar ao mundo ame- ricano para que se persignasse também, pelas coisas inauditas que ia ouvir. Foi por esta última razão.40
Durante este programa, Franco teria negado qualquer relação entre a natureza do seu regi- me e a do nazismo ou do fascismo. Afirmado que a sua Espanha teve como propósito interna- cional a manutenção da paz e que havia conseguido liquidar com a guerra interna. E assegu- rado que os espanhóis ouviriam “[…] quotidianamente a verdade sobre a Espanha, e sem nos dar a boa noite, porque sua alta hierarquia lhe impedia tal cortesia, se retirou do microfone da Rádio fascista de Madri”.41
A fala do caudilho provocara a indignação de Sánchez, sua verdadeira repulsa diante dos argu- mentos que seriam repetidos incessantemente durante a existência do regime: que o falangismo não se aproximava do fascismo, que a revolução foi marxista e não nacionalista, que o povo espontâ- nea e paulatinamente se colocou ao lado de Franco, que não houve soldados estrangeiros nas fileiras nacionalistas, que Guernica foi incendiada pelos “vermelhos”. Em tom jocoso, Sánchez afirmava que seria fácil sustentar estes argumentos depois de já ter feito antes, santamente, o sinal da cruz.
E com palavras ainda mais duras, imputava a Franco a responsabilidade pelo isolamento internacional que Espanha teria que enfrentar, e que isso não teria sido fruto da propaganda realizada por seus inimigos, os “maus espanhóis”:
[…] não creia o generalíssimo que é a propaganda dos “maus’” espanhóis que o arrastou a sua crítica situação atual. Foi a sua própria propaganda, e que agora se remata, acudindo às ondas radiofônicas, onde treme a débil consciência de um regime que se impôs pela força e se desviou da generosidade do vencedor, gene- rosidade que precipitadamente agora deseja derramar sobre os desterrados […].42
37 Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 51/16489, publicado en A Tribuna de Santos, 7-6-1945.
38 Ibid., 1-7-1945.
39 Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 51/16489, Despacho n.º 44 de Navarro y Jordán al embajador, Consulado de España, Santos, 3-7-1945.
40 Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 51/16489, Artigo “O general falou…”. publicado em A Tribuna
de Santos, 1-7-1945.
41 Ibid.
42 Ibid.
A Espanha de Franco não havia sido convidada a participar das reuniões para a criação de uma futura organização internacional, e, ao final, foi impedida de entrar na Organização das Nações Unidas, em razão das relações que estabeleceu com o nazifascismo. Desde o apoio para vencer a Guerra Civil até a colaboração dada ao Eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Nas palavras de Sánchez: “[…] o fato inegável, entretanto, sem propaganda, é que Don Francisco Franco falou no último dia 21, e nem mesmo persignando-se antes de falar, São Francisco de Califórnia acreditou em sua verdade. Não o deixou entrar na Organização da Paz e Segurança Mundial […]”.43
Em “A encruzilhada de Franco”,44 analisava em tom sarcástico e provocativo o discurso proferido pelo ditador, em julho de 1945. Afirmando que, com a derrota completa do nazifas- cismo, Franco tornou-se vítima de sua própria culpa. Substancialmente, era um vencido, como Hitler e Mussolini. Seu grito era de angústia e de um moribundo, que, naquele momento, proclamava seu regime enquanto algo puramente espanhol, rejeitando reconhecer que houve participação estrangeira no conflito civil. Essa recusa apoiava-se na ideia de que o único es- trangeiro que existiu na Espanha, alheio e odioso, teria sido o regime republicano “comunista” e, depois, a Brigada Internacional, que combateu nas fileiras republicanas.
Contra estes argumentos propalados pelo caudilho,Amador Sánchez afirmava que acusar a Re- pública de colônia russa caia muito bem enquanto “as divisões nazistas assolavam países e o mundo contemplava aterrorizado a avalanche totalitária”. E essa história de comunismo republicano es- panhol e dos antropófagos de padres, frades e freiras, estaria bem para ser contada nas aldeias caste- lhanas, onde ainda existiam “pobrezinhas vovós, que continua[vam] com a roca e o fuso, ouvindo missa e rezando novenas nas humildes igrejas de povoados”. Mas, se estas histórias fossem contadas nos povoados asturianos, nos arredores de Almeria ou no País Vasco,“seguramente que o narrador se sairia malparado com esses contos aterrorizantes à custa dos republicanos”.
Seguia com a análise dos dados econômicos apresentados pela revista norte-americana For- tune, segundo a qual não haviam sido investidos 230 milhões de dólares em infraestrutura e obras públicas na Espanha, como havia sido previsto pelo Governo franquista. A maior parte destes recursos tinha sido destinada para o exército. Em quatro anos, a dívida interna havia aumentado quase um terço. O nível de vida, que já era extremamente baixo, havia descido ainda mais. Diante deste quadro, comentava Sánchez, que todos se perguntavam em tom de brincadeira: “Quem é o maior general da Espanha?”. A resposta não é “general Franco”, mas “general protesto”, porque “o protesto é general”.
Mencionava que, no discurso de julho de 1945, o ditador havia prometido restaurar a mo- narquia. Não se sabia se era manobra política ou confissão de seu fracasso. Neste contexto, Franco estava numa encruzilhada onde apresentavam-se duas possibilidades: continuar caudi- lho de Espanha ou trazer de volta a monarquia.
Terminava este artigo aduzindo que o mundo já estava conhecendo as verdadeiras intenções do ditador, seus meios e procedimentos e que o slogan “Arriba España” já não era “um grito de combate, o grito dos bons tempos, com camisas azuis e mãos estendidas”, mas “um cha- mamento desesperado à nação, que nem sequer dificilmente se levanta[va] do abismo onde a afundaram”.
43 Ibid.
44 Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 51/16489, A encruzilhada de Franco, publicado em A Tribuna de Santos, de 26-7-1945.
Cerca de três dias após a publicação deste artigo (“O general falou”) em A Tribuna, o embai- xador Pedro García Conde escrevia à Madri comentando o fato, relacionando a defesa pública destas ideias ao seu cargo de professor. Influenciado pelo mito do complô judaico-maçônico- comunista internacional, informava que a “campanha anti-Espanha” recrudescia nos países latino-americanos por instruções de lojas maçônicas e de centros comunistas.
No Brasil, sustentava Conde, o abrandamento da censura pelo Governo de Getúlio Vargas por razões de conveniência eleitoral e de “alta política” teria conferido espaço para “elementos extremistas”, que seguiam cegamente as instruções de Moscou, tomarem parte em reuniões po- líticas, em discursos e nas colunas de jornais com o objetivo de fazerem-se ouvir. Estes indivíduos procuravam reunir ao seu redor ex-membros de carreira do MAE para que figurassem “pompo- samente” como diplomatas republicanos. Como exemplo, citava Luis Amador Sánchez, pessoa a quem considerava inteligente e trabalhadora, e que havia permanecido alheio às “atividades sectárias”, mas, que, após sua nomeação como catedrático da Universidade de São Paulo “[…] paga[va] sua gratidão com artigos contínuos contra o regime espanhol” (tradução livre).45
Das práticas de combate às medidas punitivas
As ações de combate operadas por aquela diplomacia estavam dirigidas, primeiramente, a fazer cessar qualquer atuação que fosse considerada contra o regime franquista. E este rol era muito amplo, abrangia desde manifestações públicas durante conferências ou por meio da pu- blicação de artigos, homenagens ao Governo republicano até apoio aos refugiados espanhóis que não poderiam regressar ao seu país natal.
E em segundo lugar, também tinham por finalidade provocar nas autoridades brasileiras algum tipo de reação, de medida punitiva. E que poderia ser a determinação da prisão do in- divíduo,46 capaz de funcionar como elemento de intimidação para que abandonasse automati- camente suas ideias. Ou, coletiva, de maior abrangência e com impacto muito maior. Exemplo deste tipo de ação foi a detenção de Isidro Vila, presidente do Centro Republicano Espanhol de Porto Alegre (RS), em 1937, provocada pela remessa à polícia daquela cidade das informações produzidas contra ele por Álvaro Raya Ibáñez, ex-cônsul do Ministério de Estado. E o fecha- mento daquele CRE que levou à apreensão de documentação, ocasionando a prisão de outros membros desta entidade, fato este noticiado pela imprensa.47
Além da restrição de liberdade com a detenção, que por si só gerava imenso constrangi- mento e incertezas sobre o futuro, o indivíduo poderia responder à processo-crime instaurado
45 Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 1577-35, Exteriores, Despacho n.º 200 de Pedro García Conde, embajador, Embajada de España, Río de Janeiro, 4-7-1945.
46 Como exemplo, mencionamos a prisão do anarquista Jesus Ribas que ocorreria após o ex-cônsul Álvaro Raya Ibáñez ter informado à política onde poderia ser encontrado:“[…] he visto una lista de los que próximamente serán llamados a declarar y un nombre resalta, seguido de una ficha muy interesante. Se trata de Jesús Ribas Sueiro, a quién yo conoszo de antíguo y sé es extremista […] será detenido de un momento a otro, habiendo él que subscribe indicado dónde puede ser encontrado”. Cf. Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 51-16041, Despacho n.º 132 de Álvaro Raya Ibáñez, canciller encargado, a José de Cárcer, encargado de Negócios de España/Rio de Janeiro, Porto Alegre, 8-11-1937.
47 Estas prisões teriam sido efetuadas após a ingerência de Álvaro Raya. O uso da detenção como estratégia de intimidação pode ser constatado por meio de suas próprias palavras: “…las prisiones efectuadas están llenando de recelos a los que han tenido de alguna forma participación en las mismas [nas atividades no Centro Republicano Espanhol], y si no es más que por miedo, no volverán a meterse en nada, como me consta ocurre con algunos…”. Cf. Archivo General de la Administración (AGA), Exteriores, 51-16041, Despacho n.º 120 de Álvaro Raya Ibáñez canciller encargado a José de Cárcer, encargado de
contra ele ante a Justiça brasileira e a sua eventual condenação. Tratando-se de estrangeiro, fatalmente seria expulso do país com o estigma de comunista e sendo obrigado a regressar à Espanha. Essas eram as possíveis consequências derivadas das ações de combate empreendidas pelos diplomatas. Este conjunto de medidas estava fundamentado, não raras vezes, nas inves- tigações que eram levadas à cabo por estes funcionários do MAE no Brasil e cujos elementos (provas) eram apresentados às autoridades varguistas. Esta prática ocorria desde a Guerra Civil espanhola como já demonstramos anteriormente.48
O castigo aos acusados não esteve adstrito à jurisdição brasileira. As provas também eram re- metidas à Madrid com o objetivo de permitir a perseguição nas distintas instancias franquistas. No caso de Luis Amador Sánchez Fernández, sabemos que esteve no Brasil sob o olhar vigilante da diplomacia franquista e que foi punido na Espanha por sua fidelidade ao Governo republicano durante o conflito civil. Muito embora tenha sido exonerado de seu cargo de cônsul após a vitó- ria nacionalista, em 1939, somente dois anos mais tarde que o MAE remeteu denúncia contra ele ao Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madri, em 31 de março de 1941.49 Este tribunal estava composto por um militar do Exército (presidente), um advogado militante na FET y de las JONS e um juiz de carreira. E poderia cominar aos sentenciados a pena pecuniária, a de inabilitação absoluta ou especial para o exercício profissional, e a de restrição de liberdade de re- sidência (extrañamiento,50 envio às possessões espanholas na África, o confinamento ou o desterro). Poderia também propor ao Governo a perda da nacionalidade espanhola.51
Esta estrutura havia sido criada pela Lei de Responsabilidades Políticas, editada em 1939. Naquela ocasião, foram instituídos dezoito tribunais regionais e o Tribunal Nacional de Res- ponsabilidades Políticas funcionava como instancia superior. Juntamente aos tribunais funcio- navam juizados instrutores distribuídos por província, num total de sessenta e um.
No caso de Amador Sánchez não está claro na documentação porque seu processo ficou para- lisado por quase dois anos.Acreditamos que tenha sido em razão do mau funcionamento daquele órgão que acumulava milhares de processos sob sua jurisdição sem que houvesse julgamento. A lei de responsabilidades políticas havia sido editada para conferir punição exemplar e a quanti- dade de demandas junto ao TRP era imensa. A demora para ditar as sentenças e aplicar o castigo desmoralizavam o regime. Por este motivo, procedeu-se a reforma deste órgão em 1942, permi- tindo-se a simplificação do procedimento para torná-lo mais célere e suas sentenças exequíveis.52 Nos autos do processo contra Amador Sánchez junto ao TRP, que está guardado no Centro Documental para a Memória Histórica/Salamanca, não constam nem a acusação apresentada
Negocios de España/Rio de Janeiro, Porto Alegre, 7-11-1937. Sobre a análise da atuação de Raya Ibáñez ver: Ribeiro, M.C.S. (2023).Varguism and Francoism in connection: The “policing” of diplomacy (1936-1939). In: Faraldo, J.M. y Gómez Bravo,
G. (Eds.). Interacting Francoism: Entanglement, Comparison and Transfer between Dictatorships in the 20th Century. Routledge. Cabe ressaltar que o alvo principal de Raya era Isidro Vila. Isso fica muito claro quando se avaliam outros atos punitivos tomados contra ele pelo então cônsul anos depois, já em 1941.
48 Ver: Ribeiro, M.C.S. (2020). Violações transnacionais: diplomacia, colaboração e repressão contra espanhóis (1936- 1939). Monções, Universidade Federal de Grande Dourados, disponível em https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/moncoes/article/ view/11394/6250.
49 Cf. Centro Documental de la Memoria Historica (CDMH), TRP, 42-2877, Expediente (número ilegível), Juiz Instructor Provincial n.º 3 de Madrid.
50 Esta medida significa proceder a expulsão após o cumprimento da pena de prisão.
51 Sobre este tribunal ver:Ver: Álvaro Dueñas, M. (2009). Control político y represión económica… Op. cit.
52 Em meados de 1941, somente cerca de 38 mil processos haviam sido encerrados, e aproximadamente 80 mil estavam em trâmite. Os relatórios (informes) sobre os antecedentes políticos e sociais dos indivíduos eram provas determinantes neste tipo de processo e eram emitidos por autoridades “religiosas, policiais, militares e sociais”. Os serviços da Falange e os párocos não
contra pelo MAE, que parece continha 15 folhas, e nem qualquer referência ao seu conteúdo.53 Entretanto, sabe-se que teria dado causa ao procedimento judicial instaurado contra ele por infração ao art. 44 da Lei de Responsabilidades Políticas, de 9 de fevereiro de 1939.54
Há menção de que este processo foi remetido ao Juizado de Instrução da Audiência Provisória de Madri, que seria responsável pela investigação e formação da prova.55 Mas, nos autos também não constam os atos que foram realizados no juízo mencionado.56 Talvez porque o processo tenha sido paralisado e houve a continuidade dos atos processuais muito tempo depois, somente em 1943. Existem o pedido do Ministério Público (Ministério Fiscal) para que fosse requerido ao MAE a informação sobre a atuação do acusado após o início da Guerra Civil, em 18 de julho de 1936, e a determinação do juízo neste sentido. Desejava-se saber onde estava naquele momento e para qual governo teria trabalhado, se para o republicano ou para o nacionalista.
O MAE atendeu à solicitação e reportou que havia estado na Argentina, junto aos consulados de La Plata e Buenos Aires, e, que em 5 de março de 1938, tomou posse do consulado no Rio de Janeiro às ordens do Governo republicano. Acrescentava-se que se desconhecia sua última residência na Espanha.57
A sentença condenatória neste processo tardou a ser prolatada, somente em 6 de julho de 1944, mais de três anos depois de seu início.Amador Sánchez foi considerado em paradeiro desconhe- cido e julgado à revelia, muito embora seus ex-colegas de profissão o estivessem vigiando e sou- bessem onde vivia, na cidade de São Paulo. O motivo da condenação foi o fato de ter-se mantido vinculado ao Ministério de Estado durante o conflito civil, ou seja, “teria aceitado e desempe- nhado funções consulares no exterior para as quais foi nomeado pelo Governo republicano” (ao anexo “d” dos arts. 1.º e 4.º).58 Este fato foi considerado de menor gravidade e a pena cominada foi a de inabilitação absoluta para o exercício de cargo da carreira diplomática por cinco anos, e
conseguiam responder em tempo a quantidade de pedidos de informação dirigidos não apenas pelo TRP como por outros órgãos repressivos.Ver: Álvaro Dueñas, M. (2009). Control político y represión económica…, op. cit., 266-268.
53 No Fundo Arquivo Renovado do Ministério de Assuntos Exteriores há cinco pastas sobre Amador Sánchez a saber: uma, sobre a concessão do título de Cavalheiro, em 12 de dezembro de 1923 (cf. AGA, Exteriores, 82/11642). Outra, a respeito dos gastos que efetuou com traslado de residência no exterior (cf. AGA, Exteriores, 81/07683). Uma terceira pasta que contém, curiosamente, um formulário da Unesco firmado por Amador Sánchez, em 1958, para obter uma vaga naquele organismo. Este documento é uma solicitação de ingresso no Sistema ONU com o detalhamento do currículo do interessado. Não foi possível constatar até este momento o motivo pelo qual este formulário estava na posse do MAE. Acreditamos que deveria ter sido apresentado diretamente àquela entidade internacional. A quarta pasta é o seu prontuário funcional (expediente personal n.º 22387) que não conseguimos localizar apesar dos esforços. Deveria estar na caixa 12/03392 do Fundo Exteriores do AGA. Entretanto, em seu lugar consta informação, expedida pelo Arquivo Geral do MAEC, de que a pasta foi retirada daquela caixa em 9 de dezembro de 2009. No Arquivo Geral, informaram que não estão na posse deste conjunto de documentos. Até o presente momento, não conseguimos saber qual destino foi dado a esse material. A quinta pasta está armazenada no maço “Cónsules Rojos” (cf. AGA, Exteriores, 54/11673) e trata sobre sua vida funcional.
54 Centro Documental de la Memoria Historica (CDMH), TRP, 42-2877, Despacho do presidente do Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, Madrid, 31-3-1941.
55 Ibid.
56 Buscamos estes documentos (autos do juizado de instrução) e outros dados sobre a vigilância e a punição criminal contra Amador Sánchez em diferentes arquivos, mas não obtivemos sucesso. No acervo do Arquivo Histórico Nacional, tanto na relação de processos-crime instaurados junto à Audiência Territorial de Madri, quanto nos expedientes da Direção Geral de Segurança (DGS), não logramos localizar qualquer registro de documentação sobre ele. Igualmente, no Fundo do Arquivo Provincial de Madrid, guardado no Arquivo General da Administración, não localizamos registro de processo-crime instaura- do contra ele. Igualmente, no Arquivo Geral do Ministério do Interior não há qualquer informação sobre Amador Sánchez, tanto no Arquivo Geral do Departamento quanto na Direção Geral de Polícia (solicitações registradas sob os códigos REGA- GE22s00041220449 e REGAGE22s00054031361, em 20 de setembro e 28 de novembro de 2022).
57 Centro Documental de la Memoria Historica (CDMH),TRP, 75-1143, Despacho n.º 17 do subsecretario al Presidente da Sala de Instancia n.º 2 do Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 3-2-1944.
58 Centro Documental de la Memoria Historica (CDMH), TRP, 75-1143, Sentença prolatada por Esteban Samaniego, Luis María Moliner e Adolfo Suárez, Sala Segunda do Tribunal de Responsabilidades Políticas, Madrid, 6-7-1944.
o pagamento da multa de dez mil pesetas. O Ministério Público (Ministério Fiscal) havia reque- rido a sanção de seis anos de impedimento de exercício de atividade profissional, cumulada com a multa de cinquenta mil pesetas.59 A sentença condenatória não foi anulada, e ele somente seria indultado da sanção econômica em junho de 1957, e quatro anos depois viria a falecer.
Não é possível saber exatamente por que o MAE teria remetido denúncia contra ele ao TRP somente em março de 1941.Tampouco, se este fato estaria relacionado à investigação realizada no Brasil contra ele cerca de oito meses antes, em junho de 1940. Nesta oportunidade, a polí- cia política paulista buscou informações sobre Amador Sánchez por ordem do Ministério da Justiça. O motivo foi que seu nome figurava entre aqueles que assinaram uma petição dirigida ao presidente Getúlio Vargas solicitando que se autorizasse a entrada no Brasil de refugiados políticos espanhóis. Este pedido fora redigido por Ricardo Pérez Malonda, que fora vice- cônsul de Espanha no Rio de Janeiro e, também, havia se mantido fiel ao Governo de Madri. Esta solicitação foi tratada pelas diversas instancias administrativas brasileiras como tentativa de fazer entrar no Brasil espanhóis partidários do credo de Moscou. Ao reportar o fato ao Ministério da Justiça, o chanceler Oswaldo Aranha qualificou aqueles refugiados como comu- nistas que estavam espalhados por diversos países.60 Acrescentava que a petição estava assinada também por sociedades espanholas sediadas em São Paulo (Centro Galego, Centro Republi- cano Espanhol, Federação Espanhola e Sociedade de Socorros Mútuos). O ministro da Justiça Francisco Campos, por sua vez, ao dirigir-se ao interventor federal no Estado de São Paulo requerendo apuração do caso, avaliava que o ingresso daquelas pessoas no país colidia com os altos interesses de defesa do Estado contra a divulgação de ideologias extremistas.61 Tanto Ara-
nha quanto Campos associavam o regime republicano espanhol ao comunismo.
Após uma série de ofícios, a polícia política paulista foi instada a iniciar o trabalho de apu- ração dos fatos. E o policial Carlos Marques ficou encarregado de proceder à investigação.62 Consultou o que estava guardado nos arquivos da polícia e obteve dados adicionais de fonte que não revelou a autoria. Em seu relatório final, Amador Sánchez está qualificado como um diplomata de carreira com grande capacidade intelectual, que após ter deixado seu cargo con- tinuou a viver no Rio de Janeiro. E em razão da dificuldade para manter-se nesta cidade, teria se transferido para a cidade de São Paulo onde recebia ajuda de outros espanhóis. Pernoitava na pensão da Sra. Lucrécia e tomava suas refeições em outro endereço. Marques afirmava que havia coletado informações de que ele era esquerdista, mas não esclareceu quais seriam essas evidências e nem por meio de quem as obteve. Concluía que, apesar de não ter sido possível comprovar sua ideologia, considerava que o ato de firmar a petição elaborada por Ricardo Malonda já revelava ser partidário do comunismo.
59 Infração aos anexos “d”,“m” e “o” do art. 4.º da Lei de Responsabilidades Políticas. Cf. Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH),TRP, 75-1143, Despacho de (assinatura ilegível), fiscal, Ministério Fiscal, Madrid, 25-2-1944.
60 Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), DEOPS/SP, Prontuário 45632 – Luis Sanches, Ofício reservado NP/348/601.3(84), de Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores, à Francisco Luiz da Silva Campos, ministro da Justiça e Negócios Interiores, Ministério das Relações Exteriores, Rio de Janeiro, 7-6-1940.
61 Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), DEOPS/SP, Prontuário 45632 – Luis Sanches, Ofício de Francisco Luiz da Silva Campos, ministro da Justiça e Negócios Interiores, à Adhemar de Barros, Interventor de São Paulo, Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Rio de Janeiro, 3-7-1940.
62 Ainda não pudemos esclarecer qual o significado exato da frase que aparece datilografada em seu relatório: “Relatório n.º 73 do inv. R. S.”. Certo é que o relatório foi redigido após a leitura de informações contidas em outros prontuários policiais (o próprio autor do documento assim o declara). Por outro lado, o texto contém dados que parecem ter sido resultado de investigação. Não é possível estabelecer o que vem a ser R.S. Se era um policial do Serviço Secreto, ou Carlos Marques, ou nenhuma das hipóteses anteriores.
A leitura deste relatório nos revela que Carlos Marques investigava membros da comuni- dade espanhola e suas associações havia alguns anos.63 Estava convencido de que simpatizavam com as ideologias de esquerda, e afirmava que durante o Governo republicano é que teriam passado a aderir ao comunismo.64 Informou que o cônsul geral de São Paulo não se relacio- nava com aquelas entidades, conforme ele mesmo havia declarado. Não nos restou claro se o fez ao próprio policial ou a terceiro. Esse último dado nos sugere que havia contato entre este funcionário e o representante da Espanha franquista.
O prontuário policial de Amador Sánchez, guardado no Arquivo Público do Estado de São Paulo, contém poucos elementos, somente os que se relacionavam à investigação levada à efeito pela polícia política paulista em junho de 1940.65 A documentação espanhola localizada até este momento demonstra a participação efetiva do MAE na sanção penal que sofreu em 1944, uma vez que este órgão remeteu denúncia ao TRP. Mas, em contrapartida, ainda não nos autoriza a dimensionar os atos de repressão praticados contra ele, a estabelecer os aspetos transnacionais
—a colaboração conjunta entre Brasil e Espanha para perseguição— e se houve outro tipo de represália (menos perceptível) além da punição pelo Tribunal de Responsabilidades Políticas, que era um ato a que se dava publicidade.
O Fundo Exteriores (Embaixada de Espanha no Rio de Janeiro) do Arquivo Geral da Ad- ministração da Espanha contém uma pasta com a solicitação de ingresso de Amador Sánchez na Unesco, em 1958. Trata-se do formulário original deste organismo, que está preenchido à máquina e assinado por ele. Constam seus dados pessoais, informação sobre seu interesse por trabalhar na ONU, seu currículo, e um exemplar do “boletín destinado a la prensa y a la radio” Perspectivas de la Unesco, que contém um seu artigo sob o título “El problema latinoamericano de la enseñanza visto en el Brasil” (n.º 275, 10-2-1958, pp. 2-4).
Naquele formulário,Amador Sánchez manifestava desejar trabalhar para a Unesco na França ou qualquer outro país europeu, nos Estados Unidos ou no Brasil. Sobre a função a desem- penhar, queria elaborar relatórios ou projetos de acordos de interesse cultural à serviço da paz (sobre educação, universidades, dentre outros temas). Reportava que havia sido obrigado a deixar sua carreira diplomática em razão da Guerra Civil, e mencionava que, a partir de 1939, estava no Brasil na condição de refugiado político. E que em fevereiro de 1944 havia ingressado como professor na Universidade de São Paulo.66
Ainda não conseguimos averiguar por qual motivo o MAE reteve este formulário em seu arquivo. Entretanto, a existência do pedido guardado na pasta nos sugere que não chegou ao seu destino. Mas, para confirmar esta hipótese e esclarecer o motivo para isso, será necessário localizar novos elementos.Talvez o fato de ter-se qualificado neste documento como “refugia- do político”, dando-se publicidade à perseguição que sofrera por parte do Governo franquista.
63 Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), DEOPS/SP, Prontuário 45632 – Luis Sanches, Relatório de Investigação n.º 73, do investigador R. S., encarregado da Seção de Investigações, a Elpídio Reali, delegado de polícia, Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 3-7-1940.
64 Sobre a influência da diplomacia franquista na percepção das autoridades varguistas a respeito dos republicanos ver: Ribeiro,
M.C.S. (2020).Violações transnacionais: diplomacia, colaboração e repressão contra espanhóis (1936-1939). Op. cit.
65 Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), DEOPS/SP, Prontuário 45632 – Luis Sanches.
66 Ver o original do formulário na pasta guardada sob a seguinte notação: Archivo General de la Administración (AGA), Ex- teriores, 82/13582.
Considerações finais
O lugar que o órgão de política exterior ocupou no sistema repressivo franquista ainda é um tema que merece estudos aprofundados. Muito embora a historiografia contemporânea já tenha se dedicado a revelar a atuação de diplomatas nos casos de perseguição aos cidadãos espanhóis no exterior (refugiados e políticos republicanos), há um silencio sobre a natureza dessas ações. Em nosso entender, eram eminentemente policiais. Assemelhavam-se à função desenvolvida pelas polícias criadas a partir do final do século xviii.
Não se tratava apenas de informar ao Ministério de Assuntos Exteriores sobre determinado assunto, que seria uma atividade diplomática por excelência. Ou seja, relatar à autoridade supe- rior dados a respeito de temas importantes para as relações que se estabeleceriam entre o Brasil e a Espanha — como sobre economia, política ou cultura. Também não se tratava somente de comunicar à autoridade policial brasileira a existência de fato, que, em tese, se constituiria crime político. Ato que qualquer cidadão comum estaria autorizado a fazê-lo.
A conduta daqueles funcionários relacionava-se à prevenção, ao combate da atividade con- siderada delitiva, com a consequente punição dos acusados. Dedicavam-se a formação da prova contra os “não adictos” ao regime franquista para garantir seu castigo no Brasil e na Espanha. Não seria demais recordar que não houve por parte desta diplomacia o mesmo empenho para investigar ou comunicar a prática de crimes comuns cometidos por espanhóis. A explicação reside no fato de que a ação estava dirigida especialmente à persecução ao crime de ideias, e que naquele contexto possuía a acepção mais ampla possível. Não se restringia propriamente a uma atitude positiva, no sentido de fazer algo (uma crítica pública ao caudilho, por exemplo). Mas, também englobava a ação negativa (o não fazer), como a omissão frente à guerra na Espa- nha, não assumir posição clara em favor dos nacionalistas. Igualmente, no território brasileiro, os indivíduos chamados de “indiferentes” estariam sob vigilância e sofreriam represálias por sua neutralidade diante do conflito civil ou pela falta de provas de sua adesão ao novo regime. A documentação por nós consultada até este momento nos permite afirmar que a diplomacia franquista no Brasil compartilhava alguns dos aspectos das polícias secretas comunistas mencio- nados pelo historiador José Faraldo, como a recopilação de informação (coleta de informações e armazenamento de dados), a constituição de rede de informantes ou delatores (podendo ser cooptados na comunidade espanhola), a participação na detenção de pessoas (por meio da comu- nicação da prática do delito ou fornecendo a localização do acusado), o uso de meios para coação
(intimidar o indivíduo por meio da detenção) e a exclusão (eliminação física ou simbólica).
Consideramos como ação para eliminação não apenas o desaparecimento, morte do indi- víduo ou sua expulsão do país, mas também a exclusão social a que foi submetida parte da comunidade espanhola e que se constituiu como medida mais “sutil” de perseguição. Neste sentido, o ato de reunir dados e provas contra os inimigos e remetê-los ao Ministério de Assun- tos Exteriores foi constante e aprofundava a fissura entre os espanhóis no Brasil ao promover a divisão entre “bons” (adictos) e “maus” (não adictos), alimentando-se o medo às denúncias, o terror às retaliações também muito longe da Espanha, do outro lado do Atlântico, além de garantir o silêncio sobre os temas da Guerra Civil e da ditadura franquista.
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Mariana Cardoso Dos Santos Ribeiro es investigadora y profesora del Departamento de Historia Contemporánea y del Máster “España Contemporánea en el Contexto Interna- cional” (Universidad Nacional de Educación a Distancia/Madrid). Sus temas de investigación están centrados en la Historia Política y de la Represión, derechos humanos y relaciones internacionales, y regímenes autoritarios en perspectiva transnacional. Ha investigado en ar- chivos policiales y diplomáticos de Brasil, España, Portugal y Argentina. Actualmente, desarro- lla el proyecto “Relaciones exteriores con finalidad represiva: Brasil y las dictaduras ibéricas (1936-1945)” en el Programa María Zambrano para Atracción del Talento Internacional. Del 2019 al 2020, ha sido investigadora visitante en la Universidad de Salamanca (con apoyo de la Fundación Carolina y de la Secretaria General Iberoamericana/OEIA).
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Diálogo coordinado por Miguel Ángel del Arco (Universidad de Granada)
Miguel Alonso Ibarra
Universidad Nacional de Educación a Distancia miguelalonso@geo.uned.es https://orcid.org/0000-0001-7361-7923
Alfredo González-Ruibal Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC alfredo.gonzalez-ruibal@incipit.csic.es https://orcid.org/0000-0003-3464-1626
Miguel Ángel del Arco (MAdA): Estamos aquí reunidos para tener una conversación, que me parece muy pertinente y que presiento será fructífera, sobre violencia y arqueología. Lo hacemos desde una revista que lleva ya varios años de andadura, que se va consolidando, Segle XX revista catalana d’Historia, publicada desde la Universidad de Barcelona, concretamente desde el Centre d’Estudis Històrics Internacionals.
La figura principal de este debate, de hecho por la que nos planteamos hacerlo, es Alfredo González-Ruibal y su reciente libro Tierra arrasada: Un viaje por la violencia del Paleolítico al siglo xx, publicado por la editorial Crítica el año 2023.
Alfredo es un arqueólogo especializado en la arqueología contemporánea y también en la ar- queología africana.Trataré de resumir muy brevemente todo su currículum, aunque, la verdad es que es bastante extenso.Así, cabe mencionar que ha dirigido más de 20 proyectos de investi- gación, tanto de la arqueología de la Guerra Civil española como también del franquismo, pero especialmente los más numerosos, los más rupturistas a nivel internacional, tienen que ver con proyectos relacionados con Guinea Ecuatorial, y por supuesto algunos dedicados al Cuerno de África: desde Etiopía a Yibuti y Somalilandia. Como puede verse, se ha ocupado de temas muy heterogéneos y además de forma sobresaliente, lo que ha provocado que se convierta en un referente internacional en arqueología. Sus líneas de investigación se articulan en torno a la arqueología africana y a la arqueología de la Guerra Civil española. Reflejo de esta línea de la arqueología africana quizá destacar el libro An Archaeology of Resistance: Materiality and Time in
ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2024.17.13
an African Borderland (2014).Y, desde luego, destacar por lo que es más conocido en España: por su labor de pionero en la arqueología de la guerra civil, como demostró en su célebre Volver a las trincheras: Una arqueología de la Guerra Civil Española (2016), que tanto nos influyó a muchos historiadores que nos ocupamos de la guerra civil y del franquismo, que nos permitió mirar la guerra de otra forma, con una mirada bastante más humana, sobre todo para los historiadores interesados en la historia social o en la nueva historia militar, entre los que yo me encuentro y creo que Miguel Alonso también. Pero también Alfredo González-Ruibal, por supuesto, suma a esos trabajos otros que cabe mencionar, como por ejemplo el publicado en inglés en 2020 The Archaeology of the Spanish Civil War. También ha hecho contribuciones muy importantes dentro de lo que es la definición y la complejidad de la arqueología contemporánea. Cuenta con más de 250 publicaciones en una serie de revistas de primer nivel. Esto hace de él uno de los arqueólogos más citados a nivel internacional de entre los arqueólogos españoles.
González-Ruibal ha sido invitado como ponente principal en una serie de congresos inter- nacionales y ha sido profesor visitante en universidades de América Latina, como pueden ser algunos centros universitarios de Brasil y Chile, pero también de Escandinavia o de Estados Unidos.
Es coeditor de la revista Journal of Contemporary Archeology, especializada en arqueología de los siglos XX y XXI; es miembro del consejo editorial de Monographies in Mediterranean Archaeo- logy y Complutum; también miembro del consejo asesor de la Revista Chilena de Antropología y de la Revista Andaluza de Prehistoria y de Culture & History Digital Journal del CSIC.
Por otro lado, quiero destacar otro aspecto de González-Ruibal que no es demasiado habi- tual entre los arqueólogos e historiadores españoles. Me refiero a la preocupación por la divul- gación, destacando dos ámbitos de relevancia. Primero, está detrás de la cuenta de “X” (antes Twitter) Guerra en la Universidad (https://x.com/GuerraenlaUni) que muchos seguimos y que tiene un impacto muy importante, con casi 150.000 seguidores. En segundo lugar, señalar su participación en una serie de podcasts en español, conocidos como La historia es ayer (https:// elextraordinario.com/series/la-historia-es-ayer/), que también tienen un buen número de oyentes. Finalmente me gustaría señalar dos cuestiones que, si todo lo anterior justifica que estemos hoy aquí en este diálogo, en mi opinión lo justifica todavía más: en primer lugar, que Alfredo es el responsable, no me gusta la palabra líder, dejémoslo en el responsable de la formación y la dirección de una serie de arqueólogos del conflicto especialmente centrado en la Guerra Civil y en el franquismo, cuya actividad y presencia se va extendiendo con bastante dificultad por la academia de toda España. En este sentido, considero que su trabajo supone una auténtica ruptu- ra y un aporte historiográfico fundamental al que los historiadores quizá deberíamos estar más atentos. La segunda cuestión que justifica que hoy estemos aquí es que en el año 2023 Alfredo publicó un libro excepcional: Tierra arrasada: un viaje por la violencia del Paleolítico al siglo xxi, que aunque no habla de la Guerra Civil española, sí nos habla de otras muchas violencias. Además, desde mi punto de vista, nos ofrece una mirada social muy profunda, sobre todo trabada desde el presente, dándole un sentido social al por qué hacer Arqueología y, añadiría, también Historia. Por otro lado, en este diálogo contamos con la participación de Miguel Alonso Ibarra, pro- fesor permanente laboral en la UNED. Graduado en historia por la Universidad de Zaragoza, defendió su tesis doctoral en la Universitat Autònoma de Barcelona. Miguel se ha preocupado desde siempre por el estudio del mundo de entreguerras, especialmente por el fascismo y por
la guerra civil española, por la violencia y, en definitiva, en su tesis doctoral -que estamos de- seando que aparezca publicada en la editorial Pasado y Presente este mismo año- por el estudio de la experiencia bélica de los soldados rebeldes durante la guerra civil.
Hemos considerado que este emparejamiento para nuestro diálogo en Segle XX puede resul- tar muy interesante. Evidentemente, Miguel Alonso ha tenido que leer muchos de los trabajos que ha hecho Alfredo González-Ruibal y su equipo. De ahí parten muchos de sus trabajos que son buena prueba de esta nueva historia militar que él abandera junto a otros investigadores, alejada de los convencionalismos de las batallas, de visiones míticas o estereotipadas. Miguel se ha ocupado de los estudios de la guerra, de la violencia de masas, sobre todo mirando con detalle lo que fue el fascismo, a su conceptualización. Actualmente dirige un proyecto de in- vestigación Perpetradores, agencias, actores y beneficiarios de la violencia franquista de 1936 a 1952. Ha publicado en una serie de revistas españolas de primer nivel y, cada vez más, internacionales. Cabe añadir que él también es un promotor de nuevas miradas sobre la guerra civil porque es uno de los impulsores y editores de la Revista Universitaria de Historia Militar en la que, desde mi punto de vista, se conjuga muy bien la relación entre las nuevas miradas de la historia y el estudio de la violencia, de nuestra violencia más reciente.
Nada más. Está el espacio abierto para la discusión razonada y el diálogo. Muchísimas gra- cias a los dos por estar aquí. Personalmente estoy muy ilusionado de escucharos porque os leo desde hace tiempo. Con Miguel he tenido mucha más relación personal y con Alfredo espero tenerla en adelante. Así que: empieza “el fuego”…
Miguel Alonso (MA): En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación tanto a los organizadores de esta entrevista, la revista Segle XX, como en particular a Miguel Ángel del Arco por ser el artífice de mi presencia aquí. Aunque he seguido su trabajo publicado y su constante actividad en Twitter, nunca había coincidido con Alfredo, por lo que es un placer poder tener hoy la oportunidad. Su trabajo es excepcional, y en ese sentido hago mías también las palabras de Miguel Ángel.
Podemos empezar con una pregunta que está muy de actualidad y que en cierto modo vincula el trabajo de ambos. Quería preguntarte por lo que crees tú que nos ofrece el estudio de las violencias colectivas para el conocimiento de las sociedades actuales. A ese respecto, tu perspectiva como historiador y arqueólogo que se mueve entre épocas muy distantes entre sí, así como entre geografías variadas, es particularmente interesante porque permite abordar trayectorias y dinámicas de larga duración. Se trata de una pregunta que, como decía, conecta con la actualidad, pues tiene vínculos evidentes con todo lo que está pasando en Europa y en el mundo en los últimos 10-15 años, sin ir más lejos las elecciones que se celebraron en Francia ayer mismo, 7 de julio, en su segunda vuelta, donde Rassemblement National, el partido de Ma- rine Le Pen, fue el más votado. No es, desde luego, una pregunta sencilla, pero puede servirnos para abrir varios hilos de debate y reflexión,
esa importancia, yo creo que muchas veces excesiva, que le damos al tiempo presente, a los últimos 100 años o 200 años, que deja de lado fenómenos históricos que no empezaron hace 50 o 100 años, sino que en ocasiones tienen raíces que son muy, muy antiguas que se pueden retrotraer en algunos casos incluso hasta la prehistoria. Entonces yo creo que la arqueología puede ser simplemente una forma de llamar la atención sobre esta historia profunda, esta Deep history, que se llama ahora en el mundo anglosajón.
MA: De hecho, en la parte final del libro de Tierra arrasada aludes a algunos de estos autores que se han puesto muy de moda en los últimos tiempos, como el psicólogo Steve Pinker o el historiador Ian Morris, que publicó hace no muchos años un libro, Guerra, ¿para qué sirve?, donde apuntaba que podíamos estar ante un horizonte en el cual la guerra podría llegar a des- aparecer, viendo la tendencia de los últimos años (el libro se publicó en 2014).
AG-R: Es cierto que está el riesgo presentista pero también todo lo contrario, lo que po- dríamos llamar el riesgo profundista: nos vamos al origen de la humanidad y entonces todo se explica por los Australopitecos o nuestros genes o lo que hicieron los cazadores-recolectores en el Paleolítico. Ninguna de las dos visiones está bien, ni esa visión de larga duración que se está poniendo de moda ahora, que es omniexplicativa y que en realidad lo que hace es dar una explicación de toda la historia humana a partir de principios muy simples, ni tampoco el presentismo que contribuye a olvidarnos de lo que pasó hace más de cien años.Y de hecho lo que concluía en Tierra arrasada era la necesidad de tener una visión quizá más sutil de los ciclos de larga duración, de esa historia de larga duración en la cual tenemos que prescindir de una visión teleológica. Parece bastante simple tener que recordar esto todavía ahora, pero la realidad es que las grandes historias populares siguen siendo en buena medida teleológicas. El Amanecer de Todo de Graeber y Wengrow sería un poco una excepción a ese tipo de grandes narrativas. Por eso lo que yo insistía en las conclusiones de Tierra arrasada es que no podemos entender la historia de la violencia ni como una historia de apaciguamiento ni como lo con- trario, como una historia de brutalización: de los conflictos entre bandas a la guerra total. Creo que ninguno de los dos relatos se ajusta a la realidad sino que lo que hemos visto a lo largo de la historia son ciclos de violencia, momentos en los cuales asistimos a una violencia sin límites, a los cuales siguen después momentos de violencia restringida o violencia bajo control dentro de unas determinadas reglas. Entonces el argumento es que en estos momentos, después de la segunda guerra mundial estamos viviendo en términos globales un momento de restricción de la violencia. Lo cual no quiere decir que no haya fenómenos locales de violencia excesiva, como lo que estamos viendo en Gaza o en Ruanda o como la guerra de los Balcanes, pero sí que la hemos restringido, probablemente, quizá entre otras muchas razones, por las armas de destrucción masiva, la ONU etcétera. Pero yo creo que la memoria de los grandes conflictos del siglo XX sigue siendo un elemento que explica que no hayamos vuelto de forma genera- lizada a un conflicto sin límites. La cuestión es cuánto va a durar esto. Si vemos como ha sido la historia de los últimos diez mil años, no sería raro que volvamos a otro ciclo de violencia excesiva. Lo que pasa es que ahora también es cierto que tenemos una autoconsciencia y una experiencia y unas formas de transmitir y registrar la memoria que no tenía la gente hace mil o hace cinco mil años.
quizá podemos dejarlo como cierre de la entrevista. De todos modos, es esencial poner sobre
la mesa la inexistencia de un horizonte lineal inevitable, entendido de forma teleológica como de paz, ya que en los últimos años parece que, precisamente, vamos encaminados hacia lo con- trario, hacia un escenario de mayor conflictividad bélica a nivel global.
Otro aspecto interesante que mencionas en Tierra arrasada es cómo las fuentes y su disponi- bilidad condicionan nuestras interpretaciones del pasado, especialmente las que hacemos acer- ca de fenómenos históricos de muy larga duración. Hay muchas reflexiones al respecto de esto, sobre cómo determinan nuestra construcción de lo que es habitual, lo que es recurrente, lo que es normativo y lo que no lo es en la Historia. En ese sentido, una pregunta que me viene a la cabeza es hasta qué punto cuando, por ejemplo, vosotros los arqueólogos hacéis una ex- cavación, encontráis restos que evidencien que se ha producido un choque violento en algún momento de la prehistoria.Y, vinculado con esto, ¿cómo se puede evitar construir una imagen de toda una época, que se desarrolló hace miles de años, a partir de simplemente una pequeña huella material? Por ejemplo, cuando aparece un resto, indicativo de algo que sucedió, que parece testimonial y se compara con muchos otros que no apuntan en esa misma dirección.
debate, sobre la transmisión del conocimiento, es decir, de lo que al final quizá pueda resultar llamativo dentro de estos canales de transmisión de noticias o de información, ya que puede tener mucho más eco algo relacionado con la violencia y a partir de ahí construir todo un re- lato que no se sostiene sobre la base de o sobre cosas que son más, bueno, iba a decir anodinas, o más mundanas o más normales que quizás no tengan tanta repercusión.
Creo que es importante reflexionar sobre el papel que tienen los medios de comunicación a la hora de transmitir la historia desde ciertas coordenadas y subrayando o destacando ciertos elementos por encima de otros. Al final del libro, en la página 406, dices: “La descripción de una fosa común sirve de antídoto contra cualquier romantización de la guerra, contra los rela- tos épicos con olor a naftalina que vuelven a estar hoy de moda”. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido un resurgir muy fuerte, y de nuevo me remito a lo que está pasando en los últimos años en Europa, del revisionismo en clave historicista, del nacionalismo en clave esencialista, en clave teleológica, en clave de una historia como una línea recta unidireccional (ya decía Geoff Eley que no era recta sino torcida). Son relatos que representan la guerra como algo romántico, épico, glorioso, que se debe celebrar y conmemorar, independientemente del contexto en que ocurra. Ese auge revisionista e historicista ha tenido lugar en un momento en que tenemos cada vez más conocimientos sobre los pasados traumáticos, por lo que no parece que esté funcionado esa idea del antídoto, pese al enorme volumen de publicaciones y biblio- grafía sobre estos temas. ¿Qué crees que está pasando? ¿No estamos sabiendo transmitir esos conocimientos o no hay interés por complejizar los relatos teleológicos del pasado nacional?
¿Cuál podría ser un mejor antídoto? Quizá una mayor presencia en redes sociales, aunque por un lado sabemos que estas son una caja de resonancia que no necesariamente refleja la difusión del conocimiento más allá de ellas, y por otro en los últimos tiempos se han convertido en, precisamente, un vehículo de estos discursos historicistas y revisionistas.
medios de comunicación. Creo que entre todos hemos colaborado… Tenemos que ser más optimistas, a veces somos muy pesimistas, respecto a nuestra posibilidad de intervenir en el debate público y creo que en esto realmente hemos ayudado a cambiar la visión que la gente tenía de la dictadura. Ahora bien, creo que antídoto sea probablemente pasarse de generoso, pero cuando la gente puede ver una exhumación ya no vuelve a hablar de la memoria histó- rica o de la violencia o del fascismo de la misma manera.Tienes que ser realmente un tipo sin escrúpulos y sin sensibilidad para insistir en eso. Pero lo cierto es que no podemos llevar a todo el mundo a ver una fosa común; probablemente si pudiéramos…, podríamos llevar a todos los escolares de España a ver exhumaciones, pero es complicado, es evidente. Entonces la cuestión es cómo podemos seguir manteniendo viva esa memoria del horror.
Y yo creo que es muy interesante el caso del Holocausto. La gente no se agota, no se cansa con el Holocausto. Podemos decir “es que estamos hartos ya de la Guerra Civil”, pero ¿por qué no estamos hartos del Holocausto? ¿por qué cada vez que sale un libro de Auschwitz, de la costurera de Auschwitz o el callista de Auschwitz, venden 100.000 ejemplares? ¿por qué nos sigue fascinando? Porque evidentemente es el horror absoluto, pero yo creo que, más allá del horror absoluto, yo creo que la memoria del Holocausto ha sabido reinventarse continuamen- te, nos siguen sorprendiendo. Uno puede ir a ver una película del Holocausto como La zona de interés y sorprenderse todavía y decir “todavía no me habían contado Auschwitz de esa ma- nera” y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer con cualquier violencia y con cualquier sistema dictatorial o totalitario, creo que tenemos que seguir contándolo de forma que la gente se sorprenda y quiera seguir escuchando la historia.
soy especialista en el tema.Y después que no son ellos quienes deben marcar la agenda. Para mí la cuestión prioritaria es cómo volvemos a marcar la agenda. Creo que el problema que hemos tenido muchas veces los progresistas es que nuestra agenda no es muy atractiva, since- ramente, empezando por mí mismo, o sea, si lo que haces es hablar de masacres y genocidios y guerras, pues, es difícil que vayas a entusiasmar mucho al personal. Tenemos que pensar en cómo podemos volver a entusiasmar a la gente, qué nuevas historias podemos contar que sean equivalentes a las historias que movilizan al personal y decir:“Aquí hay una pedazo de historia y aventuras, hay épica pero no es su épica, es otro tipo de épica”. Me parece que tenemos que lograrlo. Para mí una oportunidad fue excavar en la chabolas de Vallecas por un par de años. Por primera vez no estaba estudiando una historia de mierda, de gente asesinada y de perder batallas, sino que estaba estudiando una historia de superación, de gente que lo había pasado muy mal, que había conseguido construir una comunidad, había conseguido politizarse, crear solidaridades y mejorar su vida… O sea, para mí eso es la gran épica de España, de esta gente que ha conseguido superar sus condiciones de vida desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político y crear un mundo mejor ¿por qué no vamos a convertir eso en una nueva épica? Y como eso creo que hay otras historias. En El amanecer de todo [David Graeber y David Wengrow, El amanecer de todo. Una nueva Historia de la Humanidad,Ariel, 2022] consiguen contar también una historia en positivo ¿por qué tenemos que contar la historia, si es en clave crítica es en clave de desastre y de pérdida y de melancolía, y si es en clave acrítica es en clave de guerras y reyes? ¿Por qué no vamos a contar otras épicas?
introducir una pregunta más amplia sobre la relación entre las narrativas sobre la violencia construidas por las sociedades del pasado, su función, su rastro y cómo nosotros construimos nuestras interpretaciones sobre esas mismas sociedades y sus prácticas violentas. Hasta qué pun- to la relevancia que ha tenido la violencia, la guerra como elemento de despliegue de poder, no necesariamente como elemento ejecutado, y como elemento simbólico vinculado con la imposición de la jerarquía, con la propaganda también, a la hora de someter o dominar a otras poblaciones a lo largo de la historia depreda todo el relato de la historia que se ha construido. Porque es verdad, ahora lo decías, que cuando construimos historia, a veces lo hacemos en base a la guerra y a la violencia, y es muy difícil salirse de esas coordenadas.
Los que yo trabajo son periodos de tolerancia, de multiculturalismo, de cosmopolitismo que se joden fundamentalmente desde fines del siglo XIX, y la imagen que tenemos ahora del yi- hadismo y las hambrunas y todo esto es algo relativamente reciente; entonces, ahí, es relativa- mente fácil construir ese contrarrelato: vamos a construir una historia maravillosa como es la historia del Cuerno de África antes de que se jodiera todo ¿no? Y además puede volver a ser esa historia porque está en el sitio ideal y tienen las condiciones ideales para convertirse en una historia con elementos utópicos, de convivencia. Pero la cuestión es cómo se podría hacer una historia parecida también en el caso de Europa; bueno hay ejemplos evidentemente… Pero
¿Cómo podemos construirla de forma más global y más visible para el público, que no sea simplemente una cosa de especialistas? Pues nuevamente lo que hicieron Graeber y Wengrow con esa prehistoria de la Humanidad, debería hacerse para periodos más recientes y en clave más histórica.
MA: Al hilo de esto último que señalas, me viene a la mente un libro, Wërra, del escritor francoargentino Federico Jeanmarie, donde el autor reflexiona sobre cómo la guerra ha de- venido en un producto cultural, lo que plantea una relación ambivalente con cómo la socie- dad actual demoniza la guerra, pero al mismo tiempo la convierte en un objeto de consumo despojándola de todos sus elementos traumáticos, violentos. Esto podemos verlo en cualquier película, libro o videojuego. Es particularmente interesante el caso de estos últimos, con títulos como Call of Duty, que han vendido millones de copias en todo el mundo. El juego consiste simplemente en que tú vas avanzando y matando soldados, que caen sin más. Es decir, no pier- den una pierna o un brazo, y tampoco hay civiles de por medio. Es todo aséptico. Hablamos, por ende, de la centralidad de la violencia en las visiones que construimos sobre el pasado, y quizá ahí tenga sentido preguntarse cómo y desde dónde puede aportar la arqueología a esa construcción de un relato que vaya más allá de la violencia. ¿Qué debates ha habido que han contribuido a desmontar esa centralidad de la violencia?
para obligarnos a buscar otros pasados, otras formas de relación en el pasado. Como decía antes, lo cierto es que la violencia, sobre todo la violencia extrema en el pasado no es habitual; si es muy habitual, evidentemente, la violencia de baja intensidad, el hecho de que tengamos miles de fortalezas medievales, o en la Edad del Hierro, pues nos está hablando de esta violencia de baja intensidad, pero la violencia extrema no es tan común. Y después otra de las cosas que yo me he planteado es qué pasa en los sitios donde no hay huellas de violencia arqueológicas, quiero decir que no existe esa materialidad de la violencia, y muchas veces la primera reacción es:“Bueno, es que no la hemos encontrado”. Eso lo podíamos decir en el siglo XIX, pero a estas alturas, con la cantidad de trabajo arqueológico que se ha hecho en todo el mundo, yo creo que ya se pueden empezar a detectar patrones a nivel regional, macro regional y global. Por ejemplo, es muy llamativo que en el caso de África subsahariana no haya violencia a gran esca- la, realmente, hasta inicios del segundo milenio. Empieza ahí en la transición entre el primer y el segundo milenio, sobre todo en el oeste de África, pero la mayor parte de África subsaharia- na es una zona relativamente pacífica durante decenas de miles de años. Esa es la realidad.Y es muy significativo, por ejemplo, que cuando se introducen innovaciones tecnológicas en África sean para la agricultura o para el ritual, no para la violencia y es muy diferente a la historia de Europa.Y yo creo que una forma de construir nuevos relatos, que no pongan tanto el acento en el conflicto y en la violencia, pasa por descentralizar la mirada y deseuropeizarla, como dice Dipesh Chakrabarty en Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (Princeton, 2007).Yo creo que tenemos que provincializar Europa y empezarla a ver cada vez más como una anomalía, que es lo que es. O sea, se ve especialmente en el grado de violencia que vemos en Europa a partir del Calcolítico, del tercer milenio a.C.: la inversión que se hace en violencia no la encontramos en ningún otro continente. No quiere decir que el resto sea paz y prosperidad, evidentemente, y hay casos extremos en el Próximo Oriente y partes del sudeste asiático de violencia extrema durante muchos periodos. Pero esa consistencia en la violencia que tenemos en Europa es relativamente poco habitual, no solo la violencia como fenómeno episódico político, sino como fenómeno cultural, hasta qué punto forma parte de nuestra mentalidad a nivel paneuropeo, hasta el punto de que nos cuesta trabajo pensar en una forma de ser que no esté tan marcada por la violencia colectiva, o sea, lo que decimos siempre de que “es que cuando se inventa algo es para aplicarlo a la violencia”. No, eso pasa en Europa, la realidad es que no pasa en el resto del mundo. Hemos convertido en ley general antropológica algo que es específicamente europeo.También ahí la arqueología con esa visión en profundidad, tanto a nivel global como a nivel temporal, nos permite deconstruir un poco esas leyes universales que al final acaban sancionando la inevitabilidad de un Estado central, del despotismo, de la violencia del conflicto.
diantes, les intento hacer reflexionar sobre cuál es el proceso de construcción de los conoci- mientos. Por ejemplo, uno de los conceptos que yo más empleo en mis propias investigaciones es el de ‘guerra total’, que casi siempre se articula sobre ejemplos que únicamente transcurren en el mundo occidental. Cuando, por el contrario, hay infinidad de conflictos en África o Asia, como por ejemplo la guerra civil Taiping, que aportan elementos de complejidad a la natura- leza de las guerras contemporáneas, pero que son sistemáticamente obviados del proceso de construcción del concepto de ‘guerra total’. En ese sentido, me viene muy bien que plantees
la idea de salir fuera de los marcos eurocéntricos, porque enlaza con mi siguiente pregunta. Buena parte de tu trabajo se desarrolla en el cuerno de África, en países comoYibuti, y me gus- taría saber qué te ha aportado ese trabajo para tu formación como arqueólogo e historiador y de qué modo construyes y jerarquizas, tanto geográfica como espacialmente, el conocimiento. AG-R: Comento una cosa primero sobre lo que decías de la guerra total. Creo que uno de los problemas que tenemos con esa definición de la guerra total es que, en el fondo, tenemos una perspectiva unilineal de la historia, es decir, parece que hay un momento en que aparece la guerra total y ya convivimos con la guerra total. Pueden ser las Guerras Napoleónicas o la Primera Guerra Mundial o la Segunda…, pero hay un momento y ese momento además es oc- cidental…, lo que pasa es que la guerra total puede “ir y venir”, lo que comentaba al principio de que en realidad hay que entender más bien ciclos de violencia excesiva. El conflicto de la Cultura de la Cerámica de Bandas a fines del sexto milenio antes de Cristo: eso fue una guerra total, fue una guerra total que arrasó todo el centro de Europa, en la que no se distinguían civiles de combatientes, donde se masacraban aldeas enteras, donde había probablemente elementos ideológicos en juego…, fue como una Segunda Guerra mundial o una Primera Guerra mundial, de hecho más parecido a la Segunda. Entonces, me parece que tenemos que empezar a concebir también la guerra total en perspectiva de larga duración y como un fenómeno que va y viene, en cuanto a cómo cambia el mirar desde el sur… A mí muchas veces me han preguntado porqué sigo trabajando en el Cuerno de África, pero ¿qué tienes que hacer en el Cuerno de África con la cantidad de cosas que hay en Europa? Como si el Cuerno de África se agotara y Europa no, porque tiene una historia tan densa y tan compleja… Pero el Cuerno de África tiene el mismo tamaño que Europa occidental.Y es que a veces nos olvidamos de cuestiones de geografía básica que nos pueden ayudar a poner las cosas en perspectiva. El Cuerno de África está en el centro del mundo, en el sentido de que conecta Asia y África con el Próximo Oriente y Europa; Europa es por sí misma una provincia del mundo hasta que decide dejar de serlo, pero geográficamente lo es y ha sido un territorio muy marginal durante muchos miles de años. La diversidad cultural que tienes en el Cuerno de África como en la India o en el sudeste asiático, no la encuentras en Eu- ropa. Entonces realmente estamos hablando de unos sitios que tienen una complejidad histórica absolutamente inconcebible desde una perspectiva del norte, lo que pasa es que hemos proyec- tado sobre ellos una mirada occidental que tiende a reducir lo otro a lo simple, a lo primitivo, lo básico…, lo complejo somos nosotros. Sin embargo, lo que vemos en estos otros territorios son otras formas de complejidad y muchas veces tremendamente enrevesada. Cuando nos quejamos de la historia de Castilla, por ejemplo, que complicada es en la Edad Media, guerras en Castilla y luego León, se unen y después se separan… Bueno, eso es el pan nuestro de cada día en el Cuerno de África, o en Yemen, o en la India durante miles de años, con la diferencia de que no tienes Castilla, León, Aragón, Cataluña y Navarra sino 300 reinos y eso lo que está reflejando, en realidad, es una complejidad social y cultural absolutamente extraordinaria. Entonces, yo creo que tenemos muchísimo que aprender de estos otros territorios, que nos ayuden a ver también nuestra propia historia en una clave más diversa y plantearnos nuevas preguntas. Por ejemplo, cómo se logran los consensos, cómo se logran los fenómenos de resolución de conflictos que son muy habituales en África subsahariana, ¿Tenemos algo equivalente en el caso de Europa?
¿Por qué no lo tenemos? ¿Cómo se articulan esos momentos de paz en Europa? Hay muchísimas preguntas que podemos hacernos si pasamos por esas otras historias...
MA: Por mi parte seguiría conversando mucho más tiempo, pero creo que estamos en- carando la recta final de la entrevista y, en ese sentido, quería formularte dos preguntas más. Por un lado, ¿cuál es tu opinión sobre el futuro de la guerra? ¿Hasta qué punto crees que va a cambiar? La segunda pregunta tiene que ver más con cuestiones metodológicas personales, pero podemos dejarla para el cierre y empezar por la que tiene que ver con el futuro de los conflictos armados. ¿Qué reflexión puedes plantear del momento actual que vivimos en los conflictos armados a partir de ese análisis de larga duración que has hecho en Tierra arrasada? Estamos viviendo muchísimos cambios en las formas de hacer la guerra, con el volcado de imágenes de conflictos en tiempo real en redes sociales o la aparición de medios automatizados de combate e incluso de la inteligencia artificial, recubiertos de un lenguaje perverso que habla de precisión quirúrgica y de ataques selectivos para referirse a la muerte de seres humanos, en no pocos casos en un marco de violación de leyes internacionales. Sin olvidar, por supuesto, el regreso de grandes conflictos en regiones que habían disfrutado de muchos años de estabilidad, como Europa con el conflicto ucraniano, o el resurgir de procesos de violencia de masas, caso de la guerra en Gaza.
AG-R: Respecto a lo primero, para mí una de las obras fundamentales en mi formación es un libro que se llama In Small Things Forgotten: An Archaeology of Early American Life, (Olvidado en las pequeñas cosas), un libro de arqueología histórica, un clásico de James Deetz, del año 1977, que para mí es un referente de cómo hay que contar la historia en clave arqueológica, poniendo el acento en las cosas, contando historias pequeñas que nos acerquen a la gente, que sean historias íntimas y, al mismo tiempo, sin olvidar la gran estructura de la historia porque James Deetz lo que está contando es la historia de los orígenes de Estados Unidos, ni más ni menos; lo que pasa es que lo hace con cacharros de cocina, con las casas, con la vida íntima de la gente. Para mí esa es mi gran referencia, digamos, académica.
Y me gustaría hacer una recomendación literaria que es la obra de Eduardo Halfon, todos los libros que tiene. Es un escritor guatemalteco de origen judío. Acaba de publicar uno aho- ra, Tarántula (2024), la mayor parte de su obra la ha publicado Libros del Asteroide y es una mezcla de autoficción, de reflexión sobre su identidad, una identidad compleja como judío guatemalteco, la memoria judía que lleva en su familia y que incluye el Holocausto y la diás- pora, al mismo tiempo contiene todos los conflictos de América Latina y me parece que es un narrador excepcional y te ayuda a ver la historia de una forma distinta y también mezcla esa gran historia con la historia más íntima, la historia más personal.
Y respecto a un consejo para estudiantes o para investigadores que están empezando, para mí lo fundamental para investigar en Humanidades es leer muchísimo y leer de todo.Y creo que
ese es el consejo número uno. No te quedes simplemente en tu campo. Lee de todo: de ar- queología, de antropología, de historia, te dediques a lo que te dediques, lo más amplio posible. Y no te preocupes si crees que estás perdiendo el tiempo leyéndote un libro sobre las monjas de Sussex en el siglo XIII, porque al final algo de eso va a quedar, aunque te estés dedicando a la Primera Guerra Mundial o al Paleolítico. Creo que lo que realmente te ayuda a conformar una mirada más crítica y más reflexiva es eso, leer y hacerlo de la forma más amplia posible. Desde luego, si solo hubiera leído arqueología no me estaría haciendo la mitad de preguntas que me hago, si no hubiera leído a los historiadores, por ejemplo.
Antes he dicho que, por mí, seguiría mucho más rato, pero creo que debemos dejarlo aquí.
Por mi parte ha sido un placer, Alfredo. La verdad es que lo he disfrutado mucho.
Respecto a los historiadores locales, bueno, no hay mucha historia local en el Cuerno de África, hay unos contemporaneístas excepcionales. Pero ahí sí que no hemos llegado todavía al punto de poder dialogar, estamos en paradigmas distintos. La colaboración es fundamental- mente con arqueólogos, más que con historiadores. Probablemente tengamos que hacer un esfuerzo todos para tratar de conversar. Sí, al contrario de lo que decía sobre la situación en España, con los medievalistas, sí que estamos empezando a tener conversaciones interesantes.
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Miguel Alonso Ibarra es profesor permanente laboral en la Universidad Nacional de Edu- cación a Distancia. Se doctoró en 2019 por la Universitat Autònoma de Barcelona con una tesis centrada en el estudio de la experiencia bélica de los soldados rebeldes durante la Guerra Civil Española, que verá la luz en forma de libro este mismo año en la editorial Pasado&Presente. Sus principales líneas de investigación son los estudios de la guerra, la violencia de masas y el fascismo. En este sentido, desde septiembre de 2023 codirige el proyecto de investigación “Per- petradores. Agencias, actores y beneficiarios de la violencia franquista, 1936-52”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ha publicado en diversas revistas nacionales como Ayer, Historia Contemporánea, Historia y Política o Hispania, y coordinado dos libros dedicados a la historia de la guerra contemporánea, Europa desgarrada. Guerra, ocupación y violencia, 1900-1950 (Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2018), y Fascist Warfare, 1922-1945.Aggression, Occupation, Annihilation (Palgrave, 2019). Desde 2014, es editor en la Revista Universitaria de Historia Militar.
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Alfredo González-Ruibal, (Madrid, 1976), es doctor en Arqueología Prehistórica por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla su labor en el Instituto de Ciencias de Patri- monio (INCIPIT). Entre 2009 y 2012 dirigió un proyecto sobre arqueología de la guerra civil española y el franquismo.Además, ha estudiado el periodo fascista en Etiopía y el colonialismo en Guinea Ecuatorial a través de sus restos materiales. Ha publicado en algunas de las más im- portantes revistas internacionales de arqueología como son Current Anthropology,World Archaeo- logy, o Antiquity.También es el editor del primer volumen sobre arqueología de la guerra civil española en la revista Complutum. Se ha destacado como uno de los mayores expertos sobre la arqueología del conflicto y de la guerra civil española. Entre sus obras destaca Tierra arrasada: un viaje por la violencia del Paleolítico al siglo XXI (Crítica), que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en el año 2024.
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Conxita Mir Curcó, Indià i republicà. Una vida a les Amèriques amb els orígens de fons. Ramon Curcó Rubio (Torregrossa, 1884 - Lleida, 1939), Pagès editors (Col·lecció Guimet, n.º 250), Lleida, 2023, 292 pp.
Quan la historia va començar a desplaçar el seu focus des dels suposats grans personatges cap al conjunt de la societat, les biografies es van començar a mirar una mica de reüll. Els prota- gonistes de la història ja no eren les individualitats (generalment reis, generals, polítics i algun poeta), sinó la col·lectivitat (nació, poble, classe o gènere). I tanmateix, ara i adés, la història l’han fet sempre els homes i les dones concrets. És clar que no es poden biografiar tots, però també és cert que la vida d’un home o d’una dona concreta pot il·lustrar perfectament una època i posar al descobert aspectes que una visió només col·lectiva pot amagar o desfigurar.
I això és justament allò que ha fet la historiadora Conxita Mir biografiant el seu padrí matern, Ramon Curcó Rubio: Indià i republicà. Un home emprenedor i, conseqüentment, un punt aventurer. Una biografia que hom pot qualificar perfectament de novel·lesca, però que l’autora, amb bon criteri, ha escrit d’acord amb els paràmetres historiogràfics més exigents.
Mir planteja la biografia a dos nivells. En primer lloc, les dades més personals de Ramon Curcó. Fet que li va exigir investigar en distints arxius de dos continents (Europa i Amèrica, nord i sud) i, després, treballar-les amb delicada meticulositat: en part, perquè no sempre eren fàcils d’encaixar; i en part, perquè mai pot estar segura del tot que les té totes. Alhora, les ha de confrontar amb la memòria familiar i els papers que d’aquesta li han arribat; una i altres, més aviat escassos a causa tant de la vida aventurera del protagonista com dels avatars d’una època poc amable. En segon lloc, estudia els principals espais socials i polítics on va transcorre la vida del seu padrí:Torregrossa i Veneçuela. Aquesta, sumida en les tensions originades per una creixent industria petroliera i sotmesa a diferents règims dictatorials.
S’analitza minuciosament la vida social i política de Torregrossa des de les darreries del segle XIX fins el final de la guerra civil, fent èmfasi en la tradició republicana, que era la de la família Curcó. S’assenyalen els aspectes positius, que són uns quants, però també les ombres, principal- ment les dificultats per establir una pràctica democràtica robusta. Fet que, molt probablement,
va influir decisivament en l’esclat de violència que va viure Torregrossa durant les anys 1936- 1940. Des d’aquest punt de vista, val la pena assenyalar que al poble no hi va haver eleccions per elegir l’ajuntament fins el 1934; unes eleccions que, fatalment, van acabar anul·lades. Fins ales- hores, sempre s’havia arribat a acords per evitar-les.Acords als quals, potser sorprenentment, no eren aliens els republicans del poble.Tot plegat posa de manifest l’enorme pes del caciquisme, a Torregrossa i en tants altres pobles de la circumscripció, com bé ha estudiat Conxita Mir en el ja clàssic Lleida (1890-1936).Caciquisme polític i lluita electoral.
El jove Ramon Curcó va deixar el poble i la família just acabat el servei militar, aprofitant una oferta per anar a treballar a les obres del Canal de Panamà. Allí, d’on partirà molt aviat, va començar un llarg periple que el portarà per diferents països de dos continents. El seu model era fer fortuna a Amèrica per treure de pobres la família de Torregrossa. el vell model dels indians, d’escassa tradició, s’ha d’assenyalar, a les comarques del Ponent català.Tanmateix, diu la neta historiadora, aquell model ja havia passat a la història, i encara que en un primer moment va semblar que assolia l’èxit -la casa familiar construïda al poble en seria el millor exemple- la conjuntura històrica, certament molt complexa, així com les dificultats per fer front als poders tradicionals en la Veneçuela dictatorial de finals dels anys vint i principis del trenta, van fer que aquest projecte acabés en un fracàs. D’altra banda, durant l’última etapa veneçolana, men- tre lluitava per salvar els negocis encara li va quedar temps per convertir-se en un dels líders sindicals de la naixent industria petroliera veneçolana. Compromís que provocaria l’expulsió del país per part del govern; un cop a Catalunya, la fama de revolucionari que l’acompanyava segur que jugaria en contra seu.
Expulsat, doncs, deVeneçuela, Ramon Curcó pren la decisió de la seva vida.Tenia més d’una opció però va decidir, el 1937, tornar a una Catalunya submergida en una violenta i confusa guerra civil. En la decisió sembla que hi va influir tant les pressions de la seva dona, segurament cansada dels darrers anys veneçolans plens de contrarietats de tota mena, però també desitjosa de poder reunir finalment tota la seva família; com la voluntat de salvar el patrimoni que havia construït a Torregrossa i que els avatars de l’època amenaçaven. Consolidar aquest patrimoni li semblava que era un primer pas per recuperar tot allò que, amb males arts, havia perdut a Veneçuela i pel qual pledejava des de feia anys.
Instal·lat a Torregrossa, durant l’any i escaig que quedava de guerra no va jugar cap paper en les institucions, tot i que va intentar aportar el seu prestigi i el seu saber acumulat per influir en el bon govern del poble en uns moments certament tràgics. Molt especialment en qüestions relacionades amb l’abastiment de la població. Com també va intentar donar un nou impuls al negoci familiar abastint a la tropa del front proper, un tipus de comerç que a Amèrica havia practicat abastament amb diferents campaments de treballadors.
No va servir de res que no hagués tingut cap protagonisme en els fets que van sacsejar el poble a partir de l’estiu de 1936. El seu cas, explica Conxita Mir, experta en els mecanismes de la repressió franquista, és tot un model de la manera que aquesta tenia de procedir, de com es va muntar una causa –que volia ser exemplificant- contra un home de decidida i reconeguda trajectòria republicana, en les rengles, val a dir, del republicanisme democràtic i reformista. Que un dels seus germans hagués tingut una actuació política destacada a partir dels fets d’oc- tubre de 1934 segur que va ajudar a que aquells que, coneixedors dels fets i podien ajudar-lo, es neguessin a fer-ho.Així doncs, Ramon Curcó, detingut poques setmanes després de l’ocupació
franquista, va ser sotmès a un consell de guerra sumaríssim i afusellat al cementiri de Lleida el maig del mateix 1939.
El llibre de Conxita Mir és, doncs, la història d’una aventura tan inversemblant que neces- sitava ser minuciosament documentada, però és també un retall rellevant d’un període proble- màtic, tràgic, però substancial de la nostra història. Un llibre, doncs, del tot recomanable.
Jaume Barrull Pelegrí
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Claudio Hernández Burgos, Gloria Román Ruiz (eds.), La tierra prometida. Historia y me- moria de la colonización franquista en la provincia de Granada, Editorial Comares, Granada, 2023, 155 pp.
La tierra prometida es un libro que, desde distintos enfoques —la historiografía, la política agraria, de vivienda, la arquitectura, el contexto socioeconómico o la memoria— se acerca al proyecto de colonización franquista en la provincia de Granada. Esta multitud de primas per- mite analizar cuáles fueron los éxitos y fracasos de la colonización, echando a un lado el velo propagandístico que usó el régimen y colocando en primer plano a quienes habitaron estos pueblos de colonización.
En el primero de los capítulos, Teresa María Ortega López realiza una amplia panorámica historiográfica sobre la colonización franquista. Entendida esta como uno de los procesos agra- rios más importantes de la España del siglo XX, el desarrollo de trabajos abordando el tema des- de distintas disciplinas ha sido constante. No obstante, la autora divide en tres etapas la evolu- ción historiográfica de la colonización franquista. En un primer lugar, los estudios elaborados durante la dictadura por el personal técnico del propio Instituto Nacional de Colonización (INC): ingenieros agrónomos, arquitectos, economistas. Estas personalidades fueron quienes organizaron la colonización, presentándola como un impulso al mundo agrario y como una manera de superar la reforma agraria republicana: se aumentarían las tierras cultivables y la producción agraria, a la vez que se otorgaba empleo al campesinado pobre. En una segunda etapa, durante los años del tardofranquismo y la transición, la historia social renovó los estudios sobre la colonización. Desde la perspectiva histórica y socioeconómica, nuevos investigadores desde diferentes áreas, comprendieron la colonización como un proceso de contrarrevolución agraria en el que lo que se pretendía era una vuelta a las relaciones de producción anteriores al periodo republicano. Por último, desde finales del pasado siglo, la colonización se ha estudiado desde el punto de vista local y regional, otorgando protagonismo a los colonos y a los discursos del franquismo sobre la cuestión rural, pero obviaban la “dimensión social de la colonización”, que han abordado trabajos recientes dedicados por ejemplo al proceso de creación de nuevos
poblados o el control social que propició la política de entrega de tierras.Teresa Ortega deja la puerta abierta a nuevas e interesantes líneas de investigación sobre la colonización a partir de los estudios de género o de la memoria.
En el segundo capítulo, Miguel Ángel del Arco Blanco hace un recorrido por la coloniza- ción del franquismo como una de sus políticas agrarias más importantes. Estuvo inspirada en los propios proyectos españoles anteriores y la política de Mussolini en Italia en el campo y consistió en una reforma técnica de la agricultura que venía a tranquilizar a los propietarios que tenían reciente la reforma republicana. Esta fue la causa por la que la colonización fracasó durante los años cuarenta, ya que el Nuevo Estado rehusó la intervención y a esta empresa tan solo se dedicaron las tierras marginales y poco rentables que los propietarios voluntaria- mente aceptaron vender. La liberalización económica y los deseos de modernización agraria impulsaron la colonización durante los años cincuenta y sesenta, época en la que se edificaron la mayoría de los pueblos de colonización y donde el régimen estableció un control social e implantó su modelo familiar y moral. En definitiva, la colonización franquista no solucionó el problema del campo español, sino que, por el contrario, benefició a los grandes y medianos propietarios al ser esta una política agraria técnica, basada principalmente en la extensión del regadío.
Claudio Hernández Burgos aborda en el tercer capítulo el contexto socioeconómico, polí- tico y cultural de la provincia de Granada durante el franquismo, atendiendo a que este fue el marco en el que se desarrollaron los proyectos de colonización. El autor, a partir de una abun- dante información archivística, destaca que, a pesar de los años del desarrollismo franquista y la propaganda del régimen, el mundo rural granadino se caracterizó por un notable atraso: alimentación inadecuada, escasez de viviendas y condiciones higiénico-sanitarias pésimas. A ello se unía el desempleo estructural del campo que obligó a la emigración a buena parte de la población rural de Granada ante la falta de expectativas. Incluso en el orden cultural y político se podía atisbar este atraso, pues existía un gran porcentaje de analfabetismo y una desmovi- lización social debido al temor que había dejado la guerra y la posguerra en la mentalidad de las gentes del campo.
El cuarto de los capítulos, a cargo de Juan Manuel Barrios Rozúa, se ocupa de la arquitec- tura religiosa del franquismo, centrándose en los pueblos de colonización de Granada. A tal respecto, el autor hace un recorrido sobre la evolución arquitectónica religiosa del franquis- mo sobre la que podemos atisbar tanto el contexto socioeconómico —la escasez de recursos para la construcción durante la posguerra, por ejemplo— como los ideales del régimen. En este sentido, las iglesias de colonización de la provincia de Granada estuvieron marcadas, en el primer franquismo, por la ausencia de innovación y la austeridad, y hubo que esperar al desa- rrollismo para la modernización de las formas y métodos de construcción. Sobre esta base, el autor concluye con la constatación del fracaso de la arquitectura religiosa del franquismo tanto en el país como en la provincia granadina debido a factores como la poca relevancia de los arquitectos o el escaso presupuesto, que hace que en la actualidad estos templos estén cerrados o sean innecesarios.
Por su parte, Laura Cabezas Vega dedica el quinto capítulo al estudio de la vivienda en los pueblos de colonización de Granada. La historiografía del franquismo ya ha constatado la importancia que el régimen le otorgó a la política de vivienda y el proyecto colonizador,
en este sentido, fue crucial. La idea era la creación de una sociedad rural moldeada según los criterios sociales, económicos y morales del franquismo. Para la autora la vivienda fue el pilar del citado proyecto, pues las familias que las habitaban habrían de funcionar como la célula básica de organización social, próximas a las tierras de cultivo. Así, el proyecto de coloniza- ción no solo vendría a solucionar el problema del agro español con la entrega de viviendas y parcelas —lo que sirvió a la vez de propaganda— sino que solucionaría el hacinamiento y la “convivencia promiscua” de las familias en las viviendas. Laura Cabezas usa el ejemplo de Láchar, un pueblo que existía y que fue ampliado por la colonización, para comprobar las di- ferencias arquitectónicas existentes entre “lo nuevo y lo viejo”, demostrando las tipologías de viviendas construidas que correspondían con distintas categorías sociales: colonos, jornaleros, comerciantes y profesiones liberales. Asimismo, la autora se ocupa de la experiencia de habitar dichas viviendas, pues supuso una transformación del modo de vida de las familias, aunque precisamente esto promovió el control social del régimen sobre unos colonos que habían de estar supeditados a las órdenes del INC.
Por último, a partir de entrevistas orales a colonos de los pueblos granadinos de Láchar y Peñuelas, Gloria Román Ruiz desgrana la memoria popular de la colonización, atendiendo a sus actitudes sociales. Así, este capítulo demuestra la existencia de una gran variedad de expe- riencias y posiciones respecto a la vida cotidiana en los pueblos de colonización. La autora se ocupa de temas complejos como, en primer lugar, el de la selección de colonos que se bene- ficiaron de los lotes —un reparto que para muchos fue injusto, discriminando a los vencidos en la contienda civil— que atendían a distintos tamaños y calidades.También recorre la propia valoración que los colonos hacen de este proyecto del franquismo, sacando a relucir las luces y sombras que guarda la memoria popular. Los colonos mejoraron materialmente, especialmente con las nuevas viviendas, pero también se sintieron fascinados por las nuevas edificaciones y por los puestos de trabajo que generó la creación de los pueblos de colonización. No obstan- te, la memoria de los colonos también alude a que este reparto de lotes no fue gratis —pues tuvieron que pagar una renta anual—, que en ocasiones estas tierras apenas producían lo suficiente para subsistir y quienes lograron prosperar recuerdan que lo hicieron debido a su esfuerzo o que las viviendas estaban construidas con materiales de poca calidad.
En definitiva, La tierra prometida es un libro que, desde un enfoque multidisciplinar y a par- tir de una gran cantidad de fuentes, esboza cómo se desarrolló el proyecto de colonización franquista en la provincia de Granada, destacando el papel de los colonos, sus experiencias y el contexto social, económico, agrícola y arquitectónico en el que vivieron.
Gregorio Santiago Díaz
Universidad de Granada (España)
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José Luis Rodríguez Jiménez, Bajo el manto del Caudillo. Nazis, fascistas y colaboracionistas en la España Franquista, Alianza Editorial, Madrid, 2024, 424 pp.
La España de Franco fue la nación europea que acogió el mayor número de nazis, fascistas, ultraderechistas y colaboracionistas con el Tercer Reich. Aunque todavía no es posible aportar una cifra definitiva, Franco autorizó que miles de huidos de la justicia aliada se instalaran o en- trarán en España en tránsito hacia Sudamérica. Mas allá del visto bueno de Franco, este trabajo explica cómo diversas personalidades, políticas y militares, y eclesiásticos españoles proporcio- naron protección a sus viejos amigos, multitud de lugares donde ocultarse, especialmente en el campo, así como tantas y sucesivas identidades nuevas como necesitaran para despistar a los servicios de inteligencia aliados.Tanto en la protección como en su vigilancia, desempeñaron un papel importante varios organismos del Estado, especialmente la Dirección General de Se- guridad, sin olvidar que una parte importante de la jerarquía de la Iglesia católica acogió a los religiosos vinculados al régimen croata ustacha.
Este libro amplía notablemente el conocimiento sobre este tema a partir de la documenta- ción policial y la diplomática, teniendo como hilo conductor la vida de León Degrelle, el líder del movimiento rexista, cuya figura es analizada de principio a fin. No se trata de un perso- naje cualquiera, no solo por su actividad en la extrema derecha belga y en la Segunda Guerra Mundial, sino que estuvo especialmente relacionado con gran parte de la buena sociedad y el entramado financiero, nacional e internacional, que sustentó el franquismo. Degrelle terminó creando una red entre los nazis que vieron en la España de Franco un refugio seguro. Con sus publicaciones y constantes apariciones mantuvo vivo el discurso nacionalsocialista, y fue puente y estímulo para varias generaciones de ultras españoles.
La mayoría de estos individuos recibió amparo sin que Franco lo autorizara personalmente, a fin de no causar problemas exteriores. Fue desde la Dirección de Seguridad, desde don- de Ramón Serrano Súñer intervino personalmente en la mayor parte de sus expedientes; igualmente, Jose Finat, sobre todo en su etapa como alcalde de Madrid, desarrolló una labor fundamental en su encubrimiento y promoción. La intervención de ambos, por ejemplo, fue
decisiva para que Degrelle pudiera vivir tan lujosamente y con total libertad de movimientos durante tantos años. En ningún otro país del mundo se juntó semejante representación de cuadros intermedios y de alto nivel de las organizaciones fascistas y ultraderechistas, incluidos dirigentes de gobiernos y de partidos políticos. Durante quince años Degrelle fue el único líder de un partido fascista acogido en España. La situación cambió con la llegada del croata Ante Pavelic, por ser éste el dirigente fascista de más rango y destacado genocida de entre los que consiguieron huir al término de la guerra. Cuando Pavelic recibió el visto bueno para trasladarse a España ya se encontraba aquí Vjekoslav Luburic, quien posiblemente fuera el más relevante de todos los altos mandos militares refugiados en España.
Tras el croata, el exilio que aportó a cargos directivos de mayor relevancia fue el rumano, pero la España franquista siguió acogiendo a dictadores latinoamericanos durante toda la gue- rra fría. Su volumen, como el número de miembros de la Gestapo, de las SS y colaboracionistas con estas organizaciones protegidos en España sigue siendo indeterminado. La nueva iden- tidad que recibieron hace que siga siendo muy difícil de relacionar con aquellos hechos del pasado por los que estaban en busca y captura en sus países de origen. No cabe duda de que en España quedaron protegidos y se instalaron definitivamente muchos más miembros de las organizaciones nazis de los que finalmente se han identificado. Incluso tras la restauración de la democracia, España fue el lugar elegido como refugio por varios miembros del Partido Nazi, dado que aquí no existían los delitos de “negación o justificación del genocidio y de reactiva- ción de la ideología nacionalsocialista”. Sabían que podrían confraternizar con varios de sus camaradas y que estos les prestarían apoyo. Fueron varios los austriacos condenados en su país por actividades relacionadas con estos delitos que aún viajaron a España en 1992
La relación no era nueva. El libro documenta las relaciones desde las décadas de los 60 y 70 entre estas organizaciones y Fuerza Nueva por ejemplo, como también los vínculos entre Degrelle y Cedade, los jóvenes neonazis de las ciudades españolas a los que animó durante años en su labor de negación del Holocausto. También queda estrechamente documentada la relación de los terroristas neofascistas italianos con prácticamente todos los sectores de la ultraderecha española. Las autoridades españolas mantuvieron bajo vigilancia a sus miembros más destacados, pero hasta el momento, la información que puede extraerse de la consulta de la documentación de los fondos de la DGS, sigue siendo muy parcial e incompleta. No que- da rastro tampoco en sus países. Salvo el caso Degrelle, que provocó una fuerte tensión con Bélgica durante toda la dictadura, la mayor parte de los países occidentales no presionaron excesivamente a España para la entrega de estos personajes, la mayoría criminales de guerra. La gran novedad y aportación de este libro es su capacidad para explicar la difícil cobertura diplomática que el Ministerio de Exteriores extendió sobre todos aquellos protegidos bajo el manto del Caudillo. Las dificultades fueron en aumento, sobre todo, en la última etapa en la que España quería entrar en el Mercado Común Europeo. Otra idea fundamental del libro es que la España franquista los acogió y se negó a extraditarlos por pragmatismo, no tanto por sintonía ideológica. El régimen obtuvo una importante contrapartida, fundamentalmente, a nivel de inteligencia, especialmente de los espías alemanes que tenían una experiencia muy importante en las actividades antifranquistas en Francia y en toda la información referente al nacionalismo marroquí. Los miembros de la Gestapo que habían trabajado en España con la DGS, fueron utilizados como asesores para la modificación de los interrogatorios y en la elaboración de un
nuevo formato de ficheros sobre las actividades de oposición al régimen. Por último, una parte de los exiliados del este de Europa y de las organizaciones internacionales anticomunistas, que realizaban actividades fuera y dentro de España, ayudaron a crear la imagen de “centinela de occidente” que tanto interesaba proyectar al régimen de Franco en la Guerra Fría.
Gutmaro Gómez Bravo
Universidad Complutense de Madrid (España)
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Juan Mainer Baqué, Consagrar la distinción, producir la diferencia. Una historia del Instituto de Huesca a través de sus catedráticos (1845-1931), Instituto de Estudios Aragoneses, Diputación Pro- vincial de Huesca (Colección de Estudios Altoaragoneses, n.º 68), Huesca, 2020, 445 pp. / Juan Mainer Baqué, Del elitismo a la masificación. Historia y memorias del bachillerato en el Ramón y Cajal de Huesca (1931-1990), Instituto de Estudios Aragoneses, Diputación Provincial de Huesca (Colección de Estudios Altoaragoneses, n.º 73), Huesca, 2024, 633 pp.
En la historia de la Educación, como en cualquier parcela de la historia social y cultural, nada se entiende bien fuera del tiempo largo que permite vislumbrar el complejo juego dia- léctico entre cambio y continuidad. Esta es la acertada premisa de la que parte Juan Mainer Baqué para escribir estos dos libros independientes y distintos entre sí, pero que juntos nos ofrecen una síntesis global de los 150 años de la historia del Bachillerato en España. En ambos textos, el autor toma el instituto de Huesca como objeto de estudio y nos lo muestra unido a su pasado centenario, a las biografías de sus docentes y a la memoria de la ciudad, al mismo tiempo que trasciende ese marco local y aborda con buen tino la conexión existente entre el devenir de la educación secundaria y la conflictiva realidad social y política de los siglos XIX y XX en España.
Quizás sea este último aspecto, la conexión que establece entre lo local y lo nacional, el despliegue de inferencias y el amplio espectro de relaciones que establece entre lo particular y lo general, lo que convierte Del elitismo a la masificación y su precuela, Consagrar la distinción, producir la diferencia, en dos obras originales dentro de las investigaciones que se han hecho sobre la historia del bachillerato en España por varias razones:
En primer lugar, porque no abundan los estudios historiográficos críticos y profundos sobre los institutos históricos. Salvo excepciones, como el de Carles Sirera sobre el Instituto Luis Vives de Valencia, muchos se reducen a meras recopilaciones de datos. Juan Mainer Baqué no aspira, según nos dice, a hacer un relato neutro, engañosamente objetivo y equidistante, por- que es consciente de la imposibilidad de tal propósito, y más viniendo de un profesor que ha pasado buena parte de su carrera profesional en el instituto Ramón y Cajal de Huesca, como
es su caso. Por otro lado, huye de la práctica maniquea, tanto en la condena como en la sacra- lización de determinados periodos históricos a la que nos tiene acostumbrados una parte de la historiografía. Frente a ello, el autor afirma que “se hace necesario practicar un profiláctico desprendimiento de nuestras convicciones —una cierta suspensión de juicio— y proyectar una mirada histórica y crítica, contextualizada y desmitificadora”.
En segundo lugar, reflexiona, como historiador, sobre el combate entre memoria y usos público y político del pasado. Frente a la habitual confusión de límites entre historia y memo- ria, nos propone “una historia con memoria”, que no entienda el pasado como algo ya dado, inevitable y aséptico, sino como el producto de una interacción entre nuestra mirada presente y la de los que nos precedieron, especialmente la de los derrotados y silenciados en las historias oficiales.
En tercer lugar, pocos libros de historia de la Educación rompen las barreras divisorias en- tre disciplinas y se apoyan en un espectro tan amplio de lecturas. Por lo general, suelen estar hechos en los departamentos de las facultades de Pedagogía y se nutren de la bibliografía pu- blicada en este ámbito, olvidándose de incorporar el estado de la cuestión de las últimas inves- tigaciones de la Sociología, la Historia Contemporánea, la Filología y otros campos, llevadas a cabo no solo en España sino también en otros países.
En cuarto lugar, merece ser señalada la amplia y variada documentación procedente de fuentes primarias que maneja el autor. Ha investigado en una decena de archivos locales, pro- vinciales y nacionales y en varias bibliotecas.También ha obtenido información de fuentes he- merográficas y fuentes orales a través de entrevistas a profesores y alumnos. Pero sobre todo, ha sabido sacar partido a la documentación para obtener un resultado óptimo. La mayoría de los libros sobre los orígenes de la implantación del bachillerato en nuestro país y sobre los aconte- cimientos políticos que afectaron a la profesión en las distintas épocas (cesantías, depuraciones, etc.), pese a contar con un prolijo cúmulo de datos, acostumbran a ser estudios descriptivos y sin profundidad en los análisis, que se centran en los aspectos cuantitativos y olvidan las rela- ciones y las comparaciones.
Por último, muy pocas de las monografías publicadas traspasan los límites locales y aventuran sus indagaciones en un espacio más amplio y poco explorado, donde confluyen la historia de la Educación, la historia Social y la historia Cultural. Juan Mainer se vale de los instrumentos que le ofrecen estas disciplinas para llevar a cabo un examen de los hechos en combinación con la síntesis teórica y utilizando con maestría la narración. El estudio de caso y el recurso a la prosopografía le permiten acercarse a los sujetos históricos desde una perspectiva cercana a la microhistoria.
En la primera de las obras que aquí reseñamos, Consagrar la distinción, producir la diferencia. Una historia del Instituto de Huesca a través de sus catedráticos (1845-1931), el autor después de una intro- ducción en la que nos sintetiza los rasgos principales de la Segunda Enseñanza decimonónica, tradicional y elitista, da repaso a medio centenar de profesores que pasaron por el Instituto de Huesca en esos años, agrupándolos en catedráticos isabelinos (los fundadores de la profesión), catedráticos de la Restauración (los que consolidaron el canon socioprofesional) y catedrá- ticos del Regeneracionismo (los garantes del canon). Nos habla de un tiempo lejano que el catedrático de Literatura Alejandro Gaos denominó “época heroica del profesorado español”
y describió con elegancia en Elogio sentimental de un viejo profesor (1952. Texto hecho para la conmemoración del 25 aniversario del Instituto de Requena, fundado en 1928):
Durante casi medio siglo, día tras día, sin faltar uno solo, nuestro profesor marchaba a través de la vieja ciudad indiferente, hacia el instituto situado en una angosta plaza, donde podía contemplarse —sin mas esfuerzo que atalayar el horizonte— la mancha verdiocre del campo cercanísimo, invadido en su soledad por bandadas de silenciosos pájaros, que llegaban revoloteando hasta las mismas escaleras del edificio de segunda enseñanza, un antiguo convento del siglo XVII.
El empaque monumental de los edificios que albergaron los primeros institutos provinciales, surgidos tras la promulgación del Plan Pidal en 1845 —como el palacete barroco de la Uni- versidad Sertoriana que acogió al instituto de Huesca— denotaba ya de por sí una voluntad de elitismo y distinción. “Las pequeñas universidades de provincias no solo debían serlo sino parecerlo”.Y es que a mediados del siglo XIX solo un 5 % de la población masculina española cursaba estudios en los institutos. Por lo general, eran hijos de labriegos enriquecidos o de funcionarios públicos de pequeña ciudad: el hijo del notario, del juez, del capitán de la Guar- dia Civil, del secretario municipal y sus iguales que con la obtención del título de bachiller pasaban a ser miembros de un club exclusivo y podían utilizar el título de “Don”. La Segunda Enseñanza en esos años era “propia de las clases medias” y estaba al servicio de la burguesía durante el reinado de Isabel II. Buscaba “consagrar la distinción y producir la diferencia” en los miembros de las élites locales, si bien para los legisladores del mencionado Plan Pidal de 1845 y de la Ley Moyano de 1857 la cuestión iba más allá. Con la puesta en marcha de la Segunda Enseñanza aspiraban a conseguir la centralización, nacionalización y uniformización de la enseñanza media y sobre todo acabar con la preeminencia que había ostentado la Iglesia en la formación de las clases altas a lo largo del Antiguo Régimen.“Entregar la enseñanza al clero es querer que se formen hombres para el clero y no para el Estado”, decía Antonio Gil y Zárate, principal redactor del Plan Pidal.
El primer libro de Juan Mainer va dedicado a este largo y accidentado ciclo “liberal tradi- cional”, que se inicia con el informe Quintana de 1813 y tiene su consagración jurídica en la Ley Moyano de 1857. Se caracteriza por un modelo de educación fuertemente elitista y confe- sional, que acaba, aunque las fronteras nunca son precisas en la historia, en 1931 con la procla- mación de la II República. El segundo libro, Del elitismo a la masificación. Historia y memorias del bachillerato en el Ramón y Cajal de Huesca (1931-1990), se centra en la larga crisis y en la agonía de ese bachillerato tradicional y elitista,“cuya influyente sombra se proyectó hasta bien entrado el siglo XX”, en palabras del autor. Siguiendo la periodización establecida en otras obras por Rai- mundo Cuesta y el mismo autor, se ocupa de los dos ciclos reformistas siguientes. El iniciado en 1931 y denominado liberalsocialista, que se desarrolló en el corto periodo republicano e intentó poner en marcha una escuela unificada y laica. Fue un proyecto frustrado por la victo- ria franquista en la guerra civil, que intentó funcionar con el concurso de una alianza entre el liberalismo democrático de la Institución Libre de Enseñanza y el socialismo de cátedra.Y el denominado reformista tecnocrático, marcado por la educación de masas, que se inaugura en
los últimos años de la dictadura franquista y se extiende más allá de la Transición democrática con las políticas educativas de los gobiernos del PSOE entre 1982 y 1996.
En esta segunda obra, Del elitismo a la masificación, como la proximidad cronológica lo permi- te, se han incorporado doce largas entrevistas con profesores y alumnos y se ha recurrido con acierto a la Historia oral. De nuevo el estudio de caso elegido toma como sujetos históricos al Instituto de Huesca y a sus gentes para analizar las relaciones entre el grupo de profesores del pequeño instituto y los cambios propiciados por las administraciones educativas a lo largo de la Segunda República, la guerra civil, el franquismo y la Transición democrática. La intrahistoria del instituto de Huesca, observada a manera de microcosmos, le sirve al autor para extrapolar conclusiones a nivel local y nacional sobre los procesos políticos, sociales y culturales que atra- viesan la contemporaneidad.
Las luchas por el poder que se libran en el reducido instituto de Huesca responden a los mismos modelos arquetípicos de relaciones que se van formando en la sociedad española y europea en esa época de entreguerras. Resulta especialmente interesante a este respecto como el autor se vale de un hecho puntual de trágicas consecuencias, que se produjo en el claustro del Instituto de Huesca en las vísperas de la guerra civil, y que marcó de forma indeleble la evolución de los tiempos en este pequeño instituto de provincias, desde los años republicanos hasta la Transición democrática. Nos estamos refiriendo al affaire del sello del instituto, herencia de la antigua Universidad Sertoriana. En esos años caracterizados por la polarización social, los espacios de sociabilidad corporativa fueron sede de conflictos que progresivamente se convir- tieron en escenarios de brutalización y enfrentamiento irreductible entre familias ideológicas con visiones de la política, la educación y la cultura antitéticas. Eso es lo que ocurrió en el claustro del Instituto de Huesca a raíz de un debate donde se planteó la pertinencia de susti- tuir el sello apostólico sertoriano del instituto por el escudo de la Segunda República y dejar de asistir a la ceremonia religiosa del Tota Pulchra, que se celebraba cada año en la catedral. El comisario-director, con el apoyo de un sector del claustro, se negó a la imposición del gober- nador civil republicano, que lo destituyó fulminantemente y colocó en su lugar a otro profesor. Este hecho trivial no hubiera tenido transcendencia política y jurídica de no ser porque solo dos meses después triunfó la sublevación militar en Huesca y las posiciones mantenidas por los claustrales en la disputa se convirtieron en prueba de cargo en los expedientes de la depuración franquista de funcionarios. Se cuestionaba en ellos “el hecho de que hubieran defendido o no el escudo de armas sertoriano —en cuanto vestigio de una arcaica y anacrónica tradición aca- démico-religiosa frente a la marea laicista y anticatólica de la República”. Al poco, el comisario director, que se había alistado en el bando sublevado, fue abatido y se convirtió en camarada mártir de la cruzada nacional mientras siete de los profesores del claustro no volvieron a pisar las aulas del instituto.
Entre las muchas biografías de profesores que aparecen en el libro destaca la del catedrático
represaliado de Filosofía Juan Bonet Bonell, que tenía su cátedra en propiedad en Huesca, pero ejercía en comisión de servicios en el Instituto Lope de Vega de Madrid. Este catedrático, un valenciano exiliado —que salvó la vida in extremis en un campo de concentración nazi y consi- guió llegar a México en los años cuarenta contra todo pronóstico para ejercer veinte años más en el Instituto LuisVives—, concitaba todos los odios de la derecha católica autoritaria oscense y fue acusado de haber “apoyado la supresión del sello tradicional del instituto por el hecho de
contener un santo Cristo”. En cualquier caso, —nos dice Juan Mainer— que “lo que prevale- ció en el claustro oscense fue una amplia zona gris de docentes, observadores indecisos, inca- paces de elegir campo, que finalmente se inclinaron a aceptar la lógica aniquiladora del bando franquista”. Durante los cuarenta años de dictadura, el sello de la vieja Universidad Sertoriana siguió utilizándose en todos los documentos oficiales del Instituto. En 1978, el equipo directi- vo, en aras de la aconfesionalidad del Estado reconocida en la Constitución, propuso dejar de tomar parte, como institución, en la ceremonia del Tota Pulchra en la catedral. Aparentemente se cerraba un ciclo, pero haciendo honor al viejo dicho de “la historia no se repite, pero rima”, en estos tiempos de caída de la práctica religiosa y consumo compulsivo de espectáculos sin significado, la ceremonia está tomando nuevo brío.
Todos los grandes hitos de la Historia Contemporánea de España han tenido su reflejo en el interior de los viejos muros del Instituto de Huesca y especialmente los cambios impulsados desde el Ministerio de Educación. Cuando todavía no había terminado la guerra, el ministro Pedro Sainz Rodríguez, monárquico, católico y fascistizado (militante de Acción Española) promulgó en 1938 una nueva Ley reguladora de la Enseñanza Media que estuvo vigente hasta 1953. El lobby católico, que dirigía el Ministerio en ese tiempo, cerró más de la mitad de los institutos del país y promovió en su lugar la creación de un gran número de colegios religio- sos, al mismo tiempo que desencadenaba una ingente limpieza profiláctica del profesorado, impulsaba la instauración ideológica del nacionalcatolicismo y desenterraba la vieja política educativa elitista y tradicionalista. Evidentemente este cerril elitismo del plan del 38 supuso una anomalía española respecto a otros países de nuestro entorno y, sobre todo, lo fue la im- posición del examen de Estado, obligatorio para todos los bachilleres al finalizar la etapa, que en este momento pasó a manos de los catedráticos de Universidad y fue causa de un gran ma- lestar entre sus homónimos de instituto. El descontento del poderoso cuerpo de catedráticos de instituto fue capitalizado por los falangistas a través del Servicio Español de Profesores de Enseñanza Media (SEPEM), organismo al que estaban adscritos los catedráticos de Huesca, en un claro tour de force con el lobby católico del Ministerio que duró más de una década.
Sin embargo, y pese a todo, según Juan Mainer, “la dictadura franquista no fue un impe-
dimento, aunque sí un factor de distorsión y retraso, para que finalmente se abriera paso la escolarización de masas y se superara el modo de educación tradicional y elitista”. Es decir, lo que el autor llama “la silenciosa revolución educativa”. En 1951 se inauguró un nuevo edificio monumental y suntuoso para albergar el Instituto Ramón y Cajal de Huesca. Estaba pensado para las necesidades de los años treinta, destinado a impartir el viejo bachillerato tradicional y elitista, pero llegó con veinte años de retraso y enseguida se quedó pequeño para las grandes necesidades de aforo sobrevenidas en las décadas del desarrollismo. El edificio reflejaba las contradicciones de un bachillerato elitista que no terminaba de desaparecer y la emergencia de una educación de masas que despegaba a un ritmo inaudito.
El tercer ciclo reformista tecnocrático (1970-1990) modificó por completo la estructura del sistema educativo nacional por imperativo de la escolarización de masas. Los tiempos cam- biaron y España, alineada en el bloque capitalista al lado de EE.UU. durante la guerra fría, vivía una época de crecimiento económico y demográfico. Por fin, una norma educativa, la Ley de Educación General Básica de 1970, derogaba la vieja Ley Moyano de 1857 y la enseñanza media experimentaba una expansión exponencial. La nueva realidad exigía una profunda re-
formulación de la naturaleza social y pedagógica del bachillerato y el Instituto de Huesca no estuvo ajeno a los cambios. Las aulas empezaron a superar la ratio de 45 alumnos procedentes de las clases populares y del mundo rural. El nuevo bachillerato se masificaba e iniciaba un ca- mino de no retorno para dejar de ser elitista, clasista y sexista. El número de mujeres docentes y alumnas por primera vez se equiparaba al de hombres.También el sólido cuerpo de catedrá- ticos de instituto, que había superado incólume los vaivenes políticos desde hacía más de cien años, se tambaleaba. A los centros empezó a llegar una avalancha multitudinaria de profesores jóvenes interinos (PNN), mano de obra barata e inestable, recién salidos de la Universidad y muy politizados. “Nunca como durante los años de la transición democrática (1975-1982) se produjo -según el autor- de manera tan clara y explicita un choque tan manifiesto entre ge- neraciones y culturas políticas, podríamos decir también entre formas de estar en la profesión, en ese claustro del Instituto de Huesca”.
Termina Juan Mainer Baqué su segundo libro sobre la historia del Bachillerato y de sus catedráticos en España con una afirmación que compendia en buena medida el acertado plan- teamiento de su investigación al que aludíamos al principio de esta reseña:
Se mire como se mire, la sombra del pasado es alargada y no en vano la educación es un fenómeno cultural situado en el tiempo largo que no permanece inmune a los cambios sociales ni a las reformas inducidas desde el poder, pero que tampoco es capaz de omitir un pasado centenario.
Margarita Ibáñez Tarín
Universitat de València (España)
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Josep Colomé-Ferrer, Jordi Planas i Raimon Soler-Becerro (coords.), Vins, aiguardents i caves. La comercialització de la producció vinícola catalana (segles xviii-xxi), Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, Vinseum-Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, Tarragona, Vilafranca, 2022, 308 pp.
El llibre que tenim a les mans és el resultat d’unes jornades sobre Producció i comercialització de vins i aiguardents a Catalunya, celebrada a la Universitat de Barcelona el mes de gener de 2020, les quals es dedicaren, en forma d’homenatge, a un dels majors experts en la temàtica, l’admirat Francesc Valls Junyent (1966-2017). De fet, els treballs reunits en aquest volum –un total de nou- tenen com a objectiu continuar la tasca endegada per Francesc Valls, posant l’ac- cent en la comercialització, des de perspectives diverses i en un ampli marc cronològic (segle XVIII-actualitat).
El primer treball, de Xavier Tarraubella i Laureà Pagarolas, posa llum sobre un tema no mas- sa conegut: el paper de la Conca de Tremp com a proveïdora de productes vínics del Pirineu, remuntant-se a l’època medieval, passant per la intensificació de l’aposta per la vinya en el segle XVIII, fins al seu moment àlgid en el segle XIX. En efecte, les característiques orogràfiques i climàtiques d’aquesta zona, emmarcada en el Prepirineu, comportaren que la vinya esdevin- gués un conreu molt rellevant al llarg dels segles, actuant com a celler del Pirineu. A partir de la segona meitat del segle XVIII, la producció es va orientar vers els mercats de la muntanya de les valls de Capdella i de Manyanet al Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Ribagorça, laVall d’Aran, la Cerdanya o Andorra. Les barreres geogràfiques dificultaven les comunicacions i encarien el transport, actuant com una mena d’aranzel natural que gravava els productes, fent difícil que el vi i l’oli arribessin a d’altres zones de Catalunya i de l’exterior. A la segona meitat del segle XIX s’intensificà la producció de vi a causa d’un fort augment de la demanda derivat de la des- trucció de les vinyes europees i de bona part del país (els vins de la Conca arribaran llavors a la resta de Catalunya, el sud de França i al mercat americà). D’altra banda, la construcció de la carretera d’Artesa a Tremps el 1880 permetrà als productors de la Conca de Tremp accedir als mercats de la Catalunya interior i litoral, així com al mercat francès.Aquesta rellevància del co-
merç del vi –i també d’aiguardents entre les dècades de 1860 i 1890- començà el seu declivi al final de la centúria, a causa d’una climatologia adversa, la superació dels efectes de la fil·loxera a França i altres zones catalanes on arribà primer, la caiguda dels preus i l’arribada de la mateixa fil·loxera a la Conca en el tombant del segle. En el segle XX, un cop recuperada dels efectes de la plaga, es reprengueren els mecanismes de la comercialització precedents, tot i combinant la venda directa de proximitat amb la que feien els traginers i els grans comerciants de la zona.
Lídia Torra, mitjançant una anàlisi acurada de fonts notarials, estudia la constitució de so- cietats mercantils per obrir i gestionar tavernes a la Barcelona del segle XVIII. El creixement de la ciutat de Barcelona comportà un impuls a la plantació de vinyes a les comarques veïnes, on es va posar en marxa –com mostra l’autora mitjançant alguns estudis de cas– una xarxa de relacions entre viticultors, traginers, carreters, agents comercials i detallistes que venien vins i aiguardents en les tavernes barcelonines. Darrera d’aquestes tavernes –que sovint assolien la doble funció, detallista i majorista, de productes vitícoles i on també es despatxaven queviu- res i combustibles–, a vegades hi havia la participació de la burgesia de la ciutat a través de la constitució de societats mercantils.També era destacable la presència de negociants i taverners milanesos, els quals sovint s’associaven amb taverners locals. Tot i que l’autora no pot establir quina proporció de tavernes estava en mans de catalans i de forans, sí observa certes diferències: les tavernes regentades per catalans eren modestes i familiars, mentre que les dels llombards es situaven a les zones més concorregudes i eren més visibles. D’altra banda, mentre que els ta- verners locals compraven directament a viticultors de les zones properes (amb els quals podien tenir relacions de parentiu), les tavernes dels llombards es subministraven a través de les grans cases de comerç establertes a Barcelona.
El capítol signat per Josep Colomé-Ferrer i Llorenç Ferrer-Alòs, dedicat a l’estudi del mer- cat interior i la producció i comercialització d’aiguardent en el segle XIX, mostra com, en el període que s’ha definit com a cicle del vi comú, la producció d’aiguardent va continuar tenint un paper molt destacat gràcies en part a la modernització de les fassines, introduint destil·lacions contínues o millorant els antics alambins. Les transformacions tècniques van anar acompanyades d’un canvi de mercats: mentre que al segle XVIII, tal com va demostrar Francesc Valls, l’aiguardent es destinava especialment a l’exportació, en el segle XIX es destinava a satisfer la demanda interior (consum popular d’anisats, producció de vins generosos i misteles que ne- cessitaven alcohol per augmentar la graduació, increment progressiu del consum de licors i de- manda d’alcohol per la producció de dissolvents, pintures o productes de farmàcia).A la segona meitat del segle XIX, en aquest procés de transformació del sector, la província de Tarragona va esdevenir la principal zona productora d’aiguardent, amb unes empreses capaces d’estructurar xarxes territorials de captació de l’excedent de vi i aiguardent. El destí de l’aiguardent que sor- tia pel port tarragoní era majoritàriament el mercat interior (sobretot la cornisa cantàbrica i les bodegues andaluses).A finals de segle, però, el sector entrà en crisi a causa dels elevats preus que es pagaven per qualsevol tipus de vi per exportar a França i per l’arribada d’alcohols industrials. Miquel Gutiérrez-Poch analitza la xarxa comercial catalana de venda de vi a Alemanya i Suïssa entre 1860 i 1939. L’arribada de la fil·loxera a França va incrementar les oportunitats del vi espanyol a aquests països, en els quals es va anar estructurant una xarxa de distribució que comptava amb elements que li donaven cohesió, tant informals (base familiar, origen dels membres, relacions entre ells i amb el seu lloc d’origen, etc.) com formals (creació d’organit-
zacions per defensar els interessos col·lectius). Segons l’autor, l’origen català de la majoria de membres de la xarxa permetria parlar d’una diàspora comercial. Els catalans que s’hi establi- ren procedien de zones d’elevada especialització vinícola: l’Empordà, el Penedès, l’Anoia, el Baix Camp o el Priorat. La pauta habitual era que emigressin, de forma progressiva, diferents membres d’una família per responsabilitzar-se de la gestió d’un establiment i que els vincles es reforcessin amb una política endogàmica entre components de la diàspora. La importància de les exportacions –sobretot de vi de bota sense marca– cap a aquests països no hauria estat possible sense una sèrie de cellers, tavernes i magatzems (anomenats Spanische Weinhalle), que podien vendre a l’engròs o a la menuda i que a vegades oferien serveis de restaurant o cafè. Aquests establiments visqueren el seu període d’esplendor a finals de segle XIX, el qual finalitzà amb l’esclat de la Primera Guerra Mundial, moment a partir del qual no recuperaran ja la seva puixança.
Jordi Planas i el malaguanyat Samuel Garrido presenten un estudi sobre el Sindicat Alella Vinícola, un cas excepcional en el món cooperatiu, no només per ser un dels primers cellers cooperatius que es van crear a Catalunya, sinó pel fet de ser l’únic orientat a la producció de vins de qualitat, embotellats i de marca. L’especificitat de les condicions físiques d’aquesta regió vitícola, la seva reduïda extensió i l’aposta pels vins de qualitat van aconseguir revaloritzar els vins originals d’Alella abans de la creació de la Denominació d’Origen Alella (que no entrà en vigor fins 1953) i consolidar el seu prestigi al mercat nacional i internacional. En efecte, en els anys 20 del segle XX, els vins de la cooperativa s’exportaven al Regne Unit, Bèlgica, Països Baixos, diversos països llatinoamericans, l’Àfrica espanyola, l’Índia anglesa i els Estats Units. La cooperativa, que a més d’elaborar i comercialitzar els vins, subministrava als socis adobs, sofre i sulfat de coure a preu de cost per al conreu de la vinya i també els proporcionava crèdit, va representar un cas d’èxit comercial, que es va veure també afavorit per la localització propera a Barcelona i el seu gran mercat.
El treball de Francisco J. Medina-Albadalejo explica, mitjançant l’anàlisi de casos, el paper de les cooperatives de consum en la distribució comercial del vi a la Catalunya del segle XX i les raons per les quals no hi va haver una cooperació més profunda entre aquestes i els cellers cooperatius. Segons l’autor, una d’elles, potser la més important, seria el diferent posiciona- ment ideològic d’ambdós tipus de cooperatives: la majoria de cambres i sindicats agrícoles van ser controlats pels propietaris benestants mentre que el cooperativisme de consum estava més estès en les àrees urbanes i més relacionat amb el republicanisme i el moviment obrer. És a dir, el cooperativisme de consum era de caràcter obrer i socialista, mentre que l’agrari era majori- tàriament conservador, catòlic i sota el control dels propietaris. Malgrat els beneficis mutus que haurien pogut aconseguir amb la intercooperació (les cooperatives de consum podrien haver obtingut vi a preus més reduïts i els cellers cooperatius podien haver utilitzat una xarxa pròpia de distribució minorista a través de les cooperatives de consum), pràcticament no es van rela- cionar. Aquest dualisme cooperatiu, com il·lustra el cas dels Hostalets de Pierola, va dificultar el seu funcionament i la seva consolidació abans de la Guerra Civil. Finalment, el franquisme va homogeneïtzar el moviment cooperatiu i va integrar de manera forçosa les diferents coo- peratives en el marc del sindicalisme vertical.
Raimon Soler-Becerro aporta una visió de conjunt de la indústria vinícola catalana en el llarg cicle del vi comú (1865-1996). A partir de l’anàlisi de diverses guies comercials i anuaris
industrials, assenyala que la ubicació de bona part d’empreses vinícoles no tenia tant a veure amb la proximitat a les vinyes com amb la disponibilitat de mitjans de transport que facilitessin l’accés als mercats interns i internacionals. Barcelona –i altres punts com Reus,Tarragona,Vila- nova i la Geltrú oVilafranca del Penedès– jugaren un paper fonamental en la indústria vinícola. D’altra banda, el model d’empresa predominant també va tenir els seus efectes en la distribució territorial. Es tractava d’un model basat en el gran comerciant situat en nuclis urbans amb bones infraestructures de transport i, alhora, en la irrupció de nous productes com el vermut o el vi escumós. En el primer terç del segle XX, es va reforçar el nucli cavista de Sant Sadurní d’Anoia que, juntament amb els grans comerciants i exportadors de Vilafranca del Penedès, consolidaran les posicions de la seva comarca en el món vitivinícola. Com apunta l’autor, si en el cas de Vilafranca el ferrocarril va ser un element fonamental per a l’establiment de comer- ciants, magatzemistes i criadors-exportadors, molts d’ells francesos o suïssos, a Sant Sadurní va ser determinant l’existència d’una empresa líder –Codorniu– i d’un empresari –Manuel Ra- ventós–, que actuarà com a escola per a la resta de xampanyistes de la zona. Tot i així, després de l’aturada momentània que va suposar la Guerra Civil, Barcelona continuà essent el principal centre productor fins a mitjan de la dècada de 1960. A partir d’aquest moment, s’inicià una transformació del sector, evolucionant cap a una empresa que integrava cap enrere tot el pro- cés productiu, des de la recepció del raïm (de vinyes pròpies o no) fins a la comercialització. A partir de l’ingrés a la Unió Europea, els canvis es van accelerar i la majoria d’empreses vinícoles s’acabarien concentrant a la comarca de l’Alt Penedès.
Marc Badia-Miró, Pablo Delgado iVicente Pinilla analitzen la producció de cava i el comerç
internacional en un ampli marc temporal, 1850-2015. Els autors confirmen la importància de la política aranzelària per a la conquesta del mercat interior dels vins escumosos catalans. La seva oportunitat va arribar amb l’enfrontament comercial el 1891 entre França i Espanya, ja que ambdós països van elevar els aranzels als vins importats. Això comportà la multiplicació de la producció de vi escumós, especialment per part de l’empresa Codorniu. Ara bé, el cham- pagne francès es va mantenir com a producte de luxe, destinat a les rendes altes, mentre que el “xampany” elaborat a Catalunya, en el segment de preu baix, es posava a l’abast de les rendes mitjanes. A partir de la segona meitat dels anys 1950, les exportacions de vins escumosos cata- lans van començar a expandir-se de manera exponencial.Aquesta expansió s’amplià a partir de l’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea el 1986, donant inici a l’època daurada de les exportacions de vins escumosos (el 2001 l’exportació superà per primer cop les vendes al mercat interior). Els autors entren en el debat actual sobre el sector, indicant que el fet que el cava es situés en un segment de baix preu ha provocat un estancament en els darrers anys, especialment davant de nous competidors en la mateixa franja de preus, com ara el prosecco italià. Com a conseqüència d’aquesta situació, alguns productors han canviat d’estratègia i cer- quen una especialització en vins escumosos de major qualitat i preu (fora de la marca cava), els resultats de la qual encara no es poden avaluar.
Per últim, Miquel Àngel Bové-Sans analitza la consolidació de la revolució vitivinícola del
Priorat al començament del segle XXI. Després de fer una aproximació a l’evolució històrica del sector al Priorat, es centra en les causes de l’èxit incontestable de la seva evolució recent, procés que arrenca en els anys 90 del segle XX. La incorporació d’innovacions i coneixements tècnics, així com de noves estratègies de comercialització, ha donat lloc a un augment de la
qualitat dels seus vins, que tenen un gran prestigi i presència en el mercat internacional. Bové assenyala que aquestes innovacions s’han anat difonent a través de les xarxes relacionals que configuren el capital social del territori.També ha incidit favorablement en l’evolució del sec- tor l’extensió de la transformació vitivinícola a la resta de la comarca. Aquest fet ha donat lloc a una nova denominació d’origen (DO) Montsant (2002), orientada majorment cap al mercat interior i que ha millorat progressivament la seva qualitat. Això succeí dos anys després que la DO Priorat rebés el reconeixement com a denominació qualificada (DOQ), l’única existent a Espanya després de la Rioja, la qual aposta pels vins de gama alta destinats al mercat exterior. L’autor dedica una atenció especial a la contribució de l’enoturisme, el qual ha reforçat la va- loració dels vins del Priorat, ha augmentat la venda directa dels vins elaborats per cada celler i ha fet créixer el grau de coneixement i fidelització cap a la marca i els cellers, així com el desenvolupament turístic de la comarca.
En definitiva, aquest volum recull un conjunt d’estudis rigorosos i ben documentats sobre diversos aspectes, poc coneguts fins ara, relacionats amb la comercialització de la producció vinícola catalana al llarg de més de dos segles, característiques que el fan poc comú i impres- cindible per tot aquell que tingui interès en el tema. D’altra banda, és un homenatge a l’alçada de la qualitat dels treballs del nostre estimat Francesc Valls, el qual va ser pioner en la recerca d’alguns dels temes que aquí es tracten.
Belén Moreno Claverías
Universidad de Oviedo (España)
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Enrique González de Andrés, 1976, el año que vivimos peligrosamente. Las instituciones provincia- les franquistas y la conflictividad sociolaboral, Postmetropolis editorial, Madrid, 2021, 480 pp.
Durante los dos primeros decenios de este siglo XXI registramos un creciente interés histo- riográfico por el período histórico que abarca los últimos años del Franquismo, la denominada Transición política y los primeros años de la democracia en España. Sin duda alguna, y como siempre sucede con la historiografía, nuestro interés por el pasado se fundamenta en nuestras preocupaciones del presente y nuestros interrogantes sobre el futuro. En cualquier caso, cabe felicitarse por el interés creciente de la historiografía española e internacional por el período 1968-1982, ya que ello permitirá complementar las visiones que hasta ahora nos han propor- cionado, básicamente, el periodismo, la sociología y la ciencia política.
Las investigaciones del historiador Enrique González de Andrés son una muestra de este interés creciente por el estudio de estos años. González de Andrés ha publicado diversos libros sobre el período que incluyen el análisis del régimen, como La economía franquista y su evolución (2015); sobre los modelos de transición, como Las transiciones políticas. Enfoque ideológico y discurso académico. Una mirada crítica (2016); y sobre el principal partido de la oposición, el Partido Co- munista de España (PCE): ¿Reforma o Ruptura? Sobre las políticas del pce entre 1973 y 1977 (2017), donde se analiza el papel desempeñado por el PCE, a partir de los años sesenta del siglo pasado y hasta la implantación de la democracia en España, combinando el análisis de los discursos teóricos con el análisis de las acciones políticas.
Y ahora, Enrique González de Andrés ha publicado 1976, el año que vivimos peligrosamente, en el que se analiza cómo se vivió desde dentro del régimen franquista este año crucial de la transición a la democracia en España. Un año que, desde el punto de vista político, se inició con la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975, y que se cerró con el asesinato de los abogados de Atocha en enero de 1977. Durante este “largo año” político, se sucedieron acontecimientos políti- cos, económicos, sociales y culturales, como la caída del gobierno de Arias Navarro y su sustitución por Adolfo Suárez, la aprobación de la Ley para la reforma política, la profundización de la crisis económica y la oleada de huelgas obreras en diversos puntos del país, entre otros.
Y es precisamente de este último tema:“la conflictividad laboral” y de como lo vivieron las instituciones provinciales franquistas, de lo que trata este libro. Un tema a menudo olvidado, pero que fue decisivo para hacer fracasar cualquier intento de bunquerización del régimen franquista y dar un impulso decisivo al cambio político fundamentado en la libertad y la democracia. En este libro, y a partir de una exhaustiva investigación documental en diversos archivos provinciales y de una amplia consulta bibliográfica, se recogen de forma amplia y detallada las luchas y movilizaciones obreras que se produjeron por toda la geografía española y provincia a provincia. Los datos recogidos por las instituciones provinciales franquistas mu- estran claramente que durante este año se produjeron miles de huelgas que contaron con la participación de millones de trabajadores.
La paciente y exhaustiva investigación realizada por González de Andrés en los fondos documentales de los Gobernadores civiles y los Delegados provinciales de la Organización Sindical Española, le permiten detallar las movilizaciones, las protestas y las huelgas obreras desarrolladas en el interior de los centros de trabajo y en las calles durante 1976. Movilizacio- nes a las que el régimen intento responder, una vez más, mediante la represión que tiene en el 3 de marzo en Vitoria un horrible ejemplo con el asesinato de cinco trabajadores y heridas de bala a 150 por disparos de la policía. Pero tenemos otros ejemplos de represión contra los trabajadores este año: el 24 de febrero en Alicante un manifestante era asesinado por disparos de la policía; el mes de marzo morían dos trabajadores en Tarragona y Basauri a causa de la represión. Una violencia policial y parapolicial que se cobró más víctimas este año: el 9 de mayo en un acto carlista en Montejurra hubo muertos y heridos; el 8 de julio era asesinada una joven en Santurce por elementos parapoliciales; y el 14 de agosto en Almería, el estudiante JavierVerdejo era asesinado por un miembro de la Guardia Civil mientras realizaba una pintada pidiendo “trabajo y libertad”. ETA, por su parte, también contribuía a ese clima de violencia con un asesinato por mes.
Según los datos que se nos ofrecen en este libro, extraídos del Ministerio de Trabajo, 1976 fue un año que rompió radicalmente con los años anteriores, tanto por lo que hace al número de huelguistas, que pasó de 650.000 en 1974-1975 a 2.555.000 en 1976; como al número de jornadas de trabajo “perdidas”, que pasó de 1.770.000 en 1974-1975 a 12.592.700 en 1976 (pp. 14-15). No es nada extraño que la mayoría de las autoridades provinciales coincidieran en calificar este año como “histórico” en cuanto a conflictividad sociolaboral y que marcaría un antes y un después en la mayoría de las provincias españolas. Lo explicitaba así el gobernador civil de Girona al comentar que en 1976 habían aumentado “las manifestaciones de cada grupo político, la aparición de numerosos partidos políticos y una relativa actividad de los mismos en actos públicos y conferencias” y todo ello vinculado a “las huelgas provocadas por ciertos líderes sindicales.” (p.198).
1976, el año que vivimos peligrosamente se estructura en cuatro capítulos y unas conclusiones. En el capítulo 1 (pp. 25-35) se nos ofrece una visión general de la conflictividad laboral que permite al autor dividir las provincias españolas en tres grupos: “No conflictivas” un total de 13 provincias en que no se registra ningún conflicto; “Poco conflictivas” un total de 28 que registran entre 1 y 50 conflictos; y “Conflictivas”, un total de 11 provincias que registran más de 50 conflictos (p. 33). En los tres capítulos siguientes y que conforman la parte más extensa del libro (pp. 37-432) se analizan los tres grupos provinciales señalados.
En el capítulo 2 dedicado a «Las instituciones franquistas en las provincias con nula con- flictividad», se analizan las valoraciones de las autoridades provinciales de estas provincias, la mayoría de ellas del interior peninsular (Castilla-León y Castilla-La Mancha). Valoraciones que reflejan cierta inquietud de las autoridades provinciales a pesar de la usencia de conflic- tos, como las de Albacete ante la creciente influencia de las ideas obreristas: “algunos grupos situados en la oposición sindical tratan de aprovechar la situación para alertar a nuestra clase trabajadora en demanda de pretensiones que ni siquiera ellos conocen” (p.60).
El capítulo 3, dedicado al análisis de las provincias con escasa conflictividad, destacan los casos de las provincias de Albacete,Valencia, Cádiz, La Coruña,Valladolid y Tarragona. Se trata de provincias situadas, mayoritariamente en el litoral español y que cuentan ya con una “tra- dición” de conflictividad laboral durante el período 1971-1975. Una constante en los infor- mes de las autoridades de estas provincias era la creciente “politización” de las movilizaciones obreras.Así, el delegado de la Organización Sindical de Tarragona constataba que “la constante común entre la masa trabajadora es la de la desorientación y el confusionismo, existiendo se- rias dudas sobre el futuro de los trabajadores que no desean afiliarse”, ya que los trabajadores actuaban “posponiendo y dejando en segundo término el grave problema de la inflación y la carestía de la vida.” (p.87).
En el capítulo 4, el más amplio (pp. 225-447), se analizan las 11 provincias con más conflic- tividad: Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya, Asturias, Madrid, Navarra, Sevilla, Pontevedra, Zara- goza, La Coruña y Valladolid. Destacando la gran conflictividad sociolaboral en las provincias de Barcelona y Asturias, ambas con una larga “tradición” de conflictividad laboral. A las que siguen las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid y Navarra, donde también se había re- gistrado una alta conflictividad laboral en la primera mitad de los setenta del siglo XX. El caso asturiano muestra claramente la imbricación de las reivindicaciones y movilizaciones sociolaborales propias de cada empresa y/o sector y las movilizaciones de solidaridad y/o de carácter más político. Por su parte, la amplia movilización sociolaboral en la provincia de Bar- celona, obligó al sector más “moderno” del empresariado a buscar soluciones a los conflictos laborales fuera del sistema oficial, creando “instituciones representativas para dialogar sobre los problemas, establecer pactos y evitar los conflictos” (p. 348). Finalizaban 37 años de “vacaciones pagadas” para el empresariado español porque el régimen franquista que había garantizado orden, disciplina y represión entre los trabajadores, ahora se mostraba incapaz de hacer frente a la oleada de protestas sociolaborales y a su politización.
El libro se cierra con unas «Concusiones» entre las que destacan, por una parte, que “la mayoría de los delegados sindicales y gobernadores civiles, […], coincidieron en que 1976 fue un año especial, tanto en comparación numérica con periodos pretéritos, como en la inusual implicación, intensa y extensa, de la clase trabajadora”, tanto en provincias con larga tradición conflictiva, como en otras que hasta ese momento no la habían registrado (p.434). Por otra parte, se concluye que muchas protestas “cuyo origen y composición estaban alejadas de los cánones tradicionales de lucha del movimiento obrero”, facilitaron la integración de nuevos sectores (aprendices, jóvenes, mujeres, trabajadores de las PYMES, clases medias) en el movi- miento obrero y en la lucha antifranquista, ya que era difícil discernir entre ambas. Como se- ñala González de Andrés, para el Bajo Llobregat:“en simbiosis con las experiencias que asimi-
laban núcleos amplios de trabajadores, es inteligible que el despido por falta de respeto de un operario en Laforsa pudiera desencadenar tamaño conflicto [una huelga general]” (p. 436-437). González de Andrés destaca que la “necesidad de luchar para lograr lo que se creía justo, tuviera un componente salarial o no, estaba tan asumida que llego a formar parte del ADN de amplios colectivos obreros en aquellos instantes” (p.444).Y esa praxis, “contribuía a la cons- trucción de una consciencia de clase cada vez más acusada, a la par que aumentaba el senti- miento de pertenencia a la misma” (p. 446). De alguna manera, el movimiento obrero y las fuerzas democráticas, mayoritariamente situadas a la izquierda y a la izquierda de la izquierda, habían conseguido, siguiendo a Antonio Gramsci, una cierta “hegemonía cultural”. Finaliza el autor con la consideración que la documentación consultada cuestiona la “supuesta fuerza de la Dictadura, ni la extrema debilidad del antifranquismo, ni tampoco la escasa participación
obrera” (p. 447).
Ramon Arnabat Mata
Grupo de investigación ISOCAC de la Universitat Rovira i Virgili (España)
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Ana Martínez Rus, Edición y compromiso. Rafael Giménez Siles. Un agitador cultural, Editorial Renacimiento (Colección Biblioteca del exilio. Anejos, n.º 52), Sevilla, 2022, 631 pp.
Resulta inaudito que un acontecimiento social como la Feria del Libro, que cada año es vi- sitada por un número que oscila entre los dos y tres millones de personas, carezca de un espacio permanente de homenaje a su fundador: Rafael Giménez Siles ¿Por qué? Las razones, de indis- cutible signo político y mediático, las podemos buscar en el hecho que fuera en 1933 cuando, por primera vez, unas coloridas casetas de colores inundaron el paseo de Recoletos con esos kioskos de libros hoy tan reconocibles. Si, como historiadores, consultamos con mayor preci- sión la fecha del evento —la última semana de abril de 1933— encontramos una respuesta más certera: aquel evento se celebró durante el Bienio Reformista republicano. Detrás de aquella iniciativa emergía la figura señera de Rafael Giménez Siles, la figura “torrencial y titánica” a quien Ana Martínez Rus dedica una extensa, emotiva y exhaustiva biografía.
En primer lugar, conviene elogiar la labor de la colección Biblioteca del Exilio de Edito- rial Renacimiento, la cual, bajo la dirección de Manuel Aznar Soler se ha convertido en una referencia al acometer una historia crítica de la literatura del exilio y de sus avatares. La “serie mayor” de esta colección resulta de especial interés para quienes estén interesados más que en las obras de determinados autores, en las trayectorias intelectuales de aquel interminable exilio que debe ser abordado como parte inextricable de la represión franquista. En el presente libro, el acierto resulta aún mayor, puesto que la biografía corre a cargo de una de las mayores ex- pertas en las industrias editoriales y en las políticas públicas del libro en España. Desde su tesis doctoral sobre la política del libro durante la II República,Ana Martínez Rus ha llevado a cabo un recorrido intelectual al que no son ajenas otras trayectorias: de la explicación minuciosa de las reformas culturales de la primera experiencia democrática en la Historia de España, se pasa a interrogarse sobre qué ocurrió tanto con esas políticas como con quienes las protagonizaron. De ahí sus investigaciones sobre otras figuras como León Sánchez Cuesta, Antonio Soriano o ahora Giménez Siles pero, sobre todo, ante el fenómeno de la represión cultural que ha cul-
minado con el magnífico Libros al fuego y lecturas prohibidas: el bibliocausto franquista (1936-1948),
publicado por el CSIC en 2021 y que en otras geografías habría sido un verdadero best-seller.
Y es que ambos fenómenos, itinerarios intelectuales personales y represión cultural son dos caras de la misma moneda. Una visión sólo biográfica sobre cualquier exiliado resultaría algo totalmente descontextualizado. Porque seguir el rastro de estas figuras es recordar lo que se dejó de hacer. En el documental de Gonzalo Tapia Misiones Pedagógicas, 1934-1936, Carmen Caamaño se refiere a “lo que estaba en marcha”, es decir, a la penetración de la cultura en la sociedad de una manera en la que no se había hecho hasta entonces en la Historia de España. Aquello formaba parte de una política cultural proactiva, no reactiva, algo sin precedentes hasta entonces.Y la extirpación hasta la raíz de aquella voluntad de extender la cultura hasta todos los rincones de la sociedad forma parte del ADN de la represión franquista. Porque después de aquellas breves pinceladas de extensión cultural, vino un bibliocausto, tal y como la autora ha señalado con frecuencia…Y después de aquello un apagón no sólo en lo cultural, sino en lo tecnológico y en tantos otros ámbitos.
Por eso, seguir el rastro de aquellas figuras, señeras en la década de 1930, se impone por un lado como una exigencia ética, pero por otro deja el sabor agridulce del contrafactual: ¿Qué habría ocurrido si el proyecto democrático hubiera tenido continuidad y la política y las em- presas culturales hubieran estado en manos de grupos con otras miras? De forma aproximada este sería el caso de Giménez Siles, pero esta biografía tan torrencial como el personaje estu- diado es mucho más que eso.
La autora elige un esquema propio de quien ya atesora una gran experiencia en estas lides y lo hace mediante un completo vaciado de todas las fuentes disponibles. Lejos de hacer un estricto recorrido cronológico, opta por construir dentro del libro cerca de 14 pasajes o tramos de la vida de Giménez Siles que de alguna manera funcionan como microrrelatos que facilitan su lectura.Aquí sí que debemos señalar algunos fallos de sincronización y descuidos de edición por los que se repiten con pequeños cambios algunos pasajes. Sin embargo, el lector se ve de sobra recompensado por todo el elenco de personajes que deambulan por el texto.
Para empezar, el libro muestra la importancia que tuvo la dictadura de Primo de Rivera como espacio de coincidencia de quienes aspiraban a un cambio estructural de la sociedad española. En aquella época, además de revertir su formación como farmacéutico para dirigirla a la industria editorial, coincidió en prisión con Graco Marsá, uno de esos activistas prorre- publicanos que aún permanece oculto al gran público y en ese contexto emerge también la figura del controvertido Juan Andrade, fundador del PCE y miembro del grupo que finalmen- te coincidiría en el POUM (Maurín, Gorkin o el propio Nin). Sucede a menudo que de este tipo de personajes conocemos más bien su final como parte del posicionamiento durante la guerra civil. Esto deja casi siempre en segundo plano lo que ocurrió antes de la crisis de los años 30.Y, en este caso, tal y como muestra la autora, lo que sucedió fue una ingente actividad editorial que culminó con la creación de la editorial Cénit. La condena al olvido que impuso la dictadura franquista nos ha negado durante años el conocimiento de lo que los expertos denominan la literatura de avanzada, aquella que entre 1925 y 1935 debería ocupar un puesto de privilegio en la Edad de Plata de la Cultura española (Tuñón), al incorporar a España a las vanguardias intelectuales del período de entreguerras.
Al observar el espléndido apéndice gráfico del libro, donde aparecen a todo color las por- tadas de buena parte de las publicaciones de editorial Cénit, observamos —por si la lectura no fuera suficiente— que autores como Dos Passos, Lewis, Hesse, Remarque o Sender fueron parte del catálogo de Cénit. Pero no lo fueron en una época cualquiera, sino en aquella en la que las dudas sobre qué era realmente lo que significaba la Revolución Rusa o cómo se vivían en la Europa de la época las convulsiones generadas por la Gran Guerra generaban un ansia de saber que cada vez llegaba a un público más amplio.Y eso ocurría en un país cuyas ganas de democracia necesitaban no sólo de la calle y de otros espacios de sociabilidad, sino de un conocimiento que atemporalmente sigue dando sólo la lectura. Eso explica que ediciones de Marx, Engels,Trotski, Liebknecht o Rosa Luxemburgo estuvieran presentes en las colecciones que salían de ese hervidero cultural al noroeste de la madrileña Plaza de España.
Si hoy en una librería reconocemos con facilidad las colecciones de las grandes editoriales a las que asociamos como garantía de fiabilidad al elegir sus autores, debemos ver estas cabeceras de Cénit con el mismo criterio. Constituyó la vanguardia de un tiempo en el que estaba en marcha, como ya demostrara la autora en su tesis doctoral, una imparable socialización de la lectura. Pero más allá de ello hay dos ámbitos, no contradictorios, que son claves en la biografía de Giménez Siles: el activismo cultural y el corporativismo empresarial en un sector singular como es el editorial.
De nuevo, ambos van unidos. Giménez Siles encontró enormes resistencias entre los compa- ñeros de gremio para hacer de la lectura una correa de transmisión que trascendiera el ámbito de las élites. Como empresario, quizá el adjetivo visionario pueda parecer exagerado, pero a largo plazo varias de las controversias diseccionadas por la autora en torno al negocio del libro y sus gestores —de la Cámara del Libro a la Agrupación de Editores— muestran las limitacio- nes de miras de varios editores al no entender la rebelión de las masas que se producía también en torno a la lectura.
Fruto de ese dinamismo, a menudo incomprendido y con vaticinios agoreros de fracaso, na- cieron las dos iniciativas que aún hoy gozan de mucho más que buena salud: la feria del libro de Madrid en el paseo de Recoletos y los camiones-librería. Con ambos se producía una ex- tensión del fenómeno del libro y la lectura a amplias capas de la sociedad. En un tiempo en el que las confusiones entre lo rural y lo urbano generan polémica, considero que la iniciativa de los camiones-librería, hoy en numerosos pueblos bajo la forma de bibliobuses, tiene un enor- me interés por sacar de las limitadas redes de las grandes ciudades y las capitales de provincia el mercado del libro para hacerlo llegar hasta lugares que habían vivido prácticamente de espal- das a la civilización. De hecho, su condición de vocal del Patronato de Misiones Pedagógicas constituye otra muestra de ese compromiso que nos señala la autora.
El talento de empresario en un sector tan peculiar como el del libro queda más que de- mostrado con la creación del Instituto del Libro Español, otro tema que la autora analiza con detenimiento y que muestra la capacidad de internacionalización del negocio que tenía en la cabeza Giménez Siles. Mientras que para otros personajes del ámbito cultural, el golpe de Esta- do y posterior Guerra Civil supusieron una paralización de sus actividades, Giménez Siles hizo del libro una herramienta más del conflicto bélico donde lo público y lo privado colaboraron para crear Nuestro Pueblo y Estrella, las coleccones que llegaban tanto a los frentes como a los hospitales y las bibliotecas.
Como tantos exiliados españoles, y siempre con el recuerdo de quienes perecieron en el intento, Giménez Siles pasó por las playas de Argelès-sur-Mer donde los activistas prorrepu- blicanos Louis Aragon y Nancy Cunard lo sacaron facilitando su llegada a México. Lejos de apagar su actividad, como señala Martínez Rus, se inició una segunda vida mientras la justicia franquista trataba de exterminar su obra y su legado. De nuevo el biografiado reinventa el ne- gocio del libro no sólo prosperando como editor —algo que parecieron no perdonar sus viejos camaradas comunistas— sino creando espacios geniales y vanguardistas como las librerías de Cristal (Ciudad de México), donde esa costumbre hoy tan arraigada de hojear libros antes de comprarlos y de convertir esos comercios en espacios amables, tuvieron un anticipación am- pliamente imitada.
Así pues, Ana Martínez Rus no sólo construye una biografía de un personaje con múltiples matices, sino que reivindica de nuevo la extensión de la cultura a través del análisis de las ini- ciativas de este “obstinado aprendiz de editor, librero e impresor” como él mismo se describió en uno de sus dos libros de memorias. Ojalá que esta biografía, legible mucho más allá del tópico tanto para iniciados como para el público en general, sirva para que Giménez Siles se una al panteón de ilustres en un país que tiene en los altares a las y los Tusquets, Herralde, Ba- rral y compañía. Cada nueva edición de la Feria del Libro de Madrid, convendrá recordárselo a quienes quieren condenarlo, por omisión, al olvido.
Sergio Riesco Roche
Universidad Complutense de Madrid (España)
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Aurora Bosch es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia y ha realizados diversas estancias como investigadora en UC Berkeley, UCLA y London Uni- versity. Aparte de sus investigaciones iniciales sobre la República y la Guerra Civil en el País Valenciano y, posteriormente, en la comparación del socialismo anglosajón, lleva años especia- lizada en la Historia de Estados Unidos y la relación entre Estados Unidos y España durante los años treinta. Entre sus libros en este ámbito destacan Historia de Estados Unidos (2005) y Miedo a la Democracia: Estados Unidos ante la Segunda República y la guerra civil española (2012), ganador del Willi Paul Adams Award 2013, otorgado por The Organization of American Historians.
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Vicenta Verdugo Martí, Doctora y profesora de historia en Florida Universitària (Ca- tarroja, València), ha desarrollado sus investigaciones sobre la militancia de las mujeres en el final del franquismo y la transición en Valencia, tanto en los partidos y sindicatos de oposición democrática, en particular el PCE y CCOO, como en el movimiento vecinal y feminista, con especial atención al Movimiento Democrático de Mujeres. Es una destacada especialista en el antifranquismo desde una perspectiva de género. En los últimos años ha centrado sus estudios en la represión franquista contra las mujeres.
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Sofía Rodríguez Serrador es Profesora Permanente Laboral del Departamento de Histo- ria Moderna, Contemporánea, de América y Periodismo de la Universidad de Valladolid. En la actualidad es miembro del Instituto Universitario de Historia Simancas, del GIR “Sociedad y Conflicto desde la Edad Moderna a la Contemporaneidad”, y de los proyectos de investiga- ción “Mujeres, Familia y Sociedad. La construcción de la historia social desde la cultura jurídi- ca, ss. XVI-XX” y “El factor católico y la libertad de pensamiento en las guerras culturales de la Europa Occidental Contemporánea (1789-1989)”. Sus líneas de investigación se centran en la Historia sociocultural, de la educación, la conflictividad política, y la Historia de Género en la contemporaneidad, especialmente en el último tercio del siglo XIX, y el periodo que abarca de la Dictadura de Primo de Rivera al primer franquismo.
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Isabel Benavent Montoro es graduada en Historia (2019) y Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea en la UV (2020), ambos con premio extraordinario. En la actualidad, Personal Investigador Predoctoral en Formación (FPU) en el Departamento de Historia Mo- derna y Contemporánea de la UV, con el proyecto de tesis “Treballadores socialistes en el País Valencià durant la Segona República i la Guerra Civil”, dirigida por la Dra. Aurora Bosch y el Dr. Sergio Valero. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, semi- narios y coloquios, entre ellos los de la AHC (2021 y 2023), Jóvenes Investigadores de la AHC (2022) o AEIHM (2022). Ha publicado artículos individuales y colectivos en revistas (Afers o
Saitabi, entre otros) y obras colectivas (García y Arconada (ed).,Tirant lo Blanch, 2023; Aurelio Martí (coord.), Institució Alfons el Magnànim, 2022).
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José Carlos Mancha Castro es doctor en Antropología Social por la Universidad de Sevilla, profesor del Departamento de Historia, Geografía y Antropología de la Universidad de Huelva y miembro del grupo de investigación Observatorio de Cultura y Patrimonio (HUM066). Su principal línea de investigación se centra en el estudio de rituales y fiestas populares y los elementos socio-simbólicos de legitimación del franquismo. Entre sus últimas publicaciones destacan los capítulos de libro “Holy Week in Huelva: an urban ritual drama”, en Processions and the Construction of Communities in Antiquity: History and Comparative Perspec- tives, 205-217 (Routledge, 2023) y “Rebelión, fascistización y tradicionalismo. El Rocío del franquismo”, en El franquismo se fue de fiesta. Ritos festivos y cultura popular durante la dictadura, 117-142 (Publicacions de la Universitat de València, 2022).
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Javier García Fernández es doctor en Sociología por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Es especialista en Historia colonial moderna y contemporánea, con especial énfasis en movimientos campesinos, procesos de descolonización y nacionalismos en el tercer mundo y el sur de Europa. Ha sido profesor e investigador en la Universidad de Coimbra, de Granada, en la Universidad de California en Berkeley, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y, actualmente, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universi- dad Europea de Madrid. Es miembro del Grupo de Investigación en Imperios, Metrópolis y Sociedades Extraeuropeas (GRIMSE). Es autor de la obra Tierra y Libertad: Sindicato de Obreros del Campo, cuestión agraria y democratización del mundo rural en Andalucía, publicada en Icaria, así como del capítulo de libro “Movimientos sociales, protesta jornalera y democratización del mundo rural: el caso del Sindicato de Obreros del Campo”, publicado en Catarata.
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Pedro Álvaro Hervalejo Sánchez és Doctorat Internacional en Història Contemporà- nia amb menció Cum Laude - Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, i investigador amb la beca Miguel Artola Gallego - Gipuzkoako Foru Aldundia/Diputación de Gipuzkoa. Entre algunes de les seves publicacions es troben “L’experiència de Terra Lliure (1978-1995): limitacions i contradiccions d’una temptativa d’aportació catalana al projecte anticolonial”, Dictatorships & Democracies: Journal of history and culture, núm. 11, 2023, 121-152; “The challenges of stateless nation-building. Comparing the paths of ERC and the PNV (1930-1939)”, Studies on National Movements, núm. 8, 2022, 66-82; i “«President Màrtir» y «Uli- ses Demócrata». Comparando narrativas heroicas de Lluís Companys y José Antonio Aguirre”, a Héroes y Villanos de la Patria,Tecnos, 2020, 325-356.
David Mota Zurdo (Universidad de Valladolid) es profesor titular de Historia Contempo- ránea. Sus líneas de investigación son: exilio, servicios de inteligencia, nacionalismos, terrorismo, cultura popular y deporte. Es miembro del Grupo de Investigación Reconocido “Franquismo y Transición en Castilla y León. Historia con fuentes orales” y del Instituto Universitario de Historia Simancas. En la actualidad, participa en diferentes proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación con referencia PID2022-136825NB-I00 y PID2022-138385NB-I00. Su última monografía es Vecinos. El impacto de ETA en La Rioja a través de sus víctimas (1978-1992), galardo- nada con el premio de investigación Instituto de Estudios Riojanos de 2024.
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Aubin Gonzalez, Univ. Bordeaux Montaigne, CEMMC, UR 2958, France. Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Bordeaux Montaigne desde septiembre de 2020 y miembro del Centre d’Etudes des Mondes Moderne et Contemporain (CEMMC). Sus trabajos se centran en el estudio de las solidaridades de culturas católicas (Francia y Europa) durante la guerra civil y la dictadura franquista.
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Xavier Torrebadella Flix es licenciado en Educación Física por la Universitat de Bar- celona (1991) y Doctor por la Universitat de Lleida (2009). Profesor en el Instituto Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del Vallès (CAR). Actualmente investiga en torno a la Historia social y documental de la educación física y el deporte en España entre 1800 a 1939. Dispone de varios libros y decenas de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales.
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Hugo Harvey-Valdés es Oficial del Ejército de Chile en retiro; Doctor en Estudios Ameri- canos, mención Estudios Internacionales, Universidad de Santiago, Chile; magíster y licencia- do en Ciencias Militares, profesor de Geopolítica Academia de Guerra del Ejército de Chile; licenciado en Educación, Universidad Católica del Norte, Chile. Se desempeña como profesor titular e investigador en la Universidad de Las Américas, Santiago de Chile. Su principal línea de investigación se basa en las relaciones interamericanas durante la Guerra Fría. Sus trabajos más recientes son:“Allies, Partners, or Puppets? Professional Exchanges between the Armies of the United States and Chile, 1961–69”, The U.S.Army War College Quarterly - Parameters (2024); “El pensamiento político internacional del embajador Alejandro Magnet y la crisis dominica- na de 1965: una Nueva Historia Diplomática desde Chile”, Izquierdas (2024);“Alianza para el Progreso como moneda de cambio: la experiencia chilena, 1961-1965”, Tzintzun. Revista de Estudios Históricos (2025).
Álvaro Sierra Rivas es licenciado y profesor de Historia y Geografía por la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC). Actualmente cursa el Magíster en Historia en la UCSC. Su línea de investigación gira en torno a la Nueva Historia Diplomática de Chile, en la cual ha publicado como coautor artículos académicos como “Una vida internacional marca- da por y para la diplomacia. James Holger Blair un coetáneo de los grandes procesos de Chile y el mundo (1928-2014)”, Revista de Historia (2021);“El pensamiento político internacional del embajador Alejandro Magnet y la crisis dominicana de 1965: una Nueva Historia Diplomática desde Chile”, Izquierdas (2024). También ha participado como coautor en capítulos de libros como “El refugio chileno a Eric Honecker 1991-1994” y “Nueva Historia Diplomática. Hitos chilenos de los siglos XIX y XX”.
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Aarón Suárez Pérez (1993). Graduado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2019) y Máster en Filosofía de la Historia por la Universidad Autónoma de Madrid (2020). Actualmente, es doctorando en el Programa de Doctorado Territorio y Sociedad: Evo- lución histórica de un espacio tricontinental (África, América, Europa) por la Universidad de La Laguna. Destacan sus publicaciones “La ley de vagos y maleantes desde su praxis social. Una aproximación al control de la pobreza desviada durante el primer franquismo (1936-1960)”, Vegueta.Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, (22: 2) 2022, o “Delincuencia y producción de pánicos morales en la prensa española primisecular (Islas Canarias, 1900-1930)…”, Rúbrica Contemporánea (12:24) 2023. Forma parte de los grupos de investigación Historia de la ciuda- danía (ULL), del Grupo de Estudios sobre Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas (UCLM) y es investigador asociado al Centro de Estudios y Difusión del Atlántico.
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Mariana Cardoso dos Santos Ribeiro es investigadora y profesora del Departamento de Historia Contemporánea y del Máster “España Contemporánea en el Contexto Internacio- nal” (Universidad Nacional de Educación a Distancia/Madrid). Sus temas de investigación están centrados en la Historia Política y de la Represión, derechos humanos y relaciones inter- nacionales, y regímenes autoritarios en perspectiva transnacional. Ha investigado en archivos policiales y diplomáticos de Brasil, España, Portugal y Argentina. Actualmente, desarrolla el proyecto “Relaciones exteriores con finalidad represiva: Brasil y las dictaduras ibéricas (1936- 1945)” en el Programa María Zambrano para Atracción del Talento Internacional. Del 2019 al 2020, ha sido investigadora visitante en la Universidad de Salamanca (con apoyo de la Funda- ción Carolina y de la Secretaria General Iberoamericana/OEIA).
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Miguel Alonso Ibarra es profesor permanente laboral en la Universidad Nacional de Edu- cación a Distancia. Se doctoró en 2019 por la Universitat Autònoma de Barcelona con una tesis
centrada en el estudio de la experiencia bélica de los soldados rebeldes durante la Guerra Civil Española, que verá la luz en forma de libro este mismo año en la editorial Pasado&Presente. Sus principales líneas de investigación son los estudios de la guerra, la violencia de masas y el fascismo. En este sentido, desde septiembre de 2023 codirige el proyecto de investigación “Per- petradores. Agencias, actores y beneficiarios de la violencia franquista, 1936-52”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ha publicado en diversas revistas nacionales como Ayer, Historia Contemporánea, Historia y Política o Hispania, y coordinado dos libros dedicados a la historia de la guerra contemporánea, Europa desgarrada. Guerra, ocupación y violencia, 1900-1950 (Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2018), y Fascist Warfare, 1922-1945.Aggression, Occupation, Annihilation (Palgrave, 2019). Desde 2014, es editor en la Revista Universitaria de Historia Militar.
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Alfredo González-Ruibal, (Madrid, 1976), es doctor en Arqueología Prehistórica por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla su labor en el Instituto de Ciencias de Patri- monio (INCIPIT). Entre 2009 y 2012 dirigió un proyecto sobre arqueología de la guerra civil española y el franquismo.Además, ha estudiado el periodo fascista en Etiopía y el colonialismo en Guinea Ecuatorial a través de sus restos materiales. Ha publicado en algunas de las más im- portantes revistas internacionales de arqueología como son Current Anthropology,World Archaeo- logy, o Antiquity.También es el editor del primer volumen sobre arqueología de la guerra civil española en la revista Complutum. Se ha destacado como uno de los mayores expertos sobre la arqueología del conflicto y de la guerra civil española. Entre sus obras destaca Tierra arrasada: un viaje por la violencia del Paleolítico al siglo XXI (Crítica), que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en el año 2024.
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Sumari
Recerques i Assaigs
Teresa María Ortega López, Susanna Tavera García.Un legado de compromiso, me- moria y feminismo................................................................................................
Aurora Bosch, Derechos civiles, feminismo y política: Ida B.Wells, 1890-1930.......... Vicenta Verdugo, Mujeres y movilización social en Valencia durante la Transición: ba- rrios, sindicalismo y feminismos............................................................................
Sofía Rodríguez Serrador, “¡Queremos, por Dios, el divorcio!”. Movilización feme- nina en torno a la Ley de 1932.............................................................................
Isabel Benavent, Obreras más conscientes. Militancia femenina y movilización sin- dical socialista entre las turroneras de Jijona (1931-1939)....................................... José Carlos Mancha Castro, Javier García Fernández, Los sin tierra. El Sindicato de Obreros del Campo ante la Reforma Agraria andaluza de 1984............................. Pedro Hervalejo Sánchez, Bascos a la Diada, catalans a l’Aberri Eguna. Presències creuades a les diades nacionals basca i catalana durant la Segona República espan- yola (1931-1938)..................................................................................................
David Mota Zurdo, El FBI y el Servicio Vasco de Información durante la Segunda Guerra Mundial (1943-1945): acuerdos, intereses y tensiones................................. Aubin Gonzalez, La diplomacia paralela del nacionalcatolicismo. Una historia de las misiones católicas españolas en Francia, de la acción discreta a la agonía (1939- 1976)....................................................................................................................
Xavier Torrebadella Flix, Tras finalizar la Gran Guerra: España, un Estado sin política deportiva (1919-1923)..........................................................................................
Hugo Harvey-Valdés, Álvaro Sierra Rivas, Presiones, intereses y principios: la diploma- cia chilena ante la intervención de Estados Unidos en República Dominicana de 1965. Una historia desde las fuentes oficiales.......................................................... Aarón Suárez Pérez, Reforma y defensa social en la España liberal (siglos xix-xx). Una historización de la “cuestión securitaria”........................................................ Mariana Cardoso, Diplomacia franquista em ação: prevenção, combate e punição (1939-1945)..........................................................................................................
Debats i Dialegs
Miguel Alonso Ibarra,Alfredo González-Ruibal, Resituando la violencia en la Historia: descentralizar la mirada a la búsqueda de otros pasados. Una conversación de Mi- guel Alonso Ibarra con Alfredo González-Ruibal. Diálogo coordinado por Miguel Ángel del Arco (Universidad de Granada)..............................................................
Ressenyes i notes de lectura
Jaume Barrull Pelegrí, Gregorio Santiago Díaz, Gutmaro Gómez Bravo, Margarita Ibáñez
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239
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Tarín, Belén Moreno Claverías, Ramon Arnabat Mata, Sergio Riesco Roche...................
Autors/Autores/Authors....................................................................................
Imatge de coberta: A Sudden Gust of Wind (after Hokusai), Jeff Wall 1993. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/A_Sudden_Gust_of_Wind_(after_Hokusai)