Estado penal y ministerio público en Argentina: hacia un análisis normativo y cultural del fenómeno punitivo (y cómo debería solucionarse)

Resumen

En las sociedades contemporáneas, especialmente de ámbitos anglosajones y, tras la caída del Estado de bienestar y el welfarismo penal, se ha comenzado a hablar en este siglo XXI de una nueva “cultura del control”, caracterizada por movimientos sociales reaccionarios y dispositivos de vigilancia y prevención del delito en clave actuarial. Asimismo, en los últimos años esta misma criminología anglosajona no sólo ha estudiado estos nuevos fenómenos de control, sino que también ha descrito el rol operativo que pueden tener los administradores de la política criminal a través de lo que denominan como el “Estado penal”, es decir, el conjunto de instituciones y actores políticos del Estado que dirigen la política de castigar y su despliegue. Según aseguran, cuanto mayor autonomía institucional tengan estos actores, menos punitivo será el accionar que tenga el Estado para con la sociedad.

En Argentina sin embargo, creemos que esto no es así: siguiendo la idea de que el Ministerio Público es el encargado de planificar y dirigir la política criminal del Estado, sostenemos en primer lugar que en las condiciones actuales de “autonomía” y escasa cultura de rendición de cuentas que tienen sus funcionarios para con la ciudadanía, los niveles de punitivismo no sólo no disminuyen, sino que en muchos casos incluso aumentan. En segundo lugar, y partiendo de los saberes del Derecho Procesal y de organismos de la sociedad civil, proponemos una serie de reformas institucionales que puedan modificar estas condiciones actuales de la ‘cultura punitiva’ en los funcionarios públicos, siguiendo lineamientos de una persecución penal estratégica. Finalmente, se responde a los criminólogos argentinos críticos de estas reformas y se intenta repensar la noción de “actuarialismo” según las experiencias Argentinas, identificando instituciones no estudiadas por la criminología local.