Salud pública en Ecuador: vacunación obligatoria contra la COVID-19 y certificado de vacunación

Resumen

La vacuna obligatoria de la COVID-19 y la exigencia del certificado en Ecuador constituyen políticas que dependen de la gobernabilidad y gobernanza del poder central, que arrastra crisis políticas, socioeconómicas, jurídicas, ambientales, de salud y salubridad, de gestiones anteriores y propias. Políticas enmarcadas en un modelo paternalista de salud, que es justificado en el caso de la vacuna obligatoria, por el riesgo y daño del SARS-Cov2, que forzó la autonomía al orden social, y que han generado debate. Existe un 7.8% de la población disidente a la vacuna por razones epistémicas de falta de conocimiento de su funcionamiento, y ético-políticas basadas en la libertad individual, pensamiento, y el alcance de poder del Estado. Las estadísticas demuestran que la mayoría de las personas vacilantes a la inmunización son sujetos colectivos históricamente discriminados, como los indígenas afroecuatorianos y montubios, que muchos pertenecen a la clase social baja, y habitan en la periferia que previamente a la pandemia, carecía de infraestructura en salud. Demostrando como las determinantes de la salud influyen, y se conjugan en un complejo biosocial diverso, creando vulnerabilidades y privilegios. La pandemia expone las desigualdades y problemas del modelo del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, a través del método dialéctico, el artículo analiza las posiciones opuestas a la inmunización imperativa, y propone una tercera basada en un modelo sindémico de salud, que considera al complejo biosocial, cuyo mínimo normativo son los derechos humanos, libertad, dignidad y principios bioéticos de vulnerabilidad, interdependencia, diversidad cultural, pluralismo y justicia social.